En la vida política hay momentos decisivos para saber, de verdad, quién es quién y qué se puede esperar de cada cual más allá de sus declaraciones programáticas y de las promesas con las que los partidos acompañan sus campañas electorales. Son actitudes, repentizaciones, respuestas rápidas que marcan los reflejos y la personalidad profunda de quienes las dictan y, en consecuencia, su auténtica capacidad de ser y de hacer.

Son, en otro orden de cosas, los gestos que siempre han tenido los grandes creadores, aislados pero que anuncian la posibilidad de extenderse en capítulos completos y realmente brillantes de cualquier actividad humana, social, económica, técnica, artística… Son, por ejemplo, las pinceladas sueltas de Goya y las abstracciones de Picasso que terminan cambiando la forma de percibir y desentrañar la realidad más esencial; las notas locas de Mozart y las sordas de Beethoven convertidas en milagro musical, los ajustes poéticos de Rubén Darío que trasmiten los sentimientos que las palabras no alcanzan a expresar; los toques retóricos de Demóstenes que movían al pueblo griego a marchar ciegamente contra Filipo de Macedonia; los ocultos puntos de apoyo con los que Galileo se comprometía a mover el mundo…

Salvando las distancias, que pueden ser muchas, en las crisis políticas más agobiantes casi siempre han surgido líderes impensados que supieron marcar una línea de acción salvadora, una guía de esperanza hacia el futuro: hombres y mujeres señalando una senda en busca de un mundo mejor. Aunque sea igual de cierto que, en ocasiones, en periodos de crisis o de degeneración social, estos líderes se han hecho de rogar, llegando a ver cómo ese papel ha sido usurpado por caciques, reyezuelos, dictadores o pseudo líderes de tres al cuarto, muy fáciles de identificar en nuestra historia más reciente.

Margaret Thatcher, Alexis Tsipras y Mariano Rajoy… 

El 21 de septiembre de 2012, el profesor Jesús Fernández-Villaverde, catedrático de Economía en la Universidad de Pensilvania, pronunció una conferencia titulada ‘La salida de la crisis: cómo y cuándo’ durante un encuentro de comunicación organizado en Madrid por el Club Empresarial ICADE y patrocinado por la Fundación Wellington.

En su intervención, Fernández-Villaverde (miembro de FEDEA, del ‘Grupo de los Cien’, de la NBER -The National Bureau of Economic Research-, etc…), hizo una diagnosis perfecta de la crisis española, tanto desde la perspectiva económica y financiera como desde la política, en el fondo más o menos similar a la que en los últimos tiempos han venido haciendo otros analistas especializados, proponiendo aplicar recetas de política económica ‘clásicas’ y técnicamente contrastadas (por ejemplo, la reforma de las estructuras institucionales y la reactivación de la economía productiva, de las que el Gobierno ha pasado -y sigue pasando- abundando en los ‘palos de ciego’ a diestro y siniestro). De hecho, el prestigioso profesor español afincado en Estados Unidos advirtió una realidad sustancial que todavía sigue hibernada en el debate actual: “La crisis de España no es sólo el problema de la burbuja inmobiliaria. Más allá de la crisis coyuntural está una crisis estructural e institucional que requiere de cambios más profundos”.

Pero lo que hoy merece la pena ser recordado, a la luz del efecto contraste, es el comentario que entonces, el 21 de septiembre de 2012, hizo sobre la falta de criterio y la inutilidad manifiesta con la que el presidente Rajoy estaba encarando la crisis. Fue así de lapidario:

(…) Inglaterra cuando Margaret Thatcher gana las elecciones el 5 de mayo de 1971 está en una situación límite. Sin embargo Margaret Thatcher entiende que el Reino Unido tiene que ser la solución y acomete lo que hay que hacer. Un solo ejemplo brutal de la diferencia entre Rajoy y Margaret Thatcher:

¿Necesita alguien decir algo más…?

Hoy, en la recta final de la legislatura e inmersos ya en un rosario electoral con escaso margen para la reacción política, sobre todo en el ámbito de las reformas estructurales -tan necesarias como lamentablemente olvidadas-, tenemos otro ejemplo que marca distancias con la actitud personal de Rajoy definitoria de su capacidad o incapacidad de entender la política.

El referente de contraste en este caso es el de Alexis Tsipras, el actual jefe del Gobierno griego. Un dirigente político que se pone al frente de su país en momentos especialmente dramáticos (igual que Rajoy), como también lo son para una Unión Europea asida a la burocracia y resquebrajada por los intereses diferenciales norte-sur, y muestra el nervio y la decisión que exigen las circunstancias (no como Rajoy), en línea con la entereza exhibida en su momento por Margaret Thatcher. Una respuesta también inmediata y precisa, centrada sin retóricas ni pamplinas en el meollo de la cuestión, dirigida a salvar la vida del Estado maltrecho por sus predecesores, con todos los riesgos políticos personales inherentes y al margen de la tentación que supone el acomodo pancista en el gobierno o la aplicación de otras respuestas serviles con el poder económico europeo.

Es la intervención política activa, directa, sin trampa ni cartón. Es la acción de gobierno propia, esperada por los gobernados, con independencia de que, a la postre, tenga su castigo o su recompensa en las urnas. Ya se verá cuál es el resultado de su gestión, pero Syriza representa el servicio en la política versus el servirse de la política.

Alexis Tsipras y su ministro de Finanzas, el economista Yanis Varufakis (fuera corbatas), se pasean por los temidos cenáculos del dinero marcando su territorio y diciendo que a la Troika no la ha votado nadie y que hay que disolverla (de entrada cosa que no suena mal en Francia e Italia), que vamos a hablar del problema, que hay muchos caminos para llegar a Roma y que Grecia va a remontar el partido, como Alemania remontó el suyo, más dramático si cabe, gracias al Acuerdo de Londres de 1953. Todo con suma amabilidad, con la cabeza alta y la mirada clara; y advirtiendo, porque tienen derecho y razones para hacerlo, que hay que tener cuidado con los fascismos de nuevo cuño y que Grecia veta las sanciones de la UE a Rusia, como debió haber hecho España en su momento…

Así lo ve también, más o menos, Enrique Gil Calvo, en un artículo de opinión publicado en El País (02/02/2015), algo escorado quizás por su condición de catedrático de Sociología pero acertado en el alcance electoral que asigna al fenómeno:

Syriziana

Comienza la catarsis desencadenada por la tragedia griega. En una sola semana se han desatado de golpe todas las furias: primero victoria aplastante en las urnas, en seguida formación de gobierno con los ultras antieuropeos, luego aplicación inmediata de una terapia de choque multiplicadora del gasto social, a continuación veto a la política europea de sanciones al agresor moscovita, después ruptura de relaciones con la troika como medida de fuerza para renegociar la deuda… Y así sucesivamente, en un trepidante desembarco preparador del asalto final a la fortaleza europea, cuyas defensas parecen haber quedado por el momento desbordadas. Un ardor guerrero que casa muy bien con el carácter monocolor de un gobierno 100 % ‘masculinista’.

Pero no hay por qué lamentarlo, pues el directorio europeo se lo tenía más que merecido. Por eso hay que interpretar la impetuosa revancha de Syriza como la constatación del doble fracaso que supuso el austericidio. Primero un fracaso económico, pues el recorte de gastos y salarios no supuso una “consolidación fiscal expansiva”, como había profetizado el neoliberal Alesina, sino por el contrario la caída en la segunda recesión y la consiguiente deflación depresiva. Y un fracaso político pues lo que se ha logrado no ha sido disciplinar a las pródigas poblaciones del sur europeo sino por el contrario despertarlas de su letargo, provocando su espíritu de resistencia hasta generar rebeliones sociales como las que hoy protagonizan Syriza y Podemos. Los tecnócratas de la eurozona pensaban gozar de impunidad para perpetrar su injusto austericidio, pues creyeron que el coste de la crisis lo pagaría sin rechistar la inerme población del sur. Pero ahora resulta que los indolentes mediterráneos han logrado disponer de un arma política con la que ajustarles las cuentas. Un arma de doble filo como la que ya esgrime Tsipras y quizás esgrima Iglesias, sin advertir que el precio del ajuste lo pagará de nuevo la sufrida población del sur.

Entretanto, mientras Syriza canta victoria, el flamante Podemos se frota las manos entre nosotros, como ha podido verse este mismo sábado en la magna okupación de la Puerta del Sol convocada tanto para reinyectarse en vena la memoria fundacional del 15M como para celebrar el triunfo de su modelo syriziano de inspiración. Una victoria que la banda de profesores complutenses reinterpreta como claro anuncio de la suya futura que acarician como inevitable. Y no les falta razón, pues en efecto, existen fundados argumentos que permiten pronosticar un formidable avance electoral de Podemos.

Es verdad que la mayoría del electorado no comulga con su agenda oculta syriziana sino todo lo contrario. Pero pese a ello se les votará masivamente. Aquí ocurre como en Cataluña, donde la mayoría no es independentista pero elige a partidos que sí lo son. Y entre nosotros puede pasar igual. Pese a no comulgar con el radicalismo de Syriza, quizá sean mayoría los que voten a Podemos. Y ello por dos razones al menos. Ante todo, como voto de castigo al aciago bipartidismo. Y además por efecto de la polarización, que retrae a los moderados incrementando su abstencionismo mientras excita a los indignados extremando su participación. El que calla otorga y el que más grita suele terminar por imponerse. Y para muestra, Syriza.

Ya hemos sostenido en otras ocasiones que, vitalmente, Rajoy no puede soportar mucha carga de trabajo ni atender demasiados problemas a la vez (que siguen siendo muchos e importantes). Es, sobre todo, un político pasivo, al que desagradan profundamente los cambios, las broncas y las tensiones, tanto como la acción y las ideas rompedoras, que son justo las necesarias en momentos de crisis total y las que van a empujarle fuera de Moncloa. Disfruta tumbado en la hamaca de la política.

Rajoy es una especie de nihilista gallego empeñado en el ‘no hacer’ y en el ‘no estar’, pero afincado en el ‘ser’, aunque solo sea para que otros ‘dejen de ser’, acostumbrado a la mera espera contemplativa y a que alguien termine dándole las cosas hechas por arte de ‘birlibirloque’ (la Merkel, la supuesta capacidad exportadora del país, las inversiones extranjeras, la reactivación de la economía mundial…), como exige a sus colaboradores más inmediatos. Adaptado a que unos u otros le gestionen benéficamente ‘lo suyo’, como parece que ha sucedido con su carrera colateral en el Cuerpo de Registradores de la Propiedad…

Rajoy es, además de gallego, un inmovilista por naturaleza y una auténtica ‘ave fría’ de la política, que sólo confía -mala cosa para el buen gobierno- en un entorno de lealtades personales a ultranza (los cuñadísimos, los amiguísimos…) y que aplica despiadado la ‘cicuta del silencio’ a todo el que ose contrariarle o simplemente le reitere cualquier cosa que no le gusta escuchar, sobre todo si son compañeros de partido (mala cosa). Quienes desde altas posiciones institucionales han mantenido con él reuniones que deberían ser de intercambio de opiniones y de entendimientos estratégicos, han manifestado coincidentemente en sus círculos más próximos que salían de las mismas igual que habían entrado, con el tiempo perdido.

Un hombre que, incluso, vive ‘pasivamente’ su única afición conocida, el deporte, repantingado en una buena poltrona delante de la televisión, con copa y puro de por medio (parece que ahora bajo alguna limitación), en espera de verse graciosamente iluminado por el Espíritu Santo… Y, por supuesto, poco madrugador, hasta para la higiénica práctica del jogging que él ejercita con un trote remolón característico de su naturaleza asténica y leptosomática.

Y también hemos advertido que esa ‘insuficiencia’ orgánica o vital de Rajoy para posicionarse y actuar en varios planos a la vez y su incapacidad para analizar la crisis bajo una perspectiva múltiple, cosa que requiere una ‘inteligencia divergente’ más propia del ‘creativo’ que del ‘opositor a escribano de lujo’, acaso sean las circunstancias que le impiden visionar y afrontar el problema de España en toda su amplitud. Porque, estando atrapados, como estamos, en una espiral de caída libre sin retorno (esperemos a ver lo que queda del país tras la ‘era Rajoy’, como ha sucedido con la ‘era Zapatero’), lo sustancial no es establecer prioridades de políticas excluyentes, como él hace, que en todo caso son insuficientes, sino combatir el estrangulamiento económico  y los desmanes políticos en cada uno de sus frentes y con todas las armas posibles, de promover la ‘economía productiva’ y de plantear las reformas políticas y estructurales que con tanta claridad exigen las circunstancias.

Sin discutir para nada la necesidad de cumplir el objetivo de reducción del déficit público, siempre que se plantee en plazos razonables y sin entrar en una dinámica con ‘efecto boomerang’ (en la que nos metimos de forma precipitada), por debajo de la línea de flotación del sistema persisten otras vías de agua con la misma capacidad de hundirlo. Y que, a pesar del achique del déficit, lo están hundiendo. Es decir, de nada vale centrar la guerra en una única batalla falsamente ‘decisiva’, mientras el enemigo ataca por veinte frentes distintos, en los que, uno a uno, es necesario aplicar la respuesta adecuada.

Pero para eso hay que llamarse Margaret Thatcher, Alexis Tsipras… o tener el nervio que hay que tener políticamente.

Porque, ¿a dónde nos conduce, de verdad, conjugar el déficit público mediante recortes antisociales, acompañados además de un crecimiento insoportable de la deuda pública…? ¿En qué han quedado las reformas administrativas y del Estado de las Autonomías reclamadas por todo el mundo en la anterior legislatura…? ¿Es que se ha adelgazado en algo el sector público o han desaparecido las denostadas duplicidades y triplicidades competenciales…?

¿Es que, al día de la fecha, se han fusionado siquiera dos municipios de los miles -no cientos- que en España son un puro disparate administrativo…? ¿Es que Cataluña no sigue promoviendo sus ‘embajadas’ en el extranjero y despilfarrando los presupuestos que después tiene que ‘rescatarle el Estado…? ¿No continúa el Aragón gobernado por el PP manteniendo la estructura política comarcal sólo como pesebres partidistas, junto a la red municipal y las diputaciones provinciales…? ¿Pero es que el PSOE no nos ha estado amenazando hasta ayer mismo con una reforma constitucional de corte ‘federalizante’ integrada en una Europa ‘confederal’, es decir con más, y peor, de lo mismo…?

Dice Francisco González, presidente del BBVA (ha mantenido el tipo en la crisis sin quitarle un euro a nadie), que aunque Podemos no da soluciones, acierta en la crítica, y dice bien (entre otras cosas porque las soluciones se dan en el BOE). Y añade: “Los ejecutivos de las cajas no tienen el castigo adecuado”. Pero, ¿tienen PP y PSOE el mínimo interés en acabar con la corrupción política, por ejemplo cercenando de raíz -cosa extremadamente fácil- los aforamientos y los indultos políticos…? ¿Quieren o no quieren ambos partidos reconciliarse con el cuerpo social…?

Cierto es que todavía falta un tiempo para que se celebren elecciones generales en España, lo que no permite predeterminar el voto en términos o porcentajes tan ‘faciales’ como se hace en algunas ocasiones. Pero no lo es menos que, ahora, la demoscopia política se desarrolla con sistemática ‘barométrica’ y que, por lo tanto, no refleja sólo los ‘fotogramas’ de una realidad puntual aislada en un momento dado, sino una tendencia social fiable y estructurada, una ‘marea’ que, acompañada con confirmaciones puntuales (las elecciones europeas del 25-M, las griegas del 25-E, determinados actos y polémicas de trascendencia mediática…), marca de forma progresiva una senda de respuesta política ciudadana clara y de difícil reconducción por parte de los agentes provocadores.

Por eso, hay dos fenómenos que están meridianamente claros desde hace tiempo. El primero es la ruptura del bipartidismo PP-PSOE, ganada a pulso (y que abre la puerta a un pluripartidismo a tres o cuatro bandas con un nuevo estilo de hacer y entender la política), y la reestructuración de la izquierda social bajo el impulso de Podemos como fuerza aglutinadora del malestar ciudadano (recortes sociales, corrupción, partitocracia…), ahora capitalizando su utilidad para desplazar las nefastas políticas ‘marianistas’ y acabar con el torpe entendimiento político-ideológico del PSOE con el PP.

Y estas dos realidades, anunciadas demoscópicamente por activa y por pasiva, son las que van a dibujar el nuevo tablero político, pese a quien pese. Lo suyo, por tanto, sería asumirlas y adaptarse al nuevo campo de batalla antes que negar su existencia. Este es el reto esencial o vital del PP y del PSOE, pero también de las demás fuerzas políticas en liza.

Al PP le amenazó seriamente UPyD, luego le amagó Vox y ahora será Ciudadanos quien le abra el saco de los votos (abstencionismos aparte), en momentos en los que a Rajoy le va a ser muy difícil recuperar la etiqueta centrista perdida y la posición de resistencia en los territorios agitados por el independentismo (Cataluña, País Vasco, Navarra). Mientras el PSOE se la jugó primero con las zarandajas del ‘zapaterismo’, con la Alianza de las Civilizaciones y con las Bibiana Aído y las Leire Pajín, después al renegar de sus señas de identidad socialdemócrata y desoír las llamadas de su militancia al regeneracionismo y, ahora, con un secretario general que -duro es decirlo- no se entera de la que se le viene encima (la photocall del falso ‘pacto de Estado’ firmado con Rajoy contra el yihadismo es, además de un absurdo político, el colmo del auto desprestigio personal temprano).

Otra formación histórica, IU, tampoco ha sabido leer el momento político, ni evolucionar y adaptarse (en el rejuvenecimiento de ideas y directivos) al dictado social que está encumbrando a Podemos. De forma que, por lejos que queden las elecciones legislativas (que no lo están tanto), el flujo electoral de la mayoría social se va orientando de forma inexorable en el sentido de utilidad que muestran las encuestas.

Andalucía un test electoral atípico pero definitivo

Pero insistimos en que, más que anticipar en estos momentos los resultados de las próximas  elecciones generales, lo que toca ahora es centrarse en el hito de las elecciones andaluzas anticipadas por Susana Díaz. Acto seguido habrá que hacerlo en las municipales y autonómicas del 24 de mayo y, después, incluso en las elecciones portuguesas del mes de octubre, porque también tendrán su reflejo -como lo han tenido las griegas- en la conciencia general europea.

No queremos, ni mucho menos, quitar relevancia a la posición alcanzada en las expectativas electorales de Podemos a nivel nacional, desplazando al PSOE como segunda fuerza política (y quién sabe si superando también ya al PP a tenor de algunas encuestas y de cómo rechina la estrategia de combate electoral de Rajoy). Sin embargo, no parece razonable aventurar en ese orden resultados a corto y medio plazo sin contemplar el lance previo de los comicios del 22 de marzo para renovar el Parlamento de Andalucía, que es un ámbito político peculiar.

Se ha hablado mucho del poder del populismo en Andalucía, gracias al cual el PSOE ha mantenido el poder territorial incluso estando desbordado por el fenómeno de la corrupción política. Pero a nadie se le oculta que castigar al PSOE en Andalucía conllevaba, hasta ahora, la dura contrapartida de tener que entregar el poder a los ‘señoritos’ del PP. Ahora, el castigo electoral al PSOE tiene otro nombre: Podemos (sólo o en compañía con otras fuerzas de izquierda).

Y eso, y no otras falsas razones aducidas por Susana Díaz, es lo que, tras el éxito del mitin de Pablo Iglesias en Sevilla (17 de enero), con el Palacio de Congresos y Exposiciones abarrotado, ha propiciado el adelanto electoral de marras. La presidenta de la Junta de Andalucía ha visto acercarse la refriega y oído el cadencioso Tic-Tac de la bomba de Podemos; realidad que ha exigido una decisión dramática para intentar atemperar su efecto explosivo, frenar la marea que se le viene encima antes de que se convierta en un tsunami, salvar los muebles del PSOE en su predio más emblemático y, por ende, frenar su descomposición nacional (dicho de otra forma, coger al enemigo todavía desprevenido por la retaguardia).

 

Claro está que el fenómeno Podemos es una novedad sin precedentes en el nuevo régimen democrático, arrolladora y difícil de digerir. El presidente Rajoy y sus ‘marianitos’ (con el ‘profesor Bacterio Arriola’ a la cabeza), han decidido que Podemos es su adversario principal, deferencia ante la que, este opositor principal graciosamente nominado para ello por el ‘Dedo Divino’ ha correspondido, desde luego bien confortado, proclamando que el PP, que es el partido en el Gobierno, es su antagonista en la pelea política. Así se las ponían a Felipe II, y punto pelota.

Pero esta mutua interacción, que en el teatro de las urnas convierte a las demás fuerzas políticas en actores de reparto, no refuerza por igual a los dos principales protagonistas. El PP renuncia a competir con el PSOE en el espacio de centro (que es donde se podrían volver a ganar las elecciones) y proyecta contra sí mismo la utilidad de que los descontentos den el voto a Podemos justo para que les desaloje de Moncloa.

Lo peor del caso (¡que torpe eres Arriola!), es  que la a eclosión de Podemos ha provocado sólo una respuesta ‘defensiva’ por parte del PP, acorde con la personalidad inercial de su líder, auto presentado sin la menor credibilidad como un político de orden y de provecho defensor de la estabilidad institucional. Es decir, y por ahí se le ve el plumero, renunciado a reformar y regenerar un sistema político deteriorado hasta extremos insostenibles, lo que en gran parte explica la intensidad del fenómeno Podemos.

El tándem Rajoy-Arriola (quizás deberíamos decir Arriola-Rajoy), tenía dos opciones para afrontar una nueva legislatura: liderar un proceso esperado de reformas profundas y necesarias, o atrincherarse, inmovilizados, en el bunker del aislamiento social, que es en la que lamentablemente están. Así, llegada la hora de la verdad electoral, se encuentran petrificados, fosilizados ante una realidad social desbordante.

Están instalados en la anti política, en una concepción sectaria del poder (de auténtica ‘casta política’ como dice Podemos) torpemente coparticipada por el PSOE, que renuncia al debate público y a buscar el consenso con los actores sociales, absolutamente imprescindible en democracia y más aún en sociedades tan complejas como la española. Aquí, el ‘ordeno y mando’ sólo ha funcionado bajo la ascendencia de los espadones, cosa muy distinta a tratar de imponer las ideas a la luz de una mayoría parlamentaria disociada de la mayoría social.

La imperfección (o perversión) del sistema político ha impedido disolver la teoría de las dos orillas defendida por Julio Anguita, haciendo imposibles las reformas necesarias en el tiempo sobre la base del consenso ciudadano. La política se ha convertido en un jardín privativo de la ‘casta’, tendente al control social a través de los presupuestos, y no a procurar el bienestar de quienes han otorgado el mandato de su administración. Y en eso estamos...

Ya hemos dicho en alguna otra ocasión que en el marketing electoral jamás se ha visto mejor ejemplo de cómo trabajar a favor del adversario (en este caso Podemos) que el ofrecido en estos momentos por Rajoy y sus ‘marianitos’. Sobre todo cuando, por sus diferentes orígenes y objetivos, no parece posible que se puedan vislumbrar ninguna transferencia de votos entre ambos partidos (PP y Podemos), con caladeros de votos radicalmente diferenciados.

Pero mucho cuidado con la torpeza de elegir mal al adversario y de su menosprecio. Las risas oficiadas desde el PP de Aznar en contra del ‘Bambi’ Zapatero, se saldaron con dos legislaturas seguidas en las que el denostado ZP le mojó la oreja bien mojada al portento de Rajoy, cuyo partido venía, además, de una mayoría absoluta y con todas las encuestas a su favor.

Ahora, lo que toca es ver quién le moja la oreja a quién en las elecciones anticipadas de Andalucía. Quién resiste y quién puede ser arrollado por los nuevos vientos electorales; si la corrupción y la ineptitud política van a tener o no tener -con Podemos en liza- su descuento en las urnas; si el cambio profundo del sistema está en agraz o anuncia maduración.

En septiembre de 2014, una encuesta de la Cadena Ser estimaba que el PSOE ganaría las elecciones en Andalucía con el 31,2% de los votos, seguido del PP con el 28,3%, de Podemos con el 18,1%, de IU con el 8,8% y de UPyD con el 5,4% (el PA y Equo apenas alcanzarían al 1% de los votos).

Eso significaría una gran pérdida de votos del PSOE respecto de los logrados en las elecciones de 2012 en su territorio más emblemático (un 8,3%), otra pérdida todavía mayor para el PP (un 12,4%), la irrupción fuerte de Podemos como tercera fuerza política en Andalucía, una caída de IU (del 2,5%) y un pequeño repunte de UPyD (del 1,8%). Así, las fuerzas de izquierda (PSOE, Podemos e IU) alcanzarían el 58,7% de los votos, pudiéndose pensar, de entrada, que la concurrencia de Podemos sería imprescindible para formar un gobierno estable, sobre todo considerando que la opción preferida por los andaluces sería una coalición de izquierdas  integrada por IU, Podemos y Equo, sin el concurso del PSOE (ojo al dato), aunque un tercio de los encuestados cree que en la próxima legislatura Andalucía seguirá gobernada por el PSOE.

No obstante, tres meses más tarde, en diciembre de 2014, el Grupo Joly, que es la primera editorial andaluza con nueve cabeceras de periódicos, difundía otra encuesta según la cual en unas elecciones generales Podemos sería la primera fuerza política en intención directa de voto (con el 13,2%), seguida del PP (con el 11,4%) y del PSOE (con el 11%).

Y la misma encuesta señalaba que en las elecciones autonómicas andaluzas el PSOE se situaría como primera fuerza política, con un apoyo del 30,9% de los votos (porcentaje muy similar al 31,2 que le asignaba la encuesta de la SER), seguido del PP con el 24,9% (15,8 puntos menos que en las elecciones de 2012), de Podemos con el 17,4% de los votos y de IU (con el 12,8%). Unas cifras que ya suponían un 30,2% de los votos para la suma Podemos+IU y también la posible reedición de otro gobierno PSEO-IU, fórmula que en la encuesta de la SER sólo era preferida por un 5% de los encuestados.

Más tarde, a finales del pasado mes de enero, otra encuesta encarga por la Sexta consolidaba la estimación de que  el PSOE-A ganaría las elecciones en Andalucía, obteniendo el 39,6% de los votos, lo que supondría una ventaja de 10,2 puntos sobre el PP-A (con el 29,4%), seguido de Podemos, que lograría un 15,2%, de IU con un 8,7%, de UPyD con un 3% y del PA con un 2,3%.

Y, cerrando de momento esa tendencia en términos más o menos similares para los puestos de cabeza, ya con el trabajo de campo realizado entre el 26 y el 29 de enero, es decir conocida la fecha del próximo 22 de marzo para celebrar las elecciones anticipadas en Andalucía, una encuesta de Sigma Dos realizada para El Mundo reconfirma la victoria del PSOE sin mayoría absoluta y la caída del PP, permitiendo a Podemos e IU entrar en el juego político con un abanico de posibilidades todavía abierto.

Según esta encuesta,  los socialistas conseguirían el 34,7% de los votos, reduciendo su ventaja sobre el PP a 4,5 (los populares lograrían el 32,2% de los votos). En tercer lugar se situaría Podemos, con un 15,6% de intención de voto y en cuarto lugar IU, con el 8,2% de los sufragios, quedando muy cuestionada la representación del resto de las fuerzas políticas.

La proyección en escaños del sondeo, asigna al PSOE entre 43 y 45 escaños, lejos de los 55 que corresponden a una mayoría absoluta. El PP obtendría entre 39 y 42 escaños (de 8 a 11 menos que los conseguidos en los comicios de 2012 tras su aplastante victoria en las elecciones generales de 2011); Podemos lograría entre 17 y 19 diputados e IU entre 5 y 7 (UPyD podría obtener un escaño por Sevilla).

Un reparto de cuota parlamentaria que, además de castigar tanto al PP como al PSOE respecto de su posición anterior, obligaría a Susana Díaz a apoyarse en dos partidos con los que ya ha dicho abiertamente que no tiene intención alguna de pactar (el PP y Podemos), dado que la suma de escaños con IU quizás no alcanzase la mayoría necesaria. Claro está que la reflexión estratégica sobre las elecciones andaluzas sería esta: ¿Una convergencia electoral de Podemos con IU y otras fuerzas minoritarias o movimientos sociales de izquierda, tendría un efecto multiplicador en votos y escaños…?

Posiblemente sí, y ese es el verdadero riesgo que todavía pueden tener que afrontar PP y PSOE en el territorio clave de Andalucía. Y en momentos en los que Podemos se coloca en primera posición -y destacada- en la estimación de intención de voto de las elecciones generales según la encuesta realizada por Metroscopia para El País (08/02/2012).

Todo indica, pues, que las elecciones andaluzas anticipadas del 22-M no están cerradas, y que la superación de esa incertidumbre será la prueba del algodón de tirios y troyanos para confirmar o mantener en vilo la dinámica del año electoral. Lo que parece inamovible es el batacazo del ‘marianito’ Juan Manuel Moreno Bonilla, cachorro del PP proveniente de sus Nuevas Generaciones (o sea sin oficio ni beneficio más allá de la política) que, nada más confirmar su candidatura para presidir la Junta de Andalucía, ha tenido a bien declarar: “Si Díaz no hubiera adelantado los comicios, mi victoria sería segura” (es decir, anunciando que se la pega).

Otro ‘marianito’ espabilado. Esto es lo que hay.

Fernando J. Muniesa 

Manuel Fraga, fundador de Reforma Democrático, que fue la formación política embrionaria de Alianza Popular -después convertida en el actual Partido Popular-, y hombre pragmático que supo transitar como pocos desde el franquismo más duro (el de los Consejos de Guerra de 1963 y 1975) a la democracia (fue uno de los llamados ‘padres de la Constitución’), sostenía que la obligación de un político es tragarse un sapo con el desayuno de cada mañana.

Y la verdad es que personalmente se tragó unos cuantos, algunos incluso innecesarios. Por ejemplo, el que cuando, retirado a su Galicia natal (su última guarida política), para lograr acaudillarla durante quince años seguidos después de muchos baqueteos y fracasos electorales, le llevó a renunciar a su tradición regionalista y asumir el galleguismo como columna vertebral del territorio, emulando en la cuestión lingüística los principios que el denostado Pujol aplicaba en Cataluña…

Y la tradición del ‘traga-sapos’ sigue vigente, porque en sus tres años al frente del Gobierno, Mariano Rajoy se los ha tenido que tragar a mansalva; empezando por los del incumplimiento de sus promesas electorales, siguiendo con los de sus discursos mentirosos sobre la creación de empleo y el fin de la crisis económica (Luis de Guindos -el ‘marianito’ sabio- acaba de reconocer, por fin, que “hasta que no reduzcamos en diez o doce puntos la tasa de paro no saldremos de la crisis”…), y acabando, de momento, con el de tener que reconocer a Pablo Iglesias como el ‘Manostijeras’ que le está segando la hierba bajo su poltrona gubernamental.

Hay desayunos con sapo acompañados con diamantes (como los del ‘Gürtel-Bárcenas’ o los de la troupe de ‘Bankia’); otros algo más indigestos con suplemento de kartoffelsalat y salchichas de Frankfurt (apropiados para pelar la pava con frau Merkel); algunos con toques de cicuta como los necesarios para entenderse con los ‘aznaristas’ dentro del partido; los que presentan sobre tostada de pan aliñada con aceite de ricino el sapo obligado de tener que reconocer a Podemos como el gran vengador de la política anti social, descontador de los votos de la corrupción y el mamoneo bipartidista y, a la postre, como ‘matador do cangaceiros’, como el Antonio das Mortes que nos legó el cineasta brasileiro Glauber Rocha…

Sapos todos ellos que Rajoy se está tragando por fas o por nefas, aunque dudemos de que también los esté sabiendo digerir. Claro está que, hoy por hoy, el sapo más intragable de la política española, al menos para muchos de los votantes históricos del PP, es tener que apoyar al empecinado Gobierno ‘marianista’, que les sigue tocando las narices sin convenir las reformas políticas prometidas, sin renovar su equipo ministerial de inútiles ‘marianitos’ (el de peor valoración social en el nuevo régimen democrático), sin reconocer errores ni proponer rectificación alguna… Erre que erre y agarrado al absurdo imaginario ya lanzado por Maria Dolores de Cospedal en la ‘Convención Nacional 2014’ del partido en el Gobierno: “El PP o la nada”.

Entre “El PP o la nada” y el “Todos contra Podemos”

Una idea-fuerza verdaderamente irreal y gratuita que -por inoportuna- prevaleció sobre el propio lema de aquella convención, no menos insolvente y presuntuoso: “España en la buena dirección”. Que España no estaba yendo precisamente en la buena dirección, y el estéril invento del “El PP o la nada”, quedaron en evidencia apenas dos meses más tarde, cuando más de un 16% de los votantes del PP en las elecciones europeas previas optaron por dejar en la estacada del 25-M a Rajoy y sus ‘marianitos’, y cuando más de 1.200.000 de los electores españoles (el 8% de los votantes) decidieron introducir a Podemos en la liza política por la puerta grande de las urnas, con cinco escaños y como cuarta fuerza política española entre las diez que lograron representación parlamentaria.

Un fracaso completo y sin paliativos del PP y el PSOE que, sobre todo, anunciaba el sapo mortal de Podemos (Tic-Tac, señor Rajoy; Tic-Tac, señor Sánchez), recebado a partir de aquel momento por las encuestas al uso, incluidas las oficiales del CIS. Un sapo político que ha alcanzado su máxima expresión precisamente en la ‘Convención Nacional 2015’ del PP (23 al 25 de enero), convocada bajo el lema “Juntos por un gran país”, pero que en realidad se va a recordar como la del reconocimiento de Pablo Iglesias como el más temido rival de Rajoy, gracias a la torpe idea que subyace en toda la acción propagandista y de comunicación del PP: ‘Todos contra Podemos’ (pero sin reconocer ni combatir su origen y su razón de ser y manteniendo en sus puestos al batallón de torpes e inútiles que les está entregando el poder en bandeja de plata…).

“Juntos por un gran país” o, dicho de otra forma, Rajoy y sus ‘marianitos’ en busca del voto perdido, aunque él no sea precisamente un Indiana Jones ni sus ministros el ‘Equipo A’ (The A-Team) del televisivo coronel John ‘Hannibal’ Smith (George Peppard), todo un estratega de la guerrilla urbana cuyo lema de combate es “Me encanta que los planes salgan bien”. Por el contrario, lo que los administrados españoles soportan desde hace tres años es una especie de patulea ministerial ‘sin fuste ni muste’, con toda una gama de ‘marianitos’ y ‘marianitas’ lamentablemente dedicados a la política ‘sin fundamento’, que diría Karlos Arguiñano.

“Juntos por un gran país”, demanda ahora el PP. Pero, ¿a quienes se está convocando a este proyecto de unidad nacional…? ¿A la casta política y a los enchufados de los aparatos partidistas, o a todos los españoles incluidos los indigentes y las clases sociales empobrecidas por la mala gestión de los sucesivos dirigentes socialistas y populares…? ¿A las víctimas del terrorismo que soportan al mundo etarra gobernando instituciones democráticas…? ¿A la juventud más preparada de nuestra historia obligada a la emigración…?

No parece que estemos en tiempos en los que la ingenuidad política tenga mayor porvenir, de forma que lo lógico es pensar que el llamamiento del PP (prietas las filas, que se nos acaba el chollo) se dirige sólo a su militancia. Lo que pasa es que, siendo así, el grito de guerra (que eso es lo que es) llega tres años tarde, tiempo en el que Mariano Rajoy se ha desentendido de todos los que le confiaron su voto (no necesariamente gentes de la ‘derechona’, que nunca alcanzarían una mayoría absoluta) para regenerar un modelo político agotado, dejando al margen la gestión, buena o mala, de la crisis económica…

Tres años en los que el desencuentro político de Rajoy y sus ‘marianitos’ con José María Aznar y Esperanza Aguirre, vieja guardia de la mala leche que arrastra lo suyo (¿recuerdan sus apuntes desoídos por Rajoy sobre la necesidad de reconducir el desmadre competencial en el Estado de las Autonomías…?), es más que evidente. Tanto como que la llamada a la unidad interna -y no digamos a la externa- llega tarde y, por tanto, llega mal, como se encargó de demostrar el propio Aznar nada menos que durante su intervención en la sesión de apertura de la Convención Nacional 2015 (televisión urbi et orbi de por medio).

Porque si la última Convención Nacional del PP se planteaba como un torpe remedo de ‘La feria de Cuernicabra’ (una versión moderna de ‘El corregidor y la molinera’ -o ‘El sombrero de tres picos’-, utilizando no solo las figuras humanas encarnadas por los actores principales sino también muñecos que dan vida a los personajes del pueblo aportando cantares, bailes y dichos populares), no se pierdan cómo se las ha gastado Aznar robándole a Rajoy su presumible papel estelar.

Gestos, miradas fulminantes de soslayo, silencios y cortes de desprecio aparte, el ex presidente Aznar (“Yo respondo de mis actos”, ergo que Rajoy responda de los suyos), se agarró a los titulares de prensa que advertían de su ‘regreso’ para apostillar, de entrada y con gran retranca castellana, que nunca se había ido, algo muy parecido a decir que ‘Rajoy ha pasado de mí y ahora quiere que le active los votos perdidos del partido por su flanco de la derecha-derecha’ (los de centro ya son irrecuperables). Y, acto seguido, lanzó dos preguntas tan sencillas como demoledoras, que dejaban al Gobierno y a la directiva del PP a las patas de la caballería electoral.

 

La primera fue “¿Dónde está el PP…?” y la segunda “¿Aspira realmente el PP a ganar las elecciones…?”; y ambas fraseadas con el dramatismo suficiente como para que la tragedia se mascara en el aire y no dejaran de provocar comentarios de muy diverso gusto, ácidos o laudatorios según el corrillo ‘aznarista’ o ‘marianista’ en el que se produjeran. De hecho, el propio presidente del Congreso, Jesús Posada -otro ‘marianito’ espabilado-, señaló públicamente que el discurso de Aznar serviría de “revulsivo” para atraer a los votantes de la derecha que se han distanciado en los últimos años, cosa que está por ver…

Pero si la hostilidad de Rajoy contra el entorno de Aznar y Aguirre sigue abierta (algunos creen que lo latente ya es una guerra encubierta ‘a muerte’ pendiente de los resultados electorales de 2015), lo que todavía se entiende menos es que haya puesto en el centro de la diana política a Pablo Iglesias, el líder de Podemos. Ahora, los ‘marianitos’ han pasado de hablar de forma despectiva de ‘frikis’ y ‘yayoflautas’ a desplegar en su contra un ataque directo y furibundo. La consigna lanzada en la convención de marras por ‘Marianico el Corto’ -queremos decir por Mariano Rajoy- a todos los altos cargos del PP y aspirantes a candidatos electorales, no es otra que enfrentar la ‘estabilidad’ frente al ‘populismo’ y los ‘conjuros caribeños’ (o frente al trotskismo, las marchas fascistas, el comunismo más arcaico, la debacle…). Pobre respuesta y pobre actitud política.

Y airear todo lo posible la pelusilla que, frente a toda la podredumbre cierta del sistema bipartidista, se pueda ocultar bajo las alfombras (aun inciertas) de Podemos. O aventurar que cuando Podemos llegue al poder, será un partido más corrupto que el PP o el PSOE, superación ciertamente difícil de imaginar.

Claro está que Rajoy ha debido observar con auténtico terror lo sucedido en Grecia, donde el partido homólogo del PP (Nueva Democracia) ha sido desalojado del Gobierno por Syriza a punta de bayoneta, mientras el Pasok, referente del PSOE, ha terminado sencillamente aniquilado. Los augures áulicos de ‘Marianico el Corto’ -volvemos a querer decir Mariano Rajoy-, sostienen, con la boca pequeña, que España no es Grecia y que Podemos no es Syriza; pero lo cierto es que las similitudes existen y, sobre todo, que el pánico se va adueñando de la clase política y que la falta de criterio del PP para afrontar el fenómeno brilla por su ausencia.

Quizás eso es lo que está haciendo que los poderes fácticos (básicamente el económico) comiencen a considerar la estrategia interesada de fortalecer al PSOE (al de Susana Díaz -‘la Felipona’-, no al de Pedro ‘Simplicisimum’ Sánchez) como instrumento más adecuado para enfrentarse a la amenaza de Podemos. Una valoración que tomará cuerpo a partir de los resultados que se produzcan en las elecciones andaluzas oportunamente convocadas para el próximo 22 de marzo, en las que no parece impensable un batacazo de Juan Manuel Moreno, otro ‘marianito’ de chicha y nabo, ni un resurgir del PSOE andaluz que, por su esencialidad populista, frene las aspiraciones de Podemos (todo un desafío político)…

Ya veremos en que queda, pues, el discurso apocalíptico de Rajoy basado en fomentar el miedo ciudadano ante la “ruleta rusa” del populismo y los extremismos irrepetibles de una historia pasada con los que se quiere identificar a Podemos. Aderezado con la falacia de que bajo su mandato electoral “España está renaciendo” del desastre ‘zapateril’ y que agotando la legislatura se terminarán de crear un millón de puestos de trabajo (los 3,5 millones prometidos en las elecciones de 2011 son cosa olvidada)…

En fin, ahí quedan la simpleza de “El PP o la nada”, el ingenuo y manido “Juntos por un gran país”, la guerra declarada del ‘Todos contra Podemos’… Pocos ejemplos se pueden encontrar en toda la historia del marketing político -y también en el empresarial- que muestren mejor como se puede trabajar gratuitamente a favor del adversario, llevando el grado de conocimiento y penetración social de su marca a límites insospechados. Y pensando que tan sólo con acompañar sus citas con descalificaciones interesadas de parte (ya sean fundadas o tendenciosas), se conjura su avance electoral y se le declara ‘civilmente muerto’.

Error, inmenso error. Realimentado además por la falta de credibilidad social y la nula capacidad de persuasión de los voceros del PP, los Floriano, los Moreno Bonilla, las Villalobos, (el más hábil y presentable, Alfonso Alonso, fue absurdamente relevado como portavoz en el Congreso -decisiva responsabilidad para fomentar una buena imagen del partido- por el más ácido de todos, Rafael Hernando …). O por la polilla estratégica del inefable ‘profesor Bacterio’ (Pedro Arriola para los amigos), que debió ser jubilado por la vía de apremio después de que Rajoy -queremos decir ‘Marianico el Corto’- perdiera sus segundas elecciones generales frente a ZP (todo un colmo de torpeza profesional)…

En fin, otra convención ésta del 2015 más de fuegos artificiales que de pensamiento y estrategias, que agota la capacidad de reacción del PP frente a la ruina electoral que se le está viniendo encima desde las elecciones europeas del 25-M, con la advertencia de que la campaña del miedo no ha funcionado en las elecciones griegas del 25-E (como no funcionará en España) y con el más que presumible revolcón que Susana Díaz va a darle el 22 de marzo en las elecciones andaluzas. El ‘Tic-Tac’ del tiempo perdido, amenaza a Rajoy y a sus ‘marianitos’ allí por donde asomen la cabeza, mientras pastoreados por Arriola (el perfecto gurú político de pacotilla) siguen jugando a los acertijos del sin ton ni son.

Entre las pocas conclusiones que se pueden sacar de su última convención (que en realidad ha sido otra ‘inconvención’ como la del 2014), quizás merezca la pena destacar la que el periodista Luis Herrero, antiguo euro parlamentario del PP, ha colgado en LibertadDigital.Com (25/01/2015). Describe de forma acertada en lo que el PP anda perdiendo el tiempo:

Aznar-Rajoy, combate nulo

La convención del PP, una vez que supimos que no iba a servir de trompetería para el anuncio de los candidatos de mayo, presentaba el único aliciente de ver fundidos en el mismo abrazo a Aznar y a Rajoy, al padre y al hijo, al genuino y al postizo, al purista y al contemporizador. ¿Iban a abrazarse ante los fotógrafos o a combatir ante la concurrencia? Visto lo visto hicieron ambas cosas. Pero fueron más sinceros en el combate que en el saludo. Aznar llamó al orden a los suyos y Rajoy se fumó un puro dos días después. Ni el uno ni otro hicieron algo distinto de lo que se esperaba de ellos. Así pues, combate nulo.

Aznar se fue de la presidencia Gobierno sin haber regenerado la vida política y abandonó la presidencia del partido con el mismo borrón. De hecho, su último acto como gran capitoste de Génova consistió en ungir con su dedo divino al sucesor que le dio la gana, Mariano Rajoy, dejándole a cargo del mismo poder omnímodo que él había reclamado para sí mismo. El ‘arriolismo’ llegó al PP de su brazo y en materia de promesas incumplidas -recordemos por ejemplo la desclasificación de los papeles del Cesid- o de desprecio de la política en beneficio de la tecnocracia -ahí está la gestión de la crisis provocada por el ‘Prestige’- él fue un digno precursor de su heredero. Gran parte del capital político que cosechó en la legislatura de 1996 lo dilapidó en la de 2000. En 2004 el PP llegó tan tocado a las urnas, en gran parte por su culpa y nada más que por su culpa, que bastó el lío circundante al 11-M para hacerle descarrilar. Aunque ahora ya no nos acordemos, casi nadie hablaba muy bien de él, ni adversarios ni conmilitones, cuando le entregó a Zapatero las llaves de la Moncloa. Luego, con el PSOE en el poder y Rajoy en Babia, y más tarde con Rajoy en Babia y el PSOE en la oposición, su figura reverdeció entre el electorado de la derecha a fuerza de añoranzas. Rajoy le hizo bueno -otros vendrán que bueno te harán- y él le cogió gustillo a los discursos de política con mayúsculas y al rol de guardián de las esencias. Si yo hubiera estado el viernes pasado entre los asistentes a la convención, al oírle preguntar con voz tronante y admonitoria “¿dónde está el PP?” hubiera respondido para mis adentros: más o menos, donde tú lo dejaste.

Aznar, que llegó al poder porque a Felipe González le sepultó la corrupción de los suyos, no captó el mensaje que comenzaba a abrirse paso entre la gente del común: no bastaba con cambiar a corruptos por incorruptos, había que cambiar también, con tanta o más urgencia, las normas de funcionamiento que habían convertido la vida política en una máquina de volver corruptos a los incorruptos. Aznar despreció ese riesgo. Creyó con que bastaría con ser mejor persona y con rodearse de personas mejores. No sé por qué extraña razón, emparentada sin duda con la superioridad moral de la que suele hacer gala, estaba convencido de que sus huestes, capitaneadas por él, serían capaces de ser virtuosas donde las demás habían sido pecaminosas. El problema del descrédito de la política, a su juicio, no estaba en la falta de higiene democrática del sistema, sino en la fragilidad de la naturaleza humana. Y, en vez de cambiar lo que podía, se empeñó en cambiar lo que no podía. Si hoy tenemos algo claro los ciudadanos -todos menos Pablo Iglesias, que lleva camino de superar a Aznar en arrogancia moral- es que las personas no son mejores o peores en función del vecindario ideológico que habitan. Hay buenos y malos en la derecha y en la izquierda. Los políticos, creo yo, no deberían perder tanto tiempo en convencernos de que no son como sus adversarios. No se trata de ellos, se trata de sus ideas. En ese campo sí que cabe establecer jerarquías del bien. Ahí radica, precisamente, la nobleza de la actividad política. Me temo, sin embargo, que la convención del PP no ha servido a esa causa. Aznar, a pesar de su notable arenga del viernes, volvió a poner el acento en las conductas y Rajoy, siempre fiel a sí mismo, sólo pareció interesado en reivindicar su propia excelencia. Ni su plan de viaje ni la calidad de su liderazgo merecieron una sola oración subordinada de autocrítica en el discurso dominical de clausura. Él es quien nos ha sacado de la crisis, quien más ha hecho para acabar con la corrupción, quien ha defendido con más ardor la unidad de España y quien mejor garantiza la estabilidad política en el incierto futuro que se nos echa encima.

Hace unos días, haciendo limpia de papeles viejos, encontré las notas que tomé en mayo de 2006, siendo eurodiputado del PP, tras una reunión en Roma con Rajoy. El PP acababa de conseguir en la calle, yendo de puerta en puerta, la nada despreciable cifra de 3.700.000 firmas pidiendo un referéndum en toda España para someter a votación el nuevo estatuto de Cataluña. Se suponía que el colofón de aquella campaña de movilización ciudadana iba a ser la convocatoria de una gran manifestación donde Rajoy blandiría las firmas recogidas para forzar al Gobierno de ZP a frenar la voracidad independentista del Parlament. Según mis apuntes, Rajoy nos dijo lo siguiente:

No sé si convocaré la manifestación. Tengo muchas dudas y ya conocéis mi proclividad a no correr riesgos. Puede haber banderas con el aguilucho y gritos inadecuados. Además, si hacemos mucho ruido podemos movilizar al de enfrente. Y eso no nos conviene. Estamos preparados para ganar. Vamos a ganar yendo así. Con esta velocidad, ganamos. No quiero ni analistas ni comentaristas tristes. Ya no quiero más agoreros. Estoy cansado de escuchar quejas.

Han pasado nueve años y aquel Rajoy harto de las quejas y de los comentaristas tristes, temeroso de hacer ruido y con aversión al riesgo, es el mismo Rajoy de estos días que nos invita a seguir como hasta ahora.

De la convención no sale un PP más unido -al contrario, porque si algo ha quedado claro es que sus dos almas viven cada una en un polo-, ni más perfilado ideológicamente -porque el único debate interno ha sido si el aplausómetro del viernes registró más o menos decibelios que el del domingo-, ni más cerca de la victoria. Tanto es así que Rajoy parece haberle dado el papel de antagonista de su duelo electoral a Podemos, en un ejercicio de ninguneo al PSOE que no puede considerarse casual, para trasladar al centro de la escena, con nombres y apellidos -o él o Pablo Iglesias-, la encarnación teatral de su estrategia del miedo: o el PP o el caos. Aunque Arriola tuviera razón y esa invocación a huir de guatepeor para refugiarse en guatemala surtiera efecto, la cosa acabaría indefectiblemente en otro refrán: pan para hoy y hambre para mañana. El PP sigue sin enterarse -y en eso sí que fueron intercambiables los discursos de Aznar y Rajoy- de que la gente sólo volverá a ilusionarse con la política si alguien decide al fin cambiar sus caducas, rígidas y endogámicas reglas de juego. El mangoneo de los partidos en la vida pública, y el mangoneo de los líderes en la vida de los partidos, es a las urnas lo que algunos actores a la taquilla: puro veneno. Así que la disyuntiva a la que estamos abocados es así de terrible: o miedo o veneno, o Drácula o Borgia. Yo casi estoy por hacerme el muerto.

Mientras Bárcenas y Pablo Iglesias siguen arreando estopa…

Pero la nula capacidad de ideación de Mariano Rajoy (en eso es superado por ‘Marianico el Corto’) y su colección de ‘marianitos’ (Blancanieves y los siete enanitos habrían formado mejor Gobierno), su desconocimiento del marketing electoral y su total desentendimiento de las tácticas y estrategias políticas más elementales, se acompañan en el día a día, además, por el martilleo de la corrupción. Así, Bárcenas sigue arreando estopa contra los suyos en corto y por derecho, mientras los marianitos de la mangancia interna siguen creciendo más que los enanitos del Circo Arriola, que es en el que se formó -todo hay que decirlo- el gran ‘profesor Bacterio’.

Sin embargo, lo que verdaderamente desquicia al presidente Rajoy (que en el tema de la corrupción sólo sabe pedir a los suyos que se mantengan ‘con la cabeza bien alta’ ante el paredón judicial), es el ‘Tic-Tac’ que le marcan los chicos de Podemos. A resultas, claro está, de la que se pueda formar electoralmente en Andalucía a menos de dos meses vista. Porque si el PP decae en las ocho circunscripciones andaluzas como ya ha decaído en Cataluña y el País Vasco, la derecha de la pasta y la mala leche (que es la que manda) puede indicar sin más al artista del desastre, y sin esperar a la debacle en tromba del 24 de mayo, que tome el tole por la puerta de atrás, olvidándose de poder ser el candidato del partido en las próximas elecciones generales.

Pero, con independencia de lo que pase en las elecciones anticipadas de Andalucía, que desde luego no van a ser nada agradables para el PP (¿se atreverá Rajoy a hacer suya la campaña electoral y apoyar al perdedor Moreno Bonilla como apoyó en Grecia al perdedor Antonis Samarás…?), Podemos sigue a lo suyo, derribando los tabús con los que quieren frenarle tanto el PP como el PSOE.

Tras el éxito arrollador de Syriza y de Alexis Tsipras en Grecia, Podemos ha respondido a la campaña con la que unos y otros han querido frenar su crecimiento electoral, convocando una concentración no contra nada ni contra nadie, ni para exigir nada a nadie, sino de simple reafirmación social, que ha sido arrolladora. Permitiendo una imagen de la emblemática Puerta del Sol de Madrid jamás vista, reventando pacíficamente su capacidad de aforo y marcando toda la distancia necesaria con la hipotética toma fascista de la ciudad anunciada por los sectores más cavernícolas del PP.

La realidad de ese desafío democrático de Podemos, ha sido muy distinta y, sin duda, muy significativa para quienes no se obcecan con lo que de verdad significa ese fenómeno de contestación social. Las pruebas gráficas  del evento ya están en las hemerotecas, al igual que las crónicas que lo han descrito negro sobre blanco, como ésta de Antonio Lucas publicada en El Mundo (01/02/2015), por poner un ejemplo:

Un alud de 'quijotes' en el Kilómetro cero

Lo de ayer fue el mayor acto ecuménico de Podemos. Desde las 11.00 de la mañana, numerosos devotos huroneaban por los alrededores del Círculo de Bellas Artes, donde alguien dio el ‘queo’ de que los dirigentes del partido andaban resguardados dentro, dando tiempo al tiempo. Por los ventanales de la pecera del Círculo se apreciaban siluetas, a la manera de Hitchcock en ‘Falso culpable’, y a cada presencia intuida la afición echaba una consigna al aire y lanzaba a los cristales el móvil prendido en una caña para obtener trofeo.

Entre el aroma a democracia vigilante y el fervorín pancartero llegó casi el mediodía y salió de la hornacina la Santísima Trinidad de Podemos: Pablo Iglesias, Íñigo Errejón y Juan Carlos Monedero. Pisaron la acera, muy climatizada de devotos, como un advenimiento. Para entonces, en decenas de miles de ciudadanos fermentaba el entusiasmo. Los líderes ocuparon su sitio y los símbolos verbales empezaron a salir de los gaznates generando un ruidoso bordado de consignas. Unos tiraban de lengua dispensando fuego amigo. Otros hacían de la mandíbula una bayoneta. Algunos les daban las gracias con prosapia antigua y desde el macizo de la tribu salían alegatos históricos contra los jabalíes de la casta. Estos muchachos tienen la enmienda de la peña ganada, pues saben que la democracia se ejerce también en el hecho de agruparse y mostrarse a lo grande.

Podemos ya no sólo convoca a jóvenes anillados o a existencialistas de alcanfor con Marcuse en la bolsa de mano. Quienes creen que la regeneración no es utopía forman un conjunto heterogéneo, compacto y desigual, sin miedo a decir patria y dispuesto a recuperar la cueva dialéctica de los mitos traficados. Podemos no es una marca, ni un crecepelo, sino una burbuja comisionada que se lanza en picado contra el fracaso del bipartidismo pidiendo fe y lañando con telegenia las heridas. Han tenido el acierto de poner a la peña en la calle sólo para hacer evidente, plástica y visual la realidad de un pueblo que pasa de seguir en este mal baile. «Nosotras también vemos lo que sucede. Y lo padecemos. Los apoyo porque Jesús también dijo 'podemos'». La monja que tuve al lado, natural de León, daba saltitos al paso de una comparsa.

Muchos espíritus fueron ayer sanados en el repecho que va de Cibeles a la Puerta del Sol, ágora y mentidero, donde Pablo Iglesias descargó el nuevo Sermón de la Montaña frente a la «raza de los acusados» (Cocteau) y anunció el «año del cambio». Desplegó una sonrisa de mucho diente, con maneras tremendonas. Apeló a don Quijote y a Machado en el Kilómetro 0. A la República y al 15M. Defendió a Grecia. Devastó con inteligencia la gestión de un PP devastado. Y de repente dijo algo que habrían firmado por igual Carmen Sevilla y Maradona: «Qué bonito es ver a la gente haciendo Historia». Lanzaba señales de triunfo a la mucosa más profunda de miles de ciudadanos. Para cumplir lo que Podemos promete hay que apelar (quizá demasiado) a la inocencia. Pero eso también está en nuestro ADN. «Pensar que sólo ellos tienen la exclusividad del cambio es como creer que sólo los otros tienen la exclusividad del robo», también lo escuché de un escéptico voyeur mientras iba yo contando gente, disfrutando gente de todos los perfiles, matices, colores, peinados. Hombres, mujeres, niños, ancianos, currelas, parados, flamencos y millonarios. Sí, también millonarios. (Y Carmen Lomana). Dicen que el cambio ha empezado. En el balcón de la Casa de Correos las banderas ondeaban hacia la izquierda sobre las testas de los podemitas («Eso somos», dijo un chaval). Madrid fue el único lugar de España donde el sol se hizo sitio. Podemos fue ayer más que un experimento: el cruce de un grito masivo por la justicia social y la oficina portátil del Ministerio de la Felicidad.

Lo realmente aprendido en la ‘Convención Nacional 2015’ del  PP, es más o menos lo mismo que se pudo aprender en su anterior edición celebrada en Valladolid: nada de nada. Con el agravante de que los tiempos adelantan que es una barbaridad y que los ‘podemitas’ (Tic-Tac, Tic-Tac, señor Rajoy) llaman a rebato nacional en el corazón de España, reventando el aforo de la Puerta del Sol, mientras Rajoy y sus ‘marianitos’ andan todavía con el bolo colgando.

 

Con todo, Rajoy tuvo el detalle de salir de la convención de Valladolid del 2014 con el diario Marca en la mano (según se apreció en una fotografía de Claudio Álvarez publicada en El País), dispuesto al parecer a que los graves problemas de España y de su partido no le aguasen la jornada deportiva de aquel domingo. Todo un carácter irrenunciable, de los de ‘genio y figura hasta la sepultura’…

Y ahora, en la convención de 2015, sigue en su inestimable papel de ‘Marianico el Corto’, jugando a no desvelar quienes merecerán el honor de ser los candidatos del PP en las elecciones municipales y autonómicas del próximo 24 de mayo, ni siquiera en Madrid y Valencia, donde el partido se va a jugar el todo por el todo. ¿A santo de qué viene tanta fatuidad y simpleza política…?

Fernando J. Muniesa

A finales del pasado año, y en contraposición sobre todo con el triunfalismo del PP en su balance político del 2014, advertíamos en una Newsletter que, en 2015, el PP y el PSOE arderían juntos en la revancha social contra la corrupción.

Una previsión alentada por varias circunstancias de carácter activo. Entre otras, el hecho de que en el debate político surja de vez en cuando el ‘y tú más’ que ante ese deplorable fenómeno se echan en cara los dos partidos mayoritarios; el continuo afloramiento de nuevas denuncias e imputaciones por delitos con origen en el ámbito público (por ejemplo los aflorados con la desarticulación de la red ‘Púnica’), que siguen realimentando el sistema de corrupción prácticamente rampante desde la Transición, y, claro está, por la imparable evolución de las correspondientes instrucciones judiciales, cuyos hitos más señalados tienen un inmediato reflejo mediático.

Pero el desastre electoral -sobre todo del PP que es el partido en el poder- derivado de los excesos de corrupción política que hemos soportado en los últimos años, con dos casos de gran impacto social (‘Gürtel-Bárcenas’ y ‘Bankia’) que marcan al partido en el Gobierno, tiene otro componente de carácter pasivo. Y más penoso, si cabe, porque esa pasividad es la que ha llevado la situación al punto de gangrena; y, aún peor, la que, despreciando la gravedad de los hechos reprobables, ha impedido tomar las medidas curativas necesarias, llevando la sintomatología del caso a extremos difíciles de atajar, incluso aplicando los procedimientos quirúrgicos radicales que se debieron haber contemplado ab initio.

La política del avestruz del PP en el ‘caso Gürtel-Bárcenas’

Ahora, en plena pre campaña electoral, y en un escenario de extrema atención social sobre la corrupción política, elevada a niveles inconcebibles en un sistema democrático, nos desayunamos nada más y nada menos que con la imputación formal por parte del Ministerio Fiscal de 41 personas directamente vinculadas con el PP (muchas de ellas en su condición de cargos públicos u orgánicos del partido) y con acusaciones por un listado de 11 supuestos delitos (prevaricación, cohecho, fraude, tráfico de influencias, malversación de caudales públicos, blanqueo de capitales, apropiación indebida, estafa, asociación ilícita en el ámbito de la contratación, falsedad documental y delitos contra la Hacienda Pública), que conllevan la solicitud de penas muy significadas (cerca de 500 años de prisión sólo para los 12 imputados más relevantes). Ahí es nada.

Además, en esa acusación se incluye otra relación de dos personas y 23 entidades como partícipes a título lucrativo en la red delictiva, y por tanto como responsables civiles, entre las que se incluyen Ana Mato (actual diputada del PP por Madrid y miembro de su Ejecutiva Nacional, ex eurodiputada, ex ministra de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad del Gobierno de Rajoy…) y el propio Partido Popular.

Un paquete de imputaciones que se refieren sólo a la ‘Época I’ de la trama de corrupción no prescrita, que va desde 1999 hasta 2005. Y que, de entrada, incluye, por ejemplo, penas de prisión de 111 años para el cabecilla de la trama, Francisco Correa, y de 42 años y medio para el ex senador y ex tesorero del PP, Luis Bárcenas, para quien la Abogacía del Estado las ha ampliado notablemente.

También constan como imputados otros dos ex tesoreros del PP, Ángel Sanchís y Álvaro Lapuerta, para los que la Fiscalía Anticorrupción solicita penas de prisión de ocho años y de tres y medio, respectivamente. El cuarto ex tesorero que ha tenido el PP en toda su historia, Rosendo Naseiro, también fue imputado en su momento, junto al propio Sanchís, que fue su predecesor en el cargo y entonces diputado popular por Valencia, acusado inicialmente por el fiscal del Tribunal Supremo de un delito de cohecho en grado de conspiración, aunque el asunto acabaría archivado en una polémica decisión tomada por el alto tribunal el 18 de junio de 1990 (‘caso Naseiro’).

En aquel primer episodio de la financiación irregular del PP (lodazal que por tanto viene de muy lejos), el Supremo estimó la petición de los abogados defensores de que se anularan como prueba de cargo las conversaciones telefónicas que de forma colateral habían desvelado una trama de negocios inmobiliarios ilegales cuyos beneficios se destinarían a la financiación del partido. Según se argumentó, las escuchas autorizadas judicialmente tenían origen en una investigación policial relacionada con el narcotráfico y dirigida contra un hermano del concejal del PP en el Ayuntamiento de Valencia, Salvador Palop, pero sin otros efectos, con lo que quedaron invalidadas para cualquier causa distinta, forzando, por ello, la retirada de los cargos contra los políticos populares implicados.

 

Pero la inequívoca afección del PP al ‘caso Gürtel-Bárcenas’ no se define sólo por la implicación directa de sus ex tesoreros (todos salpicados por el lodo de la corrupción), ni porque el propio partido esté señalado en la causa como partícipe en la asociación delictiva “a título lucrativo” (como lo está Ana Mato), y en consecuencia con la responsabilidad civil correspondiente. Sino por los cargos políticos que -amparados con sus siglas- los principales imputados ostentaban en el momento de autos.

Ahí, en este primer lote de imputados del PP, están Alberto López Viejo, ex consejero de Deportes de la CAM; Jesús Merino, ex consejero de Fomento en la Junta de Castilla y León y ex diputado nacional por Segovia; Jesús Sepúlveda, ex alcalde de Pozuelo de Alcorcón (en la fecha casado con Ana Mato); Guillermo Ortega, ex alcalde de Majadahonda; Pablo Crespo, ex secretario de Organización del PP en Galicia y ex diputado por Pontevedra en el Parlamento Autonómico (ingresó en el partido en 1987 avalado por Mariano Rajoy); Ricardo Galeote, ex concejal en el Ayuntamiento de Estepona, hermano del eurodiputado Gerardo Galeote e hijo del ex concejal de Boadilla del Monte, José Galeote; Guillermo Ortega, ex alcalde de Majadahonda, con su hermano Jacobo Ortega también imputado en la misma causa; José Luis Peñas, ex concejal en Majadahonda y denunciante inicial de la ‘trama Gürtel’; Ángel Sanchís Herrero (hijo del ex tesorero y ex diputado Ángel Sanchís); Rosalía Iglesias, esposa de Luis Bárcenas (comenzó a trabajar en la sede central del partido en 1983 como secretaria de Jorge Verstrynge)…

En fin, una colección de cargos del PP, políticos y de su aparato interno, hoy lógicamente separados de sus puestos, que evidencia el origen y el carácter partidista de la trama. En consecuencia, desde un punto de vista político y moral no cabe aducir si tales personajes están, ahora, dentro o fuera del partido.

Por eso, llama la atención la cínica actitud pública del PP tratando de eludir el escándalo con un distante ‘y a mí qué me cuentan’, verdaderamente impresentable, que insiste de forma contumaz en algo ya habitual en sus comunicados y acciones propagandista: tomar a la sociedad española por una pandilla de estúpidos a los que se puede engañar de forma constante y con niveles de hipocresía desconocidos en el nuevo régimen democrático.

Tras conocerse el escrito de imputación de la Fiscalía Anticorrupción relativo a las Diligencias Previas 275/08 de la Audiencia Nacional, fechado el pasado 15 de enero, el PP lanzó un comunicado oficial (del 17 de enero) sin mayor comentario verbal que no tiene desperdicio. Dice literalmente:

El Partido Popular quiere subrayar que no tiene la condición de acusado en el proceso Gürtel

El escrito presentado ayer por las fiscales es de acusación contra los supuestos responsables penales de la trama, al que posteriormente se añadirán los escritos de la defensa de todas las partes acusadas y de los responsables civiles. El escrito de ayer de la fiscalía no es una declaración de condena.

En el juicio posterior correspondiente será “donde se determine con exactitud los contornos de dicha supuesta responsabilidad civil y su exacta cuantía”, tal y como ha señalado ya la Audiencia Nacional. Asimismo, la Audiencia explica que la figura del partícipe a título lucrativo exige que éste ignore la existencia del delito del que supuestamente proceden sus efectos. “Se trata de una obligación civil que no tiene su origen en la participación en el delito”.

La supuesta responsabilidad civil derivaría del eventual empleo por dos ex ediles del Partido Popular imputados en la causa de parte de las cantidades percibidas de la trama Gürtel en gastos de sus respectivas campañas  municipales. El Partido Popular recuerda que todos sus gastos electorales han sido debidamente auditados por el Tribunal de Cuentas.

El Partido Popular ha sufrido y sigue sufriendo perjuicio de todo orden por los hechos que se imputan a personas concretas y respecto a los cuales el Partido Popular es absolutamente ajeno.

Es decir, que el PP se desentiende -se llama andana- de los delitos que, en función de sus cargos políticos u orgánicos, han podido cometer altos representantes y directivos del partido. Señala que no se encuentra “acusado en el proceso Gürtel”, como si acaso fuera posible instar una querella (causa penal) contra una entidad o persona jurídica o se pudieran dictar sentencias de prisión para personas no físicas, y concluye afirmando con gran desfachatez que el PP es “absolutamente ajeno” a los delitos en cuestión.

Además, el PP desliza entre líneas que “todos sus gastos electorales han sido debidamente auditados por el Tribunal de Cuentas”, cuando en otra pieza separada de la Causa Principal ya se encuentra recogida la existencia de una ‘Caja B’ del PP, con la que se habrían podido pagar obras de reformas en la sede central o la liquidación de un embargo de la sede de Pontevedra… Ello al margen de que incluso la Abogacía del Estado haya dado por buena la existencia de esa ‘Caja B’ del PP.

Pero ¿a santo de qué viene que el PP nos diga, entonces, que el Tribunal de Cuentas ha auditado su contabilidad oficial, si lo que se cuestiona es su ‘Caja B’…? ¿Y por qué incomprensible razón insiste en afirmar que sus cuentas son transparentes -cosa a todas luces falsa-, cuando la instrucción del caso tiene “acreditada” la existencia de una ‘Caja B’ paralela desde 1900 a 2008…?

Esta cínica autodefensa del PP, ha llevado de forma inmediata a que el pasado 21 de enero Bárcenas pormenorizase con todo lujo de detalles en una declaración mediante videoconferencia ante la Comisión del Parlamento de las Islas Baleares que entiende del ‘caso Son Espases’ la contabilidad ‘B’ del partido y como se financiaba ilegalmente con expreso conocimiento de Rajoy (luz y taquígrafos). Es decir, que si en el PP no quieren chocolate van a tener que tomar taza y media.

Además, aprovechando la imprudencia con la que el ministro de Justicia, Rafael Catalá, le había acusado un día antes de apropiarse del dinero del partido (que en ese caso sería obviamente dinero ‘B’), le retó a interponer contra su persona una querella “por apropiación indebida”. En fin, que el imputado Bárcenas no parece dispuesto a comerse el marrón de su partido, que en otros tiempos tuvo a bien hacerle senador ‘cunero’ por Cantabria, así como así (y puede que no le falten pruebas para complicarle la vida a Rajoy y a sus antiguos conmilitones justo en este decisivo año electoral).

Con todo, el comunicado del partido en el Gobierno sólo puede responder a una ignorancia legal y procesal supina -supuesto ciertamente increíble-, o a una descomunal tomadura de pelo a los ciudadanos, desvergonzada y rayana en la estulticia política, que es por donde últimamente discurre toda su acción propagandista. Pobre cosa.

 

La actitud numantina del PP, no dando la cara ante las graves acusaciones de corrupción hechas por la Fiscalía y la Abogacía del Estado (instrumentos de dependencia gubernamental), es tan vergonzosa que aquellos pocos medios informativos que de vez en cuando todavía muestran algún destello de dignidad profesional en su narración de la política nacional (los que la mantienen de forma permanente se cuentan con los dedos de una mano), no han tenido más remedio de dejar constancia de la ‘política del avestruz’ desarrollada por el PP ante la gravedad del ‘caso Gürtel-Bárcenas’ y de su nefasta proyección sobre nuestra deteriorada democracia. Esta es, sin ir más lejos, la advertencia lanzada por El País (21/01/2015) en una de sus editoriales sobre el tema: 

El PP se esconde

El Partido Popular no ha tenido empacho en definirse como “ajeno” a las gravísimas acusaciones de la Fiscalía Anticorrupción, que pide 800 años de cárcel para los 41 procesados en la primera fase del caso Gürtel, entre ellos tres extesoreros de la dirección nacional del partido. En los países serios, los principales responsables de la organización afectada habrían salido de inmediato a dar explicaciones y asumir las consecuencias tras un escrito de cargos de tales características. Sin embargo, el partido que gobierna España se esconde tras un simple comunicado desde el que lanza balones fuera.

No estamos en 2009, cuando Mariano Rajoy y su equipo hablaban del caso Gürtel como de “una trama contra el PP”, sino de un sumario en el que ya se han producido dos pasos capitales hacia el juicio: el cierre de las investigaciones por parte del juez instructor, Pablo Ruz, y la formalización de las acusaciones del ministerio público. Salir ahora con la teoría de que el partido no tiene nada que ver con todo eso es poco más que un chiste.

La fiscalía da por confirmada la existencia de una caja B en el partido, una contabilidad paralela opaca manejada por los extesoreros Álvaro Lapuerta y Luis Bárcenas. Y además, el ministerio público incluye al PP como participante a título lucrativo, dato este último que el vicesecretario general, Carlos Floriano, presenta como si el partido fuera ajeno a los hechos delictivos. No puede ser más lamentable la gestión política llevada a cabo respecto al caso más voluminoso en la historia de la Audiencia Nacional, con más de 2.000 tomos, el que más recursos ha consumido y en el que decenas de comisiones rogatorias han tratado de desentrañar la compleja red de blanqueo de dinero que habían montado los principales acusados en países de tres continentes.

En nada disminuye la gravedad del asunto el hecho de que la sección cuarta de la Sala de lo Penal permita la salida de la cárcel de Luis Bárcenas, tras 19 meses en prisión provisional, con 200.000 euros de fianza. Es una decisión de efectos todavía no precisados, pero la reacción pública de la cúpula popular ha sido la misma que frente a las acusaciones de la fiscalía: Bárcenas ya no está en el partido. Como si haber dejado de ser miembro fuera suficiente para pretender que el PP no tenga nada que ver.

Experta en las tácticas del regate, la dirección de esta organización política practica la huida hacia adelante, al parecer confiada en que el balance de la recuperación económica y la agitación del voto del miedo contra “la inestabilidad”, le ahorrará en las urnas el pago de las facturas de la corrupción. Difícil empeño ante el peso de las evidencias que vinculan al Partido Popular con una trama de corrupción política de enormes dimensiones. En vez de aclarar los excesos cometidos, el partido gobernante prefiere practicar la política del avestruz.

Pero es que, más allá de esta deplorable actitud escapista, la conclusión de la instrucción judicial de esta primera pieza del ‘caso Gürtel-Bárcenas’ denominada ‘Época I’, sólo es el aperitivo de un escándalo mucho mayor, de proporciones sin precedentes; y al que, además, siguen otros con similar o peor tipificación delictiva. Es decir, que la corrupción ha entrado a saco por las puertas y ventanas del PP, al margen de lo que haya sucedido o pueda suceder en otros partidos también dentro de ese mismo y deplorable ámbito.

La corrupción ha entrado a saco en el PP

Una concatenación de escándalos de corrupción sin solución de continuidad ante la que Mariano Rajoy, presidente del Gobierno y del PP, no tiene más respuesta que afirmar en tono huraño y desabrido: “Estamos a lo que digan los tribunales que son los que tienen la última palabra sobre este asunto”. Faltaría más que no lo estuvieran y que pretendieran conculcar la legalidad vigente quien sabe cómo; aunque la cuestión es que en democracia, y por encima del ordenamiento jurídico, es ineludible dar una explicación política del caso y depurar las consiguientes responsabilidades.

Máxime cuando, además de ser un partido político, el PP ostenta la potestad de Gobierno -con mayoría parlamentaria absoluta- y, por tanto, el poder para garantizar el imperio de la ley como expresión de la voluntad popular y en consonancia con los principios y valores constitucionales. Una posición que en modo alguno puede compadecerse con su actitud de pasividad ante la corrupción, con su simple remisión a los tribunales de justicia y, menos aún, con fomentarla o permitirla dentro de su propia organización.

Y esa falta de autocrítica dentro del PP y su nula disposición de enmienda, es la que le ha llevado a despreciar las necesarias barreras de contención del problema -no digamos su erradicación- y a no controlar el daño electoral y de reputación social. Ahora se está sólo en la perversa praxis de presentar la corrupción como práctica generalizada de todos los partidos (que lo es, si bien en muy distintas graduaciones), tratando de evitar así que el fenómeno reste votos a ninguno de ellos o los reste a todos por igual: una vergonzosa enajenación política basada en la idea de que una desgracia es más llevadera cuando se padece generalizadamente (‘mal de muchos consuelo de tontos’).

Con el agravante de que, a pesar de su mayoría parlamentaria absoluta, el PP no ha propiciado ninguna medida legislativa de lucha eficiente contra el fenómeno de la corrupción política. Simplemente ha dado un baño de barniz a los cuestionados mecanismos de financiación de los partidos para que sigan siendo posibles las donaciones ‘contra favores políticos’, guardando un poco más las formas (por ejemplo, limitando las entregas a medio millón de euros, con lo que para donar cantidades superiores sólo hay que trocearlas en varias operaciones distintas); y manteniendo los aforamientos e indultos con los que se protege esta lacra del sistema y a los delincuentes que viven de ella, desprestigiando profundamente la democracia.

Pero si Rajoy está, como dice, “a lo que digan los tribunales”, fíjense en el calvario que, a grandes rasgos, le queda por sufrir sólo con el ‘caso Gürtel-Bárcenas’: 

Dejemos, de momento, esta densa lista de espera para enjuiciamientos y sentencias como una inacabada retahíla de casos de corrupción integrados en el escándalo ‘Gürtel-Bárcenas’, con los que el PP dice no tener nada que ver pero que está sentando en el banquillo de los acusados a muchos de sus máximos dirigentes y cargos electos con sus siglas. Por supuesto para vergüenza pública de Mariano Rajoy y sufrimiento de las gentes limpias del partido que han de soportar tantos mangantes entre sus directivos y cargos electos.

La política del avestruz, mala consejera electoral del PP  

Aunque, por si todo ello fuera poco, que no lo es, ahí está el estallido más reciente de la red de corrupción política destapada con la ‘Operación Púnica’ en octubre de 2014, afecta básicamente al PP y dedicada a más de lo mismo.

Con ese nombre bautizó la UCO (Unidad Central Operativa de la Guardia Civil) el plan desarrollado a instancias del juez Eloy Velasco, de la Audiencia Nacional, para desarticular otro sistema organizado de corrupción política dedicada a adjudicar servicios públicos a cambio de pagos ilegales, que posteriormente eran blanqueados a través de un entramado societario.  Según la Fiscalía Anticorrupción se trata de una “trama de corrupción municipal y regional infiltrada en varios ayuntamientos y autonomías, principalmente de la provincia y comunidades autónomas de Madrid, Murcia, León y Valencia”.

Entre los arrestados se encuentra Francisco Granados, secretario general del PP de Madrid entre 2004 y 2011, ex alcalde de Valdemoro, ex senador y persona que ostentó los cargos de consejero de Presidencia, Justicia e Interior y de Transportes e Infraestructuras de la Comunidad de Madrid. Y aunque entre los implicados se encuentre José María Fraile, a la sazón alcalde socialista de Parla, esta nueva trama de corrupción tiene también el mismo color popular que la del ‘caso Gürtel-Bárcenas’. Es decir, ya hay que hablar de un arraigamiento profundo de la delincuencia dentro del PP, percibido de forma clara y rotunda por el cuerpo social y diga lo que diga la dirección del partido.

Porque junto a Granados, miembro relevante del PP, y a los alcalde de Parla (PSOE) y de Serranillos del Valle (de la Unión Demócrata Madrileña), nada menos que otros cuatro alcaldes ‘populares’ en ayuntamientos de la Comunidad de Madrid (los actuales de Valdemoro, Torrejón de Velasco, Casarrubuelos, y Collado Villalba) están implicados en la red. A quienes hay que añadir el ex alcalde de Cartagena y el presidente de la Diputación de León y alcalde de Cuadros, ambos del PP, además de otros cargos políticos de menor nivel y los empresarios supuestamente corruptores (de momento hay quince personas imputadas).

Un frangollo de corrupción al que hay que añadir nombres de delincuentes convictos de alto copete dentro del mismo PP, como el de Jaime Matas, todo un ex ministro y ex presidente del Gobierno Balear, o el de Carlos Fabra, que fue concejal del Ayuntamiento de Castellón de la Plana durante 24 años y presidente de la Diputación Provincial durante 16. O los de personajes tan controvertidos como Francisco Camps, Ricardo Costa, Juan Cotino, Sonia Castedo, Luis Díaz Alperi… Y casos notorios de corrupción como los ‘Brugal’, ‘Pokémon’, ‘Nóos’, ‘Palma Arena’…, y otros menos conocidos pero también indicativos de la amplitud y capilaridad social del problema (los ‘Góndola’, ‘Morelábar’, ‘Ciudad del Golf’…).

En fin, está muy claro con quienes se vienen jugando los españoles desde hace tiempo su apuesta electoral, al menos hasta ahora. Y sobre todo que, con su política del avestruz, el PP no tiene la menor intención de enmienda en materia de corrupción política y regeneración democrática (tampoco la tiene el PSOE que en eso va más o menos a la par).

Es más, todo indica que las numerosas causas de corrupción política en fase de instrucción judicial, como después sucederá con las vistas de los juicios orales correspondientes, seguirán aportando en este decisivo año electoral información clarificadora sobre la baja estofa de nuestro establishment político. Pocas dudas hay de que la torpe estrategia de aguantar el chaparrón, ponerse la gabardina y esperar a que amaine, no vaya a hacer saltar por los aires tanto al PP como al PSOE, y que ambos partidos no se encuentren muy pronto conque sus tradicionales electores se cambian de camiseta para que otros tomen las decisiones que ellos son incapaces de tomar. Eso es lo suyo.

