Lo soltó, ni corto no perezoso, el pasado 19 de julio en plena crisis del ‘caso Gürtel-Bárcenas’, sin haber ofrecido todavía a la sociedad española la más mínima explicación, plausible o no, de su escandaloso trasfondo: “Estoy legitimado por las elecciones”. Y lo hizo al inaugurar la VI Conferencia de Ministros de Asuntos Exteriores de la UE que, auspiciada por el denominado ‘Grupo de Reflexión’, se celebraba en Palma de Mallorca para intercambiar impresiones sobre la manera de afrontar los retos pendientes de Europa, con el ánimo evidente de reivindicar ante ellos su autoridad al frente del Gobierno.

Preocupado sin duda por el deterioro de su imagen personal con la acogida del caso en los medios de comunicación internacionales, lanzó una idea que, expuesta como la expuso, en ese momento y ante ese auditorio (una reunión de la élite política europea), tenía su miga: “Todos sabemos que la democracia europea emana de la cultura democrática de los países que la integran, y es en las elecciones democráticas donde los pueblos legitiman a sus representantes para ejercer las responsabilidades de gobierno”.

Porque, ¿acaso sus gobernados han subvertido la democracia a costa del ‘caso Gürtel-Bárcenas’? Antes al contrario, lo que la sociedad española (incluidos votantes y militantes del PP) critica a voz en grito, es la apestosa corrupción de los gobernantes, y precisamente en defensa de ese sistema democrático que, eso sí, la clase política violenta día a día…

RAJOY PROPAGANDEA LA ESPAÑA ANTIDEMÓCRATA

Para empezar, ante el lenguaje taimado y desde luego extemporáneo del presidente Rajoy (no sabemos a santo de qué vino cuestionar la democracia española en un acto institucional de ese porte), cabe pensar que algunos de los ministros europeos presentes no dejarían de ver al pueblo español como una vulgar pandilla de salvajes, dispuesta, faca en mano, a degollar a los gobernantes salidos de las urnas. Es decir, dando pábulo a una España de nuevo retrotraída a sus épocas más negras (el 23-F, la Guerra Civil, la revolución de Asturias de 1934, la semana trágica de Barcelona de 1909, los espadones del siglo XIX…), por fortuna superada aunque Rajoy diera a entender lo contrario, consciente o inconscientemente y machacando una vez más desde el poder el invento de la ‘Marca España’.

Si el actual presidente del Gobierno no acaba la legislatura como tal, no será por el comportamiento antidemocrático de los españolitos de a pie, sino por el suyo. Porque la democracia está frontalmente reñida con la corrupción y la mentira política, y porque el sistema cuenta con recambios y contrapoderes para sustituir a cualquier prescindible -como él- que no sepa, no pueda o no quiera ejercer su responsabilidad de gobierno.

Cultura democrática en este país existe la que existe. Pero la suya, a tenor de cómo se financia su partido y de cómo su gobierno politiza la Justicia e incumple su programa electoral, no es precisamente la más acrisolada: las suposiciones, sombras de dudas y posibles malentendidos al respecto, que la ensoberbecida dirección del PP a veces sostiene con ínfulas ridículas, se quedan para catequizar analistas torpes, sectarios o sobrecogedores.

Claro está que en democracia los gobiernos salen de las urnas, pero luego pasa lo que pasa. Y ahí, en esas derivas indeseadas, tenemos casos para todos los gustos. Por ejemplo, desde el nazi Adolf Hitler elevado por las urnas alemanas al podio más indigno de la humanidad, hasta el Mohamed Mursi que en Egipto las quiso convertir en derecho de pernada de los Hermanos Musulmanes; pasando por Jesús Gil y por Julián Muñoz, los alcaldes de Marbella con mayorías absolutas que se dedicaron a saquearla y que dieron con sus huesos en la cárcel, o por Adolfo Suárez, adalid de la democracia a quien sus mismos correligionarios aplicaron el garrote vil de la política.

Y no olvidemos la defenestración de Margaret Thatcher, quien, tras ejercer exitosamente durante sus dos primeros mandatos como primera ministra del Reino Unido y ganar un tercero, fue forzada por su propio partido a dimitir sin poder concluirlo, dejando también el liderazgo de su partido… O la infinidad de gobiernos elegidos democráticamente -incluso con mayorías absolutas- que, dentro y fuera de España, se han visto obligados a tener que convocar elecciones anticipadas por muy diversas razones...

De manera que, si el presidente Rajoy piensa que por disfrutar el PP -y no él- del respaldo mayoritario en el Congreso de los Diputados tiene su poltrona y su gobierno a buen recaudo, se equivoca. Sabido es que la política es insondable e inescrutable, como los juicios y los caminos de Dios; y por eso, en democracia, hay políticos que hoy se acuestan en brazos del poder y mañana, poco más o menos, se despiertan entre rejas, como el senador del PP Luis Bárcenas…

EL GOBIERNO SE PASA EL PARLAMENTO POR LA FAJA

Y se equivocó también Soraya Sáez de Santamaría, de medio a medio, al considerar que, ante el tremendo escándalo del ‘caso Gürtel-Bárcenas’, Rajoy no está obligado con las Cámaras, sino con “los ciudadanos”. Durante su intervención en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros del pasado 19 de julio, afirmó al respecto de forma literal: “El presidente del Gobierno ha dado, da y dará las explicaciones necesarias y oportunas a los ciudadanos, que es de lo que se trata, y en el momento que considere oportuno; no al servicio de la estrategia procesal de nadie ni a la estrategia política de otro, sino las que correspondan, las que se deban, a quien se debe el Gobierno, que son los ciudadanos”.

Parece mentira, y ello da medida de hasta dónde ha llegado la inconsistencia de la clase política, que toda una vicepresidenta del Gobierno y ministra de la Presidencia, que además pertenece al Cuerpo de Abogados del Estado, ignore (o pretenda ignorar) que las Cortes Generales, formadas por el Congreso de los Diputados y el Senado -y sólo ellas- representan al pueblo español en su conjunto y que, además de ostentar la potestad legislativa del Estado y de aprobar sus Presupuestos, son el órgano legitimado para controlar la acción del Gobierno (art. 66 CE).

Pero es que al presidente del Gobierno no se le elige en las urnas (en ellas sólo se eligen parlamentarios), sino en el Congreso de los Diputados, previa propuesta de un candidato por parte de la presidencia de la Cámara, una vez consultados todos sus Grupos políticos. El candidato propuesto de esta forma, y no de forma directa por los ciudadanos (que sólo pueden votar a los diputados de su circunscripción electoral), expone a continuación el programa del Gobierno que pretende formar y solicita la confianza de la Cámara, que la puede otorgar o no (art. 99 CE); de forma que, en términos procedimentales y con sujeción a Derecho, las mayorías parlamentarias ni quitan ni añaden nada al nombramiento del presidente del Gobierno, que siempre es una elección de segundo grado.

Y ello con independencia de que, a la postre, quien haya sido nombrado sea presidente de todos los españoles: de los que han votado a su partido, de los que han votado a otros partidos y de los que no han votado, teniendo o no teniendo la condición legal de electores. Y ese conjunto de la ciudadanía -incluidos los no votantes- es la que está representada en las Cortes Generales por la totalidad de los parlamentarios elegidos.

El llamativo desprecio del Gobierno de Rajoy al Parlamento es tan torpe y errado que Joaquín Prieto, periodista de largo recorrido en el análisis de la política española, no ha dudado en aclarar las confusas ideas de Sáenz de Santamaría al respecto en un ilustrativo artículo de opinión publicado en El País (21/07/2013), y con un título bien sin duda bien agradecido por los políticos desinformados:

Rajoy depende del Parlamento; no al revés

“Nadie puede comprender la política británica si no comprende el funcionamiento de la Cámara de los Comunes (...) en ocasiones especiales, se convierte en el centro casi místico del sentimiento nacional”. Las ‘Memorias’ de Margaret Thatcher recogen esas palabras al relatar la jornada de su dimisión, el 22 de noviembre de 1990, tras 11 años y medio al frente del Gobierno británico. Nadie reconocerá algún rasgo similar en el Congreso de los Diputados. No es una avería del sistema, sino el resultado ‘natural’ de los esfuerzos alternados entre PP y PSOE para minusvalorar al Parlamento en beneficio del Ejecutivo, llevados al paroxismo por el férreo control de la actual mayoría.

Mariano Rajoy no es el mandatario directo de las urnas. En realidad, fue elegido por el Congreso de los Diputados. Parece un formalismo (¿a quién iban a elegir, sino al jefe de la mayoría?), pero la democracia se diferencia de los regímenes autoritarios por el respeto a las reglas y a los buenos usos. Un presidente elegido en el Congreso puede ser destituido por esa misma Cámara, que a su vez corre el riesgo de ser disuelta por aquel para provocar nuevas elecciones. De modo que existe un juego que los protagonistas no deben saltarse a la torera. Gran parte de la enorme desafección ciudadana hacia los partidos políticos se debe a haber reducido a los votantes a la impotencia, no solo a base de escándalos, sino de constreñir a los representantes a la condición de personas que han de ganarse el favor de sus jefes y no el de los ciudadanos.

Es verdad que las campañas electorales se montan en torno a los candidatos a presidente del Gobierno, lo cual contribuye a la sensación de vivir en un sistema presidencialista. Pero es falso. Los presidentes de Estados Unidos o de Francia sí están investidos directamente por las urnas. La posición de Rajoy (como antes la de Zapatero, Aznar, González, Calvo Sotelo, Suárez) es equiparable a la del canciller en Alemania o a la del primer ministro británico: dependen de sus respectivos Parlamentos. No al revés.

Si los jefes de las mayorías y de las minorías se llevan mal, es su problema. La Dama de Hierro nunca dejó de despreciar al jefe de su oposición, el laborista Neil Kinnock (“Jamás me decepcionó. Hasta el final mismo, siempre pronunció las palabras menos apropiadas”). Probablemente, Rajoy siente parecida antipatía por Alfredo Pérez Rubalcaba, pero no comparte con los jefes de Gobierno británicos el respeto al Parlamento. Solo por eso hay que valorar la iniciativa del líder de la oposición socialista, en recordatorio de que la moción de censura también existe.

Todo cuanto se ha dicho de que Rajoy puede ganar esa votación sin bajarse del autobús es más que cierto. También lo es que desempolvar el Gran Berta, solo para intentar que el presidente del Gobierno acuda al Parlamento, puede parecer un desperdicio. La situación ilustra el bloqueo al que el partido mayoritario somete a las minorías. Si la democracia representativa queda reducida casi a la incapacidad, porque la mayoría entiende que la soberanía es del presidente del Gobierno, se comprende que las minorías rebusquen el modo de rearmar al Parlamento. No es mala ocasión de poner bajo los focos el funcionamiento de una democracia que abusa de los decretos-ley, niega comisiones de investigación, es muy poco transparente y donde nadie se hace responsable político de finanzas partidistas más que dudosas.

La debilidad económica de España empuja hacia las prudencias conservadoras para tratar la crisis institucional. Esa oposición que desempolva el gran cañón está dividida: unos piden elecciones ya, otros quieren una sucesión ordenada en el seno de la mayoría y hay quien se conformaría con una explicación. Pero hace 26 años que portavoces de la oposición (uno de ellos, el ‘candidato’ a nuevo jefe de Gobierno) no tienen la oportunidad de subir a la tribuna y plantear ‘sin limitación de tiempo’ cuanto quieran decir, si finalmente se presenta la moción. La perderán, pero los mecanismos democráticos no deben oxidarse.

LA RECTIFICACIÓN LLEGA TARDE, MAL Y A RASTRAS

La realidad es tan tenaz y el precipicio por el que se despeña la resistencia de Rajoy tan evidente, que éste no ha tenido más remedio que admitir su error y anunciar su comparecencia parlamentaria en relación directa con el ‘caso Bárcenas’. Lo hizo el 22 de julio, durante una rueda de prensa que compartía en La Moncloa con el primer ministro de Rumanía, Víctor Ponta, dando de nuevo más proyección internacional a los trapos sucios de la política española.

La secuencia de los hechos es reveladora, porque muestra la contumacia de Rajoy y su rotundo fracaso. El escarceo se inició cuando, en el turno de preguntas al mandatario de su país, un periodista rumano lanzó sobre la marcha a Mariano Rajoy este misil de celo informativo: “Señor presidente, no sólo España, sino también muchos países y toda Europa, espera saber cuándo y cómo, de qué forma, va a responder a todas las acusaciones que tiene en este ‘caso Bárcenas’, enfrente del Parlamento o enfrente de un juez. ¿Lo va a pedir o va a ser en un discurso, como el pasado febrero?”.

Rajoy se fue en primera instancia por las ramas de la inconcreción -muy en su taimado juego habitual- con esta contestación literal:

Presidente Rajoy: En relación con la pregunta que me formula, ya sabe usted -que, por lo que veo, me parece que es un buen seguidor de la vida política española- que yo comparezco habitualmente en el Parlamento. Yo respondo a preguntas en el Congreso y en el Senado, participo también en debates y, lógicamente, en la medida en que me van preguntando, yo voy respondiendo, igual que ocurre en mis comparecencias ante los medios de comunicación. Por tanto, yo sobre este tema, siempre que me preguntan, he dado una respuesta.

A partir de ahí, yo ayer hablé con el presidente de las Cortes y le dije que iba a presentar una solicitud de comparecencia para tener una intervención en el Parlamento en la última parte de este mes o a principios del próximo mes de agosto, con el objetivo fundamental de explicar la situación en la que vive en este momento nuestro país, tanto desde el punto de vista económico, con nuevos datos económicos que estamos conociendo en estas fechas y que seguiremos conociendo en el futuro, y también la situación que vive desde el punto de vista político, y en la que, lógicamente, hablaré del tema que a usted le preocupa.

Lo he hecho porque considero que éste es el momento oportuno y adecuado para plantear el futuro de las cosas y lo que pretende hacer el Gobierno en los próximos meses.

Lo que, a continuación, llevaría a otro periodista a realizará una pregunta más incisiva y con respuesta forzadamente más concreta:

Pregunta: Yo tengo, en esta ocasión, dos preguntas para el presidente del Gobierno y las hago en nombre de los periodistas españoles.

Me gustaría saber por qué mantuvo usted el contacto con Luís Bárcenas, dándole ánimos, incluso, después de que se descubriera que tenía dinero en Suiza.

También me gustaría saber si usted considera que no ha hecho nada mal a lo largo de estos últimos meses para gestionar esta crisis y si no cree que los ciudadanos, también sus votantes, merecían algún tipo de explicación hace ya tiempo.

¿Y cómo piensa usted recuperar la confianza, que, según las encuestas, parece perdida, de los ciudadanos?

Presidente Rajoy: Sobre ese asunto, como acabo de decirle a su compañero periodista, compareceré en el Parlamento para dar todas las explicaciones, porque creo que es donde debo hacerlo, porque yo lo que quiero es darle explicaciones, contarle lo que ha ocurrido y cuál es mi versión, que también es necesaria, al conjunto de los ciudadanos. Y creo que el sitio es el Parlamento, donde está representado el conjunto de la soberanía nacional. Por tanto, ahí es donde yo diré todo lo que tenga que decir sobre este tema.

¿Cómo pensamos recuperar la confianza? Llevamos año y medio largo de Legislatura, ha sido una etapa muy dura y ha sido una etapa muy difícil. Nos hemos tenido que enfrentar a una situación de déficit fuerte, un déficit exterior y graves desequilibrios económicos. La situación económica no es buena. Creo que hemos tomado muchas decisiones, algunas complejas, difíciles; muchas no comprendidas por los ciudadanos, pero creo que ya empezamos a ver algunos datos positivos en la economía española

Por tanto, yo lo que voy a hacer es seguir trabajando, defendiendo única y exclusivamente lo que creo que es mi obligación defender, que es el interés general de los españoles. Me gustaría que la economía española pronto remontara el vuelo. De momento, las bases ya se han puesto muchas y algunas se pondrán en el futuro. Y me gustaría que los españoles vieran que estas políticas, que en muchas ocasiones no les han gustado, y soy plenamente consciente de ello, producen efectos.

De esta forma, la errada estrategia del Gobierno resistiéndose a explicar el ‘caso Bárcenas’ en el Parlamento, quedó hecha añicos, tal y como habían previsto todos los analistas políticos alejados de la influencia del PP. Ahora, está muy claro que la comparecencia de Rajoy (prevista para el 1 de agosto próximo en el Congreso de los Diputados) ya no será a petición propia, aunque él la presente de esa forma, sino forzada por la presión política y mediática. La vicesecretaria general del PSOE y diputada por Madrid, Elena Valenciano, lo advirtió inmediatamente de forma bien sencilla y descriptiva: “El señor Rajoy llega tarde, mal y a rastras”.

En su columna habitual de El País, Miguel Ángel Aguilar, siempre incisivo y habituado a confrontar la vida política con el conocimiento y las vivencias de la ilustración social, ahondaba en la repentina apreciación sobre el ‘caso Bárcenas’ de Elena Valenciano y destacaba el contraproducente resultado de la torpe pasividad a la que se había aferrado el presidente Rajoy. En la crónica titulada “En línea con Don Tancredo” (23/07/2013), escribe:

El actual presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, parece imbuido del principio según el cual aquí el que resiste gana. Un principio adoptado como lema heráldico por otro gallego, de Padrón, Camilo José Cela. En la versión particular de Rajoy se entiende que resistir es callar. De manera que nuestro presidente, enrocado en esa actitud, acaba componiendo la figura de Don Tancredo. Esa es la referencia con la que empezaba para los españoles el siglo XX, lo mismo que para los franceses se inauguraba con la torre Eiffel. En el ensayo que le dedica, José Bergamín (véase Obra Taurina. CSIC, Madrid, 2008), escribe que Don Tancredo encontró el valor por el camino más corto: por el del miedo. Esa es también la manera que ha tenido el presidente Rajoy de encontrar la elocuencia por el camino más corto: por el del silencio. Un silencio sostenido frente a la petición indeclinable de explicaciones que le han venido reclamando las fuerzas políticas parlamentarias y todo el arco cromático, que componen del rosa al amarillo las afinidades de la prensa, radio y televisión que se edita o emite desde Madrid, si se exceptúa a la Brunete mediática obcecada en el marianismo de estricta obediencia.

La invención del tancredismo, entendido como la voluntad de no hacer nada, se positiva en un esfuerzo heroico: el de no moverse lo más mínimo, conforme a los dictados del asesor áulico Pedro Arriola. Así se dejó arrumbar Rajoy, cuando era líder de la oposición, por las olas de la crisis hasta arribar a las playas de La Moncloa. Así, una vez alcanzada la presidencia, ha desafiado también, como Zapatero, su predecesor socialista, la vigencia del principio de contradicción fijado en la lógica aristotélica. Lo que resulta paradójico es que el hombre inmovilizado por el miedo se transfigure en la estatua viva del valor: del Rey del Valor, que era el sobrenombre con el que se anunciaban las actuaciones de Don Tancredo en los carteles taurinos. Señala nuestro autor que “para nada hace falta tanto valor como para expresar el miedo” y que “el valor de los hombres podría definirse por la calidad de su miedo”. También que hay dos escuelas de pensamiento al respecto. La primera, mantiene que Don Tancredo esperaba al toro con los ojos cerrados, la segunda que lo hacía con los ojos abiertos. Pero Bergamín resuelve el dilema invirtiendo el orden de los factores para advertirnos de que no es el Don Tancredo el que puede mirar con fijeza al toro; es el toro el que puede y tiene que mirar con fijeza a Don Tancredo, de forma que cuando el toro no se fija en él es cuando está perdido: porque le acomete, casi sin verlo, le arremete y le derriba. Así sucedió el primero de enero de 1901 con aquel toro Zurdito, de Miura, que sin duda no se fijó en él, le derribó al suelo y le obligó a salir de estampida.

La pretensión por parte de Mariano Rajoy de esquivar la cuestión de Bárcenas y de la financiación ilegal del Partido Popular solo ha generado resultados contraproducentes. Quien pensara que el tiempo todo lo borra o que después de llover escampa, habrá podido comprobar el fracaso de semejante predicción, porque también sucede que el paso del tiempo puede ser un agravante y que el silencio de la parte interpelada redobla la fuerza del requerimiento de quienes exigen respuesta. Más aún, si Manolo el del bombo se pone al frente de la percusión con la maestría que tiene acreditada en la administración de las dosis y de las pautas, sabedor de que para lograr el incremento de las sensaciones en progresión aritmética es necesario que los estímulos escalen en progresión geométrica (Ley de Weber y Fêchner) y sabedor también de cómo premiar o sancionar el comportamiento que cada uno de los implicados en las carpetas y sobres manejados por Bárcenas, que Jota Pedro presenta como descubrimientos. Máxime cuando, esta vez, en lugar de las conjeturas para extorsionar de otras ocasiones cuenta con datos irrefutables. En todo caso, según comentaba un magistrado del Supremo, cuando aparece una contabilidad b, siempre acaba por resultar la verdadera, mientras que la oficial apenas responde a la necesidad de guardar las apariencias legales.

Que las fuerzas de oposición hayan debido amenazar con una moción de censura indica la tozudez de la negativa de Rajoy a comparecer ante el Congreso de los Diputados, habida cuenta de que la censura es el único recurso que la Junta de Portavoces, de obediencia gubernamental, es incapaz de bloquear. Que el presidente haya dicho que solo debe explicaciones a los españoles que le votaron es contrario al hecho de que su investidura corresponda al Congreso de los Diputados, integrado por quienes han sido elegidos para ocupar sus escaños en las elecciones generales. Pero esto no se queda así. Esto se hincha.

Al igual que sucedió en su momento con el presidente Rodríguez Zapatero, quien tras eliminar de su particular vocabulario la palabra ‘crisis’ tuvo que recuperarla convertida ya en el arma de su propia autodestrucción, ahora Rajoy ha pretendido borrar del suyo al colega ‘Bárcenas’, siendo forzado también a reconocerle con luz y taquígrafos de por medio, ataviado con todos sus atributos de partido y cuando el personaje ya hiede políticamente a larga distancia.

Se trata, por tanto, de un ‘dar la cara’ que, además de llegar tardía y malamente, no va a permitir que se siga camuflando la verdad con medias palabras ni con retorcimientos del lenguaje y, mucho menos todavía, con mentiras formales. En relación con el camino recorrido hasta hora de forma bien torpe por el ‘marianismo’ en el escándalos asunto de Luís Bárcenas, no nos resistimos a reproducir un excelente artículo de Pedro G. Cuartango titulado “El neolenguaje del PP”, publicado en el anexo documental de El Mundo sobre los “20 años de Contabilidad B en el PP” (17/07/2013):

Si el pescado se pudre por la cabeza, la mentira empieza siempre por la manipulación de las palabras. Estos días estamos asistiendo al nacimiento de un neolenguaje que pretende desviar la atención de los ciudadanos y encubrir la financiación ilegal del PP y los abusos cometidos por sus dirigentes. Syme, uno de los personajes del '1984' de Orwell, asegura que el Ministerio de la Verdad conseguirá la implantación de ese neolenguaje en el que las palabras ya no tendrán ningún significado en el año 2050. En esa fecha, el poder habrá impuesto el doble pensamiento, que consiste en disociar lo que uno piensa de lo que tiene que decir, que son las consignas del partido. Muchos dirigentes del PP han hecho realidad la profecía del escritor británico 37 años antes de lo que preveía.

Lo que estamos viendo estos días es cómo las metonimias, metáforas, elipsis, hipérboles, sinécdoques, anacolutos y otras figuras del idioma son utilizadas por los portavoces del PP para ocultar unos comportamientos infames y para eludir responsabilidades, culpando a otros de sus propias miserias. El espectáculo es sencillamente indecente.

No sé si es peor la financiación ilegal del partido y el pago de sobresueldos o la burda propaganda que supera con creces a la del Gran Hermano. En este asunto no es que falte 'la finezza' que reclamaba Andreotti, sino que lo que sobra es estulticia y cara dura.

La reacción del PP muestra la profundidad de la crisis política e institucional que sufre este país, en el que la falta de ejemplaridad de los líderes y la esclerosis de los partidos han provocado un absoluto descrédito de los ciudadanos hacia el sistema.

Y hay que empezar por repudiar la actitud del presidente del Gobierno. Cuando Rajoy leyó anteayer [15 de julio de 2013] la respuesta que llevaba escrita en su comparecencia en Moncloa, habló de “rumores, insinuaciones e informaciones interesadas”. En lugar de esforzarse en buscar argumentos para defenderse, recurrió al demagógico recurso de quitar toda credibilidad a los abrumadores indicios que apuntan cuando menos a imperdonables negligencias.

Rajoy no explicó, no ha explicado nada. Desde que estalló la crisis se ha limitado a hacer juicios de intenciones contra quienes le piden algo tan elemental como que comparezca públicamente para responder a las muchas preguntas que suscitan los apuntes de la contabilidad B de Luis Bárcenas, que ha sido miembro de su círculo íntimo desde que fue nombrado presidente del partido hace nueve años.

Pero lo más repudiable de la actitud del presidente ha sido su identificación con el Estado y la estabilidad de las instituciones para blindarse de esa exigencia de responsabilidades políticas que es de puro sentido común.

Asumiendo ese neolenguaje, Rajoy declaraba hace pocos días que los medios deben ocuparse de lo "verdaderamente importante", sugiriendo que todo este asunto es secundario respecto a la crisis económica. Ello revela su escala de valores y su nulo interés en limpiar el partido, que es lo único que -parafraseándole- verdaderamente le importa.

Cuando, hace unos meses, puso la mano en el fuego por todos los dirigentes del PP de ahora y de antes, se comportó como el padrino que protege a su clientela a cambio de una fidelidad hasta la muerte. Ésa parece ser la cultura dominante en Génova.

Dolores de Cospedal también incurrió anteayer en el mismo error de negarlo todo sin ningún matiz, aunque, al menos, tuvo el valor no desdeñable de responder a las cuestiones que le plantearon. La 'número dos del PP' optó por desmentir categóricamente que su partido cobrara una comisión por unas contratas de limpieza en Toledo cuando existe un recibo firmado por uno de sus colaboradores al que Bárcenas entregó 200.000 euros. Puede que Cospedal no haya cometido ninguna irregularidad, pero ese documento merece una explicación prolija y convincente.

A lo largo de estos días, dirigentes y diputados del PP se han desplegado por todas las tertulias para amplificar la teoría del chantaje y desacreditar a El Mundo. Olvidan que chantajear no es hacer público lo que uno sabe, sino ocultarlo para sacar beneficio. Pero, además, sólo es posible chantajear a alguien si éste tiene algo que esconder.

El diputado Gil Lázaro se dedicó en un programa televisivo de la noche a despotricar contra este periódico, calificando todas sus informaciones de insidias, arremetiendo contra la oposición y tachando a Bárcenas de “delincuente”, en línea con lo que han dicho Floriano y Alonso. El discurso de los tres es una emulación del de 'Humpty Dumpty' cuando enfatizaba muy enojado aquello de que “las palabras dicen lo que yo quiero que digan”.

Pero la realidad es tozuda. Y siguen sin respuesta las cuatro cuestiones elementales que ninguno de ellos ha sido capaz de contestar: por qué sus superiores no se enteraron de nada, por qué le protegieron a Bárcenas, por qué han reconocido dirigentes como Nasarre y García Escudero que recibieron esos sobresueldos si todo es falso y por qué esos apuntes coinciden con la contabilidad de 'Gürtel', incautada por la Policía y que obra en el sumario.

Por mucho que se empeñen, no hay ninguna conspiración contra Rajoy. Pero, aunque la hubiese, que no es cierto, lo esencial reside en la fuerza de los hechos. Si este escándalo hubiera estallado en Gran Bretaña, David Cameron sería ya un cadáver político. Para quien lo haya olvidado, Helmut Kohl tuvo que dimitir como jefe de la CDU cuando los medios revelaron que su partido había cobrado una comisión por la refinería de Elf en Leuna.

Buscar la verdad no consiste en matar al mensajero. Si la estrategia del PP pasa por negar las evidencias, no hay que ser muy listo para darse cuenta de que todo acabará muy mal, porque no se puede engañar a todo el mundo todo el tiempo.

En nuestra Newsletter del pasado 25 de noviembre, titulada “La realidad objetiva y la manipulación política”, señalábamos que sólo cuando el político reconoce las cosas como son en sí, alcanza la verdad. De otra suerte cae en el error y, por tanto, en el gobierno pernicioso.

El gobierno de la razón, frente a la razón del gobierno (que a menudo incluye la ‘sinrazón’, la ‘razón de Estado’, el ‘secretismo’ y, efectivamente, la manipulación del lenguaje), se asienta en el conocimiento de la verdad objetiva. Porque la razón, en esencia, depende de la verdad…

Un ejercicio mentiroso que, además de ser propio de políticos de escasa capacidad, como la mayoría de los actuales, también es el refugio de los más mezquinos y de los más tontos, quienes, si uno se detiene en tal observación, no dejan de ser, efectivamente, los que más mienten. Y en el que, según clamaban los socráticos, el peor engaño es el de los que, careciendo de méritos para ello, se hacen pasar sin pudor alguno ante sus conciudadanos por hombres capaces de gobernar el país.

Pero, aún con todo lo dicho, ya veremos en qué queda la comparecencia parlamentaria de Rajoy del próximo jueves 1 de agosto, y si aclara el ‘caso Bárcenas’ y la oscura financiación del PP de forma comprensible o se sube por las ramas y vuelve a su taimado lenguaje político para ofrecernos ‘más de lo mismo’. Puestos a apostar, apostaríamos por la vía del ‘escapismo’, que es lo que mejor se le da.