La evolución del ‘caso Gürtel-Bárcenas’ está siendo bien significativa al respecto, como lo será la ‘Operación Púnica’. Entre otras cosas porque, como apunta José Manuel Romero comentando en El País (24/01/2015) la venganza de Bárcenas una vez concluida su prisión preventiva (“Rajoy conocía la Caja B del PP desde el principio”), quienes se están jugando penas de cárcel de grueso calibre no son precisamente caballeros de rancia estirpe, sino gentuza de pocos escrúpulos y ninguna lealtad. Fíjense por dónde van los tiros de dicho análisis periodístico:

Un silencio estruendoso que acusa al presidente 

Los que pensaban que la libertad bajo fianza del ex preso preventivo Luis Bárcenas era un pago a cambio de su silencio se han estrellado contra la realidad en apenas tres capítulos. Desde que la Audiencia Nacional aceptó el pasado martes su recurso para quedar libre tras 19 meses preso, el ex tesorero del PP ha tenido tres altavoces y no ha desperdiciado ninguno para airear corruptelas en la formación conservadora. No cabe un silencio más estruendoso, ni una acusación más contundente contra el actual presidente del Gobierno, Mariano Rajoy.

1.- Todavía en la cárcel, Bárcenas compareció el pasado miércoles por videoconferencia ante la comisión creada en el Parlamento de Baleares para investigar un intento de amaño en el contrato para la construcción y explotación de un hospital. El ex tesorero no sabía nada del asunto pero aprovechó la oportunidad para reiterar que el PP se financió ilegalmente durante 15 años y revelar que entre las múltiples operaciones irregulares que conoció estaba el pago en b de la sede del partido en Palma de Mallorca.

2.- Con la prisión de Soto del Real a sus espaldas, ya libre tras abonar la fianza de 200.000 euros, Bárcenas reiteró el jueves a decenas de periodistas su versión sobre la financiación ilegal; se mostró dispuesto a asumir su parte alícuota de responsabilidad y sugirió que el PP no debía temer nada ahora que estaba en la calle. De paso, le recordó a Rajoy que había seguido su consejo de aguantar y ser fuerte.

3.- A mediodía del viernes compareció en la Audiencia Nacional, obligado por el auto judicial que fija las condiciones de su libertad. Tras cumplir con la firma obligada en el juzgado, Bárcenas acudió al corrillo de periodistas que le esperaba en la calle, antes lo había hecho igual al salir de su casa, para disparar contra el presidente: “Rajoy conocía desde el principio la contabilidad b del PP”. 

Una andanada mayúscula que no encaja del todo con los hechos conocidos y sugiere más bien un ánimo de venganza que Bárcenas ha podido cultivar durante sus 19 meses de encierro contra Rajoy. al que culpa en parte de su situación. El ex tesorero acusó al presidente del Gobierno de conocer la caja b del PP "desde el principio" pero aseguró que no le constaba que José María Aznar también lo supiera. Los papeles de la caja B escritos de su puño y letra cuentan una historia muy distinta. En 1990, Bárcenas anotó varios pagos en b a dirigentes del PP por “orden de José Mª”. Aznar fue máximo jefe del partido hasta 2003, con Bárcenas de gerente controlando la caja b. Rajoy estuvo en el tercer escalón del aparato hasta 2003 como vicesecretario general. En los papeles de Bárcenas sólo se registran pagos a Rajoy desde mayo de 1997, siete años después de que empezará a funcionar la caja b, y hasta julio de 2008.

De todos los secretarios generales que ha tenido el PP en el periodo investigado, Rajoy es el único que no ha sido citado a declarar por el juez. Javier Arenas, Francisco Álvarez-Cascos y Dolores de Cospedal acudieron como testigos, y Ángel Acebes llegó a estar imputado. Una de las acusaciones populares ha pedido que Rajoy declare como testigo en el juicio oral. La venganza de Bárcenas persigue al presidente.

En alguna ocasión ya hemos comentado que tanta desidia en la lucha contra la corrupción pública, y tanta confianza en el modelo bipartidista del ‘quítate tú para ponerme yo’, es una de las causas principales del advenimiento de Podemos. Partido nacido en buena medida de esa pasión del alma que mueve a indignación y enojo llamada ‘ira’; la misma -decía Luis Vives- que “muda la naturaleza del hombre en una fiera espantosa”.

 

PP y PSOE han entendido durante demasiado tiempo y de forma equivocada que el pueblo español aguanta todo lo que los políticos le quieran echar encima, como un atavismo de nuestro caciquismo histórico. Y eso ya no es así. Por lo que vaticinamos, como sugiere nuestro titular, que vamos a tener un año electoral movidito.

A ambas formaciones políticas hasta ahora mayoritarias, les convendría recordar lo que Schiller, siempre empeñado en la educación estética del hombre, escribió poéticamente en relación con la subyugación política: “El mismo buey de labor -ese dulce compañero del hombre que con tanta docilidad doblega el cuello a su yugo- lanza con su potente cuerno al enemigo que le excita hasta las nubes”.

Y que Homero, narrador de grandes epopeyas, afirmaba que la venganza es más dulce que la miel. Quizás por eso se la define como un auténtico manjar y se sostiene que gana cuando se come en frio y no en caliente. Puede que en este año electoral esa venganza ya esté a la temperatura adecuada para los votantes, aunque el decirlo quede mal.

Fernando J. Muniesa 

En una de nuestras Newsletters anunciamos, antes de producirse, la derrota conjunta del PP y el PSOE en las elecciones europeas del 25-M. Cosa poco meritoria porque así lo venían señalando todas las encuestas al uso; aunque sus estimaciones fueran menospreciadas por esas mismas fuerzas políticas mayoritarias que, acomodadas en el confort del sistema bipartidista, no terminaban -ni terminan- de entender la caída de un modelo agotado por su degeneración partitocrática y por la corrupción que lo retroalimenta.

Entonces, frente a las teorías exculpatorias de los fracasos electorales que suelen circunscribirlos a cada uno de sus ámbitos diferenciados (municipal, autonómico o legislativo), y aunque todos los procesos electorales estén perfectamente compartimentadas desde el punto de vista jurídico-formal, advertimos que políticamente se integran en un sistema común de vasos comunicantes. De forma que, dígase lo que se diga, los resultados de cada elección afectan directamente tanto a la organización interna de los partidos y a la proyección de su imagen pública como a la movilización y actitud social en los comicios que les sigan de forma inmediata.

Y baste recordar al respecto que, a menudo, las elecciones de cualquier ámbito político se proyectan de forma plebiscitaria sobre otro distinto, y que el voto en un ámbito de elección concreto arrastra el de otro cuando se hacen coincidir ambas votaciones. Hoy, la realidad política también es global, al igual que lo es la comunicación humana, de forma que los electores visualizan perfectamente la acción de los partidos y los gobiernos a través de todo tipo de medios de información, mediatizados y no mediatizados.

Los líderes políticos lo saben, aunque no lo reconozcan públicamente, y por ello a Rajoy y Rubalcaba no les llegaba la camisa al cuello en la antesala de las elecciones europeas del 25-M. Y después menos: basten contemplarse al respecto la continuidad del rechazo social al bipartidismo PP-PSOE, la propia dimisión de Rubalcaba, la demoledora caída en la valoración social del presidente Rajoy y, por supuesto, la avasalladora intención de voto a favor de Podemos registrada en las encuestas, incluso en las circunscripciones donde todavía carece de implantación física.

El 25-M europeo ya anunció el fin del bipartidismo 

En los momentos previos a las elecciones europeas del pasado 25 de mayo, Javier Pérez Royo, catedrático de Derecho Constitucional en la Universidad de Sevilla y habitual comentarista político de El País, planteaba de forma previa en ese diario (17/05/2014) la siguiente pregunta-clave: “¿Puede ser el resultado electoral del 25-M, a pesar de su previsible baja participación o tal vez como consecuencia de ella, el indicador de que se abre una nueva etapa política, en la que nada va a ser igual que antes en el sistema político español?”.

Y, acto seguido, el articulista se contestaba a sí mismo con esta apretada y concluyente reflexión:

“El sistema político en este momento ha dejado de proporcionar la legitimidad necesaria para gobernar. El Gobierno dispone de mayoría absoluta, pero los ciudadanos lo suspenden de manera abrumadora. Y lo mismo ocurre en todos los escalones de la fórmula de gobierno. Y con los partidos que están en la oposición. El sistema político español es un sistema político formalmente representativo, en el que los gobernantes son elegidos periódicamente en elecciones competitivas, pero materialmente ha dejado de serlo, en la medida en que los ciudadanos no se sienten reconocidos en las políticas que se ponen en práctica. Se está viendo venir desde hace tiempo, pero es en esta consulta del 25-M en la que la contradicción entre el carácter formal y materialmente representativo de nuestro sistema político puede tal vez resultar inocultable”.

Ahora, tras el susto proporcionado por Podemos al establishment político en las elecciones europeas, Pérez Royo reafirma su fuerza electoral, anotando en su haber la ruptura definitiva del bipartidismo y advirtiendo que, hoy por hoy, ningún partido (y tampoco ningún sindicato) se considera legitimado para llamar al país a una manifestación masiva como la convocada por esta nueva fuerza política (casi nonata) para el próximo 31 de enero. Una fecha en la que, además, los resultados de las elecciones griegas del 25-E ya estarán puestos en negro sobre blanco: todo un desafío.

Y advierte que Podemos ha alterado el equilibrio presente en el sistema de partidos desde la Transición (en la que la extinta UCD se enfrentaba al PSOE), pasando a ocupar el centro de la atención política y a protagonizar las especulaciones sobre los pactos para gobernar. De hecho, el partido de Pablo Iglesias ya está obligando a los demás a resituarse, en cierta similitud con lo que está suponiendo la presencia de Syriza en el juego político de Grecia. Y así lo escribe Perez Royo, creemos que acertadamente, también en El País (29/12/2014):

El año de Podemos

Si tuviera que definir políticamente 2014 en pocas palabras lo calificaría, sin duda, como el año de Podemos. Antes de constituirse siquiera como partido político posibilitó con su presencia en las elecciones europeas que se hiciera visible la quiebra del bipartidismo que había venido dominando el sistema político español desde el 15 de junio de 1977, pero cada vez con más intensidad. Desde mayo de 2014 ya no es así. Podemos, como todos los estudios de opinión indican de manera reiterada, ha alterado los equilibrios que han presidido el sistema de partidos en el Estado, en la mayor parte de las comunidades autónomas y en los principales municipios del país. En cierta medida se puede decir que Podemos ha ganado ya las múltiples elecciones que se van a celebrar en 2015, porque en todas va a ocupar el centro del tablero. Incluso en aquellas en las que brille por su ausencia.

La Política, con mayúsculas, gira ya en torno a Podemos. ¿Cómo es posible de lo contrario explicar el impacto que ha tenido su presencia en Cataluña esta semana pasada? Pablo Iglesias ha demostrado que, incluso en un terreno de juego tan embarrado, en el que los jugadores, tanto los locales como los visitantes, habían llegado a una situación en la que no podían siquiera mover el balón, él sí puede. Y que puede hacerlo levantando la cabeza y dando un pase largo y profundo. Ha movido las aguas estancadas y ha obligado a todo el mundo a resituarse. No hay prácticamente ningún columnista relevante en la prensa catalana que no se haya visto obligado a pronunciarse sobre lo que ha significado su presencia en Barcelona. Ni por supuesto ningún partido que no se haya dado por aludido.

Así ha terminado 2014. En la plaza más difícil, Cataluña. Y de forma parecida va a empezar 2015. En el escenario general, en España. La convocatoria lanzada a la ciudadanía de todo el Estado para que salga a la calle en Madrid el 31 de enero, va a marcar políticamente no solo el comienzo de este año electoral, sino posiblemente todo el año. Podemos está poniendo de manifiesto que es el único partido que se siente en condiciones de hacer en solitario una convocatoria de esta naturaleza. Ningún partido se considera legitimado para hacer un llamamiento al país, como el que ellos han hecho. Atreverse a ofrecer en solitario a toda la sociedad española sin distinción un cauce de expresión para que manifieste su voluntad de hacer frente a una situación de emergencia tan prolongada como la que estamos atravesando, no se ha atrevido a hacerlo ningún partido nunca. La convocatoria del día 31 de enero es la primera de esta naturaleza en la historia de España. No es poca cosa para un partido recién nacido. Veremos.

Syriza y Podemos como espejo político

Pero hay analistas que, además de reconocer que 2015 será un año decisivo políticamente (el año de Podemos), piensan incluso que nuestro destino va a estar marcado de forma anticipada por las inmediatas elecciones griegas, es decir, a partir de una eventual catarsis helena. Y bueno será, al menos, estar atentos a lo que nos enseñe esta experiencia revulsiva, como advirtió Thomas Piketty, el economista de moda en la izquierda europea que con 29 años fue nombrado director de estudios en la EHESS, la ‘École des Hautes Études en Sciences Sociales’, en un mesa redonda promovida por la Fundación Diario Madrid sobre ‘Capitalismo crisis y desigualdad’ el pasado 8 de enero.

El titular más destacado de dicho acto fue esta frase de Piketty: “No hay que tener miedo a Podemos y Syriza, hay que inspirarse en ellos”. Además, el economista francés afirmó que nuevas formaciones políticas, como Syriza, en Grecia, o Podemos, en España, son partidos “pro europeos”, y por eso no se les debería tener miedo sino más bien integrarles en el debate para encontrar una mejor solución para Europa, cosa que parece razonable.

Además, también advirtió que, siguiendo por el camino que vamos, en 50 años toda la riqueza del mundo pertenecerá a las grandes fortunas, culpando de ello a las privatizaciones y a la crisis financiera, que han aumentado la desigualdad.

En su conferencia-coloquio (en la que participó el secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, sin nada que aportar y sólo a efectos fotográficos), Piketty, reputado como gran especialista en economía de la desigualdad, comentó que si los más ricos crecen dos y tres veces más que el resto, la riqueza del mundo terminará concentrada en las exclusivas manos de los más acaudalados y eso, sostuvo, “debería detenerse en algún momento”. Tras preguntarse en voz alta cuándo va a parar esta reorientación de la riqueza, se lamentó de que no exista de momento “una fuerza natural” para detener esta acumulación desequilibrada en “un punto razonable”.

En el ámbito de la anécdota, Piketty, que actualmente es profesor en la PSE (Paris School of Economics), dedicada a la formación selectiva de Masters y Doctorados, acaba de rechazar (el pasado 1 de enero) la Legión de Honor otorgada por el Gobierno francés, que es la condecoración más conocida y destacada del país, establecida por Napoleón Bonaparte, con esta sencilla declaración: “Rechazo esta nominación porque pienso que no es el papel del gobierno el decidir quién es honorable”.

Dejando al margen este inciso sobre las opiniones de Piketty, y volviendo al nexo entre las opciones de Syriza en las elecciones griegas y el impulso de Podemos en España, hay que admitir que, de confirmarse una victoria del partido liderado por Alexis Tsipras el próximo domingo, alguna consecuencia tendrá para su partido-espejo en España. Ya situados a tiro de urna, Syriza mantiene su ventaja sobre la conservadora Nueva Democracia liderada por el primer ministro en funciones, Andonis Samarás, a pesar de la ‘campaña del miedo’ desatada por esta formación con el apoyo generalizado del establishment político y las autoridades de Bruselas.

 

Sin embargo, el abanico de fuerzas minoritarias (To Potami, Pasok, Partido Comunista, el Movimiento de los Demócratas Socialistas, Antarsya, Griegos Independientes…) y el alto porcentaje de electores indecisos, no permiten aventurar una victoria cierta de Syriza ni el color del futuro Gobierno griego. Lo que sí parece evidente es que el resultado de esa confrontación en las urnas puede marcar nuestro año electoral, sobre todo si aceptamos -como se ha aceptado- la identidad política que enlaza a Syriza con Podemos.

Así lo percibe Enrique Gil Calvo, catedrático de Sociología en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociología de la Universidad Complutense, y así lo cuenta en un artículo de opinión publicado en El País (05/01/2015):

Catarsis

El nuevo año recién iniciado se va a desenvolver en clave no económica, como pretenderá hacernos creer el Gobierno, sino marcadamente electoral, puesto que comienza con los inmediatos comicios griegos cuyo resultado quizá reabra la crisis del euro, seguirá con las elecciones locales y autonómicas que le costarán al PP la pérdida de su hegemonía política, y se cerrará con las decisivas elecciones generales en las que una fragmentada izquierda recuperará la mayoría natural que le corresponde por la orientación ideológica de la ciudadanía. Ahora bien, lo más interesante es que esas tres convocatorias están vinculadas entre sí de tal modo que los efectos de la primera predeterminarán los resultados de las otras dos. Podemos decir por tanto que la catarsis griega marcará nuestro destino último, y eso será debido sobre todo a la identidad política que hay entre Syriza y Podemos.

Ambos partidos se presentan ante las urnas con el mismo relato justiciero, que demanda tanto castigar a las élites culpables de la crisis como resarcir al pueblo por el injusto sacrificio que se le ha infligido. Un relato que ha pasado a ser creído por la mayoría de los ciudadanos, no por la propaganda mediática de Pablo Iglesias y compañía sino porque fundamentalmente está en lo cierto, resultando verosímil e irrebatible para el sentido común. En efecto, demagogias aparte, puede decirse que la política de austeridad ejecutada a partir de 2010 por nuestras élites bipartidistas (en Grecia y España como en Italia o Portugal) ha sido tanto un error como un crimen. Un error porque su naturaleza contracíclica abortó la incipiente salida de la crisis y determinó la caída en una segunda recesión de la que a duras penas nos estamos recuperando. Y un crimen porque el coste de esa política de austeridad sólo recayó sobre las clases populares más pobres e inermes, a las que se sacrificó innecesariamente mientras las élites se enriquecían. Siendo esto así, ¿cómo no indignarse, si encima les asiste toda la razón?

Pero el relato de Syriza y Podemos prosigue demandando no sólo el justo castigo a los culpables sino la necesaria reparación a las víctimas: hay que devolver al pueblo los derechos sociales que se le recortaron, y no sólo por hacer justicia sino como plan de choque para reactivar la deprimida demanda agregada. Una vez más, puro sentido común keynesiano, que así es favorablemente comprendido por la mayoría de la opinión pública. Ahora bien, aquí es donde surge el gran problema, pues como afirma el refrán, el infierno está empedrado de buenas intenciones. Por moralmente justificado que esté, el voluntarismo de Syriza y Podemos puede acarrear efectos imprevistos y contraproducentes. En concreto, de aplicarse el plan de choque propuesto, las clases populares podrían sufrir un nuevo castigo inmerecido comparable al anterior. O incluso peor, ya que llovería sobre mojado.

De ahí el interés del experimento que se dispone a ejecutar Syriza si llegase al Gobierno tras las próximas elecciones. La nueva política económica que se adopte podría abortar la incipiente recuperación griega y, en tal caso, las clases populares más castigadas podrían volver a sufrir nuevas penalidades doblemente inmerecidas. Esa es la verdadera lección que tanto Podemos como sus posibles electores futuros tendrán que extraer de la inmediata catarsis griega.

 

Aunque esta Newsletter pueda ir cargada de opiniones ajenas, que en todo caso consideramos acertadas, no renunciamos a reproducir otro comentario -incidente en el tema- del experimentado analista Raúl del Pozo, con miles de crónicas a sus espaldas desde los tiempos de Franco. En una de sus columnas del diario El Mundo (05/01/2014), su fina intuición política apunta también a la esencial importancia del presente año electoral, ya a remolque del ‘fenómeno Podemos’ y sus coincidencias con Syriza:

Año 2015: la gran batalla

Europa tiene miedo a las elecciones que se celebrarán después de que pase esta Epifanía seca en Grecia; luego esperará a lo que ocurra en Portugal y en España. ¿Quién iba a pensar que Europa vería como un riesgo las elecciones libres en la ciudad donde se inventó la democracia?

Hace tres años, el Gobierno de Mariano Rajoy y el PP eran una fortaleza con 800.000 soldados militantes, con 3.600 barandas en las alcaldías -34 de ellas, en capitales de provincia-, y hegemonía total en los parlamentos. Tres años después de su estruendosa victoria, el PP ha perdido la mitad de la confianza de los suyos, juega al contraataque y al cerrojo. La derecha se siente acorralada por los chicos que se reunían en las calles y gritaban contra el basural de Europa, ignorando que fuera de Europa están los bárbaros, la desdicha y la peste.

Los clásicos ya nos dijeron que la política es la guerra sin efusión de sangre y, a estas alturas, incluso los augures ignoran el desenlace de las batallas que se aproximan. ¿Serán el Austerlitz o el Waterloo de Mariano Rajoy? Es posible que pierdan Austerlitz y ganen Waterloo, porque son más fuertes que todos los enemigos y porque sí es verdad que hay más gente en las cafeterías y en las gasolineras, dicen los realistas.

La otra cara del bipartidismo, el PSOE, vive también obsesionada con el mal griego. Además de no saber quiénes son sus amigos, tienen un problema de fagocitosis interna, porque Susana, la trianera, está devorando a Pedro Sánchez como si fuera un microbio. Además, los viejos de la tribu temen que al PSOE le ocurra lo que al Pasok: se le ha ido el 20% de sus votos a Syriza.

Todos temen a Podemos, que anda de plató en plató respondiendo a las pullas, olvidando cuáles son las relaciones de fuerza y la advertencia de Gramsci, que advertía que cuando la fantasía, la soberbia, los deseos propios sustituyen al examen imparcial, todo puede terminar en un juego de diletantes. “La serpiente -dice el autor de Cuadernos de la cárcel- muerde al charlatán, o sea, al demagogo”. Sus propuestas de impago de la deuda -ahora matizadas- pueden crear más tensión en el sur. Cantan tarde los blues del Banco Mundial: ajústate el cinturón, despuebla el Amazonas. Ahora sería: vende algunas de las 1.900 islas griegas y paga la deuda, aunque revientes.

En su mensaje de Año Nuevo, Pablo Iglesias le dice a Alexis Tsipras: “Este 2015 será el año del cambio en España y en Europa. Empezamos en Grecia. Vamos, Alexis. Vamos, Syriza”. En Grecia hay, efectivamente, muchas islas, algunas inhabitables. Entre ellas, Rodas, la que Carlos Marx recuerda citando la fábula de Esopo donde se habla de un fanfarrón que presumía de haber dado allí un salto prodigioso. Los que le escuchaban contestaron: “Aquí está la rosa, salta aquí”. Los del PP gritan todos los días: “Pablo, la Troika también es esto: salta aquí. Di eso de no pagar la deuda”. El PP tiene hecha la campaña con el mensaje demoledor: Podemos llevará a España a la insolvencia si nos contagia el mal griego.

De la teoría de la recuperación del PP al discurso del miedo

Claro está que los sabios politólogos del PP, con Pedro Arriola a la cabeza, niegan la trascendencia del momento electoral o la tergiversan haciendo ver que piensan otra cosa. Creen (o dicen creer), ni más ni menos, que una victoria de Syriza en las elecciones griegas perjudicará mucho a Podemos por dos razones.

La primera, porque la inestabilidad subsiguiente a una eventual derrota de  Antonis Samarás, que es el líder de la derecha griega asimilable a Mariano Rajoy, asustará a muchos votantes potenciales de Podemos, que ahora el Gobierno cataloga de ‘moderados’ (así reconocen su captación de votos del PSOE o incluso del PP), que podrían ver las dificultades de un gobierno no querido por los grandes poderes europeos (es decir, no servil a los dictados de Merkel).

Y la segunda, porque, en su caso, Grecia será un espejo -afirma el PP- de las dificultades de incumplir la política de austeridad o de renegociar la deuda internacional. Cada día, el eventual Gobierno de Syriza demostraría, según opinan varios ministros del devaluado Ejecutivo español (que se atreven a oficiar de maestros politólogos), que apenas existe margen de negociación con Bruselas y que, entonces, el Gobierno de Atenas se vería obligado a cumplir las exigencias de la Comisión Europea o salir del euro…

Pero es que, bajo ese supuesto, tampoco se entiende muy bien la campaña de Rajoy en apoyo del partido de Samarás, porque -según el PP- la mejor forma de hundir la alternativa de Podemos en España y mantener el actual sistema político, sería que Syriza triunfara en las elecciones griegas. Una relación, pues, entre la opinión y el comportamiento del PP francamente contradictoria.

Lo que en el fondo temen Rajoy y el PP es que la reestructuración del rescate griego, que hasta ahora ha consumido 210.000 millones de euros sólo de créditos de la UE (de los que nuestro país ha puesto 26.000), vuelva a repercutir en las finanzas españolas y, mucho peor todavía, que deje en evidencia la estrategia seguida en el rescate de nuestro sistema bancario y en la lucha contra el déficit público. De hecho, cualquier nueva quita que Alexis Tsipras, líder de Syriza, pudiera negociar con la ‘troika’ (la Comisión Europea, el FMI y el BCE), y más tras la primera restructuración de la deuda del país acordada en marzo de 2012, sería un auténtico torpedo en la línea de flotación del actual gobierno popular.

Ello con independencia de la incongruencia que supone criticar a Syriza y Podemos por plantear reestructuraciones de la deuda (muy distinto de no pagarla), mientras el ministro Montoro pretendía una quita del 10% de la deuda de las comunidades autónomas, que por la oposición de Luis de Guindos en el Consejo de Ministros se ha limitado sólo a una condonación de los intereses. Ya veremos hasta donde se estira el chicle de las conveniencias políticas y del oportunismo gubernamental…, tanto en Grecia como en España.

Y lo cierto es que por la falta de realismo político de Rajoy, aferrado sólo a las directrices de Bruselas (condicionadas por los intereses de la poderosa Alemania y el aparato funcionarial de la Comisión Europea), el PP se ve ahora arrinconado entre el espejismo de la recuperación económica (puro tactismo electoral) y el pánico que le produce el fenómeno de Podemos, sobre todo con Syriza abriéndole camino. Una situación que, como señalaba Raúl del Pozo, le lleva al triste discurso del miedo (“… El PP tiene hecha la campaña con el mensaje demoledor: Podemos llevará a España a la insolvencia si nos contagia el mal griego”): a una defensa numantina del actual bipartidismo, fuera del cual sólo hay, en opinión del presidente Rajoy, radicalismo. Una musiquilla que suena a celestial en los oídos del establishment.

 

Las encuestas siguen encumbrando a Podemos

En esta situación de vigilia ante las urnas griegas, la última encuesta de Metroscopia sobre opiniones y actitudes electorales (Barómetro de Enero con trabajo de campo realizado los días 7 y 8 de ese mes), sigue situando a  Podemos a la cabeza de la estimación de resultado electoral sobre voto válido, con un 28,2% de cuota sobre el total, seguido del PSOE con un 23,5% y del PP con un 19,2%, que son las posiciones de cabeza marcadas ya en el Barómetro de Noviembre. La novedad más señalada en esta nueva medición es el repunte de Ciudadanos que -tras anunciar que presentará candidaturas en toda España- aparece con una estimación del 8,1% de los votos, situándose en cuarta posición y por delante de IU/ICV (5,3%) y de UPyD (5,0%), con origen claro en un trasvase de votos del PP.

Otra anotación llamativa de esta misma encuesta es que en el apartado de valoración de los líderes políticos, que se mide mediante el saldo entre los índices de aprobación y de desaprobación, es que sólo al rey Felipe IV y Albert Rivera (Ciudadanos) les resulta positivo (+57 y +5 respectivamente). Al resto, el saldo les resulta negativo: Alberto Garzón (-10), Rosa Díez (-12), Pablo Iglesias (-13), Pedro Sánchez (-16), Juantxo López de Uralde (-24)… y Mariano Rajoy (-50).

Con todo, está claro que Podemos va afianzando su estabilidad después de ceder en el Barómetro de Diciembre 2,7 puntos sobre el 27,7% de votos del mes anterior, porcentaje que ahora se aumenta en medio punto (hasta el 28,2%) al tiempo que agranda sus diferencias con el PSOE (4,7 puntos) y con el PP (9 puntos). También se confirma que el presidente Rajoy vuelve a salir muy malparado en la valoración social (es el líder más rechazado de todos de forma continuada y en términos sin precedentes históricos). Al igual que se mantiene la amenaza de la ruptura del bipartidismo encarnado en el PP-PSOE, partidos que tendrían que compartir la tarta electoral con las dos fuerzas emergentes más destacadas: Podemos y Ciudadanos.

Ateniéndonos, pues, a los resultados de la esta última encuesta barométrica de Metroscopia, también hay que tener en cuenta que, de momento, las cuatro primeras fuerzas políticas nacionales concitarían una abrumadora mayoría de izquierda (Podemos y PSOE alcanzarían el 51,7% de los votos) frente a una exigua minoría de derechas (PP y Ciudadanos sumarían un 29,9%), en parte porque los partidos nacionalistas y regionalistas (CiU, PNV, CC, PAR…) restan votos a la derecha nacional.

Todas estas consideraciones se corroboran además con la encuesta realizada para la cadena SER por la consultora MyWord, nacida en 2012 de la mano de Belén Barreiro, ex presidenta del CIS (Centro de Investigaciones Sociológicas adscrito al Ministerio de la Presidencia). En esta encuesta, hecha pública el pasado 9 de enero, Podemos también aparece como primera fuerza electoral en estimación de voto (sobre voto válido y con un modelo de evaluación distinto del aplicado por Metroscopia) con un 27,5%, seguido del PP con un 24,6% y del PSOE con un 19%, limitando el avance de Ciudadanos hasta un 5% (frente al 8,1% que le asigna Metroscopia), lo que podría justificar que el PP aún se mantenga en segunda posición.

Según argumenta MyWord, Podemos arrancaría con mucha fuerza en unas hipotéticas elecciones generales, alimentando su voto de fuentes variadas, entre ellas la del ‘voto huérfano’, correspondiente a quienes dicen que antes habían votado blanco, nulo, no votaron o aseguran no recordar por quién lo hicieron. Un 36% de estos votantes no fidelizados por otras fuerzas políticas asegura ahora que su opción es Podemos.

A esa fuente de votos hay que añadir que tanto el PP como el PSOE apenas retendrían a un 40% de sus antiguos votantes. De hecho, en este sondeo un 36% de los electores que hasta ahora votaban socialismo prefieren la opción de Podemos, al mismo tiempo que un 10% de antiguos votantes del PP también respaldaría en estos momentos a la opción liderada por Pablo Iglesia.

El de Podemos es, pues, un voto transversal de muy distinto origen; pero parece claro que sobre todo proviene de quienes se siente más perjudicados por la crisis. Así, si entre aquellos que declaran haberse empobrecido durante estos años un 28% asegura que hoy votaría a Podemos, esa cifra se reduce en 5 puntos (hasta un 23%), entre los que no han visto variar su nivel de vida. 

Además, Pablo Iglesias es el preferido entre los encuestados para ocupar la Presidencia del Gobierno en todas las hipótesis planteadas por la encuesta de MyWord, tanto si tuviera que gobernar en la situación actual como si debiera hacerlo en una España que volviera a entrar en recesión o que incluso creciese tanto como en el pasado. El 44% de los españoles cree que Pablo Iglesias sería el mejor presidente para España en los próximos cuatro años, siguiéndole Pedro Sánchez con un 32% de respaldo (12 puntos menos) y, en último lugar, Mariano Rajoy, quien sólo recibe el apoyo del 23% de los encuestados; aunque en un contexto de mayor crisis económica las preferencias de Iglesias sobre Pedro Sánchez se agrandarían en cuatro puntos y en el de menor crisis se reducirían en seis puntos.

Otro dato derivado de esta encuesta es que Podemos no infunde ningún temor generalizado. Por un lado, un 90% de sus votantes recibiría una victoria electoral con alegría y esperanza y ninguno se arrepentiría de su decisión. Y, por otro, un 40% de sus detractores sentiría curiosidad por ver cómo gobierna, pero no siente ningún miedo ante esa posibilidad.

Los que manifiestan más temor ante la hipotética victoria de Podemos son, obviamente, los votantes del PP: el 67% así lo afirma, frente a un 21% de los electores del PSOE. Además, hay un 11% de electores que, a pesar de dar su voto a Podemos, mantendrían cierta intranquilidad ante los cambios que esa situación pudiera acarrear. También se registra un 14% de votantes de Podemos en las pasadas elecciones europeas que ahora manifiestan algún temor a que esta misma formación se alzase con la victoria en las próximas elecciones generales…

Lo que hay que tener presente es que, antes de esas elecciones legislativas, han de celebrarse unas municipales y autonómicas, con resultados que van a ir moldeando o acondicionando el clima político y la sensibilidad electoral de la sociedad, con lo que el avance de Podemos se puede ir consumando de forma tranquila y progresiva. Sin que tampoco quepan discusiones sobre la pésima valoración social que hoy merecen tanto el PP como el PSOE, junto con el modelo político que ambos representan.

El bipartidismo PP-PSOE está saltando por los aires gracias a su hermanamiento en la austeridad económica y la corrupción política, siendo muy difícil pensar en una nueva continuidad o alternancia en el poder de cualquiera de los dos partidos. Máxime si uno y otro siguen anclados en una dialéctica fuera del nuevo contexto social, marcado por la explosión de las clases medias, el crecimiento de las desigualdades, la ruptura generacional…

PP y PSOE, al igual que otros partidos convencionales, interpretan su papel en clave antigua, pensando en una sociedad que ya no existe. Se ciñen a recuerdos y actitudes electorales desfasadas y, por ello, toman decisiones erróneas, como reivindicar a ultranza el sistema establecido y fomentar la campaña del miedo, pensando que eso les permitirá salvarse del naufragio.

Y esa es una memoria de la historia reciente que les confunde, porque la crisis ha conformado una sociedad distinta de forma acelerada, en la que sus clases medias son hoy extremadamente desiguales y con un débil muro de contención entre ricos y pobres; es decir, con lo que Antonio Machado definió como ‘el macizo de la raza’ en los versos de ‘El mañana efímero’, resquebrajado (Dionisio Ridruejo daría después a la expresión un sentido político como el núcleo esencial del sistema social). La pena es que se carezca de capacidad de análisis para reconocerlo.

Luis García Tojar y Antón R. Castromil, profesores de Sociología y Opinión Pública de la Universidad Complutense, reconocen el fenómeno de Podemos como el suceso político más interesante desde la Transición y sostienen la necesidad de que los partidos respondan al desafío que supone contar con ese nuevo jugador en el tablero político. Y así lo exponen en el siguiente artículo publicado en El País (12/01/2015):

Las cuatro crisis de Podemos

Un fantasma recorre España: el fantasma de Podemos. Desde las elecciones europeas de la primavera pasada, el sistema político español está estresado por la amenaza de un objeto político no identificado que promete una transformación radical del orden constitucional surgido de la Transición. Partidos, instituciones representativas y medios de comunicación han de responder al desafío de un nuevo jugador cuyo perfil no se adapta del todo a lo que estábamos acostumbrados a ver.

Pero, ¿qué es Podemos? Por ahora esta pregunta sólo se puede contestar de manera provisional. Aquí avanzaremos una respuesta alrededor de cuatro elementos que manifiestan los efectos de una crisis económica y al menos tres crisis políticas diferentes: de líderes, de discursos y de partidos.

Empecemos por los votantes. La segunda legislatura de José Luis Rodríguez Zapatero en el poder (2008-2011) se parece mucho a una fruta cortada de cuajo por la mitad. El problema es que una parte se antoja una naranja y la otra un limón. La naranja: Zapatero mantuvo durante meses su intención de gestionar la crisis sorteando la penalización a las clases medias y trabajadoras que se sugería desde Bruselas. El limón: la presión política y mediática llegó a ser tan fuerte que el expresidente terminó por dar su brazo a torcer. La consecuencia: la “salida social de la crisis”, principal encuadre del PSOE, terminó hecha añicos encima de la mesa de una socialdemocracia en descrédito. El PPSOE, tan coreado en las calles del 15M, estaba tomando carta de naturaleza.

En este sentido, las elecciones de 2011 pueden entenderse como un “puestos a recortar, que recorten los que saben”, en clara referencia al PP. Rubalcaba recibía una herencia envenenada: un socialismo sin argumentos y con el principal de sus encuadres inoperante. La crítica a la política del recorte resultaba ya imposible y, con ello, su capacidad de maniobra. Y aquí entra Podemos. Los ideólogos de la nueva formación no tuvieron más que dejar pasar el tiempo y conectar con el descontento callejero. El verdadero logro de la nueva formación tiene mucho más que ver con la comunicación del descontento que subyace al PPSOE que en su propia creación. Gran parte de lo que surge a partir del 15M y las distintas mareas reivindicativas (educación, sanidad, vivienda…) se vuelve tangible mediante la marca Podemos.

En su momento fundacional, enero de 2014, corre ya por España un poderoso movimiento social de rechazo al ‘sistema’ donde confluyen estos dos grupos frustrados, los viejos votantes del PPSOE y las nuevas víctimas del precariado y el desempleo masivos. Podemos ha convertido en círculos esas mareas: las ha fijado a objetivos políticos sin dejar de mantenerlas en movimiento, por lo menos hasta ahora, lo que le proporciona una fuente de energía política -carisma genuino, manufacturable en forma de liderazgo pseudocarismático- de la que los grandes partidos carecen.

Desde el punto de vista retórico, la gran victoria de esta formación ha sido la imposición de la metáfora de ‘la casta’, con la que movimiento y partido se dotan de objetivo además de cambiar el marco político tradicional (izquierda-derecha), que dividía al electorado en dos mitades más o menos iguales y legítimas, por otro que sitúa a todo ‘el pueblo’ frente a un enemigo común: banqueros, especuladores, troika y PPSOE. Es por eso que, para desconcierto de algunos, Podemos pide el voto por la izquierda y la derecha y sin duda es, desde el punto de vista técnico, un partido populista, neopopulista o simplemente ‘pop’ en el término acuñado por Gianpietro Mazzoleni y Anna Sfardini (‘Politica pop’, 2009). Aunque mejor es invertir el argumento: la televisión ha convertido la política en política pop y Podemos es el primer actor que en España se ha adaptado al nuevo juego.

Podemos es el suceso político más interesante ocurrido en España en los últimos 30 años. Su futuro electoral es incierto y más aún lo son las consecuencias que tendrá su emergencia sobre nuestro orden político. En clave interna, la apuesta fundamental es el mantenimiento del matrimonio, mal avenido también, entre movimiento social y partido político. Este objetivo depende por completo de la alquimia entre televisión e Internet, territorios respectivos de la élite y los círculos. Mientras pueda presentarse como ambas cosas, la nueva formación tendrá una ventaja estratégica decisiva: nunca será del todo ‘casta’. En clave externa, los demás partidos pueden temblar, si quieren, o esforzarse en entender que con Podemos (e incluso a pesar de Podemos, eso ya se verá) alcanza la mayoría de edad una ciudadanía más culta y politizada, capaz de conectar problemas personales y contradicciones colectivas. Un ciudadano que no ha existido nunca en la historia de España pide la palabra frente a una estructura de poder cada vez más cerrada y opaca. Se va definiendo así, más claramente, la cuestión social del siglo XXI.

Lo inapelable es que 2015 va a ser el año de la ‘verdad electoral’ y también el de la ‘verdad política’, y posiblemente el ‘año del cambio’ en la forma de entender y ejercer la política. Un año en el que PP y PSOE –con el sistema bipartidista que ambos partidos representan- podrán comprender este proverbio árabe: “No desprecies a un rival por pequeño que sea; el mosquito puede dañar los ojos del león”.

Quedemos, pues, atentos, a los resultados de las elecciones griegas del próximo domingo (25 de enero) y, sobre todo, a su incidencia en el impulso a Podemos, con la consiguiente reacción estratégica precipitada que -en su caso- puedan tener los hasta ahora partidos mayoritarios. Después vendrán nuestras elecciones municipales y autonómicas del 24 de mayo y las legislativas de Portugal en octubre, en las que podremos comprobar si las señales de aviso para navegantes de las elecciones europeas del 25-M eran o no eran correctas. Aunque ya se sabe que la clase política española está poco acostumbrada a una cosa extremadamente sencilla: comprender la realidad -la propia y la ajena- tal y como es.

De momento, en Atenas hemos visto a Mariano Rajoy apoyando a Nueva Democracia (Andonis Samarás) y combatiendo a Syriza (Alexis Tsipras), que es algo tan torpe como medirse de forma anticipada y ‘a cara de perro’ con Podemos y su novel dirigente (Pablo Iglesias). Aparte del riesgo político que conlleva para el presidente del Gobierno apoyar de forma ostentosa a un posible perdedor, lo que se entiende malamente es que en un papel tan comprometido afirme a los cuatro vientos que “prometer lo imposible genera frustración”, en referencia a Syriza: una desvergüenza de tamaño colosal si recordamos las muchas promesas electorales que han sido absolutamente incumplidas por el propio Rajoy.

¿Es esta presencia activa del PP en las elecciones griegas otra idea genial del gurú Pedro Arriola…? ¿Una muestra más de la disciplinada colaboración de Rajoy con la señora Merkel…? ¿Un osado intento de capitalizar el posible tropiezo electoral de Syriza…? ¿Se retratará también Rajoy junto a Andonis Samarás si le gana la partida Alexis Tsipras…?

Quizás sólo estemos ante un reflejo pánico del PP frente a Podemos con los papeles perdidos, que sería lo peor de todo. El próximo domingo veremos si nuestras consideraciones previas son o no son correctas.

Fernando J. Muniesa

La democracia, de mejor o peor calidad, ofrece al menos la oportunidad de que los ciudadanos ajusten cuentas con los partidos políticos en cada convocatoria electoral. Ajustes periódicos, claro está, que, en un sistema político como el nuestro -montado en favor del bipartidismo- se han venido limitando a la alternancia en el poder del PP y del PSOE; conservando siempre el perdedor en las elecciones generales una representación política importante como líder de la oposición en el Parlamento y de gobierno en el ámbito municipal y autonómico.

Hablamos, por tanto, de una oportunidad de castigo electoral relativo, limitado a sacar a un partido de la Moncloa para poner al otro en el mismo lugar… y retornar a lo de antes un poco más tarde, después de constatar la necesidad de volver a pasar factura en las urnas al partido que se había elegido previamente para castigar al que, de nuevo, no hay más remedio que reponer en el Gobierno. Un sistema aberrante que, en definitiva, ata la democracia a la dictadura de las dos fuerzas políticas mayoritarias que así se alternan en el poder y protagonizan en exclusiva el ‘quítate tú para ponerme yo’.

Pero todo indica que los abusos de esa ‘dictadura bipartidista’, que han generado una corrupción pública sin precedentes en el Estado de Derecho, moviendo a los electores a acuñar el término de ‘casta’ para definir a la clase política, están llegando a su fin. Así lo prevén todas las encuestas de opiniones y actitudes electorales, que recogen un fuerte rechazo social al PP y al PSOE y grandes expectativas de voto para Podemos; una situación que, de consumarse, acabará con el bipartidismo (nefasto a lo largo de toda nuestra historia contemporánea) y abrirá una nueva forma de entender el poder político y el gobierno de la Nación más razonable, transparente y ecuánime.

Una reacción social que afectará de forma brutal al PP como partido que en estos momentos ostenta un poder territorial tremendo (en gobiernos autonómicos y alcaldías capitalinas) y una mayoría absoluta en las cámaras legislativas. Y en la que, además de la mala gestión de la crisis económica, de la ineficaz lucha contra el paro y de haber desatendido las demandas de reformas y de regeneración política, también influirá la vocación dictatorial de la que ha hecho gala irrefrenable el presidente Rajoy durante toda la legislatura.

En torno a la legitimidad y la legitimación democráticas

Hace un año ya llamamos la atención (exactamente en la Newsletter del pasado 19 de enero) sobre la senda autoritaria y de recortes de libertades por la que transitaba el Gobierno de Rajoy. Entonces advertimos sobre la inusitada rapidez con la que el PP estaba perdiendo la representatividad social mayoritaria que obtuvo en las urnas el 20 de noviembre de 2011 y cómo se alejaba de esa ‘legitimidad democrática’ inicial, sin distinguirla de la ‘legitimación democrática’ o acaso confundiendo el poder constituido con  el poder constituyente.

Y recordábamos en aquella misma Newsletter que en una de sus obras más revulsivas, ‘La contrademocracia – La política en la era de la desconfianza’ (Manantial, 2007), Pierre Rosanvallon señaló una tendencia bidireccional en la dinámica de la realidad política: por un lado percibía la aparición de una ‘contra-democracia’ y, por otro, constataba el debilitamiento de la política institucionalizada, aparejado con un creciente desapego social y electoral. El haber observado esa doble tendencia es lo que le llevó a plantearse ‘la falsa evidencia del principio mayoritario’.

Tras aquella publicación, el profesor Rosanvallon siguió buceando en los complejos recovecos de la democracia, considerada por muchos como el ‘menos malo’ de los sistemas políticos, pero afectada en todo caso por una grave crisis con su correspondiente reflejo en el debate social de los últimos años. Su más reciente trabajo de investigación se concretó en una nueva obra, titulada ‘La legitimidad democrática – Imparcialidad, reflexividad y proximidad’ (Paidós Ibérica, 2010), que se convirtió de forma inmediata en una obra de referencia politológica y en la que continuaba criticando las mutaciones del sistema de convivencia en el siglo XXI, teorizando de forma particular justo sobre el fenómeno de la legitimidad en el terreno de la democracia.

Cierto es que la legitimidad democrática se desprende en primera instancia de la voluntad del pueblo expresada en el sufragio universal. Pero, no obstante, determinados conflictos inter-sociales han demostrado que esa voluntad no siempre es ‘general’ y que la mayoría, aun siendo dominante, no deja de representar más que a una parte de la ciudadanía. De hecho, en las grandes democracias, como la francesa y la de Estados Unidos, las virtudes del voto no son evidentes. Fenómenos como la denuncia de los partidos, las críticas del clientelismo político y el antiparlamentarismo, no hacen sino corroborar la crisis de la legitimidad electoral.

Rosanvallon ha demostrado con suma perspicacia que esas dificultades son las que obligaron a las democracias a poner en órbita un ‘sistema de doble legitimidad’. La ‘elección’ continúa siendo el principio clave, pero desde finales del siglo XIX, el poder de la administración pública ha registrado un crecimiento muy sustancial como respuesta a los fallos de la legitimidad electoral. Mientras que la ‘administración’ fue creada en dependencia de ‘lo político’, los escándalos de corrupción y el nepotismo de los gobernantes han contribuido a conferirle la nueva tarea de garantizar la imparcialidad desinteresada del ‘bien común’.

Paréntesis. ¿Será esa nueva garantía y defensa de la democracia  propia del estamento funcionarial la que está comenzando a aflorar, motu proprio, en la Administración de Justicia española en relación con el encausamiento de los políticos corruptos…?

A partir de los años 80, el sistema entra abiertamente en crisis global, debido a la evolución de la economía y de la sociedad que se orientó hacia un modelo más individualizado. La retórica del neoliberalismo contribuyó a socavar la idea de que el poder administrativo encarnaba el interés general. Y Pierre Rosanvallon sostiene que el pueblo es, ciertamente, la fuente de todo poder democrático; pero la elección no garantiza que un gobierno esté al servicio del interés general, ni vaya a estarlo en un futuro.

Para Rosanvallon, el veredicto de las urnas no puede ser el único patrón de legitimidad. Y así lo están percibiendo los ciudadanos, para quienes un poder no puede ser considerado plenamente democrático si no se somete a pruebas de control y validación, a la vez concurrentes y complementarias de la expresión mayoritaria, mientras reclaman un ‘arte de gobierno’ mucho más centrado en el individuo y en sus necesidades y demandas personales.

Ante las dificultades que enfrenta la democracia, Pierre Rosanvallon explica en su libro ‘La legitimidad democrática’ que el gobierno debe atenerse a un triple imperativo, que consiste en distanciarse de las posiciones partidistas y de los intereses particulares (legitimidad de imparcialidad), en tener en cuenta las expresiones plurales del bien común (legitimidad de reflexividad) y, finalmente, en reconocer todas las singularidades (legitimidad de proximidad). De ello se deriva el desarrollo de instituciones como las autoridades de control independientes y los tribunales constitucionales, o la implantación de una forma de gobernar cada vez más atenta a los individuos y a las situaciones particulares.

‘La legitimidad democrática’, y en general las últimas obras de Rosanvallon, nos proporciona las claves para comprender los problemas y consecuencias de las mutaciones de la democracia en el siglo XXI, al tiempo que plantea los elementos necesarios para mejorar la democracia representativa; a la vez nos propone una historia y una teoría de esta necesaria ‘revolución de la legitimidad’. Cumplir con los tres requisitos de legitimidad democrática que propugna (la imparcialidad, la reflexividad y la proximidad), ayudaría a rehabilitar nuestras democracias para vencer el malestar que producen en buena parte de la sociedad actual y que encuentren su nueva emancipación.

El análisis -dice Rosanvallon- deja pocas dudas sobre las condiciones que han de salvaguardar la democracia: “Es bajo la apariencia de afables comunicadores, de hábiles profesionales de la escena de una proximidad calculada que pueden renacer las antiguas y terribles figuras que vuelcan la democracia contra sí misma. Nunca la frontera ha sido tan tenue entre las formas de un desarrollo positivo del ideal democrático y las condiciones de su traición. Es allí en donde la espera de los ciudadanos se manifiesta con mayor agudeza y la conducta de los políticos puede mostrarse de la forma más grosera y devorante. De allí la necesidad imperiosa de constituir la cuestión en objeto permanente de debate público. Hacer que viva la democracia implica más que nunca, mantener una mirada constantemente lúcida sobre las condiciones de su manipulación y las razones de su incumplimiento”.

Pues bien, si los ideólogos y gurús electorales del PP estuvieran algo más formados en sociología política y relaciones humanas, y menos en prácticas de comunicación marrulleras, y un poco más pendientes de la eficacia de la democracia y de la satisfacción o insatisfacción que hoy por hoy produce en la sociedad española, muchos votantes del PP en los últimos comicios legislativos (como muestra la demoscopia política) no renegarían de aquella decisión de voto ni proclamarían una descalificación del Gobierno, con su presidente a la cabeza, realmente dramática. Eso habría sido lo inteligente y no fajarse en la puga contra el PSOE o contra Podemos, aliándose de paso con la oligarquía empresarial y financiera y vapuleando a las clases medias.

Nosotros no vamos a discutir que, en democracia, la legitimidad política la confieren los ciudadanos con sus votos y las instituciones que, a través de mayorías, tienen la capacidad de otorgar el poder en nombre del pueblo. Pero, siguiendo el inteligente análisis sociopolítico del profesor Rosanvallon, sí afirmamos que esa legitimación electoral no es, en modo alguno, un cheque en blanco permanente y sin otra fecha de caducidad que la de la legislatura correspondiente. Por eso, la legitimación de origen se ha de revalidar día a día en el ejercicio del poder, sin olvidar que la ley establece mecanismos judiciales y parlamentarios para apartar a aquellos individuos o gobiernos que violen la norma o traicionen la confianza ciudadana, aunque estén inoperantes básicamente por conveniencia del sistema bipartidista.

El torpe empeño de Rajoy en recortar la democracia

Recientemente hemos criticado la crisis en el ámbito de la Justicia abierta bajo la exclusiva responsabilidad del PP, sobre todo -pero no únicamente-con su renuncia a despolitizar el poder judicial, que es el soporte vital de la libertad y la democracia. Pero antes habíamos señalado que, en paralelo con los recortes sociales, Rajoy también se empeñaba -si cabe con mayor miopía política- en recortar los derechos fundamentales y las libertades públicas consagradas en la Constitución.

Porque, una vez agotado el capítulo de los recortes sociales en la primera mitad de la legislatura, Rajoy se aprestó en su segunda parte a demoler los derechos y libertades civiles (sin solucionar tampoco los problemas del estancamiento económico o del secesionismo catalán). Y en esa jugada, innecesaria en estos momentos y por tanto políticamente torpe, el Gobierno ha manejado un paquete de iniciativas legislativas que suponen una fuerte regresión democrática en el actual modelo de convivencia.

Ese  recorrido autoritario se inició formalmente con la Ley 5/2014, de 4 de abril, de Seguridad Privada, introduciendo reformas de largo alcance en relación con la norma anteriormente vigente (desde 1992). Aun cuando en su paso por el Senado el texto remitido por el Congreso de los Diputados se atemperó en algunos aspectos, entre los más controvertidos destacan:

Ahora, las empresas de seguridad privada podrán encargarse de la vigilancia de cualquier espacio público, aunque sea al aire libre, como una calle peatonal o una plaza, y también del mantenimiento del orden en espectáculos celebrados en el exterior.

La ley de 1992 facultaba a los vigilantes privados sólo para realizar detenciones de ciudadanos en caso de infracciones relacionadas con el objeto de su protección, es decir, limitadas al espacio de su trabajo (interior de edificios, polígonos y urbanizaciones). El Ministerio del Interior modificó esa normativa en la primera versión de la propuesta gubernamental para autorizar al personal de vigilancia detenciones de cualquier tipo, aunque no tuvieran relación con su actividad, y en plena vía pública.

La controversia que generó ese precepto, rechazado por todas las fuerzas políticas de la oposición, llevó al Gobierno a modificarlo en el Senado limitando esa nueva facultad de detención a las infracciones y delitos que estén directamente vinculados con su labor. No obstante, la redacción definitiva de la norma permite a los vigilantes prevenir actuaciones contrarias a la ley y recuerda que, al igual que cualquier ciudadano (en virtud de la Ley de Enjuiciamiento Criminal), quedan facultados para interceptar a cualquier persona en caso de “delito flagrante”, interpretando tal supuesto bajo su propio entendimiento.

La vigilancia perimetral de los centros penitenciarios ha venido siendo una competencia exclusiva de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad (por lo general de la Guardia Civil, y de los Mossos d’Esquadra en Cataluña o de la Ertzaintza en el País Vasco). Sin embargo, la nueva Ley de Seguridad Privada permitirá que personal privado asuma esa labor de control como servicio externalizado, sustituyendo así a un servicio público que ha visto reducida su plantilla por las restricciones en la oferta de empleo público.

Con la nueva ley, los requisitos que deben reunir los vigilantes de seguridad serán menores, permitiendo el acceso a este mercado de un mayor número de personas y con menor formación y, por tanto, reduciendo los salarios.

Por un lado, se levanta la condición pre existente que exigía no tener antecedentes penales para poder ejercer como vigilantes privados, matizando que como restricción sólo se considerarán los de delitos dolosos y de intromisión o vulneración de derechos fundamentales (en estos dos últimos casos sólo durante los cinco años anteriores). Y, por otro, se levanta la exigencia de tener nacionalidad española o de un país miembro de la UE, con lo que también podrán ejercer como vigilantes oficiales todos los naturales de países con los que España tenga acuerdos recíprocos para el desempeño de esta profesión (atentos a lo que nos pueda venir por ahí). Además, se ha rebajado sustancialmente la dureza de las pruebas físicas con las que se mide la aptitud de los candidatos a vigilante.

La ley de 1992 acotaba con claridad las competencias de la seguridad privada y subordinaba su actividad al mandato de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, pero ahora esa ‘subordinación’ se ha convierte en ‘coordinación’, igualando el peso del sector privado y del sector público.

El desembarco privado en la seguridad pública queda patente en la letra d) del artículo 41.3, en la que se establece que las empresas de seguridad privada podrán participar en la “prestación de servicios encomendados a la seguridad pública, complementando la acción policial”. En la práctica, este precepto habilita la implicación de los vigilantes privados en todos los operativos que desarrollen los funcionarios de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, no sólo en los espacios públicos o en las cárceles, por lo que también se les podrá movilizar, por ejemplo, ante manifestaciones ciudadanas…

Además de ser rechazada por todas las fuerzas políticas con representación parlamentaria (con la excepción de CiU por interés competencial), la Ley de Seguridad Privada ha sido muy contestada también en todos los medios no patronales del sector. Para empezar, CSI-F, que es el sindicato mayoritario en la función pública, ha denunciado que la ley no incluye la formación de los vigilantes privados para realizar acciones policiales.

Por su parte, la Asociación Profesional de Detectives Privados de España (APDPE) ha asegurado que la ley no protege adecuadamente los derechos del cliente y de las personas investigadas. Y, dado que la nueva normativa obliga al detective a comunicar al Ministerio del Interior sus contratos, la APDPE subraya que “debería establecer claramente la confidencialidad de los datos de los clientes, salvo resolución judicial”.

Otra de las quejas del colectivo de detectives es que la ley en cuestión impide que se puedan contratar sus servicios en casos penales. Con ello, dicen los detectives, “el ciudadano se ve privado de su derecho a aportar las pruebas necesarias para su defensa, cuando no esté de acuerdo con el resultado de la investigación policial”. La APDPE añade que los servicios de los detectives privados se van a encarecer porque la nueva norma establece formalidades y obligaciones innecesarias, como elaborar informes detallados de la investigación aunque el cliente no los quiera.

Finalmente, la Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC), que ha sido especialmente crítica con la nueva norma, aportando numerosas enmiendas técnicas a todos los grupos parlamentarios que no fueron aprobadas por la mayoría del PP, declaró que el Gobierno ha sacado adelante una ley (con el exclusivo apoyo interesado de CiU) que viene a crear en la práctica una ‘policía privada’, incrementando de forma innecesaria el gasto público y convirtiendo una materia tan relevante y sensible como la seguridad pública y ciudadana en un espacio de negocio privado. Añadiendo literalmente que “sólo queda esperar que en un futuro no muy lejano, antes de que la situación sea irreversible, esta ley que ahora se aprueba pueda ser modificada para que la seguridad pública recupere el lugar que nunca debió perder”.

En apoyo de sus críticas a la nueva Ley de Seguridad Ciudadana, la AUGC publicitó el siguiente resumen de las posiciones políticas manifestadas al respecto (sic):

(…) PNV dijo que “esta ley es mala, en tanto en cuanto interactúa con la ley de protección de la seguridad ciudadana en ámbitos complejos de determinar y que no deben corresponder nunca a agentes privados de seguridad”.

UPyD expuso que “estamos en contra de este proyecto de ley que nos presenta el Partido Popular porque supone una dejación del trabajo que debe hacer el Estado a favor de unas empresas privadas que además no están preparadas para acometerlo… Ahora los agentes de seguridad privada pueden detener, vigilar eventos en la vía pública o vigilar el perímetro de los centros penitenciarios. Lo que debe hacer el Estado es acometer de una vez por todas el aumento de efectivos de las fuerzas de seguridad, en vez de sustituirlos por las empresas privadas”.

IU dijo que “las enmiendas que vienen del Senado no alteran sustancialmente el carácter privatizador de la ley. Ha quedado demostrado que la voluntad del Gobierno y del Partido Popular no era tanto la actualización de un texto que ya tiene más de veinte años, sino sobre todo abrir nuevos espacios de negocio a la seguridad privada… La vigilancia externa de centros penitenciarios, acontecimientos en espacios públicos, la vigilancia de recintos y espacios abiertos, o la participación en servicios encomendados a la seguridad pública, pasa a la esfera de lo privado algo que debe pertenecer exclusivamente al ámbito público”.

Y que “el Gobierno no ha podido esperar a la tramitación final de esta ley, a su entrada en vigor para poner en marcha el contrato de vigilancia privada del perímetro de las instituciones penitenciarias. Al erario público le va a costar casi 7,5 millones de euros esa vigilancia innecesaria porque está encomendada todavía hoy a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado; sin embargo, el Gobierno ha tenido muchísima prisa en sacar ese contrato. Intereses espurios desde luego existen y nos duele que al final el dinero público se acabe gastando para beneficiar a determinadas empresas privadas que tienen relaciones privilegiadas, presuntamente, con miembros del Partido Popular”.

CIU [fuerza que apoyó al Gobierno] afirmó que “estamos satisfechos con la modificación que se ha realizado en el ámbito competencial. Esas enmiendas correctivas del ámbito competencial son positivas porque no hacen otra cosa que respetar el bloque de la constitucionalidad”.

PSOE dijo que “el que quiera seguridad que se la pague, este principio es lo que hoy propone esta Cámara, no todos los españoles van a tener a partir de ahora el mismo nivel de seguridad, ya que este proyecto degrada su concepción como derecho para convertirlo en buena medida en una oportunidad más de negocio… Incluso en vías o espacios públicos vigilantes de seguridad privada podrán detenernos o pararnos, si quieren decirlo así, identificarnos y cachearnos… Posibilita obligar a los organizadores de eventos a contratar seguridad privada, desde una concentración cicloturista a una manifestación anti gubernamental, pasando por los partidos de fútbol modestos o los maratones populares”.

Y que “la patronal de la seguridad privada está hoy de enhorabuena, contarán con nuevos nichos de negocio: los recintos exteriores de las prisiones y de los CIE, la participación en la prestación de servicios encomendados a la seguridad pública, incluida la disolución de manifestaciones, las vías y los espacios de uso común de las urbanizaciones y polígonos industriales que se la puedan pagar, cualquier calle o espacio público… Instauran definitivamente el principio tan querido para el Partido Popular, de que el que quiera seguridad que se la pague, expresión de su delegado, Ansuátegui, en Madrid; lo dijo y demostró ser hombre de creencias firmes, porque acabó de gerente de la Fundación Eulen, una de las grandes de la seguridad española”.

PP expuso que “más y mejor seguridad para todos los españoles, esa sería la síntesis del proyecto que ahora traemos en su trámite final al Congreso… Son más de 1.400 empresas de seguridad privada que desarrollan su actividad en nuestro país, y son más de 80.000 empleos los que queremos que se aprovechen en beneficio de la seguridad de todos… Si les vamos a pedir a los agentes privados que trabajen para nosotros es lógico y coherente que también les demos una mayor protección jurídica mediante la incorporación de agente y de autoridad a nivel penal”.

Como conclusión, la AUGC manifestó que el objeto de la nueva Ley de Seguridad Privada no ha sido otro que el de privatizar una gran parte de la seguridad pública. Y añadió que para ello se está contraviniendo el espíritu de la Constitución, de la Ley de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad y de la Ley de Seguridad Ciudadana, que otorgan al Estado la competencia exclusiva sobre la seguridad pública, debiéndose ejercer únicamente a través de los organismos públicos legitimados como garantes del libre ejercicio de las libertades constitucionales y de la seguridad ciudadana.

Lo incontrovertido en materia de seguridad pública es que, antes de esta reforma legislativa, España ya se encontraba a la cabeza de los países europeos con más policía por habitantes (516 agentes por cada 100.000 ciudadanos, frente a los 385 de media de la Unión Europea) y también con más tipos distintos de organismos de naturaleza ‘policial’ (Cuerpo Nacional de Policía, Guardia Civil, Policía Municipal, Policías Autonómicas, Vigilancia Aduanera, Funcionarios de Prisiones…). Un auténtico popurrí por el que las cifras manejadas en las comparaciones oficiales pueden quedar muy por debajo de la realidad.

Pero, aun así, la intención del Gobierno no deja de querer aumentar este desmesurado ratio policial asignando ahora a los vigilantes privados (que ascienden a cerca de 100.000 con visos de gran crecimiento) funciones “complementarias” de la seguridad pública sin duda controvertidas en el Estado de Derecho y para las que, hoy por hoy, es difícil reconocerles suficiente capacitación profesional.

El ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, dijo al respecto que la nueva ley “abrirá la posibilidad de prestar nuevos servicios demandados por la sociedad y que no estaban recogidos en la anterior normativa de 1992”. Pero, ¿qué demandas son estas y por qué razón no competen a la seguridad pública…? ¿Acaso pretende también el Gobierno una seguridad distinta para ciudadanos ricos y otra para ciudadanos pobres…?

La realidad es que el Gobierno concede más poder a los simples ‘vigilantes’ de forma temeraria, convirtiéndoles en una suerte de policías sin placa pero con la posibilidad de detener, identificar y cachear a los ciudadanos… sin más formación para ello que la de la Educación Secundaria Obligatoria. Conociendo cómo funciona la seguridad privada en España y viendo el porte ‘alumbrado’ de la mayoría de sus vigilantes (incluida pistola al cinto), no es difícil aventurar que darán bastante quehacer a la policía profesional y, por supuesto, a la Administración de Justicia (como en el ‘caso Madrid Arena’)…

La masiva oposición a la ‘Ley Mordaza’ del PP

Pero ni este oscuro negocio de la seguridad privada, que de momento genera una facturación anual de casi 4.000 millones de euros sólo en seguridad privada de personal (seguridad de sistemas aparte), ni la decidida disposición del Gobierno a ver detrás de cada ciudadano que se manifiesta legítimamente en contra de sus políticas a un agitador revolucionario que pretende desestabilizar el sistema, constituyen la mayor preocupación de los ciudadanos españoles.

Ahí está también para reafirmar la vocación autoritaria de Rajoy la barbarie del Proyecto de Ley Orgánica de Protección de la Seguridad Ciudadana (conocida como ‘Ley Mordaza’), aprobada el pasado 11 de diciembre en el Congreso de los Diputados con los votos exclusivos del PP y la fuerte oposición de todas las demás fuerzas políticas presentes en la Cámara (es decir a base de ‘rodillo parlamentario’). Normativa del más alto rango legal que, sin duda alguna, es un serio obstáculo para la recuperación electoral del PP al menos en el espacio político de centro-derecha, que es en el que se suele ganar o perder la confianza de la representación social.

Un texto que ya se ha trasladado al Senado para culminar su tramitación legislativa y que avergonzaría a cualquier democracia occidental. De hecho, según una encuesta de Metroscopia realizada para Avaaz.org -que es una ONG de movilización social online para integrar el impulso ciudadano en las tomas de decisiones políticas globales-, el 82% de los españoles reprueban su contenido y se muestran disconformes con su aprobación por las Cortes Generales.

El Ejecutivo sostiene que con la reforma de las leyes de seguridad privada y de protección ciudadana, se garantizan mejor los derechos fundamentales y las libertades públicas. Pero la oposición en general, y sobre todo la mayoría progresista, las entiende como instrumentos de una ideología reaccionaria para “reprimir e intimidar” a quienes pretendan expresar su protesta y sus discrepancias políticas en la calle.

Ya durante la sesión de control al Gobierno del 11 de diciembre de 2013 en el Congreso de los Diputados, Soraya Rodríguez, entonces portavoz del PSOE, señaló como una auténtica “vergüenza” que el propio Consejo de Europa hubiera advertido que los planteamientos recogidos en el proyecto de ley orgánica correspondiente se orientaban “en contra de los derechos de los españoles” (que también son ciudadanos europeos), avisando con sensatez a la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría: “¡Cuidado!, no subestimen la gran potencia de la ciudadanía”. La respuesta obtenida, fue un ácido requerimiento a precisar qué derechos y a qué ciudadanos quería proteger, y si sus palabras de defensa se referían a víctimas o a agresores, dejando bien patente la posición autoritaria del Ejecutivo.

Es evidente que en esta reforma legislativa están presentes determinadas actuaciones protagonizadas en torno al Congreso de los Diputados por los movimientos ciudadanos surgidos a raíz del 25-M, así como los ‘escraches’ a políticos, que los jueces han entendido como conductas no delictivas porque forman parte de la libertad de expresión. Ahora, manifestaciones de este tipo, extendidas al Senado y a las asambleas autonómicas, podrían ser consideradas según el nuevo texto legal como infracciones administrativas muy graves y sancionadas nada menos que con multas de 30.001 a 600.000 euros, sin necesidad de juicio o resolución judicial al respecto (las sanciones graves llegarán hasta los 30.000 euros y las leves hasta 600 euros).

Una potestad gubernamental claramente excesiva y propia del Estado autoritario (por no decir dictatorial), con un baremo de multas situado fuera de la realidad económica del país, socialmente aberrante, rayano en la estulticia política y alumbrado por un partido que, además, se mueve en las alcantarillas del dinero negro como pez en el agua y manejando cantidades que comparativamente dejan estas sanciones en pura calderilla... ¿Y por qué razón estas multas gubernativas, no judiciales, que casi multiplican por 1.000 el salario mínimo interprofesional, superan infinitamente el importe de las sanciones e indemnizaciones legales establecidas, por ejemplo, en multitud de delitos fiscales, contra la salud pública o contra la seguridad vial…?

En la sesión plenaria del Congreso de los Diputados (11 de diciembre) que debatió y aprobó el proyecto de ley con los votos exclusivos del PP para su traslado al Senado, todos los portavoces de la oposición manifestaron su rechazo a la norma, bautizada como hemos señalado como ‘Ley Mordaza’, comprometiéndose en sus sucesivas intervenciones a derogarla en la próxima legislatura si logran una mayoría de votos para ello. Feliu-Joan Guillaumes, portavoz de CiU, matizó que su postura sería la de cambiar la ley “de arriba abajo, profundamente”, sin dejar de acusar al Gobierno de comportamiento “totalitario” y de perder con ello “la razón” en su defensa general de la ley.

Uno de los aspectos más criticados (incluso por la Conferencia Episcopal Española), por razones legales y de humanidad, ha sido la decisión del Gobierno de modificar la Ley de Extranjería (a través del texto de esta nueva norma) para dar cobertura legal a las 'devoluciones en caliente' de aquellos inmigrantes que pasen irregularmente a territorio español, hasta ahora prohibidas porque los inmigrantes que llegan a suelo español tienen derecho a asistencia letrada y a que se compruebe si son menores o refugiados. Una decisión que solo fue defendida por el portavoz del PP, Conrado Escobar.

Los argumentos que han utilizado los portavoces de la mayoría de los grupos de la oposición para rechazar el proyecto gubernamental casi en su integridad, han sido muy similares, centrándose básicamente en que se trata de una reforma innecesaria, que limita los derechos fundamentales, cercena las libertades ciudadanas y que significa el regreso al antiguo Tribunal de Orden Público (el TOP franquista). En el frente común para denunciar en la tribuna el contenido de la norma, no faltaron expresiones de grueso calibre parlamentario como “represión”, “barra libre para la policía”, “ataque a las libertades” o “aberración jurídica”, entre otras.

Para el portavoz del PSOE, Antonio Trevín, lo que directamente pretende el Gobierno es recortar los derechos “normales” de manifestación y convertir al ciudadano crítico en un “enemigo de la sociedad”, tildando la norma de “innecesaria” y de una “vuelta al estado policial”. Trevín señaló igualmente que “con la coartada de la seguridad quieren cercenar derechos de los ciudadanos, imponiendo el derecho administrativo del enemigo y eliminando el control judicial”, dejando la puerta abierta a promover un recurso ante el Tribunal Constitucional.

Como muestra del rechazo de la oposición, Ricardo Sixto, de La Izquierda Plural, defendió el gesto de sus compañeros de escaño al mostrarse en el hemiciclo con una mordaza sobre sus bocas, tratando -dijo dirigiéndose a los diputados del PP- de “manifestar gráficamente lo que ustedes van a imponer al pueblo”. E insistió en que lo único pretendido por el Gobierno era “resucitar” el Tribunal de Orden Público, creado por el franquismo en 1959, y con él, que regresaran los “grises”, la policía represiva de entonces, recalcando: “Hoy vivimos una jornada infausta para la democracia con la aprobación de esta ley”.

Toni Cantó sentenció en nombre de UPyD que el Gobierno “vuelve a errar el tiro”, reprochando al PP y al PSOE la imagen de “corrupción generalizada” que ambos partidos trasladan a la opinión pública, y que, a su juicio, es lo que motiva la indignación de la gente. "Son ustedes los que están bajo sospecha, no los ciudadanos, que están demostrando una paciencia y una madurez extraordinarias", reprochó. En su intervención, Cantó también sostuvo que no se puede “ilegalizar lo que a todas luces es legal”, además con sanciones “desproporcionadas” e “ineficaces”, resumiendo: “Esta ley no es necesaria, viola la jurisprudencia europea y el Convenio Europeo de Derechos Humanos y recorta derechos fundamentales como el de manifestación y el de reunión”.

Por su parte, el portavoz del PNV, Emilio Olabarría, dejó en evidencia al ministro del Interior, Fernández Díaz, al asegurar que sus declaraciones invitando a los que critican las devoluciones de inmigrantes en la frontera a acogerlos en su casa, demuestran “cierta derrota política” y una ignorancia clara del ordenamiento jurídico español e internacional. Sostuvo que la norma contradice tanto la Constitución como los tratados internacionales firmados por España en lo referido a las ‘devoluciones en caliente’ de inmigrantes, que el Gobierno convierte en ‘entregas en frontera’ y legaliza en fraude de ley.

Dentro del Grupo Mixto, Joan Tardà, de ERC, no dudó en definir la nueva norma legal como “locura política y ataque endemoniado a las libertades” (de expresión, reunión y manifestación), considerando que en ella quedan “supeditadas” a la arbitrariedad del Ejecutivo, “dando barra libre a la Policía”. Uxue Barkos (de Geroa Bai) pidió al Gobierno que escuchase a la ciudadanía y a la Unión Europea, cuyo comisario de Derechos Humanos, aseguró en referencia al proyecto de ley que “España pretende hacer legal lo ilegal”. Joan Baldoví (de Compromís) dijo que el Gobierno “pretende domesticar manifestaciones con una ley injusta”, en lugar de legislar contra la corrupción o para ayudar a los necesitados. Rosana Pérez (de BNG) afirmó que “se institucionaliza la represión y se da una vuelta de tuerca para atemorizar a los ciudadanos en un Estado policial”. Y, finalmente, Xavier Errekondo (de Amaiur) sostuvo que “el Gobierno quiere aplicar la ley de la calle es mía”…

Rajoy se revela como un demócrata de pacotilla

Al margen de lo que en el ámbito de las libertades ha supuesto también el intento, fallido por el momento, de reforma de la llamada ‘Ley del Aborto’ (Ley Orgánica 2/2010, de salud sexual y reproductiva y de la interrupción voluntaria del embarazo), o la firme intención gubernamental de aprobar una ‘ley de servicios mínimos’ que, por lo anunciado, podría colisionar con el derecho de huelga reconocido en la Constitución, la vocación autoritaria de Rajoy se ha mostrado de hecho verdaderamente irrefrenable en otras muchas iniciativas legislativas. Todas ellas consumadas en base al rodillo que supone la actual mayoría parlamentaria del PP (que curiosamente no se ha usado para reformas más perentorias) y en una línea de anti democracia sin precedentes desde el franquismo.

De gran relevancia en ese sentido han sido la reafirmación de la injerencia partidista en la Administración de Justicia, el seguir politizando el Tribunal Constitucional, consumar una Ley de Tasas reputada de inconstitucional, etc... Con independencia de la especial atención que también merece la reforma del Código Penal puesta en marcha por el Gobierno y que en su tramitación parlamentaria ha generado casi 900 enmiendas y una crítica generalizada de los grupos de la oposición a la celeridad con la que el PP está tramitando un texto de tal magnitud y relevancia, con algunas medidas innovadoras sin consenso, entre ellas la prisión permanente revisable o la regulación de la libertad vigilada.

Otro de los problemas que por su alcance político suscita la reforma del Código Penal, es el de la modificación o no del vigente artículo 315 que establece penas de privación de libertad desproporcionadas (de hasta tres años de cárcel) para los piquetes sindicalistas que coaccionen a otros trabajadores en situaciones de huelga. De hecho, poco antes de su dimisión al frente de la Fiscalía General del Estado, Eduardo Torres-Dulce manifestó en el Congreso de los Diputados su “preocupación” con el tema, asumiendo que, en efecto, existe “un problema de desvalor de la conducta y de desproporción sobre el bien protegido”, brindándose entonces a buscar una solución “porque nosotros [el Ministerio Público] no estamos cómodos”…

Es decir, que en el ámbito legislativo tenemos un presidente del Gobierno convertido a la chita callando (y en contra de sus promesas electorales regeneracionistas) en un auténtico rayo dictatorial que no cesa. Una actitud bien percibida y expuesta por Marc Carrillo, catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad Pompeu Fabra, en un reciente artículo de opinión publicado en El País (29/12/2014) y dedicado a la memoria del galardonado escritor y periodista Joan Barril.

En su tribuna pública, el profesor Carrillo deja constancia de la senda autoritaria por la que está caminado el Gobierno, tomando como una última referencia la reforma que planea de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, que a su juicio se encuentra en las antípodas de un sistema democrático. Lo que se pretende con ella -dice- es reinventar la propia Constitución, y recalca que los ciudadanos tienen legítimo derecho a que no se intercepten sus comunicaciones con otras personas:

El derecho a no ser espiado

Corren malos tiempos para los derechos fundamentales. A los efectos demoledores de la interminable crisis económica sobre los derechos laborales y sociales, se añaden ahora los muy serios riesgos que se ciernen para los derechos de libertad. A los peligros que plantea el proyecto de Ley Orgánica de Seguridad Ciudadana con respecto a los derechos de reunión y manifestación, entre otros, ahora se les añade la amenaza al derecho al secreto de las comunicaciones reconocido por el artículo 18.3 de la Constitución, que impide su interceptación salvo que medie autorización judicial. Sólo en los casos de las investigaciones correspondientes sobre bandas armadas o elementos terroristas, la interceptación puede ser acordada con carácter individual por la autoridad gubernativa (artículo 55.2).

No es una cuestión banal; el peligro es real, a la vista del contenido del anteproyecto de reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal aprobado recientemente por el Consejo de Ministros. Se trata de una previsión por la que el Gobierno pretende ampliar los supuestos excepcionales en los que, sin autorización judicial previa, el ministro del Interior o el secretario de Estado de Seguridad pueden ordenar la intervención de las comunicaciones.

El texto establece una ampliación que ahora abarca a las investigaciones que se lleven a cabo en relación a delitos contra menores o personas con capacidad modificada judicialmente, además de otros delitos que en virtud de las circunstancias del caso puedan ser considerados de especial gravedad y existan razones fundadas que hagan imprescindible la intervención de las comunicaciones.

Pues bien, de prosperar esta nueva regulación supondría una clara reinvención de la Constitución por parte del legislador, que a través de una ley estaría reinterpretando el sentido de las garantías de este derecho fundamental con una lógica autoritaria, haciéndole decir a la Constitución lo que ésta no dice. Cosa que no puede hacer. Veamos por qué.

La primera razón se funda en que las excepciones a la intervención judicial de las comunicaciones, esto es, la posibilidad de que sea la autoridad gubernativa (el ministro o el secretario de Estado) y no el juez quien autorice la interceptación de las comunicaciones, ha de ser extraordinaria, ya que supone una suspensión individual de este derecho fundamental. Esta posibilidad está solamente prevista para casos de terrorismo y bandas armadas, pero no para otros. Sin embargo, el anteproyecto introduce una cláusula en blanco, una especie de vía abierta para incluir otros supuestos, como entre otros son los delitos de especial gravedad, sin especificar cuáles han de ser éstos. Motivo por el cual esta genérica ampliación material queda a extramuros de lo que prevé la Constitución. Dicho de otra manera, la reinventa.

La segunda se basa en que la regulación por la que se prevé que una vez tomada la medida de intervenir las comunicaciones, la autoridad gubernativa la comunicará al juez en el plazo de máximo de 24 horas, no es una razón que permita sanar el vicio de origen de este texto. Esta eventualidad es constitucionalmente legítima, como antaño ya reconoció el Tribunal Constitucional en su sentencia 199/1987, sólo para los casos excepcionales previstos por la Constitución, pero no para los que ahora pretender introducir el anteproyecto.

En realidad, lo que este texto está haciendo es incorporar un control preventivo del derecho al secreto de las comunicaciones, a través de la prioridad para la interceptación que otorga al ministro del Interior, en demérito del preceptivo control judicial. Por ello, esta forma de control a priori de los derechos fundamentales está a las antípodas de un sistema democrático de garantía de las libertades públicas y más bien es sinónimo, como sostenía el gran administrativista francés Jean Rivero, de formas de Gobierno autoritarias.

Porque, en definitiva, ¿qué es lo que está en juego? Pues nada menos que un derecho tan relevante como es la libertad del ciudadano a no ver interceptadas sus comunicaciones con otra persona. Valga la expresión coloquial, su derecho a no ser espiado. Como dicen los juristas, el bien jurídico protegido es la libertad para comunicarse, cualquiera que sea el sistema empleado para hacerlo. Ya sea a través de las formas tradicionales como el teléfono convencional, o las distintas modalidades de redes sociales.

Conviene precisar que lo que el derecho al secreto de las comunicaciones garantiza en primer término no es la intimidad de la persona, sino algo previo a éste como es su derecho a la impenetrabilidad de su comunicación, con independencia del contenido de lo que diga, ya sea parte integrante o no de su ámbito privado. Y si así lo fuese, también se vulneraría su derecho a la intimidad. En segundo lugar, como recuerda el Tribunal de Estrasburgo, se protege la identidad de los comunicantes (sentencia del ‘caso Malone’, de 2/8/1984) y, finalmente, también se preservan los aspectos externos de la comunicación como el momento, la duración y el destino de la misma.

Por todo ello, la garantía que el Estado democrático ha de ofrecer al ciudadano es que, salvo en los casos excepcionales que fija la Constitución, cuando el juez y sólo él decida autorizar la interceptación de las comunicaciones, lo sea en casos de delitos graves y que la medida limitativa sea proporcional al daño que se pretende evitar.

Pero, más allá de esta documentada opinión doctoral, el propio Consejo General del Poder Judicial también ve inconstitucional que se puedan interceptar conversaciones telefónicas sin una autorización judicial previa, según pretende el Gobierno, entre otras cuestiones discutibles del texto remitido al alto organismo. De momento, así consta en la ponencia que han elaborado tres de sus miembros (los jueces Juan Manuel Fernández, Fernando Grande-Marlaska y Rafael Mozo) para debatir a partir del próximo lunes en su Pleno…

Por nuestra parte, en anteriores Newsletters ya hemos criticado de forma insistente otras dos leyes que, entre otras cosas, menoscaban seriamente el derecho a la tutela judicial efectiva de los ciudadanos consagrado en el artículo 24 de la Constitución, hasta el punto que las asociaciones de jueces y fiscales pidieran su derogación incluso con una huelga sectorial seguida masivamente el 20 de febrero de 2013. Una es la Ley Orgánica 8/2012, de 27 de diciembre, que imponía una primera modificación de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, y otra la Ley 10/2012, de 20 de noviembre, conocida como el ‘tasazo’.

Y mucho más hemos criticado la última reforma del Poder Judicial (Ley Orgánica 4/2014, de 11 de julio), acometida por el Gobierno de Rajoy justo en contra de la despolitización de dicha institución que había prometido acometer cuando accediera a la Presidencia del Gobierno…

Todo ello sin olvidar la pasividad de Rajoy para realizar otras reformas legales de corte regeneracionista bien sencillas, lo que supone una forma pasiva de entender el mismo autoritarismo con el que se ha descarado una vez asentado en el poder.

En ese olvido reformador se encuentra la vigente ley franquista de Secretos Oficiales (Ley 9/1968, de 5 de abril, modificada por Ley la 48/1978, de 7 de octubre, reputada de inconstitucional por el Defensor del Pueblo. Y también la Ley de 18 de junio de 1870, que establece reglas para el ejercicio de la gracia de indulto, vigente desde que fuera sancionada por el ministro de Gracia y Justicia, Eugenio Montero Ríos, con el general Prim presidiendo el Consejo de Ministros, y que de acuerdo con la actual Constitución incumple el deber de sujeción al derecho de todos los poderes, propiciando la discrecionalidad política de forma arbitraria, al no requerir explicación alguna para su concesión, y dejar sin efecto las condenas.

Seguir amparando estas leyes inconstitucionales cuando se dispone de una mayoría parlamentaria para adecuarlas al menos al espíritu y la letra de la Carta Magna, es ciertamente revelador de la verdadera ideología de Mariano Rajoy. Tras haber permanecido enmascarada durante años en la reiterada proclamación del PP como fuerza política de centro-derecha, ahora, una vez alcanzada la Presidencia del Gobierno y ejerciéndola con mayoría absoluta en las cámaras legislativas, se muestra en efecto como un demócrata de pacotilla.

Aún más, ahora se retrotrae a los tiempos de su prematura militancia en la antigua Alianza Popular, cuando oficiaba de comisario del ‘fraguismo’ en Galicia y defendía sus firmes convicciones sobre la necesidad de crear una sociedad desigual, basada en la supremacía de los hijos de “buena estirpe” y sin reconocer que, aun siendo desiguales, todos los hombres y mujeres son seres humanos iguales en sus derechos y obligaciones. Teoría expuesta por Rajoy como diputado de AP en el Parlamento gallego en el siguiente artículo de opinión publicado en el diario Faro de Vigo (04/03/1983), y que retrata -en negro sobre blanco- a todo un fascista en potencia:

Igualdad humana y modelos de sociedad

Uno de los tópicos más en boga en el momento actual en que el modelo socialista ha sido votado mayoritariamente en nuestra patria es el que predica la igualdad humana. En nombre de la igualdad humana se aprueban cualesquiera normas y sobre las más diversas materias: incompatibilidades, fijación de horarios rígidos, impuestos –cada vez mayores y más progresivos- igualdad de retribuciones…En ellas no se atiende a criterios de eficacia, responsabilidad, capacidad, conocimientos, méritos, iniciativa o habilidad: sólo importa la igualdad. La igualdad humana es el salvoconducto que todo lo permite hacer; es el fin al que se subordinan todos los medios. 

Recientemente, Luis Moure Mariño ha publicado un excelente libro sobre la igualdad humana que paradójicamente lleva por título ‘La desigualdad humana’. Y tal vez por ser un libro ‘desigual’ y no sumarse al coro general, no ha tenido en lo que ahora llaman "medios intelectuales" el eco que merece. Creo que estamos ante uno de los libros más importantes que se han escrito en España en los últimos años. Constituye una prueba irrefutable de la falsedad de la afirmación de que todos los hombres son iguales, de las doctrinas basadas en la misma y por ende de las normas que son consecuencia de ellas.

Ya en épocas remotas -existen en este sentido textos del siglo VI antes de Jesucristo- se afirmaba como verdad indiscutible, que la estirpe determina al hombre, tanto en lo físico como en lo psíquico. Y estos conocimientos que el hombre tenía intuitivamente -era un hecho objetivo que los hijos de “buena estirpe” superaban a los demás- han sido confirmados más adelante por la ciencia: desde que Mendel formulara sus famosas ‘Leyes’ nadie pone ya en tela de juicio que el hombre es esencialmente desigual, no sólo desde el momento del nacimiento sino desde el propio de la fecundación. Cuando en la fecundación se funde el espermatozoide masculino y el óvulo femenino, cada uno de ellos aporta al huevo fecundado -punto de arranque de un nuevo ser humano- sus veinticuatro cromosomas que posteriormente, cuando se producen las biparticiones celulares, se dividen en forma matemática de suerte que las células hijas reciben exactamente los mismos cromosomas que tenía la madre: por cada par de cromosomas contenido en las células del cuerpo, uno solo pasará a la célula generatriz, el paterno o el materno, de ahí el mayor o menor parecido del hijo al padre o a la madre. El hombre, después, en cierta manera nace predestinado para lo que habrá de ser. La desigualdad natural del hombre viene escrita en el código genético, en donde se halla la raíz de todas las desigualdades humanas: en él se nos han transmitido todas nuestras condiciones, desde las físicas: salud, color de los ojos, pelo, corpulencia… hasta las llamadas psíquicas, como la inteligencia, predisposición para el arte, el estudio o los negocios. Y buena prueba de esa desigualdad originaria es que salvo el supuesto excepcional de los gemelos univitelinos, nunca ha habido dos personas iguales, ni siquiera dos seres que tuviesen la misma figura o la misma voz.

Esta búsqueda de la desigualdad, tiene múltiples manifestaciones: en la afirmación de la propia personalidad, en la forma de vestir, en el ansia de ganar -es ciertamente revelador en este sentido la referencia que Moure Mariño al afán del hombre por vencer en una Olimpiada, por batir marcas, récords…-, en la lucha por el poder, en la disputa por la obtención de premios, honores, condecoraciones, títulos nobiliarios desprovistos de cualquier contrapartida económica… Todo ello constituye demostración matemática de que el hombre no se conforma con su realidad, de que aspira a más, de que busca un mayor bienestar y además un mejor bien ser, de que, en definitiva, lucha por desigualarse.

Por eso, todos los modelos, desde el comunismo radical hasta el socialismo atenuado, que predican la igualdad de riquezas -porque como con tanta razón apunta Moure Mariño-, la de inteligencia, carácter o la física no se pueden “decretar” y establecen para ello normas como las más arriba citadas, cuya filosofía última, aunque se les quiera dar otro revestimiento, es la de la imposición de la igualdad, son radicalmente contrarios a la esencia misma del hombre, a su ser peculiar, a su afán de superación y progreso y por ello, aunque se llamen a sí mismos “modelos progresistas” constituyen un claro atentado al progreso, porque contrarían y suprimen el natural instinto del hombre a desigualarse, que es el que ha enriquecido al mundo y elevado el nivel de vida de los pueblos, que la imposición de esa igualdad relajaría a cotas mínimas al privar a los más hábiles, a los más capaces, a los más emprendedores… de esa iniciativa más provechosa para todos que la igualdad en la miseria, que es la única que hasta la fecha de hoy han logrado imponer.

Escrito está. Y aquellos resabios doctrinales son los que pudieron llevar a Rajoy a aclarar, en diciembre de 2013, que no era “un fascista contumaz”, dadas las numerosas protestas y comentarios de los periodistas sobre su negativa a que le pregunten libremente durante sus comparecencias (algo desde luego inhabitual en un presidente de Gobierno democrático).

Lo cierto es que a partir de conocerse públicamente el Proyecto de Ley Orgánica de Protección de la Seguridad Ciudadana (la ‘Ley Mordaza’), la prensa internacional utilizó para categorizarla expresiones tan duras como “autoritaria”, “amenaza a la democracia”, “camino a una dictadura”, “vuelta atrás hacia el fascismo”, “problemática”… y otras parecidas, alarmando a las autoridades europeas con los portavoces conservadores a la cabeza. Una respuesta generalizada en contra de las pulsaciones facistoides del Gobierno de Rajoy que invadió los rotativos europeos, empezando por el alemán Die Tageszeitung (TAZ) y terminando por el británico The Guardian.

Cierto es que algunos políticos españoles transitaron meritoriamente del fascismo a la democracia, sin despeinarse. Y ahora parece que, también sin despeinarse, otros están regresando desde la democracia burguesa al fascismo. Atentos al empujón de batacazo electoral que pueden darle al PP.

Fernando J. Muniesa 

Nada gustaría más a los españoles en la actual situación de crisis económica e institucional que poder confirmar un balance de gobierno -ya sea anual o de legislatura-, realmente positivo, viniera de la mano de quien viniera. Pero, de la misma forma, nada es tan insoportable como tener que sufrir las continuas y contumaces versiones falsarias de una realidad incontrovertible que el presidente Rajoy manipula sin piedad, tratando de hacer pasar a los gobernados como una pandilla de tontos o de ciudadanos incultos.

La semana pasada ya tratamos en otra Newsletter la crisis en el sistema de Justicia que el Gobierno del PP ha generado por sí mismo y bajo su exclusiva responsabilidad, sin precedentes en nuestra historia reciente y notablemente debilitadora de la propia democracia. Y ahora, ciertamente indignados por el triunfalismo del balance político de 2014 realizado por el Gobierno del PP, en el que se magnifican cuestiones pírricas (como el aumento de las pensiones en un 0,25%, que apenas equivale a tres euros sobre su cuantía media mensual), se siguen ocultando situaciones de un dramatismo social intolerable y se sostienen errores de política económica que sólo servirán para consolidar la situación de crisis, sin mostrar el menor ánimo de rectificación, creemos necesario poner de relieve el gran fracaso de la lucha gubernamental contra el desempleo.

Un desastre que, en contraposición con todas las lecturas macroeconómicas interesadas del Ejecutivo (en todo caso de logros nimios) y sus analistas comparsas, cercena radicalmente cualquier perspectiva razonable de superar la crisis a corto y medio plazo, volviendo a invalidar las promesas electorales de Rajoy, incumplidas desde el 2011 e incumplibles también a partir del 2015 si se sigue con la misma política económica y sin reformas estructurales que potencien las actividades productivas.

Hasta el Rey, legítimamente ansioso por sintonizar con la realidad social, ha convenido en dejarse de triunfalismos enervantes y en puntualizar durante su mensaje institucional de fin de año: “Los índices de empleo son todavía inaceptables”. Un delicado y claro toque de atención dentro de un discurso que no debe ser político, pero que no deja de cuestionar la actitud del Gobierno y de indicarle la necesidad de asumir la dramática realidad de nuestra economía y de reconocer el fracaso de la lucha contra el paro.

El paro arruinará las expectativas electorales del PP

Con independencia de cualquier otra alusión a los hipotéticos logros que el presidente Rajoy ha manejado en su balance político de 2014, es decir centrados únicamente en sus referencias al problema del paro, capital en el enquistamiento de la crisis económica, lo resaltado oficialmente es que en ese año se han creado unos 550.000 empleos, sin especificar cuántos del total existente son a tiempo completo, de media jornada o tienen carácter temporal. Y, sin correlacionar tampoco esa cifra con los puestos de trabajo destruidos desde 2011 (reducción del mercado laboral y por tanto de la masa salarial y de la capacidad de gasto nacional), o sea a lo largo de la actual legislatura gobernada por el PP, cifra que asciende a unos 650.000.

Rajoy presumió de haber creado 550.000 empleos en 2014, aclarando que se refería al dato de ocupados de septiembre de 2014 comparado con el de marzo del mismo año, según la Encuesta de Población Activa (EPA). Pero si hubiera ampliado el foco de la comparación y utilizado el dato que se encontró al llegar al Gobierno (finales de 2011) habría sido más prudente: España tiene hoy 650.000 ocupados menos y todavía casi 500.000 parados más de los que dejó el Gobierno de Rodríguez Zapatero (exactamente 449.400 si comparamos datos del tercer trimestre de 2011 y de 2014 de la EPA).

Y si tomamos la referencia del porcentaje de paro registrado en las mismas fechas (ver cuadro adjunto), resulta que en 2014 aún andamos 2,15 puntos por encima de la tasa de desempleo constatada por la EPA en 2011 (un 23,67% frente al anterior del 21,52%). Eso es lo que hay.

 

Un balance ciertamente pobre (como hemos dicho Felipe VI lo ha tildado con acierto de “inaceptable”) que dista mucho de aquella fanfarronada puesta por el PP en boca de Esteban González Pons (cuando era su vicesecretario general de Comunicación) de que en la actual legislatura el Gobierno de Rajoy crearía 3.500.000 puestos de trabajo. Y no digamos menos del arrebato visionario que tuvo su propio presidente durante la campaña electoral de 2011 con esta promesa incumplida (como otras muchas): “Cuando gobierne bajará el paro”.

Claro está que en sus tácticas propagandistas, el Gobierno del PP ha venido manejando preferentemente durante tres años los datos del paro registrado en el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) -el INEM desapareció nominalmente en diciembre de 2003- y sus fluctuaciones estacionales, presumiendo con ellos de logros esperpénticos sino falsos, en su lucha contra el brutal desempleo que ha asolado y sigue asolando el país. Actitud que, por otra parte, no deja de evidenciar la absoluta ineficacia de la política económica con la que se está afrontando la crisis.

Ahora, forzado por la Comisión Europea, el Gobierno parece obligado a trabajar con la información general de la EPA, que muestra datos del paro peores y mucho más significativos, sencillamente porque no todos los parados están inscritos en una oficina del SEPE o del antiguo INEM. Pero, no obstante, los corifeos de Moncloa siguen aireando a conveniencia los registros del SEPE/INEM, de forma que, ateniéndose por ejemplo a los hitos del mes de noviembre, si en 2011 se registraron 4.420.462 parados, en el mismo mes de 2014 eran 4.512.116, cifra situada muy por debajo de la realidad mostrada por la EPA pero que en todo caso todavía contabiliza casi 100.000 parados más de los heredados al principio de la legislatura (exactamente 91.654).

Evolución del Paro

SEGÚN LA ENCUESTA DE POBLACIÓN ACTIVA (EPA) 

Pero, volviendo a la EPA, que es el instrumento estadístico más fiable para controlar la población activa y las correspondientes tasas de desempleo, es evidente que el triunfalismo económico de Rajoy carece de argumentos de peso y que su balance en la lucha contra el paro (determinante para superar la crisis) está todavía muy lejos de los niveles en los que se lo encontró al iniciar su mandato de gobierno en 2011. Sobre todo si el actual empleo se traduce a jornadas laborales constantes de aquel año, es decir si se contabiliza el empleo por horas de trabajo en vez de hacerlo sólo por empleados aunque lo sean a media jornada o con horarios reducidos (de esa forma el paro se situaría en torno al 30% alcanzando una nueva punta sin parangón histórico).

Y si resituar el paro en el punto dejado por el PSOE se muestra difícil (al margen de que eso significase una catástrofe política y toda una legislatura de mayoría absoluta desperdiciada en chafarrinas de política económica insolvente), no digamos nada de recuperar la calidad del empleo perdida bajo el Gobierno del PP; y menos aún de la tontuna de crear 3.500.000 puestos de trabajo baboseada de forma falsaria e irresponsable por González Pons para robar el voto de los más crédulos. Eso es lo que hay.

La EPA es una investigación sistemática de periodicidad trimestral que se realiza desde 1964, aplicada a la unidad familiar con la finalidad principal de obtener datos sobre la fuerza y el mercado nacional de trabajo y de sus diversas categorías: ocupados, activos, parados e inactivos.

Su continuidad y la muestra aplicada (65.000 familias entrevistadas al trimestre, es decir 260.000 encuestas/año) proporcionan una fiabilidad y un seguimiento temporal del mercado laboral ciertamente notables. Además, desde 2005 la metodología de la EPA está adecuada a la normativa común europea, incorporando las condiciones establecidas por Eurostat (la Oficina Estadística de la Comisión Europea), incluidas las mejoras en el método de recogida de la información.

Así, desde 2005 la EPA incluye seis nuevas variables:

También se incluye una pregunta opcional sobre la cuantía del salario en el caso de los trabajadores por cuenta ajena.

Por otra parte, la distinción de cuatro grupos de sujetos que hace la EPA dentro del marco de trabajo (población de 16 años o más), se corresponde con las siguientes definiciones:

Población Activa: Son aquellas personas que, durante la semana de referencia (la anterior a la de la fecha en que se realiza la entrevista), suministran mano de obra para la producción de bienes y servicios o están disponibles y en condiciones de incorporarse a dicha producción. Por tanto, en la categoría se incluyen de forma conjunta todas las personas ocupadas y en situación de paro.

Ocupados: Son las personas que durante la semana de referencia han estado trabajando al menos durante una hora a cambio de una retribución en dinero o especie o quienes teniendo trabajo han estado temporalmente ausentes del mismo por enfermedad, huelgas o vacaciones. Los ocupados se subdividen a su vez en trabajadores por cuenta propia (empleadores, empresarios sin asalariados y trabajadores independientes) y asalariados (públicos o privados). Atendiendo a la duración de la jornada los ocupados se clasifican en ocupados a tiempo completo (con una jornada habitual semanal superior a 30 horas) y a tiempo parcial (con una jornada habitual semanal inferior a 35 horas).

Parados o Desempleados: Son las personas que durante la semana de referencia han estado sin trabajo, disponibles para trabajar y buscando empleo activamente. Se considera que una persona busca empleo de forma activa si:

Al mismo tiempo se consideran ‘parados’ a quienes ya han encontrado un trabajo y están a la espera de incorporarse a él, siempre que verifiquen las dos primeras condiciones.

Población Inactiva: Esta categoría comprende a la población adulta (de 16 años o más) que está estudiando, realiza tareas domésticas, jubilada, demasiado enferma para trabajar o que simplemente no está buscando trabajo. En definitiva, es la población no incluida en las tres categorías anteriores.

La ‘Tasa de Desempleo’ se corresponde con el número de desempleados dividido por la población activa y se expresa en forma de porcentaje. Es decir, no es una proporción entre el total de la gente desempleada o en situación de paro laboral y el total de la población, sino sólo la que relaciona aquella con la denomina ‘económicamente activa’ o en edad de trabajar.

La ‘Tasa de Empleo’ es, por otra parte, la razón entre la población ocupada y la ‘económicamente activa’, en condiciones de formar parte del mercado laboral.

La necedad política de tergiversar el drama del paro

Con esta base descriptiva, hablar sólo de ‘parados’ o de ‘desempleo’ y de su variación en el tiempo, distorsiona la realidad del mercado de trabajo al no poner en relación a la población ‘activa’ con la ‘inactiva’ e incluso a la suma de ambas con los parados y/o los ocupados, lo que señalaría su verdadera incidencia en la economía real del país. Dando pistas también sobre el nivel o dimensión de la llamada ‘economía sumergida’, que es otra de las batallas perdidas en la presente legislatura (distintos organismos especializados la sitúan al final de 2014 en una horquilla de entre el 20 y el 25% del PIB, próxima en equivalencia a los 250.000 millones de euros).

Dicho de otra forma, la disminución del paro no significa forzosamente una creación de empleo neto, ya que puede verse acompañada en paralelo de una disminución de los ‘ocupados’ y de un trasvase entre población ‘activa’ e ‘inactiva’. Y, por eso, las posibles reducciones en el número de parados pueden aparejar perfectamente una destrucción de empleos por reducción de la población activa en el mismo periodo de tiempo.

Así, frente a la persistente demagogia del Gobierno (los ‘brotes verdes’, el eventual incremento de las exportaciones, la disminución de la prima de riesgo y otras zarandajas sin nada que ver con la solución real de la crisis), lo que viene haciendo la EPA trimestre a trimestre es lanzar un jarro de agua fría sobre las pantomimas políticas y económicas centradas en seguir los dictados de las autoridades europeas, en la salvaguarda de los intereses de la banca y los grandes capitales y en esperar soluciones exógenas de la crisis ciertamente milagrosas (tales como la caída del precio del petróleo o la reactivación del consumo en Estados Unidos).

Claro está que, en términos generales, los datos macroeconómicos han dejado de ir a peor y la destrucción de empleo se ha ralentizado -faltaría más-, entre otras cosas porque todas las recesiones llegan a su límite y tocan su propio fondo. Pero entre eso y la recuperación económica que pregona Rajoy, queda un gran trecho por recorrer de fin más bien lejano (los pasados conceptos de ‘bonanza económica’ y de estabilidad laboral’ quizás no vuelva jamás); una realidad que no es de recibo ocultar a la opinión pública, y razón por la que el Gobierno ha ido posponiendo el ‘año de la recuperación’ del 2012 al 2013, del 2013 al 2014 y ahora al 2015 (en el 2015 se volverá a posponer al 2016)…

De hecho, es bien sabido que, hace un año, el entonces comisario europeo de Asuntos Económicos y Monetarios, Olli Rehn, que era el brazo ejecutor de Merkel en Bruselas, advirtió que España tenía que profundizar más en los ajustes y las reformas y que todavía nos quedaban diez años para cerrar las cicatrices de la depresión. Y también que en un modelo de recuperación sin empleo y sin crédito, es insostenible apoyar todo el crecimiento en el consumo privado.

A finales de 2014 ya sabemos, como consta también en un informe de la Dirección General de Economía de la Junta de Andalucía, que un 70% de la reducción del paro se ha debido a la caída de la población activa. Es decir, que ya no se trata de cuestionar la escasa calidad del empleo que se está creando, sino de reconocer taxativamente que el porcentaje de paro baja porque la cifra de demandantes se está reduciendo de forma drástica por diversas razones (el desánimo laboral, la nueva emigración española, el retorno de los inmigrantes a sus países de origen…).

De este modo, sólo entre enero y septiembre de 2014 se contabilizan 299.400 activos menos que en el mismo periodo de 2013, un descenso histórico que comparado con los 428.300 parados menos registrados en el mismo periodo nos lleva efectivamente a que más o menos el 70% de esta reducción se debe al descenso de la población activa.

Los últimos datos conocidos de la EPA muestran que la población ocupada en España ha crecido un 1,6% interanual en el tercer trimestre de 2014, sumando dos trimestres de tasas positivas. Con ello, el balance entre enero y septiembre (que es el que comentamos) supone un incremento de la ocupación del 0,8% interanual: en términos absolutos se trata de 128.900 ocupados más que en el mismo periodo del año anterior (la resta entre los 428.300 ocupados nuevos y los 299.400 activos menos). Y es que, bien al contrario de lo que hace el gobierno, no podemos ignorar que la EPA muestra también una continúa retirada de población activa en el mercado laboral de España.

Pero más allá de relativizar la cifra del empleo creado, es igual de necesario  insistir en el concepto de calidad. En este sentido, entre las principales características del empleo creado en esa misma referencia temporal, hay que destacar su exclusivo carácter temporal. En los nueve primeros meses de 2014 hablamos de un incremento de 172.000 personas con contrato temporal, mientras que ha descendido en 12.900 el empleo indefinido. Esto elevó la tasa de temporalidad en casi un punto, ya que si por término medio entre enero y septiembre de 2013 era del 23%, en 2014 se ha situado en el 23,9%, incumpliéndose también uno de los objetivos con los que el Gobierno del PP vendió sus reformas laborales, que fue el de la generación de empleo estable y de calidad.

Todo ello al margen de que tampoco se está resolviendo el grave problema del desempleo juvenil. De hecho, en España se sigue destruyendo empleo en este colectivo: en los tres primeros trimestres de 2014 el empleo entre personas menores de 35 años ha registrado una reducción de 127.100 puestos de trabajo verdaderamente dramática.

Ante esta realidad del paro, neciamente tergiversada por los portavoces del PP, Bruselas se vio obligada el pasado mes de noviembre a dar un tirón de orejas específico al equipo económico del Gobierno de Rajoy, insistiendo en la necesidad de tomar ‘acciones decisivas’ al respecto, como ya había advertido al cierre de 2013. Junto a los desequilibrios del paro, la Comisión Europea también ponía de relieve los de la deuda pública, la deuda privada, las exportaciones y la inversión internacional, indicadores económicos indirectos en el análisis que nos ocupa.

Si bien en julio de 2014 el Fondo Monetario Internacional (FMI) mejoraba sus previsiones sobre la economía española, también cuestionaba las del crecimiento económico aportadas por el Gobierno, señalando los ‘vientos en contra’ que podrían enfrentarlas. Y, sobre todo, advirtiendo que a pesar de esa mejora la tasa de desempleo seguirá situándose en torno al 19% al concluir la próxima legislatura, es decir en el 2019 (muy por encima del 11,33% en el que se situaba al estallar la crisis en 2008). Eso es lo que hay.

 

El desempleo estructural como suicidio económico

Mientras el Gobierno se empeña de forma contumaz en seguir vendiendo a la opinión pública milimétricas caídas coyunturales del paro, ficticias como hemos visto por incluir a las personas que no trabajan a tiempo completo y ocultar una caída del empleo notoriamente más significativa, lo cierto e indiscutible es que, con todo, a finales de 2014 (exactamente en el mes de octubre) la tasa de desempleo registrada en Eurostat para España era del 24,0%.

Un porcentaje de paro sobre la población activa ciertamente insostenible que duplica con mucho el de los países de la Eurozona, cuya media es del 11,5%, y todavía más la media del conjunto de la Unión Europea (28 países), que es del 10,0%. Una tasa de desempleo sólo superada por Grecia (25,7%) y que evidencia un paro estructural y sintomático que, de no desbloquearse radicalmente, jamás permitirá una recuperación económica cierta.

Realidad que se reafirma justo considerando la tasa de empleo (sobre la población ‘económicamente activa’) registrada también por Eurostat en su último resumen de 2013. Mientras la media de esta tasa en la Eurozona alcanza un 62,6%, y un 62,7% en el conjunto de los 28 países de la Unión Europea, en España tan sólo llega al 53,8%, lastrando muy seriamente el crecimiento del PIB.

De esta forma, se consolida una situación de paro arraigado que requiere un cambio radical del modelo económico, debiéndose orientar hacia actividades productivas que absorban un mayor empleo. Desde la crisis económica y financiera de la década de 1980, la tasa de desempleo registrada en España nunca ha bajado del 8%, siendo en la práctica el país comunitario con mayor registro de parados (junto a Irlanda y Grecia) y doblando en los últimos treinta años la media de los países desarrollados, tanto en épocas de crecimiento como en las de crisis.

A partir de 1990, el paro descendió desde los 3,6 millones de personas hasta, más o menos, los 2 millones, pero estancándose en esa cifra durante toda la época de bonanza y hasta el inicio de la crisis actual. En el año 2003 la tasa de desempleo era del 11,5%, lo que se consideraba una buena cifra para España, pese a que se trata de un porcentaje al que la mayoría de países industrializados sólo llega en épocas de crisis económica. En el año 2007, en el que se alcanzó la tasa más baja en 30 años, se contabilizaban 1,8 millones de parados.

Después de la eclosión de la burbuja inmobiliaria y de la crisis de deuda soberana del 2011, tras el acceso de Rajoy a la Presidencia del Gobierno y con su política económica ciertamente discutida y contraria a las propuestas previamente defendidas en su programa electoral, el desempleo del país se  disparó de forma inédita hasta alcanzar en el primer trimestre de 2013 una tasa del 27,16%, acompañada con el récord histórico de más de 6.200.000 parados. Hoy, España continúa con una tasa de paro próxima al 24% y a los 5.500.000 desempleados, por muchas vueltas que quiera darle el Gobierno.

 

Pero eso no es todo, porque hay otras circunstancias sociales y laborales que son mucho más preocupantes. De hecho, son las que, por sí mismas, están marcando el agotamiento y la destrucción -sin repuesto- del actual sistema económico.

Por un lado, la disminución de la población ‘ocupada’ (la tasa de empleo) ha llevado a que la relación entre las personas con trabajo (17.504.000 a septiembre de 2014)) y el total de la población española (46.704.314 individuos) suponga que sólo trabaje el 37% aproximadamente; es decir, que con el esfuerzo de cada español empleado, y con retribuciones a la baja, tengan que vivir casi tres (ya veremos qué pasa con las pensiones habida cuenta de cómo se está invirtiendo la pirámide de cotizantes (cada vez menos) y pensionistas (cada vez  más). Siendo muy constatable que, además, no todos los ‘empleados’ están integrados en el circuito de la ‘economía productiva’ (una gran parte del empleo público desarrolla funciones que, aun sin discutir su necesidad social, no dejan de ser ‘improductivas’ por naturaleza).

Y, por otro, hay que tener en cuenta que, tras seis años con destrucción de empleo continuada y hasta límites sin precedentes históricos, el desempleo de ‘larga duración’ (más de un año) ha desplazado de forma vertiginosa al de ‘corta duración’ (menos de un año), correspondiendo más del 60% del paro a la primera categoría y menos del 40% a la segunda. Mientras el empleo a ‘tiempo completo’ ha decrecido en favor del ‘temporal’ y el de ‘media jornada’.

Además, también se han disparado los hogares que carecen de cualquier tipo de ingresos, pasando de 500.000 en 2010 a más de 700.000 en 2014 (más de 1,8 millones de familias tienen a todos sus miembros en paro), así como la población infantil que vive en riesgo de pobreza o de exclusión social, que hoy alcanza casi a 3.000.000 de niños y niñas (un 33% del total) según la ONG ‘Save the children’, lo que supone un serio obstáculo para que puedan disfrutar de la protección reconocida en la Convención sobre los derechos del niño de Naciones Unidas. Dramas que, diga lo que diga el Gobierno, van a seguir siendo patentes en 2015…

El desempleo, que el Gobierno no sabe o no quiere combatir de forma eficaz con instrumentos bien conocidos de política económica, fiscal y laboral, está reduciendo los ingresos de las familias de forma drástica. Incidiendo por tanto negativamente no sólo en el consumo interno, sino también en la calidad de vida de la clase trabajadora y en su salud mental, alargando el período de  emancipación juvenil y haciendo caer de forma peligrosa -por la imposibilidad de formar una familia con mínimas garantías económicas- el índice de natalidad.

Así, nadie garantiza que no se dispare el fenómeno de la exclusión social; que no aumente el impago de los servicios más elementales; que no crezca la llamada ‘pobreza energética’, impidiendo pagar los suministros básicos de agua, luz y gas; que no sigan los desahucios por impago de las deudas hipotecarias… De hecho, según los datos oficiales publicados por el Instituto Nacional de Estadística (INE), y atendiendo a las ejecuciones iniciadas e inscritas en los registros de la propiedad, el número de viviendas habituales embargadas por impago de la hipoteca ha ascendido entre junio y septiembre de 2014 a 6.787, un 13,5% más que en el mismo periodo de 2013, aunque un 29,4% menos de lo que crecieron en el trimestre anterior de abril-junio.

Todo ello sin el menor atisbo de que la banca, directamente saneada por los contribuyentes, promueva de verdad créditos al consumo ni capital circulante para el normal funcionamiento de las empresas, entre otras razones porque le es mucho más cómodo y rentable prestar dinero al Estado para financiar la deuda pública. Un panorama de sequía crediticia complementario del paro estructural, que sólo puede augurar un mayor empobrecimiento de la renta disponible para el consumo, lo que sin duda alguna conllevará una mayor caída en la producción industrial y en la prestación de servicios, aún más desempleo y menos ingresos fiscales y, desde luego, un pernicioso aumento de la ‘economía sumergida’.

Paréntesis. En relación con éste grave problema de destrucción del sistema económico, GESTHA (el Sindicato de Técnicos del Ministerio de Hacienda) presentó en enero de 2014 el informe titulado ‘La economía sumergida pasa factura - El avance del fraude en España durante la crisis’, elaborado bajo la dirección del profesor Jordi Sardá, de la Universitat Rovira i Virgili. En él se advertía que el crecimiento de la economía sumergida ha evolucionado desde una tasa del 17,8% sobre el PIB (193.626 millones de euros) registrada en 2008, hasta otra del 24,6% en 2012, equivalente a 253.135 millones de euros, ciertamente brutal, sin llegar a contemplar partidas fiscales incontrolables vinculadas, por ejemplo, a la prostitución, al consumo de estupefacientes o a la compraventa de determinados bienes tangibles.

El desvergonzado triunfalismo económico de Rajoy

¿Y cómo, con esta dramática situación, Rajoy puede atreverse a hablar de un ‘crecimiento económico’ efectivo…? ¿Es que acaso algún economista serio, no los adoctrinados por el poder, ha descubierto una fórmula hasta ahora inédita para crear empleo sin capacidad de consumo y sin crecimiento económico, o de impulsarlo gracias al paro…? Y, a contrario sensu, ¿es posible crear empleo (millones de empleos) sin un crecimiento económico por encima del 2%…?

Porque, claro está que con decisiones ‘alumbradas’, como por ejemplo la de reducir el IVA cultural en el comercio de obras de arte (del 21 al 10%), difícilmente saldremos de la crisis. Aunque los millonarios sí que podrán decorar sus mansiones un 11% más barato, o atesorar bienes tangibles (adecuados de forma especial para jugar al despiste fiscal), gracias a que el contribuyente de a pie seguirá pagando un IVA general del 21% con independencia de cuál sea su poder adquisitivo, en un sistema tributario de marcado carácter regresivo que sigue presionando más a quien menos tiene (ahí está el dato de que en el último año la élite económica del país ha elevado su fortuna en un 3,6%).

La derecha política española (con el empresariado a la cabeza), que por desgracia cada vez es menos de centro-derecha y mucho más ‘derechona’, considera de forma errónea que la causa principal del desempleo es el alto coste laboral unitario (salarios, impuestos, cotizaciones sociales), y sostiene que su reducción fomentaría la contratación. Sin embargo, cuando esa misma derecha llegó por primera vez al Gobierno (1996-2004), José María Aznar no rebajó esos costes, logrando crear, no obstante, millones de puestos de trabajo gracias sobre todo a la consolidación del sector servicios.

Por su parte, Rajoy no dejó de criticar el paro registrado cuando estaba en la oposición, mucho menor que el soportado bajo su mandato. Incluso llegó a posar ante una oficina de empleo, junto a una larga cola de gente que lo buscaba, para ilustrar la portada de El Mundo (10/01/2010)  afirmando a su entrevistador: “No le quepa duda de que cuando yo gobierne bajará el paro”. Pero en el primer trimestre de 2013, ya en su segundo año como presidente de Gobierno, el paro se disparó hasta alcanzar una inédita tasa del 27,16%, batiendo el récord de más de 6.200.000 desempleados…

Hoy, esa tasa-record apenas se ha reducido en tres puntos (artificios contables aparte). Y si sobre esa versión oficial del paro proyectamos una realidad más cierta del mercado y de la fuerza laboral real, computando como decimos unidades de horas/trabajo en vez de ‘desempleados’, o a los ‘medio parados’ como tales -es decir como ‘medio empleados’-, no puede verse objetivamente otra cosa que una situación de desempleo estructural insostenible.

Con ella, hace falta bastante desvergüenza para asegurar sin el menor sonrojo, como hace Rajoy, que “España es el país que más empleo crea en Europa”. Pero, en su opinión, ¿qué empleo necesitan crear países como Alemania, Austria, Bélgica, Chequia, Dinamarca, Estonia, Finlandia, Hungría, Islandia, Luxemburgo,  Noruega, Polonia, Reino Unido, Suecia…, con un paro situado muy por debajo de la media de la Unión Europea y mucho menor también que el de España en el del mejor momento de su economía…? ¿Es que Rajoy no se ha enterado todavía de que nuestro país dobla con mucho -de forma ciertamente escandalosa- esa misma tasa media de desempleo…?

Sin cortarse un pelo, Rajoy ha afirmado en su balance de 2014 que España crece con bases sólidas, pero no las especifica. Todo lo que ofrece son conjeturas y especulaciones sin garantías de concreción: “Puedo asegurarles que si las condiciones se mantienen, 2015 puede ser un año muy bueno para nuestra economía”. Añadiendo con la misma gratuidad que “2014 ha sido el de la recuperación y 2015 será el del despegue definitivo”, y que “donde antes había desconfianza, hoy encontramos seguridad, donde había destrucción de empleo, hoy hay un proceso continuado y creciente de puestos de trabajo”…

Todo ello cuando el PIB del 2014 todavía no ha igualado el de 2011 y mucho menos el alcanzado en 2008 al comienzo de la crisis, y sin considerar para nada el trasfondo geoestratégico ni la inestabilidad de muchos países emergentes que apuntan a una nueva réplica de la recesión global en 2015, afectando seriamente a la recuperación económica del viejo continente. E insistiendo de forma realmente necia en el rollo macabeo de que, gracias a su liderazgo político, España se ha convertido nada menos que en el modelo a seguir por la Unión Europea, en el norte y guía que debería inspirar su futuro inmediato.

Un triunfalismo contumaz que no ha calado en el cuerpo electoral; y que seguirá sin calar en 2015, por su intrínseca vacuidad y porque contradice radicalmente la economía del día a día y la experiencia cotidiana de los ciudadanos a los que el Gobierno del PP pretende embaucar electoralmente de nuevo, por supuesto con pocas posibilidades de éxito. Una magnificación  de la recuperación económica que agota de forma continuada la credibilidad del Gobierno de Rajoy.

A pesar del compadreo que El País se trae actualmente con el Gobierno del PP, asegurando a retazos que Rajoy tiene razones para el optimismo (no apreciadas por los medios y analistas independientes), no ha tenido más remedio que poner su punto de crítica ante la orgía de triunfalismo en la que ha caído Moncloa. En su editorial ‘Balance sesgado’ (27/12/2014), tras un par de párrafos dedicados a dorarle la píldora al Ejecutivo, concluye con mayor ecuanimidad:

(…) Pero una cosa es certificar que la recesión ha quedado atrás y otra muy distinta es asegurar que el año próximo verá el despegue definitivo de la economía. El presidente describe mejoras significativas en relación con el ejercicio 2013; pero, al margen de que durante ese año se produjo una caída del empleo, un crecimiento desorbitado de la deuda y tasas deficientes de crecimiento que, en buena lógica, tampoco son ajenas a su gestión, la mejora de 2014 deberá compararse, para sostener el mensaje, en una comparación con los trimestres anteriores a la crisis. En esa comparación, el balance de fin de 2014 nos dice que todavía hay que recorrer la mitad del camino hasta llegar “al despegue definitivo”.

Quizá sea útil recordar que durante la crisis el PIB español cayó el doble que el PIB (medio) de la eurozona. En consecuencia, una vez superada la recesión, es más fácil que el crecimiento español duplique al europeo, aunque sólo fuera por razones estadísticas. A pesar del crecimiento acelerado del PIB español, los analistas consideran con razón que Europa está más cerca de las condiciones previas a la crisis que España. Para que pueda afirmarse que ha llegado la recuperación, debería darse el caso de que las variables macroeconómicas y de bienestar (salarios, rentas, protección social, déficit y deuda) estén alineadas con una tasa de crecimiento sostenido; y —que se sepa— al menos en rentas, protección y deuda no lo están.

Sería absurdo negar que la situación económica ha mejorado y que muy probablemente continuará haciéndolo en 2015; pero solo debería hablarse de recuperación completa cuando el crecimiento se traslade a un aumento de las rentas salariales y a la creación de empleo de calidad.

Ignorar la realidad económica, tergiversarla o maquillarla ante la opinión pública, en modo alguno supone combatirla, ni mucho menos superarla. Sólo ayuda a consolidar y enquistar el problema, con consecuencias que, no por verse contenidas, dejan de apuntar hacia la voladura del sistema.

El gravísimo problema del paro en España, realimentado de forma suicida por una política económica errada, inútil y perniciosa, está sobrecargando la tensión socio-laboral y propiciando un estallido de la santabárbara del sistema económico y de convivencia que este mismo año tomará una clara expresión en las urnas. Primero en las elecciones municipales y autonómicas del 24 de mayo y después en las legislativas.

Mientras tanto, a Rajoy, políticamente tan irresponsable como lo fue en su momento Rodríguez Zapatero, sólo se le ocurre hablarnos de “las Navidades de la recuperación” y de que 2015 “será el año del despegue económico definitivo”, mientras Podemos se le monta en la chepa. Esto es lo que hay.

Fernando J. Muniesa

Tras reprochar durante tres años al PSOE la herencia que le dejó en materia de desgobierno económico y déficit público, con razón o sin ella porque el poder en ayuntamientos y comunidades autónomas siempre ha estado compartido por los dos partidos mayoritarios (al igual que el saqueo de las cajas de ahorro), Mariano Rajoy sí que puede presumir de haber montado por sí mismo y sin ayuda de nadie una crisis en el sistema de Justicia sin precedentes en nuestra historia reciente. Crisis que debilita notablemente los cimientos de la propia democracia.

Una crisis insólita dado que el Gobierno desfruta de mayoría parlamentaria absoluta, lo que le permite legislar a base de rodillo parlamentario y reales decretos, ejercicio en el que se ha aplicado como nadie lo había hecho antes. Y, desde luego, una crisis cuyo mérito corresponde de forma absoluta y exclusiva al presidente Rajoy y al partido que le respalda.

El valor social de la Justicia es tan significativo que los constituyentes no dudaron en consagrarla como principio determinante de la Carta Magna. De hecho, su propio preámbulo (texto que quizás sintetiza mejor que ningún otro el paradigma de la democracia) ya se inicia con estas palabras: “La Nación española, deseando establecer la justicia, la libertad y la seguridad y promover el bien de cuantos la integran, en uso de su soberanía, proclama su voluntad de…”.

Pero es que, además, en su emblemático artículo 1, apartado 1, la misma Constitución proclama de forma expresa que “España se constituye en un Estado social y democrático de Derecho, que propugna como valores superiores de su ordenamiento jurídico, la libertad, la justicia, la igualdad y el pluralismo político”.

Se reafirma así constitucionalmente el concepto de Justicia como soporte vital de la libertad y la democracia, es decir del sistema de convivencia ciudadana, hasta el punto de otorgar a su organización formal la condición de ser uno de los tres poderes del Estado (el legislativo, el ejecutivo y el judicial) descritos como ‘teoría de la separación de poderes’ por el Barón de Montesquieu (Charles Louis de Secondat) en su obra ‘El espíritu de las leyes’ (1748). Razón por la que la Carta Magna dedica al poder judicial todo un título (el VI), que ha venido en generar posteriormente un desarrollo normativo sustantivo, encabezado por la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, como también ha sucedido en el caso de los otros dos poderes públicos.

De Montesquieu al Tratado de la Unión Europea

Dada su importancia, la Ley del Poder Judicial es una de las normas más extensa y más modificada de nuestro ordenamiento jurídico. Pero, para comprender su alcance político y social, no es necesario desmenuzarla ni acudir a los precisos argumentos de justificación incluidos en su Exposición de Motivos, sino que para ello basta recordar la teoría de Montesquieu:

Hay en cada Estado tres clases de poderes: el poder legislativo, el poder ejecutivo de los asuntos que dependen del derecho de gentes y el poder ejecutivo de los que dependen del derecho civil.

Por el poder legislativo, el príncipe, o el magistrado, promulga leyes para cierto tiempo o para siempre, y enmienda o deroga las existentes. Por el segundo poder, dispone de la guerra y de la paz, envía o recibe embajadores, establece la seguridad, previene las invasiones. Por el tercero, castiga los delitos o juzga las diferencias entre particulares. Llamaremos a éste poder judicial, y al otro, simplemente, poder ejecutivo del Estado.

La libertad política de un ciudadano depende de la tranquilidad de espíritu que nace de la opinión que tiene cada uno de su seguridad. Y para que exista la libertad es necesario que el Gobierno sea tal que ningún ciudadano pueda temer nada de otro.

Cuando el poder legislativo está unido al poder ejecutivo en la misma persona o en el mismo cuerpo, no hay libertad porque se puede temer que el monarca o el Senado promulguen leyes tiránicas para hacerlas cumplir tiránicamente.

Tampoco hay libertad si el poder judicial no está separado del legislativo ni del ejecutivo. Si va unido al poder legislativo, el poder sobre la vida y la libertad de los ciudadanos sería arbitrario, pues el juez sería al mismo tiempo legislador. Si va unido al poder ejecutivo, el juez podría tener la fuerza de un opresor.

Todo estaría perdido si el mismo hombre, el mismo cuerpo de personas principales, de los nobles o del pueblo, ejerciera los tres poderes: el de hacer las leyes, el de ejecutar las resoluciones públicas y el de juzgar los delitos o las diferencias entre particulares…

Durante todas las etapas históricas y en todas las culturas de la humanidad, los gobernados han sufrido del abuso de autoridad de sus gobernantes. Conocidos son el fenómeno de la esclavitud, los impuestos excesivos y caprichosos que caracterizaron la época feudal, los violentos desmanes de la época del ‘Terror’ en la revolución francesa (la Terreur), el ‘Gulag’ soviético… Estas experiencias sistémicas, que sólo son unos pocos ejemplos, evidencian excesos del poder político que han ido creando a través de los tiempos una cultura popular en contra de las acciones abusivas de los gobernantes, y no digamos ya en contra de las dictaduras, asentando en la sociedad, más allá de la defensa de la democracia, la idea de que el poder en manos de una sola persona o de un solo grupo no es conveniente ni tolerable.

Ésta, es una cuestión que motivó en grandes pensadores la necesidad de desarrollar teorías políticas que, por sí mismas, han terminado influyendo en hechos trascendentales para la humanidad.

Una de ellas, propia ya del Estado moderno, es, en efecto, la conocida como principio de la ‘separación de poderes’, alentado por los filósofos de la Ilustración con la intención de limitar el poder político bajo la suposición de que por su propia naturaleza tiende a desbordarse, siendo necesario por consiguiente ponerle diques de acotamiento o contrapesos para que no lesione los derechos de los individuos. El máximo exponente de esta filosofía es, desde luego, Montesquieu, quien con aportaciones previas de John Locke logró construir ese modelo de distribución del poder político, de modo tal que existan órganos especializados para el cumplimiento de las tres principales funciones del Estado (legislar, administrar y juzgar), y a la vez  que entre ellas se ejerza un control reciproco.

El padre de la ‘separación de poderes’ advertía ya antes de la revolución francesa que “cuando los príncipes han querido hacerse déspotas, siempre han empezado por reunir todas las magistraturas en su persona; y varios reyes de Europa, todos los grandes cargos del Estado”. No muy lejos de esa apreciación se encuentra también la célebre sentencia acuñada más tarde por el historiador británico Lord Acton (1834-1902): “El poder tiende a corromper y el poder absoluto corrompe absolutamente”.

De hecho, incluso en nuestra primera Constitución (la de 1812) ya quedó establecida una división de poderes en la que el legislativo correspondía a las Cortes Unicamerales, el judicial a los Tribunales de Justicia y el ejecutivo al Rey (con importantes limitaciones como las de tener que validar sus órdenes con la firma del ministro correspondiente, no poder disolver las Cortes, tener que someter el nombramiento de sus ministros a la validación de las Cortes…).

Y, en nuestros días, cuando, por ejemplo, el profesor Giovanni Sartori, reputado especialista en ciencia política comparada, utiliza el término ‘libertad política’, lo hace precisamente en línea con la misma protección de los derechos individuales propugnada por Montesquieu. Así, advierte que “hablar de libertad política implica estar preocupado con el poder de los poderes subordinados; con el poder de los destinatarios del poder” y señala también que “el núcleo apropiado del problema de la libertad política está indicado en la pregunta ¿cómo puede protegerse el poder de estos poderes menores y potencialmente perdedores?”.

Para Sartori, la preservación de la libertad individual se relaciona con la división de poderes. Por ello, sostiene: “Tenemos libertad política, es decir un ciudadano libre, en la medida que se creen condiciones para que permitan que los poderes menores del ciudadano puedan detener el poder mayor que de otra manera (...) puede fácilmente abrumarlo. Por esta razón el concepto de libertad política tiene una connotación de resistencia. Es libertad ‘de’, porque es la libertad ‘del’ y ‘para’ el más débil (...). Lo que pedimos de la libertad política es la protección contra el poder arbitrario y despótico. Por una situación de libertad nos referimos a una situación de protección que les permita a los gobernados oponerse al abuso de poder por parte de los gobernantes”.

El artículo 117.1 de la Constitución de 1978, establece de forma inequívoca: “La justicia emana del pueblo y se administra en nombre del Rey por Jueces y Magistrados integrantes del poder judicial, independientes, inamovibles, responsables y sometidos únicamente al imperio de la ley”. Y nada se dice de su mediatización por parte de otros poderes del Estado (como tampoco se mediatiza la función del Ministerio Fiscal).

El poder judicial es, pues, el poder del Estado que, de conformidad al ordenamiento jurídico, es el exclusivo encargado de administrar justicia en la resolución de los conflictos planteados en la sociedad, mediante la aplicación de las normas jurídicas. Por ‘poder’, en el sentido de ‘poder público’, se entiende la organización, institución o conjunto de órganos del Estado, que en el caso del ‘poder judicial’ son los órganos que ejercen la potestad  jurisdiccional (juzgados y tribunales) para administrar la Justicia y decir el Derecho, que han de gozar para ello de imparcialidad y autonomía.

Según la teoría clásica de Montesquieu (que es la que subyace en nuestra Carta Magna), la separación de poderes garantiza la libertad del ciudadano. Y bajo dicha separación nace el llamado Estado de Derecho, en el cual todos los poderes públicos están igualmente sometidos al imperio de la ley, requiriendo el poder judicial ser independiente para poder someter a los restantes poderes, en especial el ejecutivo, cuando estos contravengan el ordenamiento jurídico.

El poder ejecutivo y el legislativo son dos poderes que, en ocasiones, también se enfrentan, teniendo el segundo entre sus funciones la específica del control al Gobierno, pudiendo aflorar entonces diferencias de criterio. Por ello, el papel arbitral entre ambos poderes requiere de uno judicial fuerte y respetado, cuya independencia es un valor a preservar porque de ella depende que el sistema político no deje de funcionar con normalidad y de forma que la democracia no de paso a la tiranía.

La estructura del poder judicial varía de un país a otro, así como su organización y los mecanismos usados en los nombramientos del ejercicio y la representación, incluido el gobierno interno. Generalmente existen varios niveles de tribunales, o juzgados, siendo las decisiones de los tribunales inferiores apelables ante tribunales superiores, acompañados además de una Corte Suprema o Tribunal Supremo que tiene la última palabra, sin perjuicio del reconocimiento constitucional de otros tribunales y órganos jurisdiccionales de naturaleza supranacional.

Todo ello supone una apelación social al principio incontrovertible de libertad democrática, tutelada por la justicia. Por mostrar sólo un ejemplo de esta realidad, recordemos que cuando el Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) pregunta a sus encuestados habituales qué es, a su juicio, lo más importante o significativo de la Constitución, una abrumadora mayoría siempre contesta que dicha relevancia se centra en que “garantiza la libertad”.

Quizás por esa evidencia no sea necesario profundizar más en la relación que existe entre los valores éticos de la libertad y la justicia. Pero, dándola por asumida, sí que conviene recordar a efectos de nuestro análisis sobre la actual situación de la Administración de Justicia en España y sus derivas de reforma, que el Tratado de la Unión Europea establece un ‘Espacio de Libertad, Seguridad y Justicia’ (ELSJ) sin fronteras interiores que, más allá de lo establecido en cualquier texto constitucional nacional, impone un elevado grado de cooperación y coordinación política, policial y judicial a nivel comunitario que facilite la seguridad, una justicia eficaz y una fuerte protección de las libertades públicas para todos sus ciudadanos.

Así, el Gobierno de Rajoy no puede hacer de su capa un sayo, como está haciendo, imponiendo una reforma de la Justicia arbitraria que, además de traicionar sus reiteradas promesas regeneracionistas necesarias para la perfección del sistema, conculque los principios constitucionales y los valores de respeto de la dignidad humana, libertad, democracia, igualdad, Estado de Derecho y respeto de los derechos humanos (incluidos los de las personas pertenecientes a minorías), que fundamentan la Unión Europea.

Un conjunto de valores que, según establece el Tratado de la Unión, son comunes a los Estados miembro en una organización social caracterizada básicamente por el pluralismo, la no discriminación, la tolerancia, la justicia, la solidaridad y la igualdad entre mujeres y hombres.

Las maniobras de Ruiz-Gallardón hartaron a jueces y fiscales

El 19 de septiembre de 2012 ofrecimos la primicia informativa de que las asociaciones profesionales de jueces y fiscales habían decidido plantar cara al Gobierno de Rajoy, en fondo y forma que no tenía precedentes desde la Transición, anunciando que sin una reorientación de las reformas del sistema de Justicia entonces en marcha (algunas innecesarias y otras -peor aún- incomprensiblemente orientadas en sentido contrario al requerido), el conflicto terminaría generando problemas realmente graves. Además, junto a dicha información se desvelaban también las maniobras del ministro Ruiz-Gallardón para consolidar la politización del poder judicial tras su pésima gestión del escandaloso ‘caso Divar’, generando un fuerte malestar contra el PP en el conjunto de los estamentos profesionales afectados.

El relevo sobrevenido de Carlos Divar al frente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y del Tribunal Supremo (TS), saldado el 23 de julio de 2012 con la toma de posesión de Gonzalo Moliner como presidente de ambas instituciones, reconfirmó ante la ciudadanía (de la que emanan todos los poderes del Estado) la necesidad de ‘despolitizar’ ese poder sustancial, otorgando un mayor peso al pronunciamiento interno del estamento judicial en la elección de dichos cargos. Es decir, tratando de independizarlo del poder ejecutivo y del poder legislativo, que en el fondo también se traban entre sí por acuerdo del ‘poder bipartidista’, consensuado por el PP y el PSOE que, de facto, hasta ahora han sido las únicas formaciones políticas con opciones de gobierno.

Con el procedimiento seguido de nuevo en aquel nombramiento, que fue un ‘paso atrás’ de Ruiz-Gallardón en relación con sus previas promesas para cambiar el modelo politizado de designación, se generó un gran malestar en las bases de la carrera judicial y fiscal al considerar que su dependencia de los partidos políticos era insostenible, frustrante y, sobre todo, anacrónica y discordante con la separación de poderes propia del Estado democrático. A partir de ahí, el estamento profesional afectado, clamó contra la maniobra ministerial que reconducía las exigencias sociales de despolitizar la Administración de Justicia justo en contra de las promesas iniciales del PP para que la propia institución eligiera de forma mayoritaria a sus máximos representantes (al menos a doce de los veinte que integran el CGPJ).

Un oscuro proceder en el que fue esencial el apoyo prestado por el PSOE a través de Soraya Rodríguez Ramos, entonces portavoz socialista en el Congreso de los Diputados, y por Antonio Camacho, fiscal que fue sucesor de Pérez Rubalcaba al frente del Ministerio del Interior. Y que pasó por prometer a Gonzalo Moliner su futura reelección como presidente conjunto del CGPJ y del TS en el próximo mandato institucional, apoyado por los dos partidos principales mediante pacto soterrado finalmente infructuoso.

Un contubernio en el que también oficiaría el entonces secretario de Estado de Justicia, Fernando Román (sustituido por Carmen Sánchez-Cortés tras la defenestración de Ruiz-Gallardón), quien desde 1999 había ocupado cargos de relieve en el CGPJ, incluido desde 2004 el de magistrado-jefe del gabinete técnico del TS, bajo las presidencias de Francisco Hernando y Carlos Divar. Es decir, un pacto asistido por todo un conocedor del sistema judicial de dependencia partidista.

En ese contexto, Gonzalo Moliner (quien a la postre no dejó de ser un candidato de Pérez Rubalcaba) se posicionó de inmediato y abiertamente a favor de una ‘elección parlamentaria’ (es decir política) de los miembros del CGPJ, aduciendo que éste es un órgano del Estado y que tiene que ser elegido por la ciudadanía (Cadena Ser 10/09/2012) -pero no de forma directa sino a través de los partidos-, afirmando de forma errada que “la elección por los jueces es una elección corporativa". Y añadiendo que una “elección corporativa” no parecía que fuera lo mejor en una democracia; proyectando hipócritamente el más que evidente ‘corporativismo’ de la clase política y del propio estamento parlamentario, en unos jueces y fiscales que, bien por su razonable limitación para afiliarse a partidos políticos y sindicatos, o bien por su obligada dependencia jerárquica y disciplinaria del Ejecutivo, tienen bastante limitado ese posible ejercicio corporativista, más teórico que real…

Moliner se mostró, por tanto, decidido partidario de que los vocales del CGPJ tengan que seguir siendo elegidos espuriamente por el poder legislativo y no por los propios jueces (o de cualquier otra forma que garantice el principio de independencia conforme al reiterado compromiso previo del PP y del ministro Ruiz-Gallardón), y de seguir conculcando, por tanto, el principio de ‘separación de poderes’ propugnado por Montesquieu y la propia esencialidad constitucional.

Esa nueva imposición del ‘poder bipartidista’ (que conlleva un continuo ‘más de lo mismo’) es la que encendió la mecha de la reacción generalizada dentro de la Administración de Justicia, aflorando por distintos cauces y niveles funcionales otras motivaciones latentes y llevando a punto de explosión una situación totalmente insostenible. En definitiva, culminando un largo proceso de frustración contenido desde hace años y que, bajo el Gobierno de Rajoy, anunciaba ya una respuesta contundente de difícil encaje político, incluyendo quizás una aplicación dura y ejemplar de la justicia en los casos con encausamiento de cargos públicos o que afecten a los partidos y sus áreas de influencia (ahí puede radicar el ‘meollo’ de la cuestión, habida cuenta del nivel de corrupción en el que está inmersa la clase dirigente).

Dicho en términos de caza, y como ya apreciamos en otros análisis sobre el caso, parece que prescindir de las asociaciones de jueces y fiscales en el proceso electivo de la cúpula del poder judicial, o ningunearlas, estaría ‘marcando el muflón’ o abriendo la veda en un nuevo pim-pam-pum de los tribunales contra la corrupción en la vida pública, es decir de motu proprio y no por condescendencia del Gobierno. Un ejercicio de desahogo profesional que acaso termine marcando el inicio de una vía reformista más que obligada, pero negada hasta ahora a cal y canto por la privilegiada clase política…

El rechazo a la manipulación política de la Justicia

De hecho, recién abierto el primer Año Judicial de Rajoy (en septiembre de 2012) todas las asociaciones de jueces y fiscales radicalizaron su posición en contra del Gobierno, y en particular frente al ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, quien al inicio de la legislatura había empezado a consolidar su imagen política como uno de los miembros del Ejecutivo socialmente mejor valorados. Punto de inflexión que se genera, como hemos dicho, en un clima de profundo malestar dentro de la Administración de Justicia debido a las reformas legales proyectadas por el mismo Ruiz-Gallardón, supeditadas de forma clara a su exclusivo interés político y partidista, a su desentendimiento de las reclamaciones más sustantivas del estamento profesional implicado, al altísimo nivel de corrupción instalado en la vida pública y al malestar general que produce una política de grandes recortes socialmente desequilibrados.

Poco antes, a mediados de julio de 2012, Joaquim Bosch, portavoz de Jueces para la Democracia (JPD), ya aseguró que las cuatro asociaciones de jueces y las siete de fiscales estarían de acuerdo con la huelga judicial de jueces si el Gobierno no modificaba sus planteamientos en el ámbito de la justicia.

Tras el paréntesis veraniego, y en paralelo con aquel inicio del Año Judicial, las reuniones masivas de las Juntas de Jueces celebradas el viernes 21 de septiembre en toda España, confirmaron el malestar larvado desde hacía tiempo, rebelándose contra las maniobras del ministro Ruiz-Gallardón y aprobando un Comunicado cuyo borrador (del 17 de septiembre) fue anticipado como primicia informativa por ElEspíaDigital.Com.

En él, los jueces, magistrados y fiscales de siete asociaciones profesionales (APM, AJFV, JD, FJI, APIF, UPF y la Asociación de Fiscales), quisieron “dejar patente el malestar de la Carrera Judicial y Fiscal debido a la ausencia de voluntad política por la modernización del sistema judicial español, para impulsar una Justicia ágil y eficaz, dotándola de los medios personales y materiales necesarios, cuando, en realidad, no hay inversión más social que la que se efectúa en Justicia, pues una justicia ágil es un elemento fundamental para la reactivación económica y la inversión interna y extranjera, todo ello, en garantía de los derechos de los ciudadanos”.

Al mismo tiempo, frente a esa aspiración, destacaban “el manifiesto interés por el control político” de sus órganos de gobierno. Y denunciaron la actual situación, caracterizada, entre otras cosas, por un palpable abandono de las inversiones públicas en el ámbito de la justicia (mientras se saturaba el país de infraestructuras infrautilizadas e incluso inútiles), la congelación de las plazas judiciales y fiscales (sin convocar las oposiciones necesarias mientras aumentaban desmesuradamente los cargos políticos), la descoordinación en la gestión de la Administración de Justicia (ciertamente letal), los recortes salariales y estatutarios…

Finalmente, planteaban cuatro reclamaciones elementales de la siguiente literalidad:

Pero, más allá de aprobar este Comunicado del 17 de septiembre, algunas de las Juntas de Jueces (las celebradas en Baleares, Badajoz, Cáceres, Huelva, Málaga, Murcia, Toledo…) recogieron y destacaron la “indignación” que había provocado el nuevo presidente del CGPJ, Gonzalo Moliner, al “no defender los intereses de la carrera judicial” en sus negociaciones con el Ministerio de Justicia, tildadas de “personales” y para las que no se le consideraba legitimado.

En Madrid, la Junta de Jueces tomó cuatro acuerdos que situaron a sus bases en primera línea de la contestación al Gobierno.

Para empezar, aprobaron “adherirse por unanimidad al acuerdo alcanzado por la Comisión Interasociativa de fecha 17/09/2012 que propone como medidas el cumplimiento estricto de las horas de audiencia fijadas por la Ley, la autorregulación de la carga de trabajo de los Jueces y la participación en la concentración que se convoque a tal fin por la Comisión Interasociativa”. También analizaron con detalle varias medidas de presión, siendo aprobado por mayoría, con solo una abstención, el secundar la huelga si fuera necesaria como medida de presión.

En segundo lugar, se aprobó pedir la dimisión del presidente del CGPJ por “incumplir sus funciones como miembro de un órgano colegiado, deslealtad frente a la carrera y no garantizar la independencia judicial en las negociaciones y acuerdos privados que ha mantenido con el Ejecutivo, ocultando su verdadero alcance a la Carrera Judicial”.

En tercer lugar, aprobaron “recordar al Ministerio de Justicia que los Jueces somos Poder Judicial; que conforme a datos estadísticos hay un político por cada 106 habitantes y un Juez por cada 10.000 habitantes y que los proyectos legislativos por él auspiciados pretenden terminar con la independencia del Poder Judicial y tienen como finalidad el control de los Jueces”.

Por último, los jueces de Madrid también acordaron “solicitar formalmente la retirada del anteproyecto de reforma de la LOPJ”.

A raíz de aquella reacción, fuentes del CGPJ sin concretar señalaron al diario El País (22/09/2012) que, en contra de las claras reivindicaciones de los jueces y fiscales para mejorar el deplorable funcionamiento del sistema de Justicia, sus protestas encubrían en realidad “un intento de las asociaciones por seguir controlando la elección de los vocales del Poder Judicial”, que debía renovarse en 2013. Es decir, la perversidad del sistema es tal que, aun representando a los jueces, la cúpula del CGPJ prefería supeditarse al Gobierno y a los intereses partidistas.

La imagen pública de Ruiz-Gallardón, por los suelos

Así, se consolidaban, por un lado, una actitud de manipulación política de la Justicia, con el anuncio de reformas normativas más que controvertidas y argumentos ministeriales insostenibles, y, por otro, una dura respuesta profesional del estamento judicial que dejaba perpleja a la clase política y entusiasmaba a la ciudadanía, viéndose directamente protegida por las bases del poder judicial en cuestiones tan sensibles como los desahucios, el ‘tasazo’, los indultos de interés político, etc… Un enfrentamiento que deterioró la imagen pública del ministro del ramo con una rapidez y un nivel de decaimiento sin precedentes.

Al principio de la legislatura, Alberto Ruiz-Gallardón era la ‘estrella’ del Gobierno y el ministro socialmente mejor valorado. Incluso en el Barómetro del CIS de Octubre de 2012, cuando todo el Ejecutivo aparecía ya radicalmente suspendido (con valoraciones muy por debajo del 4 con un baremo establecido del 0 al 10), el ministro de Justicia era considerado como el ‘menos malo de todos los malos’, con una nota del 3,54.

Pero su actitud política real, perfectamente captada por los encuestados a través de sus propuestas de reformas normativas y de sus enfrentamientos con la Administración de Justicia, le llevó en enero de 2013 a descender de forma brutal en el Barómetro de Metroscopia, hasta ostentar un lamentable ‘saldo’ de valoración social (diferencia entre el porcentaje de aprobación y el de desaprobación) de -46, sólo superado negativamente por el propio Rajoy (-53), Fátima Báñez (-50) y José Ignacio Wert (-56).

Nivel ínfimo que un mes más tarde, a principios de febrero, el mismo índice barométrico de Metroscopia le situaba ya como ‘farolillo rojo’ dentro del desprestigiado equipo ministerial de Rajoy, meritorio título disfrutado ex aequo con el ministro Wert, ambos con un mismo ‘saldo’ negativo de -54. Una medición realizada, además, antes de conocerse la convocatoria de huelga de jueces y fiscales del inmediato 20 de febrero (2013), que, entre otras cosas, anunciaba ya la ‘muerte política’ de Ruiz-Gallardón.

Una convocatoria de huelga judicial y fiscal, demoledora

La pieza documental que convocó y razonó la huelga judicial del 20 de febrero de 2013 y sus reivindicaciones, además de ser demoledora y de carecer de precedentes en el régimen democrático (en 2009 hubo otra de menor entidad), era desde luego de difícil digestión política, mereciendo ser reproducida en su integridad:

CONVOCATORIA DE HUELGA

Las asociaciones abajo firmantes queremos transmitir a la opinión pública:

1. En el mes de octubre de 2012, la Comisión Interasociativa de Conflicto, constituida por todas las Asociaciones de Jueces y Fiscales, a la vista de los proyectos que el Ministerio de Justicia ponía en marcha a espaldas de los profesionales, de los ciudadanos y de su propio programa electoral, inició diversas medidas de conflicto solicitando del Ministerio:

a) Un incremento de la planta Judicial y Fiscal conforme a las previsiones establecidas por el Consejo de Europa. En España hay 10 Jueces por cada 100.000 habitantes, Moldavia y Albania cuentan con 12, Ucrania 14, Portugal 17, Grecia 20 y Alemania 25. Estamos en el puesto 36 del ranking europeo, sólo por delante de Armenia, Azerbaiyán, Georgia, Malta y Dinamarca, país este último con muy baja litigiosidad.

b) La paralización del Anteproyecto de Reforma del CGPJ, cuyo objeto poco disimulado era la asunción por parte del Ministerio de Justicia del Gobierno de los Jueces.

c) Que se mantuviera el presupuesto de Justicia en las previsiones del año 2013. Somos conscientes de la situación de crisis económica que por desgracia atravesamos. Sin embargo, en España, el presupuesto de Justicia no alcanza el 1% del PIB. La media europea está entre el 3 y el 4%.

d) La retirada del proyecto de Reforma de la LOPJ que afecta al Estatuto profesional de Jueces y Fiscales. Dicha reforma no sólo no se retiró, sino que se aprobó por Real Decreto-Ley y se publicó en el BOE de 28 de diciembre. Ello ha supuesto la supresión automática de entre 900 y 1.000 jueces sustitutos y magistrados suplentes y 300 fiscales, con la correlativa obligación para los jueces y fiscales (ya tremendamente sobrecargados) de asumir el trabajo de otros órganos judiciales, lo que ya está provocando suspensiones y agrandando las terribles dilaciones que, por falta de medios, sufrimos hace años.

e) Que no se establecieran tasas judiciales que impidieran el acceso a la Justicia. Las tasas no sólo se implantaron, sino en unas cuantías de tal entidad que han impedido e impedirán que muchos ciudadanos puedan acudir a los tribunales para hacer valer sus derechos. De hecho, desde la entrada en vigor del ‘tasazo’ hasta el momento presente se ha producido una disminución en torno al 25 % de litigios respecto al año pasado.

2. El Ministro de Justicia no sólo no ha atendido ninguna de las reivindicaciones que se formulaban, sino que ha declarado pública y reiteradamente que no lo va a hacer. Lejos de asumir su responsabilidad en la politización del órgano de gobierno de los jueces, el Ministro se ha limitado a culpar públicamente a las Asociaciones de tal politización; y paradójicamente, para justificar ante los ciudadanos el incumplimiento de su programa electoral, ha llegado a afirmar que la elección de los Vocales por las Cámaras despolitizará el CGPJ.

3. Determinados acontecimientos que hemos conocido pueden hacer sospechar el fundamento último de las reformas, el motivo oculto que las guía y el objeto que pretenden conseguir: dominar el Consejo General del Poder Judicial, suprimir de facto la independencia judicial (que, como la tutela judicial efectiva, se convertirá en una mera declaración carente de contenido) e imponer a los jueces y fiscales un trabajo inasumible que permita crear espacios de impunidad. Impunidad de la que, por una u otra vía, se han de beneficiar los diversos implicados en casos de corrupción extremadamente graves que estamos conociendo.

4. Y es que, siendo el indulto una medida de gracia excepcional, su concesión reiterada por parte del Gobierno en contra del criterio del Juez o Tribunal Sentenciador y Fiscalía a supuestos gravísimos (y especialmente a políticos condenados por corrupción) tiene un alto coste: el escándalo de la ciudadanía, que constata la existencia de esos espacios de impunidad. Precisamente por ello, la apuesta de nuestros gobernantes es reducir el presupuesto de Justicia, asumir el control de su órgano de Gobierno y reducir un 25% el número de jueces y fiscales del país que menos tiene en Europa; y a los pocos que quedan, ponerles a sustituir en varios órganos y con plena responsabilidad en todos ellos. Así se ralentizará todavía más la ya de por sí dificilísima investigación de los casos de corrupción (y también de todos los demás, aunque estos no importen tanto al Gobierno) y se multiplicará la posibilidad de que el juez y fiscal sobrecargado, estresado y presionado cometa un error que lleve a frustrar el fin del proceso. El objetivo que perseguimos es crear las condiciones para que la Justicia se aplique por igual para todos los ciudadanos sin excepción.

5. Expresamos nuestra preocupación por el drama social de las ejecuciones hipotecarias y pedimos soluciones efectivas para la protección de los afectados.

6. Nos oponemos a la privatización de los Registros Civiles para que se siga manteniendo como un servicio público y gratuito, ya que lo contrario perjudicará a la economía de los ciudadanos.

7. Lamentamos que el sistema preferido para arreglar los problemas de la justicia penal sea el endurecimiento de las penas a través de improvisadas reformas del Código Penal, colapsando así de manera recurrente fiscalías y juzgados. 

8. Las Asociaciones de jueces y fiscales llevamos meses intentando negociar con el Ministro de Justicia. Hemos tratado de adoptar medidas que no supongan quebranto alguno para el justiciable (concentraciones, paros de una hora...). Ante la incapacidad del Ministro de Justicia para gestionar la crisis, hemos solicitado ser recibidos por el Presidente del Gobierno, sin respuesta. Y por ello, sin desearlo pero sin tener otra salida, nos vemos obligadas a convocar una de huelga de jueces y fiscales, el próximo día 20 de febrero, invitando al resto de profesionales de la Justicia a secundarla, con las siguientes reivindicaciones:

a) Incremento de la inversión pública en Justicia para que los jueces y fiscales dispongan de los medios materiales y personales suficientes para poder desempeñar sus funciones de acuerdo con las elevadas atribuciones constitucionales que tienen asignadas y poder prestar un servicio público adecuado a la ciudadanía en defensa de sus derechos fundamentales.

b) Paralización inmediata del Proyecto de Ley para la reforma del Consejo General del Poder Judicial, órgano constitucional llamado a garantizar la independencia de los jueces que, con la proyectada reforma, pasaría a convertirse en un apéndice del Ministerio de Justicia.

c) Derogación de la LO 8/2012, a fin de garantizar la tutela judicial efectiva, y dotación inmediata de presupuesto suficiente para la designación de jueces y fiscales sustitutos, hasta que se incremente la planta judicial y fiscal.

d) Derogación de la Ley 10/2012, o modificación urgente de la misma, a fin de que las tasas judiciales no supongan vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva de los ciudadanos.

e) Reforma de la Ley del Indulto, porque en la actualidad incumple el deber de sujeción al derecho de todos los poderes, propiciando la discrecionalidad política de forma arbitraria, al no requerir explicación alguna para su concesión, y dejar sin efecto las condenas.

No obstante, los gravísimos acontecimientos recientes hacen preciso, en interés de la Nación y de su imagen internacional, un fortalecimiento del Poder Judicial, como último garante del Estado. Pedimos el apoyo para esta convocatoria a la “Plataforma Justicia para Todos” y a los distintos sectores de la Administración de Justicia. Por ello, pese a que consideramos la huelga una medida de conflicto legítima y justificada, estamos dispuestos a desconvocarla siempre que el poder político abandone toda tentativa de recortar las competencias del Consejo General del Poder Judicial y que el Ministerio de Justicia empiece a actuar como un gestor competente, dotando realmente a la Administración de Justicia de los medios personales y materiales imprescindibles, que mejoren la paupérrima situación, en vez de recortar aún más los escasos medios con que contamos.

Madrid, 5 de febrero de 2013

Asociación Judicial Francisco de Vitoria

Jueces para la Democracia

Foro Judicial Independiente

Unión Progresista de Fiscales

Asociación Profesional Independiente de Fiscales

Un aspecto destacable de este documento es que el sentimiento de jueces y fiscales que recoge, coincidía plenamente con las aspiraciones ciudadanas, sin incluirse en él ninguna reivindicación económica colectiva.

Por otra parte, fue significado el in crescendo de esta acción reivindicativa respecto de la anterior y primera huelga judicial, vivida en España el 18 de febrero de 2009. En aquella ocasión el seguimiento fue menor pero también mayoritario (alcanzó un 62%), a pesar de haber sido convocada sólo por dos organizaciones (la Asociación Judicial Francisco de Vitoria y el Foro Judicial Independiente), y ya evidenció ante los ciudadanos -que entonces culpaban exclusivamente a los jueces del mal funcionamiento de la justicia- las deficiencias estructurales del sistema judicial y la falta de los medios de trabajo más elementales (como un sistema informático compatible en toda España y una oficina judicial eficaz) que se arrastran secularmente con la responsabilidad compartida de todos los gobiernos del PP y del PSOE.

Aquella primera huelga judicial fue el golpe definitivo que llevó al polémico ministro de Justicia del momento (que había pretendido prohibir la huelga), Mariano Fernández Bermejo, a dimitir de su cargo cinco días después, el inmediato 23 de febrero de 2009.

Con independencia del deterioro que la segunda huelga de jueces y fiscales produjo en la imagen del ministro Ruiz-Gallardón, y al margen también de que no pudiera forzar su dimisión de forma inmediata, otro aspecto digno de consideración es el de cómo afectó a su campaña encubierta, pero continua, para sustituir a Mariano Rajoy en la Presidencia del Gobierno de la forma que fuere.

Tras el aparente ‘finiquito político’ de Esperanza Aguirre (dimisión como presidenta de la CAM en septiembre de 2012) y la previsión de que, tarde o temprano, el presidente Rajoy quedaría ‘abrasado’ por la crisis económica, su interés más inmediato se centró en continuar tendiendo puentes y mantener buenas relaciones con el PSOE (que prudentemente entonces no pedía elecciones anticipadas pero si la sustitución de Rajoy) y en mantener una buena relación diplomática con los socialistas. Por ejemplo tratando de ‘recomponer’ con ellos la radicalidad de la reforma de la Ley Orgánica 2/2010, de 3 de marzo, de salud sexual y reproductiva y de la interrupción voluntaria del embarazo (Ley de Plazos), convenientemente aparcada por Ruiz-Gallardón en aquellos momentos a pesar de estar incluida en el programa electoral de su partido.

Más allá todavía, y según se rumoreó en medios informados de la Unión Europea tras los comentarios que el propio Ruiz-Gallardón habría deslizado ante algunos de sus mandatarios más significados, no cabe desechar la idea de que, en un momento crítico dado, aspirase a postularse (o a que le postularan) como ‘el Monti español’; es decir, como un presidente de Gobierno transitorio y de consenso político, sin necesidad de convocar elecciones legislativas anticipadas. Caso en el que su particular relación con el PSOE allanaría el terreno y los pactos parlamentarios necesarios.

De esta forma se entiende también que fuera un candidato del PSOE, Gonzalo Moliner, el que se alzara con la presidencia común del CGPJ y el TS, nombramiento muñido, como hemos dicho, por dos peones de Alfredo Pérez Rubalcaba (Soraya Rodríguez Ramos y Antonio Camacho) y el ‘segundo’ de Alberto Ruiz-Gallardón en el Ministerio de Justicia (Fernando Román)...

Pero tras la huelga de febrero de 2013 en el cuartel general del PP (Génova 13) comenzó a verse con recelo la especial relación de confianza que Ruiz-Gallardón mantenía con El País, y en concreto con algún redactor de lo publicado sobre las ‘fotocopias de Bárcenas’ (dos días antes de producirse esa explosión informativa se les vio comiendo juntos en un restaurante navarro muy próximo a la sede central del PP, ‘La Manduca de Azagra’, en la calle Sagasta 14), lo que hacía pensar que, cuando menos, el ministro de Justicia sabía lo que se estaba cociendo periodísticamente, guardándolo para sí.