Que la corrupción política alimentada por el aparato del PP terminaría ardiendo en la hoguera pública, ya se advirtió en esta misma web de forma temprana en un artículo de opinión de Fernando J. Muniesa titulado El trasfondo profundo del “caso Gürtel” (19/02/2012). Previsión que se precisó más tarde (27/01/2013) en la Newsletter 46 (El “caso Gürtel-Bárcenas” y la autodestrucción del PP) y que, a renglón seguido (28/04/2013), se remató en la Newsletter 59 (El “caso Gürtel-Bárcenas”: la verdad os hará libres).

Esos tres análisis sucesivos del caso y de su grave sintomatología política, lo dejaron bien radiografiado y diagnosticado para que el lector menos informado pudiera tomar justa conciencia de la situación y procurarse un estado de opinión correcto, digamos que ‘listo para sentencia’. Cualquiera podía constatar que el ‘caso Gürtel’ (que en realidad era el ‘caso Gürtel-Bárcenas’) presentaba las características propias de un ‘cáncer de partido’ en avance terminal si no se le aplicaban terapias de urgencia, incluidas las amputaciones quirúrgicas necesarias.

Pero parece ser que, ni eso ni todo lo masivamente publicado al respecto en infinidad de medios informativos, fue suficiente para mover a las cabezas pensantes del PP y del Gobierno al que sustenta a frenar la metástasis degenerativa que estaban padeciendo, y ni siquiera a aliviarla de forma paliativa. A tenor de la situación, la dejación asistencial  del caso se debió sustituir por los rezos a Santa Rita de Casia, abogada de los imposibles, o por pactos diabólicos para que el infierno judicial se centrara y cebara sólo en los ‘pringados’ de turno (palmaditas sobre el hombro del pillado y “A mí plin… yo duermo en Pikolín”).

Lo que pasa es que el cáncer de la política, y en particular su variedad ‘res publica corruptio-latrocinium’, al igual que sucede con otros grandes males que aquejan al actual sistema de partidos, suele perseverar en su perniciosa marcha de forma irreversible si no se combate con la debida decisión y ocupación, sin dejar de aplicar los conocimientos y medios técnicos más avanzados. Pero Rajoy (presidente del PP y del Gobierno), que es el padre de la doliente criatura, no ha estado jamás por esa labor, ni lo estará, porque metafísicamente le es imposible: no soporta los problemas y por eso los bandea de mala manera sin cogerles por los cuernos.

LO QUE YA ESTÁ EN CUESTIÓN ES LA INTEGRIDAD DE RAJOY

Muchos españoles, votantes o no del PP en las pasadas elecciones generales (más que de Rajoy), ya estaban con la mosca detrás de la oreja sobre su posible vaguería personal, su languidez política (por no hablar de pasotismo o de falta de coraje), su capacidad para ocultar la verdad (mentir al fin y al cabo) y su incapacidad para gobernar… Pero, ahora, la mala gestión del ‘caso Gürtel-Bárcenas’ y las novedades afloradas al respecto (como las reveladoras declaraciones de Bárcenas a Pedro J. Ramírez rectificando afirmaciones realizadas previamente en la instrucción judicial y aportando documentos originales de la Contabilidad B del PP, a modo de ‘continuará’) han puesto en cuestión, incluso, su integridad personal.

Victoria Prego, siempre aguda en sus análisis y en la lectura de los grandes acontecimientos políticos, señala esa precisa y definitiva llaga en un artículo de opinión titulado de forma significativa “Cohecho y reputación” (El Mundo 12/07/2013):

Son dos cuestiones distintas las que ahora mismo están cargando el aire que tanto crispa al PP. Ambas de la máxima importancia pero de distinta naturaleza.

Una de ellas, la que parece que interesa especialmente al juez, es la de la presunta financiación irregular de ese partido. La extraordinaria importancia que tanto el juez Ruz como el fiscal Romeral han dado a ese manuscrito original de Bárcenas, tiene que ver con el rastreo de las donaciones, muy por encima de los límites que marca la ley, que el PP podría haber recibido.

La cuestión, en ese caso, estaría en comprobar quién aportó dinero, en qué cantidades y a cambio de qué concesiones. Y, por supuesto, descubrir también la dimensión de las comisiones que, por el camino, se hayan podido distraer hacia los bolsillos particulares de algunos. Hacia el de Luis Bárcenas desde luego, aunque esa siga siendo de momento una hipótesis.

Lo que los dirigentes populares no saben todavía es hasta dónde está dispuesto a llegar su ex tesorero en la denuncia, más allá del caso Gürtel, de esa supuesta financiación ilegal. Ni qué es lo que puede probar. Y no porque la financiación irregular sea un delito, que no lo es. Ojo a eso, no nos vayamos a equivocar. La financiación puede ser contraria a determinadas leyes pero no está contemplada como delito en el Código Penal. Lo que sí es un delito es el cohecho, que tiene pena de prisión. Y pudiera ser que Bárcenas estuviera dispuesto a hacer ante el juez nuevas aportaciones en ese sentido. De ahí la tensión que el portavoz del PP mostró ayer en el Congreso, llamando directamente delincuente al hombre que durante 20 años administró las cuentas de su partido y que, de momento, no ha sido condenado como tal.

Y luego está la segunda parte, que sólo tiene ribetes políticos pero que es de una enorme trascendencia: quién recibió dinero que, según la Ley de Incompatibilidades, no debía recibir. Y quién lo recibió pudiendo hacerlo, pero lo ocultó a Hacienda.

Y ahí es donde se hace foco en Mariano Rajoy porque es presidente del Gobierno de España. Los demás nombres tienen también su importancia, pero casi todos están ya fuera de las estructuras de poder del PP y, en todo caso, su falta habría prescrito.

De modo que lo que se dirime aquí es algo tan simple como trascendental: si Rajoy es, o no es, el hombre íntegro, transparente y estricto cumplidor de las normas que él siempre ha dicho que era y que, desde luego, parece. Él acuñó para la Historia una frase rotunda: “Es falso: nunca, repito, nunca, he recibido dinero negro, ni en este partido, ni en ninguno”. Dicho queda.

De la documentación que pueda aportar Bárcenas depende ahora que su reputación se mantenga, e incluso se refuerce o, al contrario, salte hecha añicos. Pero si Rajoy está tranquilo, como dicen que está, aunque se empeña en seguir callado, lo que no se comprende es por qué los suyos se comportan como si llevaran los dedos metidos en un enchufe.

El lunes [14 de julio de 2013] empezaremos a despejar dudas.

Pero es que esa esperada aclaración de dudas por parte de Rajoy y del PP no sólo no se ha producido sino que, en su ausencia, lo que se ha fortalecido de forma inmediata es el análisis y los temores de Victoria Prego sobre la integridad del presidente del Gobierno. Tras la ‘pérdida de papeles’ de los populares, que salieron en tromba para acusar a Bárcenas de vulgar “delincuente” desvinculado del partido, como si fuera un extraterrestre que nunca fue su gerente, su tesorero, su senador cunero por Cantabria ni “El Cabrón” que atornillaba con la ‘trama Gürtel’ sus colectas y repartos de sobresueldos ilegales, el peligroso tándem Ramírez-Bárcenas ha encendido, sin más, la hoguera de la cremá terminal de Rajoy, que es la del PP.

Claro está que este incendio político se acompaña con la correspondiente pugna concursal por convertirse, cada facción del partido, en el ninot indultat de la larga noche de San Juan (por no decir de los cuchillos largos) que tan torpemente se acaba de inaugurar. Ya veremos quién gana esa posición o si se queda desierta.

¿ES EL MINISTRO RUIZ-GALLARDÓN EL PIRÓMANO DEL PP…?

La lamentable opción de Rajoy en el tratamiento del ‘caso Gürtel-Bárcenas’, enrocado en el silencio y en la negación de la evidencia, aderezados con el insulto generalizado (esgrimiendo un falso catálogo de ‘causas generales’, ‘conspiraciones’  e intentos de ‘arruinar la recuperación’…), y en particular con el insulto más grave y peligroso a la inteligencia de los electores, ha marcado el principio del fin de su vida política y lleva al PP a su ruina existencial. Es la terapia del fuego arrasador, de la tierra quemada.

Ahora, la cuestión importante para -si fuera posible- reaccionar de forma inteligente y salvar los muebles (limitar los daños), sería no sólo reconocer la realidad y reconducirla con decisiones ajustadas, sino comprender que el fuego no ha sido accidental, sino provocado y, en su caso, detectar y detener al pirómano de turno, al que, si hace falta, está visto que no le faltará valor para avivarlo con gasolina de alto octanaje.

En un Confidencial de esta misma web, ya se señala el paralelismo que existe entre el comportamiento del actual ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, en relación con el presidente Rajoy, y el que tuvo el ex ministro socialista de Justicia e Interior, Juan Alberto Belloch, con el entonces presidente González. Algunos de sus párrafos advierten:

(…) Con lo ‘cantado’ a última hora por Luís Bárcenas en la instrucción judicial del caso que lleva su nombre, tras esperar de forma infructuosa el socorrido favor del Gobierno para no ingresar en prisión, Ruiz-Gallardón aparece desentendido de esta comprensible demanda del ‘compañero’ ecónomo del PP, como un émulo del ex ministro socialista de Justicia e Interior Juan Alberto Belloch cuando, en su afán por acabar con la carrera política del entonces presidente del Gobierno Felipe González, le puso a las patas del ‘delincuente’ José Amedo. Porque quien ahora ha puesto al ‘delincuente’ Bárcenas en el disparadero contra el presidente Mariano Rajoy ha sido el actual ministro de Justicia, que no ha movido un dedo cerca de la Fiscalía bajo su directa autoridad para atemperar la actitud de las fiscales que participan en la instrucción del caso (o bien para sustituirlas como pedía Bárcenas), al igual que se ha hecho -de forma acertada o desacertada- en otras muchas ocasiones…

(…) Pero más revelador todavía del papel jugado por el Ministerio de Justicia en contra de Luis Bárcenas (que al final tiene su efecto obvio contra Mariano Rajoy), es la posición de la Fiscalía Anticorrupción en el caso. Cuando una de las acusaciones privadas pidió ‘prisión con fianza’ para Bárcenas, lo que podía evitar su ingreso carcelario, fue la fiscal adscrita la que, ante el asombro de todas las acusaciones y hasta del propio juez instructor, la que, previa consulta a sus superiores, solicitó la ‘prisión incondicional y sin fianza’, petición que es la que en realidad produjo el ingreso del imputado en la cárcel de Soto del Real...

Y, finalmente, se concluye: “La Justicia se encargará de Luis Bárcenas (y compañía) y éste del jefe del PP. Lo dicho: ¿Es Ruiz-Gallardón el Belloch del presidente Rajoy...?”.

Pero, para no seguir en la auto-cita y poder informar la opinión de nuestros lectores de la mejor forma posible, recuperemos una excelente crónica de Jesús Cacho publicada en VozPópuli.Com (07/07/2013), cuyo análisis esencial compartimos, y que por su riqueza informativa no queremos resumir:

El Rey desnudo y el doble juego de Alberto Ruiz-Gallardón

En los recesos que tienen lugar en el salón de sesiones del Parlamento se les ve compartir confidencias muy al oído, guiños de complicidad, a veces risas reprimidas que en otro entorno hubieran aspirado a carcajada. Casi parecen una pareja de novios. Se sientan en el banco azul y comparten tareas de responsabilidad en el Gobierno de la nación. Él, ministro de Justicia, es hombre poliédrico y polémico donde los haya; ella, vicepresidenta del Gobierno, es la persona que más poder acapara en este Ejecutivo como mano derecha de Mariano Rajoy, además de ser la figura de mayor proyección de entre los políticos con futuro que pueblan la nómina del PP. La estrecha relación que une a Alberto Ruiz-Gallardón y a Soraya Sáenz de Santamaría no ha pasado desapercibida para nadie. Lo que aquél supo encontrar en Ana Botella, la atrabiliaria alcaldesa de Madrid a la que incluyó en su lista para así poder gozar de la protección de su antaño poderoso marido, ahora lo ha volcado sobre la mujer que goza de toda la confianza del Presidente, convencido de que no hay mejor farallón tras que el protegerse de los muchos enemigos que con cuchillos cachicuernos le esperan embozados tras las esquinas de la derecha española.

En la ciénaga en la que chapotea un PP cuarteado por la corrupción galopante de ‘Gürteles’, Bárcenas y demás escándalos, la vicepresidenta encarna una postura, encabeza un núcleo de gente más o menos joven y no contaminada que rechaza de plano esa situación, personas que en palabras de la ex presidenta madrileña se sienten “abochornadas” por la corrupción y reclaman, exigen, mano dura, operación limpieza y depuración de responsabilidades. Son los ‘sorayos’, un conjunto que se agrupa bajo el paraguas de la vicepresidenta. En una maniobra calculada, Ruiz-Gallardón se ha puesto a la sombra de ese grupo, intentado una alianza no explicitada pero de largo recorrido político. Es el rumor que recorre Madrid en las últimas semanas. En la tormenta que, por debajo del efecto balsámico de la mayoría absoluta, agita las aguas del partido y compromete su futuro, está en juego la sucesión de Rajoy y el liderazgo del PP. Gallardón sabe que sólo la vicepresidenta podría discutirle ese entorchado en un futuro no lejano y, calculador cual es, ha decidido hacer la primera parte de la carrera a su lado, pegado a su rueda, convencido de que cuando llegue el Tourmalet sabrá esprintar hacia la meta donde se coronan los elegidos.

La palanca que mueve a la Fiscalía a pedir prisión sin fianza para Luis Bárcenas la maneja Gallardón, pero el permiso para hacerlo posible lo solicita a Sáenz de Santamaría, quien, tras consulta con Rajoy, lo concede. “Ya no te puedes fiar de nadie”, dijo aquella noche Rosalía Iglesias. Soraya se moja porque está convencida de que Mariano no tiene nada que temer, segura de que está limpio, de modo que la amenaza de Bárcenas de abrir la santabárbara y hacer explotar la munición que guarda en ella no podrá acabar con la carrera política del presidente. Rajoy no es un corrupto. Las fuentes más solventes, sin embargo, sostienen que el exalcalde de Madrid opina otra cosa. Gallardón cree que la bomba Bárcenas, reforzada con metralla Gürtel, acabará llevándose por delante a la actual generación de altos cargos del PP, con el propio Rajoy al frente, y que tras esa explosión no quedará políticamente vivo más que él mismo y, quizá, la vicepresidenta.

Cuentan en la cúpula popular que Javier Arenas, mitad confesión mitad reproche, habría puesto al corriente a Gallardón de que la última partida de dinero localizada en Suiza en las cuentas de Bárcenas, esos 23 millones finales que elevan la suma total manejada por el extesorero a 48, pertenece al propio PP, es dinero del partido que se ha ido acumulando a base de comisiones colocadas en Suiza por constructores y demás familia, y que habría manejado en el tiempo Álvarez Cascos, el propio Arenas y otros… Dinero del partido y/o de prohombres del partido, un escándalo en todo caso que habría decidido a Gallardón a pisar el acelerador a fondo para llevarse por delante a toda la cúpula, permitiéndole a él encaramarse a la cúspide como salvador de la democracia española. De modo que es ahora o nunca. El momento de jugárselo todo a una carta. Se trata de hacer explotar la bomba, evitando que el paso del tiempo, la casualidad o un pacto que la dirección pudiera urdir con el propio Bárcenas desactiven una espoleta que podría llevarle en volandas a la Moncloa.

Gallardón, candidato a salir del Gobierno en una crisis 

Aseguran las fuentes que el presidente conoce el doble juego de su ministro de Justicia y está “asqueado” y dispuesto a ‘cepillárselo’ en cuanto pueda, candidato seguro al cese en caso de producirse una de esas crisis del Gobierno a las que tan poco dado es el gallego. Las opiniones en torno a la eventualidad de una crisis de Gobierno más o menos próxima son muy dispares, incluso dentro de los propios equipos ministeriales. Cristóbal Montoro, por ejemplo, no ve por ningún lado esa remodelación, entre otras cosas porque las elecciones europeas, citadas siempre como frontera del cambio, están lejos. Sin embargo, su segundo, Antonio Beteta, opina lo contrario, y cree que existen muchas posibilidades de que la crisis se produzca en otoño.

Gallardón lo sabe. Sabe que su cabeza está en peligro y que si se produjera ese cambio ministerial sin que el artefacto Bárcenas hubiera hecho explosión, su carrera política, que tantos y tantos bandazos ha protagonizado, habría llegado a su fin. Necesita, por tanto, acelerar la depuración en el PP. Provocar la gran crisis. Activar la traca final a pesar de los riesgos, muchos, porque Gallardón, limpio de los sobresueldos de la calle Génova, no puede presumir de una hoja de servicios inmaculada, como algunos de sus millonarios amigos -“si los baños de Zalacaín hablaran” suele decir uno de ellos- se encargan de sugerir. Lo suyo, en efecto, ha sido caza mayor, siempre arrimado a lo más granado del capitalismo castizo madrileño, básicamente constructor, gente como ese ‘bon vivant’ que hace años declaraba como fraternal obligación “hacerle a Alberto un dinerito para cuando abandone la política”. Ni todo el oro del mundo, sin embargo, conseguiría apartar a este animal político de su suprema ambición: la de ser presidente del Gobierno de España como hombre de síntesis entre una derecha y una izquierda que, en pleno fin de Régimen, se baten hoy en retirada.

El aspirante ha encontrado uno de los aliados más poderosos que podía soñar sobre la piel de toro en la persona de Su Majestad el Rey. Conocida es la frialdad que en el pasado presidió las relaciones entre ambos, conexión torcida desde que al príncipe de los munícipes se le ocurriera cortejar a la sobrina del Rey, María Zurita. Dicen que aquello iba en serio, tan en serio que en un decisión difícil de interpretar a la luz de lo sucedido después en su propia casa, el propio Monarca cortó en seco esa intención advirtiendo al pretendiente que jamás lograría emparentar con la familia Borbón. En línea con ese historial, don Juan Carlos se opuso en diciembre de 2011 a su nombramiento como ministro de Defensa del Gobierno Rajoy, puesto que el gallego le tenía reservado. Con derecho de pernada para nombrar al titular de ese ministerio y al responsable de los servicios secretos, tenía su propio candidato en su amigo Pedro Morenés.

El Rey ha tenido que llamar a la puerta de Ruiz-Gallardón 

La venganza, ese plato que se sirve frío, ha llegado para el político todo ambición del brazo del escándalo Urdangarin, y la posterior imputación de la infanta Cristina. El titular de la Corona ha tenido que llamar a la puerta del ministro de Justicia para pedir ayuda con menos humos que antaño. Salvar a su hija del banquillo se ha convertido para el Rey de España en una cuestión prioritaria, casi una obsesión. En el acercamiento entre ambos ha jugado papel importante la propia María Zurita, que ha respondido con la gentileza que de ella se esperaba. Y ahí está, estaría, el pacto, dibujado como una ensoñación cuya sombra se cierne sobre el futuro de España: uno tendría que embridar los corceles de la Justicia, empezando por la Fiscalía bajo su jurisdicción directa, para salvar esa gran sima judicial que por culpa del yerno trincón amenaza el futuro de la Corona, desde luego situando a la Infanta al margen de las asechanzas de los tribunales y, a ser posible, también a su marido, y el otro apoyando las aspiraciones políticas del fogoso ministro de Justicia, en el caso de que la olla a presión del PP termine por explotar llevándose por delante a toda la vieja guardia.

Para un jefe de Estado que llegó a manifestar sin ambages su incapacidad para cohabitar, vulgo soportar, a un presidente del Gobierno tan frío puro mármol como José María Aznar, un político que se opuso a muchos de sus caprichos, y que tampoco sintoniza con un hombre como Rajoy, tipo austero que pasa de las pompas y vanidades del mundanal entorno de los ricos del lugar, un Gobierno presidido por Gallardón podría significar para él el regreso a los años dorados de Felipe González y, sobre todo, de un Zapatero donde el Monarca hizo de su capa un sayo; tanto consintió, permitió tanto, que durante años hizo la vista gorda con la insólita situación de una rubia de lujo que, como si de una autoridad del Estado se tratara, llegó desfilar tras el Rey de España por la alfombra roja de más de una recepción real, además de permitirle vivir en el propio recinto de Palacio, en el Somontes madrileño, mientras la legítima consumía sus horas apenas a unos cientos de metros en La Zarzuela.

Mientras tanto, los intentos del Rey por recuperar imagen, dicen sus exegetas que por “hacer gala de transparencia”, chocan con la machacona realidad de la falta de costumbre. En vez de aclarar, enturbian. En vez de despejar dudas, crean otras nuevas y aún peores. Es el caso de lo ocurrido con las “explicaciones” ofrecidas el jueves sobre la situación fiscal de la fortuna heredada de su padre, el conde de Barcelona, intento del que ha quedado claro que el Rey no tiene documentación alguna que respalde su afirmación de haber cumplido sus obligaciones con el fisco, es decir, que no pagó un duro a Hacienda. Entre el espeso silencio que de nuevo parece rodear la información sobre la Casa Real en los grandes medios, también ha quedado claro que el Monarca, aparentemente restablecido de sus achaques, ha vuelto para quedarse, decidido a demostrar de nuevo quién manda aquí, y a ignorar esa asunción de responsabilidades que acaba de materializar Alberto II de Bélgica con su abdicación. Nuestro Rey sigue desnudo, pero aquí nadie se atreve a decírselo. En el sórdido horizonte español, no se adivina salida para este embrollo.

LOS MALES DE DESENTENDERSE DE LA REALIDAD

La abrasadora realidad del ‘caso Gürtel-Bárcenas’ ataca por los cuatro costados y cada vez es más evidente el precipicio, sobre todo político, hacia el que está empujando a Mariano Rajoy, con las consecuencias derivadas para el PP. Día a día se van teniendo más y más evidencias de la corrupción instalada en el aparato del partido y de la total falta de ética con la que se han desenvuelto sus finanzas, al margen de las consecuencias judiciales, que son cosa distinta y menos trascendente porque afectan a personas que son reemplazables, y en su caso condenables sin más, con nombres y apellidos propios.

Y ello, con independencia de la incapacidad política del Gobierno de Rajoy para gestionar la crisis económica, que sigue su curso fuera de control; y no digamos para gestionar la crisis institucional, que, lejos de ser reconducida con su mayoría absoluta, está a punto de saltar por los aires. Esta es la difícil situación del momento, avocada obviamente al empeoramiento y, más allá de acabar con el Gobierno del PP, a arruinar el país y a que éste mande a los populares al mismo infierno tenebroso que mandó a la extinta UCD tras sucesivas escisiones, ya veremos si en las urnas o a patadas y con qué consecuencias también para el PSOE y la Corona, en primera línea del mismo trile democrático.

Con todo, no es de extrañar que, como sucedió en la UCD durante sus estertores de muerte, haya gentes dentro del PP que, por diverso interés (desde el del poder personal hasta el más honorable de evitar la voladura del partido), estén alineándose en una lucha forzada contra Rajoy. Éste ha pedido al partido el imposible de que no se le juzgue hasta el final de la legislatura, cuando el juicio ya no sirva para nada, sin ofrecerse a tomar ahora las medidas mínimamente razonables siquiera para sortear el ecuador de la legislatura dignamente; entre las que se tendrían que incluir una remodelación del equipo de Gobierno que permita nuevos enfoques de política económica, más pactos y reformas institucionales, las amputaciones quirúrgicas que convengan a la imagen del partido y una mayor cohesión interna para zanjar la lucha cainita provocada por el actual pasotismo presidencial.

En definitiva, mientras Rajoy ignora el escenario real del momento, sin entender que la mayoría parlamentaria es del PP y no suya, y por tanto tocando el violón de oído, Ruiz-Gallardón parece moverse en ese contexto como pez en el agua, tratando de sobrevivir o prevalecer en el caos destructivo que provoca. Un deprimente teatro de operaciones en el que ya se perciben camarillas de jóvenes ‘sorayos’, posiciones de resistentes ‘marianistas’, movimientos de ‘aznaristas’ clásicos y, como no, el juego más sucio de zascandiles ‘oportunistas’ que gustan de intrigar por todas partes y navegar en aguas turbulentas, con fuegos cruzados entre ellos de creciente calibre político y judicial.

Uno de los efectos que provoca esta situación de descontrol y desgobierno partidario es el de las especulaciones periodísticas que, en ese ambiente de autismo político, no dejan de ser comprensibles y valorables. Un ejemplo bien evidente al respecto, es la noticia de que “El PSOE se malicia un pacto de Rubalcaba con Rajoy para poner sordina al ‘caso Bárcenas’ y al escándalo de los ERE”, publicada por Federico Castaño en VozPópuli.Com (09/07/2013). En ella se resume que, cuando en febrero aparecieron los ‘papeles de Bárcenas’, Alfredo Pérez Rubalcaba se lanzó a la yugular de Mariano Rajoy exigiéndole la dimisión y que, cinco meses después, cuando la onda expansiva controlada por el ex tesorero del PP está en pleno apogeo, los socialistas se han limitado a reclamar una comparecencia del presidente ante el Congreso: una actitud que, según dicho periodista, ha alimentado en el PSOE la sospecha de que “hay tongo”.

Federico Castaño escarba en la dinámica relacional PP-PSOE y precisa su información de esta forma:

(…) Para explicar el “tono bajo” elegido ahora por los socialistas para sacar los colores al PP por el ‘caso Bárcenas’, fuentes del partido se remontan a la entrevista que Rubalcaba mantuvo con Mariano Rajoy en el Palacio de La Moncloa el pasado 20 de junio. En ella, según la versión oficial, ambos acordaron una estrategia común ante la Unión Europea. Sin embargo, en la dirección del PSOE se sabe que en este encuentro, repasaron de forma genérica la situación del país, con altas posibilidades de que entraran también en los principales casos de corrupción que salpican a los dos partidos, el de Bárcenas por un lado y el de los ERE en Andalucía por otro. La sospecha es que pactaron los límites de su utilización como arma de erosión política en un momento en el que la corrupción es el segundo problema para la mayoría de los ciudadanos, según el último barómetro del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS). Está claro que “hay tongo”, aseguran fuentes del PSOE, perplejas ante la tibieza con la que Rubalcaba está jugando esta partida…

Partiendo de lo escrito por Castaño, pocos días después, el director de su propio medio, Jesús Cacho, complementaba y enriquecía el enfoque en su habitual crónica semanal (15/07/2013), incluyendo en la maquinación política el interés de la Corona por diluir los perjuicios del ‘caso Urdangarin’ y definiéndola como ‘Operación Tijera’, con este atrevido tono:

(…) Cuentan en la Cuesta de las Perdices que el acuerdo a tres bandas -PP, PSOE y Zarzuela- está en marcha y ya tiene nombre: “Operación Tijera”. Se trata de rebajar hasta una dimensión controlable el tamaño de tres escándalos cada uno de los cuales, por sí solo, podría llevarse por delante un Régimen: el caso Bárcenas, el asunto de los ERE andaluces, y la pesadilla del yernísimo Iñaki Urdangarin. Para cada uno de ellos se estaría en el diseño de soluciones a la carta, que incluirían en algún caso cómodas estancias en prisión con salida y dinerito garantizado. Cuentan que la labor de Gómez de Liaño consistiría en reconducir a su cliente por la vereda de ese apaño, con alguna que otra ayuda mediática (“un buen periodista es aquel que sabe distinguir el grano de la paja; publica la paja y negocia con el grano”).

El PP se lo juega todo, incluso la eventualidad de una escisión, a esa carta. En cuanto al PSOE, aseguran que ese acuerdo tripartito es defendido por la columna vertebral del socialismo -Felipe González, Rodríguez Zapatero y Rubalcaba-, interesada en “no hacernos daño inútilmente con la derecha, si queremos impedir ‘il sorpasso’ de IU”…

De hecho, este es sólo un ejemplo, que podríamos acompañar de otros muchos, de lo que producen el silencio y la inacción de Rajoy ante el escándalo social que comporta el ‘caso Gürtel-Bárcenas’, ninguno de ellos bueno para la imagen del partido. Nosotros mismos llegamos a anticipar en su momento la posibilidad de que los ‘papeles de Bárcenas’ terminaran en una particular “Noche de los cuchillos largos” del PP: lo cierto -decíamos- es que “cuando el río suena, agua lleva” y que la derecha española más dura y reaccionaria siempre ha sido de faca afilada, ligera de gatillo y aficionada a no dejar heridos ni prisioneros en el campo de batalla…

RECTIFICAR SERÍA COSA DE SABIOS… Y DE SENTIDO COMÚN

Pero, volviendo a la torpe indecisión de Rajoy (que tendrá que rectificar por las buenas o por las malas), Raúl del Pozo, experimentado comentarista político de afilada e informada pluma, escribía en su crónica de El Mundo titulada “Verdad sin escondites” (18/07/2013), lo siguiente:

(…) Decir la verdad en muchas ocasiones cuesta la vida, decir la verdad en el caso Bárcenas quizá ni siquiera costaría la caída de un político, pero esta casta ha escogido del maquiavelismo la lección de que la verdad a veces es un estorbo para mantenerse en el poder y es más importante la habilidad para incumplir promesas o la astucia del silencio para sortear crisis. Creo que los ciudadanos están esperando la verdad sin artificios, la verdad pura, lo que llamaban la parresia y que Foucault definía como la verdad con franqueza, el coraje del habla franca sin escondites.

En estos días estamos comprobando cómo se sustituye la verdad por la lealtad, cómo la política sigue siendo una hipocresía consensuada y cómo la mordida abarca a casi todo el arco parlamentario. Mordida, condonación, unte, engrase…. Que siga la farsa.