Además, en la alta dirección del PP también se vio con gran preocupación la posible implicación de Ruiz-Gallardón con el ‘caso Urdangarin’, a propósito de la investigación realizada en Madrid los días 7 y 8 de febrero por el juez-instructor José Castro, y el fiscal anticorrupción de Baleares, Pedro Horrach, durante la que interrogaron a varias personas, todas vinculadas a la ‘Fundación Madrid 2016’ impulsada por Ruiz-Gallardón para promocionar la frustrada candidatura de la capital como sede de los Juegos Olímpicos. El entonces alcalde de Madrid ordenó el pago de 144.000 euros al duque de Palma por unos trabajos presuntamente ficticios, de los que el juez Castro no encontraba el menor rastro…

La realidad es que manteniendo a Ruiz-Gallardón en el Gobierno y vivas por tanto sus ambiciosas ‘razones personales’, que vienen de antiguo y eran perfectamente conocidas, el PP parecía condenado a sufrir, también por el flanco de la justicia, un gran deterioro electoral y, sobre todo, una irreparable pérdida de credibilidad democrática. Cosa que finalmente explosionó cuando Ruiz-Gallardón cambió de estrategia, aliándose entonces con el sector más radical del PP para forzar la reforma de la ‘Ley de Plazos’ en contra de las advertencias de Pedro Arriola sobre su nefasto efecto electoral, llevándole a una dimisión del cargo tardía y con el sistema de Justicia haciendo aguas por los cuatro costados…

La dimisión del Torres-Dulce y el control político de la Justicia

Para muchos observadores perspicaces, el tema de las tasas judiciales, es una buena muestra de cómo instrumentó sus reformas el avezado Ruiz-Gallardón. Para ellos, el ‘tasazo’ no ha dejado de ser un tema que, de entrada, podía funcionar perfectamente como cortina de humo lanzada con el objetivo de sondear la fuerza y cohesión interna en la Administración de Justicia, distrayendo la atención sobre algo mucho más importante para consolidar la supremacía política del poder ejecutivo: la reforma profunda (y en pro de una ‘dictadura de los partidos’) de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, cuyo contenido ya comenzó a modificarse con la Ley Orgánica 8/2012, de 27 de diciembre, de medidas de eficiencia presupuestaria en la Administración de Justicia.

No obstante, sobre la conocida como ‘Ley de Tasas’ (Ley 10/2012, de 20 de noviembre), que, como sabe perfectamente el Gobierno, supone una vulneración grave del derecho a la tutela judicial efectiva de los ciudadanos establecida en el artículo 24 de la Constitución, conviene saber que durante el proceso de redacción el entorno ministerial mantuvo conversaciones con los órganos de gobierno de la judicatura y las asociaciones profesionales, asegurándose en ellas que las nuevas tasas serían ‘algo testimonial, sobre unos 50 o 60 euros de incremento’, lo que en principio pareció asumible a todos los colectivos. Pero la inadmisible realidad posterior del ‘tasazo’ que supone la Ley 10/2012, es cosa muy distinta y, en el fondo, acorde con la fama de político ingrato que tiene Ruiz-Gallardón incluso dentro de su propio partido (Esperanza Aguirre se dirigía a él de forma reservada como “el hijo de puta”).

A pesar de que los edecanes ministeriales y el propio Ruiz-Gallardón habían prometido por activa y por pasiva que las tasas no entrarían en vigor hasta 2013, las impusieron aceleradamente el 20 de noviembre, forzando a los despachos jurídicos a meter por Decanato a todo correr cuantas demandas y querellas tenían pendientes, convirtiendo los juzgados en un auténtico patio de monipodio. Hasta el punto de tener que rebajar la tensión generada dejando en suspenso las tasas ‘por problemas de implantación técnica’ (se carecía de formularios y de procedimientos para que los funcionarios pudieran implantar las tasas en el Sistema de Gestión Procesal ‘Minerva NOJ’).

Un errático proceder sin precedentes conocidos en la Administración de Justicia y totalmente incomprensible salvo que, en vez de tratarse de una ‘chapuza’ legislativa, el propio ministro se fabricara una vacatio legis a su particular medida y perfectamente planificada para testar la capacidad de reacción del estamento judicial ante lo que verdaderamente pretende el Gobierno de Rajoy…

Porque el objetivo político que se iba cocinando ‘a puerta cerrada’, no era otro que el ya comentado de la reforma del poder judicial y del propio funcionamiento de la Justicia bajo la tutela del Ejecutivo y de las fuerzas políticas que le sustentan alternativamente (PP y PSOE), consumando así la invasión partidista en todos los ámbitos de la vida pública y la impunidad de la corrupción política. Es decir, transformando sutilmente la democracia en una ‘dictadura de los partidos’ o, expresado de otra forma, en una vergonzosa ‘satrapía partitocrática’.

No hace falta ser juez ni fiscal, y ni siquiera abogado, sino tan sólo buen observador de la realidad social, para ver la senda por la que encauzaba sus peligrosos pasos el ministro Ruiz-Gallardón, sobre el que todavía caben muchas sospechas de falso demócrata. De momento, y dispuestos a que expertos juristas nos enmienden la plana, ahí quedan para nuestros lectores algunas llamadas de atención que no son poca cosa:

Todo ello, utilizando en paralelo a un fiscal general del Estado, Eduardo Torres-Dulce, respetado profesionalmente y poco amigo de la manipulación política, para que las causas de corrupción pública fluyeran libremente por los juzgados, abrasando en primer lugar al propio PP. Una independencia que había sido pactada en el momento de su nombramiento (junto a la promesa incumplida de disponer de los medios materiales necesarios para cumplir los objetivos institucionales) y que sorprendería ingratamente al PP en causas tan palmarias como ‘Gürtel’ y ‘Bárcenas’.

Dejando a un lado la excepcionalidad del trato otorgado por la fiscalía a la infanta Elena en el ‘caso Nóos’, la independencia actuarial de Torres-Dulce respecto del Gobierno, y la del propio estamento fiscal dentro del Ministerio Público, puede que no hayan tenido precedentes en el nuevo régimen democrático. No obstante, la caída de Ruiz-Gallardón conllevó una  presión creciente del nuevo ministro de Justicia, Rafael Catalá, para reconducir la independencia de los fiscales, con expresión patente tanto en la instrucción del ‘caso Gürtel-Bárcenas’ como en la polémica sobre la imputación de Artur Mas y otras autoridades de la Generalitat por la consulta del 9-N, en la que la presidenta del PPC, Alicia Sanchez-Camacho, se permitió anticipar las directrices del Gobierno al Ministerio Fiscal (sin olvidar ciertas críticos de algunos ministros sobre las decisiones judiciales relativas a la excarcelación de etarras).

Sin necesidad de más comentarios, lo cierto es que en paralelo con la caída del dañino Ruiz-Gallardón, su fiscal general de confianza se vio despojado en paralelo de la mínima protección de independencia pactada entre ambos. Viéndose venir encima una presión gubernamental en la recta final de la legislatura que terminaría llevándole a un enfrentamiento radical y a un deterioro de la imagen fiscal que, al margen de otros problemas del sistema de Justicia, había logrado mantener en un nivel de dignidad con contados precedentes desde la Transición (como el de Luis Burón Barba, que también dimitió del cargo en 1986 debido a sus discrepancias con el Gobierno de Felipe González).

Una decisión, por tanto, presionada por un Ejecutivo del PP acosado por las causas de corrupción propias, en medio de una caída libre electoral, y empeñado en malentender la función constitucional del poder judicial y en realimentar una crisis en la Administración de Justicia hasta límites en efecto insoportables. Visión del problema compartida por todas las demás fuerzas parlamentarias.

El frangollo del caso ya se hizo bien evidente cuando, nada más iniciarse la legislatura, Ruiz-Gallardón fue apoyado por el establishment de forma entusiasta, dado que sus reformas legales, sujetando al poder judicial, garantizaban la impunidad de la corrupción partitocrática, sin que el sistema dejara de orientarse bajo el interés de sus ambiciones políticas personales. Teniendo en su contra, claro está, la ética política, la dignidad personal y los principios y valores que, de verdad, inspiran la democracia.

De hecho, un analista de la realidad política tan avezado como Raúl del Pozo, dejaría escrito en negro sobre blanco, antes de cumplirse la media legislatura, el reconocido empeño de Ruiz-Gallardón por acceder a la Presidencia del Gobierno, desplazando a Mariano Rajoy y ocupando su sillón al frente del Consejo de Ministros. Su informada y afilada pluma lo enjaretó de esta forma: “(…) Mientras saborea el vino de ‘Juanito Perdigón’, el TH [el Tercer Hombre] me explica que los papeles [de Bárcenas] están más vivos que nunca y que el principal interesado de que sigan vivos es Gallardón, porque de confirmarse su autenticidad, Rajoy, Arenas y otros dirigentes estarían liquidados. Sólo quedaría Alberto, apoyado por Aznar, por eso Rajoy ha enviado al ex el siguiente mensaje: si sigues enredando con Alberto le voy a dar un puntapié a tu mujer en la alcaldía. El otro día en FAES Aznar le dijo a un célebre economista: la solución es Alberto”…

En fin, la realidad de esta legislatura en materia de justicia es que, tras enhebrar un continuado comportamiento político de corte dictatorial y plagado de decisiones muy cuestionables en un Estado de Derecho, alimentando un insólito y gravísimo enfrentamiento con jueces y fiscales, hasta el punto de haber provocado una huelga sectorial, Rajoy no ha dejado de promover motu proprio una verdadera crisis institucional, agujereando el poder judicial, que es el soporte vital de la libertad y la democracia, como si fuera un queso emmental. Él personalmente, y arrogándose en exclusiva la responsabilidad del caso, se ha convertido en el último asesino político de Montesquieu.

Baste repasar todas las promesas realizadas en materia de justicia por el PP en su programa electoral de 2011, totalmente incumplidas y acompañadas, incluso, de reformas dirigidas exactamente en sentido contrario al esperado. Entre ellas está la que con suma claridad establecía: “Promoveremos la reforma del sistema de elección de vocales del Consejo General del Poder Judicial, para que, conforme a la Constitución, doce de sus veinte miembros sean elegidos de entre y por jueces y magistrados de todas las categorías”. Hoy, esos doce vocales que conforman la mayoría del CGPJ, siguen siendo elegidos por los partidos políticos en el Congreso y el Senado en base a sus lealtades políticas…

El presidente Rajoy no es, ni mucho menos, “el referente de la regeneración democrática” pregonado por Alberto Núñez Feijóo. Sino más bien el hombre atrapado por sus falsas promesas regeneracionistas y la corrupción de su partido, como Felipe González en 1994, marcado por su oposición a la independencia de los jueces y fiscales que, frente a él, entienden la justicia al servicio de los ciudadanos y de la democracia, y no al de la clase política. Esa es la realidad.

Fernando J. Muniesa

Los tertulianos y comentaristas de ocasión no dejan de teorizar en los medios informativos sobre el color político que puede tener el próximo Gobierno, manejando encuestas de opinión todavía precipitadas y olvidando que antes hay que celebrar unas elecciones municipales y autonómicas, que son las que van a orientar decididamente el resultado de los subsiguientes comicios legislativos.

Y en esa mala praxis analítica son evidentes tanto el sesgo de las encuestas al uso como la explotación informativa derivada de las mismas, con la intención de ‘crear estados de opinión’ falsos o de condicionar la opinión pública (en realidad ese es su objetivo). Sin profundizar en las verdades y mentiras de las encuestas políticas (tema tratado en otras Newsletters), lo que está meridianamente claro es que ese interés por establecer o apuntar ya los resultados de los próximos comicios legislativos, pasando de la convocatoria previa del mes de mayo, a sólo cinco meses vista, para renovar los Ayuntamientos y las Comunidades Autónomas, constituye una anticipación manipuladora y bastante atrevida.

Por un lado, sorprende que ante un 2015 con dos citas electorales previstas de forma sucesiva para los meses de mayo y noviembre, los institutos demoscópicos más ‘acreditados’ en la elaboración de sondeos electorales barométricos (CIS, Metroscopia y Sigma Dos), se limiten a pre establecer los hipotéticos resultados de las elecciones más lejanas, despreciando la investigación de las opiniones y actitudes sobre las más inmediatas.

Y, por otro, no deja de ser extraño que los partidos políticos también anden anticipando proyectos y programas más o menos quiméricos para alcanzar el gobierno nacional, sin hacer antes lo mismo tanto a nivel municipal como autonómico. Con tan poca distancia temporal entre las elecciones de mayo y noviembre de 2015 -seis meses con un verano de por medio-, será muy difícil que el resultado de las primeras no arrastre indefectiblemente el de las segundas: quién quiera tomar la Moncloa el próximo mes de noviembre, tendrá que pasar primero el Rubicón del mes de mayo, como hizo Julio César antes de entrar triunfalmente en Roma.

Rajoy, prematuro candidato a las legislativas de 2015

Claro está que el presidente Rajoy no está, ni se le espera, en este tipo de consideraciones, y sus asesores áulicos menos. Por eso, ni corto ni perezoso -que lo es para otras muchas cosas-, ya se ha auto proclamado candidato de su partido para volver a encabezar las listas en las elecciones legislativas del mes de noviembre (“si el PP quiere”, matizó naturalmente). Las del mes de mayo parece que le importan menos, dado que el Dedo Divino (el suyo) todavía no ha señalado a quienes han de ganarle o perderle previamente las capitales de provincia y las comunidades en liza electoral (en su entorno se afirma que para ello se fiará sólo de su “olfato” -ahí es nada- y no de las encuestas de valoración), perdiendo un tiempo de pre campaña precioso.

Esas elecciones le preocupan bastante menos que utilizar el pedestal del poder para advertir al personal -lógicamente intranquilo por la caída libre del partido registrada en todas las encuestas-, que él es quien manda en el PP y en el Gobierno. Y que no parece dispuesto a volver a pasar otro calvario personal como el del XVI Congreso Nacional del PP (Valencia, junio de 2008), en el que los aznaristas agitados por Esperanza Aguirre le bailaron la poltrona bien bailada tras haberse consumado su segunda derrota electoral frente a Rodríguez Zapatero.

Mariano es así; se ha convertido en un fenómeno auto-portante del ‘yo me lo guiso y yo me lo como’. A pesar de su gran desgaste político y de haber venido siendo durante toda la legislatura el presidente peor valorado desde la Transición (jamás alcanzaron el aprobado raspado ni él ni su Gobierno), dice que sigue, como decía ‘Felipito Takatún’, el tele-personaje de comedia encarnado por Joe Rígoli en los años finales del franquismo. Y por supuesto sin esperar cuando menos a ver lo que sucede en las próximas elecciones locales y autonómicas, teniendo ya anotado en su cuenta personal el batacazo de los últimos comicios europeos.

De momento, poco parece haber aprendido Rajoy de la desidia con la que planificó la nominación y la acción electoral que el pasado 25 de mayo le llevó a perder 8 escaños en el Parlamento Europeo y el 16,26% de sus votantes previos. Tardando lo que tardó en decidir la cabeza del cartel, el ungido Miguel Arias Cañete apenas tuvo tiempo de medirse con sus oponentes, calentar la faena y ni siquiera de ajustar su discurso.

Ahora, el caso parece que vuelve a repetirse con la tardía nominación de los candidatos municipales y autonómicos del PP. Es más, ni siquiera se han decidido las podas o descartes necesarios entre las personas claramente cuestionadas a efectos electorales (Sonia Castedo y Francisco de la Torre en los ayuntamientos de Alicante y Málaga, José Antonio Monago, María Dolores de Cospedal…), mientras las candidaturas de Madrid y Valencia, bastiones emblemáticos del PP en los que ya tiene asumido que perderá su mayoría absoluta, se mantienen en vilo, alentando una pesadilla de suspense electoral que sólo satisface y beneficia a la oposición.

Sabido es que los animales de tiro han de engancharse por delante, y no por detrás, de la carga de la que han de tirar, incluso en Galicia. Pero puede que Rajoy crea otra cosa y esté ensayando alguna novedosa innovación del marketing político, esperando de nuevo hasta última hora para decidir sus candidatos municipales y autonómicos y subirlos al carro electoral sobre la marcha: claro está que con su nominación para las legislativas del 2015 a la Presidencia del Gobierno anda bastante más espabilado…

Mientras la vicepresidenta para todo le guarda las espaldas del Gobierno con no pocos tropiezos, Rajoy va sólo a lo suyo, que hoy por hoy es hartar a la sociedad española con su teoría de la superación de la crisis en términos macroeconómicos y con esa especie de rollo macabeo de que, gracias a su liderazgo político, España se ha convertido nada menos que en el modelo a seguir por la Unión Europea, en el norte y guía que debería inspirar al viejo continente. Un triunfalismo que sigue sin calar en el cuerpo electoral, no sólo por su intrínseca vacuidad, sino también por la falta de credibilidad de quienes lo propagan, de forma que cuanto más se empeñe el PP en vender lo invendible más se seguirá alejando de la sociedad real, aunque ya sea por poco tiempo.

Una pobreza de ideas la de Rajoy y sus fieles marianistas instalada en el absurdo político y, sobre todo, en la agonía electoral, insistiendo en explicar a los votantes que han gastado tres año en arreglar la herencia del PSOE (cosa harto discutible) y que ahora les queda uno para ‘vender’ lo bien que lo han hecho (porque según ellos la torpeza intelectual de los electores no les ha permitido captarlo correctamente), realizar las reformas pendientes y resituar el país en la arcadia feliz…  Sin apreciar ningún error propio (ni siquiera ante el tsunami de la corrupción), sin plantear ninguna rectificación esencial y sin darse cuenta que ya no tienen un año para desarrollar estrategia alguna, sino sólo los cinco meses que faltan para las elecciones municipales y autonómicas, que van a constituir realmente su hora de la verdad.

Rajoy ya se ha proclamado candidato in péctore del PP para seguir liderando el partido en las próximas elecciones legislativas, sin esperar al resultado de las decisivas elecciones previas, que son un test o prueba del algodón ineludible para poder viabilizar sus nuevas aspiraciones de gobierno. Una decisión personal que desde luego evidencia su ceguera política, porque, simplemente, en mayo de 2015 podría convertirse en un muerto viviente al que sólo le quedaría por decidir la forma de su enterramiento (sepulcro o incineración) y los pequeños detalles ceremoniales…

Aunque no todo el PP padece la misma miopía política. Muchos barones del poder, alcaldes y presidentes de comunidades autónomas, son conscientes de que la derrota de las próximas elecciones legislativas se pre-cocinará desde luego en sus ámbitos de poder el próximo mes de mayo y que la refriega les está pillando otra vez a trasmano, ‘con el bolo colgando’, desarmados y sin planes de campaña (puede que incluso con cabezas de cartel imprevistas). Así, la impaciencia y la incertidumbre no dejan de minar la moral de los candidatos políticos, sean tanto de continuidad como de relevo, cosa poco conveniente en un ámbito electoral en el que la confianza de sus valores objetivos y personales ante los votantes tendrá que estar muy por encima de las siglas del partido y de su líder nacional.

Dice un sabio proverbio japonés que “se aprende poco con una victoria, pero mucho con una derrota”. El caso es que como buen gallego, brumoso y retraído, Rajoy no tiene costumbre de asumir consejos ajenos, ni interés por ver lo que pasa más allá de sus narices. El presidente del Gobierno es muy suyo y quienes le votaron masivamente en el 2011, obligados por el desastre del ‘zapaterismo’, no le conocían: ahora sí.

La ruptura del bipartidismo abrirá una política nueva

Antes señalábamos la grima que producen ciertas encuestas políticas que ‘rezuman’ intereses de partido por los cuatro costados. Una bien evidente es la última oleada barométrica elaborada por Metroscopia para El País, con la desvergüenza de presentar al PSOE -hundido por sí mismo en el abismo electoral y con sus restos desangrados por Podemos- nada menos que como la primera fuerza política en estimación de voto y situada 7,7 puntos por encima del PP (27,7% frente al 20,0%), con Podemos en segunda posición (25,0%), IU/ICV en cuarta (5,6%) y UPyD en quinta (4,8%)…

También advertíamos lo chocante de que Metroscopia, Sigma Dos y el CIS no hayan mostrado hasta ahora el menor interés por sondear los resultados de las elecciones municipales y autonómicas previas. Y lo cierto es que en ese trabajo se ha tenido que meter, aunque sea de forma aproximativa, una consultora menos conocida pero más realista en el plano de la politología.

El pasado mes de octubre, la sociedad de Comunicación y Asuntos Públicos ‘Llorente & Cuenca’ hizo público un informe sobre ‘El reparto del poder territorial en 2015’ en el que analizaba las perspectivas de resultados para las elecciones municipales y autonómicas del próximo mes de mayo. Un estudio de gabinete, sin trabajo de campo propio, realizado con la intención de voto del CIS (que es un organismo oficial dependiente del Ministerio de Presidencia) y con sondeos publicados en diversos medios informativos para casi todas las Comunidades Autónomas y principales ciudades del país.

Sin olvidar, pues, su carácter especulativo, el informe reafirmaba todas las previsiones sobre la ruptura del bipartidismo y sus derivadas, anticipadas en nuestras Newsletters antes incluso de las elecciones europeas. Así, las mayorías absolutas serán muy difíciles de repetir (quizás pueda mantenerse la del PP en Murcia), abriéndose en consecuencia una nueva época de gobiernos en pactos políticos.

Si las elecciones municipales y autonómicas de 2011 diseñaron un mapa de poder territorial prácticamente monocolor, es decir, copado por el PP  (Andalucía, Cataluña, Galicia y País Vasco no coincidieron en la renovación de sus cámaras legislativas), básicamente por el rechazo nacional al ‘zapaterismo’, las perspectivas del nuevo reparto del poder territorial es radicalmente distinta. En aquella cita, el PP arrasó con mayorías absolutas tanto municipales como autonómicas sin precedentes, pero cuatro años después ese privilegio ha quedado malversado y a punto de extinción.

Ahora, todo apunta a una fragmentación en la representación política, derivada del rechazo al bipartidismo, de su tolerancia y connivencia con la corrupción (que persiste), de su permanente manipulación de la verdadera democracia y, en definitiva, de la indignación y la revancha social que los dos partidos mayoritarios (PP y PSOE) han desatado contra sí mismos. Una apertura de nuevos cauces de representación ciudadana que conllevará una inevitable reorientación de la política, incluso con posibles acuerdos tripartitos, lo que supone poner en marcha una nueva cultura de gobierno en teoría más ética y de una mayor transparencia.

En relación con el nuevo reparto del poder territorial, el informe de ‘Llorente & Cuenca’ prevé que el PP perderá prácticamente todas sus mayorías absolutas y que, aunque consiga mayorías relativas, sus escasas opciones de pactos post electorales con otras fuerzas políticas de centro derecha le situarán en la oposición. Posición de desventaja desde la que tendrá que afrontar inmediatamente las elecciones generales, en una senda de caída libre que -hemos dicho- ya se inició en las pasadas elecciones europeas.

Por su parte, el PSOE podría mantenerse como segunda fuerza política; pero quedando (al igual que el PP) muy alejado de su habitual posición y sobrepasado por la suma de los partidos situados a su izquierda, lo que le generará serias dificultades para poner en valor esa segunda posición electoral. Lo seguro es que la ruptura del bipartidismo abrirá una nueva forma de entendimiento político, prácticamente inédita desde que Felipe González obtuviera la primera mayoría absoluta del régimen democrático en las elecciones generales del 28 de octubre de 1982.

En síntesis, a nivel autonómico (limitado a las 13 comunidades en las que se celebrarán elecciones) el PP podría perder el poder en 8 de las 9 en que gobierna, incluidos los bastiones de Madrid y Valencia, y también en el de Castilla-La Mancha que preside la secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal. Conservaría sin problemas Murcia, pero se mantendrían en la incógnita de los pactos con otras fuerzas políticas en Castilla-León, La Rioja, Extremadura, Cantabria y Aragón.

Y es que, aun pudiendo ser el partido ganador, el PP obtendrá entre el 25-30% de los votos, franja muy alejada del objetivo del 35% que se ha marcado como mínimo asumible en función del desgaste político. Mientras el conjunto de la izquierda desbordará el 50%, aunque aparezca dividida entre PSOE, IU y Podemos, sin que por ahora, a falta de fijar candidaturas, acuerdos y programas, puedan afinarse los porcentajes respectivos dentro de esa mayoría de izquierdas.

Otra incógnita es la que afecta a los partidos situados entre el PP y el PSOE, como Ciudadanos (C’s) y UPyD, cuya falta de entendimiento puede ser un verdadero lastre para su propia supervivencia, totalmente pendiente de su eventual posición de apoyo al PP. Todo ello al margen del papel que puedan jugar las fuerzas regionalistas, nacionalistas o regionalistas en Canarias, Navarra, Asturias, Cantabria, Aragón… y también en el ámbito municipal de Galicia, País Vasco y Cataluña.

Con todo ello, lo que se vislumbra de cara a las próximas elecciones de mayo es una mayoría social de izquierdas y una pérdida brutal del poder territorial ostentado por el PP, sin precedentes en la historia del régimen democrático. De hecho, gobernando en 37 de las 52 capitales de provincia (en 34 con mayoría absoluta y en 3 en minoría), podría pasar a la oposición en todas, excepción hecha de Murcia y de algunas ciudades en las que pudiera conseguir apoyos externos que, a la vista de su previsible debacle y escasa cintura política, se muestran realmente difíciles.

La posición marginal que el partido de Rajoy tendrá en comunidades como Cataluña, País Vasco y Navarra y su gran debilitamiento en Madrid, Valencia y Andalucía (comunidades que acaparan casi 200 escaños de los 350 que conforman el Congreso de los Diputados), hacen muy difícil que el PP pueda seguir gobernando España en la próxima legislatura.

Por eso, la auto-proclamación del presidente Rajoy como nuevo candidato del PP a la Presidencia del Gobierno, sin esperar a poder esgrimir ante su partido unos resultados medianamente dignos tras las elecciones de mayo, resulta ciertamente atrevida cuando no absurda. Ahora, por mucho que se quieran repetir consignas y proclamar logros gubernamentales más o menos imaginados, el futuro electoral del PP está en manos ajenas: justo en las de la oposición, y en cómo ésta dibuje su hoja de ruta y su entendimiento o desentendimiento con los partidos afines.

Una situación ciertamente difícil de gestionar, en la que la bisoñez de Podemos suministra grandes dosis de incertidumbre. Sin contar con las propias reacciones de revanchismo social ante la corrupción política, que pueden disparar el voto por derroteros imprevisibles.

A toro pasado, la aritmética política será determinante. Pero la cuestión previa de cómo va a afrontar Podemos las elecciones de mayo, con qué propuestas concretas, con qué recursos humanos, con qué acción electoral, con qué planteamiento táctico y, en definitiva, con qué estrategia, marcará sus resultados y, en consecuencia, el futuro del PP (en particular el de Mariano Rajoy). Acabando, en su caso, con la dictadura del bipartidismo y abriendo las puertas a una nueva forma de hacer política menos clasista y más social.

De cómo el rumbo de la historia puede cambiar de repente

Por eso no extrañan en absoluto las campañas de fuego cruzado contra Podemos orquestadas por el establishment. Quizás lo que subyace en esa ofensiva radical contra una formación política emergente que puede trastocar el sistema, sea el temeroso recuerdo de las elecciones municipales del 12 de abril de 1931, que de la noche a la mañana acabaron con la Monarquía de Alfonso XIII y trajeron la II República.

Nada tiene que ver la España de 1931 con la España actual, ni ahora cabe pensar en ningún descalabro similar al de entonces, precisamente por la naturaleza democrática del régimen vigente. Pero, salvando las distancias, sí que cabe en estos momentos -críticos en muchos aspectos- que puedan sobrevenir cambios sustanciales en el sistema político, porque hoy, como en 1931, la clase dirigente tampoco tiene conciencia de las necesidades y sentimientos ciertos de la sociedad, a cuyas espaldas sólo busca satisfacer los intereses de partido.

La II República se proclamó de forma inesperada nada menos que con unos resultados parciales de 22.150 concejales electos de ideología monárquica, representantes de los partidos tradicionales, y tan sólo 5.875 concejales adscritos a las diferentes iniciativas republicanas, quedando además 52.000 puestos sin determinar antes de la proclamación del 14 de abril. Pero pese al mayor número de concejales monárquicos, los resultados suponían para la Corona una amplia derrota en los núcleos urbanos más importantes, confirmando el triunfo de la corriente republicana en 41 capitales de provincia (en Madrid los concejales republicanos llegaron a triplicar a los monárquicos y en Barcelona los cuadruplicaron).

Y si las elecciones se habían convocado como una prueba para sopesar el apoyo social a la Monarquía y las posibilidades de modificar la ley electoral antes de convocar los nuevos comicios generales, los partidarios de la República consideraron tales resultados como un plebiscito a favor de su instauración inmediata. Es decir, evidenciando que una operación política mal evaluada devino justamente en lograr todo lo contrario de lo esperado.

Así, el Rey marchó hacia el exilio la noche del propio 14 de abril de 1931 a todo correr, sin llegar a abdicar, viajando primero a París e instalándose después de forma definitiva en Roma. Dos días después de abandonar España, el 16 de abril, se hizo público el siguiente manifiesto, redactado en nombre del Rey por el duque de Maura:

Las elecciones celebradas el domingo me revelan claramente que no tengo hoy el amor de mi pueblo. Mi conciencia me dice que ese desvío no será definitivo, porque procuré siempre servir a España, puesto el único afán en el interés público hasta en las más críticas coyunturas. Un Rey puede equivocarse, y sin duda erré yo alguna vez; pero sé bien que nuestra patria se mostró en todo tiempo generosa ante las culpas sin malicia.

Soy el rey de todos los españoles, y también un español. Hallaría medios sobrados para mantener mis regias prerrogativas, en eficaz forcejeo con quienes las combaten. Pero, resueltamente, quiero apartarme de cuanto sea lanzar a un compatriota contra otro en fratricida guerra civil. No renuncio a ninguno de mis derechos, porque más que míos son depósito acumulado por la Historia, de cuya custodia ha de pedirme un día cuenta rigurosa.

Espero a conocer la auténtica y adecuada expresión de la conciencia colectiva, y mientras habla la nación suspendo deliberadamente el ejercicio del Poder Real y me aparto de España, reconociéndola así como única señora de sus destinos.

También ahora creo cumplir el deber que me dicta mi amor a la Patria. Pido a Dios que tan hondo como yo lo sientan y lo cumplan los demás españoles.

Y eso, como atestigua la historia, no fue todo. Pero sin profundizar en todas las graves consecuencias que tuvo aquel inesperado resultado electoral, entre otras la proclamación en paralelo de la República Federada Catalana dentro de la República Española, realizada por Francesc Macià desde el balcón de la Generalitat de Cataluña, nadie puede asegurar que, cuando se llama a las urnas, el fenómeno en sí de una respuesta ciudadana airada no ponga el país patas arriba...

La historia está ahí, con sus puertas y ventanas abiertas a un nuevo grito de hartazgo ciudadano. Y sabido es que, bien observada, en ella siempre hay acontecimientos que tienden a repetirse de formas muy distintas y adaptadas al momento que pueda corresponder. Por tanto, quedemos atentos a unas elecciones que pueden traer más cola de la que parecen esperar tanto el PP como el PSOE.

Ni PP ni PSOE: El modelo político pendiente de Podemos

Algunos protagonistas de la Transición, testigos de cómo había funcionado la ‘democracia orgánica’ del franquismo, latente quiérase o no en el cambio de régimen, pueden atestiguar la importancia que tuvieron el entramado y los liderazgos territoriales para organizar entonces los nuevos partidos políticos y, en consecuencia, apuntalar el nuevo régimen.

La verdadera democracia empieza en lo más próximo y necesario para la convivencia social, razón por la que, para garantizar su solidez, siempre debe construirse de abajo hacia arriba (caso del PNV). Así, la política local, las instituciones más cercanas, las candidaturas directamente formadas y controladas por los ciudadanos…, reunidas bajo la etiqueta general del  ‘localismo’, son las que han permitido partidos fuertes y supervivientes en el tiempo frente a los débiles y efímeros, generalmente construidos desde arriba hacia abajo (como la extinta UCD).

Y, por eso, cuando el sistema político se desmorona o se muestra necesario un cambio de modelo, lo primero que se reactiva, funcionando como una señal de alarma, son las experiencias ‘vecinales’, las pequeñas agrupaciones locales que simplemente quieren cambiar las cosas para reencontrarse en la convivencia social, empezando por lo que más les acucia o les resulta más cercano. Se trata de proyectos de gestión local ajenos al interés partidista, sin nada que ver con organización de disciplina piramidal o estructurada en torno a una determinada ideología (ahí están las acampadas del 15-M, la lucha contra los desahucios, la estafa de las preferentes, el acoso a la clase política...).

El sentido y propósito del municipalismo (ampliado al ámbito comarcal, provincial o insular) es radicalmente inmediato; reafirmar la identificación entre gobernantes y gobernados como esencia original de la democracia, justamente allí en donde ésta debe comenzar, y donde unos y otros deben actuar bajo los mismos y únicos intereses. De esta forma, el ‘municipalismo’ equivaldría al ‘autogobierno’.

No queremos discursear sobre filosofía política, sino sólo tratar de entender la realidad del momento y orientar nuestros análisis de la forma más consecuente, alejados de los prejuicios, la visceralidad y las consignas hoy evidentes en muchos de medios de comunicación social, que cada vez confunden más la información estricta con sesgos interpretativos, al margen de la libre opinión de sus comentaristas invitados.

De hecho, no es infrecuente ver publicadas en algunos medios de información artículos de opinión enfrentados con su propia línea editorial. Por poner un ejemplo relativo a Podemos, mientras El Mundo -como hoy hacen una gran mayoría de medios informativos- le arrea editorialmente todo lo que puede y más, Antonio Lucas venía a explicar en el mismo periódico (17/06/2014) el éxito que había cosechado en las elecciones europeas precisamente por el hartazgo social de la corrupción política e institucional y por la presión de una democracia en muchos aspectos injusta e incapaz de auto regenerarse:

Y así llegó el demonio

Hay una carga de desprecio mediática a la tropa de Podemos, como si fuesen allanadores que han entrado en la democracia amenazando con infiernillos de acampada. El discurso de Pablo Iglesias, jefe apache de ese margen que ha encontrado el sitio, está sacando punta a los nervios de la política compostada. Raúl del Pozo trazó el domingo la mejor carta náutica de lo que supone la balsa de Podemos en el ojo del naufragio. Esta peña trae un discurso imposible, pero necesario. No fabrican eslóganes de saldo, saben que tienen agarrados por el escroto a los partidos de siempre. Sencillamente dicen aquello que muchos quisieran decir si tuvieran micrófono. Es un populismo de nueva era, donde ya no se regalan relojes en los mítines sino promesas de justicia.

Han venido, como advertía Rimbaud, a robar el fuego del fuego. Son producto del desprecio y el abuso de los partidos mayoritarios con su señoritismo de casa de putas y sus modales de mafia blindada. Utilizan palabras de ahora. Han entendido el ruido de una parte de la calle. Salen de la topera de esa lejana izquierda asamblearia que en los 90 se gestaba en los barrios y en las aulas de algunas universidades, aquél ‘Mayflower’ de la protesta 4G. Denuncian la democracia en porciones y saben que los milagros no se repiten nunca. Son pequeños y bravos. No temen nada porque no deben nada a nadie. Si la cosa no les funciona volverán al paro, a las aulas, al curro, a las televisiones o a sus casas, depende.

Algunos aventadores de estricnina les acusan de estar a pienso de Venezuela e Irán. Otros, de extremistas peligrosos. Incluso de agitar una «verborrea de pobres contra ricos» que incuba un discurso de quiebra con el régimen representativo. Pero Podemos es, principalmente, una bengala del asco popular ante el gótico floreado de la mentira y de los políticos de consejo de administración. Tiene más de convulsión que de amenaza. Más de bálsamo social que de atalaje de viejas hoces y martillos.

La democracia es más completa con Podemos dentro. Y hoy la están entendiendo mejor los grupos pequeños, los que podrían detener los relojes con un parlamento ingobernable. Está muy bien el canguelo que han generado. Aquí cuatro maulas creyeron tener la cosa bien atada y un puñado de chavales enseriecidos, al salir de clase, les ha jodido el póker porque los rottweiler del sistema no supieron ver lo invisible, ni escuchar lo inaudible: aquello que sucedía bajo sus ventanas. Y así llegó el demonio.

Un demonio que (¡sorpresa!) no espanta para nada al último presidente de la División Ibérica de Coca Cola, Marcos de Quinto, recién nombrado ‘Chief Marketing Officier’ de la multinacional (el número tres de la compañía a nivel mundial). En una entrevista concedida precisamente al diario El Mundo (15/12/2014), firmada por Esther Esteban y titulada ‘Hay que agradecer a Podemos que haya hecho reaccionar a la gente’ (ahí queda eso), este experimentado hombre de marketing, ha dejado enmarcadas en negro sobre blanco las siguientes observaciones en defensa de Podemos:

(…)

Pregunta: Como experto en marketing, ¿cree que el efecto Podemos es sólo eso, un producto de marketing, o algo más?

Respuesta: Créame, en marketing nunca vas a vender un producto si la gente no está dispuesta a comprarlo. Hay muchos partidos que en estos momentos sería imposible vender. Creo que Podemos ha identificado una tendencia: que la gente está harta. Pero eso lo sabía Podemos, el PP, el PSOE y todo el mundo. El asunto es qué ha hecho cada uno respecto de esa situación, y en ese sentido Podemos ha sabido conectar mucho mejor.

P: ¿Qué opinión tiene de este fenómeno?

R: Habrá que agradecerle que haya hecho reaccionar a tanta gente. Si Podemos se disuelve dentro de tres años habrá que agradecerle que hayan movido a los partidos tradicionales, que no se habrían movido en la vida, no se habrían tomado en serio el cabreo de la ciudadanía. En ese sentido, chapeau, pero también en Podemos hay una aspecto inquietante.

P: ¿Cuál?

R: La intranquilidad. Creo que la inseguridad que pueden estar generando sus propuestas es algo negativo. Es un drama para nuestra sociedad tener que elegir entre partidos con programas más o menos sensatos, pero partidos manchados, o partidos con programas más o menos insensatos, pero limpios.

P: ¿El hecho de que Pablo Iglesias o su fundación hayan asesorado a Venezuela u otros regímenes dictatoriales es un motivo para estar alerta?

R: Hay un interés muy grande en tratar de encontrar algo sucio, lo que sea, contra la gente de Podemos. Y lo hacen los mismos que miraban hacia otro lado cuando los suyos cometían actos bochornosos.

P: ¿Bochornosos como que Íñigo Errejón cobrara por no ir a la universidad?

R: No se puede hacer bandera de algo y decir que todos deben imitar tu ejemplo cuando tu actitud no es ejemplar. Pero todo hay que contextualizarlo, porque copiar en un examen no es igual que disponer de cuentas millonarias no declaradas en Suiza.

P: Hay varias multinacionales que tienen preparado un plan B por si gana Podemos, que consistiría en trasladarse a otros países. ¿Coca-Cola también lo haría?

R: Yo creo que si gana Podemos la gente va a seguir bebiendo Coca-Cola. De Fidel Castro tengo fotos tomando Coca-Cola. Vamos a seguir aquí en España y no hay ningún tipo de plan B por si gana Podemos.

P: En resumen, que a usted no le inquieta en absoluto.

R: Yo el otro día colgué un tuit con la famosa foto de la tortilla de Yáñez, Felipe González, Chaves y Alfonso Guerra. Salvo por los pantalones, que eran de pata de elefante, veo muchas similitudes entre aquellos jóvenes socialistas y Podemos. Con el tiempo, el PSOE tuvo una gran capacidad de adaptación y si eso le ocurre a Podemos, en caso de tocar poder, la gente les perdería el miedo.

P: ¿Y por qué Podemos asusta?

R: Porque no explican claramente lo que van a hacer.

P: ¿Cree que, llegado el caso, la solución sería un gobierno de coalición?

R: Si es sólo para taparse las vergüenzas, la sociedad no lo aceptará. Ahora bien, si alguien se coaliga realmente para sacar el país adelante, la cosa cambia y es lo que probablemente la sociedad espera.

(…)

 

Ahora, lo conveniente, pues, es que Podemos realimente el aire fresco de su irrupción en la política con inteligencia y sentido común, afinando todo lo que tenga que afinar pero sin perder su espíritu regenerador de la vida pública, aunque por ello se les acuse de conversos o de renacer como ‘casta política’.

Y, por supuesto, no cometer errores, que les serán magnificados de forma inquisitorial. Y cuando estos lleguen, que llegarán, porque su tarea es ardua y en ella surgirán más problemas de los deseados y más juego sucio del imaginado, teniendo siempre la fortaleza de reconocerlos y rectificarlos con las decisiones inmediatas más convenientes, poniendo siempre por delante la verdad, la honradez y la lealtad hacia los representados.

En esa apuesta, parece que Podemos deberá afrontar de entrada la decisión de presentarse o no a las elecciones municipales y qué tipo de estrategia va a seguir en sus relaciones con otras fuerzas políticas, ponderando los inconvenientes y las oportunidades del caso. A nosotros no nos corresponde redactar recetas ni recomendaciones específicas para ningún partido, pero si advertir la realidad en la que se mueven y levantar acta informativa de sus aciertos y errores, procurando un ejercicio general de la política acorde con los principios democráticos y el interés de la sociedad en su conjunto.

En esa tarea, cualquier formación política, llámese como se llame, tendrá siempre el reconocimiento de la sociedad. Y la verdad es que, en estos momento, el futuro del modelo de convivencia está en manos de Podemos, pendiente de su buen o mal entendimiento de la situación y de las decisiones tácticas y estratégicas que tome, y no en las manos del PP ni en las del PSOE que siguen, erre que erre, instalados en la miopía política y sin reconocer la realidad social y, por tanto, sin poder afrontarla de forma adecuada.

Con el régimen democrático, hemos transitado desde la España de los Botejara hasta la España rompedora de 1992. Pero también hasta llegar a la del empacho de la corrupción pública; a la de las Pantoja, los Cachuli y el saqueo marbellí; la del asalto a las cajas de ahorros y las black cards; la de los Palau, los Gürtel, los Pokémon y las Púnicas; la de los Bárcenas, los Baltar y los Fabra; la de los ERE falsos; la de las Corinna, los Urdangarin y los Pujol; la del aluvión de políticos imputados en causas penales; la del cachondeo del pequeño Nicolás… Llegando a conformar una encrucijada de problemas y oportunidades en la que el mango y la sartén de la política puede estar en manos de Podemos: España es así.

Ya hemos advertido por activa y por pasiva que sin un regeneracionismo institucional auténtico e inmediato, que no se ha producido ni tampoco se vislumbra, Podemos barrerá, sin más, allí donde compita electoralmente (otra cosa es que no se presente a las elecciones municipales, teniendo que asumir el riesgo de desinflarse como un suflé). Y también que Podemos es un fenómeno sociopolítico inédito en España y en plena ebullición.

 

Por ello, quienes lo desprecien o se limiten a valorarlo sólo desde una perspectiva convencional de la teoría política, pueden equivocarse de cabo a rabo. Rajoy comenzó la legislatura diciendo que con ella empezaba el cambio (a mejor), pero esa ha sido una aspiración frustrada invadida por la España de la corrupción. Ahora todo indica que el cambio puede llegar en las elecciones de mayo de la mano de Podemos, pero, claro está, será el cambio de la patada al PP y al PSOE.

Fernando J. Muniesa

Mucho se ha especulado en los últimos años sobre el submarino ruso similar al S-80 Clase ‘Lada’, sin llegar a conocerse la situación exacta de su desarrollo industrial ni su nivel tecnológico y, por tanto, ignorando su alcance como sistema de armas que pueda abrir una nueva época en la estrategia naval y en la geopolítica mundial.

El poco conocimiento cierto sobre la realidad del ‘Lada’, se debe no sólo al sigilo con el que ha sido desarrollado por el CDB ME ‘Rubin’ (la ‘Central Design Bureau for Marine Engineering’ radicada en San Petersburgo), sino también por la gama de versiones específicas de los submarinos rusos S-80 avanzados o de cuarta generación desarrollada a partir de la clase ‘Kilo’ y su evolución como Clase ‘Amur’ (proyectos 1650 y 950), tanto para dotación de la Armada rusa como para la exportación. De hecho, parce que el ‘Lada’ ha acabado incorporando en pruebas el mismo sistema de propulsión ‘Air Independent Propulsion’ (AIP) súper-avanzado previsto para el submarino Clase ‘Kalina’ de quinta generación.

El impulso que Rusia ha dado al diseño y construcción de submarinos no-nucleares, además de sorprender a las Fuerzas Armadas de todo el mundo (el ‘Lada’, proyecto 677, se conoce como el ‘submarino sorpresa’ de Putin), representa un duro golpe para todos los buques S-80 (desde el alemán Clase U-212 y U-214 hasta el francés Clase ‘Scorpène’ -incluida su versión avanzada de quinta generación-, pasando por el sueco Clase ‘Gotland’), eventuales competidores del ‘Lada’ en el mercado de la exportación. Pero sobre todo para el submarino español S-80, Clase ‘Isaac Peral’, con su puesta a flote fracasada y, en todo caso, con requerimientos y prestaciones ya superadas y con un retraso de salida al mercado -actualmente muy vivo- que le alejan demasiado de sus iniciales competidores y de poder conseguir clientes potenciales libres de partners tecnológicos o industriales.

Por su incompetencia, y por la del Ministerio de Defensa español, sujeto a una extraña y conflictiva dependencia tecnológica de Estados Unidos, que mina continuamente la fortaleza de la industria de defensa europea, Navantia será sin duda alguna el astillero más castigado por el submarino ‘Lada’ en el mercado de los países emergentes. Cuando después de dilapidar cientos de millones de euros sea capaz de tener operativo su S-80 (aplicado por fin el principio de Arquímedes parece que ya podrá flotar, aunque ahora tiene que poder navegar de forma eficiente), el gap tecnológico y comercial con su competencia -es decir la brecha diferencial será insalvable.

En el mejor de los casos, el submarino S-80 de Navantia, con su abortada pretensión de estar operativo a finales de 2013 (con suerte no lo estará hasta el 2018-2019), sólo podrá atender las necesidades de la Armada española (dejada por Navantia en inferioridad técnica frente al desarrollo tecnológico de sus competidores), sin poder exportar ni una sola unidad. Convertido, pues, el S-80 español en un submarino del pasado, en vez de ser ‘el submarino del futuro’ con el que se pretendió embaucar a propios y extraños, el desastre político y económico del caso verá repetida la historia -no menos lamentable- del cazaminas español Clase ‘Segura’.

Después de crearse una gran infraestructura para fabricar cazaminas con cascos de plástico reforzado con fibra de vidrio (PRFV), utilizada sólo para servir las seis primeras unidades endilgadas a nuestra Armada, sin llegar a completarse el número de unidades previstas inicialmente, y sin poder vender ninguna otra en el mercado de exportación, el batacazo inversor ha sido morrocotudo, es decir otro invento ‘marca Navantia’ (antigua Empresa Nacional Bazán). Ahí quedaron tirados y muertos de risa los talleres que se adecuaron en el astillero de Cartagena, la grada específica, la maquinaria-herramienta y los equipos adquiridos, la formación del personal…  

‘Lada’: Un S-80 que cambiará la estrategia de la guerra naval

Con la llegada del nuevo submarino ruso ‘Lada’, puede ponerse fin a toda una época: la de la dominación oceánica de la US Navy. De hecho, el Pentágono puede perder su actual capacidad de proyección de fuerza naval en las regiones remotas, con el riesgo de tener que ceder posiciones en el preponderante papel que Estados Unidos juega en la geopolítica mundial.

En los últimos tiempos, el aliento de Washington ha hecho crecer en la Unión Europea una especie de histeria anti rusa acompañada de una creciente militarización. Pero al intentar utilizar a los ‘liberales rusos’ de forma interesada en Eurasia -inmensa e inabarcable- se ha reavivado la histórica tradición imperial de Rusia, ofendida con incontables muestras de humillación y avasallamiento lanzadas por el neoconservadurismo occidental (los ‘neocons’ ) y su imposible aspiración de un dominio otanista total, bajo custodia del Gendarme Universal.

Esta reacción defensiva de Moscú se ha presentado en los medios de comunicación occidentales en clave de pánico ante sus falsos ‘preparativos de guerra’. Así, cualquier acción rusa vinculada a su desarrollo científico y tecnológico o sus meros ejercicios de adiestramiento militar (lanzar un cohete espacial desde el cosmódromo de Plesetsk, probar nuevos sistemas de armas en el lejano mar de Barents o maniobrar con patrullas aéreas a lo largo de las fronteras europeas), motiva inmediatas y airadas acusaciones de belicismo, protestas por intimidar a la comunidad internacional y otras manifestaciones absurdas y desproporcionadas frente al intervencionismo armado occidental realmente interesado en otras zonas, socapa de una inexistente defensa de la libertad y la paz internacional…

Mientras tanto, muchas de las importantes noticias generadas en relación con los cambios geoestratégicos y en el equilibrio del poder en Eurasia, pasan desapercibidas para amplias masas de ciudadanos occidentales, a pesar de afectar directamente a su futuro.

Una de esas noticias ciertamente relevantes en el plano de la inteligencia industrial y militar, es la emitida por la Agencia RIA-Novosti el pasado 13 de octubre. Apoyada en una fuente del sector industrial de defensa y seguridad de la Federación rusa, informaba: “En Rusia se ha tomado la decisión de producir masivamente generadores de energía (????) para equipar a los futuros submarinos del proyecto 677 ‘Lada’. Las pruebas del prototipo de diseño ???? han sido satisfactorias. Los siguientes ensayos se llevarán a cabo ya directamente en el buque".

Mensaje que ha pasado prácticamente desapercibido incluso en los medios militares navales (y no digamos en Navantia que está a otra cosa mucho más pedestre), sin que se le haya prestado especial atención. Cosa extraña, porque esta decisión marca el inicio de una verdadera revolución en el campo de la construcción naval de submarinos.

Ventajas y desventajas de los diferentes tipos de submarinos

Hoy, todos los submarinos funcionan con energía de dos tipos: la propulsión nuclear generada por un reactor atómico instalado a bordo y el sistema diésel-eléctrico que en superficie funciona por medio de motores diésel y bajo el agua mediante el uso de motores eléctricos y energía acumulada en baterías.

Los submarinos nucleares se incorporaron tempranamente a la Armada de la Unión Soviética a mediados del siglo pasado (década de los años 50). El primer proyecto fue el ALE 627 que entró en servicio en 1957. Desde ese momento y hasta el día de hoy, los submarinos atómicos constituyen la principal fuerza de la flota rusa, incorporando una extensa gama de armas estratégicas ciertamente temibles, desde misiles intercontinentales, hasta armas tácticas nucleares (misiles y torpedos), pasando por los sistemas de precisión que suponen los misiles de crucero de largo alcance, lo que hoy constituye el núcleo o la base de las fuerzas rusas estratégicas de disuasión.

Los submarinos nucleares incorporan una serie de virtudes indiscutibles: un tiempo de permanencia bajo el agua prácticamente ilimitado, alta velocidad y una gran profundidad de inmersión, además de mayor capacidad para la dotación de equipos y sistemas de armas. La potencia del reactor nuclear permite construir submarinos de enorme tonelaje e integrar en ellos no solo un arsenal completísimo, sino también equipos electrónicos muy complejos, medios de comunicación, electrónica de inteligencia y de navegación, etc…

Pero, al mismo tiempo, la potencia nuclear de los submarinos atómicos es su principal fuente de problemas: producen un exceso de señales acústicas que perjudica su enmascaramiento y facilitan su localización bajo el agua. La presencia a bordo de un reactor atómico (y a veces dos), junto a todos los mecanismos asociados (generadores, turbinas, bombas, ventiladores…), produce una enorme cantidad de oscilaciones y vibraciones de distintas frecuencias, requiriendo una compleja y costosa tecnología para reducir el nivel de ruido.

Sin embargo, el submarino diésel-eléctrico es casi silencioso bajo el agua. Los motores eléctricos se alimentan con la energía de baterías sin requerir la presencia de turbinas y otros equipos generadores de señales acústicas. Así, este tipo de submarinos pueden acechar en las profundidades marinas, como silentes y peligroso depredadores en busca de sus presas.

Aunque también es cierto que este instrumento de guerra naval submarina tiene limitada su permanencia bajo el agua a un tiempo normalmente corto (sólo unos días). También se mueve en profundidad muy lentamente y su autonomía energética es realmente insignificante en comparación con la de los submarinos de propulsión nuclear. Además, su limitada capacidad de generación de energía impone, a su vez, serias limitaciones en el tonelaje del buque, en la dotación de armas y en otras características claves desde el punto de vista operacional. De hecho, a este tipo de ‘submarinos’ quizás se les debería llamar ‘buceadores’, porque en su teatro de operaciones se ven obligados a emerger con regularidad para repostar diésel y recargar las baterías.

Así, por ejemplo, el submarino más reciente de la serie rusa DEPL 636 tiene una autonomía en inmersión de tan sólo 400 millas, moviéndose bajo el agua a unos 5-6 km/hora. Con estas limitaciones, es muy difícil que pueda perseguir a sus objetivos bajo el agua eficazmente, por lo que se ve obligado a confiar en los datos de exploración, que deben controlar la ruta de los mismos. De ahí que los DEPL desarrollen una forma de combate conocida como ‘el velo’, es decir, el despliegue de los submarinos en una línea perpendicular a la recta probable por la que se desplaza el objetivo, optimizando la sostenibilidad del combate con la disposición para el ataque de toda una flotilla de submarinos controlados desde un único puesto de mando.

Y si además tenemos en cuenta que normalmente el despliegue de los modernos portaviones estadounidenses va acompañado de agrupaciones de choque que ocupan una línea de más de 300 millas (más de 550 km), está claro que no son fáciles de atacar por los submarinos convencionales del tipo DEPL.

En consecuencia, no es de extrañar que el sueño de toda Armada sea la disponibilidad de un producto sustituto con un novedoso sistema de propulsión energética que permita combinar en sí mismo la doble caracterización de los submarinos nucleares y los diésel-eléctricos: potencia y sutileza, mayor autonomía en inmersión y ruidos reducidos al mínimo...

S-80 ‘Lada’: El sueño convertido en realidad

Y, efectivamente, ese sueño del S-80 ideal, se ha hecho realidad con el submarino ruso 677 Clase ‘Lada’, con sistemas autónomos avanzados de suministro de aire y de propulsión energética, conformando un gran avance  para la flota de submarinos de la Federación rusa, ensanchando su frontera operacional y dotándoles de capacidades inéditas hasta ahora.

Su desplazamiento es mucho menor que el de los submarinos nucleares, pero la dotación de armas es muy seria e insólitamente grande. Además de la torpedera tradicional (6 tubos de lanzamiento de torpedos de 533 mm, con 18 torpedos o minas), el ‘Lada’ 677 es, ya en su versión inicial, el primero no-nuclear del mundo que dispone de lanzadoras de misiles de crucero (10 verticales en la parte media del fuselaje). Misiles que pueden ser tácticos de velocidad hipersónica, misiles anti-buque o misiles de largo alcance destinado a impactar objetivos estratégicos en el interior del territorio enemigo.

Pero la característica más importante de los nuevos submarinos rusos es el sistema VNEU, un equipo hermético e independiente de energía. Sin entrar en detalles, únicamente  interesantes para los especialistas de la ingeniería, se puede afirmar que el sistema VNEU permitirá al buque estar sumergido hasta 25 días, es decir, casi 10 veces más que los actuales de la clase 636.3. El ruido generado será incluso menor que el de los reconocidos submarinos nucleares rusos ‘Varshavyanskoy’ (o  ‘Agujero Negro’, como los bautizó la US Navy por ser prácticamente imposibles de detectar).

Los países de la OTAN ya están tratando de equipar a sus submarinos con sistemas VNEU. En este ámbito sobresalen Alemania y Suecia. De hecho, desde finales de los años 90 los ingenieros alemanes construyen pequeños buques de este tipo (series U-212/214) equipados con un sistema híbrido de generación de energía. Así, el equipamiento de los submarinos alemanes instalados con sistemas anaerobios permitió aumentar el tiempo de permanencia en posición sumergida hasta los 20 días. Ahora, diferentes versiones de ese tipo de submarinos, están en servicio en Alemania, Italia, Corea, Grecia, Israel, Paquistán, Portugal, Turquía...

Por su parte, y también desde finales del siglo pasado, el consorcio sueco Kockums Submarine Systems, comenzó la construcción de submarinos de la Clase ‘Gotland’ con VNEU, en base a lo que se conoce como ‘motor Stirling’ (AIP). Estos submarinos pueden permanecer hasta 20 días bajo el agua sin necesidad de recargar las baterías. Ahora, los buques con el sistema Stirling prestan servicio no sólo en los países Escandinavos, sino también en Australia, Japón, Singapur y Tailandia (Estados Unidos, dispone de un ‘Gotland’ para estudiar la tecnología de propulsión).

Pero los submarinos alemanes y suecos son pequeños; de hecho buques costeros (o de bolsillo): nada que se pueda comparar con los rusos Clase ‘Lada’, por sus características técnico-tácticas ni por la variedad y potencia de su dotación de armas. Los ‘Lada’ del proyecto 677 son, en todos los aspectos, únicos en esta clase, convertidos en paradigma de una nueva generación de submarinos (en la que de forma gratuita pretende competir la desacreditada Navantia).

El CDB ME ‘Rubin’, principal diseñador de submarinos en Rusia con una amplia experiencia que arranca en 1901, ha desarrollado una hidroacústica muy compleja y mejorada para el ‘Lada’ que permite una mayor distancia en la detección de los objetivos. El submarino puede sumergirse a 300 m, tiene una alta velocidad de crucero y una autonomía de 45 días. Para reducir la vibración y el ruido se utiliza un motor de magnetización permanente. El casco del barco está cubierto con un material que absorbe las señales del sonar.

Hasta el año 2020, la flota rusa recibirá no menos de 14 unidades de estos nuevos submarinos oceánicos de cuarta generación avanzada.

Modificando el equilibrio estratégico

Para comprender cómo los nuevos submarinos rusos convencionales con sistema VNEU pueden cambiar el equilibrio de poder estratégico entre Rusia y Estados Unidos, baste una cita. La del vicealmirante Viktor Patrushev al afirmar en una lejana entrevista concedida a RIA-Novosti a finales de 2010: “De cuatro a seis submarinos [‘Lada’] pueden cerrar completamente una zona como el mar Negro, el Báltico o el mar Caspio. Sus ventajas son evidentes para cualquier experto militar de la Armada”.

Y cabe añadir que las rutas de estos submarinos en el despliegue de la Armada rusa pueden adaptarse a las condiciones de los diferentes teatros de operaciones, siendo capaces de alterar de forma esencial la correlación de fuerzas no sólo en el Báltico, el Caspio y el mar Negro, sino también en el mar del Norte y en el Mediterráneo, en el Atlántico y el Océano Índico. En el mar del Norte y en el de Barents, los ‘Lada’ son capaces de garantizar todas las rutas de los submarinos estratégicos rusos con sus misiles nucleares ante cualquier ataque de Estados Unidos y de los países de la OTAN, lo que mejorará enormemente la capacidad de combate de la Armada rusa en relación con sus  fuerzas nucleares estratégicas.

En la actualidad, los submarinos estratégicos rusos están en su mayor parte posicionados en orden de alerta bajo el hielo del Ártico (el ‘Komsomolets’ K-278 batió el record de inmersión superando los 1.000 metros), donde son prácticamente inaccesibles para el enemigo. Los estadounidenses sólo pueden detectar, rastrear y sorprender a un submarino nuclear ruso en la fase de transición hacia la zona de combate. Pero los 677 ‘Lada’ son el arma ideal para combatir la acción antisubmarina americana, además de poder ‘escuchar’ a los buques estadounidenses a distancias mucho más grandes.

En tales condiciones, enfrentar la acción de los submarinos enemigos, ya sea la suya propia o mediante el uso de fuerzas suplementarias de aviación y buques de superficie, se convierte en una cuestión puramente técnica.

En cuanto al Mediterráneo, el Atlántico y el Océano Índico, un despliegue suficiente de estos submarinos en sus aguas, puede anular prácticamente el poder naval norteamericano, cuyo núcleo esencial son sus agrupaciones  de portaaviones (‘Task Force’). Ya en la época soviética, los submarinos del proyecto 641 se las ingeniaban para superar las defensas anti submarinas de estos grandes buques, llegando, en ocasiones, a emerger justo debajo de las narices de los mandos de esas flotas de la US Navy. Algo que se lograba tan sólo con una pequeña agrupación de submarinos, situada a gran distancia de sus bases, careciendo de sistemas de armas modernos y sin poder permanecer en superficie más de tres días.

Ahora, con las características de los ‘Lada’, capaces de permanecer bajo el agua hasta un mínimo de 25 días, con sistemas de armas que incluyen misiles anti-buque hipersónicos, con equipos de inteligencia y control estratificados que permiten la acción agrupada y coordinada de varios submarinos, las posibilidades de anular el potencial de los grandes portaaviones se convierte en una realidad más que plausible. Y esto puede significar que toda una época de ‘dominación oceánica estadounidense’ pase a ser una historia del pasado. De hecho, si Washington pierde su principal herramienta de ‘proyección de fuerza’ en las regiones remotas, finalmente, perdería su papel hegemónico en la geopolítica mundial.

La guerra submarina perdida por Navantia

Como decíamos al principio, el ‘Lada’ ya soporta pruebas del mismo sistema de propulsión AIP súper-avanzado previsto para el submarino Clase ‘Kalina’ de quinta generación, que también podrán incorporar algunas de las versiones de la Clase ‘Amur’ destinadas a la exportación. Esto significa que la tecnología rusa de submarinos continúa en constante desarrollo (y no precisamente al estilo ‘corta y pega’ de Navantia).

El nuevo submarino ‘Kalina’, cuya existencia ha trascendido a los círculos de opinión informada a principios de 2014, pasará a sustituir a la Clase ‘Lada’ como desarrollo estratégico ruso enmarcado en la colaboración bilateral con China. Y, en efecto, incorporará la última versión de un nuevo sistema de propulsión anaerobio basado en hidrógeno altamente refinado, que no se almacena a bordo sino que se obtiene a partir del combustible diésel de acuerdo con las necesidades del momento, lo que le permitirá una mayor permanencia en sumergido y aumentar su capacidad furtiva, además de disminuir el riesgo de accidentes.

La colaboración ruso-china en el ámbito de la industria naval militar, que incorpora un alto grado de disposición, prevé la transferencia por parte de Rusia de tecnologías vinculadas a las nuevas generaciones de submarinos, dado que en el Kremlin no se teme perder posiciones en el mercado de las plataformas navales de guerra. En el futuro, los mares del este y del sur de China podrían transformarse en zonas de tensión apropiadas para desplegar el arma submarina, momento en el que el país necesitaría el apoyo técnico ruso para afrontar un eventual contencioso frente a Estados Unidos y Japón.

Según lo declarado por el almirante Viktor Chirkov, actual comandante-jefe de la Armada rusa, está previsto que el último desarrollo de los innovadores motores ‘Kalina’ concluya todas sus pruebas entre los años 2015 y 2016. La siguiente etapa, que es la construcción y puesta a flote del primer submarino ruso de quinta generación (no-nuclear), que llevará estas instalaciones anaerobias a bordo, se completará a finales del año 2017. Mucho antes incluso de que pueda estar operativo el primer submarino S-80 de Navantia, que en cualquier caso ya nacerá técnica y tecnológicamente obsoleto.

Como plataforma de guerra naval, el actual S-80 ruso Clase ‘Lada’ supone mucho más de lo que teóricamente se ha querido que fuera el ‘submarino español’, que sólo es un ilusorio sueño quijotesco para epatar al mundo sin la menor base realista que, además, ha hundido para siempre la imagen de nuestra industria naval militar a nivel internacional.

La evolución de los submarino S-80, que ya están pasando a desarrollos de quinta generación, ha acabado de golpe y porrazo -como decimos en nuestro titular- con las expectativas comerciales del armatoste diseñado por Navantia (a base -insistimos- del ‘corta y pega’), convertido en un bodrio experimental obsoleto antes de nacer, que debería ser abortado cuanto antes y redirigido hacía socios europeos (alemanes, suecos o franceses) con tecnologías compartibles y sistemas de cofabricación. Esa sería la forma más inteligente de superar el escandaloso ‘caso Navantia S-80’ y de poder asegurar un futuro digno para el Arma Submarina española.

De hecho, muchos países situados en el Mediterráneo (como Italia, Grecia, Turquía, Israel, Argelia… o la aledaña Portugal) ya disponen de superioridad submarina sobre España, que lógicamente mantendrán con la evolución de la tecnología adquirida. Pero el caso de Marruecos puede ser realmente sangrante. Tras repudiar también a Navantia y echarse en manos de los astilleros franceses para dotarse de plataformas navales de superficie, el vecino ‘país amigo’ evalúa ahora la posibilidad de adquirir un primer submarino S-80 de factura rusa o francesa, lo que en cualquier caso dejaría a nuestra Armada en una posición de inferioridad submarina manifiesta, ridícula y ‘acongojada’…

El ejemplo evolutivo de lo que ha sido la industria aeronáutica española, que primero llevó a CASA a integrarse en el Consorcio Airbus Industrie y después en EADS, es bien elocuente y marcó la senda por la que debería haber caminado Navantia.

Lo evidente y objetivo es el continuo tejemaneje que se traen sobre todo los ministros de Defensa del PP para convertir nuestra Armada en una mini sucursal de pacotilla de la US Navy, en una ‘Yankilandia’ supeditada al embargo tecnológico -e incluso operacional- del Tío Sam. Como sucedió en la Guerra de Ifni-Sáhara de 1957 con los aviones F-86 ‘Sabre’ (designados C-5) y los carros de combate M-47 y M-48 ‘Patton’, que no pudieron entrar en combate. O, peor todavía, con las limitaciones para acceder al soft-ware de los F/A-18 ‘Hornet’ adquiridos precisamente a la US Navy por razones de su propia conveniencia, como sistema de armas ya integrado en la VI Flota destacada en el Mediterráneo, o para la mera fabricación nacional de la munición de sus cañones ‘Vulcan’ de 20 mm con cápsula eléctrica.

Y no digamos nada de lo que podría suceder con el sistema de combate ‘Aegis’, de la norteamericana Lockheed Martin, si las Fragatas F-100 de la Armada española que lo incorporan tuvieran que activarlos sin el nihil obstat de la Casa Blanca. Un sistema de combate rechazado en toda Europa (solo se le pudo endilgar a la Armada Real de Noruega en las fragatas Clase ‘Fridtjof’ construidas por Navantia), que ahora los mismos conniventes con la industria militar de Estados Unidos, no con la europea, han vuelto a integrar en el S-80 español que nadie comprará nunca jamás (entre otras muchas cosas por esa dependencia tecnológica).

Hace poco advertíamos en otra Newsletter (02/11/2014) que el submarino de Navantia sigue esquilmando las arcas públicas. Un derroche continuado de gran irresponsabilidad que hipoteca los presupuestos de defensa hasta límites de auténtico desastre nacional, agotando la futura viabilidad de las Fuerzas Armadas. Y decíamos que, más pronto que tarde, habrá que pedir responsabilidades por el descalabro que ya ha supuesto -y que sin la menor duda seguirá suponiendo- la torpe aventura submarina de Navantia.

De momento, la ingenua e inconsistente pretensión de que el S-80 de Navantia se vendiera como churros en el mercado internacional, acaba de diluirse como azúcar en el agua. Esa aspiración ya estaba cuestionada por los nuevos desarrollos avanzados europeos, pero el golpe definitivo se lo ha dado desde luego el ‘submarino sorpresa’ de Putin. Y ya veremos si este inacabado e inacabable artefacto submarino de la Armada española termina sirviendo para algo más que para exhibirse en las paradas navales y -esa es otra- a qué precio.

Fernando J. Muniesa

El ‘caso Gürtel’ se inició hace siete años, en noviembre de 2007, con la investigación seguida por la Fiscalía Anticorrupción sobre una presunta trama vinculada a la financiación ilegal del PP, asentada principalmente en las Comunidades de Madrid y Valencia, que fue denunciada ante la Audiencia Nacional en febrero de 2009. La situación al día de hoy ya es otra cosa, pero cuando la instrucción judicial todavía estaba en mantillas y los dirigentes populares negaban por activa y por pasiva la existencia de una red de corrupción montada en torno al partido, algunos analistas afines aventuraron su escasa incidencia en futuros resultados electorales.

El hecho de que en mayo de 2011 las candidaturas encabezadas por Rita Barberá y Francisco Camps al Ayuntamiento de Valencia y a la Generalitat Valenciana, respectivamente, fueran las ganadoras, ambas con mayoría absoluta, introdujo una interpretación muy errónea del fenómeno de la corrupción política, hasta el punto de que los populares dieron por efectivo que no descontaba votos. Un análisis poco acertado, que también se apoyó en los resultados favorables obtenidos en Madrid, que apenas seis meses después se reprodujeron en los comicios generales o legislativos.

Ello llevó al PP a no tratar el ‘caso Gúrtel’, convertido rápidamente en el ‘caso Gürtel-Bárcenas’, como una ‘situación de crisis’; dando a entender con ello que podía existía cierta bula o barra libre para seguir en lo mismo. Así, se dejaron de reconocer los errores cometidos (sin mostrar jamás ningún arrepentimiento público), de acometer con la máxima urgencia las medidas correctoras, de depurar todas las responsabilidades implícitas y de lanzar un programa de moralización interna efectivo.

El ‘mal de muchos, consuelo de tontos’

Antes al contrario, hubo quienes, sacando pecho, como hizo el propio Rajoy, se las dieron de ser los más honestos y transparentes del mundo, lanzando además contra el PSOE (partido que tal baila) el socorrido ‘y tú más’, olvidando el entendimiento universal de que el mal de muchos, o de los otros, es el consuelo de los tontos. Y cuando la evidencia de los hechos fue mostrando el alcance delictivo del caso, tampoco faltaron excusas vanas dentro del PP advirtiendo torpemente que al ostentar mayores cuotas de poder político era lógico que sus siglas dieran cobijo a más y mayores casos de corrupción: es decir, dando a entender, poco más o menos, que la corrupción es inherente a ese entorno y que quien en él no roba, prevarica o malversa es porque no puede y no por falta de ganas (un flaco favor a la democracia).

Cosa discutible aunque sólo sea porque no todos los partidos ni todos los políticos reaccionan de igual forma ante el mismo fenómeno. Ahí están, por poner algún ejemplo, los casos recientes de Willy Meyer, ex eurodiputado de IU, y de Mercè Pigem, ex vocal del Consejo General del Poder Judicial por la cuota de CiU.

El primero fue el único eurodiputado español que, participando en el Fondo Voluntario de Pensiones del Parlamento Europeo, se dio automáticamente de baja en el mismo al conocer por la prensa que estaba relacionado con una SICAV domiciliada en Luxemburgo, en su opinión con la pretensión, que él repudiaba, de burlar sus obligaciones fiscales.

Aquel tejemaneje, que en todo caso era una práctica absolutamente legal, le llevó, además, a dimitir como eurodiputado. En su explicación ante los medios informativos (junio de 2014), Meyer afirmó que, pese a desconocer que el Fondo de la Eurocámara era gestionado por una SICAV para evitar o atenuar su fiscalidad, consideró que “podría haber una sombra de duda”, que “la ética a veces está por encima de la ley” y que todo lo público “tiene que tener una gestión ejemplar y ejemplarizante” y que por eso presentaba su dimisión. De esta forma dejó en evidencia a no pocos dirigentes del PP y del PSOE con responsabilidades en el Parlamento Europeo, entre otros a Miguel Arias Cañete y a Elena Valenciano, que encabezaron sus respectivas candidaturas en las elecciones de mayo de 2014 y que participaban en ese mismo fondo como antiguos eurodiputados. 

Otra actitud de dignidad política (quizás algo más presionada), ha sido la reciente dimisión de Mercè Pigem como vocal del CGPJ tras explicar al presidente del órgano, Carlos Lesmes, las razones por las que declaró en la frontera de Andorra que regresaba a España con dinero en efectivo, pero en cantidad acorde con lo permitido legalmente (menos de 10.000 euros) y sin que en la Aduana se hubiera podido levantar acta alguna sobre ningún tipo de delito o falta administrativa. A pesar de que la prensa informó de forma tan poco objetiva como agresiva -por supuesto tras algún soplo interesado- que había sido ‘cazada’ o ‘pillada’ con dinero en efectivo, sin precisar que los 9.500 euros declarados era cantidad legal, ni contrastar con la afectada que se trataba de un regalo de su madre residente en Andorra vinculado a las celebraciones navideñas.

El presidente del CGPJ aceptó su renuncia agradeciendo la dedicación prestada a la institución y la profesionalidad demostrada durante su etapa como vocal. Además, en un comunicado oficial (29/11/2014) señaló que la renuncia de la vocal de CiU era "una muestra de generosidad encaminada a preservar la imagen de ejemplaridad que en todo momento debe guiar la actuación del consejo"…

Ambos casos -los de Meyer y Pigem- son signos de una dignidad personal y política que, como en algunos otros de renuncias o dimisiones voluntarias, la sociedad percibe nítidamente, más allá de cómo los quieran presentar o apostillar los medios de comunicación. Al igual que en otras ocasiones percibe la insistencia en negar o desmentir los hechos presuntamente ilegales o delictivos, que a la postre terminan siendo evidentes y sentando a quien corresponde en el banquillo de los acusados (lo que lleva a deteriorar todavía más las siglas de los partidos afectados, que -por la causa que fuere- casi siempre son el PP y el PSOE, con el añadido de CiU que ha venido siendo un socio estratégico común.

Sin necesidad de dar pábulo a otras interpretaciones sobre la magnificación mediática de las dimisiones de Meyer y Pigem, posiblemente programada para difundir una imagen de la corrupción pública que alcance por igual a todos los partidos y a todos los políticos (incluyendo a Podemos), conviene contraponerlos a la forma con la que PP y PSOE han reaccionado en sus propios y más escandalosos casos de corrupción ya judicializados, a veces de forma obscena. Un torpe tratamiento del problema, basado en la negación extrema o en el ‘y tu más’, común en ambos partidos, que en un pésimo entendimiento de la vida política pretendería aliviar las culpas de los corruptores y corrompidos ya declarados.

Por mucho que se quiera utilizar la táctica del calamar, que cuando se  siente acosado lanza sus chorros de tinta para enturbiar y ocultar la realidad, el constante y masivo afloramiento de casos de corrupción afectos sobre todo al PP y al PSOE, ha llegado a extremos tan desorbitados y socialmente intolerables que difícilmente van a evitar que la olla estalle; simplemente porque cuando se supera la presión de resistencia, sin abrir ninguna válvula de escape, es inevitable que reviente. De nada vale, pues, arremeter a estas alturas de la historia contra un partido como Podemos (casi nonato), para endilgarle presuntos casos de corrupción o corruptelas que nada tienen que ver con la abusiva mangancia que con tanta constancia estamos viendo cobijada bajo las siglas del PP y del PSOE.

Cada día avanzan más las investigaciones, las instrucciones judiciales -con resultados más y más comprometedores- y las sentencias condenatorias (incluyendo ya entradas en prisión tan significativas como las de Jaume Matas y Carlos Fabra, personajes del PP que han tenido grandes cargos políticos y a los que Rajoy en su momento catalogó de ‘ejemplares’); sin que ello impida que siga el continuo afloramiento de nuevos y más indignantes casos de corrupción, tanto en el predio político del PP como en el del PSOE. Y no digamos nada del mal estilo con el que muchos de los encausados, sobre todo del PP, afrontan su merecida situación personal (Sonia Castedo, Juan Cotino, Alfonso Grau, José Antonio Monago…).

Unos y otros, con sus ‘Gürtel-Bárcenas’, sus ERE falsos, sus ‘Black Cards’, sus operaciones ‘Mercasevilla’, ‘Pokémon’, ‘Brugal’, ‘Púnica’, Campeón’, ‘Madeja’…, tienen al personal hasta las narices, como nunca lo han tenido, ni siquiera durante los estertores del ‘felipismo’. Hasta el punto de que tanto el PP como el PSOE han perdido totalmente su credibilidad en la lucha contra la corrupción.

PP y PSOE pierden la batalla contra la corrupción pública

Y esto lo acaba de reconocer nada menos que Alfredo Pérez Rubalcaba, ex secretario general de los socialistas de muy largo recorrido (ingresó en el PSOE en 1974 -año del Congreso de Suresnes-, con Franco vivo y mucho antes de que el partido lanzara su eslogan ya perdido de ‘Cien años de honradez’). Respondiendo a la pregunta concreta de Marta Suárez sobre si consideraba necesario un pacto de los dos grandes partidos sobre la corrupción, en una entrevista concedida a XL Semanal (30/11/2014), el experimentado político socialista contestaba (sic): “Desgraciadamente, el Partido Popular y el PSOE no tenemos credibilidad en este asunto. La fórmula es que la solución venga de fuera: que llamemos a quienes han pensado en estos temas a poner en marcha una comisión en el Parlamento, que hagan unas propuestas y nosotros las asumamos. Debemos buscar una credibilidad que no tenemos fuera y, por tanto, no creo tanto en un gran pacto entre partidos como en un pacto de los partidos con la sociedad, que la solución venga de fuera hacia dentro”.

Una verdad tan incontrovertible como tremenda que Rubalcaba suavizaba con la afirmación de que “el que haya políticos corruptos no nos hace corruptos a todos”, cierta pero insuficiente. Y sobre todo contradictoria con su rechazo paralelo a que los partidos nuevos (en alusión a Podemos) tengan que ser quienes vayan a demostrar que el poder no corrompe, lamentando: “¿Por qué tiene que venir uno nuevo a demostrar que el poder no corrompe? Yo he tenido poder y no me he corrompido”.

Nadie ha acusado jamás a Rubalcaba precisamente de ser un político corrupto, ni creemos que nadie pueda hacerlo. Pero si reconoce la falta de credibilidad del PP y del PSOE contra la corrupción, ¿dónde está la coherencia de su doble afirmación…? ¿Es que, siendo él un político honrado, no acababa de admitir -faltaría más- que la corrupción existe hasta el punto desmedido de dinamitar la credibilidad reformista de los dos partidos mayoritarios…? ¿Por qué extraña razón no sería entonces necesario un partido nuevo para combatirla…?

La situación, verdaderamente dramática y vergonzosa, llega al extremo de que, más allá de que el PP y el PSOE se hayan auto descalificado para luchar contra la corrupción, también son incapaces de llegar siquiera a un acuerdo conjunto de mínimos, afirmando públicamente que no habrá pacto de Estado en esa materia. ¿Y, entonces, qué esperan ambos partidos del electorado…? ¿Divagaciones sobre cuál de los dos es más o menos corrupto o beligerante con esa insoportable lacra política…? ¿Es qué esos partidos esperan poder volver a engañar a los votantes en relación con ese decisivo in-put de su programa electoral…?

Miguel Ángel Aguilar, acaba de volver a poner el dedo sobre la llaga del problema en una de sus habituales crónicas de El País (01/11/2014), con la ironía que le caracteriza:

Nunca se roubou tão pouco

Un buen amigo me facilita en un correo desde Washington un ‘link’ con ‘Jornal do Brasil’ que titula su información como esta columna. El diario hace una cabalgada por la historia del país brasileiro y, al comparar las comisiones y porcentajes de las mordidas que se estilaban en otros momentos y las que ahora se pagan, deduce de manera muy consoladora que “nunca se roubou tão pouco”, una apreciación que se diría la antesala para inducir en el público una actitud indulgente hacia quienes con los años depuraron sus procedimientos y pasaron desde el robo a gran escala hasta la comisión ajustada, que viene a ser el aceite imprescindible en los cojinetes. Por esa senda argumental caminó el presidente Rajoy en su comparecencia ante el pleno del Congreso dedicado a la corrupción el jueves día 27.

Desde otro ángulo, Sol Gallego Díaz, en el texto que firma en el suplemento ‘Domingo’ el 30 de noviembre, se afana en buscar sentido a la expresión ‘honest graft’, acuñada a principios del siglo XX por el norteamericano George Plunkitt. Y concluye traduciéndola por “corrupción honesta”, una contradicción en sus propios términos, aceptada como legítima porque se basa en el principio de que es razonable aprovechar las oportunidades surgidas cuando se ocupa un cargo público para hacer dinero. Mucho más madrugador que Plunkitt, en el Deuteronomio (5:24) se prescribe aquello de “no pongas bozal al buey que trilla”. Un criterio que desde luego ha prevalecido en las estructuras jerárquicas de los partidos de todo cuño. De forma que, a cuantos se esforzaban en recolectar fondos para el partido -muy en particular a los tesoreros que se iban sucediendo en el PP, desde Naseiro pasando por Sanchís y Lapuerta hasta Bárcenas- se les aplicaba la norma no escrita de dejarles sin bozal en las faenas de la trilla. Así podrían saciarse comiendo del trigo que estaban trillando y, en definitiva, encontrarían compensaciones por las tareas cumplidas. La “corrupción honesta” operaba como un incentivo para llevar a cabo tareas ingratas pero necesarias para fortalecer las maquinarias de los partidos y desplegar las campañas electorales, sin las cuales los comicios dejarían de ser esa fiesta de la democracia.

El libro de Javier Pradera ‘Corrupción y política. Los costes de la democracia’ (Editorial Galaxia Gutenberg, Barcelona, 2014) recupera un texto concluido en 1994, hace 20 años, momento en que se cumplían 16 de la Constitución de 1978. De modo que la corrupción parecería ser un antiguo conocido de la policía, una derivada de la ley de la gravitación universal, una consecuencia no querida pero inevitable, uno de los costes de la democracia. El punto de ignición inicial se remonta a las primeras elecciones municipales en democracia celebradas el 3 de abril de 1979. Poco después, en 1981, el teniente de alcalde de Madrid, Alonso Puerta, denunció unas oscuras comisiones de poca monta para la adjudicación de la recogida de basuras. La denuncia invirtió sus efectos y se saldó con la expulsión del denunciante del Ayuntamiento así como del Partido Socialista. Puede que ahí empezara a joderse el Perú, según preguntaba Zavalita. Sabemos que a la corrupción como a los pobres siempre los tendremos con nosotros. Pero ha cambiado el aire y lo que se toleraba casi como una gracia de la simpática picaresca, ahora levanta indignaciones incendiarias en el público de a pie. Otra cosa es que los partidos centrales sigan en Belén con los pastores, sin enterarse, mientras Podemos se apodera de la decencia. Puede que ‘nunca se roubou tão pouco’, pero nunca hubo menos tolerancia.

Desde otra óptica más afinada en el plano de la lucha contra la corrupción, y de la concienciación cívica para ayudar a erradicarla como lacra política, Salvador Viada, fiscal del Tribunal Supremo y portavoz de la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales (APIF), proclamaba en un artículo de opinión también reciente (El Mundo 02/12/2014) la necesidad de fomentar el rechazo social hacia las prácticas corruptas y de crear, en paralelo, los mecanismos necesarios para proteger a quienes superen el miedo a denunciarlas:

Silencios cómplices y corrupción

(…) El silencio ante la corrupción es muy significativo. Porque el deber de luchar contra la corrupción, contra quien se apropia de dinero público para fines privados, es obligación en primer lugar de quienes están próximos al corrupto, muchas veces quienes ostentan cargos públicos. No basta con recomendar que se devuelva el dinero -cuando se les ha descubierto- y elogiar entonces al desaprensivo; no basta con pedir perdón por faltas ajenas. Es precisa la colaboración con la Policía y con la Justicia para acabar con este tipo de delitos. Hay que rechazar esas prácticas de manera explícita y comprometida, y hay que generar desde los mismos compañeros -de oficina, de partido- del corrupto una cultura del rechazo acompañada de la denuncia. Si no se hace así, si no se pone por delante la cultura de la honestidad, de la decencia en el manejo de los asuntos públicos por delante de los compromisos con el partido o con el colega, entonces que no nos cuenten historias sobre la regeneración de la democracia. La regeneración de la democracia empieza en cada uno, con independencia de que el politizado sistema judicial español dé respuestas muchas veces insuficientes. Es demasiado manido e insuficiente el «dejemos que los tribunales actúen» cuando quienes nos recomiendan eso saben lo podrido que está el patio. Quienes callan conociendo la corrupción del partido, del alcalde, del concejal, del diputado, merecen reproche como encubridores de prácticas cancerosas de nuestra democracia. No hablo genéricamente; esto nos está pasando caso a caso. Yo creo que la mayor parte de los políticos son honrados: pero no incluyo entre los honrados a los que sabiendo lo que ocurre encuentran más conveniente personalmente el callarse...

(…) Es preciso vencer esos silencios, caldo de cultivo de la corrupción y de la impunidad. Pero si es el miedo la causa de los silencios, hay que ayudar a vencer esos miedos. Es preciso crear mecanismos, fomentar la conciencia cívica, alimentar la convicción de que la lucha contra este tipo de delitos es deber de todos, y que el silencio ante estas conductas es reprochable. Y hay que trabajar en la protección de quienes tienen el coraje de denunciar. Sobre la protección de los denunciantes y de los funcionarios públicos en materias de corrupción, España ha sido objeto de requerimientos desde al menos el año 2006 por la OCDE. Desde organismos internacionales se reclama la necesidad de implementar medidas de protección a los denunciantes de prácticas corruptas tanto en el sector público como en el privado. Nuestros gobernantes han hecho caso omiso a estas recomendaciones, resultando que nuestro país es uno de los siete en la Unión Europea -según un informe de 2013 de Transparencia Internacional- que no tiene ni establecida ni prevista ninguna medida para proteger a quienes denuncian ni en el sector público ni el privado. Denuncias que siendo una obligación para los funcionarios que conocen de la existencia de un delito, ante la falta de garantías de indemnidad no se traducen en resultados prácticos. Los partícipes de cohechos desde el sector privado sostienen que una denuncia de corrupción los dejaría fuera de las posibilidades de la contratación pública. Y tampoco denuncian.

Desolador contraste el español con la exhaustiva normativa que, por ejemplo, tiene desde 1998 el Reino Unido en virtud de la cual los denunciantes, tanto en el sector público como en el privado, gozan de protección -siempre que actúen conforme al interés público- frente a la divulgación de su identidad y sobre todo frente a las represalias de sus superiores. En España se han dado algunos casos de funcionarios que han denunciado prácticas de corrupción, o que han colaborado con la Policía en el esclarecimiento de ciertos hechos, y que han tenido que pasar un calvario posterior incluyendo acosos laborales o ceses por «pérdida de confianza»…

Sin ir más allá de lo que el autor manifiesta en su texto, por ejemplo eso de que “si no se pone por delante la cultura de la honestidad, que no nos cuenten [los políticos] historias sobre la regeneración democrática”, en él subyace una repulsa específica contra la corrupción dentro del estamento fiscal y judicial, más allá de la patente en el conjunto de la sociedad. Y manifestada además por otras muchas vías, incluidas sus reiteradas demandas de más recursos humanos y medios materiales para combatirla (nada menos que con dos huelgas masivas que tanto el PSOE como el PP se pasaron por la faja), ahora concretadas por los jueces decanos de toda España en una solicitud de 58 medidas de implantación urgente que sin duda alguna serán sustancialmente desatendidas.

Ya no valen más florituras acomodaticias ni avances de pasos milimétricos en la lucha contra la corrupción política, como los que el presidente Rajoy planteó el pasado 27 de noviembre en el Congreso de los Diputados, que además de llegar tarde también llegan sin consenso. Eso cuando el informe sobre ‘Percepción de la Corrupción 2014’ realizado por Transparencia Internacional sigue mostrando que el sistema es incapaz de avanzar en la erradicación del problema, que en realidad se muestra estructural y sistémico: España obtiene 60 de 100 puntos (100 equivaldría a ‘corrupción cero)’, uno más que en 2013 pero cinco menos que en 2012, situándose en peor posición, por ejemplo, que Taiwan, Polonia, Puerto Rico, Portugal, Chipre, Botswana, Bhatan, Qatar, Emiratos Árabes Unidos, Bahamas, Uruguay, Chile, Hong Kong, Barbados…

Y también cuando, según la última encuesta barométrica del gubernamental Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS), la constante preocupación por la corrupción se acaba de disparar en la percepción del 42,7% de los ciudadanos (mes de septiembre) hasta la del 63,8% (en noviembre), reafirmándose así que para la inmensa mayoría de los españoles ese es el segundo principal problema del país. El primero sería el paro, de acuerdo con lo expresado por el 77% de los encuestados….

Ahora, ya se acumulan más de 1.800 causas de corrupción pública abiertas en diferentes órganos judiciales, con más de 500 imputados (23 cumplen condena), que afectando a todos los niveles de la administración, salpican tanto a los grupos políticos como a los gobiernos municipales, autonómicos y central, a las organizaciones empresariales y sindicales y hasta al entorno de la Familia Real… Y en una dinámica creciente (los casos constatados por el CGPJ en 2013 fueron 1.661), sin que al día de la fecha se hayan tomado medidas gubernamentales o legislativas para acabar con esta insoportable lacra nacional.

Las causas de corrupción afectan a tipos penales como la prevaricación, revelación de secretos, cohecho, tráfico de influencias, malversaciones, negociaciones prohibidas a funcionarios, blanqueo de capitales, apropiación indebida, fraude, estafa, falsedad documental y delitos contra el patrimonio histórico y contra el medio ambiente. En algunos casos, como los de los falsos ERE de Andalucía o el ‘Gürtel-Bárcenas’, la masiva cifra de imputados dará lugar a juicios orales que necesitarán habilitar salas especiales para acoger el banquillo de los acusados, en un espectáculo mediático de alcance internacional sólo comparable a algunas causas mafiosas italianas…

Pero, con todo, el Gobierno de Rajoy, de mayoría parlamentaria absoluta y por tanto responsable exclusivo de la falta de reacción contra el fenómeno de la corrupción (o dicho de otra forma más descarnada siendo hoy su tolerante ‘padrino político’), se ha decidido por fin a presentar unas tibias medidas anti-corrupción, tardías e incompletas. De las que, además, ya se verá lo que queda sustanciado en el Parlamento.

Victoria Prego lo ha visto con meridiana claridad. En una de sus habituales ‘greguerías’ publicadas en El Mundo (28/11/2014), señala la mezquindad política generalizada con la que se trata el problema:

Cálculos pequeños

Ha tardado el Gobierno en ponerse las pilas y en proponer medidas que sirvan para evitar, o al menos mitigar, la corrupción que envenena al país por todos lados. Porque será cierto que la mayor parte de los políticos y de los empresarios y de los sindicalistas y de los bancarios son honrados a carta cabal. Pero son tantísimos y tan importantes los que han robado durante tanto tiempo el dinero público para llevárselo a sus bolsillos que no es nada exagerado decir eso, que España está corroída por la corrupción. Ese es el sentimiento de los ciudadanos y por muchas declaraciones que se hagan en contra desde la esfera de la política no van a cambiar de opinión. Sólo los hechos, el cambio que se opere en la vida pública de nuestro país, modificará la percepción de los electores sobre este asunto, una percepción sumamente negativa que incluye a todos los grandes partidos españoles, incluyendo a los nacionalistas, que también lo son. Españoles, digo.

Por eso fue descorazonador asistir al enfrentamiento, ayer, entre el presidente Rajoy y el líder del PSOE, Pedro Sánchez. Ante una batería de medidas propuestas por el PP que enfocan en la buena dirección, se apreció el pavor de los socialistas a aparecer como mínimamente cercanos al partido en el Gobierno. Quizá creen Sánchez y los suyos que afeándole a Rajoy sus casos de corrupción quedan ellos libres de toda mancha. Pero no es así, de ninguna manera. Lo que parecen no haber entendido ambas formaciones es que están metidas en el mismo saco en opinión de la ciudadanía. Pero llevan tiempo enzarzándose en esa pelea con resultados nulos para sus pretensiones, sin comprender que hacen un esfuerzo inútil al pretender separarse uno de otro echándose a la cara sus respectivos asuntos de suciedad.

La proximidad de las elecciones municipales y autonómicas no es razón suficiente para sustentar esa estrategia. Probablemente les sería mucho más efectivo acudir a esos comicios habiendo sellado un pacto contra la corrupción, porque eso les serviría para ganarse una relativa absolución por parte de sus votantes y podrían de ese modo aplicarse a proponer las medidas políticas que, éstas sí, les diferenciaran de su adversario. Sólo con una confesión compartida de los males causados o permitidos, y sólo con una declaración creíble de enmienda, los partidos políticos tradicionales pueden aspirar a recuperar el lugar que les debe corresponder hoy, a pesar de todo, en la vida política española.

Y, puesto que no son ellos los únicos responsables de la marea de corruptelas que asoman cada día por las cuatro esquinas del país, lo deseable y lo que sin duda tendría premio en forma de votos por parte de la población es que sumaran sus fuerzas y pactaran todas las medidas, las propuestas por unos y por otros, contra esta lacra que nos debilita. Eso sería actuar con la vista puesta en el país y no con los ojos situados, como de costumbre, en el respectivo pie de cada uno. Se necesitan políticas de grandes pactos para afrontar los grandes problemas. No es momento de cálculos pequeños.

Claro está que transcurridos ya tres años de legislatura (hay que insistir en que es de mayoría parlamentaria absoluta), el error de cálculo de Rajoy, aderezado por el pasotismo, la vaguería y la cobardía política, ha dificultado enormemente que, adentrados ya en un nuevo periodo electoral, el PSOE quiera prestarle cualquier ayuda para aliviar su presumible castigo en las urnas. Rajoy lo ha supeditado todo a su arriesgada teoría de la recuperación económica, olvidando la necesidad de realizar reformas legislativas muy acuciantes (vinculadas a las exigencias sociales) y negando a la oposición el pan y la sal del consenso, que ahora -con una legislatura en eso sin duda fracasada- le pagará con la misma moneda.

Ahora, el PSOE ya no dará baza alguna al Gobierno, porque ello terminaría de agotar su escaso crédito social propio. Se puede criticar la poca altura de miras del PSOE, pero lo más criticable -absoluta y radicalmente-, es la torpe y ensoberbecida acción política del Ejecutivo y su anti reformismo.

Rajoy llega tarde incluso en su nueva actitud de dar una de cal y otra de arena, como hizo el 27 de noviembre en su intervención parlamentaria sobre la corrupción. Por ejemplo: tras admitir tibiamente que su partido había tenido “problemas serios” en esa materia (“Hay casos que afectan a cargos de mi partido y he pedido perdón”), hizo una defensa cerrada de su ex ministra Ana Mato, a la que había dejado caer el miércoles tras resultar indirectamente salpicada por el ‘caso Gürtel’, algo sabido y notorio incluso antes de su nombramiento.

Con esa contumacia, además de seguir encorajinando al electorado, Rajoy le puso muy fácil a Pedro Sánchez la pregunte: “¿La dimisión de Ana Mato ha sido por motivos de salud?”. A continuación, el líder socialista entraría al ataque: “Después de leer el auto de ayer [del juez Ruz], usted no está capacitado para liderar estas reformas”; “no espere acuerdo sobre corrupción, global, porque ustedes no son de fiar”; “yo no me siento en un despacho remodelado con dinero negro”… Y se quedó muy corto, como le espetaron después discretamente algunos diputados socialistas, que habrían preferido más contundencia en su intervención.

Todos los demás grupos parlamentarios fueron críticos con el discurso de Rajoy; pero, con todo, eso no es lo que, a nuestro modesto entender, exige la opinión pública. Puede ser que en la tramitación parlamentaria de las propuestas legislativas del Gobierno se cierren algunos acuerdos puntuales de lucha contra la corrupción, pero todo indica que faltará la radicalidad que reclama la gravedad de la situación y su enraizamiento en el sistema.

Cierto es el dicho de que ‘más vale tarde nunca’ (y poco mejor que nada), como vino a decir el propio presidente popular de la Xunta de Galicia, Alberto Núñez Feijóo, al afirmar tras el debate parlamentario que llevaba más de dos años reclamando soluciones como las que Rajoy acababa de poner sobre la mesa. Pero el Gobierno ha perdido un tiempo precioso e irrecuperable. El mensaje llega tarde, es poco creíble -como dice Rubalcaba- y ya veremos en qué queda o no queda lo publicado finalmente en el BOE.

Llega el manjar de la venganza

En varias Newsletters hemos advertido que, de no rectificar su tratamiento político erróneo, el ‘caso Gürtel-Bárcenas’ terminaría llevando al PP y a Rajoy a la hoguera pública. Y parte de ese mal tratamiento ha sido marear la perdiz en la lucha contra la corrupción pública, tratando con ello de disimular las culpas propias; de forma a la postre infructuosa y además agravada porque a la vergüenza del caso también hay que añadir ahora el desvergonzado desentendimiento de la lucha frontal contra todo tipo de corrupción durante los tres años de legislatura ya consumidos (apostillamos de nuevo que con mayoría parlamentaria absoluta).

Tanta desidia en la lucha contra la corrupción pública, es una de las causas principales del advenimiento de Podemos. Partido nacido (nadie lo olvide) de esa pasión del alma que mueve a indignación y enojo llamada ‘ira’; la misma -decía Luis Vives- que “muda la naturaleza del hombre en una fiera espantosa”.

PP y PSOE han entendido durante demasiado tiempo y de forma equivocada que el pueblo español aguanta todo de los políticos (un eco ancestral del caciquismo histórico). Y eso ya no es así. Por lo que vaticinamos, como dice nuestro titular, que ambos arderán juntos en la revancha social contra la corrupción, más pronto que tarde.

Un aforismo turco advierte: “Huye siempre de la ira del hombre tranquilo y de las coces de los animales dóciles”. Schiller, empeñado en la educación estética del hombre, lo escribió de forma más poética: “El mismo buey de labor -ese dulce compañero del hombre que con tanta docilidad doblega el cuello a su yugo- lanza con su potente cuerno al enemigo que le excita hasta las nubes”.

Tal vez PP y PSOE han olvidado que la venganza -que no es cosa plausible pero existe- trabaja siempre en silencio y que, en ella, el débil es siempre el más feroz. Uno de nuestros cinco premios Nobel de Literatura, Jacinto Benavente, atado en su extensa obra teatral a una realidad poco utópica y elevada de la vida española (una de sus obras más reconocida fue ‘Los intereses creados’), advirtió que “la comida más sabrosa de las fieras es el domador”.

Homero decía que la venganza es más dulce que la miel. Quizás por eso se la define como un auténtico manjar y se sostiene que gana cuando se come en frio y no en caliente. Veremos si en las próximas elecciones ya está a la temperatura adecuada.

Fernando J. Muniesa

La demoscopia está haciendo saltar las previsiones electorales del sistema político, mostrando día a día el imparable crecimiento de las expectativas de Podemos, partido que resiste el fuego cruzado que le lanzan desde el PP y el PSOE, convertido a la postre -como hemos advertido desde hace tiempo- en la mejor fuente para realimentar su éxito.

Según el último de los sondeo de opinión que Sigma Dos realiza de forma sistemática para El Mundo (oleada del mes de noviembre con recogida de datos entre los días 17 y 19), Podemos se acaba de erigir en la fuerza política preferida por el universo de electores encuestado, sacando ya dos puntos de diferencia en intención de voto al PP y más de ocho al PSOE. A pesar de que todavía no ha participado en ningunas elecciones generales y mostrándose, por tanto, como un fenómeno inédito en la historia del nuevo régimen democrático.

Una situación en efecto sorprendente que, entre otras cosas, conlleva dos evidencias paralelas: el agotamiento del actual sistema político -claramente instalado en el bipartidismo y alentado por la corrupción y el inmovilismo institucional- y la necesidad de propiciar una reforma política urgente y profunda, que ya habrá de abrirse extra muros del sistema si éste no quiere verse finalmente desbordado por la realidad social y relegado al pataleo y las lamentaciones. Todo indica que, tanto el inmovilismo y la fosilización del sistema que procura Rajoy como la huida hacia adelante propugnada por el PSOE, empeñado en la federalización total de España (que es ‘más y peor’ de lo mismo), tienen los días contados.

El camino hacia el futuro ya ha impuesto la precipitada abdicación del rey Juan Carlos I, la retirada de Pérez Rubalcaba por la puerta trasera del PSOE, el paso atrás dado por Cayo Lara en IU, la desacreditación de la patronal empresarial, el anuncio de retirada de Cándido Méndez al frente de UGT… y no pocos toques de atención para que Rajoy vaya pensando en su rápida sucesión, cada vez más sonoros dentro y fuera del PP.

Rajoy narra una superación imaginada de la crisis

Justo en el tercer aniversario de las elecciones generales que otorgaron al PP una mayoría parlamentaria absoluta, el presidente Rajoy publicaba un artículo de opinión en El Mundo (21/11/2014) poniendo en negro sobre blanco (o más bien en rosa sobre blanco) los cambios con los que, gracias a las reformas económicas de su Gobierno, acompañadas por el esfuerzo de todos los españoles, el país ha conseguido -según él- superar la crisis. Una forma de hacer balance de los primeros tres años de legislatura inhabitual y desde luego sin posible réplica directa: una declaración institucional lanzada en un medio informativo que limita a voluntad sus artículos de opinión y que muchos de sus lectores pueden considerar ciertamente tendenciosa y propagandista.

Nosotros no queremos manipular lo escrito por el presidente Rajoy, razón por la que lo reproducimos en su integridad, destacando en letra negrita las afirmaciones que estimamos más sustanciales, para replicar acto seguido su narración de los hechos en función de nuestra percepción de la realidad, claramente divergente. Veamos, pues, lo que narra Rajoy sobre sus tres primeros años de gobierno:

España, el relato de un cambio

A TRES años de su comienzo y a un año del final de la misma ¿qué podemos decir ya de esta legislatura? Cada día escuchamos y leemos, como es lógico, opiniones muy distintas: unas más negativas, otras más positivas. Y, sin embargo, creo sinceramente que hay una afirmación que puede ser un punto de encuentro para todos. Creo, en efecto, que ya podemos decir, sin temor a equivocarnos, que esta legislatura va a terminar mejor que como empezó. Que vamos a pasar del agujero negro de la recesión a un horizonte de recuperación consolidada. Que la España de 2015, en definitiva, va a ser mucho mejor que la España de 2011.

No es, ciertamente, momento de euforias. Nos acosan aún muchos problemas: el mayor de ellos, el paro. Pero sí es un momento en el que, con la suficiente perspectiva, podemos intuir cuál es el relato que ha de quedar de estos tres años. Es el relato de un país que no se dejó hundir, que no se resignó, que supo sufrir para ganar su futuro y que puede estar orgulloso de ello. Y si en alguna ocasión se ha dicho que todas las empresas nobles empiezan siendo imposibles, la responsabilidad y los esfuerzos de los españoles, junto a las medidas impulsadas por el Gobierno más reformista de nuestra historia democrática, han demostrado que escribir este relato era posible.

Es verdad que no siempre somos los mejores jueces de nosotros mismos. Que necesitamos una mirada ajena que confirme nuestras impresiones. En este caso, podría recurrir a la fría realidad de los datos: por ejemplo, al llegar al Gobierno, el paro aumentaba a un ritmo del 7,5% anual, y hoy baja a un ritmo anual del 5,9%. Con la afiliación a la Seguridad Social ocurre lo mismo: hemos pasado de una caída anual del 2% a un incremento del 2%. Éramos el país con mayor destrucción de empleo de Europa; hoy, somos el que más empleo está creando. E incluso hay vuelcos que, hace poco, nadie podía imaginar: de estar en el furgón de cola de la recesión, hemos pasado a situarnos como la vanguardia del crecimiento en Europa. Y detrás de cada dato positivo -no lo olvidemos- hay personas con nombres y apellidos.

Sin duda son cifras elocuentes, pero más allá de los guarismos, me gustaría remitirme a una experiencia, a mi juicio, muy significativa. En junio de 2012, a los seis meses de mi investidura como presidente del Gobierno, tuve el honor de representar a España en la Cumbre del G-20 celebrada en la ciudad mexicana de Los Cabos. Entonces España parecía el enfermo de Europa; nuestra recesión era galopante, el aumento del paro, dramático; el déficit estaba desbocado, nuestro sistema financiero amenazaba quiebra y la prima de riesgo -¿se acuerdan?- nos asfixiaba cada día. La prensa internacional nos dedicaba titulares tan realistas como ásperos. España, según parecía, tenía un pie fuera del euro. Y era un pesado lastre que ponía en peligro la recuperación de toda Europa e incluso la misma existencia de la moneda única. Junto a estas afirmaciones, había también una pregunta: ¿cuándo van a pedir ustedes el rescate? No podíamos responder a esa pregunta alegando que nuestros problemas eran herencia del pasado. A cambio, teníamos la mejor réplica posible: rescatarnos a nosotros mismos. Así se dijo y así se ha hecho.

Pero hemos logrado ir más allá. Y esto también he podido comprobarlo de primera mano. Hace apenas unos días, en la Cumbre del G-20 celebrada en Brisbane, Australia, acudí de nuevo en representación de nuestro país. Siempre es un orgullo hacerlo. Pero, en esta ocasión tuve, además, una satisfacción muy especial, que creo que todo español puede compartir: a España se le reservó el primer lugar de las intervenciones, y no fue por azar. Fue porque, en un foro de tanto prestigio, las naciones más importantes del mundo quisieron ponernos como caso de éxito. Como ejemplo de país capaz de salir de la crisis y abrazar la recuperación a través del impulso de una agenda intensiva de reformas.

Estos reconocimientos y la propia evolución de las cifras demuestran que nuestros esfuerzos no han sido en vano. Las reformas pueden tardar más o menos en dar fruto, pero dan fruto cierto. A los datos me remito, la reforma laboral está detrás de la mejora en el empleo que está creciendo a un ritmo muy superior al que tradicionalmente se producía en España con estas tasas de actividad económica. La reforma financiera apuntaló nuestro sistema bancario y nos ha permitido superar con éxito las últimas pruebas de estrés de la banca europea. Y si la responsabilidad conjunta de Gobierno, comunidades autónomas y ayuntamientos ha saneado nuestras cuentas, la reforma de nuestras administraciones públicas las ha hecho más ágiles y más eficientes. Así podría seguir hasta el final de la página enumerando tantas otras reformas, cada cual más ambiciosa: la reforma de la pensiones, la energética, la Ley de Calidad de la Educación, la reforma local, la de la función pública, la Ley de Unidad de Mercado, la Ley de Desindexación y tantas otras.

Nada de esto ha sido fácil. Nunca lo es transformar la realidad. Y hoy, al volver la mirada atrás, cualquier español sabe los esfuerzos que ha tenido que hacer. El propio Gobierno, nada más tomar posesión, tuvo que ajustar su programa a una realidad desoladora. Tuvimos que tomar medidas duras. No había otra alternativa, ni teníamos otra opción: o interveníamos con decisión, o nos intervenían.

Al cabo de tres años, hemos visto que algunas decisiones no sólo eran necesarias, sino que eran las decisiones correctas. Unos resultados pudimos verlos pronto: así, donde otros países europeos se vieron obligados a la reducción de su Estado del Bienestar, España ha podido, pese a todo, seguir haciendo política social y mantener incólumes sus prestaciones esenciales. Y otros resultados no tardarán en verse: el nuevo escenario económico, y la recuperación de los ingresos públicos por fin nos ha permitido acometer una importante reforma fiscal, que esta misma semana se ha aprobado definitivamente. Así, el próximo mes de enero, los españoles verán que la única reducción drástica que les afecta es la bajada de impuestos.

NADA DE esto hubiera sido posible sin la responsabilidad de la sociedad española y sin un elemento de extraordinario valor político: la estabilidad institucional. Afrontar una tarea reformista como la que hemos llevado a cabo en estos tres años no hubiera sido posible en medio de vaivenes o incertidumbres y, menos aún en un escenario de revisión completa de nuestro marco institucional. Si hoy España es el país que más crece de la zona euro se debe a que es el país donde más reformas se han podido hacer porque su Gobierno creía en ellas y contaba con la fuerza y el apoyo parlamentario para llevarlas a cabo. La estabilidad política también contribuye, y de forma muy significativa, en el crecimiento de la actividad económica de un país, en la cotización de sus empresas y en el bienestar de sus ciudadanos.

La legislatura no está acabada, todavía nos queda por delante un intenso año de reformas, incluidas las que presentaré la próxima semana ante el Congreso para mejorar la lucha contra la corrupción. Somos inconformistas: sabemos que el secreto del éxito -como dijo el gran político Disraeli- es la constancia en el propósito. Con la misma perseverancia y la misma determinación de estos tres años seguiremos trabajando para cumplir el mandato que nos dieron las urnas: sacar a España de la crisis, fijar pilares sólidos para el futuro y volver a sentirnos orgullosos de un país que tiene una historia de éxito que merece ser contada.

Rajoy, todo un cuenta-cuentos de la política

En su primer párrafo, Rajoy proclama que “esta legislatura va a terminar mejor que como empezó”, una medio verdad en algunas pequeñas cosas y absolutamente falsa en las grandes cuestiones más perceptibles por el conjunto de la sociedad: ya se habla suficientemente de ellas sin que merezca la pena volverlas a explicar mientras el Gobierno siga creyendo que las ha solucionado (paro con record histórico, precariedad y emigración laboral, desigualdad, incremento de la deuda pública…). Y trata de vender a la opinión pública, de forma evidentemente infructuosa a tenor de lo que ésta traslada a los institutos de investigación demoscópica, “un horizonte de recuperación consolidada” que, en esos términos triunfalistas niegan la mayoría de los analistas especializados independientes (que perciben una situación de estancamiento condicionada además por la amenaza de una posible nueva recesión en la economía europea).

Y sobre la afirmación de que la España de 2015 “va a ser mucho mejor que la España de 2011”, baste reiterar que en modo alguno lo será en términos absolutos y que en todo caso es una aspiración o promesa ‘a futuro’, fuera ya de la legislatura en la que se comprometió a resolver la crisis. Faltaría más que, tras gobernar cuatro años con mayoría parlamentaria absoluta, además de incumplir flagrantemente sus promesas electorales, Rajoy y el PP dejaran el país peor de lo que estaba: cosa que efectivamente sucederá en temas como el crecimiento de la deuda pública, la inestabilidad laboral, las desigualdades sociales, la corrupción…, por poner algunos ejemplos que rebaten fácilmente ‘el relato de un cambio’ del cuenta-cuentos Rajoy.

La segunda idea-fuerza esgrimida por el presidente del Gobierno es que la contención del crecimiento del paro (no su regresión) es consecuencia, no de haber tocado el fondo-límite hasta ahora conocido en cualquier economía asimilable (que es lo que ha sucedido y lo que se deriva de la estadística comparada), sino de “la responsabilidad y los esfuerzos de los españoles”, generalización falsa porque no todos ellos han contribuido en ese esfuerzo ni todos los que sí han contribuido lo han hecho soportando las mismas cargas tributarias. Y ahí quedan como obra más meritoria de la política económica gubernamental el proteccionismo fiscal de las grandes empresas y economías privadas y el crecimiento paralelo de la fortuna de los ricos (que cada vez son más ricos) y del infortunio de los pobres (que también son cada vez más pobres).

Afirmando además Rajoy que escribir este relato (falsario) ha sido posible sólo gracias “a las medidas impulsadas por el Gobierno más reformista de nuestra historia democrática [el suyo]”. ¿A santo de qué viene esta alharaca mentirosa de auto desprestigio, negando las evidentes reformas realizadas por los gobiernos precedentes de Suárez, González y del propio Aznar, sustanciales en lo político, lo social y lo económico, y bastante más visibles que las suyas en nuestra historia reciente…?

Aunque el colmo del espejismo marianista sea alardear de unos “vuelcos que, hace poco, nadie podía imaginar”. Exactamente, dice Rajoy, “de estar en el furgón de cola de la recesión, hemos pasado a situarnos como la vanguardia del crecimiento en Europa”. Y eso, que es una lectura viciada de la realidad económica, se lo cuenta sin reparo alguno nada menos que a una sociedad agobiada por el paro, los desahucios y en muchos casos el hambre; forzada a la inmigración; sacrificada por el rescate de las cajas de ahorro y estafada por sus ‘preferentes’; indignada por la corrupción política; milieurista en el mejor de los casos; con toda una ‘generación perdida’ (1,4 millones de jóvenes desempleados y sin expectativas de futuro); con un 34% de los trabajadores ganando menos de 645 euros al mes…

¡Manda huevos!, que diría el ex presidente del Congreso de los Diputados Federico Trillo-Figueroa. La verdad es que socialmente no se puede ser más torpe ni tocarle las narices a la gente de peor forma (por ello ahí está Podemos poniéndose las botas en la almadraba electoral).

Sostiene Rajoy en su relato de las mil maravillas que a él se debe que España no haya tenido que ser rescatada por nuestros socios europeos, retorciendo la realidad cínicamente porque lo rescatado con fondos del Banco Central Europeo (BCE), y a reponer con el dinero del erario público (100.000 millones de euros entre dimes y diretes), no ha sido España en sí misma pero sí parte de su sistema financiero, disparatando con que, a cambio de ese supuesto ‘no-rescate’, hemos generado la mejor réplica: “rescatarnos a nosotros mismos”. Una mendacidad dialéctica de vergüenza ajena que no deja de reconocer el rescate cierto, apuntillado con un dogmático “así se dijo y así se ha hecho”.

¿Y cuál sería, entonces, el mérito del Gobierno de Rajoy si el rescate de las cajas de ahorro asaltadas y saqueadas por la clase política es obra de los españolitos de a pie…? ¿Es que el Ejecutivo se ha ocupado siquiera de que los responsables de tamaño escarnio paguen alguno de los muchos platos rotos de forma tan escandalosa…? ¿Por qué incomprensible razón no se ha instado a la Abogacía del Estado y a su Fiscalía General a encausar a los banqueros de pacotilla responsables de tamaña tropelía…?

Aún más, Rajoy afirma también en su particular versión de los cuentos de Calleja que “la reforma financiera apuntaló nuestro sistema bancario” (en vez de reconocer ‘el rescate financiero’), añadiendo que ese mecanismo que confunde de forma tan artera ‘reforma’ con ‘rescate’ tratando de darnos gato por liebre, “nos ha permitido superar con éxito las últimas pruebas de estrés de la banca europea”. ¿Y dónde está su mérito, señor Rajoy…? ¿Es que el pastón necesario para sanear el agujero negro de las cajas ha salido  acaso de su bolsillo, del de los ministros o del de quienes las dejaron tiritando con favores y derroches a diestro y siniestro…?

Después, convertido en una especie de Fierabrás de andar por casa, Rajoy dice también que “si la responsabilidad conjunta de Gobierno, comunidades autónomas y ayuntamientos ha saneado nuestras cuentas, la reforma de nuestras administraciones públicas las ha hecho más ágiles y más eficientes”.

¿Pero a qué ‘saneamiento’ de cuentas se refiere si las mejores previsiones del déficit público para 2015 siguen siendo peores que el computado en 2008 (un -4,5% sobre el PIB)…? ¿Es que se puede hablar de ‘saneamiento’ con un continuo e imparable crecimiento de la deuda pública, que ya supera el billón de euros (hemos pasado del 40,2% sobre el PIB en 2008 hasta alcanzar más del 100% en 2014)…?

¿Y cuál es la mejora en la ‘agilidad’ y la ‘eficiencia’ que Rajoy atribuye a las administraciones públicas…? ¿Las invisibles en la Administración de Justicia, por ejemplo, que tarda años y años en cerrar los procedimientos judiciales, carente de medios materiales y recursos humanos hasta el punto de tener a jueces y fiscales en pie de guerra contra el Ministerio de Justicia…?

Y el incansable cuentista situado al frente del Gobierno continúa sin reparo alguno: “Así podría seguir hasta el final de la página enumerando tantas otras reformas, cada cual más ambiciosa: la reforma de la pensiones, la energética, la Ley de Calidad de la Educación, la reforma local, la de la función pública, la Ley de Unidad de Mercado, la Ley de Desindexación y tantas otras”… Total, un balance político mentiroso que hubiera llegado al cenit del despropósito si hubiera podido incluir también la pretendida reforma de la ley del aborto como promesa estrella de su programa electoral (por otra parte incumplido en todos sus términos).

Como guinda de la tarta que Rajoy pretende vender en el fantasioso relato que le ha publicado El Mundo, recuerda a sus lectores que nada de lo que en él narra de forma ciertamente quijotesca, es decir confundiendo lo que se dice con lo que se hace, “hubiera sido posible sin la responsabilidad de la sociedad española y sin un elemento de extraordinario valor político: la estabilidad institucional”.

Pero lo cierto es que la sociedad española reniega de ese relato, que no se identifica para nada con sus aspiraciones políticas, ni tampoco con ninguno de los compromisos electorales con los que Rajoy y el PP lograron obtener una mayoría parlamentaria absoluta en las elecciones generales del 2011. Posición claramente desperdiciada en lo que va de legislatura, sin conseguir siquiera esa ‘estabilidad institucional’ tan gratuitamente pregonada por el presidente del Gobierno: ahí quedan como muestra el desprestigio final del anterior reinado, la puesta en cuestión del texto constitucional, la amenaza del secesionismo catalán, la ruptura del bipartidismo, las ‘mareas’ sanitaria, educativa, judicial… y hasta la avasalladora irrupción de Podemos en la escena política.

El sistema de convivencia está al rojo vivo y a punto del estallido, mientras Rajoy pretende colarnos una inexistente ‘estabilidad institucional’. Quiere hacer pasar a muchos españoles por imbéciles y eso duele…

Dolor que inevitablemente alcanza también a las nuevas promesas que el presidente del Gobierno lanza, contumaz en el error, ante el cuarto y último año de su -insistimos- desaprovechada legislatura de mayoría parlamentaria absoluta (una historia del ‘todo para nada’): “Con la misma perseverancia y la misma determinación de estos tres años seguiremos trabajando para cumplir el mandato que nos dieron las urnas: sacar a España de la crisis, fijar pilares sólidos para el futuro y volver a sentirnos orgullosos de un país que tiene una historia de éxito que merece ser contada”.

Al contrario de lo que de forma pertinaz afirma Rajoy, en poco o en nada ha cumplido, hasta ahora, el mandato que le otorgaron las urnas; en muy poco ha podido aminorar la crisis y en modo alguno se puede admitir que haya fijado ningún pilar sólido para el futuro de España. Todo sigue en vilo y prendido con alfileres, como en un ensayo teatral de larga duración, que no ha visto ni probablemente verá el éxito que se pregona (el mandato electoral de Rajoy concluirá más o menos como empezó, con muy pocas cosas positivas y algunas negativas), ni desde luego merece ser relatado.

Dicen algunos comentaristas avezados, como Fernando Onega -por poner un ejemplo de periodista informado y ecuánime-, que, tras estos tres años de gobierno, Rajoy todavía tiene tiempo para reaccionar y hacer lo que todavía no ha hecho, porque en política un año es mucho tiempo. Lo que se nos ocurre replicar es que los tres años pasados también habrán sido un tiempo tres veces mayor, y que, si en ellos el Gobierno se ha desgastado y desprestigiado tanto (las encuestas son unánimes en el dictamen), difícil es que un nuevo año se rectifique ese dinámica negativa en aspectos tan sustanciales, haciéndola cambiar de signo; muy al contrario estimamos que algunos de ellos pueden ir a peor.

Los posibles ‘golpes de efecto’ que pueda guardarse bajo la manga un personaje como Rajoy, acompañado de los ministros y ministras que le acompañan, serán en todo caso de pólvora mojada. Porque la pólvora seca ya la han quemado en fuegos de artificios a lo largo de los tres años pasados.

Ahora lo único a lo que, gracias a los consejos y las directrices marcadas por el sabio Arriola, puede aspirar el PP razonablemente, es a salvar los muebles del naufragio marianista y a liderar la futura oposición, aunque consiga ser el partido más votado, cosa que está por ver. Pero no a salvar el país, ni, como algunos torpes siguen pretendiendo, a acabar con el fenómeno de Podemos, que en el fondo es su hijo natural y una de sus obras más meritorias…

Pedro Sánchez, entre la expiación y la expiración política

Claro está que los devaneos del Gobierno del PP en nada van a servir para frenar el declive electoral del PSOE, ni menos todavía para reimpulsar su posición social perdida gracias al esperpento político ‘zapateril’.

Exactamente en el mismo medio y el mismo día (El Mundo 21/11/2014) en el que el presidente Rajoy se reivindicaba a sí mismo sin rubor alguno (muy apretado se ha tenido que ver para agarrarse al clavo ardiente del  autobombo), Santiago González advertía en relación con los tres años de legislatura ya consumidos:

(…) El prudente éxito económico no bastará para compensar la sustitución de la política por la tecnocracia, especialmente porque las cifras macro no bastan para consolar a tantas víctimas micro y porque el Gobierno debería haber tenido en cuenta un versículo de los Evangelios enmendado por Woody Allen: «No sólo de pan vive el hombre; también necesita un trago de vez en cuando».

Y acto seguido señalaba la dificultad de que las torpezas y las deficiencias políticas del PP pudieran ser capitalizadas por el actual PSOE:

No es probable que el cálculo ramplón del primer partido de la oposición, manchado de ‘zapaterismo’ y sin propósito de la enmienda, vaya a recoger los frutos de la que parece segura debacle del PP. Lo harán el populismo y el rebrote del secesionismo que encarnarán la fragmentación y las tendencias centrífugas de la democracia española…

Comentarios nada extraños y muy en la línea de lo generalmente expuesto por los analistas más respetuosos con el establishment político. Y es que la huida hacia adelante del PSOE, proponiendo una reforma de la Constitución para imponer un Estado plenamente Federal (con la intención ya anticipada de encajarlo además en una Europa Confederal), aun cala menos en el tejido social que la propaganda gubernamental sobre la recuperación económica y el vuelco de la crisis.

Realidad agravada con el hecho de que el Gobierno, el resto de las fuerzas políticas y la sociedad en su conjunto lleven muchos meses esperando la concreción de la propuesta socialista, apadrinada por Rubalcaba cuando todavía se debatía entre el ‘quien resiste gana’ (evidente en la Conferencia Política Socialista clausurada el 10 de noviembre de 2013) y la ‘huida hacia adelante’ implícita en su propuesta de Solución Federal como ‘más de lo mismo’ (y cada vez peor). Una nueva ocurrencia política de corte ‘neo-zapateril’ que sólo sirvió para acelerar la merecida jubilación de su padrino, y que ahora señala -en nuestra opinión- la inmadurez de Pedro Sánchez, auto alistado de esta forma a un fracaso prematuro.

La evidencia del agobio y el despiste socialista es tan grande, que el joven Sánchez ya suscribe, incluso, la ‘barra libre’ de sus colegas catalanes para que la capital del Estado se divida entre Madrid y Barcelona, trasladando a esta última ciudad, para empezar, la sede del Senado. Una propuesta que, además de requerir la reforma del artículo 5 de la Constitución y generar un cabreo en otras ciudades ya tentadas históricamente por las veleidades federalistas (por ejemplo Cartagena), produce una especie de risa tonta en los círculos independentistas de Cataluña, que obviamente ya cuentan con su propia capital sin que les interese lo más mínimo donde se ubica la del Estado español.

Paréntesis: A los nuevos dirigentes socialistas partidarios del federalismo a ultranza (y a otros más talludos pero desmemoriados) les convendría repasar la agitada historia de la Primera República Española, ciertamente ilustrativa del despropósito que supuso el proyecto inacabado de la Constitución Federal de 1873. De esta forma quizás eviten toparse en el futuro con algún redivivo general golpista al corte de Pavía, Serrano o Martínez-Campos…

Pero el intrépido federal Sánchez (quizás cabría llamarle ingenuo) no sólo toca el violón en cuanto a la organización política y territorial del Estado (o más bien en su desorganización), porque también lo hace en el terreno de la corrupción, que es otra de las grandes espinas clavadas en el corazón del sistema. Sin ir más lejos, el secretario general del PSOE acaba de proclamar a los cuatro vientos (El País 23/11/2014) que “la regeneración llegará con el PP en la posición”, olvidando que los populares están desde siempre en la oposición de la Junta de Andalucía, cuyo Gobierno socialista ha propiciado a pulso el más impresentable estado de corrupción cuantitativa y cualitativa de toda España (otro que tacha de imbéciles a los españoles).

Con estas y otras ligerezas políticas, como la de tratar de rehusar ahora el mismo artículo 135 CE reformado por el propio gobierno socialista en la pasada legislatura, con el objeto de consagrar el principio de ‘estabilidad presupuestaria’ reclamado por las autoridades europeas, Pedro Sánchez reafirma su escaso sentido de la oportunidad y la coherencia políticas. Máxime cuando él mismo apoyó aquella iniciativa como diputado socialista de base, que además fue respaldada por el mismo PP que hoy dispone de mayoría parlamentaria absoluta, razón por la que su parodia reformista no tiene sentido alguno, ni siquiera el del populismo con el que parece querer defenderse de la presión política que le genera Podemos.

Ligereza, frivolidad, torpezas reiteradas… (no hay que olvidar aquella otra boutade de querer suprimir el Ministerio de Defensa), que sitúan a Pedro Sánchez como nueva estrella del ‘zapaterismo’, mal convertido así en una especie de endemia socialista. Todo indica que no va a dar la talla ante las amenazas y desafíos del momento político en el que ha accedido a la secretaría general del PSOE, poniendo en cuarentena ciudadana no su buena voluntad, pero sí su capacidad de liderazgo, ya resquebrajada de forma prematura por varios flancos…

Hoy no es aventurado decir, pues, que Pedro Sánchez se mueve entre su propia expiración política y la expiación de los pasados y no rectificados errores del PSOE. Su debilidad para marcar un territorio político propio, sus devaneos y torpes elucubraciones con el modelo de Estado, su falta de autoridad interna,  su trivial consideración del fenómeno Podemos… le van a impedir cumplir la ambición declarada de “liderar la renovación del pacto del 78”, con la vista puesta -que es lo más grave- en el frangollo de la España Federal

Por su poca experiencia y corto recorrido político quizás él no lo perciba, pero en realidad ya se ha comenzado a escribir otra historia más de una muerte política anunciada…

Las expectativas políticas de Podemos

Claro está que la angustia pre electoral del PP y del PSOE, su común regresión en la valoración social que miden los estudios demoscópicos y la inminente pérdida de poder que anuncian a ambas formaciones políticas, tienen un mismo origen de incapacidad e inconsecuencias propias y una misma causa desencadenante: la aparición de Podemos como azote del agotado sistema que representan. Y, sobre todo, de su crecimiento a partir de que el electorado más disconforme ha reconocido su validez como instrumento de castigo político y revulsivo para la regeneración de la vida pública, consideraciones programáticas aparte (que ya se irán valorando en el momento oportuno).

La llegada de Podemos no responde a ningún milagro o hecho sobrenatural; es el advenimiento lógico de un movimiento social larvado a partir del 15-M, fenómeno nacido de forma espontánea el 15 de mayo de 2011 cuando 40 personas decidieron acampar en la Puerta del Sol de Madrid para mostrar su repulsa ante el sistema político vigente (no hay que olvidarlo). De hecho, de forma paralela surgió el afán ciudadano de promover una democracia más participativa, alejada del bipartidismo PP-PSOE y del dominio político ejercido por la banca y las grandes corporaciones empresariales, y por lograr una auténtica ‘división de poderes’, entre otras medidas tendentes a perfeccionar el modelo de convivencia.

Una reacción de protesta social pacífica, también llamada ‘movimiento de los indignados’,  que, además de ser desoída por la clase política -entonces tildada de ‘casta’-, fue despreciada y reprimida por la vía del autoritarismo. Su potencialidad, en apariencia desactivada, eclosionó en torno a Podemos, fuerza política que cosechó un notable éxito en las elecciones al Parlamento Europeo celebradas el 25 de mayo de 2014, obteniendo cinco escaños y quedando situada en cuarta posición entre los diez partidos españoles que lograron representación política (por detrás de IU y por delante de UPyD, que a priori esperaban haber capitalizado en exclusiva el malestar de los ciudadanos con los dos partidos mayoritarios).

A partir de ese momento, el cuerpo electoral reconoció la utilidad política de Podemos, de forma que fue volcando en ese nueva formación sus ansias de reforma social de la política, aumentando sus expectativas electorales a medida que se evidenciaba el daño que infligía al sistema repudiado. Tan sencillo como eso.

Así, las sucesivas encuestas sobre actitudes y comportamientos electorales, en todos los resultados conocidos y tanto en cuanto a estimación de voto como al voto decido -incluidos los del CIS-, han ido marcando el recorrido del éxito de Podemos hasta alcanzar lo que el propio diario El Mundo (24/11/2014), especialmente beligerante con dicha formación, ha denominado ‘el big bang de Podemos’. Nada más y nada menos que situarse como primera fuerza política del país con una estimación del 28,3% de los votos, seguida del PP con un 26,3% y del PSOE con el 20,1%.

A mucha distancia quedan el cuarto y quinto partidos en liza: UPyD con tan solo un 4,5% de los votos y UI con el 4,2%. Una medida del clima electoral y de la temperatura política hoy por hoy inequívoca, aunque lógicamente seguirá evolucionando a tenor de cómo los actores se muevan en el escenario y de los efectos que puedan sobrevenir. Considerando los actos precedentes de la obra (una curiosa especie de ‘Saturno devorado por sus hijos’, no devorándoles), nada impide un desenlace sorprendente, e incluso un final con coletilla trágica, quizás la de recordar que el pez comienza a reflexionar cuando ya está atrapado en la red.

En cualquier caso, es comprensible que el PP (y más todavía el PSOE) anden con los papeles del libreto de Podemos perdidos entre bastidores. Pero eso no deja de ser consecuencia de la tardanza con la que se han puesto a estudiarlo, siempre atropellados por la pereza y la desidia política; y sabido es que, como advierte el refranero español, quien llega tarde, ni oye misa ni come carne.

Otra cosa es que, una vez fuera de la escena política y con el carro del bipartidismo volcado, abunden entre sus filas gentes que les echen en cara por dónde no debieron haberse metido. De momento, también deberían recordar que en todas las grandes batallas perdidas, los refuerzos siempre suelen llegar tarde.

Fernando J. Muniesa

El fenómeno de Podemos, sin parangón en el nuevo régimen democrático, es ciertamente avasallador y difícil de asumir por nuestra criticada clase política, que no puede ocultar su desconcierto ni sus temores ante una eventual demolición del gastado sistema de convivencia en el que se enseñorea desde 1978. No hay costumbre; pero la formación liderada por Pablo Iglesias ha asaltado las inexpugnables murallas de la política española casi de forma milagrosa, quebrando la trinchera del bipartidismo apenas con una palabra -la que le da nombre-, hábilmente aireada ‘bajo el ala aleve del leve abanico’, que diría Rubén Darío.

Y, visto lo que el caso tiene de prodigio, porque el actual modelo político quedó ‘atado y bien atado’ en su formulación original, gracias a la astucia de entramar la Carta Magna con la Ley Electoral y los reglamentos del Senado y del Congreso de los Diputados (interesada por parte de quienes entonces pensaban turnarse en el poder, la UCD y el PSOE), tiene mucha similitud con la forma en la que, según se narra en el Antiguo Testamento, las tribus de Israel asaltaron la ciudad de Jericó después de vagar por el desierto en busca de la tierra prometida. Los hechos se describen en el Libro de Josué, capítulo 6, a partir de que los hebreos huidos de Egipto alcanzaran la rica ciudad cananea, protegida por una descomunal muralla.

Desde entonces, historiadores y arqueólogos se han afanado en averiguar la causa por la que se derrumbaron los muros protectores de Jericó, situada en el valle del Jordán (cerca de Jerusalén), buscando una explicación del suceso más allá de lo divino. Y cierto es que unos y otros han manejado bastantes posibilidades realistas de aquella supuesta gesta de los israelíes comandados por Josué, sucesor de Moisés, considerada casi imposible con los primitivos medios de guerra disponibles en la época (el Éxodo y la invasión de Jericó se datan en el decimosexto o decimoquinto siglo a.C.).

Con todo, la versión bíblica de la toma de Jericó, que no deja de ser una preciosa leyenda aunque las Sagradas Escrituras contengan importantes datos históricos, cuenta que Yahveh ordenó a Josué que, llegados a las puertas de Jericó, sus soldados armados marcharan una vez al día, durante seis jornadas seguidas, alrededor de la ciudad, portando el Arca de la Alianza y seguidos por el pueblo en absoluto silencio. La comitiva estaría precedida por siete sacerdotes haciendo restallar en el aire sus atronadoras trompetas.

En la séptima jornada, se girarían siete marchas iguales alrededor de los mismos muros protectores, acompañadas con idéntico alarde de bocinas. Pero de forma que, en el último de los recorridos, el gentío que seguía a los porteadores del Arca de Yahveh y a los siete sacerdotes que hacían resonar sus cornetas de cuerno de carnero, rompería su silencio con un clamoroso griterío, originando una estruendosa conjunción de bulla y algarabía ante la que la muralla inexpugnable de Jericó cedería de forma milagrosa.

Entonces, las tribus de Israel tomaron la ciudad -se lee en el Libro de Josué-matando a filo de espada a todo hombre y mujer, jóvenes y ancianos del lugar, destruyendo todo lo que tuviera aliento de vida. La ciudad entera quedaría arrasada…

Podemos, aupado por los salvajes ataques de la derecha

Que Podemos está derrumbado la muralla del establishment político parece un hecho cierto y sin duda afortunado para quienes no son partidarios del sistema político bipartidista amarrado desde 1978, ni comulgan por tanto con el ‘turnismo’ de poder en el que se alternan el PP y el PSOE, apoyados de forma puntual por las bisagras de los partidos de ámbito autonómico (que en pura lógica debían limitar su presencia a los parlamentos de sus respectivos territorios). Es decir, una presencia -la de Podemos- en la arena política considerada afortunada por quienes rechazan el actual sistema del ‘quítate tú para ponerme yo’, ahormado por Cánovas del Castillo durante la Restauración borbónica, y desgraciada por quienes en él se mueven como pez en el agua (la clase política dominante).

Lo que pasa es que, a pesar de la similitud que puede darse entre la toma de Jericó por Josué y la inicial invasión del sistema político por Podemos, existe una diferencia en la naturaleza y el origen de las trompetas y el vocerío que han ayudar a romper los respectivos muros aseguradores de lo establecido. Ante la fortificación cananea actuaron los ejércitos y los sacerdotes del invasor israelí, pero las trompetas y el vocerío que han facilitado el desembarco de Podemos en la batalla electoral (y su primera victoria política) no son los de Pablo Iglesias y sus huestes, sino los de quienes dominan el espacio invadido; en concreto los medios informativos (incluyendo las cadenas públicas de TVE y Telemadrid) y los comentaristas más próximos al PP, quizás porque, sin llegar a que la nueva formación política constituya su competencia electoral más directa, sí que puede ser decisiva para descabalgar del poder al gobierno y al partido presididos por Mariano Rajoy.

Trompetas y vocerío ciertamente vigorizantes de Podemos que la derecha más torpe y reaccionaria (y rescatando su estilo tufarrero y mandibulario de tiempos pasados) sigue poniendo en juego con inconcebible ahínco. En una Newsletter reciente (nº 137), advertíamos que el ataque del establishment político a Podemos, era el mejor sustrato para su crecimiento electoral; cosa que la realidad reafirma día a día, por no decir edición a edición de los medios de comunicación social que más insisten en la guerra perdida de su descrédito (ese tipo de batallas -de la sinrazón- las suele tener ganadas a la larga el mismo adversario político contra el que se dirigen).

Su continuidad, la constancia en la crítica exacerbada y hasta infundada, el estilo marrullero con la que se ejerce, el tono airado y destemplado (a veces histriónico) con el que una misma galería de  medios y personajes se afanan en la tarea de desacreditar a Podemos y a sus dirigentes, desde luego más sin razón que con ella y creyéndose poseedores de la verdad absoluta, ya son proverbiales. Aunque lo más curioso y llamativo del caso es que ese revoltijo de críticas endemoniadas nazca de quienes desde hace tiempo más empeñados están también en atacar a Rajoy: no hace falta ser muy agudo para identificar con exactitud hacia donde estamos señalando.

Sin ir más lejos, al plantear en nuestra Newsletter de la semana pasada las razones que alientan el ‘¡Váyase, señor Rajoy!’ (la crisis, la corrupción y el secesionismo), consideramos conveniente reproducir un artículo publicado en El Mundo hace más de un año (23/05/2013) por Arcadi Espada, en el que, no sin razón, ponía al Gobierno de Rajoy a caer de un burro con este texto literal:

¡Váyase, señor Rajoy! 

El presidente Rajoy gobierna un país con seis millones de parados y que debe mucho dinero. El presidente Rajoy gobierna un país con una fractura política y emocional respecto del Estado que afecta a dos de sus llamadas nacionalidades históricas. El presidente Rajoy gobierna un país donde su máxima institución está sometida a la sospecha pública de la corrupción y la inmoralidad. El presidente Rajoy gobierna un país donde el principal partido de la oposición no es ni aliado ni alternativa. El presidente Rajoy gobierna un país con una opinión pública invertebrada, producto del crítico desconcierto de los medios y del ascenso del populismo. El presidente Rajoy gobierna un país donde tres de las comunidades más influyentes tienen una mayoría política adversa.

El presidente Rajoy gobierna un país que solo cuenta con una estructura firme y estable: los 185 diputados del Partido Popular, que conforman una mayoría suficiente para aplicar las decisiones políticas. Contra ese último y único núcleo de estabilidad apuntó la noche del martes el expresidente del Gobierno José María Aznar, en una intervención sin precedentes, hecha a partes iguales de política-espectáculo y egocracia, y cuyo sentido último traducía al día siguiente el editorial de este periódico: «Pero si Rajoy no está dispuesto a cambiar de política, debería ser el partido a través de un congreso extraordinario quien se pronunciara sobre el líder y el programa».

El presidente Rajoy gobierna un país que ha tenido que afrontar una tentación permanente: la de cambiar gobiernos desde el macilento cuarto de banderas, las áticas oficinas de los bancos o el fragor rotativo de los periódicos. Para librarse de la tentación a veces el país se ha entregado a ella. El expresidente Aznar coqueteó con la tradición al dar su famoso grito, pronunciado cuando el presidente González apenas llevaba diez meses gobernando. Por suerte tuvo que ganar unas elecciones. Porque cuando los presidentes españoles caen a voces, se trate de don Manuel Azaña o de don Adolfo Suárez, vienen una guerra civil o una asonada, siempre malas cosas.

Pues bien, esta opinión de Arcadi Espada hoy no parece incompatible con su descalificación de Podemos como “excrecencia” política en el programa de Telecinco ‘Un Tiempo Nuevo’ (15/11/2014), de forma injusta y grosera, hasta el punto de tener que ser llamado al orden por la conductora del espacio y abucheado por el público presente en el estudio televisivo. Toda una vergüenza para la profesión periodística y una ayuda inestimable, sin duda alguna, para que la falsa imagen demoniaca de la formación liderada por el eurodiputado Pablo Iglesias se vaya diluyendo rápidamente ante la sociedad española (y reconvirtiéndose en el cauce más eficaz para sanear el sistema político, antes que para el absurdo de convertirlo al chavismo, al stalinismo o al esclavismo etarra, como se ha llegado a decir).

Y máxime cuando las intervenciones públicas de todos y cada uno de los directivos y portavoces de Podemos se caracteriza por sus buenas formas, su franca disposición a debatir cualquier tema, su facilidad de exposición y su respeto por las posiciones de sus interlocutores y oponentes políticos. Una lección de educación democrática y de ética y estética política que choca con los exabruptos y las bocanadas de odio e intolerancia torpemente expelidas por la mayoría de sus detractores.

Y siendo notablemente curioso que los vocingleros que arremeten contra Podemos parezcan más interesados, según claman, en que esta emergente formación política se reconvierta en ‘casta’ (afirman con desvergüenza que ya lo es), antes que en luchar para que ésta desaparezca...

Enfrentar dialécticamente a Pablo Iglesias, Juan Carlos Monedero, Iñigo Errejón, Carolina Bescansa o Tania González, por ejemplo, con María Dolores de Cospedal, Carlos Floriano o con ministros/as como Mato, Báñez, Montoro, Fernández Díaz… y con tantos otros miembros directivos o altos cargos del PP, es sin duda demoledor para el partido del Gobierno y cada vez más acreditador de Podemos. Y algo muy parecido se puede decir de algunas posiciones editoriales francamente contradictorias con mucho de lo que han publicado con anterioridad y que chirrían hasta dentro de sus propias redacciones…

En el seguimiento de los despropósitos mediáticos contra Podemos (algunos olvidan que convivimos en un Estado democrático, quizás porque también están acomodados en el Estado de la corrupción), ya denunciamos la brutal editorial de El País (19/10/2014) en la que, criticando su proceso de organización (el mismo que se le exigía sustanciar poco antes) se lanzaba esta insidia rastrera contra el partido emergente: “Cuanto más se les escucha, más suenan a lo mismo: populismo, personalismo, manipulación”.

Y ahora nos vemos en la desagradable necesidad de tener que volver a denunciar otra de las editoriales de El País (17/11/2014), llena también de presunciones falsas, incoherencias argumentales y ayudas de favor a un PSOE acabado del que el propio medio informativo ha sido fiel defensor en los momentos más oscuros del ‘felipismo’ y el ‘zapaterismo’.

Se titula de forma verdaderamente tendenciosa ‘Paisajes calcinados’ y se subtitula con esta frase tergiversadora: “Pablo Iglesias propone acabar con el sistema de la Constitución sin explicar qué quiere construir”. Y se oculta, por supuesto, que lo pedido por Pablo Iglesias es “un proceso constituyente para abrir el candado del 78”, algo absolutamente legítimo y democrático y en la práctica ya dicho de forma más o menos similar por otros partidos políticos (entre ellos el PSOE, aunque desde luego no haya aclarado para nada su proyecto de Constitución Federal) y por infinidad de columnistas y líderes de opinión, como se ha venido leyendo con insistencia en muchas páginas del propio medio informativo (y no digamos en El Mundo).

Aquí tienen nuestros lectores el texto completo y literal de marras para que puedan cotejar su venenoso y contradictorio contenido:

Con la elección de Pablo Iglesias como secretario general y su equipo al frente de Podemos se acelera la conversión de un movimiento de perfil asambleario y antijerárquico en una organización ya muy parecida a un partido clásico. La estructura fuerte y centralizada que han adoptado se compadece mal con la transversalidad y modernidad pregonadas. Pero más allá de esa contradicción, lo relevante del primer discurso del líder indiscutido de Podemos ha sido su denuncia del “candado del 78”, en referencia al sistema político creado por la Constitución.

Pablo Iglesias hace del desprecio a los demás una de sus armas políticas, sea hacia “la casta” o los “viejos de corazón”. Parece deseoso de tirar a la papelera el sistema construido tras la dictadura, precisamente el que reconoció y protegió las libertades y el que trasladó la soberanía desde las manos de un caudillo a las del pueblo, que desde entonces la ha ejercido de forma continuada en elecciones libres. Podemos intenta atacar los fundamentos de este sistema sin explicar lo que pretende construir en su lugar o con qué quiere reemplazarlo. Y esto plantea un interrogante bastante serio acerca de los dirigentes de una fuerza que, según los sondeos de opinión, cuenta con expectativas de ocupar un espacio considerable en el futuro tablero político.

Lo que Iglesias llama “régimen” en España no es un sistema totalitario, ni un mundo regresivo, inviable y decrépito. Cuestión distinta es la crisis que sufre esta democracia, y que desde luego necesita caminos de salida. Casi todas las instituciones han perdido la iniciativa y los partidos que las dirigen muestran un alarmante grado de agarrotamiento. Lo que tiene que cambiar es el miedo a abordar las reformas necesarias, que deben plasmarse en la Constitución misma, en la regeneración ética de la vida pública y en corregir el excesivo grado de desigualdad que se está produciendo entre los ciudadanos.

Hay ansias evidentes de cambio en amplias capas de la sociedad, porque la crisis deja la impresión de que muchas personas se han quedado sin capacidad de influencia sobre las decisiones políticas. Lo que era una crisis económica y social se ha trasladado de lleno a la política al verse afectada por una corrupción sistémica: el combustible para el incendio. Pero no hay que confundir los deseos de reformar el sistema con los de destruirlo, ni convocar al electorado a tender una suerte de cordón sanitario sobre todo el sistema político.

Frente a la acometida de Pablo Iglesias contra el consenso del 78 y la de Artur Mas para desbordarlo, los dirigentes del PSOE en fase de renovación, Pedro Sánchez y Susana Díaz, lanzan una propuesta de reforma de la Constitución sin renegar de la existente y señalan al Parlamento como el espacio institucional que debe acoger el debate. Podemos hará bien en precisar sus propuestas, en vez de refugiarse en ensoñaciones de paisajes calcinados sobre los que empezar desde cero.

Dice El País, y lo dice con falsedad manifiesta, que “Podemos intenta atacar los fundamentos de este sistema sin explicar lo que pretende construir en su lugar o con qué quiere reemplazarlo”. Y antepone gratuitamente que su denuncia del ‘candado del 78’ se refiere “al sistema político creado por la Constitución”, como si fueran revolucionarios y anti-demócratas declarados.

Pero lo cierto es que, como está comprendiendo todo el mundo (menos quienes -claro está- carecen de entendederas para ello), Podemos no cuestiona en modo alguno el sistema constitucional ni el “Estado social y democrático de Derecho” consagrado en la Carta Magna. Muy al contrario, lo que pretende es rescatar el texto constitucional de las malversaciones formales y las desviaciones e interpretaciones torticeras a las que ha sido sometido por una clase política consciente de su malpraxis y en aras de intereses personales y grupales espurios, convertida en el instrumento vital de lo que sin duda se puede llamar el ‘Estado de la corrupción’.

Al pretencioso diario El País (sostenido gracias a un favor de refinanciación que supera los 5.000 millones de euros), le parece mal que Podemos haya nacido como “un movimiento de perfil asambleario y antijerárquico”, pero ahora le parece peor que se organice de forma “muy parecida a un partido clásico”. Y afirma, de nuevo sin el menor fundamento: “La estructura fuerte y centralizada que han adoptado se compadece mal con la transversalidad y modernidad pregonadas”.

¿Es que acaso el Grupo Prisa pretende que los seguidores de Podemos, hartos de lo que hay, se reintegren -carnet en boca- en la podrida realidad de los dos partidos mayoritarios, PP y PSOE, que además son los que se han cargado las virtudes esenciales de la Constitución…? ¿Quiere que, negándose como PP y PSOE se han negado hasta ahora a revitalizar o perfeccionar la Carta Magna (machacada por el desviacionismo de sus desarrollos legislativos), la iniciativa sanadora quede en las exclusivas manos de ese mismo sistema ‘anti-ciudadano’ o, incluso, sólo en las del partido socialista, que a estas alturas de la historia quiere recuperar el federalismo a ultranza (más allá todavía del actual autonomismo) que ni siquiera se pudo imponer durante la Primera República…?

Por poner otro ejemplo significativo, El Mundo también lleva años exigiendo  a través de infinidad de editoriales y artículos de opinión de sus más significados comentaristas y del propio presidente de su Consejo Editorial, el profesor Jorge de Estaban, una “reforma profunda de la Constitución”. Pero no deja de ser incomprensible que si ahora eso mismo lo exige Podemos, lo protagoniza y lo puede exhibir como un logro político, la reforma reclamada ya no parece valer…

Sigan así, unos y otros, acosando a Podemos con más prejuicios (e incluso odio) que razones, y verán cómo ese mismo vocerío y esos trompetazos terminarán derruyendo los debilitados muros de resistencia del sistema, dando paso franco a Iglesias para que alcance la Presidencia del Gobierno… Al final, quienes no toleran el chocolate, tendrán que tomarse taza y media, y quienes se resisten a la reforma constitucional la verán cumplida con más radicalidad de la necesaria.

Lo inapelable hoy en día es que en democracia un elector equivale a un voto y que el número de descontentos con el bipartidismo (PP-PSOE) crece como las setas, cuando la humedad y la temperatura adecuadas despiertan los micelios de su letargo.

“Los perros ladran, la caravana pasa”

A Podemos se le recrimina incluso que no tenga programa electoral, aunque es bien sabido que lo está elaborando y que tiene tiempo para hacerlo. Pero se olvida que, en la Transición, y durante unos cuantos años, el PSOE tuvo una gran y decisiva actividad política sin haber presentado su programa, cosa que hizo in extremis forzado por su comparecencia en los primeros comicios legislativos del 15 de junio de 1977, obteniendo 118 diputados.

Y también se olvida que aquellas primeras elecciones democráticas fueron ganadas por UCD (166 diputados) con un programa de andar por casa que prácticamente se limitaba a un eslogan ratonero, basado en la personalidad de Suárez (‘Votar Centro es votar Suárez’); en un mediocre himno de apoyo (‘Vota Centro, vota Suárez, vota Libertad’), y en la gran popularidad que consiguió el líder de UCD gracias al éxito del ‘Habla, pueblo, habla’ con el que el grupo Jarcha había calentado seis meses antes la campaña para la Reforma Política.

Todo ello teniendo en cuenta, además, los sucesivos programas electorales que el PSOE y el PP han incumplido de forma reiterada y con la mayor desvergüenza del mundo…

De hecho, las ‘opiniones’ de los medios que acosan a Podemos, y de la ‘cuadra’ de comentaristas agresores que cobijan en sus páginas, chocan demasiado con las ‘informaciones’ y ‘análisis’ que facilitan otros muchos de sus colaboradores habituales, más fieles a la realidad de los hechos. Sin ir más lejos, Anabel Díez analizaba la clausura de la Asamblea Ciudadana de Podemos, desarrollada bajo el lema ‘Sí Se Puede’ y abierta en la Red durante dos meses (15 de septiembre al 15 de noviembre), en la que entre otras cosas se eligieron sus órganos de gobierno, con gran ecuanimidad; advirtiendo que, ahora, la formación de Pablo Iglesias sabe que se les pondrán la lupa sobre la letra porque la música ya no será suficiente (El País, 15/11/2014):

¿Quién teme a Podemos?

Ha nacido un nuevo partido en España, Podemos, con un secretario general, Pablo Iglesias, elegido por algo más de 95.000 votos a distancia sideral del segundo, con 900 votos, de los 62 que lo han intentado. Todo nuevo pero con chispazos y recuerdos de etapas anteriores cuando los partidos de la izquierda, singularmente, PSOE y PCE, y después Izquierda Unida, levantaron una expectación y un entusiasmo de gran intensidad. También entonces, como ahora, se anunciaron peligros y desastres sin fin en el supuesto de que los socialistas, como fuerza con más posibilidades de tocar poder, llegaran a tener un apoyo mayoritario de la sociedad.

Ahora con Podemos ocurre lo mismo y su líder, Pablo Iglesias, ha empleado sus primeros minutos de inauguración del cargo para hablar del miedo. “El miedo y la sonrisa están cambiando de bando”. Lo ha dicho con su tono nada estridente sino como declaración de principios lo que no invalida que muchos receptores, en efecto, puedan sentir inquietud. Con su puesta en escena tranquila, extremadamente contenida, ha aclarado quién debe temer a Podemos: la casta, los poderes financieros, las marionetas sin rostro, los que no pagan impuestos…

Nada extraño ni nada ajeno a lo que defienden y proclaman los partidos de la izquierda española aunque quizá en su vertiente más clásica. Nada inédito les resultó este discurso a dos socialistas invitados personalmente al acto de nacimiento de Podemos por su líder Pablo Iglesias. El portavoz de la corriente crítica del PSOE, José Antonio Pérez Tapias, que pugnó con Pedro Sánchez por la secretaria general, y el socialista madrileño Enrique del Olmo, aspirante a la alcaldía de Madrid aunque no lo ha conseguido ante la victoria de Miguel Antonio Carmona, atendieron “con mucho interés” lo que ha ocurrido en un teatro del viejo Madrid. Agitar el miedo es una mala estrategia, ha aconsejado Pablo Iglesias. Y tiene razón a juzgar del cambio drástico que han experimentado los partidos en cuyos caladeros quiere pescar Podemos. A más advertencias y descalificaciones hacia Podemos por sus vinculaciones con la Venezuela de Chávez, más apoyos ha ido cosechando si se observa lo que ha ocurrido desde las elecciones del 25 de mayo hasta los sondeos de hace unos pocos días. En algunos es primera fuerza en intención de voto, en otros la tercera aunque con un potencial difícil de calcular.

De lo dicho hoy resultaría difícil alarmarse por cuanto que no ha habido concreción de qué medidas piensa tomar este partido para “cambiar el modelo productivo de España”, ni tampoco para garantizar que los servicios públicos esenciales sean para todos los ciudadanos por el hecho de serlo. “Lo que da miedo es no llegar a final de mes; lo que da miedo es la pobreza infantil”. Ante aseveraciones de esta naturaleza resultaría extraño que alguien estuviera en contra, ni de derecha ni de izquierdas. Si algo caracteriza al líder del nuevo partido es su proverbial capacidad de atar los cabos sueltos. Su desapego hacia la caracterización de ser de derecha o de izquierda ha precisado en el acto inaugural que los problemas afectan a todos aunque las soluciones tengan titulares de izquierda. Ahora empieza la hora de la verdad para Podemos y lo sabe su líder y los 62 miembros del consejo ciudadano elegidos a través de Internet por casi 80.000 personas. Ahora saben que se les pondrá la lupa sobre la letra porque la música ya no será suficiente. Hoy ha sonado con poemas de Miguel Hernández y canciones de Mercedes Sosa y Luis Llach. Sí se ha visto entusiasmo y esperanza. “La sonrisa ha cambiado de bando”, ha proclamado Iglesias.

Y, acto seguido, exactamente al día siguiente (16/11/2014) y también en El País, la misma periodista completaba su análisis sobre la Asamblea de Podemos con este otro texto:

Ahora, a la espera de la letra

Se equivocaron, para después rectificar. Los partidos que saludaron la llegada de Podemos a la vida política ordinaria, tachándola de populista, de demagogo y de simpatizar con regímenes poco respetuosos con los usos democráticos, han comprobado con dolor que ese no es el camino. Podemos no ha dejado de crecer, según los sondeos, desde que en las elecciones europeas de mayo obtuvo cinco diputados. “Ahora empieza lo más difícil; y más difícil será cuando gobernemos”. Este fue el aviso que dejó Pablo Iglesias, minutos después de ser elegido secretario general de la nueva formación, en un discurso tan ligero como cargado de ilusión y esperanza. Desde hoy mismo pretenden trabajar para no ser una opción a la que se elija por rechazo a todas las demás sino por sus méritos propios. La puesta en escena del nacimiento del partido, con Pablo Iglesias a la cabeza y sus 62 compañeros del consejo Ciudadano, parecía preparada para desterrar prejuicios y temores.

No aspiran a ser conciencia de los gobernantes sino a gobernar. El Proyecto que propondrán se nutrirá de propuestas compartidas con la Izquierda Unitaria Europea, el grupo en el que están en la Cámara de Estrasburgo. La mayoría de los ciudadanos, subrayan, nada tiene que temer. “El temor y la sonrisa han cambiado de bando”, ilustró Iglesias. Los del bando de “la casta” son pocos, y Podemos se dirige al menos a  esos nueve o diez millones de votantes que le pueden dar la victoria. Por eso no se quieren encuadrar, aunque su iconografía sea de izquierdas.

No es posible aún examinar a Podemos por sus hechos, ni por sus obras. La elaboración del programa empieza ahora, aunque algunos de los epígrafes que adelantó Iglesias habrán martilleado los oídos del PSOE, IU, Compromís, Equo y UPyD, porque se parecen mucho a lo que llevan defendiendo esos partidos en estos tres años de legislatura.

La clave puede estar en la credibilidad del emisor y en la capacidad que pueda tener Podemos para convencer a los ciudadanos de que ellos son protagonistas de un tiempo nuevo. A la espera de la letra, la música de la que se rodea Podemos es de muchos. Lluis Llach, Mercedes Sosa. José Antonio Labordeta, poemas de Miguel Hernández… Como en la Transición.

Por su parte, Josep Ramoneda, otro destacado analista del mismo medio informativo que Anabel Díez, puntualizaba las informaciones relativas a la concluida Asamblea de Podemos, precisando que la cuestión de fondo que suscita su espectacular emergencia política (y también el fenómeno del soberanismo) nada tiene que ver con cuestionar la Transición, sino con lograr un nuevo pacto que haga posible una sociedad democrática digna de ese nombre (El País 18/11/2014):

Matar al mensajero Podemos

La gran novedad de Podemos es que surgidos de movimientos sociales con alta carga antisistema han pasado rápidamente a disputar el poder político a los partidos del sistema y con las reglas del sistema. Para decirlo con la palabra que han puesto de moda, la anticasta llama a la puerta de la casta, no tanto para echarla abajo como para disputarle el reparto del poder. Este paso, insólito en la política posmoderna europea, genera desconcierto.

Obviamente inquieta al establecimiento político y económico, que contemplaba a los movimientos sociales acampando en las afueras del recinto político institucional como algo inofensivo. El éxito de las movilizaciones contra los desahucios fue el primer susto, pero el Parlamento ya se encargó de no traducir políticamente lo que les llegó. Pero sobre todo es interesante la incomprensión que se detecta entre las generaciones formadas en los mitos revolucionarios de los 60 pero también en algunos sectores de los movimientos sociales de los que surgió Podemos.

En los años setenta, los movimientos revolucionarios entraron en el trágico ‘impasse’ de la violencia como en la Italia de los años del plomo y la Alemania de la Baader Meinhof, o simplemente fueron desapareciendo de la escena. Muchos viejos militantes migraron hacia partidos de orden como eran ya aquel momento los comunistas europeos y la socialdemocracia. A algunos de estos les ha sorprendido que desde unos movimientos sociales se diera el paso directo y sin intermediarios a la política institucional.

Desde el otro lado, desde la cultura radical de los insensibles a las tentaciones del poder, de los que quieren cambiar la sociedad desde abajo, generando nuevas formas de convivencia y de relación social, al salto de Podemos le persigue el fantasma de la traición, el miedo a que acaben comportándose como los demás, lo que genera una mezcla de complicidad y de compasión. De modo que el debate se acaba convirtiendo en una pugna entre los que temen que se convierta en casta, y que, una vez más, la ilusión se derrumbe y la derrota se instale entre los progresistas; y los que están deseando encontrar las primeras pistas que confirmen que ya van camino de ser casta, que, por tanto, pronto serán de los nuestros, ya estarán neutralizados, se acabó el peligro.

La irrupción de Podemos, como el soberanismo catalán y como la corrupción, son síntomas de enfermedades profundas de una sociedad en que el pacto social se ha quebrado y de un régimen político agotado, que tiene a sus órganos vitales muy tocados. Algunos piensan que estos síntomas se podrían reducir con analgésicos fuertes y que descalificando a Podemos antes de que llegue, desarticulando al soberanismo con medidas constitucionales extremas y exhibiendo mano dura contra la corrupción con una exhibición de inútil arsenal legislativo, volvería la calma y lo esencial quedaría salvaguardado por unas cuantas décadas más. Pero, la enfermedad que estos síntomas revelan ya está en las pantallas no sólo de los presuntos médicos sino de todos los ciudadanos. Y cada vez será más difícil tratar de entretener al personal con los síntomas para que no se vean los tumores.

Las preguntas están en la calle. ¿Es posible recomponer el pacto social para acabar con la fractura de la desigualdad y avanzar hacia una política fiscal eficazmente redistributiva? ¿Es posible abrir el sistema político de modo que dos partidos no gocen de un poder casi absoluto sobre un entramado institucional en que todos los sistemas de control están bajo su tutela? ¿Es posible seguir hablando de democracia cuando las decisiones políticas se toman en función de los movimientos de los mercados y la opinión de los ciudadanos queda limitada al voto cada cuatro años? ¿Es posible que la política y la ley sean realmente los instrumentos para defender los intereses de los ciudadanos que no tienen poder?

Estas son las cuestiones que hay que afrontar si se quiere realmente reformar un régimen gastado, como propone Pedro Sánchez. El debate no es en torno al pacto de la Transición. El debate es cómo lograr un nuevo pacto que permita reconstruir el régimen político para hacer posible una sociedad democrática digna de este nombre para los próximos 30 años. Y para ello es imprescindible abrir el candado con que PSOE y PP y sus colaboradores periféricos, CiU entre ellos, han ido cerrando el régimen hasta asfixiarlo. El PP está instalado en el inmovilismo, el PSOE quiere reformar y Podemos, desde un punto de vista, y el soberanismo desde otro, buscan ciertas rupturas.

No es un debate muy distinto del de la Transición. Por eso muchos comparan el recorrido de Podemos con el del PSOE de Felipe González. En cualquier caso, es un debate excelente para las próximas elecciones generales, en un tiempo en que la utopía ha cambiado de bando, el dinero cree que no hay límites y que todo le está permitido, en este Jauja llamado globalización, y los que vienen de la radicalidad, en cambio, buscan medidas concretas para salvar la fundamental: la dignidad de las personas y sus condiciones de vida. Pero de momento, lo que prima es la prisa de PP y PSOE por matar al mensajero Podemos.