Podíamos traer a colación más comentarios informados y periodísticamente honestos, que desde las distintas orillas ideológicas, más progresistas o más conservadoras, coinciden plenamente en la crítica a la actitud de Rajoy, en la inevitable necesidad que él y su partido tienen de reconocer la verdad -o al menos parte de ella-, en la apreciación de que cuanto más tarden uno y otro en bajarse del pedestal más dura será su caída y en las consecuencias a futuro de tanta torpeza política. Baste, por oponer otra línea informativa de peso a la ya conocida de El Mundo, reproducir el arranque del artículo de opinión firmado por Miguel Ángel Aguilar en El País (16/07/2013) titulado “Antes dimitir que ceder”:

La gestión de la mentira es el factor común que llevó a la derrota del PP en las elecciones del 14 de marzo de 2004 y que llevará ahora al relevo de Mariano Rajoy en la presidencia del Gobierno. Antes morir que pecar es frase que se atribuye a san Luis Gonzaga, modelo de congregantes. En nuestro caso convendría adaptar la frase para que dijera antes dimitir que ceder al chantaje. Una proposición a la que habría de atenerse todo político honorable. Porque en efecto las obligaciones elementales con los electores imponen que no se ceda al chantaje pero, a continuación, corresponde dimitir cuando ha quedado de manifiesto un proceder impropio. De la misma manera que el chantajista que presta un servicio de primer orden revelando los nombres de quienes delinquieron con él, en absoluto queda eximido de culpa aunque haya colaborado con la Justicia en el esclarecimiento de los hechos. Luis Roldán es de los que podría sostener eso de que si dijera la verdad mentiría pero lo que el juez ha de valorar son las pruebas que aporte para sostener sus afirmaciones.

Recordemos cómo Mariano Rajoy esquivó en aquel programa de TVE ‘Tengo una pregunta para usted’ del 19 de abril de 2007 la respuesta precisa a la cuestión de cuánto ganaba que desde entonces sigue irresuelta y ha ido dando tumbos, hasta que ahora el benemérito Tesorero Nacional del Partido Popular, en ejercicio durante décadas, comparece ante el juez Ruz y aporta las cantidades entregadas en sobres al entonces presidente del PP, además de otros datos irrefutables sobre la financiación ilegal de esa formación política. Una vez más, nos encontramos ante un caso de conflicto luminoso, en las antípodas del acuerdo cómplice para garantizar el oficio de tinieblas. Porque sabemos que el antagonismo entre ánodo y cátodo es el que permite que salte la chispa y se cierre el circuito entre esos dos polos de donde resulta la luminosidad del arco voltaico, la cual permitía al público de las antiguas salas de cine ver la película de los hechos. En sentido contrario, si se anulara la diferencia de potencial, si se anulara el disentimiento, entre los dos puntos nos quedaríamos rigurosamente a oscuras para que los más aprovechados pudieran hacer sus cambalaches fuera de la vista de los espectadores. Pudo haber un momento en que Bárcenas y sus beneficiarios, como los gánsteres que discuten en un garaje por el reparto del botín hubieran huido juntos al oír la sirena de la policía, según expresión certera de Cuco Cerecedo, pero esa oportunidad, si la hubo, ya caducó y estamos en otro escenario…

Por nuestra parte, ya advertimos que si en el ‘caso Gürtel-Bárcenas’ Mariano Rajoy hubiera seguido el consejo evangélico de acogerse a la verdad para ser verdaderamente libre (San Juan, 8.32), poniendo encima de la mesa las hechos ciertos, rectificando de forma visible los errores cometidos (incluso con ceses fulminantes), atajando de raíz la gangrena interna de la corrupción y asumiendo un coste político ‘acotado’ en el tiempo (al estallar el problema), está claro que su imagen y la del PP no serían peores de lo que van a terminar siendo, ni tan tremendo el daño que van a sufrir en la hoguera pública.

Porque, como sostienen los teóricos del pensamiento positivo, en lo que se centran las personas -la mentira y la corrupción, frente a la verdad y la ética, en el caso de marras- es lo que se expande ante la sociedad. Alexander Pope, reconocido poeta inglés del siglo XVIII, nos legó la máxima impecable de que “errar es humano, perdonar es divino y rectificar es de sabios”; pero rectificar es, sobre todo, cosa de sentido común, sin el que -honradez y votos aparte- nadie está capacitado ni legitimado de ninguna forma para gobernar.

En una entrevista concedida recientemente a la periodista Victoria Prego, que forma parte de una interesante serie titulada ‘Conversaciones sobre España’ (El Mundo 23/06/2013), el jurista y reconocido político Landelino Lavilla, especialmente activo durante la Transición Española y hoy miembro permanente del Consejo de Estado, lanzó esta razonable llamada de atención en relación con la necesidad de reformar la Constitución: “Bastaría simplemente con que se generalizara la conciencia de que el sistema hay que cambiarlo para alcanzar un orden mejor. Porque la crisis económica es todo lo grave que se quiera, pero lo más grave es que estamos en riesgo de descomposición institucional porque se está deshilachando el país”.   Una semana después, Rodolfo Martín Villa, otro político de larga y densa trayectoria -hoy por hoy prácticamente sin parangón-, se sinceraba con la misma periodista y en el mismo marco analítico, apuntando: “Con ser grave, la situación económica no deja de ser coyuntural. Me parece mucho más grave el desprestigio de los políticos -no pocas veces enjuiciados injustamente-, y me preocupan la unidad nacional, la reorganización del reparto territorial del poder y todo lo que toca a las instituciones, sobre todo la organización de la Justicia”.   Ambos saben muy bien cómo se organizó el Estado de las Autonomías y los problemas que generó ab initio. El más temprano y grave fue el propio intento de golpe de Estado del 23 de febrero de 1981, que ellos padecieron en primera instancia, uno como presidente del Congreso de los Diputados asaltado por el teniente coronel de la Guardia Civil Antonio Tejero y, el otro, como ministro entonces de Administración Territorial, conscientes de que uno de los objetivos esenciales de aquel intento desestabilizador era modificar radicalmente el Título VIII de la Constitución, dedicado a la Organización Territorial del Estado…   ANTES QUE UNA ESPAÑA ROTA, UN ESTADO CARCOMIDO   Dicho de otra forma, el cada vez más evidente problema del ‘deshilachado’ de España y de la unidad nacional afectada por el reparto del poder territorial, no es cosa gratuita ni de ahora, sino que deviene del mismo origen del sistema y de la propia naturaleza autonómica del Estado. Bien está todo lo que se hizo para superar las tensiones generadas con la muerte de Franco y favorecer el tránsito pacífico hacia un nuevo régimen democrático; pero desde entonces se ha tenido poco interés -más bien todo lo contrario- para embridar la disgregación autonómica y evitar sus peligrosas vías de agua, torpe y continuamente agrandadas con las sucesivas reformas estatutarias y la ambición política de quienes las han propuesto y las han aceptado.   Por ello, cuando tantos intelectuales y profesionales de prestigio, e incluso políticos sensatos y experimentados (nada que ver con la actual ‘casta’ partitocrática), hablan hoy de una España deshilachada, divergente o rota, o si se prefiere de la España sin futuro, no queda más remedio que mirar hacia la reforma de la Carta Magna, meollo de la cuestión. Aunque la España invertebrada sea cosa que venga de mucho más lejos y que, en realidad, esa sea la irremisible España de siempre…   Sin embargo, para empezar, en nuestra opinión quizás sería mucho más razonable y práctico hablar menos de la ‘España deshilachada’, porque en la práctica siempre le ha faltado urdimbre y vertebración, y más del Estado español, ateniéndonos -dentro de su amplitud conceptual- al concepto jurídico-político integrador del conjunto de instituciones que ejercen el gobierno y aplican las leyes sobre la población residente en el territorio nacional, interna y externamente soberana. Y a reconocer, acto seguido, que, hoy por hoy, el Estado español es, en efecto, un “Estado carcomido” y extremadamente frágil.   La ‘carcoma’ es el nombre común que reciben las larvas de varias especies de coleópteros que colonizan la madera (sobre todo la más seca y vetusta) en cualquier forma o estructura (vigas y soportes de sujeción, artesonados, muebles…), construyendo en su interior galerías en las que anidan hasta sufrir una metamorfosis con la que adquieren cierta capacidad de vuelo, momento en el que salen al exterior, depositan sus huevos en las grietas de cualquier otra pieza de madera aledaña, para que vuelva a ser colonizada, y muere a los pocos días. Alojada, pues, en el interior de la madera, la carcoma no es fácilmente perceptible; pero eso no le impide ir minando o desestructurar soterradamente su propio alojamiento y convertirlo en puro serrín, resguardado bajo un simple armazón decorativo más o menos como los usados en las producciones teatrales.   Y eso es lo que, de forma lenta pero demoledora, ha sucedido con las estructuras del Estado. La carcoma de los partidos políticos, que ha ido colonizando de forma continuada todas las instituciones públicas -porque el diseño constitucional y los mecanismos de su desarrollo legislativo se lo permitían e incluso lo propiciaban-, ha minado o ahuecado sus soportes vitales hasta dejarlos a punto de derrumbe.   En el actual sistema de Monarquía Parlamentaria, las fuerzas políticas han terminado asumiendo todo el poder del Estado, conformando una auténtica ‘dictadura de los partidos’, primando, mediante un desarrollo constitucional tramposo, a las dos opciones mayoritarias en alternancia (Gobierno y Oposición). Pero con una ‘derrama’ del modelo a favor de las que, en su caso, también puedan alcanzar una posición prevalente a nivel autonómico (el reparto de la tarta con todos sus flecos).   Así, los políticos han abrazado de consuno una suerte de bipartidismo imperfecto que, además de ostentar el Poder Ejecutivo en rotación, ha abducido directamente al Poder Legislativo como tal (mediante la Ley Electoral y el Reglamento de las Cámaras parlamentarias) y, a continuación, al Poder Judicial (garante del sistema democrático). Con ello, la ‘teoría de la separación de poderes’ descrita como esencia de la democracia por el Barón de Montesquieu, queda subsumida en una verdadera dictadura de los partidos.   Que el funcionamiento del Parlamento español constituye una impostura democrática, es decir un mero fingimiento o engaño ante la opinión pública con apariencia de verdad, comenzó a quedar en creciente evidencia hace tiempo, cuando los propios partidos reconocieron la flagrante inutilidad del Senado. Idea que se consolidó socialmente al irse comprobando que las funciones legislativas y de control del Ejecutivo se subordinaban de forma sistemática a los intereses del bipartidismo, antes que a los generales del Estado y a la democracia real, con su correspondiente reflejo en el ámbito autonómico.   La experiencia manipuladora de las comisiones de investigación dentro de las instituciones parlamentarias (e incluso de las comisiones de estudio, como sucedió con la de Financiación de los Partidos Políticos en la que PP y PSOE vetaron la publicación de sus conclusiones y propuestas para que el tema permaneciera en el limbo de sus espurias conveniencias), y en definitiva el amparo que la corrupción política ha encontrado y encuentra dentro de ellas, ha llevado el sistema a un descredito total de muy difícil superación. Ahí están el ‘caso Filesa’, los GAL, Roldán, De la Rosa, Manuel Prado, Mario Conde, el saqueo de Marbella, el ‘Tamayazo’, los ERE de Andalucía, la ‘trama Gürtel’, el ‘caso Bárcenas’ (convertido de hecho en el ‘caso PP’), los Pujol, Prenafeta, Millet, Urdangarin, Torres, Baltar, las Cajas de Ahorro… y lo que no está en los escritos.   Y claro está que, además, este ejercicio malsano de la democracia es, por su propia virtud, claramente absolutista e invasivo. Razón por la que desde el Consejo de Estado (órgano consultivo del Gobierno) hasta la Fiscalía General (que depende directamente del Gobierno), pasando por el Tribunal de Cuentas y el Defensor del Pueblo (instituciones comisionadas de las Cortes Generales), todo el entramado sustancial del Estado está infectado y descompuesto por el mismo entendimiento degenerativo de la política (la ‘dictadura de los partidos’). Y no digamos menos del desbordante complejo de tinglados y organismos instrumentales tanto del Estado como de las Comunidades Autónomas y municipales (empresas y fundaciones públicas, entes portuarios, confederaciones hidrográficas, parques nacionales…), convertidos en verdaderas agencias de empleo y pesebrismo partidistas, por lo general mal gestionadas y subvencionadas a costa del déficit público cargado sobre los administrados…   Pero, una vez asentada la carcoma partitocrática en el Poder Legislativo, desde su simbiosis con el Poder Ejecutivo era inevitable y extremadamente fácil colonizar y minar también el Poder Judicial, considerado ya como el único contrapeso o amenaza potencial a la dictadura de los partidos y el último baluarte de la democracia real. De hecho, no deja de ser llamativo que los mayores ataques a la independencia judicial se estén produciendo en la actual legislatura, cuando la corrupción política ha llegado a extremos inauditos y de países tercermundistas, y sin otro fin aparente que el de consolidar la impunidad del poder y blindar a los políticos corruptos.   Tras la ilusión regeneracionista aflorada con el nuevo régimen democrático, progresivamente disipada, la sociedad española ha vuelto a recuperar la imagen de una Justicia sometida al poder político, bien alejada de la que la Carta Magna describe como emanada del pueblo y administrada por un Poder Judicial independiente, inamovible, responsable y sometido sólo al imperio de la ley. Una situación regresiva que hace bueno el lamento de San Agustín: “Sin la justicia, ¿qué son los reinos, sino una partida de salteadores?”.   Paréntesis: Este último empeño del Gobierno de Rajoy por acrecentar el sometimiento político del Poder Judicial, quedó bien patente en nuestra Newsletter 48 (10/02/2013) titulada “El Gobierno solivianta a la Justicia, soporte vital de la libertad y la democracia”.   Todo ello con un Jefe del Estado (el Rey) esencialmente pasivo en sus primordiales funciones de garantizar su unidad y permanencia (no olvidemos que es el ‘mando supremo’ de las Fuerzas Armadas y a estas compete defender su integridad territorial y el ordenamiento constitucional) y de arbitrar y moderar el regular funcionamiento de las instituciones. Una responsabilidad supeditada con demasiada frecuencia a tareas muy distintas y en ocasiones poco ejemplares…   DE LA CORRUPCIÓN Y LA TIRANÍA   En apoyo de estas tesis, se pueden leer diariamente infinidad de artículos de opinión tan informados como infructuosos, porque desde el Rey hasta el último ministro, con el presidente del Gobierno a la cabeza, se fuman con ellos un puro de tamaño colosal (y así van las cosas). Entre los muchos que podríamos traer a colación, hoy queremos destacar el del filósofo y escritor Ignacio Gómez de Liaño titulado precisamente “Corrupción y tiranía” (El Mundo (02/07/2013), en el que éste asegura -y con razón- que los políticos se han erigido en una ‘casta’, en una suerte de fenómeno que ha pervertido el sistema.     Sostiene Gómez de Liaño en su artículo que, cuando a la muerte de Franco se verificó la transición a un régimen democrático, se cayó en tres errores que son en gran medida responsables de la corrupción que afecta a la clase política, y del riesgo existente de desintegración nacional. Y explica:   (…) El primer error consistió en dar a los políticos, y a sus terminales sociales o sindicales, una libertad de acción tal que les convirtió en una casta superior. Pues los políticos se vieron con las manos libres a la hora de nombrar empleados públicos, crear empresas públicas, controlar gran parte del sistema financiero, condicionar y así pervertir la administración de Justicia, a fin de tenerla amarrada, y constituirse, mediante el aforamiento y la facultad de indulto, en una clase privilegiada. Por si eso fuera poco, creó una vasta red de medios públicos de comunicación, especialmente televisivos, a fin de moldear a su gusto a los ciudadanos, sobre todo a los menos instruidos y más fácilmente manipulables. En suma, el nuevo régimen permitió a los políticos gastar el dinero público a espuertas y a capricho, al tiempo que les exoneraba de la obligación de rendir cuentas y les colocaba sobre pedestales labrados, obviamente, por los artistas, intelectuales y cineastas favorecidos con las subvenciones oficiales.   Tamaño descontrol, unido a la falta de democracia en el funcionamiento de los partidos políticos, a los defectos de la ley electoral y a la falta de independencia de la Justicia, ha dado lugar a la instauración de facto de un régimen oligárquico que en muchos aspectos actúa de forma más sutilmente tiránica que el franquismo, según lo ponen en evidencia, entre otras cosas, el volumen y peso del aparato del Estado y de la tributación que permite sostenerlo, y la volatilización del criterio del mérito en la selección de los empleados públicos. En esas condiciones, ¿cómo extrañarse de que se haya desmoronado buena parte del sistema financiero público, que nuestra crisis económica sea mucho más grave que la que afecta a las naciones más democráticas de Europa y que la corrupción haya corroído las estructuras del Estado, en particular las del nivel autonómico?   Pues el segundo error fue la creación de un Estado autonómico que carecía de precedentes, como no fuese el fugaz y desastroso cantonalismo de la Primera República o el neo feudalismo de los tiempos de Enrique IV y de Felipe IV, que acabó en guerras civiles. Políticos mediocres presentaron -a una sociedad recién salida de la dictadura, y por ello dispuesta a decir sí a cualquier cosa que se le presentase con el envoltorio adecuado- el Estado autonómico como si fuera la panacea de los males que afligían a España. Se pensó que bastaba con arrumbar el “centralismo opresor” para tener una Administración más racional y cercana a los ciudadanos. La realidad ha sido la contraria. Se ha implantado una forma mucho más asfixiante de centralismo -y más anti igualitaria-, pues en vez de uno, hay 17, con el mal añadido de producir montañas legislativas que sepultan bajo una jungla normativa inextricable la vida de los ciudadanos.   Alejando la posibilidad de tener un genuino Estado de derecho, el sistema autonómico ha facilitado la corrupción, además de generar una burocracia reñida con el mérito, promocionar una mentalidad estrecha y cerril, incompatible con un mundo cada vez más globalizado, y legitimar el caciquismo, ese mal endémico de la decadente política decimonónica. Un caciquismo que no ha tenido inconveniente en oprimir al cuerpo democrático con la armadura del feudalismo, como lo pone en evidencia el simple hecho de que se dé a los presidentes de las comunidades autónomas el nombre de barones y ellos se sientan ufanos de ostentar un título tan antidemocrático.   Si el Estado autonómico hubiera servido, según imaginaron los políticos que diseñaron el sistema (con su indigesto “café para todos”), para moderar el nacionalismo secesionista, todavía podría haber tenido alguna excusa. Pero a la vista está que no sirvió para que los nacionalistas vascos y catalanes se sintiesen cómodos dentro del Estado español, sino que ha servido, más bien, para todo lo contrario, con el agravante de que en las regiones donde han predominado los partidos de tipo nacionalista y socialista nacionalista el sometimiento de la ciudadanía ha sido tan tiránico que cientos de miles de ciudadanos han abandonado esas regiones al no ver aseguradas en ellas su seguridad, o incluso integridad, y no digamos su tranquilidad. ¿Qué consiguieron entonces los políticos que diseñaron el sistema del “café para todos”? Poner en bandeja al nacionalismo -que sólo había apuntado muy tímidamente en los últimos años del franquismo- el arma letal del ‘divide et impera’ y así tener más despejado el camino a la secesión.   Y el tercer error, íntimamente unido al anterior, es haber aceptado como legales partidos políticos que rechazan el fundamento de la Constitución de 1978 y el de todas las que la han precedido durante los dos siglos en que ha habido constituciones políticas en España. Los nacionalistas y socialistas de simpatías nacionalistas, así como los gobiernos autonómicos controlados por esos partidos, no sólo rechazan ese fundamento -que la soberanía reside en el conjunto de los españoles-, sino que emplean todos los medios a su alcance para socavarlo. Se ha llegado así al trágico esperpento de que España sea el único país del mundo en el que, al tiempo que se rechaza a los grupos que pretenden discriminar a los negros, o a las mujeres, o a algún sector de la población, se legaliza y ampara a los que discriminan y persiguen a los españoles dentro de su propia nación, amputándoles derechos tan fundamentales como el uso de la lengua.   Esos tres errores, que se alimentan mutuamente, son los que han llevado a la corrupción que padece la vida pública española; corrupción que no es sino manifestación de la tiranía que se ha podido establecer gracias a la utilización abusiva del nombre de democracia y de los consabidos mantras protectores de la ficción, como es, para poner un ejemplo, el uso de la palabra “facha” para lanzarla contra los que no están de acuerdo con las ideas del que la lanza. Hay que tener cuidado para no caer en esos señuelos verbales o en fórmulas demasiado experimentales y aventureras, como la del federalismo que a veces se propone con unas intenciones tan filantrópicas y redentoras como las que tenían los que propusieron el autonomismo…   Y ¿qué hacer entonces ante esta situación…? Gómez de Liaño concluye en su artículo, un tanto a la ligera, que, si el régimen franquista cayó con relativa facilidad porque durante años se había creado una corriente de opinión que hacía inviable su pervivencia una vez muerto el general, ahora habría que hacer algo semejante y dar todo el apoyo a las iniciativas regeneracionistas y reformistas que pretenden hacer frente a los tres errores mencionados. Bien sean estas -propone- formaciones políticas nuevas, como Ciudadanos y UPyD, o las corrientes regeneracionistas que pueda haber en el PP y el PSOE…   AQUÍ Y AHORA, LOS PARTIDOS SON EL PROBLEMA   Su ingenua recomendación final, olvida que los más celebrados slogans socialistas, como “Cien años de honradez” o “Por el cambio”, ya fueron cruelmente transgredidos por el correspondiente aparato partidista. Y que la propuesta regeneracionista de José María Aznar previa a su acceso al poder, cayó en el olvido en cuanto llegó a La Moncloa, en el que siguió incluso cuando gobernó con mayoría absoluta en la VII Legislatura…   Y no digamos nada de las reformas políticas prometidas por Rajoy (dejemos las económicas aparte por su manifiesta incapacidad para comprender la materia), que más que incumplidas están siendo orientadas exactamente en sentido contrario al que figuraba en su programa electoral (ahí están, sin ir más lejos, los beneficios carcelarios y políticos en favor de ETA, la plena politización del Poder Judicial, la consolidación de la España asimétrica, las golferías del ‘caso Gürtel-Bárcenas’…). Es decir, pura carcoma partidista sembrada a mansalva, con premeditación, nocturnidad y alevosía…   Lamentablemente, no podemos asumir la propuesta final de Ignacio Gómez de Liaño, cuyos considerandos previos merecen toda nuestra consideración. Porque, llegados a la situación crítica en la que estamos, es del todo evidente que los partidos políticos de aquí y de ahora no son la solución, sino más bien el problema.   Hoy, los partidos (el sistema partitocrático) carecen de cualquier capacidad reformista y, menos aún, de auto regeneración; porque, en sí mismos, son la carcoma que corroe el Estado, el motor de toda la corrupción política (que un Parlamento democrático y una Justicia independiente tendrían que haber cortado de raíz) y, peor aún, la fuente de la creciente degeneración y disolución nacional. Buscan -y casi lo han alcanzado- el poder absoluto, el que corrompe absolutamente según el dictum del historiador británico Lord Acton (“Power tends to corrupt, and absolute power corrupts absolutely”), por lo que pedirles o esperar de ellos la reconducción de nuestra degenerada democracia es una falacia, es decir una falsedad en daño ajeno.   Aristóteles advirtió tempranamente que el poder excita la ambición y aumenta las pretensiones. Y André Maurois (seudónimo del novelista y ensayista Émile Herzog, 1885-1967) recordó también, como han hecho otros muchos intelectuales a lo largo de la historia, que el poder absoluto desencadena en el hombre sus peores instintos.   Dejemos de confiar ya en el actual sistema ‘absolutista’ de partidos políticos (la imparable carcoma del Estado), que incluso están acabando con las organizaciones de representación social, unas por contaminación política, como los sindicatos y las organizaciones empresariales, y otras por vaciado o aniquilación, como los colegios profesionales, las sociedades científicas, las asociaciones civiles... y hasta las propias Fuerzas Armadas (en las que el ascenso está politizado a partir del empleo de teniente coronel o capitán de fragata). Y apóyense con la mayor fuerza posible y en espera de tiempos mejores los movimientos sociales y ciudadanos, que son el último baluarte de la España soberana y del Estado democrático.   En una expresión genuina de soberbia política, Manuel Fraga se inventó aquello de “¡La calle es mía!”. Pero era una falsedad, porque, al fin y a la postre, es de los ciudadanos y un territorio en el que siempre podrán ganar a los políticos: ahí están la Puerta del Sol de Madrid, la Plaza Tahrir de El Cairo o la de Taksim de Estambul…

Las imágenes y puesta en escena del ‘Concierto por la Libertad’ celebrado el pasado 29 de junio en el Camp Nou -un escenario mítico acostumbrado a las grandes gestas deportivas-, incluido el espectacular mosaico que se formó en las gradas con el slogan Freedom Catalonia 2014 (reproducido en la universal lengua inglesa para que el mensaje llegara mediáticamente con mayor facilidad a todo el mundo), fueron arrolladoras, se quiera o no se quiera reconocer, y por ello sin duda preocupantes.

Más de 90.000 personas abarrotaron el estadio (las gradas y el terreno de juego) con una sola voz y con una sola bandera (las del independentismo), respondiendo así a la llamada de diversas organizaciones civiles catalanas para reivindicar el derecho a decidir democráticamente sobre su propio futuro. El concierto contó con el apoyo de los partidos soberanistas y, aunque Artur Mar estuviera ausente por celebrarse ese mismo día la boda de su hija en la isla de Menorca, el Govern de la Generalitat cerró filas con la presencia ostensible en el acto de sus personalidades más significativas, encabezados por la vicepresidenta Joana Ortega (militante de Unió Democràtica de Catalunya).

LO QUE RAJOY Y SU GOBIERNO SE HAN PASADO POR LA FAJA

A falta de reacciones políticas adecuadas, parece que Rajoy y su Gobierno no se han querido enterar del significado ni del éxito de lo acontecido en el Camp Nou, que fue mucho más que un concierto, o que -más propio de ellos- se lo han pasado alegremente por la faja. Pero por su escenario desfilaron hasta 450 artistas llegados de todo el mundo, incluidos algunos tan curiosos como Ramoncín, Dyango, Peret o Paco Ibáñez, de quienes nunca se supo que cuestionaran la unidad de España.

Tras más de seis horas de actuaciones, un estadio emblemático puesto en pie vivió un final apoteósico de la mano del también simbólico cantautor Lluis Llach, interpretando su tema Tossudament alçats ("Tozudamente en pie"). Sin duda alguna, el ‘Concert per la Llibertat’ del 29 de junio de 2013, con su estudiado y agresivo Freedom Catalonia 2014 lanzado a los cuatro vientos, ha marcado un hito en la decidida ruta emprendida por el president Mas hacia el referéndum soberanista.

La presencia abrumadora de banderas ‘esteladas’ y las consignas coreadas de forma unánime por el público asistente, dejaron bien clara, en efecto, la inequívoca reivindicación independentista del acto. Pero haciendo evidente también la sutil intención de los organizadores de presentar el ejercicio del derecho a decidir no como una opción política, de una parte más o menos significada de la sociedad catalana, sino como la reivindicación de un ejercicio democrático básico y universal.

También hay que destacar que el formato musical escogido fue el adecuado para el público que finalmente asistió al concierto, en su gran mayoría familias y parejas y no tanto jóvenes conflictivos. Nadie, excepto el personal de seguridad, se situó cerca del escenario y de su valla de protección, permaneciendo los espectadores sentado durante gran parte del evento y manteniendo siempre un comportamiento cívico y controlado en todos los aspectos.

Muriel Casals, presidenta de Òmnium Cultural (entidad creada en 1961 para promover la identidad nacional y la independencia de Cataluña), organizadora del concierto junto a la Assemblea Nacional Catalana (ANC), lo dejó muy claro desde el inicio de su intervención política: “Estamos aquí para dar a conocer nuestra causa, que es la causa de Catalunya y también, sobre todo, la causa de la democracia. Estamos aquí para afirmar que queremos ejercer la democracia sin barreras”.

El objetivo de esta movilización tan multitudinaria pretendía, por supuesto, popularizar el soberanismo dentro de Cataluña. No obstante, casi todas las intervenciones estuvieron prácticamente destinadas a la sociedad española y a la comunidad internacional; hasta el punto de que Casals reconociera: “Queremos construir unas relaciones fraternales con las mujeres y los hombres de España y con los ciudadanos del resto de Europa”.

Con esta estrategia, el momento culminante del concierto llegó poco antes de la medianoche, cuando, con el himno de Els segadors de fondo, se compuso el espectacular mosaico que ofrecía la imagen de un estadio abanderado con el lema Freedom Catalonia 2014, reproducido no en catalán sino en inglés, como reclamando al mundo su solidaridad con la causa y buscando aliados internacionales que faciliten la consecución del objetivo independentista. Así, y conscientes de su gran efecto mediático, las pantallas gigantes del Camp Nou emitieron un vídeo oportunista del secretario general de Naciones Unidas, Ban-ki-Moon, apostando por el diálogo y el respeto a la libre voluntad de los pueblos junto a una bandera de Andorra.

Las pancartas más llamativas estaban, como decimos, tendenciosamente escritas en inglés: “Catalonia, Europe's next state”, varias de “Freedom for Catalonia” y una de “Catalonia is not Spain”. Sin embargo, considerando tanto las intervenciones políticas desde el escenario como los aplausos del público, se puede decir que hubo un esfuerzo generalizado de ocultar cualquier sentimiento antiespañol, con grandes aplausos a los cantautores no catalanes y de forma especial a todos los artistas que intervinieron en castellano o en gallego.