El abanico de comentarios razonables y razonados sobre Podemos, sobre su realidad presente y sobre su futuro, se está abriendo mucho más que el de los comentarios descalificadores, a menudo rayanos en la mezquindad. Sobre estos últimos, nosotros sólo añadiremos que también responden al miedo (por no hablar de terror), esa perturbación del ánimo por un riesgo real, o fingido por nuestra imaginación, que, según los casos, puede llegar a descubrir las almas innobles, cerrar los oídos del entendimiento y también a despertar la memoria perdida y recordar los errores cometidos…

Como advierte un proverbio árabe bien conocido en el medievo español, si “los perros ladran, la caravana pasa”. El genial Goethe lo recordó en su poema ‘Labrador’ (1808): “… Pero sus estridentes ladridos / sólo son señal de que cabalgamos”. Pues eso: los ladridos de la jauría política al paso de Podemos, las bocinas y el vocerío increpante de sus monteros, son la mejor evidencia de que cabalga en la dirección correcta.

Concluimos reafirmando la idea de que nadie está en posesión de la verdad o de la razón absolutas, lo que tampoco impide compartir o criticar las opiniones de unos y otros. Pero también conviene recordar a quienes acosan desmedidamente a la gente Podemos (que se labrará su mejor o peor futuro por sí misma), esta sabia advertencia de Benjamín Franklin: “Si no quieres escuchar a la razón, ella castigará tu locura”.

Seguiremos hablando del fenómeno de Podemos. Pero de momento, viendo cómo lo encaran el PP y el PSOE (que probablemente seguirán atados al regeneracionismo falsario), auguramos que terminará liderando la izquierda española (ante una derecha ganadora pero no gobernante); y no tanto por efecto del rechazo social que generan los actuales partidos mayoritarios, que son los exclusivos responsables del hundimiento del sistema, sino por el aire fresco con el que Pablo Iglesias y sus seguidores empiezan a ventilar la vida pública. 

Fernando J. Muniesa

Tras un largo y generoso periodo de gracia en el que el presidente Rajoy ha sido incuestionado dentro del PP, no sólo debido a la cohesión interna que genera el poder (y más bajo el paraguas de una mayoría parlamentaria absoluta), sino también por su conocida afición a marginar y defenestrar de forma silenciosa a quienes planteen la más leve crítica sobre su persona o su acción de gobierno, ahora ha dejado de ser intocable.

La veda del disentimiento en el PP se ha abierto, básicamente por el temor a que el partido sufra una estrepitosa debacle electoral en las próximas elecciones municipales y autonómicas, entrando en una caída libre similar (o peor) a la que propició el Gobierno de Rodríguez Zapatero para el PSOE…

Del ‘¡Váyase, señor González!’ al ‘¡Váyase, señor Rajoy!’

En 1959, Salvador de Madariaga resumió su visión de la política franquista de la época justo en el título de su celebrado ensayo ‘General, márchese usted’, publicado en Nueva York por Ediciones Ibérica. Como es natural, la recomendación del intelectual español -exiliado en Londres tras la Guerra Civil- para que el dictador Franco abandonara el poder, sería desatendida.

El ensayo de Madariaga, que llegó a ser ministro de Instrucción Pública y Bellas Artes en el fugaz cuarto gobierno de la II República presidido por Alejandro Lerroux (del 3 de marzo al 28 de abril de 1934), y cofundador en 1949 del prestigioso Colegio de Europa, fue reeditado en Barcelona en 1992 por el Grupo Libro 88. Y esa exitosa reedición daría pie para que José María Aznar parafraseara al ilustre historiador y escritor espetando al presidente González en la V Legislatura un exigente “¡Váyase, señor González!”, que fue seguido de “no le queda otra salida honorable”.

Aznar pronuncio su lapidaria frase como líder del PP y jefe de la oposición al gobierno socialista exactamente el 19 de abril de 1994, durante el debate sobre el estado de la Nación celebrado en el Congreso de los Diputados. Se enmarcaba en los escándalos terminales del ‘felipismo’ y en alusión especial al ‘caso de los GAL’; de hecho afirmó: “Los GAL son la gota que colma el descrédito presidencial”.

Aquella exclamación lapidaria, inspirada desde luego en la obra de Salvador de Madariaga, quedaría registrada como una de las citas parlamentarias más memorables, dentro de un discurso de extremada dureza política que ya señalaba la victoria electoral del PP dos años después, en los comicios generales del 3 de marzo de 1996.

Más tarde, el 1 de agosto de 2013, Alfredo Pérez Rubalcaba remedaría al propio Aznar ante el Pleno del Congreso de los Diputados, en la sesión convocada para debatir sobre el ‘caso Bárcenas’ (celebrada en la sede del Senado), demandando al presidente del Gobierno: “Le pido que se marche, señor Rajoy”. Su duro discurso contra la financiación ilegal del PP, concluyó con este párrafo literal:

(…) Termino ya. Usted, señor Rajoy, ha venido hoy aquí a intentar salvarse. En sus propias palabras, y cito una vez más uno de sus SMS: “Hay que resistir”. Y, ¿sabe que le digo? Que la resistencia no es buena cosa cuando resistiendo se hace daño al país que uno gobierna. Y esa es la realidad en la que usted está. Usted está haciendo daño a España. Por eso hoy aquí le pido que se marche; le pido un acto de generosidad con un país que no puede sufrir por tener al frente a un presidente como usted.

Claro está que la conocida frase original de Madariaga era la más acertada de todas, dado que se dirigía a un dictador y que su ‘marcha’ dependía exclusivamente de su propia voluntad. En democracia, pedir la dimisión de un presidente del Gobierno no deja de ser un recurso de oratoria política facilona y más o menos diletante, a lo sumo un intento de socavar su apoyo electoral, la mayoría de las veces de forma poco convincente.

Pero, con todo, y por las mismas razones por las que ese tipo de demanda se ha utilizado en otras ocasiones, ahora ya se empieza a escuchar, cada vez con mayor insistencia, una versión actualizada de la misma exigencia: ‘¡Váyase, señor Rajoy!’. Y en este caso no sólo desde fuera del PP, y por tanto de forma más o menos gratuita hasta que hablen las urnas, sino también intramuros del propio partido.

En el presente régimen democrático, esa posición de agotamiento político y declive electoral ha estado especialmente visible en tres ocasiones: con Adolfo Suárez al final de la I Legislatura, con Felipe González en la V Legislatura y con José Luis Rodríguez Zapatero en la IX. El único presidente que no se ha visto sometido a esa situación de degradación en el cargo fue José María Aznar, de quien -pese a quien pese- puede decirse que lo abandonó por la puerta grande, renunciando voluntariamente a una nueva candidatura cuando las encuestas al uso le señalaban como previsible ganador de un tercer mandato electoral (la presidencia de Calvo Sotelo fue una anécdota sucesoria de Suárez tras el fallido golpe de Estado del 23-F).

Ahora, el presidente del Gobierno y del PP también empieza a verse acosado por ese reproche exigente del ‘¡Váyase, señor Rajoy!’, del mismo modo en el que se vieron acosados los otros presidentes citados cuando fueron enfilando sus respectivos partidos hacia el inmediato descalabro electoral. Y esa llamada a la retirada política (cuando de forma lamentable las rectificaciones del mal gobierno ya se muestran imposibles) suele concordar con la opinión y la demanda social -conforme advierten los estudios demoscópicos-, como sucedió en su momento con Suárez y González.

Hace tiempo que el PP ha perdido su capacidad de repetir una mayoría absoluta en cualquier ámbito electoral, y ni siquiera en sus dos plazas más emblemáticas: las comunidades de Madrid y Valencia. Pero, más allá de que esa sea la realidad inapelable que reflejan todas las encuestas al uso, la tradicional incapacidad del PP para llegar a entendimientos con el resto de fuerzas políticas (acuerdos electorales o de otro tipo), y por tanto la brutal pérdida de poder que se le viene encima, es el alimento cierto de un pánico interno muy difícil de contener.

Por ello, ahora reaparecen las críticas contra Rajoy soterradas desde que en el XVI Congreso Nacional del PP celebrado en Valencia (20 al 22 de junio de 2008), tras perder las elecciones generales del 9 de marzo ante un candidato como ZP (que le ganó por segunda vez y todavía con un millón de votos de diferencia), se le nominase de nuevo como candidato electoral y líder del partido sin suficiente carisma ni capacidad objetiva para ello. Otra cosa es que en 2011 el PSOE perdiera las elecciones abrasado por el ‘zapaterismo’, y también por el recuerdo del ‘felipismo’, estigmas políticos de las que tardará en recuperarse.

En 2008 Rajoy ya fue seriamente cuestionado dentro del mismo PP como candidato a presidir el gobierno de España. Pero nominado in extremis por tercera vez, se volvió a dejar llevar pasivamente por los vientos alisios que, convertidos poco a poco en fuerza mayor de la naturaleza, estaban sacando a ZP del teatro político.

Nada hizo tampoco Rajoy por ‘ganar’ las elecciones generales de 2011, que -como decimos- fueron más bien ‘perdidas’ por el PSOE, aunque sí se aplicó a liquidar políticamente a todos los compañeros y compañeras que fueron críticos con su persona en el congreso de Valencia y a montar la camarilla ‘marianista’ que -prácticamente en su misma línea de pasotismo ejerciente y caracterizada por el mismo síndrome de la alfombrilla- sería el núcleo duro de su futuro gobierno. Y así le va al PP con los ‘marianitos’ y las ‘marianitas’ que hoy conforman su Estado Mayor y el propio Ejecutivo: cuesta abajo, paralizado políticamente y acongojado por su futuro electoral (con la suerte, eso sí, de tener enfrente a un PSOE neo-zapateril incapaz de rehacerse).

Rajoy cuestionado por sus propios correligionarios

Ahora, Rajoy y los suyos ya no están cuestionados sólo por la ‘guerrilla’ del congreso de Valencia (Esperanza Aguirre, María San Gil, los Rato, Acebes, Zaplana, Arístegui…), ni por la gente del VOX (Vidal-Quadras y compañía), ni por los Aznar o los Mayor Oreja, ni por los antiabortistas de Benigno Blanco (de armas tomar), ni por las asociaciones de víctimas del terrorismo, ni por una creciente lista de gente muy genuina del partido que se siente personalmente víctimas del ‘marianismo’ (tan distintas y distantes como Rita Barberá y Alberto Ruiz-Gallardón), ni por los Camp, los Cotino, los Monago, los pillados en las redes corruptas del partido…). Ni tampoco por las huestes mediáticas que el PP ha dejado para vestir santos mientras salvaba de la ruina económica al Grupo Prisa (quizás las que más daño le hacen)…, es decir por un rosario de gentes propias dejadas graciosamente en las cunetas del poder.

Véase, a título de ejemplo, lo que después del 9-N ha escrito Luis María Anson sobre ‘La renovación del PP’ en El Mundo (11/11/2014), sin duda mirando de reojo hacia Podemos y que también podía haberse titulado con el consabido ‘¡Váyase, señor Rajoy!’:

“(…) Los responsables del PP no se han dado cuenta todavía de la necesidad de rejuvenecer el partido y adaptarlo a las demandas de la generación nueva. Resulta duro decirlo: para la juventud, Mariano Rajoy es un viejo que pertenece a los tiempos pasados. El incienso quemado en el botafumeiro que todos los días bambolea Soraya ante el despacho de Rajoy, el hedonismo de las zahúrdas del poder, la molicie de los que disfrutan de la situación, impiden darse cuenta de que el esplendor en el que viven en Moncloa es ya el esplendor del incendio”.

“(…) No será fácil que Mariano Rajoy entienda el mensaje de las nuevas generaciones. Tras cuatro años en el poder querrá repetir. Es una posición lógica pero, quizá, no inteligente. Lo inteligente es dar paso, abrir cauces limpios, despejar los horizontes inciertos. Sería un gesto de soberano acierto si Mariano Rajoy atendiera a las exigencias de la ciencia política y despejara la incertidumbre del futuro, tal y como piden ya dirigentes cualificados del PP. La Monarquía, la Iglesia, la gran empresa, el partido Socialista, la extrema izquierda se han renovado en los últimos meses. El Partido Popular no puede perder el tren del futuro. Debe subirse a él en marcha y sumarse a la construcción de una España nueva que supere los secesionismos estériles, la corrupción de una clase política tábida y voraz, la esterilidad de los sindicatos reumáticos y el asco profundo que los albañales del régimen producen en una juventud divorciada del sistema y cada día más indignada ante el espectáculo de la putrefacción”.

Una diagnosis acertada de la situación, pero errada en el llamamiento a la rectificación política personal, totalmente fuera de la capacidad física y psíquica, e incluso metafísica, del hombre llamado a conversión. Es decir realizada con un gran desconocimiento del personaje afecto, caracterizado por las deficiencias objetivas que se le achacaron en el rifirrafe del XVI Congreso Nacional del PP y que exhibió durante ocho años como líder de la oposición.

La palabra ‘rectificación’ no va con Rajoy, que es una especie gallega del ‘sabelotodo’ (muy parecida al ‘sabelonada’), y por eso cuando por razones de fuerza mayor se impone esa rectificación, siempre llega tarde y, por tanto, con malas consecuencias políticas. Como ha sucedido con la retirada de la ley del aborto, sobre la que el exministro Ruiz-Gallardón acaba de decir de forma contundente (El País 15/11/2014): “No me importa. Lo único que me da es asco”.

Rajoy, está claro, preside un Gobierno sin cintura política, engreído y que encubre su ineficacia resguardado en el autoritarismo, los decretazos y la falta de sensibilidad para conectar con la realidad social, lo que le ha llevado a ser rechazado por propios y extraños. Cuanto antes asuma su falta de liderazgo político, mejor para él y para su partido.

Rajoy, y eso ya es algo muy evidente, no rectificará sus torpezas políticas ni variará su hoja de ruta por mucho que se lo recomiende Anson o el propio Fraga desde la ultratumba, caiga quien caiga y aunque sea a costa del futuro del PP. Va a su bola y con su gente para hacer (o no hacer) lo que le viene en gana. Y eso se ha visto muy claro al sustituir a Ruiz-Gallardón (un gallo de pelea que se le subía en la chepa) por Rafael Catalá al frente del Ministerio de Justicia, otro dócil personaje de la camarilla marianista que a tenor de su currículum parece servir lo mismo para un roto que para un descosido (otro ‘sabelotodo’ o ‘sabelonada’ y un buen mandado en toda regla) y que precisamente por eso tampoco solventará los catastróficos problemas de la Justicia española…

Dice la vicepresidenta para todo y ministra portavoz del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, a la que muchos carcamales del PP llaman ‘Sorayita’ (la imberbe ‘sabelotodo’ dispuesta –agárrense al asiento que vienen curvas- a tomar el relevo de Rajoy), que hay que escuchar a la gente. Y lo dice, tan pancha, sin haber escuchado jamás a nadie, ni hacer caso de lo que el propio PP en su conjunto entendió que debería hacer una vez llegado al Gobierno.

Un desentendimiento que ni siquiera cesó cuando las protestas en contra de la política activa e inactiva del Ejecutivo comenzaron a atronar y cuando el vocerío que clamaba contra la corrupción (incluida la del PP) traspasaba fronteras jamás traspasadas. En tanto que su patrón sigue fumándose un puro con la nave de España a la deriva, esperando que la Merkel, la Lagarde, el Juncker o el Draghi de turno, o una milagrosa reactivación de la economía global, vayan a enderezar su rumbo.

Pero, con todo, el marianismo ya está cuestionado no sólo por las bases del PP y sus afines, sino, mucho peor aún, por sus aparatos de poder municipal y autonómico, que están viendo seriamente amenazados su estatus y su futuro electoral por la desidia común del Ejecutivo y de los órganos de dirección del partido, incapaces de afrontar con eficacia los problemas que les deterioran ante el conjunto de la opinión pública: básicamente la crisis, la corrupción y el secesionismo, nacidos del propio modelo autonómico que ni con mayoría parlamentaria absoluta se quiere corregir.

Y ello con una secretaría general del partido medio pensionista, dado que su titular, María Dolores de Cospedal, es una adicta al pluriempleo, empeñada en simultanear esa alta responsabilidad (que va manga por hombro como se vio en la Convención Nacional del PP celebrada en Valladolid a principios de 2014 y como se continúa viendo con el continuo afloramiento de casos de corrupción interna) con otra aún mayor de presidir una Comunidad Autónoma con cinco provincias, más de dos millones de habitantes, 21 escaños nacionales en juego, una larga tradición socialista y, hoy por hoy, con un equipo de gobierno muy limitadito (ya veremos cómo defiende el PP de Castilla – La Mancha su posición en las próximas elecciones municipales y autonómicas). Una doble responsabilidad que tras la victoria electoral de 2011 se debería haber resulto nombrando dos titulares distintos con plena dedicación.

Una ingenuidad, por no llamarla torpeza, finamente plasmada por Rubén Amón en El Mundo (08/11/2014), mirando también de reojo a Podemos, como ya hace cualquier analista sin nómina del poder:

La vida en rosa

El puchero electoral del PP se abastece de incondicionales, amnésicos y avergonzados. Sería la manera de explicar el tránsito estratosférico de la intención directa (11%) a la adhesión final (27%), pero la alquimia culinaria del CIS sobrentiende que el partido del Gobierno se expone a una lealtad demasiado precaria, con más razón cuando la hipotética fertilidad de la economía representa un recurso igualmente lábil.

Le ha sucedido a Obama en EEUU. Le ha ocurrido que el crecimiento del PIB (3,5%) y la cifra acomplejante de desempleo (6%) no han matizado el batacazo de las elecciones en el Senado, fundamentalmente porque sus compatriotas han antepuesto las vísceras a la cabeza, derivando los comicios a un problema de intolerancia personal: sus partidarios han eludido las urnas y sus detractores se han movilizado para escarmentarlo.

Con mayores motivos y bastante más graves, Mariano Rajoy se arriesga a la ingenuidad de vincular su resurrección a la recuperación económica. Y no sólo porque las cifras del paro y el presupuesto doméstico contradicen cualquier planteamiento eufórico, sino porque la percepción de la corrupción, muy superior a la corrupción misma, ha rebasado el umbral de la tolerancia y ha predispuesto la represalia de los votantes.

Es el espacio coyuntural que desempeña Podemos. O no tan coyuntural si la especulación política y hasta programática que representa Iglesias en su esfuerzo de abjurar de la subversión y la guillotina oscila del primer mensaje subliminal de Podemos (“Que se jodan”) a la ambición incluyente de una utopía (“Otro mundo es posible”).

Incluyente quiere decir que Iglesias ha desdibujado su pasado y su ideología genuinos para erigirse no sólo en caudillo del cabreo sino en timonel de una experiencia política que subordina la pretensión del antisistema a la promesa de la decencia. Que pretende pescar en el caladero de los amnésicos y de los avergonzados. Y que se plantea a los electores, desprovista de peligros, renegando de la verborrea de Beppe Grillo en Italia, proporcionando no tanto una papeleta como una tarjeta roja y una carta a los reyes magos. Por eso la encuesta del CIS retrata el orgullo y el entusiasmo de los votantes de Podemos en sus prioridades. Su voto es un supervoto, una opción vigorizada del ejercicio prosaico o mecánico que antaño suponía acudir a las urnas. Una manera de llegar al cielo sobre los escombros de la casta.

Los tres temas que desnudan políticamente a Rajoy

Rajoy, convertido poco a poco en el Zapatero de la derecha española (tal vez decidiera imitarle cuando comprobó la simpleza con la que éste le ganó dos elecciones seguidas), ya puede ir pensando que su estrategia de fiar el futuro del Gobierno y del PP a la recuperación económica (a la que él y sus alfombrillas pregonan falsariamente y no a la verdadera), más que llegar a buen fin le llevará al linchamiento electoral: edad y experiencia tiene para saber que por ahí van los tiros, con todas sus consecuencias personales y colectivas.

Y tampoco le sirve resguardarse bajo la falta de alternativas políticas que subyacen en el absurdo eslogan de ‘El PP o la nada’, lanzado sin éxito por la Cospedal en la decepcionante Convención Nacional 2014 de Valladolid. Y, ni mucho menos, tildar de ‘frikis’ a quienes ya le están robando la tartera de los votos simplemente con ponerse en pie, levantar la mano y decir que están dispuestos a arrasar con la mangancia política; patochada del casposo gurú electoral agarrado como una lapa a la nómina del PP desde el año de la tana (al que también le va al pelo un sonoro ‘¡Váyase, señor Arriola!’).

Ni confiarse -como decimos- en tener al frente de la oposición a un PSOE neo-zapateril, empeñado en lavar su propia corrupción con agua de borrajas (en vez de hacerlo con sosa caustica, que sería lo necesario) y en combatir el secesionismo huyendo hacia adelante con la torpe reinvención de la España Federal; vía por la que, además de liarla bien liada -como ya se vio en la I República-, jamás levantará cabeza. Las propuestas ‘federalizantes’ del PSOE, además de arcaicas y socialmente insanas, son propias de políticos cobardes y de carcamales incapaces de reconducir con sensatez los errores del Estado de las Autonomías, un camino para la desvertebración total de España y una soga perfecta para el auto ahorcamiento del ingenuo Pedro Sánchez; razones por las que jamás entusiasmaran a las nuevas generaciones mucho más inteligentes de ciudadanos-electores…

Tras tres años de Gobierno, nada queda de aquél PP presente en todas las grandes manifestaciones repletas de banderas de España en las que Rajoy y la plana mayor del PP chupaban cámara protestando contra la política antiterrorista del ínclito ZP. Manifestaciones convocadas exactamente por las mismas asociaciones de víctimas del terrorismo que después vieron cómo el PP las traicionaba, complaciente con la canalla etarra en su asalto a las instituciones democráticas del País Vasco, hasta el punto de fomentar su propio y estrepitoso desalojo político (¿dónde terminaron el iluminado Patxi López y su comparsa, el ‘popular’ señor Basagoiti…?).

Un engaño similar al que se ha visto sometido el movimiento antiabortista, al que Rajoy apoyaba ciegamente desde la oposición al PSOE para alcanzar el poder a costa de las promesas que fuera (reiteradas también a otros grupos sociales disconformes con las políticas socialistas). Y no distinto al embeleco de su incumplido programa electoral; un compendio de promesas, reformas estructurales e institucionales, revolucionarias medidas de política económica y de remoralización de la vida pública que nunca llegaron, y que nunca llegarán con su Gobierno, defraudando masivamente a millones de electores que jamás volverán a confiarle su voto.

En la recta final de su mandato legislativo con mayoría parlamentaria absoluta -insistimos-, totalmente desaprovechado, y ante unas elecciones municipales y autonómicas inmediatas -políticamente decisivas- Rajoy se encuentra solo, encerrado en un oscuro cubículo de irrealidad social y hasta enfrentado con todos aquellos que en su día le ayudaron a desgastar al gobierno de ZP para que un PP regeneracionista pudiese volver a poner las cosas en su sitio. Y, lo peor de todo, ya sin tiempo para orientar de verdad la salida de la crisis (por ejemplo, apoyando la economía productiva y reformando de verdad las Administraciones Públicas), combatir de forma creíble la corrupción política (que es una consecuencia del modelo que Rajoy no quiere corregir) y frenar la  nueva desmembración de la Nación española (propiciada por las torpezas de ZP y por la pasividad y falta de decisión política del propio Rajoy).

Los decepcionados por Rajoy (y su Gobierno de políticos ineptos), son ya una abrumadora mayoría de votantes de todos los colores políticos, que le va a sacar de La Moncloa en cuanto tenga la más mínima oportunidad de hacerlo. Con los arrepentidos de haberle otorgado su confianza política y su voto el 20 de noviembre de 2011 a la cabeza, justamente airados -conviene insistir- por su incapacidad para gestionar la crisis, acabar de raíz con la corrupción (lacra que sigue coleando fuera y dentro del PP) y consolidar o reponer constitucionalmente las bases sólidas de la unidad de España: todo un irrefrenable aliento para lanzarle, efectivamente, el anatema político del ‘¡Váyase, señor Rajoy!’.

Al margen de otras deficiencias del gobierno ‘marianista’, entre las que destaca una política exterior de seguidismo estadounidenses y alemán a ultranza, carente de personalidad y objetivos propios conforme a nuestra excepcional historia y a las condiciones de relación internacional inherentes, serán los tres grandes fracasos citados los que tensarán el ahorcamiento político de Rajoy y el desastre electoral del PP. Después será muy difícil que la derecha recupere una posición relevante en la política española y muy fácil que regrese a las catacumbas de las que salió gracias al estrepitoso fracaso de la UCD: se lo está ganado a pulso.

Sobre los continuados errores de la política económica desarrollada por Rajoy (quizás fuera más apropiado decir ‘no desarrollada’), mucho se ha escrito y de forma bien prematura en nuestras Newsletters, al igual que sobre el fenómeno de la corrupción. Y más todavía hemos escrito sobre la grave amenaza del independentismo (catalán y vasco), sobre su imparable avance político y social y sobre la desidia histórica del PP y del PSOE para pararlo en seco de forma razonable (en vez de realimentarlo, que es lo que en realidad ha hecho y seguirá haciendo de forma sistemática y lamentable el Estado de las Autonomías).

Sin dejar de advertir insistentemente desde el principio de la legislatura sobre el tremendo coste electoral anejo para el PP y el PSOE (artífices del desastre), anticipando primero la caída del bipartidismo y anunciando acto seguido que el creciente malestar social generado con tanta torpeza política se aglutinaría en torno a la primera fuerza política que supiera encauzarlo. Un fenómeno que comenzaron a protagonizar inicialmente fuerzas como IU y UPyD, pero que, ante su creciente pujanza y radicalidad (y sin que los partidos de corte tradicional supieran valorarlo y acogerlo), ha terminado concurriendo de forma masiva en un movimiento ex novo: Podemos.

Sobre Podemos también hemos escrito bastante. Y todo indica que vamos a tener que seguir haciéndolo. De momento, hoy toca hablar -como siempre con una visión analítica de anticipación- del ‘¡Váyase, señor Rajoy!’. Y, como no es de nuestro estilo usurpar el copyright de nadie, concluyamos con un artículo del visionario Arcadi Espada, sin duda poco sospechoso de militar en la izquierda, publicado hace ya más de un año precisamente con ese exigente título (El Mundo 23/05/2013):

¡Váyase, señor Rajoy! 

El presidente Rajoy gobierna un país con seis millones de parados y que debe mucho dinero. El presidente Rajoy gobierna un país con una fractura política y emocional respecto del Estado que afecta a dos de sus llamadas nacionalidades históricas. El presidente Rajoy gobierna un país donde su máxima institución está sometida a la sospecha pública de la corrupción y la inmoralidad. El presidente Rajoy gobierna un país donde el principal partido de la oposición no es ni aliado ni alternativa. El presidente Rajoy gobierna un país con una opinión pública invertebrada, producto del crítico desconcierto de los medios y del ascenso del populismo. El presidente Rajoy gobierna un país donde tres de las comunidades más influyentes tienen una mayoría política adversa.

El presidente Rajoy gobierna un país que solo cuenta con una estructura firme y estable: los 185 diputados del Partido Popular, que conforman una mayoría suficiente para aplicar las decisiones políticas. Contra ese último y único núcleo de estabilidad apuntó la noche del martes el expresidente del Gobierno José María Aznar, en una intervención sin precedentes, hecha a partes iguales de política-espectáculo y egocracia, y cuyo sentido último traducía al día siguiente el editorial de este periódico: «Pero si Rajoy no está dispuesto a cambiar de política, debería ser el partido a través de un congreso extraordinario quien se pronunciara sobre el líder y el programa».

El presidente Rajoy gobierna un país que ha tenido que afrontar una tentación permanente: la de cambiar gobiernos desde el macilento cuarto de banderas, las áticas oficinas de los bancos o el fragor rotativo de los periódicos. Para librarse de la tentación a veces el país se ha entregado a ella. El expresidente Aznar coqueteó con la tradición al dar su famoso grito, pronunciado cuando el presidente González apenas llevaba diez meses gobernando. Por suerte tuvo que ganar unas elecciones. Porque cuando los presidentes españoles caen a voces, se trate de don Manuel Azaña o de don Adolfo Suárez, vienen una guerra civil o una asonada, siempre malas cosas.

Cierto es que Rajoy ha sobrevivido un año y medio desde que la afilada pluma de Espada le animara a la prejubilación política y también que, con toda seguridad, acabará la legislatura como presidente del Gobierno. Pero lo que sí ha acabado definitivamente es el tiempo sobrado que ha tenido para la rectificación motu proprio. Dentro de poco, el ‘¡Váyase, señor Rajoy!’ será portada hasta del ABC y La Razón.

Fernando J. Muniesa

La memoria, potencia intelectual por medio de la cual se retiene y recuerda lo pasado, no es útil sólo para adquirir erudición; también es necesaria para mantener una conducta de vida adecuada a la dignidad humana.

Una verdad especialmente entendida a partir de la era cristiana. Por poner un ejemplo, Plutarco, que además de historiador, biógrafo y ensayista, fue un moralista extraordinario, sostenía que el recuerdo de los acontecimientos pasados da ejemplos para deliberar con más acierto sobre los venideros, o si se prefiere -decimos nosotros- para gobernar mejor.

Aunque antes de Plutarco ya se había dicho y escrito mucho también sobre el término ‘historia’, muy vinculado a la ‘memoria’ al entenderse aquél como la narración o exposición verdadera de los acontecimientos pasados y dignos de recuerdo. De hecho, en ese maridaje entre memoria e historia (que en cualquier caso significan cosas distintas), encaja esta consideración de Marco Tulio Cicerón (106-43 a.C.), político, escritor y brillante orador romano: “El que no conoce la historia -o no sabe lo sucedido antes de que él naciese- toda su vida será un niño”…

Estas citas vienen a cuento de la celebración en Madrid de la 39 Conferencia Internacional de Apoyo y Solidaridad al Pueblo Saharaui (Facultad de Ciencias de la Información de la Universidad Complutense, 14 y 15 de noviembre), coincidente con el 39 aniversario del inicio de su lucha por la independencia que le prometió el Estado español. Una historia plagada de olvidos y traiciones, en la que nuestra memoria histórica -o mejor dicho la de los gobernantes españoles- queda a la altura del betún.

La promesa incumplida de Juan Carlos I

La responsabilidad de proteger los legítimos derechos de la población saharaui, fue asumida públicamente por el entonces príncipe de España y Jefe del Estado en funciones, don Juan Carlos de Borbón, exactamente el 2 de noviembre de 1975, en El Aaiún, capital de lo que todavía era el Sahara español. Con la ‘Marcha Verde’ en el horizonte y con Franco agonizando, el hombre que apenas 20 días después (el 22 de noviembre) sería proclamado Rey de España hizo un viaje sorpresa para animar a los militares destinados en el Sáhara Occidental.

En el Casino Militar y ante el ministro del Ejército, el jefe del Estado Mayor, el capitán general de Canarias y el gobernador militar del Sáhara -entre otras personalidades que acreditaban la relevancia del acto-, quien en aquellos decisivos momentos en la historia de España oficiaba como Jefe del Estado lanzó el siguiente mensaje:

“Quería daros personalmente la seguridad de que se hará cuanto sea necesario para que nuestro Ejército conserve intacto su prestigio y su honor.

España cumplirá sus compromisos y tratará de mantener la paz, don preciso que tenemos que conservar. No se debe poner en peligro vida humana alguna cuando se ofrecen soluciones justas y desinteresadas y se busca con afán la cooperación y el entendimiento entre los pueblos.

Debemos proteger también los legítimos derechos de la población civil saharaui, ya que nuestra misión en el mundo y nuestra historia nos lo exigen”.

La prensa destacó el clima de máxima tensión política y militar y cómo las palabras de Juan Carlos fueron recibidas con alegría y aprobación. A las cuatro horas volvió a Madrid. Solo tres días después, según los cables diplomáticos desvelados por WikiLeaks, el príncipe de España filtraba al embajador de Estados Unidos en Madrid, Wells Stabler, “los movimientos de Franco respecto al Sahara” (Público 11/04/2013). Al mes y medio salía de El Aaiún la última compañía de la Legión y el 28 de febrero de 1976 se arrió la bandera española en el Sáhara

Las palabras de Juan Carlos de Borbón en El Aaiún se han recordado en repetidas ocasiones, pero el monarca nunca las oyó directamente hasta el 31 de marzo de 2009. Ese día se encontraba en la Universidad de Alcalá de Henares justo presidiendo la entrega del Premio de Derechos Humanos Rey de España, y lo que menos esperaba es que la mujer que se acercó a saludarle ataviada con una melfa (prenda tradicional saharaui) le dijera: “Majestad, soy saharaui y recuerdo perfectamente cuando visitó mi ciudad natal, El Aaiún, en noviembre de 1975. Su Majestad prometió que iba a defender el legítimo derecho del pueblo saharaui. Sin embargo, el pueblo saharaui aún está esperando que esa promesa se cumpla, todavía estamos sufriendo las consecuencias de esa promesa que no se ha llevado a cabo”. Era Zahra Ramdán, presidenta de la Asociación de Mujeres Saharauis en España (AMSE): recuerda que el Rey escuchó y calló…

En julio de 2013, ante el anuncio del viaje oficial que el rey Juan Carlos giraría el 15 de julio a Marruecos, al que invitó a todos los ministros de Asuntos Exteriores de España de la democracia, algo sin precedentes en la diplomacia española y que en medios políticos internacionales se entendió como un ejercicio de pleitesía ante el rey de Marruecos, los principales movimientos solidarios con el pueblo saharaui dirigieron una carta al Jefe del Estado recordándole las olvidadas palabras de compromiso con el pueblo saharaui que pronunció en El Aaiún.

En la misiva de la Coordinadora Estatal de Asociaciones Solidarias con el Sáhara (CEAS-SÁHARA), la Federación Estatal de Instituciones Solidarias con el Sáhara (FEDISSAH) y la Coordinadora de Intergrupos Parlamentarios ‘Paz para el Sáhara’, se pidió al rey que “coherentemente con sus palabras de ayer, tenga hoy la decisión y el coraje de asumir las responsabilidades nunca asumidas y se implique decididamente en la búsqueda de una solución política que reconozca los legítimos derechos del pueblo saharaui para asumir su propia responsabilidad en el ámbito de las naciones contemporáneas”. Y se señalaba al monarca que “aún es posible enterrar el dolor y la ira y restaurar la dignidad y la justicia que sus palabras no consiguieron enmendar ni enderezar entonces”.

Como quiera que en su viaje a Marruecos el Rey iba a estar acompañado por una veintena de empresarios españoles, con el  presidente de la CEOE, Juan Rosell, a la cabeza, y por un insólito grupo de ex ministros de Asuntos Exteriores de España, también pidieron a esta última representación que en su cena prevista con el rey alauí Mohamed VI, tuvieran “la valentía de adoptar una postura conjunta en defensa del derecho de los saharauis a decidir su futuro, un pueblo al que España abandonó y con el que tiene una deuda histórica”…

Un sentimiento general de injusticia con el pueblo saharaui

Este recurso a la memoria histórica, entendida como concepto ideológico o en el sentido de desarrollo historiográfico que le ha atribuido recientemente Pierre Nora, notable sociólogo y miembro de la Académie Françoise, es el que también late en la conciencia de muchos testigos excepcionales de la historia compartida entre España y el pueblo saharaui. Sin duda bien visible en la entrevista al teniente general Antonio Ramos-Yzquierdo, presidente de los Veteranos del Sáhara, publicada en este mismo medio informativo (30/06/2013).

“Se puede perdonar, pero no olvidar”. Con esta frase resumía el general Ramos-Yzquierdo su propio sentimiento sobre el enfrentamiento de España con el Frente Polisario. Desde su particular condición militar, sigue viendo al Polisario como el enemigo que fue y al que considera culpable en parte de la forma en que se produjo el abandono del Sáhara.

Pero en su memoria también permanece la entrega ilegal del Sáhara Occidental a Marruecos, con la indignación de los militares. Y ahora, con la perspectiva de la historia transcurrida, reprueba la postura favorable a las tesis marroquíes que mantiene el Gobierno de España, que no respaldó la propuesta que hizo Estados Unidos en 2013 para que la misión de Naciones Unidas vigile el cumplimiento de los Derechos Humanos, lamentando que nadie obligue a Marruecos a celebrar el referéndum de autodeterminación para que el pueblo saharaui decida su futuro.

Cuando en la conclusión de la entrevista se le preguntaba sobre qué futuro deseaba para los saharauis, el presidente de los Veteranos del Sáhara respondía categóricamente: “Un futuro de independencia, por descontado. Un estado saharaui enfrente de Canarias nos favorecería. Hay opiniones contrarias como la del Embajador Javier Rupérez, que dijo en un artículo (ABC, 26/03/2010) que era mucho mejor que aquello fuera marroquí. Yo creo que no, incluso teniendo en cuenta las posibilidades de infiltración del terrorismo de Al Qaeda por una razón: los saharauis nunca han sido fanáticos religiosos, sus prácticas del Corán son bastante suavizadas. La zona natural de desenvolvimiento del Sáhara es Canarias. Y eso nos favorecería mucho, sin  hablar de las posibilidades del petróleo”.

Este tipo de sentimiento sobre la cuestión general del antiguo Sáhara Español, expresado incluso desde una óptica de rectitud militar, converge con otros muchos de raíz complementaria que finalmente muestran una misma frustración política, en una idéntica memoria de comportamientos  indignos con el pueblo saharaui.

Así, en abril de 2014 y ante la inminente renovación por el Consejo de Seguridad de la ONU de su misión en el Sáhara Occidental, un grupo de personalidades españolas de diferentes ámbitos sensibilizadas con el problema, publicaron un manifiesto recordando al Gobierno del PP que España “sigue siendo la Potencia Administradora de iure” del territorio y que, por ello, debía “asumir de una vez sus responsabilidades” y propiciar “un mayor papel de Naciones Unidas en la resolución del conflicto y en la tutela de los Derechos Humanos”.

El ‘Manifiesto por una Política Digna de España en el Sáhara Occidental’, lo encabezaron Jaime de Piniés Bianchi, hijo del que fue embajador de España ante la ONU cuando, en contra de su criterio, tuvo lugar en 1975 el abandono del pueblo saharaui; el teniente general Miguel Iñiguez del Moral, que tras estar destinado en el Sáhara fue en los años ochenta Jefe del Estado Mayor del Ejército de Tierra (JEME); Carmen Díaz Llanos, viuda de Juan Garrigues y expresidenta de la Asociación de Amigos del Sáhara de Madrid; Ana María Rodríguez de Viguri, empresaria e hija del último secretario general de España en el Sáhara; Eduardo Fungairiño, ex fiscal del Tribunal Supremo; Javier Morillas, catedrático en la Universidad CEU-San Pablo…

Para ellos fue “escandalosa y vergonzosa” la actuación del Gobierno de Mariano Rajoy en 2013 al respaldar a Francia en su rechazo de la propuesta de Estados Unidos de ampliar a los DDHH las competencias de la MINURSO (Misión de Naciones Unidas para el Referéndum en el Sáhara Occidental). Señalaron que la resolución del conflicto del Sáhara “no es ni debe ser” en España “patrimonio exclusivo de ninguna corriente ideológica”, pues es  “un tema de Estado que concierne a todos sus ciudadanos e instituciones”, constituye “la gran asignatura pendiente de la Transición Española”, y los  saharauis son “los grandes sacrificados”.

Se mostraron categóricos en su afirmación de que no debe tolerarse que Marruecos “chantajee continuamente a España para consolidar su ocupación ilegal” con asuntos tan sensibles como la inmigración clandestina y la política antiterrorista, y que “la política de buena vecindad con Marruecos no puede estar basada en la permanente cesión de España”. También criticaron la reducción de más del 50 por 100 de la ayuda humanitaria y a la cooperación con los refugiados saharauis adoptada por el Gobierno de Rajoy, al que pidieron “oficializar”, con un estatuto diplomático específico, las relaciones con el Frente Polisario y con las autoridades de la República Árabe Saharaui Democrática (RASD).

Con todo, el Consejo de Seguridad no atribuyó a la MINURSO, una vez más, competencias en materia de DDHH, aprobándose el proyecto de resolución con el apoyo del irónicamente llamado ‘Grupo de Amigos del Sahara Occidental’, integrado por España, Francia, Rusia, Reino Unido y Estados Unidos.

Los saharauis que habitan los territorios ocupados por Marruecos seguirán, al menos hasta abril de 2015, sin protección para ejercer libremente los derechos de expresión, reunión y manifestación y la MINURSO sigue siendo  única misión de la ONU desde 1978 sin cometido en materia de DDHH.

La actuación del ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel García-Margallo, en el tema de la MINURSO ha sido muy criticada, especialmente cuando calificó de “inviable” la propuesta de la administración Obama en  2013 de incluir la vigilancia de los DDHH. 

Dirigentes saharauis dijeron que era antidemocrática y continuación de otras del mismo signo connivente con Marruecos, como fue retirar a los cooperantes españoles de los campamentos de refugiados, cuestionar las medidas de seguridad por parte del Polisario en los campamentos de Tinduf o alinearse con el Gobierno marroquí en contra del enviado especial de la ONU para el Sahara Occidental, Chistopher Ross.

Los portavoces del Polisario afirmaron que el ministro español de Exteriores actúa al límite de la postura oficial del Partido Popular y recordaron que en su programa electoral el PP dejó claro que apoyaba los esfuerzos de Naciones Unidas “con vistas a lograr una solución conforme a las resoluciones del Consejo de Seguridad y el Derecho Internacional y a la responsabilidad histórica de España”.

En esa misma línea señalan que la actitud de García-Margallo se contradice con la declaración del presidente Rajoy, realizada el 25 de septiembre de 2012 ante la 67 Asamblea General de la ONU, marco solemne en el que comunicó esta postura oficial: “España mantiene su compromiso de una solución justa, duradera y mutuamente aceptable al contencioso del Sahara Occidental que prevea la libre determinación del pueblo saharaui de acuerdo con los principio y propósitos de la Carta de las Naciones Unidas”.

La posición diplomática de España, en la práctica favorable a Marruecos, motivó que la Delegación Saharaui para España emitiera un comunicado en el que expresaba que, una vez más, García-Margallo “se declara a favor de  las tesis anexionistas y coloniales marroquíes al expresar que la salvaguarda de los derechos humanos, por parte de la MINURSO en el Sahara Occidental, es inviable”. CEAS-SÁHARA habló de la ‘traición’ personal de García-Margallo, preguntándose: “¿Nuestro ministro de Asuntos Exteriores [está] al servicio de Marruecos…?”.

De esta forma, parece claro que, en lugar de ayudar a la resolución del conflicto del Sáhara, del que España fue responsable en sus orígenes, lo que hace García-Margallo es doblegarse sistemáticamente ante los chantajes de Marruecos, arropando y oxigenando su radicalidad.

Como ejemplos de la constante violación de los DDHH de los saharauis en los territorios ocupados por Marruecos y la falta de respuesta española baste recordar el caso de Aminetu Haidar, cuando el ministro socialista de Asuntos Exteriores, Miguel Ángel Moratinos, aceptó en noviembre de 2009 la expulsión de la activista de DDHH hacia Lanzarote, después de haber estado detenida en el aeropuerto de El Aaiún. Tras 32 días en huelga de hambre, esta mujer de salud frágil por los cuatro años que estuvo detenida de forma ilegal en cárceles secretas marroquíes, pero a la que las autoridades de ocupación no lograron doblegar, consiguió regresar a su tierra gracias a las gestiones de Estados Unidos ante Marruecos, dejando en lamentable evidencia al Gobierno de Rodríguez Zapatero. ¿A qué se debió que el 25 de marzo de 2014 Moratinos fuera galardonado en Rabat por la Fundación Diplomática marroquí como ‘gran amigo de Marruecos’…?

España, Marruecos y el oscuro negocio de las armas

Pero desde la dirección del Polisario se va más allá de denunciar los chantajes de Marruecos a España. No faltan fundadas sospechas de que detrás de la actuación del ministro español de Asuntos Exteriores favorable a las tesis del país alauí, que se niega reiteradamente a que la MINURSO vigile las violaciones de los derechos humanos en el Sahara Occidental, tal y como han exigido distintas organizaciones internacionales (como Amnistía Internacional, la Human Rights Watch o el Robert F. Kennedy Center), se cobijan, entre otros, los oscuros intereses de la industria nacional de defensa y seguridad, que por su limitado nivel de desarrollo tecnológico tiene de momento en el país alauí un cliente potencial nada desdeñable.

El 6 de noviembre de 2014 el Gobierno español ha sido denunciado por quinta vez como vendedor de armas a Marruecos, vulnerando la legislación que prohíbe autorizar estas exportaciones a países en los que existen indicios racionales de que el material puede ser empleado con fines de represión interna o en situaciones de violaciones de los DDHH.

En los últimos diez años, España han vendido armamento a Marruecos por un importe de 193 millones de euros, con lo que éste país se ha convertido en su principal cliente dentro del continente africano, ocupando la posición 16 en el ranking exportador de armamento español y contraviniendo sin el menor sonrojo la legislación nacional y los tratados internacionales suscritos por nuestro país. Con anterioridad, ya se había producido la venta de plataformas navales (patrulleras clase ‘Vigilance’ y ‘Lazaga’ y patrulleras rápidas o guarda-costas de RODMAN, e incluso la corbeta ‘Teniente Coronel Errahmani’, de la clase ‘Descubierta’, que en su momento fue el buque insignia de la Marina Real Marroquí).

A ese comercio hay que sumar el valor de las donaciones de armamento a precio simbólico que se realizaron en 2008. El 18 de enero de ese año, el Consejo de Ministros autorizó la cesión a Marruecos de ocho juegos de lanzadoras de bombas de aviación, por el precio simbólico de un euro, a pesar de estar valorados en 86.848 euros. Y el inmediato 27 de junio autorizó la cesión de seis torpedos ligeros MK-46, de la clase 2, destinados a la Marina Real también por el precio simbólico de un euro…

Según las organizaciones denunciantes, en 2011 España suspendió la venta de armamento a Libia y en 2013 a Egipto y Taiwán (antigua Formosa). Pero el Gobierno nunca ha atendido las justas peticiones de la población saharaui para que no facilitara la represión marroquí en el Sahara Occidental.

Y lo vergonzoso del caso es que España promueve estas ventas de armas a Marruecos siendo nada menos que la potencia administradora del Sáhara Occidental (hasta que finalice el periodo de descolonización), tal y como ha dejado claro un auto dictado por el pleno de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional en julio de 2014. De hecho, Marruecos no figura como ‘potencia administradora’ de dicho territorio en el catálogo de Territorios No Autónomos de Naciones Unidas.

En julio de 2013 varias organizaciones de la sociedad civil denunciaron que Marruecos utilizaba material bélico español para reprimir al pueblo saharaui, coincidiendo con una visita oficial del rey Juan Carlos a Marruecos. La denuncia incluyó testimonios gráficos e informaciones de prensa dando fe de que el ejército marroquí utiliza vehículos VAMTAC, fabricados por UROVESA, para reprimir manifestaciones saharauis.

Precisamente esta empresa española, ubicada en Santiago de Compostela, fue visitada en abril de 2013 por el ministro de Defensa marroquí, Abdellatif Loudiyi, para conocer los nuevos modelos VAMTAC (Vehículo de Alta Movilidad Táctica) con aplicaciones, entre otras, de antimotines, porta-armas, plataforma lanza-misiles, transporte de personal, apoyo de vigilancia, comunicaciones, mando y control… Una gira en la que el ministro marroquí estuvo acompañado de su homólogo español, Pedro Morenés, convertido en agente comercial y de relaciones públicas de la industria privada de defensa, función desde luego muy alejada de su responsabilidad institucional…

El uso demagógico de la causa saharaui

En una entrevista a Abdelkader Taleb Omar, primer ministro de la RASD, publicada también en este medio informativo (16/06/2013), ya se aclaraba el trasfondo de la política falsaria y represiva de Marruecos en relación con el Sáhara Occidental, evidenciando al mismo tiempo la complicidad del Gobierno de Rajoy. Además, aclaraba que la posición personal del actual presidente español estaba más en línea con la de su predecesor en el cargo, Rodríguez Zapatero, que con la de José María Aznar (“No cabe duda de que Aznar tenía posicionamientos más claros a favor de la causa saharaui”).

Lo que entonces pedía el primer ministro de la RASD al Gobierno de España, hoy cobra una especial relevancia en la antesala de la 39 Conferencia Internacional de Organizaciones Solidarias con el Pueblo Saharaui. Decía literalmente: “Lo que exigimos del Gobierno de España es que, como mínimo, defienda que haya control de los Derechos Humanos en el Sáhara Occidental. No pedimos ni que reconozca la República Saharaui ni que lleve políticas de sanciones sobre Marruecos. Simplemente un principio aceptado universalmente, que se  respeten los Derechos Humanos. Y, también, que sea más activo en la implementación del derecho de autodeterminación del pueblo saharaui”.

Una vez llegados al Gobierno, tanto el PP como el PSOE han subordinado su posición sobre el Sáhara Occidental a su relación con Marruecos, ocupante del territorio. Aunque la causa saharaui se venga utilizando para atacar al propio gobierno español cuando cualquiera de ambos partidos políticos se encuentra en la oposición, sabiendo que de esta forma sintonizan con la opinión pública, generalizadamente simpatizante con el pueblo saharaui.

Dicho de otra forma, el sufrimiento de los saharauis se ha utilizado como un instrumento demagógico de carácter electoralista, que, una vez llegados al poder, tanto PP como PSOE olvidan afectados por el chantajismo y los oscuros intereses económicos con los que se condicionan las relaciones bilaterales entre España y Marruecos.

El caso de Felipe González fue paradigmático. El 14 de noviembre de 1976 el entonces secretario general del PSOE y aspirante a presidir el Gobierno de España, dijo en los campamentos de refugiados cosas como:

“Nuestra repulsa y nuestra reprobación por el acuerdo de Madrid de 1975”; “…el Frente Polisario es el guía recto hacia la victoria final del pueblo saharaui”; “…lo más bueno del pueblo español es solidario con vuestra lucha”; “…el Gobierno no sólo ha hecho una mala colonización sino una peor descolonización, entregándoos en manos de gobiernos reaccionarios”. Y afirmó con especial rotundidad: “Sabemos que vuestra experiencia es la de haber recibido muchas promesas nunca cumplidas. Yo quiero, por consiguiente, no prometeros algo, sino comprometerme con la Historia. Nuestro partido estará con vosotros hasta la victoria final”.

Pero ese mismo González, que incluso llegó a hacer más tarde gestiones verdaderamente rastreras ante el Gobierno de Colombia para que retirase el reconocimiento de la RASD y ante el de Chile para que no la reconocida, el 28 de septiembre de 2009 dijo en un debate en Madrid cosas tan contrarias como:

“No sé dónde está la expoliación de recursos que está arruinando el Sáhara”; “…el país con mayor espacio de libertades que conozco del mundo árabe se llama Marruecos... incluidas las autoridades del Sahara Occidental”; “…con lo que estoy totalmente de acuerdo: una fuerte autonomía saharaui que les permitiera ser algo que muchos de ellos no saben, lo que históricamente fueron, pero que nadie lo ha puesto de manifiesto. Históricamente fueron una parte de ese Magreb... con derechos especiales en la relación con el sultanato de Marruecos”.

Y uno se puede preguntar de forma razonable a santo de qué, o a cambio de qué oscuras compensaciones, venían esas palabras después de presidir durante cuatro legislaturas seguidas el Gobierno de España. Porque es difícil olvidar que el PSOE opositor de la UCD en los primeros años de la Transición, y entonces defensor de la causa saharaui y aliado del Frente Polisario, pidió al Gobierno de Suárez la denuncia de los acuerdos tripartitos de Madrid por los que se entregó el Sáhara y que se reconociera al Frente Polisario; reivindicaciones que abandonó una vez llegado al Gobierno, en contra del sentimiento y la opinión de su militancia, pro saharaui de forma mayoritaria.

El PP de Rajoy (no el de Aznar) también ha hecho un recorrido de ida y vuelta. En 2005, en una conferencia de apoyo al pueblo saharaui, similar a la que se va a celebrar en Madrid la próxima semana (14 y 15 de octubre), intervino un diputado del PP, algo hasta entonces inusual. Jorge Moragas, diplomático y hoy director del gabinete de la Presidencia del Gobierno, dijo entonces que la política del Ejecutivo socialista era ambigua y que se había alejado de la neutralidad activa mantenida por todos los gobiernos de España desde la Transición.

Además, la presencia de políticos populares en actos a favor de la RASD empezó a ser cada vez más frecuente durante sus ocho años de oposición; incluida alguna manifestación en la calle, como la del 13 de noviembre de 2010, en la que hizo acto de llamativa presencia el entonces vicesecretario de Comunicación Esteban y hoy eurodiputado, Esteban González Pons. Pero aquel apoyo a la causa saharaui duro, como sucedió con el PSOE, sólo hasta que el PP ganó las elecciones generales y se hizo con la Presidencia del Gobierno…

La formación política que sí se ha mantenido fiel a la causa saharaui desde el inicio de la democracia, ha sido el Partido Comunista de España, que también pidió a la UCD el reconocimiento de la RASD y que incluso rompió con los comunistas marroquíes. Después, reprochó al gobierno socialista haber abandonado al Polisario para pastelear las relaciones con Marruecos. Una línea de compromiso y apoyo al pueblo saharaui y al Polisario que Izquierda Unida sigue manteniendo constante.

Hoy, transcurridos casi cuarenta años desde que España comprometiera su dignidad de Estado en un proceso honroso de descolonización del Sáhara Occidental por mandato de la ONU, y de que el pueblo saharaui iniciara su lucha por la legítima y prometida independencia, la historia se muestra llena de frustraciones y plagada efectivamente de olvidos y traiciones, que nada bueno dicen en favor de nuestra democracia, de nuestra política exterior y, en definitiva, de nuestro sistema de convivencia.

La responsabilidad heredada por Felipe VI

Antes al contrario, las altas instituciones del Estado, con la Corona a la cabeza, han mostrado en la cuestión general del Sáhara Occidental su peor cara, especialmente oscura en cuanto su connivencia con los intereses de Marruecos ha sido de una evidencia casi constante. Se pueden excluir de este juicio los gobiernos de la extinta UCD -que más o menos toleraban las acciones entonces más agresivas del Frente Polisario- y el de José María Aznar enfrentado claramente a la actitud de Marruecos.

De hecho, en el Frente Polisario se tiene un buen recuerdo de Aznar. Como ejemplo, ahí están las declaraciones de su delegado en España, Bucharaya Beyun. En ABC (28/11/2010) afirmó: “Aznar se plantó ante Bush y le dijo que España no podía aceptar que se impusiera una solución distinta a la que permitiera al pueblo saharaui expresarse libremente”. Y en el digital InfoLibre (13/05/2013) sostuvo: “El mejor posicionamiento lo tuvo Aznar”; “…hemos tenido muchos más problemas en las etapas de Rodríguez Zapatero y Felipe González”.

Cosa distinta es la promesa de Juan Carlos I incumplida durante todo su largo reinado: “(…) Debemos proteger también los legítimos derechos de la población civil saharaui, ya que nuestra misión en el mundo y nuestra historia nos lo exigen”.

Con todo, Felipe VI inició el suyo siguiendo la misma senda de sumisión ante las políticas antidemocráticas de Marruecos y de los juegos económicos que se cruzan entre las oscuras sombras de nuestra relación bilateral con el reino alauí. Y no será por ignorar la realidad del sufrimiento saharaui.

A raíz de la proclamación de Felipe de Borbón como Rey de España el 19 de junio, se planteó que la Corona intermediase ante Mohamed VI en favor de los legítimos derechos del pueblo saharaui. La presidenta de AMSE, Zahra Ramdán, fue clara: “A Felipe VI le pido que intervenga, por sus estrechas relaciones con la monarquía marroquí y, por supuesto, con Francia, país que obstaculiza una solución”. Dijo que la Monarquía española tiene una deuda con los saharauis y que, con Felipe VI como Jefe del Estado, había llegado el momento de saldarla. Y citó un caso más de la discriminación que sufren los saharauis: “Le están dando la nacionalidad española a los sefardíes de hace más de 500 años y de los saharauis, que eran también ciudadanos españoles, se han olvidado por el chantaje marroquí”.

Con esa misma esperanza de recuperar la memoria perdida y de cambiar el injusto curso de la historia, el conjunto de las asociaciones solidarias con los saharauis también pidieron a Felipe VI (infructuosamente) que, en su primera y emblemática visita oficial a Marruecos, defendiera los legítimos derechos del pueblo saharaui, compromiso originalmente adquirido por su padre hace 39 años, aunque desde entonces el conflicto del Sáhara Occidental apenas haya interesado a la Corona.

Por su parte, Mohamed Abdelaziz, presidente de la RASD y secretario general del Frente Polisario,  aludió a la responsabilidad histórica de España con la causa saharaui en el mensaje de felicitación que remitió a Felipe VI con motivo de su proclamación como Rey de España.

Tras enviar esa misiva, Abdelaziz vivió la curiosa circunstancia de coincidir con el presidente Rajoy en la 23 Cumbre de la Unión Africana (UA), celebrada el 26 de junio de 2014 en Malabo, la capital de Guinea Ecuatorial, antigua colonia española (hasta posaron juntos en la tradicional foto de familia).

En su discurso ante el pleno de la cumbre, y en presencia del dictador Teodoro Obiang Nguema, Rajoy se dirigió “a los líderes de África” para decirles que los problemas quedan atrás si se mantiene un rumbo firme. Y afirmó: “El trabajo de los líderes consiste precisamente en marcar ese rumbo y mantenerlo frente a los pesimistas. Somos amos de nuestro destino”, definiendo la democracia como un “proyecto compartido al que pueden contribuir todos los ciudadanos independientemente de su raza, sexo, ideología o religión, y con pleno respeto de los Derechos Humanos”.

Pero el presidente Rajoy no hizo ninguna referencia al Sáhara Occidental, quizás porque en aquella ex colonia España no se llevó a cabo el proceso de descolonización como se hizo con Guinea Ecuatorial durante el franquismo, y se entregó el territorio a Marruecos (Mauritania rehusó participar en esa usurpación). Y también fue curioso que su rey, Mohamed VI, no se encontrara entre los líderes africanos asistentes de la cumbre, dado que el reino alauí se retiró de la Organización para la Unidad Africana (OUA), predecesora de la UA, en 1982, cuando ingresó en la misma la RASD.

Esta retracción del Gobierno de Rajoy para siquiera hablar de la causa saharaui, ciertamente cobarde (y hasta enfermiza), todavía ha sido más patente en el entorno de la Casa Real española. Solo en dos ocasiones, y de forma muy apretada, el rey Juan Carlos I citó estas dos palabras: Sáhara Occidental.

La primera fue el 13 de marzo de 2007 en Argel. Ante Abdelaziz Buteflika, entonces presidente de Argelia, don Juan Carlos afirmó: “Es igualmente urgente, como ha puesto recientemente de relieve mi Gobierno, encontrar una solución política justa, duradera y mutuamente aceptable para la cuestión del Sáhara Occidental, que prevea la libre determinación y a la que se llegue a través del diálogo entre las partes en el marco de las Naciones Unidas”.

La segunda, todavía más escueta, se produjo dos años después, el 23 de enero de 2009, en Trípoli (Libia). En el discurso que pronunció en la cena ofrecida por Muamar el Gadafi, Juan Carlos se limitó a decir: “Por otro lado, confiamos en que las negociaciones iniciadas al amparo de la Resolución 1754 del Consejo de Seguridad puedan constituir la vía para lograr una solución definitiva a la cuestión del Sáhara Occidental”.

En el caso de Felipe VI, llamó poderosamente la atención que en el discurso de su proclamación ante la Cortes Generales, el 19 de junio de 2014, hiciera referencia a motivos de unión de España con otros pueblos, como la historia y los lazos de afecto y hermandad y, sobre todo, por “nuestra lengua y nuestra cultura compartidas”. Pero se refirió a los países iberoamericanos, no al Sáhara Occidental (ni a Guinea Ecuatorial), donde también se habla español aunque lamentablemente cada vez más desplazado por la lengua francesa.

Con anterioridad a esa proclamación de Felipe VI, las asociaciones de amistad hispano-saharaui pidieron en varias ocasiones a los entonces príncipes de Asturias, don Felipe y doña Letizia, que recibieran a los niños saharauis que cada verano viajan a España dentro del programa vacaciones en paz. Siempre se les contestó, por supuesto cortésmente, que no era posible por problemas de agenda…

La triste realidad es que, en definitiva, la primer visita oficial de los reyes de España a Rabat del pasado mes de julio, transcurrió sin referencia alguna a la situación de los Derechos Humanos, en contra de lo que habían solicitado a Felipe VI distintas organizaciones nacionales e internacionales defensoras de los DDHH y asociaciones de amistad con el pueblo saharaui.

Días antes del viaje regio a Marruecos, la Liga Española Pro-Derechos Humanos envió a los reyes de España, para que se lo entregasen Mohamed VI (también de forma infructuosa), el auto de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional de 4 de julio de 2014 en el que se determina continuar la investigación por el asesinato del saharaui de nacionalidad española Baby Hamday Buyema, ocurrido en El Aaiún en noviembre de 2010.

El presidente de dicha organización, José Alonso Rodríguez, informaba por escrito a Su Majestad que, según la Audiencia Nacional, Naciones Unidas siempre ha considerado a España la Potencia Administradora -de iure y no de facto- del Sáhara Occidental hasta que finalice formalmente el periodo de descolonización. Y agregaba el siguiente párrafo textual de la resolución judicial: “Debe señalarse por último que si por la legalidad internacional un territorio no puede ser considerado marroquí, tampoco puede aceptarse su jurisdicción como fuero preferente del lugar de comisión del delito”.

De hecho, la visita de los reyes de España se produjo dos días después de la muerte por disparos del ejército marroquí del saharaui Brahim Budda Ould Taher, en la ciudad de Oum Dreyga, cerca del muro que divide en dos el Sáhara Occidental. Según CEAS-SÁHARA, “desde 2005 trece saharauis  han sido asesinados por el gobierno de Marruecos, ante la total impunidad del gobierno marroquí en los territorios del Sáhara Occidental y la cobertura que le brindan los estados francés y español”. Poco antes de ese suceso esta organización se preguntaba si Felipe VI iba a defender ante Mohamed VI los derechos fundamentales de los saharauis, “que tienen la libertad de expresión secuestrada o están presos en cárceles marroquíes”. Un requerimiento que muy probablemente don Felipe seguirá sin atender.

La opinión de Willy Meyer, que ha venido siendo desde IU el principal valedor de la causa saharaui, tanto en el Congreso de los Diputados como en el Parlamento Europeo, fue muy negativa al respecto (y también reveladora).  Dijo que Felipe VI en su primera visita oficial a Marruecos no se iba a pronunciar  ante Mohamed VI a favor de los legítimos derechos del pueblo saharaui.

En declaraciones a ElEspíaDigital.Com, antes del viaje de los Reyes a Rabat, Meyer se mostró realmente escéptico sobre la posibilidad de que Felipe VI tuviera un gesto o palabras favorables hacia la población originaria del Sáhara Occidental.

Su posición fue así de clara y pesimista: “La monarquía española está totalmente unida al sátrapa marroquí y, por lo tanto, no espero nada, ninguna reivindicación fuerte, que es lo que tendría que hacer un jefe de Estado. Un jefe de Estado, si fuera republicano, lógicamente tendría que impulsar el cumplimiento del derecho internacional; y en esa visita protocolaria España, como país interesado en la administración de la descolonización, debería pedir y exigir fechas concretas para el ejercicio de la autodeterminación”.

Añadió: “Pero esto no va a pasar así, porque la monarquía es hoy fundamentalmente un lobby económico. Esto es en lo que se ha convertido la monarquía en España, con grandes intereses económicos, con grandes fortunas y lo único que pretenderá hacer es que las grandes empresas españolas sigan explotando recursos que no son propiedad de Marruecos,  sino de los saharauis”…

Finalmente, deseamos que la 39 Conferencia Internacional de Apoyo y Solidaridad al Pueblo Saharaui, que se va a centrar fundamentalmente en el papel que debe jugar España en la resolución del conflicto del Sáhara Occidental y en la obligación de la Comunidad Internacional en imponer el cumplimiento de las resoluciones de Naciones Unidas, constituya un éxito. Y también un firme apoyo en la lucha por la independencia del pueblo hermano que España entregó a Marruecos de forma injusta e indigna, hace casi 40 años y en un tránsito plagado hasta hoy de olvidos y traiciones.

Una de las mayores grandezas de los seres humanos (o racionales), es el privilegio de poder sentir el dolor de la esclavitud y el ansia de libertad. Sólo por esa razón, hay que ser muy mezquinos para no apoyar un Sáhara libre.

Fernando J. Muniesa 

Adormecido durante el último año por la obligada austeridad presupuestaria del Ministerio de Defensa, el escándalo del submarino S-80, el ‘invento netamente español’ de Navantia -que se sumerge perfectamente pero cuyo sobrepeso le impide emerger- acaba de reaparecer para consumar la fechoría de tragarse los 2.135 millones de euros con los que se dotó la totalidad del programa de cuatro unidades, que eran las mínimas e imprescindibles para modernizar la agotada flotilla de la Armada, cuya última puesta a flote (la del S-74 ‘Tramontana’) se remonta nada menos que a noviembre de 1984.

Ahora resulta que el intento de rescatar el S-81 ‘Isaac Peral’ del bochorno industrial y político urdido de consuno por la empresa pública Navantia y el Ministerio de Defensa, con el apoyo de algunos almirantes visionarios, muestra una cara oculta del despilfarro nacional que vuelve a ponernos los pelos de punta. Ahora, todo el presupuesto del Programa S-80 se destinará sólo a intentar salvar la producción de la primera unidad -cosa harto improbable- y no a la obligada construcción de la flotilla completa de cuatro unidades aprobada por el Gobierno de Aznar y corroborada por el de Rodríguez Zapatero: es decir, a intentar que flote un solo submarino y por el precio de cuatro unidades del ‘Scorpène’, que es el submarino de mayor éxito en su clase con el que se debería haber dotado la Armada Española de forma más que razonable (ahí queda eso).

El País, diario en el que se suelen lanzar las primicias informativas del Ministerio de Defensa, acaba de desvelar (27/10/2014) el plan de inversiones en los nuevos programas de armamento, en el que destaca la chapuza de marras. Sobre el del Submarino S-80 se dice literalmente: “No es un programa nuevo sino viejo, pero habrá que refinanciarlo debido a sus problemas de ‘sobrepeso’. El primer submarino, que debía entregarse en 2012, no llegará hasta 2018 y solo la primera unidad agotará el presupuesto total del programa: 2.135 millones. Entonces habrá que decidir si se construyen tres submarinos más y cuánto se paga de sobrecoste”.

Además, las nuevas adquisiciones de armamento por valor de casi 10.000 millones de euros, giran en torno a algunas circunstancias de verdadera vergüenza ajena. La más notable es que el Gobierno se mete en un nuevo berenjenal de gasto sin saber todavía cómo y cuándo se van a poder terminar de pagar las multimillonarias facturas pendientes del notorio exceso de sofisticados sistemas de armas adquiridos en los años 90, que ni iban a servir ni han servido a las necesidades reales de la defensa nacional (generando no obstante los consabidos y jugosos beneficios propios de este oscuro sector industrial).

El periodista Miguel González, experto en el tema, destaca en un apoyo de su crónica general este particular aspecto del problema:

La factura de los proyectos de los noventa se pagará hasta 2030

Defensa prepara un nuevo programa de inversiones cuando aún no ha terminado de pagar la factura del anterior. Los llamados PEAS (Programas Especiales de Armamento) que se contrataron en la última década del siglo pasado y la primera de éste (entre ellos, las fragatas F-100, los carros de combate Leopard o los cazas EF-2000) costaron 30.000 millones de euros. Según el secretario de Estado de Defensa, Pedro Argüelles, ya se han pagado 6.000 y faltan por financiar unos 9.000 hasta 2030. La diferencia entre ambas cifras corresponde a los 14.500 millones adelantados por el Ministerio de Industria a las empresas y que estas deberían devolver a medida que vayan cobrando de Defensa. Lo cierto, sin embargo, es que hasta ahora las empresas solo han devuelto 141 millones y en 2015 deberían devolver 117 más.

Es imposible que Defensa reciba en los próximos años una inyección de 23.500 millones para pagar la cuenta pendiente de los PEAS y otros 10.000 para los nuevos programas. Más bien se piensa, aunque no se diga, que los 14.500 millones adelantados por Industria serán condonados; es decir, Defensa no los recibirá y las empresas no deberán devolverlos.

Aun así, el presupuesto de Defensa no alcanza para digerir la abultada factura y cada verano, desde que gobierna el PP, ha recibido un crédito extraordinario: 1.783 millones (2012), 877 (2013) y 884 (2014). Argüelles ha anticipado que en 2015, y ejercicios venideros, pedirá entre 800 y 900 millones anuales más por el mismo procedimiento.

Si se suma el presupuesto del Ministerio más los créditos extraordinarios y las operaciones en el exterior, España gasta en Defensa el 0,9% del PIB, por debajo del 1,4% de media de la OTAN y lejos del 2% que se quiere alcanzar en una década.

Claro está que este gran escándalo presupuestario, en el que los políticos, los técnicos de Navantia y los almirantes responsables se están yendo de rositas, se entiende mucho mejor recurriendo a la hemeroteca, que a la larga es la que mejor muestra sus errores, su poca capacidad profesional e incluso sus acomodaticios intereses personales. El propio Miguel González ya trató al final de la anterior legislatura el oscuro tema de las compras de sistemas de armas para la defensa en un reportaje (El País 13/08/2011) muy preciso y de gran crudeza, que trasladaba a los sufridos contribuyentes una visión ciertamente aberrante de la defensa nacional.

En su resumen del problema, González recordaba una afirmación realizada unos meses antes por el entonces secretario de Estado de Defensa, Constantino Méndez, al defender los presupuestos de su Departamento en el Congreso de los Diputados, verdaderamente reveladora de la situación que entonces se arrastraba y que se sigue arrastrando: “Compramos armas que no íbamos a usar con dinero que no teníamos”.

Su reportaje, previo al inicio de la presente legislatura, ya advertía de forma bien precisa sobre el carácter escandaloso del caso:

EL DRAMA DE LAS CUENTAS PÚBLICAS

Defensa renegocia una deuda de 26.000 millones en armas que no puede pagar

Si el dueño de una casa deja de pagar la hipoteca, el banco no dudará en embargarla. Pero si el Ministerio de Defensa no abona las anualidades de un buque de guerra, un carro de combate o un cazabombardero, ¿quién se atreverá a embargarlos?

La situación puede parecer surrealista, pero es real. Las Fuerzas Armadas españolas han abordado en la última década un proceso de modernización sin precedentes. Aunque tienen algunas carencias clamorosas y parte de su material está obsoleto, disponen de algunos de los armamentos más avanzados del mundo: el caza EF-2000, el tanque Leopardo o la fragata F-100, cuyo sistema de combate es capaz de integrarse en el futuro escudo antimisiles.

Es verdad que muchos de estos proyectos tenían un objetivo más industrial que militar -permitir la privatización de una empresa pública o su integración en un consorcio multinacional- y que nunca existió un planeamiento global que permitiera asignar los recursos en función de las prioridades de los ejércitos. Pero ello fue posible porque se abusó de la compra a crédito, engordando una deuda que toca pagar ahora, en el peor momento.

La factura global de los llamados programas especiales de armamento -19 sistemas de armas que, en su mayoría, incorporan nuevas tecnologías- suma 30.000 millones de euros, en torno al 3% del PIB español, de los que Defensa ha pagado hasta ahora algo menos de 5.000.

Los restantes 26.000 millones deberían abonarse a las empresas en sucesivas anualidades hasta el año 2025, pero los propios responsables de Defensa reconocen que eso es imposible sin un drástico aumento del presupuesto, lo que resulta impensable cuando España se ha marcado como objetivo prioritario reducir el déficit al 6% al final de este año y al 3% en 2013 (con datos de 2010, el déficit del conjunto de las administraciones es del 9,2% del PIB).

Ya en 2011 el Ministerio de Defensa se ha visto en serios apuros para atender sus obligaciones. La partida que recibió para pagar esos 19 grandes programas fue de 204,5 millones, inferior en 543 a la inicialmente prevista. Gracias a los créditos de Industria logró llegar a los 1.000 millones; y, aun así, faltaron 690 millones para cumplir los compromisos adquiridos con las empresas.

Si se tratara de un problema coyuntural, bastaría con posponer los pagos. Pero la situación no será mejor sino que se agravará en el futuro. El programa de pagos se diseñó de tal forma que en los primeros años, los de bonanza, las cuotas eran reducidas; mientras que ahora, en plena crisis, su cuantía se multiplica, hasta el punto de que a partir de 2014 será superior a la suma de todo el capítulo de inversiones del ministerio: 1.005 millones en 2011.

Según fuentes de Defensa, mantener los plazos previstos supondría que en 15 años las Fuerzas Armadas no podrían hacer ninguna nueva inversión y aun así no bastaría. Cuando se decidió la adquisición de las nuevas armas no se tuvo en cuenta el alto coste que supone mantenerlas operativas: más de 400 millones anuales ahora y 800 millones a medio plazo. En conjunto, según los cálculos de Defensa, harían falta 1.500 millones más al año para cumplir lo comprometido.

En su comparecencia ante el Congreso de octubre pasado para presentar los presupuestos de este año, el secretario de Estado de Defensa, Constantino Méndez, ya se refirió en términos muy duros a la política que ha llevado a esta situación. “No deberíamos haber adquirido sistemas [de armas] que no vamos a utilizar, para escenarios de confrontación que no existen y, lo que es más grave, con un dinero que no teníamos entonces ni tenemos ahora”, admitió. Méndez precisó después que, “de los 27.000 millones de deuda”, a las legislaturas del PP corresponden “23.000 y pico millones”, y a las dos últimas del PSOE, “3.000 y pico”.

Si tal alegría presupuestaria fue posible -“irresponsabilidad”, la llamó Méndez- es porque los gastos de Defensa tuvieron un fuerte crecimiento a principios de este siglo, hasta llegar a 8.500 millones en 2008. Desde entonces han caído un 16%, limitándose este año a 7.154 millones.

Además, Defensa contaba con los ingresos derivados de la venta de viviendas y solares ocupados por antiguos cuarteles, pero el pinchazo de la burbuja inmobiliaria ha secado ambas fuentes de ingresos. Si entre 2004 y 2007 se generaron por estos conceptos unos 500 millones anuales, en 2009 fueron 148 millones y en 2010 solo 100.

Con todo, lo que ha mantenido en pie el sistema son los créditos sin interés que, por unos 15.000 millones de euros, ha concedido el Ministerio de Industria a las empresas. El problema es que ahora toca devolverlos.

Como todo acreedor que no puede atender sus obligaciones, lo primero que se ha planteado Defensa es la reestructuración de su deuda. Fuentes de dicho departamento confirman que se está negociando con Hacienda una reprogramación de los pagos, de forma que los plazos se alarguen cinco años: del 2025 al 2030. Las empresas aceptarán si pueden aplazar a su vez la devolución de los créditos a Industria.

Las mismas fuentes reconocen que esta medida solo permitirá un alivio pasajero, sin resolver el problema de fondo. Un estudio editado por Defensa propone traspasar la deuda a un organismo público de nuevo cuño que se encargaría de gestionarla; o bien que las devoluciones a Industria generen automáticamente nuevos fondos para Defensa. Algunos expertos sugieren lisa y llanamente la condonación de los créditos de Industria con el argumento de que, en realidad, no se trata de una deuda de las empresas con el Estado sino de un ministerio con otro, pero eso supondría computar los 15.000 millones como déficit, y no parece la mejor coyuntura para hacerlo.

Se traspasa material de guerra

La resolución del problema de la deuda pasa por suprimir algunos programas de armas o, al menos, reducir el número de unidades, según todas las fuentes consultadas. Seguramente es tarde para renunciar al EF-2000 o al Leopardo, pero no para cuestionarse si España necesita 87 cazabombarderos o 235 carros de combate.

El problema es que recortar el pedido puede suponer penalizaciones económicas, disparar el coste unitario y poner en graves dificultades a empresas emblemáticas del sector. Un ahorro mal meditado podría dar al traste con buena parte de las ventajas obtenidas en programas multinacionales.

Por eso, el Ministerio de Defensa busca una tercera vía que le permita reducir su pedido sin incumplir sus compromisos. Por ejemplo, traspasando a terceros países algunas de las unidades destinadas a España. Si se consuma la venta de 200 carros Leopardo a Arabia Saudí, los 50 primeros podrían proceder del pedido español y una fórmula similar sería de aplicación al EF-2000, como ya ha demostrado Reino Unido.

PSOE y PP no se ponen de acuerdo sobre quién tiene la responsabilidad de haber engordado la bola de nieve. Según Defensa, en las legislaturas del PP se comprometieron programas por más de 23.000 millones y, en las del PSOE, por algo más de 3.000. Sin embargo, en el último Consejo de Ministros se aprobó la segunda serie de los Buques de Acción Marítima, por lo que la deuda se ha engordado en 740 millones.

En lo que ambos partidos están de acuerdo es en que el calado de las medidas necesarias -recorte de programas, reducción de pedidos o condonación de créditos- requiere un pacto de Estado. Aunque nunca antes de las próximas elecciones.

Ahora, transcurridos más de tres años desde que el PSOE cantara en sede parlamentaria este mea culpa presupuestario, el tándem de Defensa ‘P&P’ (Pedro Morenés y Pedro Argüelles) -especializado en pelar la pava con la industria armamentista de altos vuelos- vuelve al mismo enredo con argumentos tan manidos como contradictorios. Baste extraer un par de ellos para darse cuenta de que son tan falsos como los que antaño justificaban las manirrotas adquisiciones en base al supuesto fortalecimiento de la industria de defensa española y que han terminado arruinándola (salvo en el caso de CASA-EADS con origen en el primitivo Consorcio Airbus Industrie de aeronáutica civil).

Para empezar, el Programa F-110 (cinco fragatas que sustituirían a las F-80 de la clase ‘Santa María’) representa una oportunidad -sostienen ‘P&P’- para crear un grupo de electrónica nacional ‘solido’, objetivo ya planteado por el Gobierno de Adolfo Suárez hace más de treinta años al aprobar la Ley 44/1982, de 7 de julio, sobre dotaciones presupuestarias para inversiones y sostenimiento de las Fuerzas Armadas, cuyo primer hito fue la construcción del portaeronaves R-11 ‘Príncipe de Asturias’, y que jamás pudo alcanzarse. Y si con toda la ingente inversión realizada desde entonces en la Fuerza de Combate de la Armada seguimos sin ese pretendido grupo de electrónica militar, ahora no se puede venir con el cuento de que con la construcción de cinco fragatas más se va a conseguir, cuando además su desarrollo esencial (el sistema de combate Aegis) se comprará a Estados Unidos envuelto en papel de celofán.

Y, para continuar, ahí está la segunda broma del Programa de Blindados 8x8 (adquisición de 350 a 400 unidades para sustituir a los viejos BMR), admitiendo de entrada el Ministerio de Defensa que los va a comprar en el mercado internacional (probablemente a los amiguetes americanos de la General Dynamics) pero ‘nacionalizando’ sus sistemas de comunicaciones, sensores y guerra electrónica, lo cual puede llevarnos a que el remedio sea peor que la enfermedad. Como ya se demostró en el caso de los inhibidores de frecuencias encargados a INDRA en 2009 para los vehículos tácticos de Infantería desplegados en Afganistán y Líbano, que jamás se instalaron por inservibles (otros seis millones de euros tirados a la basura)…

La Ley 44/1982, contempló en su conjunto nada más y nada menos que un gasto de 2,3 billones de las antiguas pesetas sólo hasta el año 1990, que ya se justificaban en base a la supuesta consolidación y potenciación de la industria nacional (en particular los subsectores dedicados a la electrónica, la informática, la óptica y las comunicaciones), objetivo frustrado por la desastrosa gestión presupuestaria del Ministerio de Defensa, tanto con los gobiernos del PP como del PSOE.

Una inversión sin precedentes que a continuación se desbordaría en el fragor de la España de los aeropuertos sin aviones, los trenes AVE con destinos sin viajeros, las autopistas sin tráfico, las desaladoras que generan agua de riego a precios prohibitivos, los Planes E con los que crear cada puesto de trabajo fijo requería un millón de euros de inversión, las energías renovables subvencionadas que han disparado la tarifa eléctrica… hasta llegar al colmo -ahora- de los curiosos submarinos de Navantia que no flotan. Con el añadido de que el S-81 ‘Isaac Peral’ -que de momento sigue sin flotar y que quizás nunca llegue a hacerlo- nos va a costar lo mismo que cuatro de los que sí flotan.