La presidenta de Òmnium Cultural dejó muy clara esta idea: “Somos un país de mezcla, de gente que ha llegado de todas partes”. Y añadió que “no queremos imponer nada, hemos sufrido demasiadas imposiciones y sabemos que vivir en libertad consiste en saber respetar a quien piensa diferente”, concluyendo: “Apelamos a todos los demócratas de dentro y de fuera de Catalunya. En el siglo XXI, nadie puede prohibir un referéndum democrático”.

Pero la intervención de Muriel Casals también incluyó un toque de atención a los representantes políticos catalanes: “Deben concretar un camino que es complicado, pero que no puede aplazarse... Han de ser conscientes de las expectativas que se han generado y que necesitan ser concretadas en el calendario y es hora de avanzar unidos dejando de lado las discrepancias”…

La significación política del ‘Concert per la Llibertat’ (a oídos sordos no sólo del Gobierno sino también de la Oposición e incluso de la Corona), quedó evidenciada con toda claridad cuando la vicepresidenta del Govern, Joana Ortega, que fue la más alta representación institucional en el acto, respondió sin arredrarse a los periodistas qué le preguntaron sobre su presencia en un evento de tan evidente tono independentista: “Este acto es un clamor de libertad, ha venido quien ha querido y pone de manifiesto la voluntad de un pueblo que quiere decidir su futuro colectivo”. Antes, el propio líder de UDC, Josep Antoni Duran i Lleida, que no asistió al concierto por razones de agenda, tampoco quiso quedar fuera de juego y publicó en su cuenta Twitter la siguiente declaración: “Hoy es el concierto por la libertad a favor del derecho a decidir. No puedo ir por compromiso previo, pero comparto esta reivindicación”.

La celebración del concierto fue duramente criticada por dirigentes del Partido Popular de Cataluña (PPC) y de Ciutadans. Alicia Sánchez Camacho lo calificó de “aquelarre independentista” y de “concierto de la ruptura, de la exclusión y de la división de todos los catalanes”, mientras Albert Rivera lamentaba además que se hubiera destinado dinero público “a la cobertura de un concierto independentista, con un fuerte contenido político y para separar a Cataluña del resto de España” (la organización negó cualquier aportación o ayuda pública).

Ambos políticos españolistas fueron replicados de inmediato por Ramón Espadaler, el político de UDC actualmente conseller de Interior, quien manifestó que el ‘Concert per la Llibertat’ no fue más que “una expresión democrática y cívica sin voluntad de fraccionar”, mientras que en la página web del partido se definía como “un gran acontecimiento de país”, que defiende el “clamor de la sociedad civil para reclamar, a través del lenguaje universal de la música, el derecho del pueblo catalán y de todos los pueblos del mundo a poder decidir libre y democráticamente el propio futuro”.

Se ha dado la circunstancia de que esta reivindicación fue precedida de unas declaraciones realizadas por Duran i Lleida de signo muy contrario, inmediatamente olvidadas como es su costumbre, cuando el líder de UCD se creía a salvo de las periodistas. En un almuerzo celebrado en la residencia del embajador de los Países Bajos en España, aseguró que “quien diga que Cataluña puede ser un Estado independiente dentro de la UE, miente” y, más tarde, durante una reunión con miembros de su propio partido, criticó duramente las reivindicaciones independentistas de ERC, asegurando que dicho formación política no tenía “ni puta idea” -y quizás llevara razón- de lo que suponía la responsabilidad de gobernar.

Por su parte, Jaume Collboni, portavoz del PSC, aseguró una vez concluido el concierto había quedado claro el objetivo de defender no la consulta soberanista, como se había anunciado inicialmente, sino la independencia. No obstante, se quiso desmarcar de la línea crítica del PPC y de Ciutadans, declarando en rueda de prensa: “Nosotros mostramos todo nuestro respeto a los organizadores, artistas y ciudadanos que participaron en este concierto. No pensamos de ningún modo que fuera un aquelarre y creemos que este tipo de declaraciones son impropias de políticos democráticos”.

El portavoz socialista añadió en ese mismo tono ambiguo: “El concierto representa a una parte importante de la opinión pública catalana que hay que tener presente, cuyo objetivo evidente es la independencia. A nosotros nos hubiera gustado que la convocatoria y el mensaje pusieran el acento en el derecho a decidir, que es lo que más une a los partidos y ciudadanos”…

ENTRE LA COMPRENSIÓN Y LA INCOMPRENSIÓN DEL PROBLEMA

La realidad contrastada con el ‘Concert per la Llibertat’, es que, al día de la fecha, el movimiento independentista catalán se organiza, se consolida y ya no puede decirse que sea minoritario. De hecho, la política catalana ha entrado en una dinámica inédita hasta ahora en la historia del catalanismo político nacido en el siglo XIX, impulsada por la experiencia negativa de los últimos años con la reforma estatutaria y del sistema de financiación, que ha llevado a buena parte de los catalanes a concluir que su futuro colectivo más o menos próximo pasa por la desvinculación de un Estado en el que el país catalán se vio incluido coactivamente hace más de tres siglos.

Paréntesis: A grandes rasgos, y sin ánimo de polemizar sobre la historia de Cataluña, su primer intento secesionista data de 1640, con la ‘Guerra de los Segadores’ o el ‘Corpus de Sangre’ de por medio. Después, durante el reinado de Felipe V, en 1716 vendría el decreto de Nueva Planta que abolió las instituciones y libertades civiles catalanas y, más tarde, el nacimiento del ‘catalanismo político’ a partir del Primer Congreso Catalán (1880) impulsado sobre todo por Valentí Almirall… Es decir, que la cosa viene de lejos y con su propia historia a cuestas…

Se quiera entender o no, hoy las reivindicaciones soberanistas remiten a la incomprensión (para algunos ‘hostilidad’) política y jurídica mostrada por las instituciones del Estado (el Gobierno de la Nación, los altos tribunales -el Supremo y el Constitucional-, el Defensor del Pueblo…) y por la posición interesada de los dos grandes partidos nacionales (PP y PSOE). Vinculada, claro está, al “pacto fiscal con efectos de concierto económico” impulsado por el actual Gobierno de la Generalitat, cuyo fracaso definitivo no dejaría de realimentar la oleada independentista.

Y también hoy, nadie en el PP ni en el PSOE se plantea contra argumentar de forma razonable y razonada las tres ideas básicas sobre los que se viene promoviendo una Catalunya independiente: 1) la creencia de que generaría mayor riqueza económica, alcanzando niveles de bienestar similares a los de los países socialmente más avanzados; 2) la creencia de que constituiría un Estado democrático más avanzado que el español, favoreciendo más los derechos de las minorías y la solidaridad internacional; 3) la creencia de que sería una sociedad más abierta al mundo y con toda su personalidad plenamente reconocida.

Quizás, algo de razón puede llevar Duran i Lleida al propugnar en su blog la conveniencia de que el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, tome nota de la relación con Escocia que mantiene el primer ministro del Reino Unido, David Cameron, y haga una “propuesta atractiva” a Cataluña. De hecho, Duran señaló que, mientras Cameron intenta atraer a los escoceses a la causa británica, haciéndoles ver que vivirán mejor unidos y sin reprochar a nadie sus aspiraciones de separación, Rajoy “provoca adeptos a la causa independentista, hartos de tanta superioridad y maltrato”.

El líder de UDC citaba, como vías del Gobierno para retirar competencias a Cataluña, la Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad Educativa (LOMCE) del ministro de Educación, José Ignacio Wert, y el paquete de medidas propuestas por la CORA (Comisión para la Reforma de las Administraciones Públicas),  y resumía: “Cameron seduce y Rajoy genera rechazo”. Por ello, considera que Rajoy debe tomar la iniciativa y plantear “una propuesta atractiva al pueblo catalán, que, mayoritariamente y por encima de todo, no quiere diluir su identidad”, lamentando que no haya acudido a la Generalitat a tratar el tema ni haya puesto una alternativa sobre la mesa a la consulta que “mayoritariamente” quiere la comunidad catalana...

Claro está que, frente a la solución negociada, o si se prefiere ‘pactista’, el conjunto del Estado español también podría afrontar, con las consecuencias derivadas, una reforma constitucional que recondujera el actual desvarío competencial del Estado de las Autonomías. Por supuesto, sin dejar de reconocer las especificidades y singularidades históricas y culturales de Cataluña y el País Vasco, junto con otras igual de razonables como las forales de Navarra o las ultra-periféricas de Canarias…

Así se evitarían muchos lamentos perfectamente comprensibles, como el más reciente de Landelino Lavilla recogido por Victoria Prego en una entrevista publicada en El Mundo (23/06/2013): “Se está deshilachando el país y eso es mucho más grave que la crisis económica”…

O como los más agresivos y dramáticos que en el mismo medio informativo ha expuesto el profesor Jorge de Esteban en un extenso artículo titulado “Hacia la independencia catalana”, publicado en dos partes (el 28 y el 29 de junio de 2013). Se inicia de esta forma:

Hay algunos que piensan que la política soberanista de Artur Mas y colaboradores no es más que un señuelo para poder seguir esquilmando al Estado. Otros creen que lo que dice y hace el presidente Mas va en serio, y que el camino emprendido conducirá hasta la independencia. Por último, hay un tercer grupo de observadores que piensan que el líder catalán compagina ambas posturas, mientras que se mantenga el dontancredismo o dejación tradicional de los Gobiernos de Madrid. Ahora bien, esta pasividad que consiste en dejar que las cosas sucedan, puede llegar a convertirse incluso en una ‘pasividadactiva’. Según la cual no se hace nada, pero se ayuda estúpidamente a los nacionalistas para que consigan su objetivo. En efecto, los franceses utilizan la frase “trabajar para el rey de Prusia”, en una de sus varias acepciones, para describir la situación en que se trabaja en interés de un tercero, sin obtener nada en provecho propio. Con ello quiero decir que los diferentes Gobiernos (salvo el de Leopoldo Calvo-Sotelo) y, en algunos casos, el Tribunal Constitucional, han adoptado durante años medidas que beneficiaban a los nacionalistas catalanes, en perjuicio, a veces, de los intereses generales de España. Así las cosas, después de 35 años de llevar a cabo una política absurda, el llamado problema catalán se halla más agudizado que nunca. Para comprender mejor dónde estamos, conviene distinguir seis peldaños en la escalada hacia la independencia de los nacionalistas catalanes…

Artículo en dos entregas que, después de desgranar una vez más sus conocidos argumentos sobre la necesidad de reconducir el Estado de las Autonomías mediante la reforma constitucional, concluye prácticamente con esta sugerencia, que no deja de ser -hay que decirlo- un exabrupto político:

(…) Por último, en todo caso, cabría una solución más democrática, como desean los nacionalistas catalanes, y sería la de que el Gobierno, según el artículo 92 de la Constitución, convocase un referéndum consultivo en toda España, con la pregunta: “¿Está usted de acuerdo con que Cataluña siga perteneciendo a España?”, después de una campaña en libertad en la que cada partido expusiera sus razones, habría que decidir, a la vista de los resultados globales y de los propios de Cataluña en particular, qué es lo que cabría hacer.

Porque esa idea de que los catalanes, como cualquier otro grupo humano con aspiraciones independentistas, tengan que condicionar su voluntad política a la del resto del grupo mayoritario de la nación, no deja de ser un absurdo categórico justo en contra de la libertad democrática. Y diga lo que diga la Constitución (ninguna es inmutable), porque la independencia de todos los pueblos que la han reclamado a lo largo de la historia no es una cuestión de naturaleza legal sino política; cosa que, si de partida no se entiende, la llevará por mal camino.

El ‘café para todos’ descubierto en la Transición como fórmula magistral para la organización del Estado y la convivencia nacional, se ha mostrado perfecta y crecientemente inservible en el transcurso del tiempo, sobre todo por sus incontenidos desbordamientos competenciales. Y la clase política que, por tolerante, ha sido responsable de su fracaso, no puede venir ahora defendiendo la idea de que con el voto nacional (como sostiene por ejemplo Felipe González) se haya de condicionar el propio de los catalanes, sean o no sean independentistas, cosa que está por ver.

Porque, ¿acaso alguien puede imaginarse la culminación de un proceso secesionista con el voto favorable de la parte que sufre la secesión…? ¿Es que algún país alcanzó su independencia de otro con el beneplácito o los votos de éste…?

La solución del problema, si es que se quiere una solución, ha de ser mucho más política e inteligente. Y pasa, sin la menor duda, por la necesidad de que la sociedad española en su conjunto comprenda bien todos sus factores y, en particular, su alcance y dimensión social y las razones y el nivel de resolución de la parte discordante. El propio rey Juan Carlos, Jefe del Estado y símbolo constitucional de su unidad y permanencia, ya reconoció ante las cámaras de TVE durante la entrevista concedida con motivo de su 75 cumpleaños al periodista Jesús Hermida (04/01/2013) que, a pesar de lo mucho conseguido desde la Transición y de los valores que atesora la Carta Magna, España sigue sin vertebrarse: dicho de otra forma, que el Estado de las Autonomías ha fracasado.

LA CEGUERA DE RAJOY ANTE EL INDEPENDENTISMO CATALÁN

Al inicio de nuestra andadura editorial, en la Newsletter 20, editada el 29 de julio de 2012, ya nos pronunciamos sobre el origen, las debilidades y la “España sin futuro” a la que nos ha conducido el frangollo político del Estado Autonómico (leer El insostenible descalabro de las Autonomías). Modelo devenido en arrasador pero protegido a cal y canto por la actual clase política como instrumento que realimenta la corrupción general del sistema y ampara el pesebrismo partidista.

Más tarde, el 3 de febrero de 2013, publicamos la Newsletter 47 advirtiendo también sobre la errónea interpretación política que se estaba haciendo de las elecciones al Parlamento de Cataluña celebradas el pasado 25 de noviembre (leer El PP y el PSOE yerran ante el “problema catalán”). En un párrafo de la misma, señalábamos:

(…) El 25-N consolidó una mayoría “independentista” catalana neta de 74 escaños (CiU, ERC y CUP) frente a una oposición formalmente “españolista” de 61 escaños (PSC, PP, ICV y C’s), que, además de estar menos cohesionada, no comparte una misma idea del Estado ni tiene las cosas claras al respecto, lo que, por otra parte, evidencia su incapacidad para defenderlo. Una aritmética parlamentaria que muestra la división real de la sociedad catalana en relación con el concepto de España y su sistema de convivencia, con una posición secesionista que se anuncia irreversible, tanto por efecto de la acción política cotidiana, autonómica y municipal, como por la falta de capacidad del PP y el PSOE para contrarrestarla.

Y, acto seguido, analizábamos la “Declaración Soberanista” del Parlamento Catalán (Resolución 5/X, de 23 de enero de 2013), destacando que el ‘frente parlamentario independentista’ no sólo existía, sino que iba a más. Porque, apenas transcurridos dos meses desde el 25-N, la diferencia inicial entre las dos posiciones básicas (74 escaños independentistas frente a 61 españolistas) se disparó apenas dos meses después al votarse la resolución de marras en el primer pleno de la legislatura, con 85 votos a favor y 41 en contra (el resto fueron abstenciones o ausencias); es decir con más del doble de votos a favor que en contra.

Una resolución parlamentaria que se las traía, que se las traerá más a partir de ahora (el ‘Concert per la Llibertat’ está en esa línea) y que ya arrastraba una larga historia reivindicativa cuyos hitos más próximos ni el PP ni el PSOE (y sus sucesivos gobiernos) quisieron tomarse en serio y, mucho menos aún, cortar por lo sano de común acuerdo. De hecho, la respuesta inicial de Rajoy a la “Declaración Soberanista” realizada por un órgano legítimamente representativo del pueblo catalán, afirmando de forma despreciativa que “no sirve para nada”, evidencia una frivolidad política que le sitúa en la misma senda de irresponsabilidad por la que transitaba el ex presidente Rodríguez Zapatero. 

Sorprendido con el caso en un viaje oficial a Perú, Rajoy, ni corto ni perezoso, sentenció durante una comparecencia conjunta con el presidente Ollanta Humala sin admitir preguntas de la prensa: “Aprobar resoluciones que no están en el marco constitucional no sirve para nada”. Una forma bastante ligera de entender el problema y de anticipar el erróneo criterio gubernamental, luego rectificado, de que la resolución no tenía efectos jurídicos y que, por tanto, no sería recurrida al Constitucional, dando por inocuo lo que realmente tuvo y tiene una gran carga de nocividad política.

La realidad es que, analizando el fenómeno del secesionismo catalán, se puede afirmar que estratégicamente estamos en la fase ‘independentista’, previa a una segunda y definitiva, que a corto o a medio plazo será la de reclamar la ‘independencia’ en vivo y en directo. En la primera fase, que es en la que se está, el objetivo básico es crear una mayoría social catalana (interna) favorable a la emancipación política. 

En la actualidad, el aparato independentista catalán está conformado por una creciente red de organizaciones civiles interactivas y de influencia social transversal. En ella destacan las dos ya citadas que promovieron el ‘Concert per la Llibertat’: Òmnium Cultural y la Assemblea Nacional Catalana (ANC).

La primera, más veterana y acreditada, es una entidad sin ánimo de lucro creada durante el franquismo (en 1961) con el objeto inicial de promocionar el uso de la lengua catalana y promover la cultura y la identidad nacional de Cataluña, ampliado de facto a la consecución de su independencia, que en la actualidad cuenta nada menos que con 26 delegaciones territoriales. Y la segunda, creada el 30 de abril de 2011 y presidida por Carme Forcadell, es un movimiento de base popular y sin vinculación a partidos concretos, con vocación de estar presente en todo el territorio a través de organizaciones locales y sectoriales para promover la independencia de Cataluña y la constitución alternativa de un Estado de Derecho, democrático y social.

Por otra parte, en la red se integra también la Associació de Municipis per la Independència (AMI), creada el 14 de diciembre de 2011, y que ya agrupa a 669 ayuntamientos y 36 consejos comarcales, diputaciones y otros entes municipalistas, con el fin de sumar esfuerzos para conseguir la creación de un Estado propio de Cataluña en el marco de la Unión Europea. La AMI está abierta a todas las sensibilidades políticas dispuestas a trabajar por la independencia de Cataluña, y acoge a todos los ayuntamientos cuyos plenos soliciten adherirse a la causa (probablemente, y al igual que pasó con las ‘consultas por la independencia’, la adhesión del Ayuntamiento de Barcelona se producirá al final del proceso).

Finalmente, el tercer elemento del entramado independentista lo conforman todo un conjunto de entidades de muy diverso corte (empresarial, cultural, profesional, deportivo, político…), que en su momento se irán agrupando en organizaciones de mayor entidad con objeto de potenciar sus capacidades y optimizar su eficiencia. Un entramado de progresión imparable que, apenas cinco días después del ‘Concert per la Llibertat’, se ha visto enriquecido con la constitución formal en el Parlament de Catalunya de una ‘Comisión de Estudio sobre el Derecho a Decidir’, avanzando un paso más en el camino emprendido desde el inicio de la legislatura hacia la convocatoria de un referéndum sobre la independencia.

Dicha comisión parlamentaria, en la que participan todos los grupos de la Cámara (CiU, ERC, PSC, ICV y la CUP) menos el PPC y Ciutadans, tiene por objeto fijar e impulsar aquellas iniciativas políticas y legislativas que debería adoptar el hemiciclo autonómico para que la ciudadanía de Cataluña pueda hacer efectivo el derecho a decidir, y  su creación forma parte de la hoja de ruta que CiU y ERC pactaron al inicio de la legislatura. En ella está previsto que comparezcan y aporten sus criterios un amplio grupo de expertos, para culminar su trabajo a final de este año, que es cuando CiU y ERC consideran que deberían tener todo listo para poder celebrar la consulta en 2014.

La ‘Comisión de Estudio sobre el Derecho a Decidir’, junto con el ‘Pacto Nacional por el Derecho a Decidir’ creado poco antes, con el que Artur Mas quiere implicar a la sociedad civil en su plan soberanista, y el ‘Consejo Asesor para la Transición Nacional’, que busca el amparo legal para la consulta, completa los tres apoyos con los que se ha dotado el Govern de Catalunya para poder celebrar el referéndum. Y con la curiosa circunstancia de que, mientras el PPC y Ciutadans rechazan frontalmente toda esta trama política, el PSC participa activamente en la comisión de marras, aunque no quisiera formar parte del ‘Pacto Nacional por el Derecho a Decidir’, con el argumento de que aquella no tiene un marcado carácter independentista y éste sí…

LA AGENDA DEL ESCÁNDALO SOBERANISTA SIGUE SU CURSO

Y mientras Rajoy se fuma un puro con el independentismo catalán -en el todo y en cada una de sus partes-, cociéndose en su propio jugo, la agenda del escándalo sigue su demoledor curso.

Durante todo el mes de julio se simulan pagos de impuestos a la Hacienda Catalana y se montan actos de propaganda y exaltación soberanista (el ‘Tour de la Berretina’, aprovechando la octava etapa del Tour de Francia; la ‘Conferència Nacional per la República Catalana’, en L’Hospitalet; la ‘Diada per la Independència del Vallès Oriental…). Mientras distintas Universidades de Verano de Europa verán cómo se divulga el proceso soberanista fuera de España sin la menor reacción ni del Gobierno de la Nación (PP) ni de la Oposición mayoritaria (PSOE).

En septiembre se prevé la formación de una cadena humana de unos 400 kilómetros, desde La junquera (Girona) hasta Alcanar (Tarragona), para reclamar la independencia, y también lanzar en el Born Centre Cultural los actos del Tricentenario de la derrota de 1714 ante las tropas de Felipe V, difundiendo sus causas y sus consecuencias, incluyendo derivadas de todo tipo, como, por ejemplo, dar a conocer la ruta turística del ‘Asedio de 1914’. A continuación, en el mes de diciembre, el Centre d’Estudis Catalans desarrollará unas Jornadas para analizar el carácter represivo que, según los organizadores, siempre han tenido las relaciones del Estado español con Cataluña…

Un programa perfectamente integrado en la estrategia de la fase que se podría definir como de ‘calentamiento independentista’ y que se continuará a lo largo de 2014 con otros muchos eventos del mismo corte político, como el Congreso Internacional sobre ‘La resistencia de los catalanes’. Contará con la participación de historiadores de varios países y analizará los últimos tres siglos de nuestra historia desde la óptica de la ‘resistencia de los catalanes’ en la defensa de sus señas de identidad nacionales…

Los actos de apoyo al independentismo no quedan ahí, ni mucho menos. Pero nada políticamente sólido y razonable se hace para parar el desvarío secesionista y ni siquiera para respaldar seriamente a los catalanes que se  sienten españoles, cada vez más arrinconados y desmotivados en la misma defensa de la unidad nacional. La pólvora del rey se gasta en la campaña institucional de la ‘Marca España’, absurda por mal planteada, diseñada y ejecutada (que ese es otro mérito de Rajoy).

Ahora, parece que el PSOE, para contentar al PSC (que no es el PSOE ni se le parece), promueve un modelo de Estado Federal en el que, además de lo ya transferido a Cataluña estaría dispuesto a ceder, por ejemplo, toda la carnaza de la Administración de Justicia que el artículo 149.1.5ª de la Constitución reserva como competencia exclusiva del Estado. Un error, tal vez connivente con el interés por salvaguardar la corrupción política a nivel autonómico y con someter a los ciudadanos a la dictadura de las togas partidistas, que no deja de ser ejemplo de cobardía antipatriótica y de conformar otro atentado más de explosión retardada contra la unidad y la independencia del Poder Judicial.

Estas actitudes políticas de los partidos mayoritarios (la torpe pasividad de Rajoy y la torpe actividad de Pérez Rubalcaba), reconvertidos de consuno en una dictadura encubierta que, más allá de su identificación como ‘casta política’, ya podríamos definir como los nuevos ‘Hermanos Musulmanes de Occidente’, señalan cada vez con mayor claridad -y téngase esto bien en cuenta- al derrumbe definitivo del sistema político vigente… Claro está que, en su caso, con la Corona saltando por los aires y el personal militar metido de nuevo en la política, quizás reclamado ampliamente por la sociedad civil.

Mal jugando con las cosas de comer, y fumándose puro tras puro tumbado en su cheslong de La Moncloa –y languideciendo como languidecía la cupletista Sara Montiel al compás de su ‘Fumando espero’-, Rajoy no confunde sólo los componentes y soluciones de la crisis económica: también confunde los problemas, las prioridades y las estrategias políticas, en la misma línea de su predecesor, el ex presidente Rodríguez Zapatero.

Rajoy parece ignorar, y ni la historia de España ni la universal no le dan pie para ello, que la independencia es el objetivo más ambicioso que una Nación sin Estado se puede plantear. Y que, para bien o para mal, la propia Constitución reconoce las ‘nacionalidades’ españolas, incluida por supuesto la catalana, con el abundamiento de que el vigente Estatuto de Cataluña incluye en su Preámbulo un párrafo bien significativo al respecto, aunque carezca de eficacia jurídica interpretativa de conformidad con la STC 31/2010, de 28 de junio: “El Parlamento de Cataluña, recogiendo el sentimiento y la volun­tad de la ciudadanía de Cataluña, ha definido de forma ampliamente mayoritaria a Cataluña como nación. La Constitución Española, en su artículo segundo, reconoce la realidad nacional de Cataluña como nacionalidad”.

Allá los constituyentes con su nefasto Estado de las Autonomías, y allá con los autonomistas del PP y del PSOE que han venido promoviendo y aprobando los excesos de las sucesivas reformas estatutarias. A ver cómo unos y otros impiden ahora que Cataluña afronte un empeño soberanista en línea con los de Escocia, Quebec o Flandes, cuando la realidad alimentada desde la Transición, con el Rey a la cabeza, ha sido precisamente esa.

El propio presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, presentó a bombo y platillo el pasado 19 de junio en La Moncloa el informe de la Comisión para la Reforma de las Administraciones Públicas (CORA), su proyecto estrella y más ambicioso para enjugar el déficit público tras las inoperantes medidas gubernamentales de fomento de la economía productiva, de promoción del crédito al sector privado y de la creación de empleo, en un acto sin duda excepcional que terminó mostrándose como una auténtica chafarrinada política.

De entrada, los gobiernos autonómicos, que son los principales afectados por las medidas, fueron invitados al acto de forma precipitada, sin que el Ejecutivo hubiera agotado el plazo que se había concedido para elaborar el informe CORA y con la circunstancia agravante de que los respectivos consejeros de Presidencia presentes en el acto desconocieran su contenido. De hecho, tampoco hubo debate previo al respecto ni intercambio alguno de papeles, con lo que su malestar era bien evidente (la posterior respuesta de algunos ha sido demoledora).

Consciente de la situación, porque las autonomías ya habían reclamado la correspondiente información de forma infructuosa, Mariano Rajoy optó por realizar una presentación del tema amable y tratando de reconducir su ya torcida implicación, dado que legalmente no se las puede imponer el grueso de las medidas contempladas por el Gobierno (que son meras ‘propuestas’). Por ello, y con objeto de disipar el malestar autonómico inicial, lanzó este mensaje de conciliación: “Este documento es una propuesta; nos gustaría acordarla con todos. Aquí no hay ideología, hay un intento de ser más eficaces”.

Sin embargo, detrás de sus buenas palabras parece ocultarse un intento no solo de imponer más recortes de forma indirecta sino de centrarlos sobre todo en las autonomías. De hecho, Rajoy aseguró que las medidas que suponen eliminar duplicidades, y que afectan sobre todo a las autonomías, se tratarán en un próximo Consejo de Política Fiscal, órgano en el que también se tiene que discutir el nuevo reparto del denominado ‘déficit asimétrico’, lo que aumenta las suspicacias de los barones territoriales, que ahora, con las medidas que el Gobierno ha puesto encima de la mesa, temen un condicionamiento mayor de su flexibilidad fiscal.

MEDIDAS INSUFICIENTES Y SIN FUERZA LEGAL

Tras reivindicar lo que en su exagerada opinión es “la radiografía más minuciosa de la Administración realizada en toda nuestra democracia”, Rajoy apuntó a la desaparición de unos pocos organismos “prescindibles”, de los muchos existentes en el sector público, como los servicios de meteorología autonómicos o los entes de defensa de la competencia; pero, siendo cierta su apreciación, sin dar más detalles y ocultando que no podrán desaparecer por una mera ‘recomendación’ gubernamental, porque su creación tiene origen en los correspondientes Estatutos de Autonomía, que permanecen inmutables. De hecho, el inconcreto discurso de Rajoy ni siquiera aclaró cuánto dinero se pretende ahorrar o cuántos organismos del total existente se van a suprimir y cuántos no, con el misterio incluido de que, según él, estas reformas no supondrán destrucción de empleo público (Rajoy recordó que ya se han recortado 375.000 puestos de trabajo de la Administración desde su llegada a La Moncloa).

Para empezar, si las reformas de las Administraciones Públicas no van a comportar reducción en el empleo público, ¿de qué plan de pacotilla se está hablando? Y si las decisiones últimas corresponden a los entes autonómicos y locales ¿qué pinta el Gobierno tratando de ‘apuntarse’ una reforma para la que carece de competencias…? Aquí falla algo o alguien se pasa de listo tratando de vender a los administrados un ‘cuento chino’ sin base ni fundamento.

Alberto Núñez Feijóo, el barón quizás más influyente del PP, señaló que la reforma le parece “una propuesta necesaria y valiente” pero aclarando inmediatamente que “cuando tocan las competencias de las comunidades autónomas”, esas iniciativas “se tienen que negociar”. Para comprender la complejidad y contradicciones del Plan CORA, baste ver que Rajoy citó a los organismos de defensa de la competencia autonómicos como algo a extinguir, mientras el propio presidente de la Xunta acaba de crear uno que es fusión de otros dos y que no tiene ninguna intención de eliminar.

El mal ambiente político creado con el secretismo del Gobierno, que no ha querido contrastar sus propuestas con nadie, las avoca al fracaso más estrepitoso: una senda ya señalada por los presidentes autonómicos del PP descontrolados en la batalla sobre el déficit asimétrico que ha planteado el ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, Cristóbal Montoro, de muy difícil encauzamiento. Y no digamos por quienes gobiernan otras autonomías desde partidos de signo político distinto (Andalucía, Cataluña, País Vasco, Navarra, Asturias, Canarias…).

Conociendo como ya se conoce el paño de la España de las Autonomías, no faltan sospechas de que, ante la falta de fundamento y fuerza legal del Plan CORA, y por tanto de su imposible aplicación automática, el Gobierno tendrá previstas otras vías para forzar su cumplimiento, aunque éste siempre sería voluntario y por supuesto reversible. Pero, de ser así, ¿por qué no se ha utilizado esa misma capacidad para instrumentarlo de forma negociada o mediante normativa de rango legal que garantice su aplicación directa e inmediata…?

Cierto es que el ministro Montoro tiene una indiscutible influencia extra-legal sobre varias autonomías, porque nueve de ellas, en particular Cataluña o la Comunidad Valenciana, sobreviven financieramente gracias al ingreso mensual que les hace Hacienda a través del Fondo de Liquidez Autonómica (FLA), acompañado de la correspondiente capacidad supervisora y de presión sobre los ajustes que pueda ejercerse sobre cada autonomía. Pero la ascendencia política o moral de Hacienda para intentar atajar el drama del despilfarro generado por las Administraciones Públicas periféricas es, hoy por hoy y llegados al punto en el que estamos, demasiado artificiosa y exige un sistema de reconducción mucho más expeditivo y enérgico.

EL SECTOR PÚBLICO DE RAJOY: PURA CONTRADICTIO IN TERMINIS

Además, las trampas del cuento chino que supone el Plan CORA quedaron perfectamente apuntadas por el propio Rajoy en su ardiente defensa del empleo y del gasto público. Alcanzando el colmo de la ingeniería semántica, por no decir de la tergiversación política más falsaria, lanzó el brindis al sol de que España tiene una “buena Administración”, al tiempo que se mostraba dispuesto a “desmontar el mito” del exceso de funcionarios y de gasto público, respondiendo de esta forma a las exigencias internas de su propio partido (el sector ‘aznarista’) para que adelgace las Administraciones Públicas de forma mucho más radical.

Rajoy afirmó que “con datos de 2012, España se sitúa entre los países con menor gasto público de la UE, un 43% sobre el PIB frente al 47% de media en la zona euro”, destacando que de ese porcentaje “dos tercios van en gasto social y servicios públicos básicos”. No obstante, reconoció que “entre 2005 y 2012 hubo un gran aumento de empleados públicos”, justificando ese incremento con el hecho de que “solo el 25% se dedican a la gestión” y con que “el 75% restante son maestros, médicos, policías, jueces, esto es, servicios esenciales del Estado de derecho y del bienestar”.

Con independencia de que Rajoy olvidara que durante años, cuando estaba en la oposición, clamaba de forma recurrente contra una Administración que tildaba de ‘hinchada’ y con duplicaciones de hasta cinco niveles (central, autonómico, insular, local y de diputaciones provinciales), su presentación del Plan CORA supone, ahora, entregarse a las tesis de algunos economistas no precisamente liberales empeñados en que el problema de España no es el gasto público, sino el desplome de los ingresos. Ahí va la prueba de su zigzagueante pensamiento económico, si es que lo tiene: “Nuestro mayor problema es el desplome de los ingresos públicos. En 2012, España fue el país con menor nivel de ingresos públicos de la UE, 10 puntos por debajo de la media. Somos los que menos recaudamos”.

Pero, puestos a manipular las estadísticas, Rajoy se guardó mucho de aclarar el mejor o peor funcionamiento de las Administraciones Públicas y la calidad del Estado de Bienestar de los países europeos con los que nos compara, sólo en lo que le conviene, y en los que no se entiende ni por asomo nuestra obesidad administrativa y mucho menos el bodrio de sus torpes solapamientos. Aunque la pregunta del millón que habría de responder Rajoy es esta: Si nuestra Administración es tan buena y eficiente como afirma, ¿qué sentido tiene entonces el Plan CORA que tanto incomoda a las entidades autonómicas y locales afectadas…?

La realidad es que el discurso de Rajoy reúne dos conceptos de sentido contrario (la ‘buena Administración’ y la necesidad de reformarla), que en sí mismos conforman un absurdo similar a la figura literaria de la contradictio in terminis, pero sin sentido metafórico. Aunque sí envuelva un auténtico cuento chino, útil sólo para encubrir la incapacidad del Gobierno en la gestión de la crisis y entretener el malestar de los administrados: juegos de artificio que cada vez hunden más al país en el pozo de la incompetencia política.

Paréntesis: La reforma avanzada por Rajoy obtuvo ipso facto el apoyo del presidente de Iberdrola, Ignacio Sánchez Galán, presente en el acto de presentación como miembro del Consejo Empresarial para la Competitividad, que destacó y elogió medidas tan obvias y ya practicadas como la centralización de las compras y de la tesorería de la Administración, que en su sabia opinión suponen aplicar fórmulas de la empresa privada. Pero, ¿quiénes son estos líderes empresariales que rinden admiración a la ‘reinvención de la pólvora’ y qué reciben de Rajoy a cuenta de tanto baboseo…?

EL PULSO CON LAS AUTONOMÍAS MUESTRA LA DEBILIDAD DE LA REFORMA

Conocido el Plan CORA con mayor precisión después de su aprobación por el Consejo de Ministros celebrado el pasado 21 de junio, y confirmados todos sus puntos débiles, incluido el de la imposible cuantificación del ahorro previsto a pesar de la cifra inventada por el Gobierno, los comentarios de los analistas políticos han aflorado con enfoques generales y sin entrar en el fondo de su inconsistencia, ni denunciar su particular inutilidad para combatir la obesidad mórbida de nuestras Administraciones Públicas; tal vez porque la propia supervivencia económica de sus respectivos medios informativos condiciona su capacidad crítica o porque ya vean imposible reconducir razonablemente el frangollo del Estado de las Autonomías, algo mucho más triste y peligroso. Entre ellos, destaca el publicado por Miguel Ángel Aguilar en El País (24/06/2013), poniendo de relieve la invalidez del Gobierno para auto-racionalizarse y ofrecer la ejemplaridad debida mientras impone ese mismo proceso a las demás Administraciones:

La reforma… de los demás

La reforma de cada viernes dánosla hoy, parecen reclamar con ojos suplicantes los asiduos a la rueda de prensa semanal que sigue a los consejos de ministros en La Moncloa. Todo va adquiriendo en el aula dispuesta de aquel complejo un aire de parvulario. Con la vicepresidenta para todo, Soraya Sáenz de Santamaría, encaramada en el estrado, acompañada según convenga por los titulares de los departamentos más afectados en cada ocasión. Algunas lecciones se exponen por primera vez, otras se repiten a medida que van pasando por las sucesivas vicisitudes e informes preceptivos hasta llegar a convertirse en auténticos proyectos de ley. El último caso es el del informe de la Comisión para la Reforma de las Administraciones Públicas (CORA), que formula más de 200 propuestas para “hacer unas Administraciones más austeras, más útiles y más eficaces”, según el presidente Rajoy.

Si nos fijáramos en ese cuento, correspondiente al viernes día 21, relativo a las Administraciones, iría quedando claro que este Gobierno se muestra muy activo en cuanto se refiere a las reformas de los demás, que se ha especializado en los “brindis al sol”. Porque mientras sigue sumando poderes y haciéndose con el control de las instituciones -Tribunal Supremo, Consejo General del Poder Judicial, Tribunal Constitucional, Agencias Reguladoras, etc.- hasta un punto que jamás alcanzó ninguno de sus predecesores, propugna el desmantelamiento controlado de las comunidades autónomas y de los ayuntamientos. La prédica monclovita declara su propósito de acabar con las duplicidades y responde al principio de una competencia, una Administración. Pero la pequeña dificultad insuperable es que su puesta en práctica rebasa las atribuciones del proponente. La racionalidad y economía de las reformas pretendidas tiene el sonido de la lógica, pero requeriría que las Administraciones afectadas aceptaran la senda de renunciar a lo que les confieren sus Estatutos.

Esas renuncias las harían, por ejemplo, las comunidades autónomas a favor de las instituciones análogas de la Administración del Estado, que absorbería así los tribunales de Cuentas, los defensores del Pueblo, los consejos consultivos, los canales de radio y televisión o las agencias de meteorología de que en su día se fueron dotando en un ejercicio de mimetismo, que replicaba el modelo estatal de referencia. La penuria presupuestaria y la exigencia de atenerse al déficit señalado para cada una de las autonomías en el Consejo de Política Fiscal y Financiera parecen haber adquirido una gran contundencia argumental, pero sería fatuo ignorar la capacidad de resistencia que pueden ofrecer. Así que el Gobierno, que parece inválido para emprender su propia racionalización y ofrecer ejemplaridad -Arantza Quiroga dice que la militancia está asqueada con el caso Bárcenas-, vuelve sus ojos hacia otras Administraciones, decidido a llevar a cabo la reforma… de los demás.

Porque nos acercamos al segundo aniversario de la investidura del presidente Mariano Rajoy y seguimos sin vicepresidente económico, una exigencia que afloró el mismo día en que se hizo pública la composición del Gabinete. Entonces se nos dijo que esa carencia quedaba resuelta habida cuenta de que la coordinación en ese ámbito se haría mediante la asunción de la presidencia de la Comisión Delegada para Asuntos Económicos por el propio Rajoy. De nada ha servido que Bruselas reclamara con insistencia la unidad de mando y han debido transcurrir 18 meses para que se haya puesto el parche de incorporar a la vicepresidenta única, Soraya Sáenz de Santamaría, como miembro de la citada comisión, con la función de presidirla en ausencia de Rajoy. Dicen que el promotor de esa alteración ha sido el ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, Cristóbal Montoro, quien, convencido de que no será vicepresidente económico, ha buscado amparo en Sáenz de Santamaría frente a su competidor, el ministro Luis de Guindos. De este modo nos aproximamos al principio de otros tiempos, cuando imperaba la “unidad de poder y coordinación de funciones”.

En democracia, gobernar es delegar, pero el actual presidente prefiere concentrar todo el poder en un solo vértice, al modo en que algunos reyes lo hicieron en sus validos o privados como el duque de Lerma, el conde duque de Olivares o Manuel Godoy. Claro que la delegación de poder se basa en la confianza por encima del mérito o la capacidad. Y la delegación universal en Soraya Sáenz de Santamaría ofrece la ventaja de su irrelevancia en las filas del Partido Popular, lo cual impide que proyecte sombra alguna o que emprenda aventuras autónomas, se trata de un satélite sin luz propia que solo refleja la que recibe del presidente. Así que esta delegación mantiene el poder indiviso, ¿quién podría garantizar otro tanto?

Otro comentario llamativo, algo más proclive a defender las medidas del Plan CORA frente a las resistencias autonómicas, sobre todo en su fondo y sin entrar a valorar su inconsistencia formal, evidenciando por supuesto su implícita naturaleza voluntarista, es el de Ignacio Camacho publicado en ABC (25/06/2013):

El motín del pesebre

Pasen y vean: está a punto de comenzar el motín del pesebre. Una sedición de taifas autonómicos agarrados a sus banderitas estatutarias para defender su competencia constitucional de crear organismos perfectamente prescindibles y colocar en ellos a legiones de parentela política y hasta familiar. Que sí tienen esa competencia, sí; algo se hizo mal en el desarrollo de un modelo territorial razonable que ha acabado convertido en una máquina de gastar. Pero la auditoría administrativa del Gobierno, un trabajo serio, ha levantado el mapa del despilfarro como una fotogrametría de Google Earth y algunos virreyes se han visto retratados en ella por el perfil menos favorable. La mirada del satélite ha localizado la trastienda de los regímenes clientelares, el enorme aparato discrecional y superfluo que se oculta tras la fachada del Estado pseudofederal: una burocracia paralela sobrecargada de organismos superpuestos, consejillos de amiguetes, televisiones de cámara, observatorios de la nada, defensorcitos del pueblo, embajadas de la señorita pepis y agencias de colocación. El reverso tenebroso del principio de subsidiariedad.

Ese desparrame acumulado en sedimentos de desarrollo competencial -al que nadie es ajeno: lo empezó González, lo continuó Aznar mano a mano con Pujol Sr. y lo culminó Zapatero con su oleada neoestatutaria- no se puede defender ante una opinión pública cansada de sufragar el dispendio. Así que la resistencia apelará a conceptos grandilocuentes de soberanía autóctona, buscando el resorte populista de una defensa de la identidad diferencial. El malvado centralismo contra una variante del presunto derecho a decidir que no es sino el presunto derecho a gastar. Con el nacionalismo como ariete, los capataces de los latifundios autonómicos se disponen a cavar trincheras de desobediencia al grito de no pasarán. No nos quitarán las prebendas, no nos tocarán los privilegios, no hollarán los pastos que engordan las hegemonías electorales. No pondrán sus sucias manos reformistas sobre las estructuras del nuevo caciquismo.

Y si el discurso del agravio territorial no funciona, apelarán al Estado del Bienestar. El bienestar de las clientelas acostumbradas a un contrato no escrito de beneficios mutuos, de regalías y subvenciones acolchadas en los pliegues de unas administraciones opacas donde se pueden esconder EREs trucados, privatizaciones de servicios básicos o licitaciones de ITVs a medida. El bienestar de los veinte mil asesores y de los ejércitos de estampillados en las empresas públicas que desdoblan el papel de los cuerpos de funcionarios. El bienestar de los cientos de cargos de confianza repartidos en estructuras de poder ramificadas. Lo van a defender con alboroto político, con recursos jurídicos y con resistencia pasiva. Será un pulso interesante: el gobierno de la desorganización contra la organización del desgobierno.

Basten estas dos referencias para comprender la respuesta autonómica al Plan CORA, el pulso que supone su dudosa implantación (a pesar de que en el fondo se trate de peccata minuta) y, a tenor de la propia polémica, la falta de solidez legal con la que se ha concebido. Una vez conocido en detalle, ni los palanganeros habituales del Gobierno se han fajado en su defensa, porque, sin duda alguna, esperaban algo mucho más contundente y efectivo.

MEDIDAS DE PECCATA MINUTA Y CORTE PARVULARIO

Ya hemos apuntado el corte parvulario de algunas propuestas recogidas en el Plan CORA, como las aplaudidas por Ignacio Sánchez Galán, presidente de Iberdrola, sobre la concentración de las compras y la tesorería de las Administraciones Públicas, que en todo caso sólo se podrían aplicar de forma extensiva con la adecuada normativa legal, obviada por el Gobierno, y garantizando además la no distorsión de la libre competencia empresarial. Porque, ¿acaso Iberdrola estaría dispuesta a que todas las Administraciones Públicas contrataran en bloque su consumo energético con su competencia directa…? ¿O es que algún banco amigo del Gobierno ya tiene apalabrada la gestión única de todos los fondos públicos actualmente depositados en más de 4.800 cuentas que ya compiten entre sí…? Y, más difícil todavía, ¿por qué razón las administraciones autónomas van a renunciar al control de sus propios suministros contratados contra sus propios presupuestos…?

Pero pongamos algunos otros ejemplos para demostrar no sólo la simpleza del Plan CORA, sino que en esencia también se trata de auténtica peccata minuta. En base a que uno de sus principales objetivos es “evitar que varias administraciones hagan lo mismo”, la propia vicepresidenta comentó hace unos meses el caso de los boletines oficiales, que se editan en cada autonomía y por el Gobierno Central, señalando que se podría compartir imprenta (¿cuál?), distribución (¿cómo?) y coordinarse mejor (¿quiénes?); algo que difícilmente se verá hecho realidad en el actual Estado de las Autonomías y que muestra el brutal desconocimiento que tiene tanto del mundo y del proceso editorial como de la organización política y funcional del Estado.

Otro componente curioso del Plan Cora es la reforma afecta al parque de automóviles de la Administración Central del Estado, a todas luces falseado para quienes tengan un mínimo conocimiento de dicha organización (es evidente, por ejemplo, que no se contabilizan los vehículos no militares utilizados por los mandos de las Fuerzas Armadas). En cualquier caso, la reforma del Gobierno ha consistido en pasar de tener 1002 conductores para 930 vehículos a tener 852 conductores para 630 vehículos; es decir reduciendo el medio material obsoleto pero aumentando el ratio de conductores por vehículo y trasladando su aparcamiento a las afueras de Madrid “donde el suelo sea más barato”, aunque el aparcamiento actual es de propiedad pública y la mayor distancia equivalga a un mayor uso y mantenimiento de la flota.

En esa misma línea de inconsecuencia con la realidad, se sostiene que la herramienta en la que se centran gran parte de sus medidas del Plan CORA será “la tecnología”. En este punto, fue el presidente Rajoy quien lanzó la idea de “que los ciudadanos que viajan de vacaciones dispongan de su historial médico electrónico para que puedan ser atendidos” (cosa inventada hace tiempo) o, en otro ejemplo todavía más simple, la reducción de las notificaciones postales porque “una notificación postal cuesta 2,55 euros y una electrónica 0,19”, pero sin aclarar quien facilitará a los notificados el correspondiente receptor electrónico y si, de momento, todos ellos tendrán suficiente capacidad de comprensión y manejo del sistema.

Pero cuando se desgrana la reestructuración de los organismos públicos existentes, se pueden observar curiosidades como que muchos de ellos realmente innecesarios no desaparecen, sino que se reintegran en una nueva nomenclatura manteniendo toda su actividad. Ese es el caso, por ejemplo, de la “Fundación AENA” que se integra con la “Fundación Ferrocarriles Españoles” en una nueva “Fundación del Transporte”, el de la “Fundación ENRESA” que se integra en la mercantil ENRESA o el de la “Fundación CENATIC” que se integra en el Ente Público Red.es, entre otros casos.

Porque, ¿para qué quieren AENA, RENFE, ENRESA o el Ente Público Red.es esas fundaciones…? ¿Qué aportan a su función y cometido sustancial como empresas públicas, que además en la mayoría de los casos también pueden ser innecesarias como tales…? Y, si parece adecuado extinguir y liquidar otras fundaciones, como “FOMAR”, “FUNDESFOR” o el “Taller Juan José”, alguien debería explicar por qué no todas siguen la misma suerte, o por qué no pierden al menos la consideración de fundaciones públicas, como la han perdido las de “Aeronáutica y Astronáutica Españolas”, la del “Museo do Mar de Galicia”, la “Canaria Puertos de Las Palmas” o la “General de la UNED”…

Lo mismo sucede con otros muchos organismos autónomos perfectamente inútiles que, en vez  de desaparecer también perfectamente, integran todos sus medios y funciones en la organización ministerial correspondiente. Y con los que se fusionan e integran en otros existentes con la excusa de alcanzar fines más generales, o con los que asumen las funciones y medios de un centro directivo ya adscrito a la organización ministerial, como sucede con el Instituto de la Mujer en relación con la Dirección General de Igualdad de Oportunidades.

Todo ello, sin contemplar lo que no se incluye en el Plan CORA y debería incluirse, es decir su ineficiencia por defecto. Baste señalar al respecto, por tomar el ejemplo del Ministerio de Defensa, que quizás sea el castigado por el Gobierno con los mayores y más irracionales recortes, la supervivencia de ISDEFE (Ingeniería de Sistemas para la Defensa de España), perfectamente inútil salvo para alimentar a 1.600 inútiles, ya fusionada con la no menos inútil INSA (Sociedad Estatal de Ingeniería y Servicios Aeroespaciales), integradas en el Grupo INTA, o el contumaz mantenimiento de la Revista Española de Defensa, otra inutilidad perfecta que es un puro y vergonzoso remedo de la antigua Prensa del Movimiento…

EL AHORRO IMAGINARIO DE 37.700 MILLONES DE EUROS

Otra aspecto ciertamente confuso y criticable del Plan CORA, o cuando menos de la forma en que se ha presentado públicamente, es la alegría con la que se ha estimado un ahorro nada menos que de 37.700 millones de euros entre 2012 y 2015, según aseguró la vicepresidenta Sáenz de Santamaría. Una llamativa cifra que para nada casa con su afirmación paralela de que hasta su completa implantación, en 2015, la reforma de las administraciones públicas generará un ahorro al sector público de 6.500 millones de euros y de 16.300 millones al ciudadano, sin que sepamos por qué ni quién titularía el ahorro restante de 14.900 millones.

Un galimatías económico en el que no se sabe por qué extraña razón se estima el ahorro en un cuatrienio que ya tiene descontadas las reducciones retributivas del sector público, que se han cuantificado en más de 16.000 millones de euros, es decir casi la mitad del ahorro total estimado por el Plan CORA. Pero, aún más, ¿cómo se puede ‘aventurar’ dicho ahorro si se basa en medidas puramente voluntaristas? ¿Es que, acaso, por poner otro ejemplo, se tiene pactado el buen fin de la venta de 15.000 inmuebles prevista por el Gobierno, de los que además se desconoce su tasación y desde luego su precio final de compraventa…? ¿Y no estará confundiendo alguien estos posibles ingresos por desinversión (el Gobierno parece haber contabilizado ya 88 millones de euros por ventas de inmuebles) con el concepto muy distinto de ‘ahorro administrativo’…?

Como anticipamos en nuestra anterior Newsletter, las 217 propuestas del Plan CORA, incluyen muchas especulaciones, maquillajes y readaptaciones semánticas, conformadas además en su mayoría como ‘recomendaciones’ para las entidades autonómicas y locales no negociadas, que se aceptarán o no, de auténtica risa si con ellas, como ha afirmado el presidente del Gobierno, se pretende “marcar un antes y un después” en la racionalización del sector público. Es decir, un paquete de chorradas y perogrulladas mayoritariamente de corte parvulario y sin la cuantificación económica debida; entre otras cosas porque la cifra ‘aventurada’ de 37.700 millones de euros de ahorro en cuatro años es imposible de acotar dado que el éxito del grueso del plan se condiciona a un ejercicio de ‘buena voluntad’…

Pero, sobre todo, el Plan CORA carece de auténticas medidas de carácter legal negociadas con el conjunto de las Administraciones Públicas para adelgazarlas de verdad (incluida la Central), de recortes duros y puros como los ya asestados sobre el cuerpo social y de las reformas institucionales necesarias para afrontar el fondo de la crisis. Esto es tan evidente que se puede considerar sin más  como un auténtico cuento chino y, en definitiva, una ofensa a la inteligencia y al sentido común de los administrados…

Rajoy sigue navegando en el mar de la incompetencia. Sino que venga Dios y lo vea.

El pasado 9 de diciembre, ya advertimos la importancia de lo dicho por José María Aznar en la extensa entrevista concedida a la periodista Victoria Prego y publicada en el diario El Mundo (02/12/2012), con respuestas sobre un amplio abanico de temas que no tuvieron desperdicio. De hecho, dedicamos al caso la Newsletter 39 titulada “Aznar, el problema político de España y la incapacidad de Rajoy para afrontarlo”.

En ella, y tras recordar el malestar ciudadano con la temeraria política de Rodríguez Zapatero durante su segundo mandato electoral (IX Legislatura), enorme como quedó demostrado en los comicios del 20-N, y de muy difícil reconducción, señalábamos: “Pero el malestar contra el PP y su timorato presidente, que utiliza la mayoría parlamentaria absoluta para divagar en lo fundamental y hundir a las bases sociales del país, sin plantear, ni por asomo, políticas económicas y fiscales más justas y eficaces, lleva camino de ser todavía mayor, a pesar de su éxito electoral previo, o precisamente por el fiasco que supone no saber gestionarlo”.

Pasados cuatro meses, y viendo que su primer lamento político (“Sufro observando a España”) había resbalado por las escasas entendederas del Gobierno, Aznar no dudó en volver a lanzar otras duras advertencias críticas. En esta ocasión sirviéndose de una estudiada entrevista concedida a Antena 3 (02/05/2013), en la que en esencia planteó una auténtica ‘enmienda a la totalidad’ de la política de Mariano Rajoy al exigir una bajada de los impuestos “ahora”, que se cumpla tal cual el programa electoral del PP y, claro está, poniendo en tela de juicio el liderazgo interno del PP…

AZNAR FUSTIGA AL GOBIERNO…

Aquella segunda ‘bofetada a Rajoy’, con gran repercusión mediática, propició reacciones en el entorno directivo del PP descalificando al ex presidente Aznar y hasta acusándole de “deslealtad”, erradas a nuestro juicio en el análisis objetivo del caso. Por ello, ya dispuesto a ser la nueva conciencia crítica de la derecha (hasta ahora en eso estaban Esperanza Aguirre, Jaime Mayor Oreja, Alejo Vidal-Quadras. José Antonio Zarzalejos, Ignacio Astarloa…), no dudó en responder al entorno ‘marianista’ con nuevos dardos políticos verdaderamente lesivos en un acto político-cultural de lujo celebrado el pasado 25 de mayo en el Congreso de los Diputados; el mensaje más suave y contemporizador sería: “No estoy contra nadie, estoy con los españoles”.

Y para demostrar que reaparecía en plena forma y dispuesto a poner en su sitio al Gobierno del PP, fustigándolo cuanto sea necesario, Aznar recordó que “el mandato de las urnas es inequívoco” y que “el coste de la no reforma sería inasumible”, al tiempo que anunciaba una conferencia en el Club Siglo XXI -en principio siguiendo la misma línea crítica- que finalmente se celebró el pasado 10 de junio. Esta continuidad en las manifestaciones contra la política de Rajoy, motivó también nuestra Newsletter 64 titulada “Y Aznar cogió su fusil…” (02/06/2013).

Pareciendo, pues, que el ex presidente Aznar ha vuelto a la vida pública para quedarse al menos como conciencia crítica de la derecha española y, a lo más, para intentar mandar a Rajoy al retiro político, en ella señalábamos, entre otras cosas, el riesgo de que un enfrentamiento político desorganizado entre Aznar y Rajoy, aun siendo meramente dialéctico, dañara de forma irreparable al Gobierno del PP y al propio partido, ya bastante devaluados ante la opinión pública en general, de acuerdo con todas las encuestas al uso. Y añadíamos que parecía evidente una mayor sintonía de Aznar que de Rajoy con las bases electorales propias y más estables del PP, al igual que ha ocurrido con Esperanza Aguirre en la Comunidad de Madrid.

De hecho, la conferencia pronunciada después por Aznar en el Club Siglo XXI, llevó a Luis María Anson a reconocer esta preminencia afectiva del ex presidente Aznar dentro de su partido (del que es Presidente de Honor desde su XV Congreso Nacional celebrado en octubre de 2004) en un artículo titulado precisamente “El 80% del aparato del PP está con Rajoy; el 80% de los militantes, con Aznar” (El Mundo, 13/06/2013). En él, advirtió que “si se agudizara la crisis, como algunos vaticinan que ocurrirá en otoño, -Soraya Sáenz de Santamaría fue vapuleada en la Bilderberg- entonces el retorno de Aznar no será una quimera”.

El veterano periodista ya había dejado claro el pasado mes de enero que no esperaba nada de Rajoy, aunque “salga indemne del incendio Bárcenas” porque el PP “exige una profunda operación regeneradora interna” y el actual presidente del partido (y del Gobierno) “no es el hombre para llevarla adelante”. En aquel artículo de hace ya casi seis meses, Anson anunciaba sin tapujos: “Ha sonado la hora del retorno de Aznar”.

Pero, tras la conferencia del Club Siglo XXI, el mismo columnista ultra conservador vuelve a realzar la figura del expresidente Aznar como la de un auténtico salvador del PP, a quien, en contraposición a Rajoy, “le preocupa el ‘qué más da’, el ‘todo vale’, la indefinición en la que se ha instalado un partido como el suyo que disfruta de mayoría absoluta”. Y añadiendo además este párrafo: “Los votantes del PP exigen una posición nítida en favor de la unidad de España, de la sociedad de libre mercado, de la familia, de los principios de derecho público cristiano, de la condena del terrorismo, del auxilio a sus víctimas”.

Trascendiendo la crítica sobre la pobre iniciativa política de Rajoy y del abandono de sus promesas electorales, que ciertamente enerva a muchos de sus votantes, a renglón seguido Anson también lanza en el artículo de El Mundo que comentamos este amenazante comentario: “Leopoldo Calvo-Sotelo olvidó en parte todo esto, se corrió hacia la izquierda siguiendo el péndulo que en 1982 oscilaba hacia el socialismo, y el centro derecha en bloque le abandonó para votar a Fraga Iribarne. El descalabro fue descomunal y UCD pasó de 165 diputados a 12”. Y lo cierto es que a Rajoy y al PP de Rajoy, les puede pasar más o menos lo mismo; aunque, a nuestro entender, no sea exactamente por las cuestiones ideológicas que esgrime Anson (que en parte también), sino sobre todo por no saber cortar la sangría del aparato político del país ni relanzar su economía, que es lo que, de verdad, ahora importa a los electores.

Pero si la posición comentarista de Anson parece clara en el apoyo de Aznar y en la crítica a Rajoy, la línea editorial de El Mundo todavía lo es más. A título de ejemplo, baste comentar la forma en la que este diario llevó a portada en su edición del pasado 11 de junio la conferencia de Aznar en el Club Siglo XXI, con un titular a toda página en efecto retador (“Aznar presenta su programa”), acompañado de una frase del expresidente protagonista del acto también de corte electoral (“Hemos creado un Estado que a veces tiene intereses que no son los de los ciudadanos”) y de cuatro resúmenes del nuevo ideario político de Aznar que, en definitiva, eran cuatro patadas en la barriga de Rajoy:

-      Advierte que “hay una crisis política” y propone afrontarla con un “reformismo de alta intensidad”.