Y si derrochando lo que se ha derrochado, el Ministerio de Defensa ya se ha mostrado incapaz (gobierne quien gobierne) de desarrollar una industria de defensa mínimamente competitiva y de gestionar sus adquisiciones con un mínimo de rigor y racionalidad, y ni siquiera de promover la construcción de un simple blindado táctico de Infantería, ¿cómo se atreven ‘P&P’ a plantear la mandanga de crear un grupo de electrónica nacional ‘solido’, a cuenta de más y más derroches presupuestarios…? ¿Qué platos rotos y de qué amiguetes del Gobierno hay que volver a pagar con cargo al bolsillo de todos los españoles…?

¿Qué se puede esperar de un Ministerio de Defensa que al final de la pasada legislatura, y después de estar ‘tocando el violón’ años y años y acumular caprichosamente cientos de carros de combate inoperantes, se vio obligado a adquirir por vía de máxima urgencia nuevos vehículos blindados antiminas para que las tropas españolas desplegadas en zona de conflicto no saltaran por los aires impunemente…? Una compra, por cierto, realizada en Italia y Sudáfrica (el pedido incluía 76 MLV ‘Lince’ de escuadra y 20 RG-31 ‘Nyala’ de pelotón, envuelta también en formato de regalo con lazo incluido.

La flota de combate de la Armada, sin protección submarina

Con estos pésimos antecedentes de mala gestión política y presupuestaria, centrada de forma obsesiva en comprar un costosísimo armamento de última generación que España ni necesitaba ni necesita, mientras se dejan sin atender otras exigencias mucho más perentorias y verdaderamente vitales para las Fuerzas Armadas, en el verano de 2013 llegó la eclosión del ‘caso Navantia S-80’. Un escándalo sin precedentes en toda la historia de la construcción naval militar que, en vez de haberse zanjado volviendo de inmediato al programa del submarino franco-español ‘Scorpène’, de éxito internacional contrastado y con el que Navantia ya estaría construyendo por lo menos media docena para la exportación, ahora reaparece de forma contumaz convertido en una de las ‘Historias para no dormir’ con las que en la década de los 60 Narciso Ibáñez Serrador se hacía con la audiencia televisiva del momento, a base de mezclar grandes dosis de terror, suspense y ciencia ficción, rayanas en el surrealismo.

Si cupiera rehacer aquella celebrada serie televisiva, ahora bastaría añadir a sus títulos más emblemáticos (‘El cumpleaños’, ‘La alarma’, ‘La bodega, ‘La espera’, ‘El cohete’, ‘El tonel’, ‘El asfalto’…) la historia de ‘El submarino’ (con guion de Miguel Gila) para garantizar un top de audiencia excepcional y algún premio internacional al mejor drama esperpéntico del año…

La historia, de corte efectivamente tragicómico, no sólo se desarrollaría en un submarino tramposo (el S-81), que una vez sumergido por su propio peso será incapaz de emerger, sino que arrastraría con él irreversiblemente al fondo del mar a otros tres submarinos gemelos (S-82, S-83 y S-84). Una broma valorada como mínimo en 2.135 millones de euros (más de 350.000 millones de las antiguas pesetas), volatilizados como por arte de magia.

Pero es que, además, el engendro que se quiere rescatar de toda esta basura política e industrial, será una especie de ‘no se sabe qué para no se sabe cuándo’, porque todavía nadie ha fijado con certeza qué cosa parirá de nuevo la chupona mamá Navantia y por qué razón la fecha en la que debía estar operativo (2012), se trasladó al 2013, después al 2015 y más tarde al 2018…, aunque la poca gente sensata que queda en los astilleros públicos de Cartagena es consciente de que en ningún caso se podría poner a flote un submarino S-80 antes del año 2020. Total, que muy probablemente el S-81 ‘Isaac Peral’ podría ser rebautizado como el ‘submarino fantasma’ (con permiso de Santa Rita de Casia, abogada de las causas imposibles).

Y la broma que se traen entre manos ‘P&P’ no queda ahí. Mientras tanto, la más que obsoleta flotilla de submarinos de la Armada, con la vida del S-71 ‘Galerna’ alargada por más de 40 años (una barbaridad tercermundista), ha dejado prácticamente de existir porque sólo cuenta con un submarino que va a doblar su razonable vida útil y ha sido reconvertido en un ataúd de chatarra sin la menor capacidad operativa.

En estas mismas páginas ya hemos advertido sobre la clara indefensión de la flota de combate de la Armada Española, cuyos buques en servicio (de proyección oceánica y por tanto con necesidades de protección integral muy notables) están gravemente afectados por una precaria escolta submarina y por la imposibilidad real de abordar determinadas operaciones y estrategias de guerra naval, ofensiva o defensiva. La serie de submarinos S-70, clase ‘Agosta’, formada por cuatro unidades (‘Galerna’, ‘Siroco’, ‘Mistral’ y ‘Tramontana’), con entrada al servicio de la Armada entre 1983 y 1986, ya agotó su utilidad operativa hace mucho tiempo, estimada en no más de 25 años para el actual nivel tecnológico de guerra naval (Francia, sin ir más lejos, retiró el ‘Ouessant’ S623, que fue su último submarino de la clase ‘Agosta’, en 2001).

De hecho, el ‘Siroco’ S-72 ya fue dado de baja en la Lista Oficial de Buques Armada (LOBA) en junio de 2012, mientras el más antiguo ‘Galerna’ S-71, entregado en enero de 1983, se intentaba mantener como una pieza de museo hasta recibir el ‘Isaac Peral’ S-81. Además, el ‘Tramontana’ S-74  quedó indisponible a la espera de que se le pueda realizar una nueva ‘gran carena’, extraordinaria, para alargar su cuestionable vida operativa hasta el 2016 (nada menos que 30 años).

Con todo, tras la baja del 'Siroco', en poco más de una década la Armada ha pasado de tener ocho submarinos, con al menos seis operativos, a disponer sólo de tres (la serie ‘Daphné’ precedente de cuatro submarinos S-60 fue dada de baja entre  2003 y 2006). Y de esos tres S-70, solo hay disponibles dos para misiones nacionales y compromisos internacionales: el ‘Mistral’ (S-73) y el ‘Tramontana’ (S-74), inmovilizado y pendiente de una gran carena. El 'Galerna' se botó en 1981 y es más antiguo que el ‘Siroco’, ya dado de baja, con lo que su operación práctica no deja de ser temeraria, además de que en ningún caso podrá esperar ya a ser relevado por el ‘Isaac Peral’ S-81.

En estas condiciones, los planes de la Armada, centrados en la renovación in extremis de su flota con cuatro nuevos submarinos de la clase S-80 entre los años 2012 y 2018, se han evaporado. Y la situación es tan dramática que, en el caso de no concluirse la gran carena del ‘Tramontana’, en 2016 la Armada española contará con un único submarino, el ‘Mistral’ S-73, tercero de la clase ‘Agosta’, entregado a la Armada en 1985 y parcheado con piezas canibalizadas del ‘Siroco’ S-72.

Si con dos unidades la flotilla de submarinos ya sería exigua (además de funcionalmente obsoleta y sobre todo de tecnología muy desfasada), pensar en uno solo resulta inimaginable, temerario y hasta una broma de mal gusto. De hecho, eso supondría tener que arriesgar la flota (sobre todo el buque insignia ‘Juan Carlos I’ L-61) en una situación de guerra naval estándar, dado que sería tremendamente vulnerable ante el ataque de submarinos convencionales de países con mucho menor peso militar que España: un escenario realmente catastrófico que Defensa y la Armada ocultan de forma vergonzosa a la opinión pública y al propio Parlamento.

Dicho de otra forma, en el supuesto de que España tuviera que participar en una guerra naval de verdad, la probabilidad de que su flota de combate fuera destrozada en un santiamén, como sucedió durante del ‘Desastre de 1998’ en las batallas navales de Cavite (Bahía de Manila) y del puerto de Santiago de Cuba, sería más bien una certeza. Y no por cuenta de una gran potencia como Estados Unidos, sino por cualquier país de mucha menor entidad que España con un Arma Submarina medianamente a punto.

Paréntesis: Para tener una idea clara de la obsolescencia de la actual flotilla de submarinos, todos entregados a la Armada entre 1983 y 1986, baste recordar que el Portaaviones ‘Príncipe de Asturias’ R-11, asignado años después (en mayo de 1988), ya fue dado de baja en febrero de 2013 y enviado a desguace tras 25 años escasos de servicio.

El Parlamento debe investigar el caso Navantia del submarino S-80

La verdad es que ante un Ministerio de Defensa tan irresponsable como el de España, que de forma sistemática supedita la gestión presupuestaria a intereses industriales y políticos oscuros y ajenos a los de la propia defensa nacional (y no digamos a los de los comisionistas), no merece la pena insistir más sobre la importancia vital de los submarinos en ese preciso ámbito, poco apreciado realmente por el dúo ‘P&P’ más allá de lo que no sea convergente con el interés de sus amigos de la industria armamentista internacional (en especial la de Estados Unidos).

Lo que sí nos parece ya de extrema urgencia, justo ante la realidad de crisis económica y corrupción política que está destruyendo España, es que en las Cortes Generales se exijan las debidas explicaciones y responsabilidades en torno al escándalo del Programa del submarino S-80 de Navantia, que sigue sin flotar pero esquilmando las arcas del Estado. Y por supuesto arruinando la imagen de la marca España. Entre otras cosas porque de no hacerse ya, el problema seguirá creciendo para volver a explotar con mayor virulencia y de forma más inoportuna.

Este es el momento en el que, si las Cortes Generales quieren recuperar un mínimo de credibilidad social como órgano obligado a controlar la acción del Gobierno, debe levantarse el velo parlamentario sobre este saqueo de más de 2.000 millones de euros y aclararse si, además de la incompetencia manifiesta de Navantia y del Ministerio de Defensa, ambas aún sin depurar, también han existido o no en el caso posibles delitos de prevaricación o malversación de fondos públicos.

Fernando J. Muniesa

Decía don Antonio Cánovas (1828-1897), el político más influyente en la segunda mitad del siglo XIX y prohombre de la Restauración borbónica: “Con la Patria se está como con la madre, con razón y sin ella”.

No vamos a discutir esta conocida máxima ‘canovista’, pero tampoco nos parece razonable que se deba aplicar de forma sistemática en el debate político de nuestro tiempo, defendiendo o combatiendo lo que se quiera ‘con razón o sin ella’, por importante o trascendente que sea la cuestión de fondo. Simplemente porque esa falta de razón proactiva -en su caso- terminará realimentando la posición opuesta; siendo cosa distinta y mucho más conveniente tratar de superar esa posible ‘sinrazón’ utilizando vías de persuasión, emotividad, pragmatismo, o de mera rectificación de lo que se debiera rectificar por parte de quien corresponda…

Y el ejemplo viene a cuento por la forma con que la clase política, y en general el establishment (que también acomoda a los medios informativos de mayor peso en la opinión pública), ataca colectiva y furibundamente a Podemos como fuerza política emergente, mandando así una clara señal a las bases electorales de su potencialidad para demoler el modelo político que ellas detestan. “Todos contra Podemos” es la peor consigna que pueden enarbolar quienes quieren defender o mantener el actual sistema de poder, obviamente descosido por la corrupción y la ineficiencia; exhibiendo así el pánico característico del perdedor que se siente culpable y amenazado por eventuales represalias del ‘enemigo’ y el miedo al ‘cambio de la tortilla’.

“Todos contra Podemos” no es exactamente lo mismo, ni mucho menos, que “Todos contra el fuego” (¿recuerdan el slogan?), o todos contra el cáncer, o todos contra el hambre… por poner algunos ejemplos de luchas colectivas incuestionables. Porque, aunque algunos lo vean así, Podemos no es el quinto jinete del Apocalipsis ni representa ninguna de las diez plagas de Egipto: es simplemente una opción de fuerza política más, tan libre y legítima como cualquier otra en un Estado democrático de Derecho, nacida de un movimiento social que se siente razonablemente defraudado por las pre-existentes.

Ya se verá hasta donde llega o no llega Podemos; pero su éxito o su fracaso deberá ser consecuencia de sus propias ideas, de sus propuestas políticas, sus candidatos, sus comportamientos… y no de lo que puedan vociferar sus oponentes, y menos aún de su ataque conjunto o frentista. Es decir, no caerá por ataques tipo apisonadora o de ‘exterminación’, que sobre todo sirven para agigantar a Podemos ante la opinión pública, ignorando que en política hay ocasiones en las que la cicuta más eficaz puede ser la del silencio.

Sin entrar en aplausos o críticas a Podemos (ya lo haremos para una u otra cosa cuando proceda), sí que queremos posicionarnos en favor de su derecho a competir en la arena política, como compiten los demás y sea con mejor o peor fortuna: eso será otra cosa. Y por ello tampoco vemos razonable que, más allá de la torpeza con la que otros partidos políticos puedan actuar en su particular contienda electoral, se critique a los medios informativos que abren sus contenidos al fenómeno emergente de Podemos (algo que les genera una sustanciosa audiencia), mientras otros se unen irracionalmente en su contra, al margen de su función como meros notarios de la realidad y más como lacayos encubiertos de los intereses que pueden verse perjudicados por la nueva formación en liza.

Y todavía vemos menos razonable, y bastante más reprobable, sumarse al frentismo contra Podemos sólo para defender a ultranza una clase política, una organización institucional, un reparto del poder, y en definitiva un sistema de convivencia, que sabemos corrompido hasta la médula. En torno al cual se cierran filas pretorianas de forma inmediata cuando surge una opción tan verde y precaria como la de Podemos: hoy por hoy todavía una ‘amenaza’ para el elefante electoral más que una realidad, digan lo que digan las encuestas realizadas aún sin un horizonte de comicios inmediatos (aunque la amenaza y la realidad puedan coincidir en el futuro).

Curioso, significativo y peligroso fenómeno; porque a fuerza de presentar y combatir a Podemos como si fuera el virus del ébola o del antrax, o siquiera como una enojada ‘Hormiga Atómica’, el elefante que soporta el sistema político se lo va a creer y puede salir de estrepitosa estampida, dejando posiciones francas para que las ocupe el movimiento emergente. Y sobre todo un fenómeno que, a tenor de cómo se trata en la mayoría de los medios informativos, también se asemeja de alguna forma al famoso ‘síndrome de Estocolmo’ que a veces padecen las personas maltratadas (en este caso por la clase política) cuando perdonan a sus maltratadores…

La cosa es ciertamente algo más complicada de cómo la presentamos en estas líneas, porque entre otras cosas afecta a la ética periodística, a la supervivencia del negocio de la información, al ancestral analfabetismo crítico de la sociedad española… Pero, de momento, no podemos dejar de sorprendernos por la reposición editorial que ha tomado El País en relación con Podemos (no hablamos de artículos de opinión ni de un medio integrado en la ‘Brunete Mediática’, sino de la opinión oficial de un diario que antaño disfrutó de gran credibilidad e influencia política).

El pasado domingo (19/10/2014), con la Asamblea Ciudadana organizada por Podemos para debatir los documentos éticos, políticos y organizativos que ahormen su futuro como partido político todavía viva (alguien habló de ‘la hora del sentido común’), el todopoderoso diario nacional, salvado de la ruina económica gracias a una refinanciación de más de 5.000 millones de euros imposible sin el apoyo gubernamental, se despachaba editorialmente de esta guisa:

Podemos se organiza

Cuanto más se les escucha, más suenan a lo mismo: populismo, personalismo, manipulación

Algunos de los diagnósticos de Podemos contra los problemas inherentes al sistema político y la acomodación a la corrupción y al abuso pueden compartirse por muchos sectores, y desde luego traducen la irritación ciudadana con el ‘statu quo’. Pero a juzgar por los mensajes de sus figuras públicas, actualizados este fin de semana, resulta muy oscura la forma en que este partido se propone convertirse en “mayoría” y alcanzar “la centralidad del tablero político”. Está claro que trata de salir del eje tradicional derecha/izquierda, pero no deja de dar motivos para pensar que se trata de populismo, entendido como la estrategia política que enfrenta al pueblo con las instituciones, aunque estas sean democráticas.

Frente a la contundencia con que su principal portavoz, Pablo Iglesias, reclama el objetivo de la victoria electoral “para echar” al Gobierno del PP y derrotar al PSOE, los procedimientos para lograrlo están envueltos en la confusión. Frases como “el cielo no se toma por consenso, sino por asalto” pueden interpretarse de muchas maneras, desde una simple ocurrencia del repertorio marxista hasta la insinuación de estar dispuesto a operaciones que no tienen que ver con el respeto a los principios democráticos y al juego limpio en las urnas. No es responsable lanzar un ataque generalizado al sistema institucional de este país sin explicar cuál es su modelo alternativo, cuál es su visión concreta de la crisis y cuál es la manera realista de salir de ella.

Una opción que aspira a tanto ha de transmitir algo más que un magma de vaguedades. Tiene que aclarar su programa y explicarse mucho mejor. Se puede estar de acuerdo en sus ataques a los que llegan a la política para aprovecharla en su beneficio personal, pero Podemos no ha dejado claro aún que su propósito no sea exactamente el mismo. Por lo demás, nadie puede atribuirse el papel de vigilante de la ética general como si estuviese dotado de un poder superior. Todo suena a lo mismo: personalismo, populismo, manipulación.

En la asamblea que se celebra ahora y en las votaciones posteriores se decide el modelo organizativo, con dos concepciones en disputa. La encabezada por Pablo Iglesias es partidaria de una organización de corte más clásico, con un solo secretario general -previsiblemente, él mismo- frente a la defendida por el también eurodiputado Pablo Echenique, partidario de una dirección colegiada de tres secretarios generales (llamados “portavoces”). Es evidente que Iglesias y los suyos no aceptan esto y que son partidarios del ejercicio de la disciplina, por más apelaciones al voto ciudadano que hagan, lo cual les acerca al modelo de un partido clásico, por mucho que pretendan rechazarlo.

La nueva opción se mueve, de momento, en términos demasiado simplistas y acentúa su cautela en lo concreto. Sus figuras han dejado claro que quieren el poder; ya veremos para qué.

Un duro palo para quien aún se está constituyendo en partido político, de abajo hacia arriba y sin tiempo de llegar al tejado que suponen la acción y el programa electoral de unos comicios concretos todavía sin convocar. Y tan demoledor como incoherente con otra editorial publicada también por El País (19/09/2014) apenas un mes antes. En ella, y con una magnanimidad que sobraba, el periódico que todavía se auto considera por encima de los demás, ofrecía a Podemos la posibilidad de defender su proyecto siempre que lo hiciera ‘con respeto a la democracia’ (cosa obvia que por cierto no hacen otros partidos, sin que El País se lo eche tan abiertamente en cara), algo que desde luego tampoco dejaba de ser gratuito porque el diario en cuestión no es quien administra ni reparte las patentes de ‘democracia’:

Bienvenidos al sistema

Podemos merece la oportunidad de defender su proyecto, siempre que respete la democracia 

El movimiento Podemos, que se ha presentado como un contrapoder en su corta y exitosa existencia, ha iniciado el proceso que le conducirá a convertirse en una fuerza política organizada, jerarquizada y con un poder interno previsiblemente concentrado en la cúpula, al modo de otros partidos.

El grupo encabezado por Pablo Iglesias promete hacerlo a través de la participación ciudadana para decidir los principios del partido y elegir a los dirigentes, prolongando la sensación de democracia de plaza pública gracias al aprovechamiento de las posibilidades de comunicación ofrecidas por las nuevas tecnologías. Todo ello con el objetivo declarado de construir una nueva “mayoría social” capaz de conquistar el poder del Estado en el menor tiempo posible, una meta que, en principio, no se diferencia tanto de la ambicionada por otros partidos.

Lo que se sabe de los simpatizantes de Podemos apunta a un sector esencialmente de clases medias urbanas, que disputa el terreno político a la izquierda. Por rotundas que sean sus críticas a “los partidos de la casta” -en referencia sobre todo al PP y al PSOE-, y a la “descomposición de las élites”, todo eso entra dentro del juego democrático, siempre que no esconda algo más que la campaña para derrotar a sus adversarios en las urnas de 2015. Cualquier proyecto político merece una oportunidad de desarrollo en democracia, si bien sus defensores han de respetar las reglas del juego.

Al final todo dependerá de la confianza de los ciudadanos en las propuestas de Podemos y del aprecio que les merezcan sus dirigentes y candidatos, tras la intensa experiencia de videocracia que les prometen. Tiempo habrá para valorar todo ello y para profundizar en esas propuestas. De momento, es positivo el paso de los promotores para que no se les confunda con las fuerzas antisistema. Por eso hay que darles la bienvenida al sistema.

Y si observamos el enfoque diferencial entre una y otra editorial, y más aún si hablamos de todas las publicadas sobre Podemos en El País -desde ‘Golpe al bipartidismo’ (26/05/2014) hasta ‘Continua el descrédito’ (05/08/2014), pasando por ‘El recién llegado’ (30/05/2014)…-, veremos que el respeto por su innegable éxito inicial en las elecciones europeas del 25-M evoluciona hasta la reprimenda del pasado domingo, desatando un interés ciego por ‘domar’ esa eclosión de disidencia política y social y por integrarla como sea en el establishment, casi a punta de bayoneta y obviamente para que deje de atacar a la ‘casta política’ de la que por ahora Podemos no forma parte (y El País puede que sí), o para que abandone el mismo populismo que los demás partidos utilizan a su dura y pura conveniencia. Una domesticación basada en argumentos pueriles y con la exigencia eneja de lo que a nadie más se exige: que presente ya sus programas electorales para pasarlos por la piedra cuanto antes, cosa -repetimos- que no se hace con el PP ni con el PSOE.

O que racionalice sus propuestas políticas más o menos en línea con lo que ya hay, y que es justo lo que los seguidores de Podemos quieren cambiar drásticamente. Y poniendo el currículum de sus líderes bajo la lupa para encontrarles la más leve mácula con la que llevarles a la hoguera pública…, olvidando de paso la suciedad guardada bajo las alfombras de los partidos que hoy por hoy están en la triste pomada de la política española.

Que para criticar a Podemos la ‘Brunete Mediática’ se haya agarrado desde el primer momento a cuestiones fuera del tránsito de corrupción en el que PP y PSOE se vienen moviendo como pez en el agua, es tan previsible como torpe y de efecto nimio. Porque en el mercado electoral de Podemos poco importan las tergiversaciones de los voceros de la extrema derecha sobre lo que Pablo Iglesias ha podido decir o no decir en relación con el terrorismo (quienes han sentado a las marcas blancas de ETA en las instituciones han sido PSOE y PP), y mucho menos su posible simpatía por los regímenes bolivarianos (los mismos que se entienden sistemáticamente con el PP y con el PSOE) o a quien haya podido asesorar profesionalmente en Irán, si lo hubieran hecho (¿es que acaso sería más meritorio que hubiera trabajado para Estados Unidos, para Ucrania o para Alemania…?).

Y especial cuidado tendrían que tener también otros críticos de mayor altura (como los editorialistas de El País) a la hora de argumentar en contra de Podemos, sin tener en cuenta que de alguna forma esa formación no es otra cosa que el reflejo mejor o peor organizado de muchas creencias y anhelos ciudadanos: así, cuanto más se critique a Podemos como fuerza agresora de lo establecido, más crecerá su capacidad de captar adhesiones ciudadanas disconformes con el sistema (que son muchísimas). Y ojo al dato porque jugar editorialmente en contra de la propia sociedad a la que se pretende liderar o aglutinar bajo una plataforma mediática, no suele dar buenos resultados.

El atractivo social de Podemos nada tiene que ver con los puntos ‘oscuros’ detectados por el establishment al que -cierto es- pretende machacar, sino que, por el contrario, se deriva de su mensaje de castigo a los partidos que disfrutan del turno rotatorio en el Gobierno de la Nación, muy similar por cierto al inventado por Cánovas para el mejor acomodo de la Restauración borbónica. Dicho de otra forma, lo sustancial de Podemos en esta fase de eclosión social es que se presenta como la opción más honorable o menos indigna que se puede votar actualmente, al menos hasta que otra formación política demuestre lo contrario. Ese es su atractivo inicial (ya veremos cómo evoluciona) o eso es lo que escuece dentro del establishment.

En un artículo de opinión publicado recientemente en El País (15/10/2014), Ignacio Urquizu, profesor de Sociología en la Universidad Complutense de Madrid y colaborador habitual de la Fundación Alternativas (afín al PSOE), ha dado una explicación plausible de lo que significa Podemos en el actual contexto sociopolítico. Simplemente por su fondo esclarecedor, que según están las cosas podrá iluminar bastante tanto el trabajo de los voceadores de la derecha más recalcitrante como el de los más sabios editorialistas del establishment, reproducimos íntegramente el artículo de marras:

¿Por qué tiene éxito Podemos?

Su “secreto” es haber conectado con el estado de ánimo de los españoles

Cuando haya pasado un tiempo y echemos la vista atrás, seguramente uno de los fenómenos más importantes de 2014 será la aparición de Podemos. Es pronto para saber si esta formación política ha venido para quedarse o si 2015 será el principio del fin. Pero de lo que no hay muchas dudas es que su aparición en el escenario político español merece una profunda reflexión. La pregunta que muchos se hacen es: ¿qué explica su creciente apoyo en las encuestas?

Algunos analistas achacan su éxito a las numerosas apariciones televisivas de sus principales dirigentes. Pero lo cierto es que es una explicación insuficiente. Por un lado, este argumento presupone que la ciudadanía es fácilmente manipulable, algo que nos acabaría llevando a dudar de la misma democracia como mejor forma de gobierno. Por otro lado, en esas tertulias televisivas no sólo aparecen representantes de Podemos. De hecho, los tertulianos próximos a los dos grandes partidos tienen una mayor presencia que las demás formaciones políticas. Y aun así, el mensaje de Podemos consigue convencer a un porcentaje de ciudadanos muy similar al de los grandes partidos.

También se asocia el éxito de Podemos a sus propuestas rupturistas, de ahí que muchos las cuestionen. Pero lo cierto es que las promesas políticas en nuestro país han perdido mucha de su credibilidad. Es difícil pensar que en estos momentos la ciudadanía se crea lo que prometen los partidos. Tras años y años de incumplimientos, especialmente en la última legislatura, las promesas electorales han perdido mucho de su valor.

Seguramente, el secreto de Podemos radica en que ha conectado con el estado de ánimo de los españoles. En el último año, la opinión pública en España se vertebra en torno a dos ejes: ciudadanía-élite y nuevo-viejo. El primero de los ejes ha sido ampliamente comentado en los medios de comunicación y se resume en lo que los dirigentes de Podemos llaman “casta”. A pesar de las carencias de este discurso, fenómenos como las tarjetas black de Caja Madrid no hacen más que alimentar la sensación de impunidad y enriquecimiento que se atribuye a una élite poco virtuosa y que ha copado parte del poder económico y político de nuestro país. El segundo de los ejes, nuevo frente a viejo, pone de relieve las nuevas brechas sociales que han surgido en los últimos tiempos y que están asociadas con una cierta ruptura generacional que se traduce, por ejemplo, en una brecha digital o en preferencias distintas sobre el modelo de democracia.

En estos marcos conceptuales los dirigentes de Podemos han logrado presentarse como ciudadanos nuevos frente a una élite vieja que se situaría en los partidos tradicionales. No es, por lo tanto, un discurso de anti-política, sino que han sabido ubicarse en los debates que vertebran el estado de ánimo de los españoles. Además, puesto que muchos ciudadanos se ven representados en este discurso, han generado cierta ilusión y percepción de alternativa. Es decir, han logrado conectar con los sentimientos de los ciudadanos, algo que no es fácil en política.

Pero si analizamos con un poco más de detalle su estrategia, acabamos concluyendo que Podemos es una formación populista. ¿Por qué? Dice lo que piensa la gente. En el fondo, Podemos es un partido hecho a golpe de encuesta. Su relato coincide con lo que opina la mayoría social. Por eso criticarle acaba siendo contraproducente, se puede asociar una crítica a esta formación política con una crítica a la ciudadanía. Dicho de otra forma, la mayor virtud de Podemos es haber puesto un espejo delante del país. Todos nos hemos mirado en él y no nos ha gustado lo que hemos visto. En esta situación tenemos dos alternativas: o rompemos el espejo o tratamos de mejorar la imagen que se proyecta sobre él.

Si miramos al pasado, no es la primera vez que sucede algo parecido. En 1891 surgió en Estados Unidos el primer movimiento “populista”, conocido como People’s Party. En 1892 concurrió por primera vez a las elecciones presidenciales y superó el millón de votos, un 8,5% de los votantes. Su discurso político se asentaba en un rechazo a la élite económica del país, especialmente los banqueros, denunciando sus enormes privilegios. Tras el éxito inicial, este movimiento ciudadano comenzó su declive en las siguientes elecciones presidenciales de 1896. La estrategia que siguió el Partido Demócrata fue asumir parte de su diagnóstico, poniendo sobre la mesa numerosas medidas anti-oligopolios que cuestionaban el enorme poder económico que se concentraba en muy pocas manos.

En definitiva, si Podemos ha tenido éxito es porque ha sabido interpretar el estado de ánimo de los españoles. No es baladí que su núcleo fundador esté lleno de politólogos y sociólogos que han dedicado gran parte de su tiempo a la investigación social. Pero sería un error pensar que esta forma de hacer política es la correcta. El liderazgo no consiste en dar siempre la razón a la gente. Ser sensible a la opinión pública es una condición necesaria pero no suficiente. De hecho, una de las paradojas de Podemos es que siendo producto de la crisis política, su forma de hacer política está contribuyendo a la desafección. Es decir, recuperar la confianza en la política implicará algo más que decir lo que la gente quiere escuchar, justamente la base del éxito de Podemos.

Mientras tanto, a partir de las elecciones europeas del pasado 25 de mayo, las encuestas de opinión, prematuras por demás, han hecho avanzar a Podemos desde un cuarto puesto (entre las diez formaciones españolas que obtuvieron representación en el Parlamento de Estrasburgo) al tercero y después al segundo, igualando al PSOE. Y si esas encuestas se dan por buenas, lo cierto es que en apenas cinco meses Podemos ha batido un record de crecimiento sin precedentes (¿Y qué posición ocuparía si hubiera hecho las cosas mejor…?).

Podemos, que por algo sería la formación revelación del 25-M, cuando rozó el 8% de los votos quedando como cuarto partido español más votado, ya doblaba prácticamente ese porcentaje a las pocas semanas, según el sondeo de actitudes y comportamientos electorales realizado por el CIS en la primera decena de julio (alcanzando el 15,3% de los votos y subiendo hasta la tercera posición). Pero es que, tomando como medida la intención directa de voto, Podemos ya era la segunda fuerza, con el 11,9% de los votos, a nueve décimas de la primera (el PP) y 1,3 puntos por encima del PSOE…

Hoy, las encuestas siguen señalando el éxito creciente de Podemos y el fracaso de sus críticos y detractores más salvajes, como los periodistas ‘peperos’ Francisco Marhuenda o Jaime González (el que afirma, sin mirarse al espejo, que votar a Podemos es votar lo peor de la condición humana). Y eso delata algún error de bulto en el análisis del establishment. No vamos a pecar de imprudentes sacando conclusiones precipitadas del marasmo de encuestas electorales que anuncian el ocaso del bipartidismo PP-PSOE y la necesidad de cambiar el actual modelo político, pero sí que advertimos que ese cambio se está viendo venir con claridad y que, por tanto, más que negarlo o pretender aniquilar a sus profetas y mensajeros, conviene que, sea con quien sea, nos llegue de la mejor forma posible.

El ataque colectivo y furibundo del establishment político contra Podemos, el frentismo absurdo contra un movimiento social democrático que, no sin razón, demanda cambios radicales en su representación política, es el mejor sustrato para su propio crecimiento. Sigan, pues, PP y PSOE, y los medios informativos que les apoyan, aferrados a sus gastadas formas de entender y ejercer la política y las ‘bestias’ que tanto les asustan (Podemos y lo que pueda venir por otros lados como Cataluña y el País Vasco), se los comerán más pronto que tarde.

Fernando J. Muniesa 

El escándalo de las ‘tarjetas negras’ de Caja Madrid, obsceno invento de malversación y degradación corporativa propiciado por Miguel Blesa, a partir de que en 1996 fuera aupado a la Presidencia de la entidad por el favor de su amigo íntimo y protector José María Aznar, es la viva expresión de que la clase política española ya no puede caer más bajo.

Cuestiones delictivas aparte, el ‘caso de las Tarjetas Negras’ (sostenido por Rodrigo Rato cuando sustituyó a Blesa en la misma posición ejecutiva con el plácet final de Rajoy), es uno de los casos más indignantes de todos los protagonizados por la casta política que manipula y corrompe de forma implacable la democracia española.

La aplicación del término ‘casta’ a la clase política, nacida en los círculos de Podemos y reputada de injusta por los políticos que todavía no han sido cogidos con las manos en la masa de la delincuencia económica, ya debería sustituirse por el de ‘castuza’, justo por el alcance del cutre suceso de las ‘tarjetas negras’ en el que se han ensuciado tirios y troyanos. Y castuza ciertamente de baja estofa si consideramos que el quebranto afecto apenas alcanza quince millones de euros, una miseria comparada con los más de 40.000 millones de euros dilapidados (perdidas ya materializadas) por esas mismas gentes en su escandalosa gestión de las cajas de ahorro (más de la mitad en Caja Madrid): duele que roben hasta lo que ellos deben considerar ‘calderilla’.

Caja Madrid, templo de la mamandurria política

Así, hemos visto a toda una patulea de pringados en el trinque negro de esa señera entidad integrada en los tres partidos más significados de la política regional (PP, PSOE e IU), los sindicatos mayoritarios (UGT y CCOO) y la patronal empresarial (CEIM) con su presidente a la cabeza (tanto el actual, Arturo Fernández, como el anterior, Gerardo Díaz-Ferrán, ahora en prisión por causa delictiva distinta). Junto a otros enchufados del PP que por su profesión no debían ignorar la ilicitud del caso, como Juan Iranzo y Estanislao Rodríguez-Ponga, uno presidente y otro tesorero del Colegio de Economistas de Madrid (CEMAD); o, más lamentable si cabe, junto a Rafael Spottorno, nada menos que ex jefe de la Casa del Rey…

Pero quede claro que aunque la pandilla de chupones de Caja Madrid sea multipartidista y polifacética, el desmadre de las ‘tarjetas negras’ es obra del señor Blesa y su sostenimiento obra del señor Rato (Ildefonso Sánchez Barcoj, tenido por cerebro maquinador del tinglado y uno de sus mayores beneficiarios, fue acólito de ambos). Es decir, que el escándalo pinta mal especialmente para el PP, indiscutible padre político de la criatura.

Y, todavía más, hoy pinta muy mal para Mariano Rajoy, presidente de un gobierno que rueda cuesta abajo, valedor de Rato en Caja Madrid (quizás sólo para neutralizarle y quemarle como su competencia personal dentro del PP) y ex vicepresidente político del mismo Ejecutivo de José María Aznar que apoyó a Blesa como banquero público advenedizo e incompetente. Ahí quedan para la historia de la entidad el vil engaño de sus participaciones preferentes, los más de 20.000 millones de euros salidos del bolsillo de los contribuyentes para tapar el agujero económico generado por sus tropelías profesionales y el indigno adorno de cubrir sus vergonzosos gastos extra profesionales con fondos opacos encubiertos en la contabilidad oficial.

Aunque la corrupción política del sistema no queda, ni mucho menos, en eso. Capítulo aparte merecen también los créditos ‘blandos’ ofrecidos a la patulea de asambleístas de Caja Madrid, una práctica nacida antes de que Blesa asumiera su presidencia pero que él mejoró como una ‘línea especial de préstamos’ mucho más ventajosa para ellos y por supuesto muy alejada del trato que en el mismo terreno se daba a los ciudadanos de a pie.

Los miembros que conformaban la Asamblea General de la Caja, designados a dedo por los partidos, sindicatos, organizaciones empresariales..., y que con Blesa llegaron a ser hasta 320 (en 2009) -sólo para ‘pintar la mona’-, disfrutaban de condiciones crediticias ‘especiales’, que el propio presidente de la entidad les remitía a través de una misiva cuando oficializaban su cargo. Es decir, que sin más mérito que el de ser seleccionados de forma arbitraria por la organización de pertenencia, ya disfrutaban de sabrosos préstamos verdaderamente insólitos en la práctica bancaria; deferencia que sin duda deberían corresponder con la debida conformidad en la desastrosa gestión directiva de la entidad.

Según informaba puntualmente el presidente de la Caja a sus asambleístas, estos escandalosos créditos eran de dos tipos: para comprar una vivienda y para “atenciones diversas de índole no empresarial”.

En el primero caso, se les ofrecía una garantía hipotecaria por “un importe hasta el 100% del total de la inversión sin superar el 90% del valor de tasación de la vivienda” y un plazo de amortización de hasta 25 años (ahí es nada comparado con las condiciones ofertadas a los simples ciudadanos que como clientes sostenían Caja Madrid, bastantes de ellos estafados con las participaciones preferentes o desahuciados de sus viviendas gracias a las cláusulas leoninas de sus créditos hipotecarios).

Las condiciones de esos préstamos exclusivos para los asambleístas, preveían: “Se podrá optar por un tipo fijo durante toda la vida del préstamo o mixto (un período inicial a tipo fijo de hasta 36 meses y el resto a tipo variable), y dentro del periodo a tipo variable, se podrá elegir cualquiera de los índices oficiales publicados por el Banco de España en el BOE”. Además, “una vez realizada la elección por el solicitante del crédito, el tipo resultante será el 70% sobre las condiciones preferenciales aplicadas por la entidad” en la hipoteca…

En el segundo caso, el del curioso préstamo para “atenciones diversas de índole no empresarial”, la garantía era “personal (con o sin fiadores)” y con él se podía alcanzar un “importe hasta el 100% de la inversión” amortizable  hasta en seis años. Además, el beneficiario de turno era informado de que “podía optar” por un tipo fijo durante toda la vida del préstamo o variable, pudiendo elegir entonces el Mibor anual del BOE o el índice CECA. Más aún, se especificaba que el tipo resultante “será el 90% sobre las condiciones preferenciales aplicadas por la entidad”.

Finalmente, este tipo de operaciones eran “sin comisiones” y se advertía al asambleísta que si ya tenía un crédito, y siempre que fuera posible, “podrá acogerse a esta nueva fórmula”, adaptando el contrato. Finalmente, se le indicaba cómo formalizar la operación con mayor comodidad: a través del director de la oficina bancaria, que “en comunicación con el Área de riesgos, tramitará su solicitud”. Y aquí paz y después gloria: eso es gestionar como Dios manda la Asamblea General de una entidad pública de crédito y lo demás tonterías…

Paréntesis: Sostenía el conde Vittorio Alfieri (1749-1803) -el poeta trágico italiano más reconocido de su época, finamente asentado a caballo entre la Ilustración y el Romanticismo-, que el lujo (amor de las superfluidades engañosas de la vida) corrompe por igual todas las clases sociales de una nación. Cosa tan cierta como que la corrupción carece de límites en el sistema político español y que no excluye sigla alguna (ya veremos cómo se comportan los partidos emergentes -UPyD, Ciutadan’s, Podemos…- si llegan a alcanzar responsabilidades de gobierno)…

El escándalo de Caja Madrid, responsabilidad esencial del PP

Por mucho que haya venido aireando Rajoy la mala herencia recibida de los precedentes gobiernos socialistas presididos por Rodríguez Zapatero, ya es innegable que la responsabilidad política del escándalo de Caja Madrid (y puede decirse que en general el escándalo de todas las cajas de ahorro rescatadas financieramente) es esencialmente asignable al PP. Baste a ese respecto recordar la forma en la que se ha venido desarrollando el caso, perfectamente descrita en el resumen publicado por el digital ElPlural.Com (28/02/2014), cuando el ‘caso Bankia’ todavía no se había visto afectado por el de las ‘caso de las Tarjetas Negras’ de Caja Madrid:

Caso Bankia: Blesa (PP) la hundió y Rato (PP) la remató

La responsabilidad que nadie puede negar: presidentes puestos a dedo, luchas 'genovesas' por su control y el no de Rato a la fusión con La Caixa por soberbia

La cronología, los datos puros y duros son demoledores. Ni siquiera el PP, fuera de micrófono o de cámara, lo niega. Los hechos son muchos y relevantes pero se pueden resumir así: durante 16 años (1996-2012) el Partido Popular ejerció un control absoluto sobre Caja Madrid, Aznar puso de presidente a alguien sin experiencia financiera cuyo único mérito era ser su amigo personal (Blesa), en 2009 se vive una bochornosa y pública pelea entre Esperanza Aguirre (PP) y Gallardón (PP) por colocar un nuevo presidente, finalmente Rajoy impone a su candidato, Rodrigo Rato (PP) que hereda una caja quebrada. Rato oculta las cuentas al supervisor (Banco de España) que a su vez no reacciona con la contundencia necesaria. Rato se fusiona con las cajas valencianas (ya quebradas) en contra del criterio del Gobierno de Zapatero y finalmente Rato se niega a la fusión con la Caixa que proponía el Gobierno de Rajoy por una cuestión de soberbia, Fainé (Caixa) iba a mandar más que él. El Banco de España, con Gobernador puesto ya por el PP, tampoco actuó. Conclusión: la mayor quiebra financiera de la historia de España que obliga al Estado a pedir el rescate financiero internacional. Lo hemos pagado y lo pagaremos todos los españoles con unas durísimas medidas de ajuste.

Blesa y Rato: cronología del desastre

Se puede argumentar que en todas las cajas pasó lo mismo y que en otras la responsabilidad es del PSOE. La derecha mediática esgrime frente a Bankia la quiebra de la Caja de Castilla-La Mancha, la primera intervenida ya en época de Zapatero, pero hay alguna diferencia demoledora, como por ejemplo que las cifras de la caja manchega eran una broma comparadas con las de Bankia y la segunda es que frente a esa caja todas las demás quebradas (valencianas, gallegas) estaban controladas por el PP. Además  no hay que olvidar que las cajas vascas estaban saneadas, la Caixa también y que la otra gran caja saneada, Unicaja, es andaluza y teóricamente controlada por los socialistas. ¿Qué hubiera pasado si Caja Madrid y luego Bankia hubieran estado siempre controladas por el PSOE? Habría tenido que dimitir hasta Rubalcaba, pero esa es otra cuestión. Vayamos con los hechos.

El “shock” del PP

Siempre, siempre, todos los dirigentes del PP culpan al PSOE y a Zapatero de todo pero el caso de Bankia escuece y mucho en el PP. Todo el PP sabía que Caja Madrid, las cajas valenciana y luego Bankia habían sido su finca particular, que se podían repartir prebendas entre consejeros del PSOE e IU, simples migajas para ellos, pero para lo que no estaban preparados los militantes del Partido Popular era para ver como se derrumbaba el mito del ‘milagro’ económico de Aznar. No podían culpar al PSOE de persecución política, porque quien echó a Rato fue el mismo que lo puso, Rajoy. Y Rato nunca fue un cualquiera en el PP, fue un patanegra. Cesado, millonariamente indemnizado e imputado en la Audiencia Nacional, Rato es ahora marginado en el PP y eso recuerda a los populares que hasta los más grandes e intocables pueden caer.

Elpidio Silva y Miguel Blesa: las espadas en alto

Aunque punto y aparte merecen algunas otras consideraciones poco o nada presentes en el debate mediático, sin entrar como decimos en las posibles consecuencias delictivas o judiciales de los hechos, que en todo caso son inmorales a más no poder.

La primera sería destacar la desvergüenza de quienes, desde posiciones políticas relevantes, afirman no haber conocido el trasfondo ilegal del tema ni su función de pesebre económico, acompañado de otras canonjías igual de impresentables; tracamandanga que era vox pópuli, es decir cosa sabida por todo el mundo, y cuyo disfrute suscitaba verdaderas batallas navajeras. O la de quienes han arremetido, como ha hecho el presidente de la CEIM, contra la propia entidad emisora de las ‘tarjetas negras’, poco menos que por haberle inducido al comportamiento inmoral y recalcando que él no ha cometido delito alguno (ancha es Castilla mientras se pueda ‘trincar’ sin ir a la cárcel…). O la del señor Sánchez Barcoj cuando, forzado a devolver su cuota de trinque (más de 500.000 euros porque a los 484.200 euros que cargó a Caja Madrid hay que añadir otros 90.879 euros cargados a Bankia) para diluir responsabilidades advierte que ‘devuelve lo que no debe’…

La segunda circunstancia, y realmente sorprendente a más no poder, es la desfachatez con la que el presidente Rajoy ha pretendido sacudirse las pulgas del caso afirmando que ha sido el propio Gobierno el que ha puesto el caso en conocimiento de la Fiscalía, como si hubiera sido el PP y no la actual dirección profesional de la entidad, encabezada por el independiente José Ignacio Goirigolzarri (que no se ha querido comer un ‘marrón’ ajeno), la que ha ‘tirado de la manta’.

Y la tercera circunstancia poco debatida tiene que ver con la naturaleza de linchamiento público que han tenido muchas de las críticas mediáticas al comportamiento del juez Elpidio Silva, condenado por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid a 17,5 años de inhabilitación profesional por un delito de prevaricación continuada en las decisiones tomadas en el ‘caso Blesa’ y dos delitos contra la libertad individual.

Es sabido que el juez Silva encarceló dos veces al ex presidente de Caja Madrid, en el marco de la investigación que tenía en marcha sobre un crédito concedido por dicha entidad a Gerardo Díaz Ferrán y también sobre la compra del banco estadounidense National City Bank of Florida.

La condena de Silva, decidida con dos votos a favor y uno en contra (el del presidente del Tribunal), aun siendo inferior a la que pedía la Fiscalía, de 30 años y una multa de 10.800 euros, comporta su expulsión de la carrera judicial (teniendo que pagar además a Díaz Ferrán una indemnización de 10.000 euros). Por su parte, Blesa solicitó que la inhabilitación del juez condenado fuera por 43 años.

Con independencia de los posibles excesos cometidos por el juez Silva en el más que llamativo ‘caso Blesa’, o de las causas técnicas que han podido fundamentar el fallo condenatorio, lo que llama poderosamente la atención es el rápido y agresivo desenlace del tema en contraposición con la lentitud y tibieza resolutiva de otros, en los que las partes perjudicadas no son exactamente altos representantes del establishment financiero. Y también que, en el vandálico asalto político a las cajas de ahorro, todavía no se haya visto a ninguno de sus responsables entrar en prisión de forma razonable.

Ahora, se puede dar la paradoja, quizás en afortunada justicia, de que el acusador Blesa pase a ser el acusado Blesa. Y que Elpidio Silva, perseguido como juez ‘justiciero’, pase a ser aclamado popularmente poco menos que como un heroico ‘Antonio das Mortes’ (film de Glauber Rocha, producido en 1969), el nómada del ‘sertao’ brasileiro reconvertido en matador de ‘cangaçeiros’ y en un personaje -aun de ideología confusa- elevado por el ‘novo cinema’ a la categoría de mito y semi-dios infalible, siempre latente, quiérase o no, en el imaginario de la justicia social.

Ahora, Fernando Andreu, magistrado de la Audiencia Nacional poco o nada aficionado a las veleidades procesales, ha imputado a Miguel Blesa, a Rodrigo Rato y a Ildefonso Sánchez Barcoj, por el posible uso delictivo de las tarjetas negras de Caja Madrid ocultas a Hacienda, pidiendo para los dos primeros una fianza respectiva de 16 y 3 millones de euros, y esperando un informe pericial del Banco de España antes de decidir sobre el resto de consejeros y directivos de Caja Madrid y Bankia implicados en el mismo escándalo. El caso ha sido detectado por una auditoría interna de la actual dirección de Bankia, bajo la presidencia de José Ignacio Goirigolzarri.

Las irregularidades afloradas fueron comunicadas el pasado 26 de junio al principal accionista de Bankia, el FROB (fondo de rescate español). De esta forma, el Estado pudo avisar a la Fiscalía Anticorrupción de que existían estas tarjetas de crédito ‘opacas’, de las que no hay soporte contractual ni consta decisión al respecto por parte de los órganos de gobierno, y que en total suman gastos por 15,5 millones de euros.

Según la documentación que obra en la pieza separada abierta por el juez Andreu dentro del ‘caso Bankia’ para investigar la utilización fraudulenta de estas ‘tarjetas negras’, gestionadas directamente por Sánchez Barcoj, ex director general de Caja Madrid y ‘mano derecha’ del ex presidente de la entidad Miguel Blesa, un total de 86 personas eran beneficiarias de las mismas: 65 miembros del Consejo de Administración y de la Comisión de Control y 21 consejeros-ejecutivos y altos directivos. Dos de ellas, la exdirigente del PP Mercedes de la Merced y el representante de UGT Félix Sánchez Acal, han fallecido.

Los 15,5 millones de euros computados a estas tarjetas entre los años 1999 y 2012, se corresponden con gastos realizados en restaurantes, grandes superficies, hoteles, tiendas de ropa o joyerías. En concreto, el 33,2% de dicho importe corresponde a efectivo sacado de los cajeros; el 14,8% a desplazamientos y viajes; el 11,1% a grandes superficies; el 10,1% a restaurantes; el 8,3% a hoteles; el 5,8% a ropa y complementos y el 3,3% a alimentación (un 13,4% son otros gastos no especificados).

Entre los gastos cargados a las tarjetas negras de Caja Madrid, destacan los del propio Sánchez Barcoj por un importe de 484.200 euros (más 90.879 que cargó a Bankia) y los de Blesa que ascienden a 436.700 euros. Del total de gastos computados, el grueso (15,25 millones de euros) fueron cargados exclusivamente a Caja Madrid, mientras que los 245.200 euros adicionales se facturaron a Bankia en 2011 y 2012, antes de que Goirigolzarri accediera a la presidencia de este último grupo…

‘Cacocracia versus Democracia’: la asignatura pendiente

Considera Enrique Gil Calvo en un artículo de opinión titulado ‘Descontrol’ (El País 12/10/2014), que los acontecimientos extraordinarios (el escándalo de las ‘tarjetas negras’ de Caja Madrid y el brote de ébola en la paciente ‘cero’ española) tienen la capacidad de transformar la agenda pública y desplazar del primer plano cuestiones capitales precedentes (como la del independentismo catalán). Con ello, en un análisis algo precipitado, podrían colegirse unas consecuencias electorales que, además de sembrar pasto jugoso para Podemos, acrecentarían el hundimiento del PP y la recuperación del PSEO de Pedro Sánchez.

Una posibilidad con mayor razón de ser si los acontecimientos sobrevenidos y sus in-puts de valoración social negativa sólo devinieran de una mala gestión política. Eso entraría dentro del normal juego de la democracia; pero es que lo subyacente en el concreto ‘caso de las Tarjetas Negras’, es un claro reflejo del letal virus cacocrático que ha invadido al sistema político español.

Y no hablamos exactamente de una deriva kakistocrática de la democracia, representada por el ‘gobierno de los peores’ (que también), ni tampoco de una oclocracia en forma de gobernación corrupta (que también). O de una plutocracia, en la que la riqueza constituye la base principal del poder (que también).

Hablamos de una cacocracia genuina y pura, que es el ‘gobierno de cacos’, la invasión del sistema político por los descendientes del ladrón mitológico Caco, por ladrones que roban con destreza, como los describe el diccionario de la RAE (rateros, carteristas, descuideros, mangantes, saqueadores…). Porque eso es lo que ha eclosionado no sólo en la gestión de Caja Madrid, sino en toda la mangancia política asilvestrada en las cajas de ahorro, en la financiación ilegal de los partidos, en los falsos ERE de Andalucía y en los cientos y cientos de casos de corrupción que diariamente sobrecogen a la opinión pública en las primeras planas de los medios informativos.

No compartimos la selección de ejemplos recogida por Gil Calvo para igualar en el artículo citado el descontrol o la mala gestión con la corrupción, que son cosas naturalmente distintas y situadas en planos políticos diferentes. Aunque sí hacemos nuestro el párrafo con el que lo concluye:

(…) Pero este común defecto originario [el descontrol político] resulta también extensible al resto de casos de corrupción (Bárcenas, los ERE, el Palau, la ‘famiglia’ Pujol, el padrino del SOMA, etc.) y de fallo multiorgánico por dis-función deficiente que afecta a todos nuestros servicios públicos (justicia, sanidad, enseñanza, instituciones locales), brutalmente sometidos a una extrema politización partidista. Pues el problema no es sólo la mercenaria pasarela entre la política y los negocios, revelada por la corrupción y las privatizaciones, sino también la otra puerta giratoria que hay entre los políticos que okupan las instituciones y los cuerpos de altos cargos de la administración. Aquí todo ocurre sin control porque los interventores, los reguladores y los altos funcionarios están sometidos al arbitrio discrecional de nuestros sectarios gobernantes.

Pues lo dicho. La cacocracia (que algunos prefieren llamar cleptocracia, que literalmente es el ‘gobierno en manos de los ladrones’) ha encontrado su guinda con el ‘caso de la Tarjetas Negras de Caja Madrid. La casta política (o castuza), ya no puede caer más bajo.

Otra cosa es que la cacocrática política española, sobrada de mendacidad, se ampare en nuestro ancestral analfabetismo crítico y en la propia cobardía de los electores a la hora de votar. Lo cierto es que el ladrón político existe porque las urnas se lo permiten.

Fernando J. Muniesa

El islamismo está penetrando en el viejo continente de forma progresiva e irreversible, desplazando con sus pautas religiosas radicales los principios y valores culturales históricos de Europa, sin que las autoridades de Bruselas opongan ningún tipo de freno. Ante tal evidencia, hay que preguntarse por qué extraña razón se ataca al Califato proclamado por Bakr al-Baghdadi en su propio y adverso territorio, mientras se permite que el Islam invada el espacio comunitario con total impunidad...

El asentamiento del Estado Islámico (EI) en un extenso territorio de Irak y Siria, conocido en árabe como al-Dawla al-Isl?m?ya, y el terrorismo atroz que viene practicando como grupo yihadista de naturaleza suní, bajo mando de radicales fieles a Abu Bakr al-Baghdadi, autoproclamado ‘califa de todos los musulmanes’, ha desatado una enorme preocupación en los círculos de seguridad occidentales. Y especialmente en Europa, alertando también a las dictaduras árabes que administran grandes riquezas petrolíferas.

Lo que hoy se conoce como ‘Estado Islámico’, se denominó en sus orígenes Yama'at al-Tawhid wal-Yihad y surgió como organización terrorista próxima a Al-Qaeda para hacer frente a la invasión de Irak de 2003 (participada por España), dirigida por Abu Musab al Zarqaui. Tras la muerte de su fundador, sustituido por Rashid al-Baghdadi, la organización -respaldada entonces por Osama bin Laden- se expandió por las provincias (muhafazat) de Ambar, Nínive, Kirkuk y en gran parte de la de Saladino, y en menor medida por Babilonia, Diala y Bagdad, proclamándose ya como ‘Estado Islámico de Irak’ y fijando su cuartel general en la ciudad de Baquba.

Aquel primer ‘Estado Islámico’ fue responsable de la muerte de miles de civiles iraquíes, así como de miembros del gobierno iraquí y sus aliados internacionales. Pero gracias al apoyo militar de Estados Unidos al gobierno del chií Nuri al-Maliki (sucedido por Haider al-Abadi), el conglomerado yihadista sufrió importantes reveses, incluida la muerte del líder Rashid al-Baghdadi, recuperándose al amparo de la guerra civil siria (en la que las consecuencias del ataque occidental al régimen de Bashar al-Assad fueron obviamente mal ponderadas) y pasando a denominarse ‘Estado Islámico de Irak y el Levante’ (en árabe al-Dawla al-Isl?m?ya f? al-?Ir?q wa-al-Sh?m).

El siguiente y actual líder, Bakr al-Baghdadi, cortó los lazos con Al-Qaeda y a finales de julio de 2914 declaró la independencia de su grupo y su soberanía sobre Irak y Siria, autoproclamándose ‘Ibrahim, imán y califa de todos los musulmanes’ (es decir jefe de Estado y monarca absoluto).

El nuevo Estado Islámico se caracteriza por su severa interpretación del Islam y, dado que sus seguidores profesan ciegamente la fe suní, también por una violencia brutal contra los chiíes. Su objetivo inmediato declarado es expandirse por Libia (donde ya actúa con intensidad), Jordania, Líbano, Israel, Palestina, Kuwait, Turquía y Chipre, reclamado también la soberanía sobre los territorios del antiguo Al-Andalus (la organización ‘Tehrik e Taliban’, con raíces en la frontera con Afganistán y que engloba las milicias talibanes que operan en Pakistán, declaró a principios de octubre la lealtad al EI).

En Wikipedia se pueden encontrar entradas con información suficientemente ordenada y contrastada sobre los líderes del Estado Islámico y su evolución histórica, agrupada en cinco fases:

El 29 de junio de 2014, coincidiendo con el comienzo del Ramadán, el portavoz del EIIL, Abu Mohamed al-Adnani, declaró la intención yihadista de crear un califato que se extendiera por todo el mundo musulmán, pasando a renombrarse ‘Estado Islámico’ ya sin referencias limitativas a Irak y Siria, al tiempo que se proclamaba a Bakr al-Baghdadi su máxima autoridad. Su decidida voluntad expansiva quedaba patente en la siguiente declaración: “La legalidad de todos los emiratos, grupos, Estados y organizaciones se convierte en nula tras la expansión de la autoridad del califa y la llegada de sus tropas”.

Esta afirmación califal atrajo al Estado Islámico a gran número de yihadistas árabes y a musulmanes residentes en Europa, llegando a contar ya en sus filas con más de 100.000 combatientes dispuestos a conquistar plenamente Irak y Siria para convertir esta unificación territorial en la base de un Estado musulmán y luego expandirse al resto del mundo árabe.

Un proyecto de ‘guerra islamista’ apoyado con el armamento capturado en sus acciones de combate y con el acceso a los grandes recursos naturales en su dominio. De hecho, el Estado Islámico tiene influencia en los sectores estratégicos de la geopolítica y el petróleo, poniendo en jaque el equilibrio en el Medio Oriente y desplazando a Al-Qaeda en la jerarquía de los grupos yihadistas.

En los territorios que va dominando, Bakr al-Baghdadi impone a sangre y fuego su interpretación extremista de la Sharia, llevando a cabo ejecuciones públicas realmente atroces y destruyendo templos y lugares de culto  ajenos a su propia fe, entre ellos la tumba del profeta Jonás. En paralelo, se ordena la expulsión de todos los cristianos que se nieguen a convertirse al Islam, habiéndose denunciado decapitaciones masivas de cristianos que no renegaron de su religión, incluyendo niños…

Una descripción rápida del Estado Islámico

Entre lo mucho -y todo realmente atroz- que ya se puede leer sobre el Estado Islámico, hemos seleccionado para reproducir a continuación un reportaje de los periodistas Steffen Gassel y Raphael Geiger, publicado en el Suplemento ‘XLSemanal’ del digital Finanzas.Com (05/10/2014), sin duda suficientemente descriptivo de lo que supone en términos políticos y de su alcance como amenaza para los principios y valores de la cultura occidental:

El Estado Islámico. Las entrañas del Califato

Es la última gran amenaza. El Estado Islámico domina ya un territorio del tamaño de media España. Tienen petróleo, agua y un inmenso arsenal, pero quieren más. Su sueño: emular al califato Omeya. Así es la vida en el lugar más peligroso del planeta.

¿Por qué nadie frena a los hombres del Estado Islámico? ¿Cómo han conseguido redibujar el mapa de Oriente Próximo con tanta facilidad? Para entenderlo, hay que remontarse al inicio de la guerra civil siria, en 2011. A los alzados contra el presidente Bashar al-Assad se unieron diversos grupos: el Ejército Sirio Libre, los kurdos y el Frente Al-Nusra, brazo sirio de Al Qaeda. En los primeros momentos, el régimen liberó a los radicales encarcelados buscando criminalizar a la oposición. Fue en esas cárceles donde los reclutas del Estado Islámico (EI) aprendieron a torturar.

La Internacional del terrorismo

Los radicales transformaron la contienda civil en una guerra santa. Se unieron a ellos sirios e iraquíes, tunecinos, libios y chechenos, pero también británicos y alemanes. Ahora forman un ejército de unos 15.000 combatientes; la mayoría, llegados del extranjero: tres mil de ellos desde Europa. Les gusta combatir de noche, con sus aparatos de visión nocturna. De día se defienden. «Son extremadamente buenos: muy móviles, muy creativos», dice Michael Eisenstadt, del Instituto para la Política en Oriente Medio, en Washington. Desde verano de 2013 han conquistado un territorio del tamaño de Gran Bretaña, con ocho millones de habitantes. El EI tiene su capital en Al Raqa (Siria) y ha eliminado la frontera con Irak. Su jefe es Abu Bakr al-Baghdadi, el hombre que proclamó el nuevo Estado el 27 de junio desde Mosul, segunda ciudad iraquí. 

Lo hizo subido al púlpito de una mezquita de 900 años. Su mensaje a la ‘umma’, la comunidad mundial de musulmanes, fue claro: soy vuestro líder. Al-Baghdadi vestía de negro, ante la bandera negra del EI, color bajo el cual el Islam conquistó un imperio entre los Pirineos y Pakistán en el siglo VIII. Aquel califato duró más de 500 años bajo el dominio de la dinastía Omeya y la Abasí. Sus califas se labraron gran prestigio como regentes tolerantes; las ciudades florecieron como centros multiculturales donde prosperaron la ciencia y el comercio. El líder del EI, sin embargo, no pensaba en los valores de aquella época cuando subió al púlpito para proclamarse califa. 

El objetivo: el Califato

Su nombre completo es Abu Bakr al-Baghdadi al-Husseini al-Qurashi. Un Qurashi es alguien que procede del clan de Mahoma. Y con su nuevo título, ‘califa Ibrahim’, Abu Bakr traza una referencia directa a Abraham, el hombre que construyó la Kaaba en la Meca, y reclama su autoridad sobre los lugares santos del Islam y el dominio de la península arábiga, toda una afrenta a la Casa de Al-Saud, la poderosa monarquía saudí. Pero Al-Baghdadi no se quedó ahí. «Ha llegado el momento de que la ‘umma’ de Mahoma despierte de su sueño. Quedó atrás el tiempo de los lamentos. El sol de la ‘yihad’ se ha alzado. La bandera del Estado Islámico se ha izado. Los muros de los gobernantes injustos han caído. Sus soldados están muertos, prisioneros, vencidos. Los infieles han sido deshonrados. Los castigos corporales de la ‘Sharia’ se aplican de nuevo. Las cruces y sepulcros están destruidos. El sueño que los fieles albergan en lo más profundo de su corazón se hace realidad. Ese sueño es el Califato». 

La vida de las mujeres

Shamila y Salma (nombres ficticios) tienen 15 y 17 años, llevan vaqueros ajustados y están sentadas en una cafetería de la ciudad turca de Urfa. Hace unas semanas iban cubiertas con velo por las calles de Al Raqa, su ciudad. En el califato, las mujeres solo pueden mostrar los ojos. Cualquier otra cosa es ‘haram’, prohibido. Chicas y chicos juntos: ‘haram’. Hombres dando clase a chicas: ‘haram’. La asignatura de Filosofía: ‘haram’. Las estrictas normas de vestimenta entraron en vigor en enero, cuando el EI conquistó la ciudad. Los combatientes repartieron ‘niqabs’ (velos islámicos) entre las familias pobres. Los demás tuvieron que pagarlos de su bolsillo a 20 dólares la pieza. Shamila y Salma, ambas de familia laica, vivieron bajo normas que nunca habían conocido. Su ciudad se transformó. La vida se volvió silenciosa. Triste. Los combatientes fueron a su escuela. Golpearon a los profesores que no les parecían religiosos y a algunos se los llevaron. Al principio, solo golpeaban a los hombres porque no podían tocar a sus mujeres. Más tarde incorporaron a mujeres a sus filas para encargarse de los castigos femeninos. La gente dejó de ir a la plaza central, donde se exhiben las cabezas de los ajusticiados a la vista de los niños. Para ellos, la infancia no existe: a partir de los 15 años los envían al frente.

La tardía postura de Obama

El pasado enero, el presidente de los Estados Unidos, Barack Obama, se refirió a los combatientes del EI como integrantes de «una liga juvenil» a los que no se podía comparar con Al-Qaeda. En mayo afirmó que el EI era ya la «principal amenaza». En agosto ordenó bombardeos en Irak para frenar los avances del grupo y, el pasado 10 de septiembre, en un discurso televisivo desde la Casa Blanca, anunció que extendería los ataques aéreos a las posiciones del EI en Siria. 

Los bombardeos comenzaron hace dos semanas, después de que Obama se asegurara el apoyo de cinco países árabes: Baréin, Jordania, Arabia Saudí, Emiratos Árabes Unidos y Catar, entre los más de 40 gobiernos que se han sumado a la coalición, para dejar claro al mundo aseguró el presidente «que ésta no es solo una lucha de América». Desde el entorno de los servicios de seguridad estadounidenses se afirma que el grupo terrorista es altamente profesional y cuenta con una formación y un equipamiento excelentes. Los combatientes actúan como un verdadero Estado dotado de potentes fuerzas armadas. «Es lo más aterrador que he visto en mis años de servicio», afirma Eric Holder, secretario de Estado de Justicia.

¿En qué se diferencia de Al-Qaeda?

Los combatientes del EI han conseguido lo que Occidente no ha logrado en 15 años: que Al-Qaeda sea irrelevante. El EI es más poderoso y peligroso de lo que Al-Qaeda fue nunca. A primera vista, ambos parecen similares, unidos por su odio hacia Occidente. Pero sus estrategias son diferentes. El objetivo de Bin Laden era el Califato, sí, pero, lejos de luchar contra los regímenes de Oriente Medio, empujaba a sus ‘muyahidines’ a atentar contra los países occidentales que apoyaban a los gobernantes impíos de Arabia. La rama iraquí de Al-Qaeda, de la que procede el EI, no ha tardado en superar en radicalidad a las demás, y su jefe, Abu Bakr al-Baghdadi, no es el nuevo Bin Laden, es el anti-Bin Laden. Quiere el Califato... y lo quiere ya. Por eso lo idolatran los jóvenes radicales, por eso desean unirse al EI. Y lo hacen por miles. «Disponen de miles de miembros, muchos de ellos con más de diez años de experiencia en combate afirma el analista Michael Eisenstadt. Y si han sobrevivido tanto tiempo en el campo de batalla es porque han hecho las cosas bien». El EI ya no muestra ningún tipo de consideración hacia organizaciones como la palestina Hamás o los Hermanos Musulmanes de Egipto. A sus ojos no son más que un puñado de renegados. A fin de cuentas han participado en elecciones, por lo que obtienen su legitimación política de los ciudadanos y no de Alá.

¿Por qué es un Estado?

Lo que hace tan peligroso al EI es su potente organización y su coordinación. Sin ellas, no habría surgido todo un Estado a partir de un puñado de extremistas. La milicia no solo posee campos de entrenamiento y secuestra a occidentales en busca de financiación, también gestiona refinerías de petróleo y recauda impuestos como cualquier otro Estado. En ciudades como Al Raqa, los hombres del EI gestionan el trabajo de los funcionarios de sanidad, enseñanza, seguridad ciudadana y el conjunto de los servicios sociales. En los mercados, sus hombres controlan que las bombonas de butano que se venden estén llenas e imponen precios asequibles en las gasolineras. Simultáneamente, sus unidades de combate persiguen una ambiciosa estrategia expansionista y cuentan en sus filas con militares de alta graduación del antiguo ejército de Sadam Husein, experimentados en el uso de armas químicas y biológicas. Hace unas semanas, reporteros de Foreign Policy descubrieron en un ordenador que había pertenecido al EI documentos para convertir en un arma la peste bubónica.

Disponen de miles de millones de dólares

El EI es el grupo terrorista más rico del mundo, su fortuna asciende a miles de millones de dólares. Antes de los ataques del 11-S, Al-Qaeda tenía un presupuesto anual de unos 30 millones; los atentados en sí costaron un millón. El EI ha ingresado diez millones solo con el pago de rescates, según cálculos de los Estados Unidos. Esa cifra no incluye los ingresos obtenidos por los periodistas franceses y españoles liberados la pasada primavera. Y todavía tiene en su poder docenas de rehenes de países occidentales. El dinero tardará en acabárseles. Los islamistas extraen en torno a 80.000 barriles de crudo al día y consiguen por ello unos dos millones de dólares diarios. El precio del barril en el mercado hoy es de 100 dólares; el EI lo oferta por entre 25 y 60 dólares. Parte lo refina en su territorio, otra parte se desvía al contrabando en forma de crudo y pasa en camiones cisterna a los vecinos Turquía, Irán y Jordania, donde se vende en el mercado negro. 

El EI también usa el petróleo para comprarse el favor de la gente. Una de sus primeras medidas tras conquistar la ciudad de Deir Al-Zur fue bajar los precios de la gasolina. En todo caso, la mayoría de quienes permanecen en territorio EI no lo hacen por lealtad, sino porque no se pueden permitir la huida. Son pocos los que apoyan a los integristas. Cuando, a mediados de julio, un tribunal condenó a muerte por lapidación a dos mujeres acusadas de adulterio, la mitad de la ciudad se congregó en el parque de la ejecución. El EI había llevado un camión cargado de piedras, pero nadie se acercó a cogerlas. Luego llegaron unos combatientes del EI y lanzaron las piedras ellos mismos.

El placer de torturar

En el territorio del EI hay muchas personas con motivos para temer a la muerte. Pero también hay valientes que protestan. Una doctora de Mosul describe en su blog cómo ella y sus compañeras han mantenido la clínica en funcionamiento tras la caída de la ciudad, «a pesar del miedo a ser asesinadas», como cuenta en una de sus entradas. «Aunque hubiéramos tenido la posibilidad de huir y dejarlo todo, no se nos ha pasado por la cabeza ni una sola vez abandonar nuestro trabajo, a nuestros pacientes». Asimismo, el EI impone sus normas de vestimenta en Mosul y lo hace, como cuenta la doctora, «con insultos, amenazas y desprecios». En la puerta del hospital se instalaron vigilantes que prohibían entrar a las empleadas que no fuesen cubiertas.

Algunos miembros del personal les explicaron que no podrían asistir a sus pacientes vestidas así, que con los velos no verían bien en el quirófano. Los hombres del EI respondieron insultando a gritos a las mujeres. Poco después, la doctora publicó otra entrada en su blog, esta vez con un tono más desesperado: «Detrás del fanatismo se esconde algo más que el amor a la religión o al poder. Se esconde algo malvado que aprenderemos a odiar».

La ley del terror total

En territorio del Estado Islámico viven ocho millones de personas bajo un régimen de terror. Imponen su ley a golpe de descuartizamientos, asesinatos comunales, empalamientos, decapitaciones, violaciones o ahorcamientos, dejando los cadáveres en la plaza pública durante días.

Forrados y armados hasta los dientes

Controlan puntos claves del petróleo y el gas iraquí, cuyo contrabando les rinde dos millones de dólares al día. También practican el secuestro, atracan bancos y cobran impuestos. Semejante liquidez les da acceso a armamento sofisticado, además de contar con el arsenal robado a los ejércitos de Irak y Siria y a otros grupos armados.

¿Por qué levantan el dedo?

A estos combatientes les gusta posar de esta guisa. El gesto, sin embargo, no es exclusivo de su organización. Al alzar el dedo índice, los musulmanes de toda índole no solo los ‘yihadistas’ indican su pertenencia al Islam. Con ello cumplen con uno de los cinco pilares de su credo: afirmar su fe en un único Dios y en la profecía de Mahoma. Los miembros del Estado Islámico, en todo caso, suelen completar su pose mostrando un fusil o pisando las armas capturadas al enemigo.

¿Por qué llevan banderas negras?

Trincheras, controles de carretera, puestos de falafel... Allá donde mire en territorio del Estado Islámico, encontrará esta bandera negra con las siguientes frases: «No hay más Dios que Alá» y «Dios. Profeta. Mahoma». El símbolo es un legado de la dinastía Abasí, cuyas tropas, en el siglo VIII, portaban un estandarte oscuro cuando arrebataron el califato a los omeyas. Hoy, el símbolo es usado por islamistas radicales de todo pelaje.

Las nuevas armas de la guerra asimétrica

Vista la fuerza emergente del nuevo régimen califal, poco hay que debatir sobre su pujanza y crueldad. Para comprender su alcance y el nivel de amenaza que comporta, sobre todo para Europa, basta introducirse en la Red y contemplar la propaganda que expande en ella (un instrumento de la ‘guerra ideológica’ muy difícil de contrarrestar) y algunos de sus mensajes puntuales más convulsivos, iniciados el 19 de agosto de 2014 con un vídeo colgado en YouTube que mostraba la brutal decapitación del fotoperiodista estadounidense James Foley en represalia por los ataques aéreos ordenados por la Casablanca contra las posiciones yihadistas.

El frente abierto por el Estado Islámico en Twitter, Facebook, YouTube y en multitud de medios digitales, con contenidos connotados con el terror, la ideología y el triunfo de la yihad islámica, cada vez más en línea con las técnicas y sistemas de producción del propagandismo político occidental, es imparable. Y desde luego evidencia su utilidad como nuevo instrumento de la ‘guerra asimétrica’, en la que David puede vencer fácilmente al Goliat que se ampara bajo el ‘águila calva’ de Estados Unidos, que ya se ha mostrado bélicamente inútil -e incluso contraproducente- en Irak, Afganistán o Siria…

El terror, el miedo y el odio a la cultura occidental -a menudo acompañados de la mentira- corren como la pólvora encendida a través de Internet desde que el pasado 10 de junio los milicianos de Bakr al-Baghdadi tomaran Mosul, la tercera ciudad más grande de Irak después de Bagdad y Basora. El temor a sus represalias, potenciado a través de la Red, era la avanzadilla de los yihadistas y un arma psicológica altamente eficaz más allá de la mera propaganda.

Como relata Oscar Gutiérrez en un reportaje sobre la amenaza yihadista titulado ‘Propaganda de película para el Califato’ (El País 07/09/2014) en Internet “viajan informaciones, opiniones, fotografías y, sobre todo, vídeos con una edición y producción excelentes; con una narrativa audiovisual enganchada a los ritmos del cine y la publicidad”, poniendo de ejemplo las imágenes rodadas con tres cámaras que captan y difunden las plegarias del líder del EI en una mezquita de la Mosul recién conquistada, perfectamente editadas.

“La hidra yihadista del EI se apoya en un sinfín de productoras, equipos de comunicación sobre el terreno, redes más o menos conocidas y webs de soporte que hacen prácticamente imposible cortarle siquiera la cola. A la cabeza están Al Hayat Media Center y Al Furqan, firmas que aparecen en muchos de los vídeos que, por su calidad técnica, más se han devorado en la Red”, continúa narrando Gutiérrez, experto reportero sobre el terreno, advirtiendo que también son habituales las producciones que difunden las ramas simpatizantes yihadistas británica Rayat al Tawheed y francesa Firqat al Ghuraba. Y prosigue:

“Un dron con una cámara incorporada graba imágenes desde el cielo de la ciudad de Faluya (este de Irak), mientras milicianos del EI circulan con sus todoterrenos y fusiles en señal de victoria. Así arranca la película ‘El sonido de las espadas’, una de las cintas más populares bajo el sello de Al Furgan. El aparato no tripulado da vueltas y vueltas hasta que la imagen se funde con un yihadista lanzando un mortero. Siguen los desfiles de victoria, la persecución y asesinato de enemigos, las plegarias de los hombres al mando (en las que aparecen cámaras fotográficas de calidad grabando vídeo)... Terror, triunfo e ideología son los pilares del aparato mediático yihadista”…

Y en este marco de guerra asimétrica, es en el que se debe contemplar también la opinión del secretario de Estado de Defensa de Estados Unidos, ‘Chuck’ Hagel, asegurando que los yihadistas del EI “van más allá de ser un grupo terrorista”, lo que no deja de advertir que combatirlos será tarea larga, difícil y de resultados incierto, como ya lo han sido algunas otras operaciones militares de proyección mal entendidas por la Casablanca. Según el actual jefe del Pentágono, las milicias del Califato “combinan ideología con sofisticadas habilidades militares tácticas y estratégicas, están sumamente bien financiados... Esto va más allá de lo que hayamos visto”.

Paréntesis: Con la debida cautela, también hay que contemplar lo revelado por Edward Snowden, ex especialista de la Agencia de Seguridad Nacional norteamericana (NSA), en cuanto a que Bakr al-Baghda­di, líder del Estado Islámico, es un judío llamado Elliot Shimon, un agente operativo reclutado por el MOSSAD israelí y entrenado en el espionaje y la guerra psicológica contra las sociedades árabes e islámicas. Según lo publicado en el Gulf Daily News, Snowden afirmó que “la inteligencia estadounidense, británica y los servicios secretos israelíes, crearon una organización terrorista capaz de atraer a todos los extremistas del mundo a un sitio, usando una estrategia llamada el Nido del Avispón”…

Es cierto que, como dice ‘Chuck’ Hagel, ahora las cosas son distintas, con independencia de que algo habría que admitir como mal hecho en las invasiones militares norteamericana y de la OTAN a Irak y en la entrega de armas y dinero a los terroristas que desestabilizan a Siria, e incluso en la forma de derrocar el régimen de Muammar el-Gadafi en 2011.

La consultora estadounidense The Soufan Group (TSG), con sede central en Nueva York y especializada en investigación y seguridad en Oriente Medio, ha estimado que al menos 12.000 extranjeros se han integrado ya en las filas militares del EI, incluyendo unos 2.500 provenientes de los países de Occidente que han viajado a Siria e Irak en los últimos tres años (las cifras crecen con notable rapidez).

Al mismo tiempo, identifica al EI como el grupo terrorista con mayor sostén económico del mundo, pudiendo haber recibido más de dos mil millones de dólares de donantes exteriores, además de contar con la venta del petróleo apropiado en los territorios bajo su control y de todo tipo de valores al portador existentes en los bancos ubicados en sus dominios. Por ejemplo, parece confirmada la apropiación de más de 400 millones de dólares en oro depositados en el banco central de Mosul, ciudad conquistada el pasado mes de junio.

Y es en este nuevo escenario de guerra en el que el presidente Obama pretende desarrollar su iniciativa para el aplastamiento militar del EI, en mayor o menor medida apoyada por otros países occidentales e incluso árabes, pero ya fracasada en otros escenarios similares, con el fin de no perder su posición de Gendarme Universal y de no perder el liderazgo de la economía mundial, objetivos a nuestro entender cada vez más difíciles de sostener.

Nadie duda de que -sin ignorar la nebulosa que envuelve su origen o su instigación previa- el Estado Islámico tendrá una fuerte respuesta por parte de Estados Unidos y sus más fieles aliados. Pero las cosas cada vez se van enredando más y ya puede decirse que estamos ante la ‘tormenta perfecta’ del terrorismo yihadista. Ignacio Álvarez-Ossorio, profesor de Estudios Árabes e Islámicos en la Universidad de Alicante, lo describe así en un artículo de opinión publicado recientemente en El País (01/10/2014), en el que se hace algunas preguntas significativas y vaticina, de forma quizás precipitada, el fin de la atrocidad que supone el Califato:

Cuenta atrás para el Estado Islámico

El día D y la hora H contra el Estado Islámico (EI) se han hecho esperar, pero finalmente han llegado. Durante un año y medio, esta internacional del terror ha logrado extender sin obstáculos reseñables sus tentáculos por Siria e Irak aprovechando la progresiva descomposición de ambos países. Para ello ha contado con la connivencia de buena parte de las potencias regionales, que han tolerado, o directamente alentado, a este grupo terrorista transnacional siguiendo la lógica del enemigo de mi enemigo es mi amigo.

Para las petromonarquías árabes, que han financiado con generosidad a los grupos armados salafistas, se trataba de frenar a Irán, su bestia negra y principal aliado de Bachar al-Asad. Por su parte, Turquía, que ha permitido que sus fronteras se convirtieran en un coladero de yihadistas, pretendía impedir que el Kurdistán sirio afianzara su autonomía. Siria, a su vez, permitió que el EI se instalase en su territorio confiando en que su presencia fragmentase las filas rebeldes. De esta combinación de factores surgió una tormenta perfecta cuyas principales beneficiadas fueron las huestes del EI, que llegaron a creerse su propia propaganda y anunciaron el advenimiento de un nuevo califato.