-      Exige “asegurar que cualquier acuerdo nuevo se haga para reforzar la Nación y no para debilitarla”.

-      Plantea “reducir las administraciones y ordenar competencias mediante los cambios normativos precisos”.

-      Reclama “cambiar el sistema fiscal para ponerlo al servicio del empleo y no de las administraciones”.

Y, por si la posición del periódico dirigido por Pedro J. Ramírez no estuviera bien clara, que lo está y desde hace mucho tiempo, este mismo personaje arremete pocos días después de nuevo contra Rajoy en la Carta del Director titulada “Napoleón en Grenoble” (16/06/2013), reiterando las mismas ideas reprobatorias con párrafos tan martirizantes como estos:

(…) La pesadilla de que Rajoy siga malbaratando el tesoro de la mayoría absoluta desde un quietismo socialdemócrata y eso desemboque en 2015 en una coalición entre la izquierda y los nacionalistas, no podía dejar indiferente a quien refundó el PP y dejó voluntariamente su liderazgo. Como mínimo tenía que ser un ‘whistle blower’ [alertador] y esa función ya la ha cumplido dando la voz de alarma sobre la obligación de cumplir el “mandato” de las urnas, la necesidad de “reordenar” las competencias autonómicas para “fortalecer a la Nación” y la urgencia de reducir los impuestos para favorecer a los ciudadanos y no a las “Administraciones”. Y como nada de esto va a arreglarse de la noche a la mañana, a mí no me cabe ninguna duda de que si Aznar ha vuelto, es para quedarse…

(…) Si de aquí a fin de año Rajoy no ha apostado por ese “reformismo de alta intensidad”, o demostrado que sus recetas son mejores, la catarsis será inevitable. “Luis XVIII es demasiado inteligente para esperarme en las Tullerías”, dijo Napoleón cuando la balanza empezó a inclinarse a su favor. Pero no adelantemos acontecimientos porque de momento hay signos alentadores de que la guerra de Troya tal vez no tenga lugar: de repente en el Gobierno se habla de bajar los impuestos en enero, corren rumores atractivos sobre la reforma de la Administración y se ha apuntalado el Tribunal Constitucional para pararle los pies a Mas. Ése es el son de paz que yo percibo en la presencia de la ‘vice’, junto al esquinado Soria, en la primera fila de la soirée del lunes pues, por una vez, Soraya estaba de oyente.

Mira por dónde hemos descubierto que aunque Rajoy se sienta tan ufano de no depender, ni para bien ni para mal, del resto de los españoles, esta semana ha tenido que reconocer que sigue dependiendo de Aznar. No en vano es una cita de Pessoa la que encabeza el libro deslumbrante de Villepin sobre los Cien Días: “¡Qué gloria nocturna ser grande, sin ser nada!”.

Lo llamativo de la posición editorial de este periódico de derechas es que se muestra en las antípodas de la del diario El País, tradicional órgano oficioso del PSOE, que dio un tratamiento despectivo a la conferencia de Aznar en el Club Siglo XXI, sin un mínimo reflejo en su portada e incluso con algún apoyo periodístico lamentable, como el titulado “Club Siglo XXI: un baño de jabón de mimosa” firmado por Luz Sánchez-Mellado. Sin dejar, como es su costumbre, de lanzar puyas contra Aznar con alusiones a su responsabilidad en el ‘caso Gürtel’… ocultando la mucho más evidente de Rajoy… y dando por buena así la convicción que existe en los medios políticos informados de la ayuda prestada desde la Presidencia del Gobierno al diario ‘progresista’ para solucionar sus graves problemas financieros: algo que no pocos empresarios del sector de la comunicación avezados consideran malo, malo, malo para el PP, que ha desaprovechado la oportunidad de dejar que El País se friera en su particular ruina económica (el espabilado Rajoy siempre ayudando al enemigo).

Mucho más perspicaz y contemporizadora fue la actitud informativa de La Razón, dirigida por Francisco Marhuenda, un ferviente defensor de Rajoy que a veces raya en la idolatría, que supo ver la que se avecina y llevó su crónica sobre la conferencia de Aznar a portada con un sonoro y anhelante “Un solo PP”, apoyado con una fotografía del acto en la que aparecían forzadamente sonrientes la vicepresidenta Sáenz de Santamaría y el ministro Soria (aparato del poder) junto al matrimonio Aznar-Botella y al anfitrión del acto Eduardo Zaplana (disidencia)…

…MIENTRAS RAJOY NAVEGA EN EL MAR DE LA INCOMPETENCIA

La realidad palpable en el ámbito de la política es que Rajoy y su Gobierno siguen mostrándose incapaces de afrontar el fondo de la crisis de verdad; que tal incompetencia puede llevar al PP a un desastre electoral muy similar al de la extinta UCD; que José María Aznar no soporta ni va a tolerar esta situación (hay que conocerle para saber que va en serio)… y que, si no hay una rectificación inmediata por parte del marianismo, la gresca interna tomará muy pronto otro cariz mucho más ácido.

De hecho, parece que el propio ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, Cristóbal Montoro, incluso es incapaz de comprender la realidad más evidente, dado que sigue tachando de “error conceptual” pensar que la crisis deriva del peso del sector público y sigue, por tanto, negando su relación con el déficit público. Aunque a continuación reconozca que la auditoría realizada por la Comisión para la Reforma de las Administraciones Públicas (CORA) ha desvelado “duplicidades inadmisibles” que atentan contra el objetivo que se marcó Rajoy durante su discurso de investidura de ‘una competencia una administración’.

Es más, tanto él como la vicepresidenta Sáenz de Santamaría, e incluso el conjunto del Gobierno, también parecen ignorar que las 217 medidas que ha propuesto la CORA, anunciadas a bombo y platillo por el propio Rajoy el pasado 19 de junio en Moncloa y aprobadas dos día después por el Consejo de Ministros, incluyen muchas especulaciones, agrupaciones, maquillajes, reconsideraciones semánticas y meras ‘recomendaciones’ para comunidades autónomas y entidades locales, que se aceptarán o no, de auténtica risa si con ellas se pretende “marcar un antes y un después” en la racionalización del sector público, como ha afirmado el presidente del Ejecutivo. Es decir, un paquete mayoritariamente de chorradas y perogrulladas sin la debida cuantificación económica (se ‘aventuran’ 37.700 millones de euros de ahorro en cuatro años incluyendo partidas de la pasada reducción de empleo público ya descontadas); cifra por otra parte imposible de acotar, porque el grueso del plan no son medidas de obligado cumplimiento sino ‘propuestas’ que ni siquiera se han negociado con los entes que han de asumirlas y cuyo éxito se condiciona a un ejercicio de ‘buena voluntad’…

Pero, sobre todo, el plan CORA del Gobierno carece de auténticas medidas de carácter legal negociadas con el conjunto de las Administraciones Públicas para adelgazarlas de verdad (empezando por la Central), de recortes y tijeretazos duros y puros como los ya asestados sobre el cuerpo social y, por supuesto, de las reformas institucionales necesarias para afrontar el fondo de la crisis. Esto es tan evidente que, aparte de merecer una Newsletter monográfica que ponga en su sitio la presentación propagandista del Gobierno, de entrada se puede considerar pura ingeniería semántica, ‘agua de borrajas’ y, en definitiva, una ofensa a la inteligencia y al sentido común de los administrados…

LOS COMICIOS EUROPEOS, CLAVES PARA EL PP

Seguimos, pues, en una dinámica de correlaciones y señuelos del Gobierno perdidos en el océano de su incompetencia política que, en cualquier caso, va a tener un hito definitivo el próximo mes de mayo con los resultados que arrojen las elecciones al Parlamento Europeo, institución que, acto seguido, tendrá que ratificar la elección consensuada del nuevo presidente de la Comisión Europea.

Hay que recordar que en los anteriores comicios europeos, celebrados en 2009 y en los que al inicio de la legislatura tomaron posesión 50 diputados de los 54 reasignados a España en el Tratado de Lisboa, los resultados fueron los siguientes: PP, 23 escaños (42,2% de votos); PSOE, 21 escaños (38,5%); Coalición por Europa -CiU, PNV, CC y otros- 2 escaños (5,12%); IU-ICV-EUIA-BA, 2 escaños (3,73%); UPyD, 1 escaño (2,87%) y Europa de los Pueblos -ERC, BNG, EA y otros-, 1 escaño (2,5%).

Sin embargo, es de prever que la reprobación social del Gobierno del PP y de la Oposición del PSOE recogida en las encuestas al uso, con un ascenso significado de partidos hasta ahora minoritarios como IU y UPyD, que anuncia una clara ruptura del actual bipartidismo, tendrá su efecto, por supuesto demoledor, en los comicios europeos. Quizás acrecentados por un presumible aumento de la abstención, que en 2009 ya alcanzó el 54 por 100 en la circunscripción de España, sobre todo si sus electores no perciben soluciones eficaces de la Unión Europea sobre la crisis.

Según el ‘Eurobarómetro Flash 375’ (mayo 2013), el porcentaje de jóvenes españoles que un año antes de las próximas elecciones europeas dicen haber decidido ya participar en ellas, se limita al 25 por 100, mientras que los que de momento no descartan poder hacerlo (es decir, el máximo potencial de participación en ese segmento de edad) no sobrepasan el 58 por 100. Porcentajes situados por debajo de la media europea que para esos mismos ítems se sitúa en el 28 y el 64 por 100 respectivamente.

Los jóvenes europeos que descartan votar en los próximos comicios, apuntan en esa misma investigación demoscópica como principal razón para ello la creencia de que su participación no cambiaría nada (64 por 100), seguida de la sensación de que no están lo suficientemente informados para votar (61 por 100) y de que el Parlamento Europeo no se ocupa de los problemas que les interesan (56 por 100).

Por otra parte, un estudio publicado en paralelo por la London School of Economics, elaborado con el auspicio de la Comisión Europea, evidencia también el creciente descontento de la juventud con el funcionamiento de la política. Aún más, este documento señala que los jóvenes europeos quieren participar y ser escuchados, pero por vías distintas, entre las que destacan Internet y las nuevas tecnologías, que se entienden como “métodos de participación mejorada”.

LA RUINOSA CONTUMACIA DE LA ‘CAMARILLA POLÍTICA’

Es en este contexto de deterioro y desencanto político en el que surge la necesidad de estudiar nuevas formas de organización y funcionamiento de los partidos, e incluso nuevos tipos de partidos o de tendencias y corrientes dentro de los existentes. Aunque muchos politólogos tiendan a desacreditar estos movimientos internos o a considerarlos un mal inevitable, culpándolos de fraccionar a los partidos y atomizar la vida política, llevando así a que éstos no cumplan con su cometido principal, que es precisamente aglutinar y articular las demandas sociales.

Cierto es que en, sí misma, la política conlleva elementos impredecibles y que hasta la institución más noble puede ser utilizada con fines indeseables. Sin embargo, si los acontecimientos obligan a discutir y adoptar soluciones alternativas (y la situación del PP va estando para ello), siempre será preferible entrar en una dinámica de consensos y disensos dentro del partido que aferrarse a un contumaz inmovilismo interno que impida la renovación de las estructuras del poder y salvaguardar su ideario, o quizás adaptarlo, generando en su caso el divorcio con las bases sociales que, en efecto, siempre deben ser escuchadas y representadas rectamente.

Impedir el libre debate de las ideas en el seno de los partidos, sobre todo en situaciones de crisis extrema, equivale a negar la democracia interna, que es su primera y más importante obligación. De hecho, el artículo 6 de la Constitución Española establece con suma claridad: “Los partidos políticos expresan el pluralismo político, concurren a la formación y manifestación de la voluntad popular y son instrumento fundamental para la participación política. Su creación y el ejercicio de su actividad son libres dentro del respeto a la Constitución y a la Ley. Su estructura interna y funcionamiento deberán ser democráticos”.

Por ello, las organizaciones que normativa o prácticamente son caudillistas o excluyentes no parecen acordes con el espíritu democrático que impregna el texto constitucional, sin perjuicio de que sus posibles corrientes internas se puedan conformar alrededor de un líder. Los partidos norteamericanos o la histórica Democracia Cristiana (DC) de Italia, por ejemplo, han estado integrados esencialmente por tendencias y corrientes internas que, además, han sido el vehículo de la alternancia en el poder interno.

Y estas corrientes dentro del partido (la democracia interna real) crean en efecto una dinámica de consensos y disensos que evita la inacción y la petrificación política que, con independencia de perpetuar al aparato de la organización, también impiden el libre debate de la realidad, yugulando de paso las ideas y propuestas alternativas que, en determinadas situaciones de crisis, eviten una eventual debacle gubernamental.

Un partido con absoluta unidad de pensamiento, sin capacidad de autocrítica y con mando prepotente basado en la ‘camarilla’, sea esta la que sea, no es democrático y se acerca más a lo que se ha dado en llamar la ‘dictadura de los partidos’, luego devenida en ‘aparatocracia’ y, en conjunción con la del partido opositor, en ‘partitocracia’. Una expresión política que, como forma de Estado aparejada al formalismo parlamentario, es una pura deformación sistemática de la democracia en la que las oligarquías partidistas asumen la soberanía efectiva en régimen de ‘turnismo’.

En ese régimen, los grandes partidos existentes, básicamente dos, van asumiendo el gobierno de forma consecutiva o rotatoria, coartando las posibilidades de que los ciudadanos expresen su voluntad real fuera de los partidos ya existentes, y ni siquiera en ellos si están sujetos al inmovilismo interno. Partiendo entonces de la idea de que los partidos son un mal menor o un mal necesario, los ciudadanos se auto-excluyen y buscan otros cauces de expresión e intervención, lo que les lleva a crear nuevas organizaciones: grupos de presión, partidos antisistema, movimientos y redes sociales y, como sostienen los jóvenes encuestados recientemente por la London School of Economics, “métodos de participación mejorada” basados en las nuevas tecnologías.

En la vida política, y como de forma indefectible sucede también en otros campos de la actividad humana, las concepciones globalizantes corren el peligro de quedar atrapadas en sí mismas y obligadas a crear instrumentos que les permitan concretizarse o pervivir en la historia, originando una reversión de principios, valores, prácticas y prioridades. En estos casos, el instrumento se apodera de la idea y se convierte en el propio fin; y el gran objetivo pasa a ser un simple medio, pura retórica vacía o diletante...

LAS OREJAS DEL LOBO: DE LA EXTINTA UCD A LA DEBACLE GRIEGA

No es nuestra intención revisar ahora la teoría y la ética políticas, adentrar a nuestros lectores en el denominado ‘Estado de Partidos’ (el Parteienstaat de algunos estudioso alemanes connotado con la ‘partitocracia’) ni, mucho menos, profundizar en el concepto de la Partyarchy que ha intentado acuñar Michael Coppedge (Universidad de Notre Dame, South Bend, Indiana) a partir de la concepción de ‘poliarquía’ de Robert A. Dahl (Universidad de Yale). Más ilustrativo sería recomendarles la lectura del libro de Petros Márkaris titulado “La espada de Damocles” (Tusquets, 2012), escrito tras las elecciones griegas del año pasado para arrojar luz sobre la crisis que azota a Grecia y que todavía sigue amenazando con derrumbar el proyecto de la Unión Europea.

Con ese objeto, Márkaris explica las causas profundas de la quiebra política de Grecia, la acelerada evolución de su sociedad en las últimas décadas y el papel que sus estructuras de poder han desempeñado en la actual debacle financiera, con similitudes que, quiérase o no, tienen referentes perfectos en la situación española (habla del ‘nepotismo tóxico’, del ‘partido de los beneficiarios’, de la política del ‘enchufismo’, del desánimo social, de las generaciones perdidas, de la ineficiencia de las administraciones públicas…). Indignado ante la precariedad de la vida cotidiana de tantos ciudadanos, castigados por medidas diseñadas en Bruselas y Berlín y frustrados en su futuro, el perspicaz escritor griego alerta de que ésta no es una crisis más (la española tampoco), y que sólo volviendo a las raíces del humanismo político -nacido precisamente en Grecia- podremos dejar de sentir esa espada de Damocles sobre nuestras cabezas.

Pero es que, en el caso de España, su propia historia -la remota del siglo XIX o la más próxima del siglo XX- advierte de forma sobrada hasta dónde pueden llevarnos las torpezas políticas y el deplorable funcionamiento de los partidos que las protagonizan. Todos los días, desde muchas tribunas y de mil formas distintas, se repite la misma advertencia, pero siempre ante la misma indiferencia del poder político, que sólo hace lo mínimamente indispensable para prevalecer en su particular interés.

Ya hemos señalado la anotación de Luis María Anson sobre el trágico fin de la meritoria UCD, el partido liderado por Adolfo Suárez que hizo posible la Transición Española. Una formación que nació como integración de diversas tendencias y corrientes políticas en torno a un proyecto común centrista y reformista, pero que, en su momento más crítico, se enrocó en sí misma sin saber organizar el consenso y el disenso internos y generando primero una lucha fratricida encarnizada y después la diáspora de sus fuerzas originales (liberales, democristianos, populares…) sin mayor proyección electoral; con momentos en los que estas corrientes descontroladas incluso maquinaron una inédita moción de censura parlamentaria contra el Gobierno de Suárez, que era el suyo propio, por no hablar del intento de golpe de Estado del 23-F y de su instigación más profunda…

ATENTOS A LAS ‘DEPLORABLES EQUIVOCACIONES’ DEL PP

Hoy, salvando las distancias, podríamos traer a colación, sólo como uno de los muchos ejemplos disponibles, las declaraciones realizadas hace poco por el ex diputado del PP Jesús López-Medel en el programa “Salvados” que dirige el periodista Jordi Évole en La Sexta (02/06/2013). Cansado de la falta de debate interno en su partido, en su día decidió arrojar la toalla todavía bajo el liderazgo de Aznar, desvelando ahora que el entonces número dos del Grupo Parlamentario del PP en el Congreso de los Diputados llegó a recriminarle que aplaudiera poco a sus jefes en los plenos de la Cámara.

En base a esa experiencia propia, López-Medel cree que en los partidos políticos no hay el menor debate interno y que todos deben decir y pensar lo mismo que el líder. Durante su entrevista aseguró que “en los partidos políticos no hay debate, nunca levante la mano para debatir algo crítico porque nadie lo hacía, no intervenía nadie”, concluyendo, en coincidencia con otros intervinientes en el mismo programa vinculados a diferentes ideologías: “La regeneración política es fundamental, debemos convocar a la clase política a que reacciones, sin regeneración de la clase política no saldremos de la crisis”.

Insistimos en que ya no se trata de promover más debates, conferencias o seminarios sobre formación política, organización y funcionamiento de los partidos, revisión de la Ley Electoral o cualquier otra evidente necesidad de reformas institucionales…, porque todo ello es archiconocido y porque el más incapaz de los políticos, que lamentablemente sólo irá ‘a lo suyo’, sabe sin la menor duda de qué va la cosa. La cuestión, muy sencilla, es si ahora, en este preciso y crítico momento y antes de la elecciones europeas, al PP le conviene o no le conviene organizar una corriente crítica interna (‘aznarista’ o simplemente ortodoxa), con su propio futuro en juego y para evitar posibles males mayores...

Sabido es que el tiempo termina haciendo justicia y colocando a cada persona y a cada institución en su sitio, y que es el bien más preciado para quienes quieren realizar actos y obras importantes, frente a quienes pasan la mayor parte del suyo entretenidos en puros ‘pasatiempos’. Y que los políticos egoístas carecen interesadamente del sentido del timing que les acreditaría como verdaderos servidores públicos, supeditándolo a su propio acomodo, llegando siempre tarde a su personal cita con la historia.

Haga el PP lo que tenga por conveniente, si su actual caudillo Rajoy así lo estima oportuno. Pero no olvide éste, ni su pacata ‘camarilla política’, aquel lamento de Isabel II (reina de los ‘Tristes Destinos’ muerta en el destierro francés), relativo al periodo 1843-1854 (la ‘Década Moderada’), horquillado entre el levantamiento contra el general Espartero, que acabó con su Regencia, y el inicio del Bienio Progresista tras la Revolución de 1854: “¡Once años de deplorables equivocaciones…!”.

En nuestra anterior Newsletter (“Estrategia de Seguridad Nacional 2013: un artificio retórico para políticos papanatas”), criticamos con dureza la ESN 2013 aprobada por el Gobierno el pasado 31 de mayo y presentada a bombo y platillo por la vicepresidenta Sáenz de Santamaría tras celebrarse el correspondiente Consejo de Ministros, como un “paso trascendente” en el “pensamiento estratégico”. Esa hipérbole entrecomillada, ciertamente fuera de lugar, aparecía en el texto introductorio del documento oficial rubricado por el propio presidente, Mariano Rajoy.

Y lo cierto es que tal presunción se encontraba muy alejada de la verdad. Porque la ESN 2013 no deja de ser una copia maquillada de la precedente Estrategia Española de Seguridad 2011 (EES 2011), aprobada por el Gobierno de Rodríguez Zapatero en julio de 2010; razón por la que el PSOE ha apoyado el nuevo documento estratégico como pieza consensuada. Lo que, por otra parte, no le añade más rigor ni validez operativa y tampoco enmienda para nada nuestra primera crítica.

Ahora creemos conveniente destacar la eliminación radical de cualquier referencia a la ‘amenaza marroquí’ (e incluso a la magrebí) en la ESN 2013, documento rector de la Seguridad Nacional. Máxime cuando esta amenaza representa nuestra mayor posibilidad de un enfrentamiento directo, por no decir la única, bien que fuera armado, de guerra no convencional o de mera desestabilización sociocultural.

El origen del contencioso entre España y Marruecos tiene raíces y rebrotes seculares, con un fuerte encastre en la memoria histórica de ambos países y trágicamente abonado con demasiada sangre hasta días muy recientes, difíciles de olvidar. Nadie pretende ahondar en heridas dolorosas, ni mucho menos crear problemas donde no los haya, pero la diplomacia, y sobre todo la Seguridad Nacional, que se sitúa en un plano muy superior, nunca debe construirse sobre premisas falsas o a espaldas de una realidad bilateral que, buena voluntad aparte, no puede ser diluida y menos ignorada tan sólo por una parte.

LA SEGURIDAD SUPEDITADA A LA DIPLOMACIA DE PACOTILLA

Otra cosa, es que, por su propia naturaleza, la Estrategia de Seguridad Nacional, al igual que la Directiva de Defensa Nacional, puedan o deban ser declaradas materias ‘clasificadas’; es decir, que sean efectivamente claras y rigurosas en sus planteamientos -en caso contrario carecerán de la menor eficacia- pero sin necesidad de alarmar pública y oficialmente a las partes identificadas con las correspondientes ‘amenazas’. Porque, ¿acaso conoce el Gobierno de España, y mucho menos la sociedad civil española, los planes estratégicos de Marruecos en materia de Seguridad y Defensa…? ¿Y es que hay mejores temas, o más importantes, para resguardar bajo el secreto oficial que los referidos a la Seguridad Nacional…?

La realidad es que, siendo todos los gobiernos de España tan aficionados al ‘secretismo’ (la naturaleza inconstitucional de la normativa vigente sobre secretos oficiales es buena prueba de ello), sorprende que este tipo de documentos tan ‘sensibles’ sean difundidos urbi et orbi sin la menor preocupación. Claro está que, previamente, se descafeínan, se pulen retóricamente y se enfundan en un guante de seda blanco para que sean del agrado de todo el mundo; tratando de mostrar así una perspicacia gubernamental tan inexistente como inútil y perdiendo su objeto y eficacia como directivas que son de una política sustancial del Estado.

Dicho de otra forma, caminamos por una senda en la que, de forma cada vez más complaciente e irresponsable, la Seguridad Nacional se supedita a las ‘relaciones públicas’ y a la diplomacia de pacotilla (los compromisos internacionales o la ‘seguridad compartida’ se plantean forzosamente con otros registros). Y la consecuencia es que, llegado el momento de la verdad, cuando la ‘amenaza’ se sustancia de repente en un conflicto real, previsto por unos e imprevisto por otros, el despistado gobierno de turno queda en precario, e incluso claudica, como sucedió con la Marcha Verde sobre el Sahara español de 1975, con los atentados del 11-M, con la ocupación del islote de Perejil… y como seguramente sucederá con las reivindicaciones territoriales de Marruecos y todos los problemas y quebraderos de cabeza que asomarán de forma periódica e indefectible por nuestra frontera sur, se quieran o no se quieran aceptar políticamente.

Antes, pues, que divagar y enredar con los principios y objetivos esenciales de la Seguridad Nacional y con sus riesgos más ciertos y próximos (no los teóricos y más remotos de naturaleza transnacional), siempre será mejor declararlos secretos en todo o en las partes más convenientes. O bien elaborar de forma alternativa unas líneas generales de difusión pública y resguardar por otra parte los fundamentos estratégicos, de planeamiento y operativos en los niveles adecuados, sin necesidad de tener que elaborar y presentar documentos oficiales engañosos.

Así se hizo con las primeras DDN,s aprobadas a partir de la Transición (1980, 1984, 1986…), aplicándose entonces a nuestro entender un mejor criterio político que el actual; lo que, además, no deja de ser una práctica de prudente discreción consustancial a cualquier actividad humana mínimamente competitiva (empresarial, deportiva, concursal…). Y considerando también que en la praxis política su elaboración constituye una responsabilidad exclusiva del Gobierno, no sometida a debate ni refrendo parlamentario (otra cosa es el consenso reservado que convenga establecer a nivel de políticas de Estado al menos con la oposición mayoritaria).

DEL SECRETISMO GRATUITO A LA DIVULGACIÓN INCONVENIENTE

Y si la DDN y la ESN no son materias de debate parlamentario, ¿por qué extraña razón el gobierno de turno tiene que exhibirlas entonces ante una opinión pública que carece de los datos y la base informativa necesaria para juzgarlas, falseando además su contenido…?

A este respecto, conviene recordar la composición y el funcionamiento de la “Comisión de control de los créditos destinados a gastos reservados” del Congreso de los Diputados (conocida también como “Comisión de Secretos Oficiales”), en la que el Gobierno siempre podría informar sobre los temas o aspectos más delicados de la política de Seguridad y Defensa. Actualmente consta de seis vocales (los portavoces de cada grupo parlamentario excluido el Mixto) a los que hay que añadir una presidencia (que es la de la Cámara) y un letrado asignado (que es el secretario general de la Cámara), funciona sin reglamento propio, sin actas y, por supuesto, en sesiones sujetas al secreto oficial.

Por lo tanto, resulta evidente el poco sentido que tiene imponer el secreto oficial en materias que no lo requieren, y que en ocasiones incluso colisionan con derechos y libertades constitucionales y con otros valores superiores de la democracia, mientras que, por otra parte, las directrices y los enfoques estratégicos de la Seguridad Nacional se airean a los cuatro vientos.

Pero, puestos a exhibir tan torpe ejercicio de ‘transparencia’ (quizás el único que estaría justificado  secuestrar políticamente en el Estado democrático), lo que no se entiende es el desenfoque de las ‘amenazas’ a la Seguridad Nacional y el lenguaje retórico y hasta falaz con el que se presentan de forma oficial, despistando a la ciudadanía y desorientando algunas de sus salvaguardas fundamentales. Porque, ¿acaso el Gobierno no advierte a turistas y empresarios españoles de los riesgos puntuales que asumen viajando o invirtiendo en determinados países sin suficiente seguridad personal, sanitaria o jurídica…? Y, siendo así, ¿por qué se oculta el alcance de la ‘amenaza marroquí’, latente en todo el territorio nacional, desde Canarias hasta los confines pirenaicos de Al-Andalus...?

Cierto es que la política de Seguridad y Defensa ha venido evolucionando de acuerdo con los cambios registrados a nivel mundial, con la particular posición geoestratégica de España y con la proyección de sus intereses  en el concierto de las naciones. Sin embargo, ello no puede significar en modo alguno el enmascaramiento diplomático de las amenazas más próximas y evidentes en dicho ámbito.

LA TORPE MANIPULACIÓN DE LA SEGURIDAD NACIONAL

Centrados en nuestro análisis, no deja de ser curioso que, aún a pesar de su artificiosa redacción, la DDN 2004, refrendada por Rodríguez Zapatero, reconociera que “el escenario estratégico de principios del siglo XXI se caracteriza porque, junto a los riesgos y amenazas tradicionales para la paz, la estabilidad y la seguridad internacionales, han emergido otros nuevos, como el del terrorismo de carácter transnacional y alcance global, con gran capacidad de infligir daño indiscriminado”. Y que, a continuación, apuntara directamente al 11-M: “Los atentados de Nueva York, Madrid o Beslán [Osetia del Norte, Rusia] han evidenciado que, frente a los nuevos riesgos y amenazas, la superioridad militar tradicional no constituye un factor de disuasión eficaz ni garantiza más seguridad automáticamente…”.

La misma DDN 2004 destacaba igualmente que “el área del Mediterráneo es de un interés especial para España”, dentro del marco de la Seguridad y la Defensa. De forma que ahí, en la costa norteafricana, algo habría que se considerara ‘amenazante’.

De igual modo, la DDN 2008, suscrita también por Rodríguez Zapatero, reiteraba: “El terrorismo, el crimen organizado y la proliferación de armas de destrucción masiva constituyen el conjunto de amenazas transnacionales más importante para nuestra sociedad. Su hipotética combinación presenta el mayor potencial de peligrosidad y tendría consecuencias devastadoras. Los atentados del 11 de septiembre de 2001 en Estados Unidos, los del 11 de marzo de 2004 en España y del 7 de julio de 2005 en el Reino Unido, entre otros, han evidenciado una escalada en la capacidad y voluntad de provocar daño con acciones terroristas, una opción que está al alcance de muchos actores”. Por tanto, más de lo mismo para el buen entendedor…

Pero, sorprendentemente, la DDN 2012, ya responsabilidad del Gobierno del PP presidido por Rajoy, eliminó de un plumazo cualquier referencia expresa a los atentados terroristas y, en particular, a los del 11-M. Aunque reconociendo que “la posición que España ocupa le confiere, además, la responsabilidad de velar por la consolidación de un entorno seguro, particularmente en el Mediterráneo, donde en los últimos tiempos numerosos países de la orilla sur están inmersos en importantes procesos de cambio político, que requieren nuestra atención, colaboración y cooperación en la creación de nuevas estructuras democráticas y opiniones públicas moderadas…”.

Y, más curioso todavía, encaró esa particular ‘responsabilidad mediterránea’ (por no decir ‘amenaza mediterránea’), que por nuestra posición geográfica en realidad es una ‘responsabilidad marroquí’, o en todo caso ‘magrebí’, reconduciendo definitivamente nuestras ‘amenazas’ en el continente africano nada menos que al Sahel y al Golfo de Guinea. Es decir, a miles de kilómetros del Estrecho de Gibraltar, de Perejil, de Ceuta y Melilla y de Canarias… y a escenarios remotos cuya conexión con España está plagada de problemas mucho más próximos y amenazantes para la Seguridad Nacional, evidentemente postergados por el Gobierno.

De hecho, al correlacionar la Seguridad de España en el continente africano, la posterior ESN 2013 señala: “Para los intereses españoles, tres zonas serán vitales en las próximas décadas: el Sahel, el Cuerno de África y el Golfo de Guinea…”. Algo que ya se recogía de forma idéntica en la precedente Estrategia Española de Seguridad 2011 (ESS 2011), pero afortunadamente complementada en aquella ocasión con una referencia expresa y muy significativa a “Nuestra vecindad del Sur”, eliminada por el Gobierno de Rajoy en la ESN 2013:

La paz y la prosperidad de la ribera meridional del Mediterráneo son esenciales para nuestra seguridad y la del conjunto de Europa. En su relación con estos países, caracterizados por sociedades jóvenes -el 60% de la población tiene menos de 25 años- que aspiran a cambios que mejoren su futuro, España y la Unión Europea contribuirán a su desarrollo democrático, económico y social, acorde con las necesidades y expectativas de sus habitantes, en el convencimiento de que este desarrollo fomentará la paz y la seguridad en el espacio que compartimos.

Con las dos Ciudades Autónomas en el norte de África, España también está presente en esta región. El Magreb es una zona prioritaria para España, por la proximidad geográfica y los lazos históricos y humanos entre ambas orillas. También lo es el Atlántico Oriental, donde se sitúa la Comunidad Autónoma de Canarias. En colaboración con todos los países de la zona, hay que responder a importantes desafíos: el fortalecimiento de la democracia y el Estado de derecho, la consolidación de un modelo económico y social dinámico e inclusivo, la regulación y el control de la emigración, la lucha contra el terrorismo y el narcotráfico, la estabilización de los flujos energéticos, y una solución negociada, justa y definitiva a la cuestión del Sahara Occidental, de conformidad con la ONU.

En esta región, las relaciones bilaterales no son suficientes. España debe también impulsar -y si es necesario, reformar- marcos más amplios de cooperación, en especial la integración regional, como la Unión para el Mediterráneo (UpM), la Política de Vecindad de la Unión y foros como la “Iniciativa 5+5” o el Diálogo Mediterráneo de la OTAN... 

LA ‘AMENAZA MARROQUÍ’ NO ES UN CUENTO CHINO

Pero es que, apenas dos semanas antes de aprobar la ESN 2013, que incluía el tijeretazo de la ‘amenaza marroquí’, el Gobierno había autorizado la expulsión de Noureddin Ziani, ciudadano de Marruecos afincado en España, argumentada oficialmente por “amenazar la Seguridad Nacional”. El caso motivó un Confidencial publicado en esta misma web (26/05/2013) en el que, sin cuestionar la medida, se denunciaba la innecesaria campaña de auto-propaganda que se había montado el CNI en base a su supuesta eficacia en la lucha contra el ‘salafismo’.

Aunque lo más llamativo al respecto era que, tras acusar el CNI a Ziani de tejer una red salafista, promoviendo e implantando sus ideas en toda España (El Mundo 19/05/2013), y de tener perfectamente controlados y fotografiados sus encuentros puntuales con “algunos de los líderes salafistas más señalados de la UE” o con “imanes radicales”, siempre en actos de propaganda celebrados en España y con acceso público, ninguno de ellos sufriera la misma suerte de expulsión y siguieran, como todavía siguen, comprometiendo la Seguridad Nacional con plena libertad de acción.

Así, mientras la excusa esgrimida para repatriar a Ziani eran sus encuentros con “representativas figuras del radicalismo salafista” (todas ellas bajo vigilancia), nadie se ha preocupado de expulsar a ninguna, aun estando definidas por el propio CNI como la verdadera ‘amenaza’ y siendo, desde luego, causa última de la expulsión de aquel ciudadano marroquí. Algo en efecto tan curioso como incoherente.

Ziani ya ha sido repatriado a Marruecos. Pero los peligrosos salafistas que al parecer él estaba agitando en España, siguen campando por sus respetos y sin que nadie se haya planteado ponerles de patitas en la frontera; gentes como Masjib Atawba, imán de la mezquita de Manlleu; Rachid Menda, imán de Salt; Abdel Hamid El Hyat, antiguo imán radical de Reus, y todo un nutrido grupo de destacados ‘sabios’ e ideólogos señalados por el Servicio de Inteligencia como difusores del “radicalismo islámico” (Rachid Nafer, Abdelkader Elchoua, Mohamed Attaouil, Yuones Harrak, Omar Fares…).

¿Y cómo se puede entender tanta permisividad política con este listado de salafistas, si resulta que ellos son la verdadera ‘amenaza’…? Tampoco deja de sorprender que si el propio CNI afirma que en España existen más de 100 mezquitas que divulgan el islamismo radical, 50 de ellas salafistas, a continuación sólo se interese por la expulsión de Ziani…

Tres meses antes, en febrero de 2013, la Policía ya detuvo en Valencia al supuesto terrorista de origen marroquí, Mohamed Echaabi, quien pretendía cometer atentados contra personalidades relevantes y otros objetivos, tanto en España como en otros países europeos. Según el Ministerio del Interior, existían similitudes muy destacadas entre este detenido, que había realizado gestiones para la adquisición de armas de fuego y explosivos, con Mohamed Merah, el ‘lobo solitario’ de origen argelino autor de varios asesinatos en Toulouse (Francia) en marzo de 2012. Lo característico en este tipo de individuos es que, con el propósito de ocultar su ideología radical y pasar desapercibidos hasta cumplir sus objetivos, se les permite incumplir los preceptos del Islam, de forma que suelen vestir al estilo occidental, no llevan barba, beben alcohol, fuman y comen cerdo.

A continuación, el 23 de abril de 2013, la Policía también detuvo a otros dos presuntos terroristas islamistas en Murcia y Zaragoza en una operación ordenada por el juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz: el marroquí Hassan El Jaaouani de 52 años y el argelino Nou Mediouni de 23, ambos relacionados con el grupo terrorista ‘Al Qaeda en el Magreb Islámico’ (AQMI). El ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, los describió como "lobos solitarios" con un perfil parecido al del citado Mohamed Merah y al de los hermanos Tsarnaev, responsables del atentado de Boston (15 de abril de 2013).

Y, abundando en la evidente realidad de la más amplia ‘amenaza magrebí’, baste considerar la reciente detención de cinco tunecinos acusados de difundir material multimedia de contenido yihadista, realizada en Barcelona el pasado 12 de junio. A este grupo se le incautó abundante material de propaganda terrorista, incluyendo más de 400 archivos con fotografías, vídeos y textos con imágenes de atentados, discursos de líderes como Bin Laden y Al-Zarqawi, instrucciones para confeccionar explosivos, doctrina sobre el entrenamiento de muyahidines o fusilamientos, con comentarios en los que se enaltecía el terrorismo y a sus autores.

Según la nota emitida por el Ministerio de Interior sobre esta operación policial (denominada ‘Kartago’), que sigue abierta bajo la dirección del Juzgado número 6 de la Audiencia Nacional, durante la investigación se pudo constatar “un fuerte proceso de auto-radicalización” en varios de los detenidos “que les ha llevado a abrazar plenamente las tesis del salafismo yihadista”. Y el propio ministro, Jorge Fernández Díaz, declaraba en paralelo que su objeto era “neutralizar la amenaza del terrorismo yihadista, los lobos solitarios y los retornados”, que constituye un motivo de “ocupación y preocupación” para el Gobierno de España y el resto de los socios de la UE.

LOS ANALISTAS DE MONCLOA, LEEN POCO

Pero, si las afirmaciones del ministro Fernández Díaz son ciertas, que deben serlo, ¿por qué se han excluido entonces de la ESN 2013 las referencias a la ‘amenaza marroquí’ o, si se prefiere, a la ‘amenaza magrebí’…? ¿Es que el Departamento de Seguridad Nacional de la Presidencia del Gobierno (DSNPG) que dirige el confiado (por inexperto) Alfonso de Senillosa, va por libre, sin hacer el más mínimo seguimiento de la actividad desarrollada por el propio Gobierno o sin leer siquiera las notas informativas emitidas al efecto…?

Senillosa y su mini-corte de personal militar afecto, quizás seleccionados a dedo por identificarse con la vaguería del jefe Rajoy, sólo tienen que entrar en Internet y leer cosas tan elementales como, por ejemplo, el siguiente artículo de Soeren Kern, publicado en EuropeNews.Dk al inicio de la actual legislatura (09/12/2011), que traducimos libremente, para dejar de orientar de forma errada sus Estrategias de Seguridad Nacional:

¿Está el nuevo Gobierno de Marruecos incitando a los musulmanes en España?

Unos 3.000 inmigrantes musulmanes salieron a las calles en cerca de Barcelona para protestar por los recientes recortes en las ayudas sociales. 

La protesta, que tuvo lugar el 5 de diciembre en la ciudad industrial de Terrassa, a unos 30 kilómetros de Barcelona, ??se organizó con la participación de los inmigrantes marroquíes.

El tamaño y la espontaneidad de la manifestación cogieron por sorpresa a los funcionarios locales -que habían estado esperando no más de 300 manifestantes- y refleja la creciente afirmación de los inmigrantes musulmanes en la región nororiental de Cataluña.

La protesta podría confirmar los temores de los servicios de inteligencia españoles de que el nuevo gobierno islamista de Marruecos puede tratar de incitar a los inmigrantes marroquíes en España para organizar manifestaciones, requiriendo un esfuerzo del primer ministro de la nueva fuerza conservadora de España, quien asumirá el cargo el 22 de diciembre, para resolver un serie de conflictos de larga historia entre los dos países.

El punto de partida de la manifestación fue el barrio de mayoría musulmana de Ca n'Anglada, que se encuentra en el centro de Terrassa. Los manifestantes se dirigieron luego a través del centro de la ciudad a la oficina municipal de seguridad social.

Los marroquíes protestaban por las medidas de austeridad que hacen más difícil para los inmigrantes acceder a las ayudas sociales del gobierno regional de Cataluña.

Los recortes en el presupuesto que entró en vigor en julio de 2011 aumentan el requisito de residencia a dos años (de un año antes) para que los inmigrantes puedan recibir los beneficios de bienestar social. Los cambios también limitan otras ayudas durante 60 meses.

Los políticos locales temen que la protesta sea una primera muestra de lo que puede llegar a ser una campaña más sostenida de los disturbios protagonizados por los inmigrantes musulmanes en Cataluña, que se ha convertido en el punto cero en un debate sobre la intensificación del papel del Islam en España.

La población musulmana de Cataluña llegó a 300.000 en 2011, frente a tan sólo 10.000 en 1990, gracias a una ola masiva de inmigrantes, tanto legales como ilegales.

En el conjunto de España se estima que la población musulmana legalizada alcanzó 1,5 millones de personas en 2011, frente a sólo las 100.000 que había en 1990.

La afluencia de inmigrantes musulmanes en una escala tan masiva ha llevado a un creciente número de controversias relacionadas con el Islam en España.

En septiembre, por ejemplo, los inmigrantes musulmanes fueron acusados ??de decenas de envenenamiento de perros en la ciudad catalán de Lérida, donde 29.000 musulmanes ahora constituyen alrededor del 20% de la población total de la ciudad.

Los perros fueron envenenados en los barrios obreros de Lérida de Cappont y La Bordeta, distritos que están densamente pobladas por inmigrantes musulmanes y donde muchos perros han muerto en los últimos años.

Los residentes locales dicen que los inmigrantes musulmanes mataron a los perros, porque de acuerdo a las enseñanzas islámicas son animales “impuros”. Durante los últimos meses, los residentes que llevaban sus perros a pasear han sido hostigados por los inmigrantes musulmanes, opuestos a ver los animales en público. Los musulmanes también han lanzado una serie de campañas anti-perro en los sitios web islámicos y blogs con sede en España.

En diciembre de 2010, un profesor de secundaria en la ciudad española de La Línea de la Concepción fue demandado por los padres de una estudiante musulmana que le acusó de “difamación del Islam” por hablar de jamón español en la clase.

José Reyes Fernández, profesor de geografía, estaba dando una conferencia sobre los diferentes tipos de climas en España. Durante la clase, Reyes mencionó que el clima en la provincia de Andalucía ofrece las condiciones de temperatura ideal para la curación de jamón español (jamón ibérico), un manjar de fama mundial.

En este punto, una estudiante musulmana interrumpió a Reyes y argumentó que cualquier mención de los productos del cerdo es una ofensa a su religión. Reyes respondió diciendo que él sólo estaba dando un ejemplo y que no tiene en cuenta las creencias religiosas diferentes en la enseñanza de la geografía.

La estudiante musulmana informó a sus padres, quienes presentaron una demanda en contra de Reyes, acusándolo de “abuso con motivaciones xenófobas”. El artículo 525 del Código Penal español tipifica el “ofender los sentimientos de los miembros de una confesión religiosa”. La demanda fue desestimada más tarde por un juez español.

En noviembre de 2010, las ciudades españolas de Ceuta y Melilla, dos enclaves en el norte de África, reconocieron oficialmente la festividad musulmana de Eid al-Adha (Fiesta del Sacrificio). De esta manera, Ceuta y Melilla, donde los musulmanes representan más del 50% de la población total, se convirtieron oficialmente en los primeros municipios españoles que establecían una festividad islámica desde que España se liberó del cautiverio musulmán en 1492.

En octubre de 2010, la Asociación Islámica de Málaga, en el sur de España, exigió que Televisión Española (TVE), la empresa estatal, dejara de emitir una programación seriada en español porque era “anti-musulmana”. Los musulmanes acusaron a TVE ??de violar la Constitución Española por emitir un programa que criticaba ciertos aspectos del Islam, como los matrimonios forzados y la falta de derechos de las mujeres en los países musulmanes.

Ese mismo mes, los residentes de la ciudad vasca de Bilbao encontraron en sus buzones folletos de la Comunidad Islámica de Bilbao, editados en español y en árabe, pidiendo dinero para construir una mezquita de 650 metros cuadrados (7.000 pies cuadrados) que costaba 550.000 € ($ 735.000). En su sitio web se decía: “Fuimos expulsados ??[de España] en 1609, en realidad no hace tanto tiempo... El eco de Al-Andalus aún resuena en todo el valle del Ebro [España]. Estamos de vuelta para quedarse, Insha'Allah… [si Dios lo quiere]”.

En septiembre de 2010, una discoteca en la localidad sureña española de Águilas (Murcia) se vio obligada a cambiar su nombre y diseño de la arquitectura, después de que los islamistas amenazaran con iniciar “una gran guerra entre España y el pueblo del Islam” si no lo hacía.

“La Meca” era una discoteca popular entre los años 1980 y 1990. Después de haber estado cerrada por más de una década, el club volvió a abrir en agosto de 2010 bajo una nueva administración, pero con el nombre original: “La Meca”.

La mega-discoteca ofrecía una apariencia de gran mezquita-catedral de color turquesa, con una torre-alminar al estilo de la arquitectura tradicional árabe común en el sur de España.

Pero poco después de su reapertura, los musulmanes comenzaron a quejarse de que la discoteca era ofensiva e insultante para su religión, al tiempo que un grupo de radicales musulmanes publicaba un video en Internet llamando a un boicot de los productos españoles y la guerra santa contra aquellos que “blasfeman el nombre de Alá”. La agencia de inteligencia de España, el Centro Nacional de Inteligencia (CNI), advirtió a los dueños de “La Meca” que la discoteca estaba siendo directamente amenazada por los extremistas islámicos.

La propiedad de la discoteca acordó cambiar el nombre de “la Meca” por el de “La Isla”, con objeto “de evitar más problemas y para garantizar que los clientes siguen llegando”.

También confirmó sus planes de modificar el controvertido símbolo arquitectónico del club, la torre-minarete que desde entonces se ha convertido en una torre-faro.

Aunque, siendo militar como es, el staff de la DSNPG también podía recabar del CESEDEN algún documento meramente divulgativo para ilustrar los ‘pasos trascendentes’ de su ‘pensamiento estratégico’ (terminología del propio Rajoy); por ejemplo, la breve monografía de su compañero Óscar Tarrero titulada “Islamismo radical en España” (Escuela Superior de las Fuerzas Armadas, mayo 2010). Ya en el sumario de introducción leerían algo tan evidente y elemental como esto: “La presencia y actividad de las redes yihadistas en España se ha convertido en un fenómeno estructural, dándose un elevado grado de implantación del islamismo radical en nuestra sociedad y una clara hostilidad de los yihadistas hacia España”.

Texto seguido inmediatamente de una breve pero clara descripción de todos los grupos de terroristas islamistas ya asentados en España, incluidos los de origen magrebí…

SI AZNAR LO TUVO CLARO, RAJOY NO SE ENTERA

Pero, siendo también el DSNPG una creación del Gobierno del PP, quizás sea más correcto recordar a su equipo de dirección lo dicho por José María Aznar en relación con los atentados del 11-M y, sobre todo, lo que al mismo tiempo apuntaba sobre la ‘amenaza marroquí’, según recoge Fernando J. Muniesa en su libro “El Archivo Amarillo” (Multimedia Militar, 2011):

(…) Lo cierto es que si en un análisis teórico se pone en correspondencia la posibilidad del uso de un explosivo militar tipo ‘C-4’ en la masacre terrorista del 11-M con su sofisticado diseño, propio de profesionales afectos a operaciones encubiertas de los servicios secretos, y la nacionalidad del mayor número de implicados conocidos, junto con el marco de las tensiones generadas en las relaciones bilaterales hispano-marroquíes del momento, la búsqueda de sus autores intelectuales, ejecutores materiales al margen, tendría que orientarse mirando hacia nuestros vecinos norteafricanos. Una posibilidad que también se desprende de lo que José María Aznar, siendo ya ex presidente del Gobierno, manifestó crípticamente en noviembre de 2004 ante la Comisión del Congreso de los Diputados que investigaba, sin éxito, los sucesos del 11-M: “No creo, sinceramente, que los autores intelectuales de los atentados, los que hicieron esa planificación, los que deciden ese día, precisamente ese día..., no creo que anden en desiertos muy remotos ni en montañas muy lejanas”.

Hay que suponer que, entre los días 11 y 14 de marzo de 2004, Aznar manejó, quizás más que nadie, mucha información cruzada sobre aquel trágico suceso, proveniente de fuentes muy diversas, con independencia del acertado o desacertado uso que hiciera o no hiciera de ella. Por eso sorprende la firme opinión que ocho meses más tarde, ya en frío, expone en sede parlamentaria, sosteniendo que los atentados del 11-M no sólo pretendían provocar una horrible masacre, sino que con ella buscaban también manipular el comportamiento electoral del 14-M.

Todavía más tarde, al ser entrevistado por el diario belga ‘Le Soir’ en marzo del 2006, Aznar seguiría manteniendo la misma tesis de que “los autores del 11-M buscaban provocar un vuelco político en España”, contestando de forma enigmática pero no menos concluyente a la pregunta de si la autoría de aquella masacre habría correspondido a algunos islamistas o a ETA: “Pienso que quienes planificaron estos atentados no se esconden en desiertos lejanos, ni en montañas remotas…, no diré más”. Una herida y un desafío efectivamente latentes…

ESN 2013: ¿RECTIFICAR O PERSISTIR EN EL ERROR…?

El capítulo en el que se recogen estas significativas declaraciones de Aznar, se titula “11-M: Una masacre de diseño, impune y de ‘jaque mate’ político”. Y en él, su autor incluye algunas consideraciones personales sobre la ‘amenaza marroquí’ que estimamos apropiadas para concluir este análisis, y que los despistados redactores de la ESN 2013 tampoco deberían ignorar:

(…) La actuación del CNI sobre el proceloso macro atentado del 11-M, condicionada por su línea de dirección y su servidumbre gubernamental, antes que por el servicio al Estado, es bien lamentable si consideramos su competencia y responsabilidad específicas y los poderoso medios de que dispone para cumplir las altas misiones que tiene asignadas. Más allá de sus fallos preventivos y de su nulo apoyo a la investigación policial y al tratamiento judicial del caso, a dicho organismo correspondería de forma expresa averiguar si en los sucesos del 11-M existieron o no implicaciones de otros servicios secretos, activas o pasivas.

Considerando el complejo entramado de circunstancias políticas y diplomáticas que rodearon el asunto, lo primero que tenía que haber ordenado el Gobierno (tanto el saliente como el entrante) al CNI, es la realización, con toda la discreción que fuera pertinente, de una profunda investigación para averiguar de forma expresa si hubo o no hubo al respecto implicaciones de algún servicio secreto extranjero (incluido el marroquí), del tipo que fuere. Otra cosa distinta sería la eventual utilización que procediera hacer en el plano político de esa adquisición informativa, una vez transformada en Inteligencia. Pero mientras no se desvele esa incógnita, las sospechas seguirán latentes en el cuerpo social del país, malogrando sin solución de continuidad las relaciones bilaterales entre España y Marruecos y realimentando el fácil afloramiento de nuevos conflictos. 

Es obvio que con nuestros vecinos magrebís debemos mantener buenas relaciones, pero no a cualquier precio, como a menudo se ha percibido en la política exterior de Rodríguez Zapatero. Y mucho menos con la eventual indignidad de tener que cerrar los ojos y negarse a saber si sus organismos de Seguridad Nacional, o cualesquiera otros, tuvieron o no tuvieron alguna información de lo que iba a suceder el 11-M.

Al presentar la novela de Alfonso S. Palomares “Los laberintos del espejo” (01/06/2010), todavía con Rodríguez Zapatero al frente del Gobierno, Felipe González criticó abiertamente la dependencia que sufren los políticos por lo inmediato y lo que publican los medios de comunicación, asegurando que esto les lleva a “ser cambiantes” y a “adaptarse a lo que la opinión pública va a decir en cada momento”. Para sintetizar su opinión y recomendar que se acabe con ese comportamiento, recurrió a un retruécano del refranero popular y afirmó: “Rectificar es de sabios, y de necios tener que hacerlo a diario”.

De otra forma más llana, también se suele decir que “de hombres es errar y de bestias porfiar”. Pero, ¿serán capaces de tomar nota en el DSNPG…?

He aquí una sabia afirmación sobre el artificio retórico, tan vieja como el mundo: “Las palabras que encierran la verdad nunca suenan bien. Las que suenan bien no expresan la verdad”. Se atribuye a Lao Tse, uno de los creadores del taoísmo filosófico que vivió en una época imprecisa situada en los siglos VI-V aC., pudiendo ser contemporáneo de Confucio y también de Sun Tzu, el gran tratadista del ‘arte de la guerra’ que iluminó los ‘Reinos Combatientes’ de China previos a la unificación gestada por el primer emperador Shi Huang-di.

En la distante Atenas, y no mucho después, Demóstenes (384-322) añadió a aquella máxima taoísta, que por razones de distanciamiento geográfico desconocería, un sentido más activo: “Las palabras que no van seguidas de los hechos, no sirven para nada”. Y algo de razón debía tener porque, siendo un disertador excelso -Marco Tulio Cicerón (106-43), cónsul de la República de Roma que fue otro rey de la elocuencia, le aclamó como el ‘orador perfecto’-, también fue un gran político.

Entre una y otra, y con miles de acentos distintos, se ha ido tejiendo a lo largo de la historia el valor de la retórica como el “arte de bien decir, de dar al lenguaje escrito o hablado eficacia bastante para deleitar, persuadir o conmover” (DRAE). Y eso, pura retórica y poco más, es lo que en realidad contiene la ESN 2013 (Estrategia de Defensa Nacional)…

LA INSOPORTABLE PRÁCTICA DEL ‘CORTA Y PEGA’

El pasado 12 de agosto dedicamos la Newsletter 22 a la Directiva de Defensa Nacional 2012 (DDN 2012), definiéndola como “un bodrio político de primera magnitud”, lleno de excesos y carencias, de incoherencias y de discapacidades ciertamente preocupantes. Y, ahora, en la misma línea de crítica a los analistas (o chupatintas) de la Inteligencia Nacional que han redactado la ESN 2013 a base de ‘corta y pega’ de otros documentos teóricos conocidos, que jamás han ‘digerido’ ni ‘desarrollado’, hay que decir que se trata en efecto de otra tracamandanga para seguir con ‘más de lo mismo’; dicho de otra forma de “un artificio retórico para políticos papanatas”.

Paréntesis: Las dos referencias esenciales del ‘corta y pega’ con el que se ha elaborado la ESN 2013, son la propia Estrategia Española de Seguridad 2011 (EES 2011), aprobada en julio de 2010 por el Gobierno de Rodríguez Zapatero, quien la encargó (y pagó) a un equipo dirigido por Javier Solana, y un posterior “Informe para la implantación de una Estrategia de Seguridad Nacional en España” del Real Instituto Elcano redactado en 2011. Dichos documentos se adjuntan como anexos accesibles en formato pdf al final de esta Newsletter.

La DDN 2012 se acompañó de un slogan gratuito y engañoso (“Por una Defensa necesaria, por una Defensa responsable”), que en verdad encubría precisamente una ‘Defensa Irresponsable’, con un contenido doctrinal que debería haber sido (y no lo fue) esencialmente ejecutivo.

Ahora, la ESN 2013 se presenta con otro slogan igualmente innecesario y falso (“Un proyecto compartido”). Porque ¿con quién se comparte…? ¿Entre el Gobierno y la Oposición…? ¿Con la Comunidad de Inteligencia o con los socios europeos…? Y, en su caso, ¿para qué se compartiría…? ¿Tal vez para tratar de integrar una estrategia común de Seguridad y Defensa, necesidad evidente que no aparece reflejada de ninguna forma…?

La realidad es que la ESN 2013 no es para nada ‘un proyecto compartido’, ni necesita serlo. Otra cosa es que en efecto convenga contemplar en conjunción los conceptos de Seguridad y Defensa (que son bien distintos), porque sin Defensa no se puede dar respuesta a los retos de la Seguridad, y también reforzar la relación con los países que proceda por causa de intereses o amenazas comunes; algo que nada tiene que ver con la idea de ‘compartir’ y sí con la deseable capacidad política de visualizar y comprender la seguridad en su dimensión real y no limitada al plano dialéctico.

De entrada, hay que destacar que, como mera aproximación teórica, la DDN 2012 afirmaba la necesidad de la “racionalizar” las estructuras relacionadas con la Seguridad Nacional para “alcanzar los objetivos marcados en las Líneas Generales”. Y para ello proponía una doble vía: “a) se contribuirá a la revisión de la Estrategia Española de Seguridad y b) se llevará a cabo una Revisión Estratégica de la Defensa”.

También reconocía que “la disuasión es el resultado de disponer de unas capacidades y de la determinación de utilizarlas si acaso ello llegara a ser necesario”. Y se convenía que “se dará prioridad a la preservación y grado de disponibilidad de las capacidades de las Fuerzas Armadas, en función de unas prioridades establecidas”.

LOS INDEFECTIBLES PALMEROS DE TURNO

De ahí no pasaba prácticamente aquella deplorable DDN 2012. Pero ha servido al general Jesús Argumosa (DEM), director de Eventos del Grupo Atenea (el tinglado montado por el controvertido José Luis Cortina a fin de rascar lo que sea en el entorno del CNI y del Ministerio de Defensa), para enhebrar de inmediato, y precisamente en AteneaDigital.Es (31/05/2013), un artículo elogioso, marca de la casa, titulado “Estrategia de Seguridad Nacional 2013, Política de Estado”.

En su generosa lisonja, Argumosa afirma, de entrada, que con la ESN 2013 “se cumple el compromiso expresado por el Presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, en el mes de julio de 2012, cuando firmó la Directiva de Defensa Nacional 2012 (DDN 2012)”. Y añade que “constituye una revisión de la Estrategia Española de Seguridad 2011”, cosa obvia.