Los recientes ataques contra los bastiones yihadistas en Siria e Irak parecen indicar que este periodo de gracia ha llegado a su fin. La pregunta que flota en el aire es por qué ahora y no antes. Cuesta comprender por qué se ha tardado tanto tiempo en reaccionar y por qué se ha permitido que la situación se deteriorase hasta tal punto. Una de las pocas cosas claras entre tanta nebulosa es que el EI ha aprovechado este precioso tiempo para ganar músculo y transformarse en una amenaza global. Debe tenerse en cuenta que este grupo lleva imponiendo su ley y aterrorizando a las poblaciones locales desde hace meses mientras las potencias occidentales miraban hacia otro lado. Sus éxitos sobre el terreno de batalla han provocado un verdadero efecto llamada de combatientes curtidos en Afganistán e Irak, así como de aprendices de mártires deseosos de dar sentido a sus vidas inmolándose en el camino de Allah. La brutal persecución de las minorías confesionales parece haber despertado a la comunidad internacional de su letargo, pero ha sido la decapitación de dos de sus nacionales la que ha obligado a Estados Unidos a pasar a la acción. Queda por dilucidar si este fue un desafío intencionado por parte del EI o un mero error de cálculo, pero lo que es evidente es que ha abierto la caja de los truenos e iniciado la cuenta atrás para la erradicación del movimiento.

Hoy en día, las potencias regionales e internacionales denuncian sin ambages la brutalidad de sus métodos y su ambición sin límites. Esta sensación de amenaza compartida ha permitido el establecimiento de una amplia coalición de 40 países capitaneada por Estados Unidos que, además, cuenta con una nutrida presencia de países árabes. Si bien es cierto que la Administración de Obama es consciente de que los ataques aéreos serán incapaces de destruir por completo al EI, lo que intenta al menos es reducir al máximo su capacidad bélica. En términos pugilísticos, lo que pretende es llevarle contra las cuerdas, lo que implica, además de golpearle sin pausa, cortar sus vías de financiación, impedir la llegada de yihadistas y evitar su rearme. En definitiva: ponerlo a la defensiva. Para ello no sólo será necesaria la colaboración con los países árabes que se han sumado a la coalición, sino que también será imprescindible el concurso de los ‘peshmergas’ kurdos, los rebeldes sirios y las grandes tribus de la zona, que ya tuvieron un papel destacado en la expulsión de Al Qaeda de Irak en 2007. Sólo la conjunción de los ataques aéreos y la presión terrestre puede, si no derrotar al EI, al menos reducirla a su más mínima expresión. El precio a pagar será inevitablemente alto, puesto que los yihadistas podrían dispersarse y optar por desestabilizar algunos países de la región y, en particular, Líbano y Jordania, los dos eslabones más débiles de la ecuación.

El presidente Obama ha advertido que la guerra contra el EI será larga, entre otras cosas porque despierta más incertidumbres que certezas. Una de las principales incógnitas por despejar es a quién beneficiarán y a quién perjudicarán los ataques. Aunque parece evidente que el EI será la principal víctima, no está claro quién ocupará el vacío que deje. La coalición internacional ha anunciado que trabajará con las fuerzas rebeldes moderadas, en una clara alusión a un Ejército Sirio Libre que no ha dejado de perder posiciones ante el avance de las fuerzas yihadistas hasta convertirse en un rosario de grupos sin un liderazgo centralizado y que, para más inri, depende por entero de la ayuda saudí y catarí. Hoy por hoy parece poco factible que dichas fuerzas tengan capacidad para hacerse con el control de aquellas zonas de las que el EI sea expulsado.

Aunque Estados Unidos no esté dispuesto a reconocerlo, el principal beneficiado de estos ataques podría ser el régimen de Bachar al-Asad. Junto a las posiciones del EI, la coalición internacional está golpeando al Frente Al Nusra, la franquicia local de Al Qaeda. Así las cosas, el Ejército sirio podrá deshacerse de dos de sus más importantes rivales y afianzar los avances alcanzados en los últimos meses. La intervención de Estados Unidos podría tener un carácter providencial para el régimen sirio, que, a pesar de todas las atrocidades que ha cometido, no tiene reparo en seguir presentándose como un mal menor y, sobre todo, como una barrera de contención al movimiento yihadista. En todo caso, por el momento no hay indicios de que la ofensiva contra el EI pueda ser un preámbulo para la rehabilitación internacional de El Asad, al que la mayor parte de la comunidad internacional sigue considerando como un indeseable criminal de guerra.

Aunque la tarea más urgente es evitar que siga creciendo, el combate contra el EI no sólo debería limitarse a su dimensión militar. Además de cortar sus vías de financiación, también debería ponerse un énfasis especial en impedir que las potencias regionales, y en particular Arabia Saudí e Irán, prosigan su peligrosa guerra fría, que ha creado el ambiente propicio para su avance. De un tiempo a esta parte, la instrumentalización de la religión por parte de sus gobernantes ha llegado hasta extremos intolerables convirtiéndose en una pantalla de distracción para despistar a sus poblaciones de los graves problemas de índole política, económica y social que padecen. Esta arriesgada apuesta ha sumido al conjunto de la región en una incontrolable espiral de violencia. Quizás haya llegado el momento de ponerle fin.

Como concluye en su artículo Álvarez-Ossorio, puede que “haya llegado el momento” de poner fin a la barbarie del islamismo radical. Pero una cosa es plantearse tal objetivo y otra muy distinta alcanzarlo. Sobre todo si se tiene en cuenta que la visión de Estados Unidos (que arrastra ciegamente la de sus aliados europeos) tiene más que demostrada su general incapacidad para comprender la realidad del enemigo sobre sobre el terreno ajeno -de forma particular la del yihadismo- y, peor aún, para enfrentarse a ella.

La guerra contra el Estado Islámico difícilmente podrá ganarse manteniendo la misma perspectiva aliada con la que se han combatido los regímenes de Sadam Husein, Muammar el-Gadafi o Bahsar al-Assad, por ejemplo, ni con los medios comprometidos hoy contra el de Bakr al-Baghdadi por la limitada coalición de Estados Unidos, Francia y Reino Unido, acompañada de algunos países árabes que juegan de forma discrecional con dos barajas, y sin un importante ejército de proyección para la ocupación física del terreno. Es decir, sin oportunidad de frenar in situ la progresión de los fanáticos, y -en tal supuesto- teniendo que enfrentar las tropas terrestres a la complicidad de ciertas poblaciones y a las prácticas terroristas de la santa inmolación personal.

De momento, ya hemos visto el fracaso de Francia en la defensa de la integridad territorial de Mali, con las milicias islamistas resurgiendo de sus cenizas cada día. Teatralidades aparte, en Afganistán nada impide que los talibanes retomen el poder con la salida de las últimas tropas de Estados Unidos. En Siria es imposible parar al Estado Islámico sin un acuerdo con el repudiado Bashar al-Assad, cuyo régimen es el más beneficiado por los bombardeos aéreos ordenados desde el Pentágono, tras la paradoja de que sólo su firme resistencia haya evitado un poder integrista en Damasco. Y en Libia, que es otro escenario crítico por su proximidad a Europa, estamos viendo cómo, después de una intervención inicial de corte más bien emotivo y sin una perspectiva estratégica a largo plazo, las potencias occidentales han propiciado un clima de inestabilidad e inseguridad política que facilita abiertamente las apetencias expansionistas del Califato.

Todo ello con independencia de otras cuestiones de entorno que afectan muy sensiblemente a las estrategias de las potencias regionales (como Irán, Turquía o Rusia)…

La tercera invasión europea del Islam

Pero, con todo, la batalla contra el Estado Islámico, es decir la defensa ante la amenaza yihadista, que es la del islamismo más radical comprometido con el aniquilamiento de cualquier principio o valor cultural confrontado, se tendría que dar de forma principal y urgente en Europa (empezando por España). Y trasladar la responsabilidad de combatirlo en su propio terreno a las partes más afectas, representadas no sólo por Arabia Saudí, Catar o los Emiratos, sino también por Rusia, Irán, Turquía…, con el apoyo solidario de la Unión Europea y la OTAN y con los acuerdos políticos necesarios, muy alejados de las torpezas con las que, por ejemplo, se ha provocado la crisis de Ucrania.

Bernard Lewis, el historiador y orientalista británico casi centenario (nacido en 1916), hoy con doble nacionalidad israelí y estadounidense, considerado como uno de los mayores expertos mundiales en las relaciones del Islam con Occidente y acuñador de la expresión ‘Choque de Civilizaciones’ tres años antes que Samuel Huntington la popularizara en su famoso artículo de la revista Foreign Affairs (fenómeno torpemente remedado por Rodríguez Zapatero con su ‘Alianza de las Civilizaciones’), ha constatado una nueva invasión islámica de Europa. Y también graves enfrentamientos entre sectas musulmanas por determinar quién -entre las fuerzas del bien y del mal- lidera el proyecto de ‘lucha final’ para que ‘la verdadera fe’ domine el mundo; puesto que, en este sentido, la yihad está desencadenada por los ‘afortunados receptores del mensaje final de Dios a la humanidad’, fieles que tienen el deber no de mantenerlo egoístamente para ellos mismos, sino de llevarlo al resto de la humanidad.

En ese enfrentamiento, la carrera se ha desatado entre organizaciones terroristas como Al-Qaeda y algunos grupos satélites, explícitos o implícitos, que importan a Occidente el salvajismo cotidiano del Medio Oriente. Pero en ello también compiten países que, como Arabia Saudí e Irán, comparten religión y mensaje divino a la vez que una descarnada rivalidad sectaria interna -entre chiíes y suníes- por controlar la dominación del territorio llamado ‘infiel’.

Lewis, que también ha augurado una “larga y sombría guerra de razas entre las diferentes comunidades en Europa” (ese es un tema igual de próximo pero políticamente más dramático), sostiene sin rodeos que, tras la primera invasión musulmana que llevó el Islam a España y la segunda -la otomana-, que lo intentó siglos después por el lado opuesto de Europa, esta nueva ‘tercera oleada’ invasiva se produce por una doble vía inmigratoria y demográfica, y entre otras cosas ante la nefasta indiferencia occidental.

Este nuevo proceso tras las invasiones que por distintos frentes llegaron a España y a las puertas de Viena (fracasadas), se está produciendo ahora de forma exitosa con la masiva ‘repoblación’ musulmana de toda la Europa Occidental, en un avance que ya se mide por décadas y con un ritmo no sólo sostenido sino de efecto multiplicador, acompañado además -afirma Lewis acertadamente- con la única respuesta política “del auto menosprecio, las auto humillaciones y las disculpas” de los europeos ante el grave fenómeno en marcha.

De hecho, después de predecir próximos tiempos de lucha entre distintas  comunidades en Europa (con tensiones ya manifiestas en el surgimiento de movimientos racistas y neofascistas), Lewis concluye que sin más respuesta disponible que el doblegamiento y la renuncia a los principios y valores culturales propios, “el panorama es bastante deprimente”. Pero, con todo, no parece que la opinión pública europea vaya por el camino de enfrentarse al radicalismo de la penetración musulmana, como vienen denunciando algunos pocos columnistas dispuestos a soportar las consabidas acusaciones de ‘racistas’, ‘intolerantes’ o incluso ‘fascistas’ sólo por defender las señas de identidad propias y alertar sobre los riesgos extremos de permitir tanta intolerancia del Islam contra ellas. O, mucho peor, su intolerancia contra el propio modelo europeo de convivencia, incluido su ordenamiento jurídico.

En esa misma línea crítica se pronunció Henry Porter, columnista habitual en The Observer (el suplemento que incluye The Guardian en su edición dominical), analista acreditado como defensor de las libertades públicas y los derechos civiles, indignado ante el demoledor reportaje emitido en ‘Channel 4’ en el que se mostraban a imanes financiados por Arabia Saudí lanzando los más tremendos mensajes de odio contra Occidente.

Entonces, Porter afirmó en uno de sus artículos de opinión que “la tolerancia a la intolerancia es aún el más acuciante pecado de este país”, refiriéndose a lo que pasaba en Gran Bretaña, argumentando con toda claridad que “si la mayoría de los musulmanes quieren realmente integrarse, deberían empezar por echar a patadas de las mezquitas a los predicadores del odio”. Y concluía: “El Islam tiene mucho de lo que alardear pero sugiero que los misioneros saudíes no tienen nada que ofrecer más allá de problemas”.

Pero es que, ya en abril de 2006, Gadafi había declarado a la cadena de televisión Al Jazeere (financiada por Catar): “Algunas personas creen que Mahoma sólo es el profeta de los árabes o de los musulmanes. Esto es un error. Mahoma es el profeta de todos los pueblos (...). Reemplazó a todas las religiones previas. Si Jesús hubiera estado vivo cuando fue enviado Mahoma, le habría seguido. Todas las personas deben ser musulmanas”.

Y, tras su fanático razonamiento religioso, lanzaba una clara advertencia: “Tenemos 50 millones de musulmanes en Europa. Hay signos de que Alá concederá la victoria en Europa -sin espadas, sin armas, sin conquistas. Los 50 millones de musulmanes de Europa lo convertirán en un continente musulmán en unas pocas décadas”. A continuación precisaba, no sin menos razón: “Alá moviliza a la nación musulmana de Turquía, y la añade a la Unión Europea. Esto son otros 50 millones de musulmanes. Habrá 100 millones de musulmanes en Europa. Albania, que es un país musulmán, ya ha entrado en la Unión Europea (sic). Bosnia, que es un país musulmán, ya ha entrado en la Unión Europea (sic). El 50 por 100 de sus ciudadanos son musulmanes”...

Mensaje que venía a concluir con la perspicaz advertencia de que “Europa está en un aprieto, lo mismo que Estados Unidos”, subrayando con una visión política del problema nada desdeñable que “o se hacen musulmanes en el futuro, o declaran la guerra a los musulmanes”. Una premonición muy afinada de lo que ya hay que admitir como la tercera invasión musulmana de Europa, asentada en sus estructuras políticas, sociales y económicas y, por tanto, ahora muy difícil de rechazar.

Como ya hemos apuntado, la irreversibilidad del fenómeno se sustenta en el hecho de que una cultura (en este caso la europea) necesita una tasa de fecundidad superior a dos hijos por pareja, de forma que si esta generación demográfica es menor, el modelo cultural declina de forma progresiva. De hecho, ninguna cultura ha podido invertir este proceso de degradación con una tasa de fecundidad menor, con independencia de que ya con tasas inferiores al 1,3 sea prácticamente imposible revertir el proceso, entre otras cosas porque también se derrumbaría el modelo económico.

Si una pareja tiene un solo hijo, es evidente que en su generalidad sólo habrá la mitad de hijos que de padres, y si a su vez estos hijos mantienen la misma tasa de fecundidad, sólo podrá nacer un nieto por cada cuatro progenitores. Pues bien, manejando un estudio del 2007, año a partir del que comenzó la crisis económica y desde el que hay que suponer todavía una menor tasa de fecundidad, vemos, por ejemplo, los coeficientes de descendencia siguientes: Francia (1,8); Inglaterra (1,6); Grecia (1,3); Alemania (1,4); Italia (1,2); España (1,1)…

Con la totalización de los países integrados en la Unión Europea, la tasa de fecundidad no va más allá del 1,38, lo que, siguiendo esa dinámica, dentro de pocos años dejará de existir tal y como la conocemos. Y no sólo porque la población aborigen se haya reducido indefectiblemente, sino porque se irá sustituyendo (e incluso se podrá incrementar) gracias a la inmigración musulmana y a su descendencia sobre territorio europeo, proceso detectado ya a partir de 1990 y que en algunas zonas llega a una renovación de la población basada en las familias islamistas hasta en un 90 por 100.

Si tomamos el ejemplo significativo del sur de Francia, tradicional zona de afirmación católica, vemos que el promedio de 1,8 hijos por familia aborigen es sustituido por otro del 8,1 en las familias musulmanas inmigradas, de forma que ya más del 30 por 100 de los menores de 20 años son fieles al Islam y que en sus localidades hay más mezquitas que iglesias del resto de las religiones. Y si consideramos el caso de grandes ciudades, como Niza, Paris o Marsella, esa proporción de musulmanes jóvenes llega al 45 por 100. Dicho de otra forma, las estimaciones demográficas avanzan que más o menos dentro de diez años (a partir de 2025) el 20 por 100 del núcleo poblacional de Francia será musulmán, y que diez o quince años después se darán las condiciones demográficas necesarias para que el país se pueda convertir en una república islámica.

En el caso de Gran Bretaña, la señal de alarma sonó en 2003 y las últimas encuestas y estimaciones demográficas evidencian que su población musulmana crece con tanta rapidez como para que en menos de 20 años el Islam desborde al conjunto de las creencias cristianas. Y el problema es que (sin llegar a la radicalidad del nuevo Estado Islámico) cuando el Islam se convierte en la religión dominante en una sociedad, la Sharia se impone y los no musulmanes pueden ser relegados a la dhimmitud, lo que significa que serán súbditos de segunda categoría.

Al igual que sucede en Paris, el tráfico de las calles de Londres se atasca cada viernes cuando los fieles musulmanes realizan sus oraciones públicas. Y aunque hay leyes en contra de este tipo de manifestaciones, las autoridades suelen mirar para otro lado (en Estocolmo un distrito de la ciudad ya permite que una mezquita realice llamadas a la oración musulmana).

Según David Coleman, profesor de demografía en Oxford, la identidad nacional del Reino Unido se verá muy pronto sometida a un cambio importante que afectará a la cultura, la política, la económica y a la religión, cuando la población netamente británica o europea se convierta en una minoría. Un cambio de transformación étnica y cultural -afirmó- “inesperado e irreversible en la sociedad británica, sin precedente durante al menos un milenio”.

En Holanda el 50 por 100 de los bebés son musulmanes, lo que significa que dentro de poco la mitad de su población será musulmana. En Bélgica el 25 por 100 de la población ya lo es y el 50 por 100 de los nuevos nacidos. Mientras en Suecia algunos disturbios recientes vinculados a la presión inmigratoria, anuncian que el problema de la invasión musulmana no se puede seguir ignorando.

Se podría seguir hablando mucho de lo que sucede en otros países de la Unión Europea, y en particular de sus especiales connotaciones en España. O de cómo el problema islamista afecta, por ejemplo, a la República de Rusia, con más de 30 millones de musulmanes especialmente visibles en sus ejércitos. Pero las cifras y los datos oficiales no terminan de aflorar, acaso por falta de decisión para afrontar una realidad que hasta hoy mismo está siendo admitida, e incluso hasta apoyada, por una sociedad europea en esencia ‘buenista’ o tal vez acomplejada por algunos aspectos de su propia historia poco edificantes.

No obstante, los estudios más contrastados del Pew Research Center, think tank residenciado en Washington DC, ya establecieron en 2011 que el número de musulmanes estaba creciendo exactamente el doble que el resto de la población mundial. Y que en el año 2030 un mínimo del 25 por 100 de esa población mundial profesará la fe islámica.

En cualquier caso, el creciente fenómeno inmigratorio, las facilidades del transporte transfronterizo, la reafirmación de los derechos humanos y de la igualdad social -a veces en forma de mero populismo-, junto a otros aspectos de naturaleza política, impiden hacer un seguimiento puntual del trasvase poblacional y cultural a nivel mundial, con datos actualizados. Si bien todo apunta a que la tercera invasión concreta de Europa por el Islam es, en efecto, un hecho real, desbordante y de momento imparable.

Entonces, hay que volver al inicio de esta Newsletter y, ante la evidencia de que el islamismo radical está penetrando progresivamente en la Unión Europea, imponiéndose sobre sus propios principios y valores culturales sin ningún freno institucional, preguntarse por qué extraña razón se ataca al Estado Islámico en su propio territorio -militarmente adverso-, mientras se permite la tercera invasión del Islam del viejo continente. Algo sin duda verdaderamente incongruente.

Fernando J. Muniesa

Uno de los más graves y habituales errores de los políticos en el poder, es creer que el resto de los mortales (los gobernados y la propia oposición) son gentes estúpidas y desinformadas incapaces de analizar sus mensajes y distinguir las mentiras y tergiversaciones de la verdad que contienen frente a la palpable realidad de los hechos. Y ese es un camino por el que suelen irse deslizando de forma indefectible hacia la derrota electoral.

La credibilidad -frente al descrédito, la desconfianza o el escepticismo- es un concepto que las personas utilizan para decidir si creen o no creen una información de la que no son testigos directos. En su aplicación intervienen componentes objetivos y subjetivos que se conceden a las fuentes, canales o plataformas de difusión de información, que ahora no parece necesario precisar.

Lo que si hay que destacar es que la credibilidad está íntimamente ligada a la verdad, de modo que la persona o fuente vinculada poseerá un mayor grado de credibilidad si no se ha visto involucrada en episodios mentirosos o en afirmaciones deshonestas. Por otra parte, la credibilidad también se puede perder -cosa frecuente en la vida política- no por faltar a la verdad, sino por una acumulación de errores en la difusión de la información o de incongruencias y carencias en las opiniones o interpretaciones con las que se presenta la realidad.

La pérdida de credibilidad del Gobierno de Rajoy se inició de forma muy temprana, creciendo rápidamente a lo largo de la legislatura, como han venido atestiguando las sucesivas oleadas barométricas de valoración social ofrecidas por diversos institutos demoscópicos. Algo sin precedentes en el nuevo régimen democrático, a pesar de haber estado respaldado ab initio con una mayoría parlamentaria absoluta.

Un proceso que los responsables del PP suelen justificar con el manido recurso al ‘no sabemos vender las cosas que hacemos bien’, aunque cuando las cosas que se hacen bien sean de muy fácil y convincente presentación ante la opinión pública. Pero es que, sea como fuere, y estando ya en la recta final de la legislatura con procesos electorales a pocos meses vista, Rajoy sigue enrocado en una torpe política de comunicación -y no digamos en la propia política económica- perfecta para alcanzar el insólito objetivo de ‘credibilidad cero’; lo que tampoco impide que el PSOE y otros partidos de la oposición se encuentren en la misma o parecida situación.

Dejando a un lado el indigesto tema de los incumplimientos electorales, de por sí capaz de acabar con la credibilidad de cualquier político, insistir como insiste el Gobierno y el aparato del PP en que la crisis ya está superada, no deja de desbordar cualquier planteamiento de astucia propagandista para rayar en la pura estulticia. Con inevitables consecuencias de castigo en las urnas.

La torpeza gubernamental de predicar en el desierto

Ahora, y soportando la grave crisis económica y de agobio social que se soporta, la secretaria de Estado de Presupuestos y Gastos del Ministerio de Hacienda, Marta Fernández Currás, ha tenido la ligereza (por no hablar de desvergüenza) de afirmar a bombo y platillo que el actual Gobierno “ha sacado a España de la crisis”. Alegría que sigue la pauta marcada por el propio Rajoy antes de iniciar sus vacaciones veraniegas y, claro está, en contra de la realidad más palpable y agotando con ello los ya escasos restos de credibilidad  gubernamental.

Su mensaje de prepotencia gubernamental se prefabricó el pasado mes de febrero en la ‘Convención Nacional 2014’ del PP celebrada en Valladolid, la de “España en la buena dirección” y “El PP o la nada”. Pero, sin mejores ideas ni apoyos argumentales, el “Hemos zanjado la crisis económica” se relanza ahora como idea-fuerza del nuevo curso político, sí o sí; es decir, al margen de la realidad y en línea -valga el símil- con esa reprobable práctica periodística que se niega a que la verdad pueda matar un buen titular de prensa.

El exceso comunicativo (por no hablar de esperpento) de la responsable de Presupuestos y Gastos del Gobierno, tomó cuerpo durante un debate del PP celebrado en Ávila el pasado 27 de septiembre bajo el lema ‘Juntos salimos: Los Presupuestos del Empleo’. Allí, Marta Fernández, gallega y marianista hasta las cachas, no se cortó un pelo para afirmar rotundamente que el actual Gobierno “ha sacado a España de la crisis”, encantada de escucharse a sí misma.

Claro está que al hacer un último balance del pasado curso político justo antes de iniciar sus vacaciones, con los medios informativos convocados en Moncloa (01/08/2014), el propio Rajoy decretó el fin de la crisis, afirmó también con gran gratuidad y sin el menor rubor, no que la economía sigue más o menos estancada y sin perspectivas claras de futuro (que es como está), sino que “la recuperación ha venido para quedarse” y que éste es un “pronóstico inapelable”: así que -vino a decir- todos a la playa y aquí paz y después gloria…

Pues eso. De regreso de la playa, Marta Fernández se puso los Presupuestos Generales del Estado (PGE) para 2015 por montera y siguiendo en la estela comunicativa de su jefe supremo dijo que son los del “crecimiento y el empleo”, algo “para celebrar”, recalcando la idea-consigna del acto: “Juntos estamos saliendo”. Y, más todavía, recordó que los presupuestos de 2014 eran los de “la recuperación” (que nadie ha percibido) mientras que -mucho mejor- los de 2015 son (no podría ser) los de “la consolidación” e incluso los de “la aceleración de la recuperación”.

En ese mismo sentido, señaló que los PGE del próximo ejercicio “devuelven la promesa del Gobierno”, que en su opinión tenía la “misión fundamental de sacar a España de la crisis”, según ella obviamente cumplida.

“Lo hemos hecho: Hemos sacado a España de la crisis”, afirmó para señalar a continuación que, de ser “el enfermo de Europa”, nuestro país ha pasado a ser considerado en Alemania -alucina vecina- como uno de los “futuros motores del crecimiento europeo”. Según Marta Fernández, España es uno de los “socios destacados y casi VIP de la Unión Europea”, porque en su opinión la política desarrollada por el Ejecutivo es “de primera división”.

Y, más o menos en la misma línea triunfalista, la secretaria de Estado de Empleo, Engracia Hidalgo, también participante en el debate propagandista de marras, destacó la “ingente tarea del Gobierno” en los últimos dos años y medio, lo que ha contribuido a meternos en “la senda de la recuperación, el crecimiento y el empleo”.

Por su parte, María Dolores de Cospedal, encargada de clausurar el acto como secretaria general del PP, sostuvo que “ahora” la discusión es “si España va a crecer el 1,8 o el 2,1%”, mientras que, “hace tres años, España era el gran problema de Europa”. “Cuando se crece, se crea empleo y juntos salimos, aunque hay algunos que, con su ceguera, no se dan cuenta de lo que le están quitando a los ciudadanos”, declaró.

En esa misma línea, recordó que el PP había “defendido” a su Gobierno “en momentos muy complicados”, cuando tuvo que tomar decisiones difíciles para “salvar a España de una intervención” (no se referiría a la del sector bancario) y que se había “garantizado” la sociedad del bienestar y las pensiones, sin congelarlas en estos años, proclamando que “el PP es la garantía de las pensiones”. Y destacó que los Presupuestos del Estado para 2015 incluyen “por primera vez” una cantidad para pagar los intereses de la deuda “sustancialmente menor” que en 2014 (sólo 900 millones de euros menos), y también un incremento del 16% en políticas de activación, lo que permitirá acabar 2015 con “más de 600.000 empleos” creados…

Todas ellas lecturas de los PGE tan triunfalistas como increíbles y en total sintonía con las declaraciones realizadas a continuación, el pasado 30 de septiembre, por el propio ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, Cristóbal Montoro, al presentarlos en el Congreso de los Diputados. Y, por supuesto, acordes con las muletillas repetidas por todo alto cargo que se pronuncie sobre el tema (la vicepresidenta Sáenz de Santamaría reiteró de forma aplicada: “Los Presupuestos de 2015 son los de la consolidación de la recuperación y del empleo”).

Claro está que el portavoz del PSOE en el Congreso, Antonio Hernando, se apresuró a calificar esos mismos presupuestos elaborados por el Gobierno para la consolidación y aceleración de la recuperación económica, como los de la “desigualdad”, afirmando que enmascaran recortes de miles de millones de euros en sanidad, educación y servicios sociales. En una rueda de prensa celebrada sobre la marcha en Almería, manifestó críticamente: “Van a ser los presupuestos que consoliden la destrucción de más de 400.000 empleos a lo largo de la presente legislatura”.

El diputado socialista emplazó al PP y al Gobierno a que en su tramitación parlamentaria “admitan y colaboren” con las fuerzas de la oposición “para mejorarlos” evitando que sean de nuevo “presupuestos de la desigualdad y, por tanto, inútiles”. Para Hernando, estos presupuestos “no combaten” el “principal problema” actual en España, el desempleo, puesto que no “sirven para mejorar la economía ni para crear empleo”, concluyendo que Rajoy comenzó su legislatura con unos presupuestos “que pusieron de manifiesto las mentiras de la campaña electoral” y que ahora “va a terminar con unos presupuestos que demuestran el fracaso de sus políticas y de sus reformas para acabar con el desempleo”.

Un conjunto de críticas luego ampliadas y compartidas por el resto de los partidos de la oposición con pocos matices diferenciales. Es decir, como ha sucedido en otras ocasiones, el Gobierno defiende y magnifica su trabajo con todo tipo de artificios contables e interpretativos, mientras que la oposición trata de desacreditarlo pero sin presentar otras alternativas más o mejor fundamentadas.

Hasta ahí, cada uno en su papel y sin dar más de sí. Lo que pasa es que, de entrada, el ciudadano de a pie se queda perplejo ante las afirmaciones y las directrices económicas del Ejecutivo, reafirmando por activa y por pasiva su falta de confianza en unas y otras, simplemente porque la realidad del día a día -su realidad vital- se lo impide, consolidando en el cuerpo social una falta total de credibilidad e insolvencia gubernamental.

Y así se da la gran paradoja de que, por ejemplo, cuando TVE publicita urbi et orbi las consignas del Gobierno, las encuestas con cámara y micrófono en mano que pretenden apuntalarlas como sea, resulta que las desbaratan. Porque los encuestados niegan la mayor en sus respuestas y afirman que la crisis continúa y que lo de la recuperación económica es un cuento que atenta contra la inteligencia y el sentido común de la ciudadanía.

Dejando a un lado las tracamandangas contables y estadísticas utilizadas por el Gobierno para presentar los datos macroeconómicos a su mejor conveniencia (por ejemplo, incorporando al PIB una estimación del negocio ilegal de las drogas y la prostitución -¿¿??- para reducir su proyección sobre la deuda pública y rebajar el déficit de 2013 del 6,62 al 6,33%, o alterando los factores del IPC con objeto de presentar el índice de inflación y el poder adquisitivo de los salarios y las pensiones ‘a medida’), hay negaciones de la realidad que claman al cielo.

La más impresentable de todas es la de insistir machaconamente en una falsa “consolidación de la recuperación y del empleo”. Sobre todo teniendo como tenemos 5,6 millones de desempleados, una tasa de paro del 24,47% (según la EPA del II Trimestre de 2014) y con una continua reducción de la población activa por emigración que se deja de contabilizar como ‘parada’ o ‘desempleada’.

A tenor de lo recogido en algunos análisis de servicios de estudios solventes (como el de La Caixa), el desempleo en el pasado ejercicio de 2013 no superó los 6 millones de parados sólo gracias a la válvula de escape que supuso la emigración de trabajadores en paro, forzados a buscar empleo fuera de España.

El propio presidente de la CEOE, Joan Rosell, acaba de reconocer que se crea “poquito” empleo y se destruye “muchito”. Y lo cierto e irrefutable, a pesar de los muchos jaleadores interesados que tiene la ineficaz política económica del Gobierno, es que si en vez de manejar estadísticamente ‘puestos de trabajo’ se manejaran ‘jornadas de trabajo’ estándar, el total de la carga laboral del país o de puestos de trabajo ‘constantes’ se traduciría en un paro real muy próximo al 30%, desbordando con mucho el existente antes de las últimas reformas laborales del PP y heredado de la anterior legislatura.

Dicho de otra forma, el empleo actual no es ni mucho menos empleo a tiempo completo sino ‘empleo parcial’ (en muchos casos ‘medios empleos’), aunque el Gobierno sí que los contabiliza uno por uno como trabajadores cotizantes y no como ‘medio cotizantes’. En consecuencia, está claro que en el empleo real -cosa muy distinta de la afiliación a la Seguridad Social- no se avanza ni un paso, sino que más bien seguimos estancados o incluso retrocediendo, tanto en términos cualitativos (con jornadas parciales y peor retribuidas) como cuantitativos o del tamaño real de la masa laboral y de las horas de producción; y que si en España hemos tenido una tasa de actividad laboral históricamente baja, ahora está en su peor registro (en torno a un 60% de ocupación).

¿Y qué pasaría si, de repente, los dos millones de españoles hoy residentes en el extranjero según el padrón oficial (en realidad puede haber muchos más), o una buena parte de ellos, regresaran para apuntarse al desempleo nacional…? ¿Seguiría el Gobierno hablando tan alegremente como habla de una inexistente “recuperación del empleo” o reconocería por fin la realidad del triste panorama que tenemos delante de nuestras narices…?

Con todo, lo más aberrante de los PGE para 2015 es que se han elaborado supeditados a una evolución positiva de la economía europea, de forma que, de no sustanciarse esta premisa estimativa, su eficacia será nula. Y hasta suicida, dado que el ministro Montoro ha pasado olímpicamente de tener previsto un plan presupuestario B ante la más que posible eclosión de una tercera crisis económica de ámbito continental motivada por causas exógenas y de geopolítica, sobre la que ya han advertido seriamente tanto Mario Draghi, presidente del Banco Central Europeo (BCE), como Christine Lagarde, directora del Fondo Monetario Internacional (FMI).

De hecho, ésta última autoridad económica no dudó en señalar el pasado 2 de octubre en Washington que el repunte de la economía global está siendo “mediocre” y en anticipar que en 2015 será “modesto”. Por tanto, nada que ver con lo que espera el Gobierno de Rajoy para que el tirón de la economía exterior le saque las castañas del fuego, dado que la baja tasa de inflación, la pérdida de poder adquisitivo de los asalariados y pensionistas, la falta de créditos al consumo… y, en definitiva, el desprecio del modelo de economía productiva (con un crecimiento cierto del empleo y los salarios para que puedan crecer el consumo y la inversión), poco o nada se aporta a la falsa “recuperación” que proclama el Gobierno.

Christine Lagarde, marcó la agenda de la reunión anual del FMI con estas palabras: “Sí, está habiendo una recuperación. Todos la sentimos. Pero el nivel de crecimiento y de empleos no son lo suficientemente buenos”. Y por eso ha pedido a los líderes convocados a la reunión de Washington más ambición y más esfuerzo para combatir de verdad la crisis económica, tarea que Rajoy y su Gobierno ya dan por hecha presentándose como si fueran los chicos más listos de la clase.

La recuperación de la última crisis -insistió la directora del FMI- está siendo “decepcionante”, “quebradiza” y “desequilibrada”. Y dejó clara la amenaza persistente de los riesgos y la posibilidad de que el crecimiento se quede bloqueado a estos niveles “mediocres”, por debajo del potencial, añadiendo: “Esperamos solo un modesto repunte para 2015”…

¿Por qué, entonces, el Gobierno del PP insiste en magnificar los muy pobres resultados de su política económica y en tratar inútilmente de embaucar con ellos a una sociedad que tiene perfectamente medida y sufrida la realidad del desempleo y la crisis económica…? Eso es, entre otras cosas, ‘predicar en el desierto’: práctica que le está hundiendo de forma inexorable entre el desdén del electorado.

¿Es posible que el ministro de Hacienda haya perdido la cabeza…?

Pero está claro que lo que piensen Lagarde y los economistas del FMI (o el BCE) nunca ha impresionado mucho al profesor Montoro. Hace un año, cuando participó en el debate sobre ‘El potencial de España’ celebrado en la Escuela de Verano del PP de Gandía en septiembre de 2013, ya proclamó que “España es el gran éxito económico del mundo”.

Prematuramente instalado en el triunfalismo más absoluto, liderado desde luego por el propio Rajoy, el titular de Hacienda y Administraciones Públicas argumentó su alocada afirmación con las siguientes palabras: “Cuando uno examina un manual de crecimiento económico, realmente España está en el máximo en ese manual, en la parte aplicada. ¿Cuáles son las teorías modernas del crecimiento económico? Las que sitúan a España junto a otros países, efectivamente asiáticos”. Tal cual.

Entonces, el ministro Montoro presumió de una acelerada recuperación económica, proclamando un “fenómeno inédito” que -según dijo- se estaba dando “a una velocidad que no era esperable” y que nadie pronosticó, ni el Gobierno español ni los organismos internacionales.

Allí, afirmó que “nunca un país con un tipo de cambio fijo había conseguido un superávit de cuenta corriente de casi un 300%”. Y cual quijotesco portento de la política nacional (confundiendo algunos molinos de viento con la realidad macroeconómica) sostuvo: “Está ocurriendo un fenómeno inédito de un ajuste que permite que el país vaya a una velocidad que estamos rompiendo los pronósticos”, lamentado que en el país faltase pedagogía para explicarlo.

En su sorprendente discurso, Montoro llegó a reclamar a los millones de españoles que están en el paro que “miren a la gente que está trabajando, miren la gente que va cada día a su trabajo, que ha sido capaz de encontrar trabajo, que ha emprendido y ha creado puestos de trabajo en nuestro país como nunca había ocurrido en nuestra historia”. Añadiendo sin un ápice de rubor la siguiente proclama: “Somos el ejemplo del mundo”…

Y en concordancia con esta teoría visionaria de Montoro, el ministro de Economía, Luis de Guindos, también declaraba el año pasado al Financial Times de forma no menos gratuita que “empezamos a ver la luz al final del túnel”. Mientras el presidente del BCE avanzaba que la recuperación en Europa estaba “muy verde” y que no compartía “ese optimismo”, posición coincidente también con la del G-20.

Cierto es que teóricamente el baremo para determinar que una economía crece es que haya dos trimestres consecutivos de crecimiento del Producto Interior Bruto (PIB), efecto levemente alcanzado en los últimos periodos contables, aunque introduciendo en su medición cambios metodológicos de maquillaje (por ejemplo, la estimación del negocio ilegal de las drogas y la prostitución). Pero, aun con todo eso, en el currículum del Gobierno siguen sin borrarse los seis millones de parados computados en la EPA y una brutal e imparable deuda pública que ya supera el 100% del PIB (galopante durante el mandato de Rajoy) y que es la segunda mayor del mundo tras la de Estados Unidos…

Volviendo, pues, a la racionalidad, conviene constatar que entre alegría y alegría del Gobierno, que como hemos dicho no dejan de ser auténticas prédicas en el desierto, algunas editoriales y análisis económico-financieros desapasionados ponían el punto sobre las íes del propagandismo oficial. Así, El País (15/08/2014) alertaba en una de sus editoriales sobre el parón del crecimiento y la baja inflación, llamando a frenar el triunfalismo y la carrera desbocada por subir cada semana las previsiones de un crecimiento en el que pocos creen y que, una vez incumplido, dejará en triste evidencia los PGE para 2015:

Eurozona estancada

El estancamiento de la economía de la eurozona en el segundo trimestre de este año es una llamada de atención muy seria a las políticas que se están aplicando o recomendando en la fase de recuperación desde los propios Estados europeos y desde Bruselas. La vuelta de caídas trimestrales del PIB en Alemania e Italia (-0,2% en ambos casos), junto con el parón de Francia, sugieren que la fase de recuperación puede sufrir una grave regresión y convertirse en una recaída si no se adoptan las medidas económicas y monetarias que requiere tan inquietante situación. La zona euro vive en un escenario de crecimiento estancado con una tasa de inflación muy baja, cuyas consecuencias ya están a la vista: dificultades para reducir el endeudamiento y el desempleo, rentas más bajas y probabilidad de empeoramiento de las condiciones financieras públicas y privadas.

El Fondo Monetario, Bruselas y el BCE han alertado de forma persistente sobre la debilidad del crecimiento europeo; debilidad agravada además por la guerra comercial con Rusia y las tensiones energéticas latentes en los conflictos de Irak y Libia. Las estadísticas del segundo trimestre indican que la debilidad afecta al propio corazón de la eurozona (Francia y Alemania), mientras que España o Portugal alcanzan crecimientos intertrimestrales del 0,6%. El análisis parcial, es decir, el que consiste en celebrar lo bien que les va a los periféricos y lo mal que lo están pasando los países centrales, es incorrecto. Alemania y Francia, se quiera o no, actúan o deben actuar como polarizadores del crecimiento del resto del área; si se estancan o caen, la recuperación en España y Portugal resultará dañada. La exportación española, debilitada en los últimos meses, queda muy expuesta por la debilidad alemana.

Lo que debe hacerse en este momento parece claro en términos económicos, pero es difícil de articular en términos políticos para el conjunto de Europa. Las políticas de restricción a ultranza del gasto público ya no tienen sentido (si es que lo tuvieron alguna vez); el crecimiento debe fundarse en el consumo y en el ahorro; uno de los objetivos prioritarios debe ser el recorte de la deuda y tiene cierta urgencia corregir la baja inflación (que obstaculiza, entre otras cosas, el pago de la deuda).

Todo esto exige una respuesta europea; las acciones parciales de los Estados no enderezarán la situación, incluso aunque acierten con sus políticas fiscales. La amenaza de un estancamiento con baja inflación, que ya no es una hipótesis lejana, es una de las razones por las que cabe pedir una implicación mayor del BCE en las políticas no convencionales. Hay que insistir en que las decisiones monetarias heterodoxas no pueden demorarse mucho más.

En este entorno de parálisis, la posición correcta del Gobierno español consiste de entrada en abandonar la carrera desbocada por subir cada semana las previsiones de crecimiento. La deuda (por las nubes, un billón de euros), la inflación (por los suelos, igual que el ahorro) y el desempleo no autorizan tanto rapto de optimismo.

Apenas una semana después de publicarse esta editorial de El País, Agustín del Valle Garcés, profesor de Teoría Económica en diversas Universidades y de Entorno Económico en varias Escuelas de Negocio, especialmente en la EOI donde ejerce la docencia desde principios de los años 90, profundizaba en esta misma realidad económica -distorsionada por el Gobierno- en un profundo, ponderado y elocuente artículo de opinión reproducido en el mismo medio informativo (24/08/2014).

En él, éste reconocido analista económico, que además ha sido director del Servicio de Estudios y asesor de Presidencia sucesivamente en los bancos Urquijo, Hispano Americano y Central Hispano (últimamente ha ejercido de asesor en la Fundación Banco Santander), negaba que nuestro país sea en modo alguno ‘locomotora europea’ y sostenía que, bien al contrario, si Europa se estanca económicamente, el actual supuesto de que España se recuperará, es inviable:

Eurozona estancada: dos lecturas

Las cifras publicadas la semana pasada sobre el crecimiento español y el estancamiento de la eurozona en el segundo semestre pueden dar origen a dos lecturas antagónicas. La primera enfatizaría el dinamismo de nuestra economía frente a la debilidad de la eurozona, gracias a las “audaces” (según la Comisión Europea) reformas del Gobierno. La segunda subrayaría la gravedad que representa el estancamiento europeo para nuestra recuperación, cuestionaría las políticas y reformas gubernamentales y urgiría un giro radical de las políticas económicas europeas y españolas.

Es cierto que entre abril y junio la economía española creció el 0,6% intertrimestral frente al estancamiento del conjunto de la eurozona, determinado principalmente por las caídas del 0,2% en Alemania e Italia y el nulo crecimiento en Francia. Además, casi dos tercios del crecimiento nacional se debió a la demanda interna. Pero también es verdad que las exportaciones son cruciales para salir de la crisis ante nuestra elevada deuda exterior neta y, sobre todo, dadas las dificultades tanto del crecimiento del consumo, con salarios a la baja y fuerte endeudamiento familiar; como de la inversión, con crédito difícil y caro para las pymes. En este sentido, las exportaciones a los grandes países europeos son las más relevantes por su especial peso en la economía española, frente a la fragilidad de los países emergentes y a la difícil situación de la economía portuguesa, nuestro tercer cliente comercial.

No parece, pues, sensata una lectura triunfalista de la supremacía nacional en el crecimiento frente a la eurozona. El estancamiento europeo debe ser motivo de grave preocupación para la economía española: según los últimos datos, las ventas de mercancías al exterior encadenan ya tres meses en números rojos, lo que podría dificultar la revisión al alza del PIB para 2014 prevista por el Gobierno. No somos la locomotora de Europa sino al revés y las perspectivas no son halagüeñas: Italia está en recesión, el futuro de Francia es incierto y Alemania, además de verse previsiblemente afectada por el conflicto ucranio, no está dispuesta a acelerar su crecimiento.

Las causas de nuestro dinamismo son incontestables para el presidente Rajoy: el mayor crecimiento español demuestra “que se hizo lo que había que hacer”. Afirmación, cuando menos, discutible. Es cierto que la situación actual ha mejorado notablemente respecto a la economía semicaótica y desesperanzada de finales de 2011 y que las actuaciones del Gobierno, especialmente las referidas al saneamiento de las cuentas públicas, han contribuido a este cambio. Pero no es claro que la política económica o las reformas realizadas hayan sido siempre las más adecuadas ni la única alternativa posible. Permítanme algunas matizaciones.

En las políticas, sólo apuntaré dos datos fundamentales. No es posible olvidar que la segunda recesión, con sus fuertes secuelas de desempleo, obedeció claramente a la excesiva contracción fiscal impuesta por Alemania y seguida con especial entusiasmo por el actual Gobierno. Ni tampoco se puede desconocer que la recuperación española no ha sido impulsada prioritariamente por las políticas del Ejecutivo, sino por la expansión europea, la reducción de la prima de riesgo consecuencia de las palabras de Draghi y el sacrificio de los trabajadores, que aumentaron la competitividad española con reducciones salariales y aumentos de productividad derivados del mayor desempleo.

En cuanto a las reformas, la laboral acertó al flexibilizar el mercado y reducir las indemnizaciones por despido, pero no introdujo el contrato único para afrontar eficazmente la temporalidad y olvidó las imprescindibles políticas activas de empleo. Como consecuencia, se está creando un empleo cualitativamente precario (temporal, a tiempo parcial y con salarios excesivamente bajos) y cuantitativamente insuficiente: al ritmo de la última EPA se tardarían más de diez años en recuperar el empleo anterior a la crisis.

La reforma financiera culminó la iniciada anteriormente solicitando el rescate europeo, algo ciertamente inevitable dado el brutal deterioro al que los últimos Gobiernos habían conducido al sistema financiero. Pero el contribuyente ha pagado un coste injusto y desorbitado y todavía no se han logrado aumentos significativos del crédito. De las restantes reformas, destaca la ocasión perdida para realizar una verdadera reforma fiscal, limitándose a una indiscriminada reducción impositiva con fines electorales. La reforma de pensiones, acertada en lo esencial, es abiertamente insuficiente y habrá de revisarse en el futuro. Finalmente, no creo que nadie otorgue el carácter de reforma a los arbitrarios recortes del sistema sanitario para reducir el déficit o a la nueva ley de educación.

En resumen, crecemos y creamos empleo débilmente, pero no siempre como consecuencia de unas adecuadas políticas económicas y reformas. Indudablemente, la recuperación debe depender principalmente de nuestra política económica y de nuestras reformas, pero también está fuertemente ligada a Europa. Por ello, habrá que afrontar la debilidad de la eurozona con cambios fundamentales en la política y en las instituciones comunitarias.

Las directrices de Juncker son una esperanza, pero insuficiente. Las políticas de la eurozona deben ser más expansivas. Habrá de dilatarse la senda de reducción de los déficits públicos y fortalecer las inversiones gubernamentales. Y, sobre todo, debe cambiar radicalmente la actuación del BCE: es hora de emprender, pese a los halcones germanos ultraortodoxos, una contundente política monetaria expansiva heterodoxa pues de ella depende aumentar el crédito en muchos países, evitar la deflación, una necesaria depreciación del euro y el desendeudamiento público y privado. Sin estos cambios, la zona euro difícilmente saldrá de su estancamiento.

En línea con estas directrices para Europa, España deberá realizar una política fiscal selectivamente expansiva, fortalecer los mecanismos de concesión de créditos, incentivar el desendeudamiento privado, corregir las carencias de la reforma laboral y acometer las reformas pendientes (fiscal, sanitaria, educativa, administrativa y de mercados).

Pero, además, es absolutamente necesario afrontar nuestra grave lacra de encabezar el ‘ranking’ europeo de aumento de la desigualdad hasta niveles abiertamente intolerables. Una desigualdad que el Gobierno no acaba de asumir pero claramente desencadenada en estos años de crisis. Por un lado, el aumento del desempleo derivado de la contracción fiscal, la reducción salarial acentuada por la reforma laboral y los recortes de todo tipo para reducir el déficit (sanitarios, educativos, de remuneraciones de funcionarios, de subsidios al desempleo, etcétera) han deprimido, en muchos casos hasta niveles de pobreza, las rentas de la mayoría de la población. Por otra parte, el crecimiento sustentado en los bajos costes salariales ha empujado al alza márgenes empresariales y cotizaciones bursátiles propiciando la mejora de las rentas del capital y aumentando el número de millonarios. La brecha de la desigualdad se ha ensanchado. Y las consecuencias son devastadoras: en España se está deteriorando gravemente la cohesión social, cada vez estamos más expuestos a populismos de todo signo y, como sostienen Krugman, Stiglitz y un elevado número de prestigiosos economistas, la desigualdad constituye un lastre para el crecimiento económico.

No somos la locomotora europea: al contrario, si Europa se estanca, España no se recupera. Pero, además, si no corregimos esta injusta desigualdad, no será posible un crecimiento económico robusto y digno.

Mientras los que saben y no condicionan sus opiniones profesionales con las conveniencias políticas o partidistas ponen el pernicioso propagandismo gubernamental en su sitio, el ministro de Economía y Competitividad, Luis de Guindos, insiste en que España tiene su propia “hoja de ruta” y pontifica:

“El Gobierno tiene su propio esquema de reformas y va a continuar con algunas. Eso es lo que ha sacado a España de la crisis y ha evitado caer en el abismo”.

Pero, en paralelo, el Banco de España confirma que las “raíces vigorosas” de la recuperación económica marianista seguirán alumbrando brotes verdes ilusorios hasta más ver. Porque, frente a la opinión del equipo económico de listos y pipiolos que le hacen el caldo gordo al presidente Rajoy, con un auténtico émulo del ‘profesor Chiflado’ a la cabeza, es imposible que España salga de la crisis si su principal cliente comercial (Francia) está postrado económicamente.

Y porque, diga lo que diga el Gobierno, la economía española carece del dinamismo necesario para lanzarse a sustituir un mercado tan importante como el francés de un día para otro, mientras toda Europa pierde pulso económico, como reconocían estos días Mario Draghi y Christine Lagarde. ¿Qué pasaría si, por poner un ejemplo, el sopapo que el pequeño veto comercial de Rusia ha supuesto para el sector agroalimentario español, se amplía de repente a los sectores vinícola y turístico…?

De momento dejémoslo ahí y no tentemos al diablo con llamadas de mayor calado. Pero dejemos claro también que, insistiendo el Gobierno y el PP en una falsa superación de la crisis económica como insisten, además de llevar la nave a ningún puerto, están agotando ya la escasa credibilidad social que aún pudiera quedarles entre sus electores más incondicionales.

Y si no, al tiempo.

Fernando J. Muniesa

La reforma limitada de la Constitución que con tanto afán propone Pedro Sánchez en una dirección ‘federalizante’, según él para ‘fortalecer’ el Estado de las Autonomías, sólo es un ‘más de lo mismo’ interesado para frenar la ruptura del PSOE con el PSC y acrecentar la de la Nación Española. Otro embaucamiento político más, prevaleciéndose del supuesto candor de los españoles, que muestra una clara continuidad con el entreguismo zapateril y también la falta de talla política del nuevo líder socialista…

Cuando el 21 de julio de 2013 Alfredo Pérez Rubalcaba, entonces secretario general del partido socialista, insinuó en una extensa entrevista concedida al diario El País (con casi cien preguntas y respuestas) que estaba dispuesto a cruzar el límite de su agotada carrera política, nada menos que para intentar tomar de nuevo el Gobierno de España en las próximas elecciones generales, ya advertimos del riesgo que ello suponía para el futuro del PSOE. Y, por extensión, para el actual sistema político, ya que hoy por hoy esa es todavía una de sus fuerzas vertebrales.

Una apreciación previa, incluso, a que el Podemos de Pablo Iglesias Turrión existiera como nueva opción política y, además, como una amenaza directa para la formación socialista que, fundada por otro Pablo Iglesias (Posse) en 1879, ha venido liderando cómodamente la izquierda política a partir de la Transición. 

Las apetencias continuistas de Rubalcaba se revelaron en este peloteo de aquella conversación periodística:

Pregunta: “¿Quiere usted ser candidato del PSOE en las próximas elecciones generales?”.

Rubalcaba: “En este momento de mi vida política sólo pienso en mi partido. Si soy útil a mi partido intentaré serlo”.

Pregunta: “La pregunta no es si es útil a su partido, sino si usted quiere ser candidato”.

Rubalcaba: “La respuesta es: querré si soy útil a mi partido”.

Estaba claro que el entrevistado no percibía que, más que “útil” para su partido, era una verdadera rémora. Porque en los comicios legislativos del 20-N (2011), ya había situado al PSOE en su nivel más bajo de escaños desde la Transición (110 frente a los 186 del PP), quedando marcado además como factótum que fue de los desastrosos gobiernos de Rodríguez Zapatero. 

Y al encenderse aquella ‘alarma roja’ sobre el enroque de Rubalcaba y su disposición a seguir en el macho socialista, no hubo más remedio que vigilar con atención la deriva de la estrategia política que estaba diseñando para salvar la penosa situación del PSOE. Para empezar, él fue quien, en vez de rectificar los errores más evidentes del sistema político, planteó la ‘huida hacia adelante’ potenciando todavía más la nefasta ‘España Federal’, ahora continuada por un inexperto sucesor sin ideas propias, con escaso fondo político y menor sentido de Estado.

Imbuido de un electoralismo temerario de corte ‘zapateril’ (no hay que olvidar su alta responsabilidad en los gobiernos de Rodríguez Zapatero), Rubalcaba apostó por seguir con la barra libre del ‘sírvase usted mismo que paga la casa’, ofreciendo a cada comunidad (o a las más exigentes) lo que cada una de ellas quiera o se le antoje, digamos que ‘para llevarnos bien’. Acompañado, claro está, de Pere Navarro, otra figura del socialismo más acomodaticio que tal bailaba y que quiso liderar el PSC con la misma técnica del ‘más de lo mismo’, por una senda que de forma irremisible conduce a un gran océano -como hemos dicho en alguna ocasión- de ‘más basura política para todos’…

Y ello mientras Rodolfo Ares, fracasado junto a Patxi López en su última gestión al frente del Gobierno vasco, acababa de anunciar la intención que tenía el PSE-EE de acordar con el PNV que el Parlamento de Vitoria “debata y decida” la fiscalidad “básica y común” de Euskadi. Es decir, que no satisfechos del todo con haber perdido las últimas elecciones autonómicas y facilitado el asentamiento de Bildu en las instituciones vascas, aquel par de peligrosos volatineros políticos pretendían rearmar a su enemigo electoral más directo para seguir minando las competencias exclusivas del Estado establecidas en el artículo 149 de la Constitución, en especial las que tienen como objeto regular las condiciones básicas que garanticen la igualdad de todos los españoles en el ejercicio de los derechos y en el cumplimiento de los deberes constitucionales…

Paréntesis: A veces, no es fácil comprender las extrañas razones por las que, considerando su desnorte político, los socialistas filo-nacionalistas no se cambian al partido autonómico que en cada caso corresponda, o que una dirección sensata del partido nacional no les invite a hacerlo. De hecho, por su propia definición y ámbito de actuación, es difícil que las aspiraciones políticas de los partidos nacionales coincidan con las de los autonómicos. Sin dejar de tener también escaso sentido que los partidos de exclusivo alcance autonómico incidan con la fuerza que inciden en la política nacional, gracias a la distorsión de la proporcionalidad poblacional con la que se asignan los escaños a cada circunscripción electoral y a los pocos diputados con los que se puede constituir un grupo parlamentario en las Cortes Generales…

Además de lo dicho hasta ahora, en la entrevista concedida a su diario amigo (El País 21/07/2013), Rubalcaba trataba de resolver -de forma por supuesto infructuosa- la cuadratura del círculo de la organización territorial (que sabemos es un problema irresoluble en su definición matemática) con esta secuencia argumental literal:

1) “No se trata tanto de tener más competencias cuanto de que quede claro qué es del Estado y qué es de las comunidades. En este momento, eso no queda claro. En las constituciones federales lo que queda claro son las competencias que son del Estado. El resto son de las comunidades”.

2) “Cataluña no debe tener más competencias que el resto de las comunidades. Pero sí tiene singularidades (por ejemplo, la lengua)”.

3) “Galicia, País Vasco, Valencia y Baleares tienen singularidades. Lo que tiene que tener su reflejo en la política cultural y en la educativa. Cataluña tiene unos derechos históricos, porque el Constitucional los ha dado por buenos, que afectan, por ejemplo, a la institucionalidad. La Generalitat no es exactamente igual que el Gobierno de Madrid. La relación del Gobierno de Cataluña con los Ayuntamientos es distinta de la que existe en otras partes de España: tiene su propio Derecho Civil. Sin duda tiene singularidades y hay que reconocerlas. Integrándolas en el conjunto de España nos hacemos más fuertes. Nada nos hace más fuertes que reconocernos como somos”.

4) “Hay que modificar el sistema de financiación de Cataluña porque está funcionando mal. Sobre todo para aclarar definitivamente cuáles son tus ingresos o cuáles son tus competencias fiscales y cuáles son las mías. Lo que no es posible es que tú tengas competencias muy claras en el gasto y no tengas la misma claridad en tus ingresos. Esta falta de transparencia fiscal me parece muy preocupante. En definitiva, tiene que haber corresponsabilidad y luego tiene que haber una nivelación para garantizar los mismos derechos en los servicios sociales básicos”.

Los cambios socialistas de la ‘huida hacia adelante’

La empanada mental de Rubalcaba era, pues, manifiesta. No se comprendía bien qué modelo territorial estaba proponiendo, porque, aun hablando de un ‘Estado Federal’, no aclaraba cuáles serían los territorios ‘federables’, con qué tamaño o condiciones podrían serlo, qué competencias diferenciadas asumirían unos y otros, cómo se resolverían las asimetrías y tensiones derivadas...

Y, más importante todavía, tampoco se planteaba lo que pasaría si esa mayor ‘federalización’ no calmaba las ansias independentistas, ni qué podría opinar el conjunto de los españoles de esta nueva tracamandanga política. Por lo que, para empezar, antes de proponerla tendría que dejarla muy clara en su programa electoral, ver cuántos votos la respaldarían y después, si su partido salía vivo del empeño, convencer a quienes de forma más sensata no pensasen de su misma forma…

Cosa en efecto complicada que llevó a Rubalcaba y a sus aprendices de brujo federalistas nada menos que a promover un cambio radical de la Constitución en una dirección arriesgada y hasta suicida, y por supuesto sólo para lo que a ellos convenga… justo cuando el PSOE registra una fuerte caída electoral. Y sin plantearse la más fácil alternativa de que la Carta Magna se cumpla esencialmente tal y como fue redactada; o que, de forma bien sencilla, y con el mismo acuerdo expreso que han tenido los dos partidos mayoritarios para conculcar cuando han querido su espíritu y su letra, reconducir ahora por simple vía legislativa el desmadre permitido, ‘racionalizando’ las competencias de las Autonomías y salvaguardando en forma debida las del Estado.

Porque si el PSOE, junto con los desleales caciques nacionalistas, promueve ahora, después de todo lo que han supuesto los excesos autonómicos, el ‘Estado Federal’ para terminar de arruinar y disolver el país (se entiende que con más transferencias de ‘soberanía’ como también reclama el lehendakari Urkullu), es evidente que una gran mayoría de españolistas no van a dejar de arriar en su contra y con toda su fuerza la bandera del ‘Estado Unitario’. Otros alumbrados socialistas (alguno al parecer renaciente de su merecida jubilación política, como Patxi López) van todavía más allá y proponen una Europa Confederal, cosa que sin duda se las trae…

Segundo paréntesis: Conviene recordar que, proclamada la I República Española, que tuvo una confusa y corta vida de tan sólo once meses (desde febrero de 1973 hasta enero de 1874), bajo la presidencia de Pi i Margall se comenzó a redactar una Constitución Federal que no llegó a aprobarse, según la cual España se dividiría en 17 Estados Federales, cada uno de los cuales contaría con un gobierno y una asamblea legislativa; mientras el gobierno central de la República controlaría la política exterior, el ejército, los servicios públicos… Sin embargo, aquel barullo de reorganización política desembocó en una alocada ‘revolución cantonal’ que llevó a muchas ciudades y pueblos a proclamarse independientes por su inmediata y exclusiva voluntad (el más llamativo fue el del Cantón de Cartagena), aventura concluida con el golpe de Estado del general Pavía que puso fin a la ‘República Federal’ proclamada en junio de 1873, dando paso a una nueva formulación política bajo la presidencia del general Serrano conocida como ‘República Unitaria’…

Y fíjense nuestros lectores como Rubalcaba, instalado ya en su patética fase política terminal, respondía literalmente en la entrevista de El País al desafío de la consulta soberanista en Cataluña, como si la Constitución de 1978 y el Estado de las Autonomías (que en el fondo es un Estado Federal demasiado desparramado y por eso problemático) fueran una especie de herencia extraña, desentendiéndose de los excesos autonómicos fomentados de consuno por su partido y el PP: “¿Cuál es mi propuesta? Que abramos la Constitución, que nos pongamos de acuerdo como hace 35 años y que luego decidamos juntos porque queremos vivir juntos. Es decir, que los catalanes ejerzan su derecho a decidir cuando votan la Constitución, y luego lo vuelvan a ejercer cuando deciden el Estatuto. Esa es la forma de ejercer el derecho a decidir de una comunidad que se ha puesto de acuerdo con el resto de las comunidades para vivir juntos. Si queremos vivir juntos y nos ponemos de acuerdo en vivir juntos vamos a decidir juntos. Ese sería a mi juicio la salida”.

Pero, si eso no es repetir lo ya vivido y sufrido, que venga Dios y lo vea. ¿O es que acaso la Constitución de 1978 no la votaron en su momento todos los españoles…? Admitiendo que la Carta Magna es desde luego mutable y que nada impide actualizarla y vigorizarla si es necesario -que en efecto lo es pero en otros sentidos-, ¿por qué razón PP y PSOE no pactan nuevas leyes que reconduzcan el Estado de las Autonomías como han pactado otras cosas en un verdadero santiamén…?

Vale que se deba revisar el texto constitucional, pero antes que nada hay que hacerlo para tapar sus vías de agua y reforzar las competencias del Estado. Y no en un circunstancial y dudoso beneficio electoral de un PSOE quemado y de sus voraces socios de coyuntura; no a propuesta interesada de una formación política que busca su supervivencia con tanto agobio como torpeza, traicionando incluso su propia identidad originaria; no a costa de poner alegremente en juego la unidad nacional y retrotraer el país a los nefastos ‘Reinos de Taifas’...

Nadie duda que hay mucho de lo que hablar y conciliar en relación con el problema del soberanismo; pero deberá ser para rectificar los errores del pasado y no para acrecentarlos con más ‘café para todos’. Y el problema es que Pedro Sánchez sigue en la misma salida improvisada del caduco Rubalcaba (con la que no pudo sobrevivir) o, peor todavía, con su particular ‘proyectito’ de reforma de la Carta Magna, más para arreglar los problemas internos del PSOE y mucho menos para solventar los del Estado.

¿Y para qué quería entonces Rubalcaba (y ahora Pedro Sánchez) seguir criticando la política del Gobierno de Rajoy -buena o mala- si lo que pretenden es cambiar radicalmente la organización política y territorial del Estado, cosa que alterará lógica y sensiblemente el vigente ordenamiento jurídico…? ¿Para qué proponer nuevas políticas estatales, como por ejemplo el incremento del impuesto sobre el patrimonio, para que acto seguido sean demolidas por la autonomía fiscal y los conciertos económicos convenidos con los nacionalistas…? ¿Pero todavía no han comprendido los dirigentes socialistas que el origen del déficit público, el agujero de las Cajas de Ahorro y hasta el grueso de la corrupción política tienen su causa principal en los desmanes de las Autonomías, de las que ahora proponen una segunda edición corregida y aumentada con la amenaza de aún mayores tropelías federalistas…?

Es más, ¿con quiénes se quieren pactar las nuevas políticas de Estado (en Justicia, Educación, Sanidad…)? ¿Con los actuales partidos nacionalistas y con los nuevos partidos federalistas…? Pues, entonces, apaga y vámonos.

Baste un último ejemplo para evidenciar cómo el agónico Rubalcaba se había instalado en el torpe recurso de la contradicción (esto es proponer en la oposición lo que el PSOE nunca hizo estando en el poder). Ahora, y a estas alturas de la historia, ahí tenemos el ejemplo de agarrarse a la ‘ley Wert’ para arremeter contra los acuerdos con la Iglesia, amenazando otra vez de forma oportunista -cual matón de poca monta- con hacer lo que bien o mal nunca hizo el PSOE y puede que nunca haga: denunciar de verdad el Concordato con la Santa Sede…

La imagen social de la clase política está por los suelos, pero con líderes tan oportunistas como Rubalcaba o Sánchez, que permiten a sus franquicias catalana y vasca ir ‘manga por hombro’, y que con la que le está cayendo encima a su partido siguen afanados en buscarse la sopa boba a dos manos (la españolista por un lado y la soberanista por otro cuando más convenga cada una), seguirá hundiéndose en el pozo sin fondo del rechazo ciudadano.

Lo que se esperaba de Alfredo Pérez Rubalcaba, visto a lo que se había llegado, era que amortiguara la derrota electoral del 20-N, rearmara política y moralmente el PSOE y estableciera las bases de su urgente renovación para poder sumar esfuerzos positivos en la superación de la crisis global que padecemos (de la que el PSOE es corresponsable). Pero confundió la hoja de ruta y sólo ofreció ‘más de lo mismo’, y si cabe peor y en mayor cantidad...

Sánchez debe leer mejor a Azaña para no descuartizar España

Y, ahora, si todo lo que tiene que ofrecer Pedro Sánchez a los españoles es la burra ciega de la ‘España Federal’ (y de la Europa Confederal), que coja el tole cuanto antes y deje paso a gentes de mayor peso político, que pasen de mirarse el ombligo y de teorizar sobre políticas provincianas. Ni España ni los españoles -incluidos por supuesto los socialistas- están ya para más cuentos ni más políticos de pacotilla.

Ahora, Sánchez propone un nuevo pacto constitucional votado por todos (faltaría más) para “responder al problema de Cataluña” y, de paso, para “renovar el modelo democrático”.

Para lo primero, el nuevo secretario general del PSOE afirma sin mayor argumentación en un artículo titulado ‘Política para un nuevo pacto’ (El País 22/09/2014) que el Estado de las Autonomías “necesita una actualización de las previsiones constitucionales que incorpore una perspectiva federal”. Pero, ¿es que acaso Sánchez no se ha dado cuenta todavía de que esa ‘perspectiva federal’ ya está incorporada por demás en el actual modelo constitucional…? ¿Y de dónde se saca que la Carta Magna “necesita” una reforma más “federalizante” para responder a la deriva soberanista en Cataluña…?

Lo que sí necesita Sánchez es madurar un poco, no inventarse sobre la marcha falsas necesidades de naturaleza pirómana (o rescatar las del defenestrado Rubalcaba), empezar a reconocer los muchos errores políticos cometidos y tratar de solventarlos uno a uno, y, si fuera un líder de verdad, imponer en Cataluña un nuevo PSOE inequívocamente ‘español’.

Y sobre lo segundo (“renovar el modelo democrático” y “dar un impulso a nuestra democracia”), lo único que se le ocurre es proponer como cambios lo que, más o menos, ya recoge también la Constitución vigente: “reconocer las nuevas formas de familia, suprimir definitivamente la pena de muerte, hacer de la protección de la salud un derecho real y efectivo, tutelar en serio el derecho al trabajo y a la vivienda y garantizar el compromiso efectivo de los poderes públicos con las políticas sociales que cristalizan el Estado de bienestar”. Sometiéndolo por supuesto a referéndum de todos los españoles, cosa que ya se hizo en 1978, aunque él no se haya enterado… 

¿Y, cuando Sánchez propone reimpulsar la democracia, qué dice sobre la necesidad más imperiosa de independizar los poderes del Estado, que es la razón esencial de su fundamento, o de suprimir de raíz la politización del Tribunal Constitucional…? Pues nada. 

¿Y qué propone Sánchez sobre la reforma general del sistema electoral, para acabar con la actual partitocracia y garantizar la representatividad real de los partidos políticos y salvaguardar la de las minorías…? Nada de nada. 

¿Y qué propone para acabar con los privilegios y la corrupción de la clase política (empezando por su partido)…? Menos todavía. 

Es más, puestos a votar una nueva Constitución, ¿va a proponer Sánchez que los españoles se pronuncien por fin sobre la opción entre Monarquía o República…? De ninguna forma; seguirá con el cuento de que los socialistas tienen el corazón con la República y no se sabe qué con la Monarquía… 

Así, está meridianamente claro que, como decíamos al principio, la reforma ‘limitada’ de la Constitución que nos propone el inmaduro Pedro Sánchez en una grotesca dirección ‘federalizante’, sólo es una ‘huida hacia adelante’ para frenar torpemente la ruptura del PSOE con el PSC y acrecentar la de la Nación Española. Cosa poco seria, que no va  a colar ni calar en la sociedad española y que la espabilada vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, ya ha contestado en sede parlamentaria con un lapidario vayan ustedes “más allá del enunciado”.

Si los esfuerzos del PSOE para recuperar su declive electoral y protegerse de la amenaza de Podemos sólo se limitan a esta propuesta de cambalache, van a ser reducidos a pura ceniza política. Con su propuesta ‘federalizante’ se alejará tanto de los votantes ‘centristas’ o moderados como el PP con su propuesta troglodita para reformar la ‘ley del aborto’.

Para justificar su atribulada iniciativa de desvertebrar todavía más España (no de vertebrarla), Sánchez iniciaba su artículo de El País con éste párrafo:

En una de sus más célebres y profundas intervenciones en las Cortes, Manuel Azaña nos enseñó que cuando un problema -sea cual sea su índole o naturaleza- “adquiere la forma, el tamaño, el volumen y la línea de un problema político, entonces es cuando este entra en los medios y en la capacidad y en el deber de un legislador o de un gobernante”. Creo que, a estas alturas, nadie duda de que tenemos un problema y no uno cualquiera. Es un problema esencial, formidable, porque afecta a la integridad misma del Estado…

Lo que pasa es que la cita de Manuel Azaña está muy mal traída para pretender, a continuación, justificar el bodrio de la reforma constitucional ‘federalizante’ y presentarlo además como la solución ideal para el encaje de Cataluña en España. Idea jamás expresada o compartida por aquel político, quien por otra parte tampoco ejerció nunca de españolista ni de patriotero.

Para enterarse bien de lo inadecuado de su cita, a Sánchez le convendría leer el libro que resume el propio pensamiento de Azaña al respecto, titulado ‘Sobre la autonomía política de Cataluña’ (Tecnos, 2005), en el que se reúne una sabrosa compilación de la evolución de sus ideas sobre el tema y unas afinadas consideraciones previas del prestigioso catedrático de Derecho administrativo Eduardo García de Enterría.

El escritor e historiador hispanoargentino Horacio Vázquez-Rial (también ejerció el periodismo), reseñó perfectamente su contenido en un artículo publicado en Libertad Digital.Com (16/03/2006), cuando la cuestión catalán se comenzó a enredar con las modificaciones del Estatut que terminarían siendo aprobadas por las Cortes Generales el 18 de julio de 2006:

Azaña y la independencia de Cataluña

El 27 de marzo de 1930, al final de una cena en el restaurante Patria, de Barcelona, en la que participaban intelectuales de Madrid y anfitriones catalanes, don Manuel Azaña pronunció un discurso que habría de ser histórico por las muchas consecuencias que de él se derivaron.

Dijo entonces Azaña que concebía España “con una Cataluña gobernada por las instituciones que quiera darse mediante la manifestación libre de su propia voluntad”. “Unión libre de iguales con el mismo rango, para así vivir en paz, dentro del mundo hispánico que nos es común y que no es menospreciable [...]. Y he de deciros también que si algún día dominara en Cataluña otra voluntad y resolviera ella remar sola en su navío, sería justo el permitirlo y nuestro deber consistiría en dejaros en paz, con el menor perjuicio posible para unos y para otros, y desearos buena suerte, hasta que cicatrizada la herida pudiésemos establecer al menos relaciones de buenos vecinos”.

El discurso completo, y unos cuantos más, aparece en ‘Sobre la autonomía política de Cataluña’, un volumen antológico del presidente de la República Española preparado por Eduardo García de Enterría, autor también del imprescindible estudio preliminar que contextualiza cada palabra de Azaña sobre el tema.

Salvadas todas las distancias en lo relativo a la entidad personal de ambas figuras, habría que establecer un paralelo entre lo dicho por Azaña y lo prometido por Zapatero a propósito del Estatuto que saliera del Parlamento de Cataluña. Y también entre las consecuencias que esos excesos verbales tuvieron para el uno y el otro, y desde luego para España.

Cinco meses después de la reunión de Barcelona tuvo lugar otra en el País Vasco. “El compromiso explícito y formal de Azaña, y por extensión de los grupos republicanos por él representados -escribe García de Enterría- pasó a ser un compromiso de todas las fuerzas republicanas en el famoso 'Pacto de San Sebastián' de 17 de agosto de 1930, que es el que pone a punto el asalto definitivo de todas las fuerzas republicanas a la monarquía, Pacto en el que se negocia y se llega a un acuerdo para encajar el problema en un sistema de autonomía sustancial catalana dentro de la unidad de la República, formalizado todo en una Constitución, fórmula que los catalanistas negociadores de ese Pacto concluyen aceptando de forma expresa [...] un Estatuto de Autonomía dentro de la Constitución republicana y sometido a la deliberación y debate de las Cortes de la República”. Como en 1978, cabría apuntar aquí, y con parecidos resultados.

En el artículo 50 de la Constitución republicana de 1931 se lee lo siguiente:

“[Las] regiones autónomas podrán organizar la enseñanza en sus lenguas respectivas de acuerdo con las facultades que se concedan en sus Estatutos. Es obligatorio el estudio de la legua castellana, y ésta se usará también como instrumento de enseñanza en todos los centros de instrucción primaria y secundaria de las regiones autónomas. El Estado podrá mantener o crear en ellas instituciones docentes de todos los grados en el idioma oficial de la República. El Estado ejercerá la suprema inspección en todo el territorio nacional para asegurar el cumplimiento de las disposiciones contenidas en este artículo [...]”.

Una redacción considerablemente precisa, que hoy sería inadmisible ya no para los miembros de ERC, sino para los señores diputados socialistas, creadores de una legislación en el campo educacional (modificada por el PP con la Ley de Calidad de la Enseñanza, rápidamente derogada) que ha pasado por encima de todas las limitaciones que los republicanos imponían a sus socios catalanes.

Azaña, sin embargo, partía de una insostenible paridad entre España y Cataluña:

“Hay que dejar paso al Estatuto y no hay derecho a contraponer nunca la vigilancia, el cuidado y el amor a la cultura castellana con la vigilancia, el cuidado y el amor a la cultura catalana [...]. Tan española es [la cultura catalana] como la nuestra y juntos formamos el país y la República”.

Es al menos curioso constatar cómo para él, en esas fechas, no hay más que Cataluña y el resto de España, ninguna otra de las hoy mal llamadas ‘nacionalidades históricas’ (como si Asturias o Castilla fuesen menos históricas que Galicia o Cataluña; ni qué decir del País Vasco).

Azaña se encontró pronto con el hecho, trágico, de haber incubado el huevo de la serpiente nacionalista. De manera inconsulta, sin esperar Estatuto ni Constitución alguna, el día de la proclamación de la República, 14 de abril de 1931, Francesc Maciá, quien, como apunta García de Enterría, “es quizás el primero que habla abiertamente, ya en la década de los veinte, de una Cataluña independiente”, declaró en Barcelona el Estat Català. El Gobierno central obtuvo la revocación de tal iniciativa, pero de ahí en más cobró vida la Generalitat.

Esa Generalitat tenía preparado su Estatuto antes de que estuviese aprobada la Constitución. En la presentación de ese Estatuto no se recataba al decir que “Cataluña quiere que el Estado español se estructure de manera que haga posible la federación entre todos los pueblos hispánicos”. Nótese que la palabra ‘España’ ya brilla allí por su ausencia. Pero no paró ahí la cuestión. Azaña hizo lo posible y algo más por lograr el encaje del Estatuto en la Constitución, pero no tardó en percatarse de la insaciabilidad del nacionalismo: el 6 de octubre de 1934 Companys, coincidiendo sin inocencia con la insurrección de Asturias, volvió a proclamar el Estat Català.

Transcurrido casi un año del comienzo de la Guerra Civil, Azaña y, más en general, los miembros del Gobierno de la República ven con terror el escaso papel de Cataluña en la contienda: ni las milicias sindicales ni las de partido, dependientes de una Consejería de Defensa de la Generalitat, prestaban servicio útil al Ejército, ni las expropiaciones (y asesinatos de ‘burgueses’, sobre todo por la FAI) permitían crear en la región un orden industrial al servicio de la economía de guerra.

A finales de mayo de 1937 Azaña encargó al Gobierno de Negrín resolver la cuestión catalana. Y tomó nota en su diario de “las muchas y muy enormes y escandalosas [...] pruebas de insolidaridad y despego, de hostilidad, de 'chantajismo' que la política catalana ha dado frente al gobierno de la República”.

Poco después, aunque atribuyendo el párrafo a Negrín y reuniendo a los catalanes con los vascos, anota Azaña: “Y si esas gentes van a descuartizar a España, prefiero a Franco. Con Franco ya nos entenderíamos nosotros, o nuestros hijos, o quien fuere, pero estos hombres son inaguantables. Acabarían por dar la razón a Franco”.

No veo yo a Negrín, responsable de una innecesaria prolongación de la guerra en nombre de consignas del Comintern, tan preocupado por la unidad de España; sí, en cambio, imagino a Azaña, consciente del juicio de la posteridad y desesperado por registrar tan extremas opiniones, descargando sobre el otro el peso de tamañas enormidades. Más abajo escribe:

“Una persona de mi conocimiento asegura que es una ley de la historia de España la necesidad de bombardear Barcelona cada cincuenta años. El sistema de Felipe V era injusto y duro, pero sólido y cómodo. Ha durado para dos siglos”.

En este caso, deriva hacia un desconocido la idea del bombardeo de Barcelona, pero parece asumir como propias las dos frases siguientes.

Hasta aquí, una selección de lo muchísimo que contiene este libro, muy útil para esta hora. Muchas desgracias se hubiesen ahorrado si nuestros políticos, en vez de citar a Azaña como modelo, lo hubieran leído para aprender de sus errores.

Leer de verdad a Azaña para aprender de sus errores… Eso es lo que tiene que hacer Pedro Sánchez para darse cuenta, y cuanto antes mejor, de que las Autonomías son un descalabro insostenible y que, al menos en la España todavía invertebrada, el Estado Federal no es la solución sino el problema.

Sabemos que la asesora de comunicación del nuevo secretario general del PSOE ya promovió la pose de Albert Rivera en pelota picada para llamar la atención en el lanzamiento publicitario de Ciutadan’s. Ahora, también le ha colgado a Sánchez la imagen de político metrosexual, animalista (afirma que nunca le verán en una plaza de toros) y ‘compi’ de Jorge Javier Vázquez y de los adictos a la telebasura de ‘Sálvame’…

Vale; pero también le vendría bien mostrar ante los electores más maduros y rigurosos algún atributo personal de mayor seriedad y calado político en relación con la difícil gobernación de España. Y bueno es que hable todo lo que haya que hablar en torno al acomodo de Cataluña y del País Vasco en España; pero no sobre su ‘desacomodo’, porque para eso vale cualquiera.

Fernando J. Muniesa