Acto seguido, el general Argumosa (hay que ver para lo que está quedando el Estado Mayor del Ejército) sorprende a sus lectores con esta simpleza: “En una primera aproximación hay dos importantes diferencias entre ambos documentos. La primera es el nombre del mismo, mientras la que hoy se aprueba se titula Estrategia de Seguridad ‘Nacional’ la del año 2011 tenía como título Estrategia ‘Española’ de Seguridad. Sin duda, el término nacional es mucho más sólido y contundente pues expresa con mayor fuerza nuestra propia identidad de entidad estratégica única”…

Y la remata -porque el simple gusta de escuchar su propio eco- con esta otra: “Una segunda diferencia se encuentra en el consenso y oportunidad. Por un lado, el consenso que ha existido entre los dos grandes partidos implica considerar a la Estrategia de Seguridad Nacional como una Política de Estado. Por otro, la oportunidad es manifiesta ya que se publica apenas un año después del inicio de la legislatura lo que permite desarrollar con tiempo suficiente el planeamiento de la seguridad y defensa, a lo largo de la misma”...

Está claro que el Argumosa y el entorno de ‘analistas palmeros’ que le secundan, o el de los que él secunda, siempre dispuestos a ver todo lo oficial de color rosa, no comprenden la diferencia palpable que existe entre la Seguridad Nacional y la Defensa Nacional. Y si bien este segundo elemento -la ‘defensa’- es parte sustancial e imprescindible del concepto más amplio de ‘seguridad’, una Directiva de Defensa Nacional no puede generar nunca una Estrategia de Seguridad Nacional (porque se mueven en escenarios y niveles distintos), aunque si debe generar su propia Estrategia de Defensa Nacional: seamos formales y elaboremos primero las directivas (con sus obligados objetivos) y después desarrollemos las estrategias, las tácticas, la logística… necesarias al efecto.

Del mismo modo, tampoco parecen comprender que una Estrategia de Seguridad Nacional realista se debe desarrollar necesariamente a partir de una Directiva de Seguridad Nacional previa, inexistente en el caso que nos ocupa. Porque lo contrario es algo parecido a ‘apalancar con un churro’ o a construir una casa comenzando por el tejado; una boutade o, como hemos dicho, ‘un artificio retórico para políticos papanatas’.

Pero, quizás para evitar que otros analistas más rigurosos no le sonrojen por su incondicional apoyo al texto de marras, el general Argumosa parece haberse visto obligado a reconocer que “hay especialmente un tema que me preocupa y que encierra una debilidad en este documento”; y la señala de refilón a pesar de que la ‘debilidad’ sea definitiva y realmente descalificadora. De forma literal dice: “Se trata de la definición de los intereses nacionales de seguridad que no aparece en el texto. Es una pena porque toda la estrategia gira en torno a garantizar y defender nuestros intereses nacionales allá donde estén. Aunque menciona que la defensa de los intereses vitales y estratégicos de España en el mundo es un objetivo primordial de la Seguridad Nacional, nos quedamos sin saber cuáles son”…

Ahí es nada, porque, aun expresándolo de forma cautelosa, Argumosa está reconociendo que toda la arquitectura de la Seguridad Nacional se está basando (y desarrollando) en relación con unos intereses ignotos o no reconocidos. En definitiva, no deja, pues, de reafirmar la tesis de la ‘retórica para papanatas’.

Aunque, para no resquebrajar su incondicional apoyo al texto del Gobierno, después de señalar el lamentable ‘agujero’ que la ESN 2013 presenta por debajo de su línea de flotación, es decir la inconcreción del ‘objetivo’, le pone un tapón de corcho con este pelotillero párrafo final: “En definitiva, con independencia de algunas carencias que se irán subsanando en próximas revisiones, creo que es un buen documento que nos permite asegurar que España ya se encuentra, en el campo del pensamiento estratégico y de seguridad, entre los países democráticos más avanzados”…

Desde luego que hace falta ser osado -podríamos usar otro término mucho menos respetuoso- para afirmar, como hace el general Argumosa, que con la artificiosa ESN 2013 nuestro “campo de pensamiento estratégico y de seguridad” se sitúa nada menos que en el de los “países democráticos más avanzados”. Ciertamente bochornoso; pero dejémoslo ahí, porque, como bien advirtió el ingenioso Cervantes, “sobre el cimiento de la necedad no asienta edificio ningún discreto”…

¿UNA ‘ESTRATEGIA’ SIN DEFINIR OBJETIVOS Y MEDIOS…?

La ‘estrategia’ ha de responder a unos objetivos previos (y absolutamente propios y particulares) de Seguridad y Defensa Nacional -ya hemos dicho que hoy por hoy no están bien definidos-, enmarcados además en una auténtica Política de Estado y no en lo que el general Argumosa entiende como tal (que es un simple pacto de continuismo interesado entre plumillas del PP y plumillas del PSOE), por pacata que pueda ser. Porque, se entienda la ‘estrategia’ bien como arte o bien como técnica, en esencia y sentido amplio no es otra cosa que un conjunto sistémico de planteamientos y actividades (ideas y acciones), destinado a conseguir objetivos concretos… por supuesto con medios y recursos concretos.

Y, entonces, ¿cómo es que se plantea una ESN 2013 sin objetivos perfectamente definidos en tiempo y espacio y sin contemplar la correspondiente necesidad presupuestaria, propia o de los entes implicados…? Pues, como decimos, para cubrir sin mayor objeto el ‘expediente papanatas’ del momento y, de paso, acomodar en nuevas estructuras a los amiguetes del Gobierno que anden por ahí, con la mano y la ambición bien extendidas y superando su nivel de incompetencia.

Aunque el concepto de ‘estrategia’ hoy se haya incorporado a cualquier tipo de actividad humana, no conviene olvidar que tiene un origen militar, con antecedentes remotos en el ya citado “Arte de la Guerra” de Sun Tzu. En sí, la palabra ‘estrategia’ proviene del griego con el significado de ‘conducción de la guerra’ (stratos=ejército y agein=conductor, guía).

Cierto es que en nuestros días se habla de estrategias empresariales, de marketing, directivas, educativas, operativas, evolutivas…, de pensamiento estratégico, de mapas estratégicos, de geo-estrategia y hasta de juegos de estrategia… Pero hay que entender que cuando el término se aplica a la Seguridad Nacional (con tanta inclinación retórica e integradora la ESN debería haberse definido como una ‘Estrategia de Seguridad y Defensa Nacional’), se está asumiendo en su expresión militar; es decir, como la dirección operacional que, a partir del análisis de la posición del adversario (tiempos y espacios, amenazas próximas y remotas, medios de agresión y combate…) ha de establecer el uso más eficiente de la potencialidad propia para derrotarle en las mejores condiciones políticas y de costo material y humano, es decir de la mejor forma posible.

El general André Beaufre (1902-1975), uno de los expertos en Estrategia más reconocido, la define como “el arte de hacer que la ‘fuerza’ concurra para alcanzar las metas de la política”, con una visión menos estrecha que la de emplear las ‘fuerzas militares’ para alcanzar los objetivos políticos, que, más o menos, es la que se ha venido sosteniendo desde Clausewitz (1780-1831) hasta Raymond Aron (1905-1983). Así, Beaufre quiso superar el concepto de ‘arte militar’, subdividido inicialmente en estrategia y táctica, incorporando también la logística a la táctica como “combinación de las cosas materiales”, que presentan “un carácter científico-concreto que las hace ser bastante análogas al arte del ingeniero”.

Para el estratega Beaufre, la táctica es con toda claridad el arte de emplear las armas en el combate para conseguir su mejor rendimiento, mientras que la logística es la ciencia de los movimientos y los abastecimientos. De ahí que, elevando el concepto de ‘estrategia’ a un nivel más abstracto, incluso lo redefiniera como “el arte de la dialéctica de las voluntades que emplean la fuerza para resolver su conflicto”, pero con su correspondiente táctica y logística.

En consecuencia, hablar de ‘estrategias’ sin correlación con los fines y medios correspondientes, es decir en pura teoría y sin concretar su implementación en lo más mínimo, es puro diletantismo, sobre todo en el ámbito de la Seguridad. Al igual que lo sería en el de la Defensa, que es parte más que sustancial de aquella.

De hecho, Basil H. Liddell Hart (1895-1970 ya había apuntado también una clara relación entre medios y fines al definir la ‘estrategia’ como “el arte de la distribución y aplicación de los medios militares para alcanzar los objetivos de la política”. Además, puntualizó que “una estrategia depende, primero y principal, de un acertado cálculo y coordinación entre los fines y los medios”, señalando también que “un buen ajuste entre medios y fines establecerá una perfecta economía de fuerzas” y que “la perfección de la estrategia sería producir una decisión favorable sin una pelea importante”…

Esta Newsletter no pretende sentar cátedra de estrategia, ni de defensa, ni de seguridad, pero sí coadyuvar a la crítica de las políticas necias, gratuitas, estériles y dilapidadoras; porque, además de ser ineficaces, y a menudo incluso gravemente inconvenientes, al fin y a al cabo se soportan con cargo al erario público, que es el de todos los españoles. Que la ESN 2013 se enmarca en ese tipo de despilfarros políticos y palabrería reiterada de ‘corta y pega’, es más que evidente, y que despierta el recelo de muchos analistas informados también.

Baste leer al respecto el ‘puntillazo’ con el que el teniente general Pedro Pitarch, quien entre otras cosas ha sido director general de Política de Defensa, despacha la ESN 2013 en el artículo de su blog titulado “ANV 25: Cuadrar el círculo” (01/06/2013), accesible desde esta web:

Coincidiendo, casualmente, con la celebración (por llamar de alguna manera lo de este año) del Día de las Fuerzas Armadas (DIFAS 2013), el Consejo de Ministros de ayer aprobó la cacareada Estrategia de Seguridad Nacional. Y con ella la vertebración del llamado Consejo de Seguridad Nacional. Se ha dado imagen de consenso entre las principales fuerzas políticas (“nos sentimos confortables con el texto”, se dice que dicen en el PSOE). El nuevo parto servirá para que algunos responsables políticos y militares crean, o mejor, traten de hacer creer al respetable --ya lo están haciendo--, que con esto España ha dado un paso definitivo para garantizar su seguridad.

Uno, que ya es perro viejo, sabe cómo se fabrican estas cosas y, sobre todo, cómo suelen desarrollarse. Así es que, a la vez que da la bienvenida a la Estrategia y al Consejo, levanta las orejas con bastante escepticismo. Está acostumbrado a ver papeles y papeles con grandes formulaciones y amplias declaraciones de intenciones, que luego en el plano de los hechos quedan en papel mojado. Sirven, eso sí, para justificar plantillas y que gentes, sin preparación suficiente ni adecuada solvencia profesional, encuentren vía ‘digital’ un confortable acomodo en las nóminas de las nuevas organizaciones. Para empezar, y como mera presunción anecdótica, lo de las reuniones del Consejo, al menos una vez cada dos meses, es que no me lo creo. Sí me creo que habrá una primera reunión, para hacerse la correspondiente foto, y en la que no faltará ni uno de los 15 miembros del pleno. Después… ya veremos. Vaya, parafraseando lo que dicen algunos medios, con el nuevo Consejo de Seguridad Nacional, España se pone al mismo nivel que EEUU, Gran Bretaña y Francia. ¡Habrase visto mayor incultura de defensa…!

No voy a entrar en el análisis de la nueva estrategia. Ya muchos lo están haciendo. Además de los teóricos de siempre, los conocidos exégetas a sueldo y otros supuestos expertos en seguridad y defensa, que últimamente proliferan como hongos. Por mi parte, y por citar únicamente una de las bases que fundamentan mi profundo escepticismo, tengo que recordar que si bien seguridad y defensa no son la misma cosa, la segunda es una parte esencial de la primera. Y poco vale aprobar una estrategia y vertebrar un Consejo, es decir, actualizar sobre el papel el marco de respuestas frente a los retos a la seguridad, si luego no hay con qué implementarlo. Salir de la monumental crisis de confianza en todo --que es seguramente el más dañino de los males que hoy aquejan a la sociedad española--, demanda más coherencia. Menos predicar y dar más trigo. El bajonazo de la operatividad sufrido por las FAS, que las mantiene en una situación de penuria operativa relativa desconocida en los últimos 50 años, y de la que será muy difícil salir en muchísimo tiempo, no se compadece con la ‘grandiosidad’ de miras diseñada en la Estrategia de Seguridad Nacional. Describamos las cosas como son. Aunque solo sea por una vez: así no vamos a ningún sitio; este círculo no cuadra.

Nada que objetar a lo escrito por Pitarch, salvo su brevedad y el haberse dejado en el tintero todo lo que le puede sugerir la ESN 2013. Cuando en su momento criticó la DDN 2012 (03/08/2012), fue bastante más expresivo, afirmando que, después de prescindir de todo el adorno literario, su posible ‘magro’ se limitaba prácticamente a las cinco “Directrices a seguir en la presente Legislatura” (apartado 4), recogidas en apenas dos folios, de los diez que abarca el documento. Sobre ellas cabe añadir que no pasan de conformar un cuadro de aspiraciones inconcretas, sin la menor precisión ni cuantificación, carentes de sentido específico y que, como ‘instrucciones’ o normas prácticas para la ejecución de algo, que es lo que deberían ser, constituyen una auténtica tomadura de pelo, muy similar a la de la ESN 2013.

Pero es que, además, la DDN 2012 (vigente) confunde en su apartado 3 lo que de hecho son ‘líneas generales de la política de defensa’ con algo en esencia muy distinto y que en dicho documento brilla por su ausencia: los ‘objetivos’ de la política de defensa. Claro está que eso es lo de menos, porque el documento (difuso y superfluamente profuso) es infumable en cada una de sus partes y, todavía más, en su conjunto, hasta el punto de desacreditar seriamente al Consejo de Defensa Nacional que se atrevió a ratificarlo, con el Jefe del Estado y mando supremo de las Fuerzas Armadas a la cabeza.

En cualquier caso, Pitarch desbrozó entonces un poco más el bodrio en cuestión, apuntalando su análisis con tres párrafos bien expresivos que ahora conviene recordar, porque se correlacionan claramente con el estilo también esencialmente vacuo y altisonante de la ESN 2013:

Entrando más al fondo, se encuentra un lenguaje a veces poco pulido y un mensaje con frecuencia incoherente. No faltan grandilocuentes formulaciones: “garantizar la seguridad de los españoles es una responsabilidad y obligación inalienable, intransferible e irrenunciable del Gobierno de la nación”, o “asegurar una España fuerte”, o la necesidad de contar con un “instrumento preparado y adaptado para dar respuesta a las posibles amenazas, riesgos y retos que se puedan llegar a presentar”. A ello se junta la mención de nuevos riesgos y/o amenazas (a veces de difícil identificación) que se añaden a los hasta ahora existentes y que no han desaparecido. No hay relación lógica entre lo que se proclama y lo que lo sustenta: el presupuesto de gastos de defensa para 2012. Es una situación muy incoherente e inestable porque la Fuerza --como ya se ha dicho tantas veces en este blog-- adolece de falta de preparación para el cumplimiento de su misión. Y --añado--, cuanto más tiempo se prolongue esta situación, más difícil y costosa resultará salir de ella.

Una mera aproximación al escenario de los “deseos” que se han descrito al comienzo del párrafo anterior, demandaría no solo no recortar sino incrementar sustancialmente la actual dotación presupuestaria de Defensa. Y no creo que esa sea la intención del Sr. Rajoy. Un ejemplo paradigmático de todo este lío se encuentra en el último párrafo del apartado 2 de la Directiva que es, supuestamente, la conclusión de la repercusión para España de la evolución del panorama estratégico. Depurando tal párrafo --para no perder al lector--, se afirma (sin ambigüedad en este caso) que “España debe garantizar la seguridad de las materias primas que sostienen su forma de vida, frente a las amenazas que se ciernan”. ¡Vaya tela!, diría un sevillano. Porque esa garantía exige, entre otras cosas, un nivel de ambición y el consiguiente objetivo de fuerza aeronaval que ni con diez veces el presupuesto actual se conseguiría. Veremos qué arte se da el JEMAD para desarrollar esa exigencia en el subsiguiente planeamiento militar. A lo mejor esta es la razón (con perdón) por la que el presidente del gobierno no ha (potencialmente) firmado la DDN 2012.

Pero quizás lo más grave, desde el punto de vista de organización conceptual del documento, se dé en el fundamental campo de los objetivos, que supuestamente deberían figurar en el apartado 3 de la Directiva. Simplemente, no se identifican cuando, por definición, deberían ser elementos concretos perfectamente identificables más allá de dudas e interpretaciones. Porque su consecución permite obtener las finalidades pretendidas por quien los fija. Además son puntos focales, puntos de convergencia, de todos los esfuerzos de la defensa nacional. Se podría así afirmar que lo más original de la DDN 2012 es no marcar objetivos. En su lugar, en el apartado correspondiente, el documento habla de tres rasgos esenciales de nuestra seguridad: el incremento de la inestabilidad en nuestro entorno cercano, la búsqueda de un vínculo transatlántico más sólido (¿OTAN/EE UU/bilateral?) y el impacto negativo de la crisis económica en nuestras propias capacidades defensivas y la disminución del paraguas colectivo. Y se remata el fiasco con unas líneas generales de la política de defensa. Pero, ¿dónde están los objetivos?, me preguntaba hace unas horas un almirante, quien --me confesaba-- que lo que más le molestaba de esta DDN era pasar vergüenza ajena, al pensar que la iban a leer sus homólogos de París, Berlín o Washington.

EL ‘CAMBIO POR EL CAMBIO’… Y CADA VEZ A PEOR

El esperpento documental al que se llegó con la DDN 2012, sólo se pudo entender por el desinterés tradicional del PP en la política de defensa y por el menosprecio que, en el fondo, sus dirigentes (no sus bases) siempre han mostrado hacia la institución militar. Y, ahora, el incipiente ridículo que supone la ESN 2013 (‘más de lo mismo’, que seguirá ‘sirviendo para nada’) sólo se entiende por el desinterés del mismo Gobierno de Rajoy en comprender y asumir de verdad el concepto de Seguridad y Defensa Nacional, aceptando que los analistas-chupatintas de turno le cuelguen las guinditas y la nueva terminología necesarias para dar a entender que acaban de descubrir el ‘ungüento amarillo’ que cura todas las enfermedades y remedia todos los males.

Porque, en realidad, el Consejo de Seguridad Nacional que el Gobierno del PP va a crear ahora, como quien descubre el Nuevo Mundo, no es otra cosa que un remedo del Consejo de Defensa Nacional ya establecido en el artículo 8 de la Ley Orgánica 5/2005/, de 17 de noviembre, de la Defensa Nacional, que a su vez es una reconversión de la anterior Junta de Defensa Nacional, de contrastada validez durante los 25 años que estuvo vigente.

Pero, ¿qué va a ser, entonces, del actual Consejo de Defensa Nacional cuando se apruebe el Consejo de Seguridad Nacional…? ¿Sustituirá este nuevo Consejo de Seguridad Nacional a la actual Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos de Inteligencia establecida en el artículo 6 de la Ley 11/2002, de 6 de mayo, reguladora del Centro Nacional de Inteligencia? ¿Y convivirán, en su caso, o no, estas dos comisiones también con la Comisión Delegada del Gobierno para Situaciones de Crisis…?

Y, todavía a mayor lío, ¿cómo se va a confrontar la nueva ‘Ley Orgánica de Seguridad Nacional’, cuyo anteproyecto, según el Gobierno, va a elaborar la Comisión de Seguridad Nacional como primera y emblemática tarea, con la Ley Orgánica de la Defensa Nacional y con la Ley reguladora del CNI…? ¿Se va a retocar la normativa ya existente o será definitivamente derogada por la nueva…?

¿Estamos, acaso, ante una maniobra preparatoria de un ‘golpe de Estado legislativo’ para acabar con las aspiraciones soberanistas y, de paso, para reforzar el establishment político o consolidar una democracia dictatorial…?

Porque, en este contexto re-maquillador del sistema de Seguridad Nacional, ¿por qué razón el Gobierno no se plantea, por ejemplo, la reforma de la vigente Ley 9/1968, de 5 de abril, de Secretos Oficiales (modificada por la Ley 48/1978, de 7 de octubre), reputada de inconstitucional y tan determinante en términos de legitimidad política y democrática…? De hecho, su introducción, que como decimos se mantiene plenamente vigente, todavía remite la materia nada más y nada menos que al control político de las Cortes Españolas (no las Cortes Generales) y del Consejo Nacional del Movimiento, lo que no deja de ser deplorable y ciertamente incoherente con la puesta al día del sistema…

Paréntesis: A los lectores interesados en el tema, les recomendamos el artículo de opinión de Fernando J. Muniesa titulado “El sistema de Seguridad Nacional y la reforma de la vigente Ley de Secretos Oficiales”, el “Informe del Defensor del Pueblo sobre la vigente regulación de los secretos oficiales” 09/02/2012) y el “Informe del Consejo de Europa sobre el control de los servicios de seguridad interior en los Estados Miembros” (07/03/2012), publicados en esta web.

La respuesta es sencilla. Si correlacionamos el desmadre político en curso, incluyendo la corrupción en la vida pública y sus derivadas de crisis general, de malestar social extremo y de grave cuestionamiento del sistema de partidos (y la amenaza secesionista calentando motores), con las reformas que promueve el Gobierno en áreas sensibles al respecto, como la Justicia, la Defensa y la propia Seguridad Nacional, es evidente que lo que se busca (y además con escasa sutileza) no es otra cosa que asegurar el blindaje del sistema y la prevalencia de la clase política. Ahí están, como evidencia de lo dicho, el control a ultranza del Poder Judicial (CGPJ y TS) y del Tribunal Constitucional que el ministro Ruiz-Gallardón ha perseguido a punta de bayoneta y sus aspiraciones, de momento fallidas, para controlar la ‘amenaza’ de la Red (ya veremos hasta dónde se llega con la excusa de la ciberguerra).

Pero es que en ese mismo sentido, también llama la atención que en la ESN 2013 no se contemple como amenaza expresa a la Seguridad Nacional el ítem de la ‘corrupción institucional’, como se contempla, por ejemplo, en las estrategias de Seguridad Nacional vigentes en Estonia. Un país, en el que, como en otros mucho más avanzados (incluido Estados Unidos), también se llevan al mismo plano estratégico riesgos como las ‘tensiones sociales’ o las ‘epidemias’, olvidados en España. Y no digamos el de la ‘secesión’, que hoy por hoy acaso sea nuestra amenaza más específica y preocupante.

Está claro que la ESN 2013 confunde de forma sistemática objetivos con aspiraciones y prioridades, la seguridad individual con la nacional, los riesgos con las amenazas (que equipara aun siendo conceptos distintos) o los fines con los medios… Y que, como buen traje cortado a la oscura medida del Gobierno, se saca de la manga lo que más le conviene (por ejemplo, la ‘inseguridad marítima’ -ahí es nada lo que abarca el término-, aunque también podría haber sido la ferroviaria o la sideral), mientras ignora lo más sustancial y verdaderamente acuciante.

DEL ARTIFICIO RETÓRICO A LA TOMADURA DE PELO

Como buen artificio retórico, la ESN de marras evita cuidadosamente las palabras necesarias, que -según la máxima de Lao Tse- pueden sonar mal, y abusa de las que suenan bien, aunque no expresan la verdad y ni siquiera nada sustancioso. Pero no se queda en eso.

La simpleza documental del caso, que es de auténtica vergüenza ajena, conduce además a una tomadura de pelo de primera magnitud, sintetizada en la ristra de frases-concepto que los ‘expertos’ de la Seguridad Nacional afincados en la Presidencia del Gobierno han destacado tipográficamente en su edición oficial como ‘no va más’ de la ESN 2013, entrecomilladas, en negrita y con cuerpo mayor. Veámoslas una por una, porque les retrata perfectamente en su simple y desnuda ignorancia:

• “Las sociedades que se hacen responsables de su seguridad son sociedades más libres”.
• “La Seguridad Nacional es objeto de una Política de Estado, que requiere la planificación y definición de principios y líneas de actuación permanentes, capaces de dar respuestas integrales a los desafíos actuales”.
• “El dinamismo del entorno y de la propia realidad nacional exigirá un esfuerzo de actualización constante y una revisión periódica”.
• “La defensa de los intereses vitales y estratégicos de España en el mundo es un objetivo de la Seguridad Nacional”.
• “La seguridad y el bienestar de España y sus ciudadanos se determinan y gestan dentro y fuera de nuestras fronteras. Ya no es posible distinguir entre seguridad exterior e interior”.
• “Avanzar en la construcción europea es hacer a España más segura y más próspera”.
• “Un Mediterráneo democrático y con mayores cotas de prosperidad es la mejor garantía de seguridad para todos los países de la región”.
• “América Latina es una región de gran importancia estratégica con la que España mantiene relaciones de singular arraigo”.
• “El importante crecimiento de la población hispanohablante de Estados Unidos es un factor determinante en nuestra relación”.
• “Para los intereses españoles, tres zonas serán vitales en las próximas décadas: el Sahel, el Cuerno de África y el Golfo de Guinea”.
• “Asia se encuentra en el centro de la reordenación geopolítica que anticipa el mundo que viene”.
• “Rusia es el mayor vecino de la UE y un actor estratégico fundamental”.
• “Los retos y amenazas globales sólo pueden tener soluciones globales”.
• “Junto a los riesgos y amenazas, conviven en el escenario internacional otros factores potenciadores que pueden generar nuevos riesgos o amenazas o multiplicar y agravar sus efectos”.
• “En la actualidad la interdependencia global ha disminuido la probabilidad de confrontaciones clásicas entre Estados, pero los conflictos armados siguen representando una amenaza capital para la seguridad”.
• “Prevenir, impedir y derrotar el terrorismo, con independencia de su origen, es un fin prioritario del Gobierno”.
• “La dependencia de la sociedad del ciberespacio y su fácil accesibilidad hacen que cada vez sean más comunes y preocupantes las intromisiones en este espacio”.
• “Los vínculos existentes entre las organizaciones criminales y los grupos terroristas son cada vez más estrechos”.
• “La globalización ha propiciado que los acontecimientos se aceleren especialmente en el plano económico-financiero, exigiendo a los Estados y a las organizaciones y los organismos internacionales respuestas rápidas a los cambios que acontecen”.
• “La seguridad energética de España depende de todos estos factores y de la seguridad de nuestras infraestructuras y redes de transporte frente a ataques intencionados o desastres naturales”.
• “El desarrollo de programas nucleares -supuestamente con fines pacíficos- puede suponer una amenaza, cuando el empleo de esa tecnología pretende evitar el cumplimiento de las normas internacionales sobre no proliferación”.
• “El nuevo escenario exige esfuerzos de pedagogía y protección por parte de las Administraciones, así como una promoción activa del enfoque de la inmigración como suma positiva en el ámbito económico, social y cultural”.
• “El espionaje se ha adaptado al nuevo escenario del mundo globalizado y aprovecha las posibilidades que ofrecen las tecnologías de la información y comunicación”.
• “Los recurrentes y devastadores incendios que asolan nuestro patrimonio natural constituyen un serio problema para España”.
• “Junto al aumento de actividades lícitas en el mar se ha producido también un aumento de actividades ilícitas o criminales que aprovechan las particularidades del medio para su desarrollo”.
• “Las sociedades modernas son cada vez más dependientes del complejo sistema de servicios esenciales que dan soporte y posibilitan el normal desenvolvimiento de los sectores productivos, de gestión y de la vida ciudadana en general”.
• “Las sociedades modernas son cada vez más dependientes del complejo sistema de servicios esenciales que dan soporte y posibilitan el normal desenvolvimiento de los sectores productivos, de gestión y de la vida ciudadana en general”.
• “El Consejo de Seguridad Nacional será un órgano colegiado del Gobierno que se reunirá con carácter periódico”.

Toda una generosa acumulación de obviedades y perogrulladas sin cuento, salpicadas de tonterías y sandeces, y presentadas nada menos que como sesudas aportaciones a la Estrategia de Seguridad Nacional. Y precedidas además de una introducción en la que el propio presidente Rajoy, puesto al frente del ridículo general, la califica alegremente de “paso trascendente” en el “pensamiento estratégico”. Ahí queda eso…

ATENTOS AL DESASTRE QUE SE AVECINA

Si observamos el continuo deterioro formal y conceptual de la legislación en materia de Defensa (y claro está el deterioro del propio modelo de Defensa Nacional que conforma), junto a la no menos lamentable organización legal del sistema de Inteligencia, es de temer que, justo de la mano del PP, se avecine un desastre normativo de muchísimo cuidado, contagiando al conjunto del Sistema de Seguridad Nacional ahora ‘descubierto’ por los mismos linces que lo vienen perjudicando desde la propia Transición. Ya machacada como está la Defensa Nacional, parece que va a poderse machacar todavía más y que vamos a tener que olvidarnos de cualquier reforma razonable de los Servicios de Inteligencia y del propio Sistema de Seguridad y Defensa Nacional.

Porque la cuestión de fondo, desde luego paradójica, es que los avispados del PP, comandados por el avispado Rajoy, pueden terminar montando una ‘contrarreforma’ legislativa en lugar de la ‘reforma’ institucional que hoy por hoy necesita el país. Empeño en el que, además de morir políticamente, acabarían dejando el poder en manos de la izquierda más radical y por muchos años.

Tras el descrédito que la ratificación de la DDN 2012 ya supuso para el Gobierno de Rajoy, la ESN 2013 puede generar ahora otro mayor con cargo directo al flamante Departamento de Seguridad Nacional que presta asesoramiento y apoyo técnico en tan delicada materia a la Presidencia del Gobierno, estrenado el documento de marras. Lo dirige Alfonso de Senillosa, sin experiencia ni mérito reconocido al efecto (creó y gestionó con notable éxito la cadena de servicios de reprografía ‘Workcenter’), al margen de la amistad personal que mantiene con Jorge Moragas, su jefe inmediato y director del Gabinete de Rajoy: un equipo (Senillosa-Moragas) especialmente bien avenido y con una importante y delicada tarea que desarrollar en el ámbito de la Seguridad Nacional, al que la Comunidad de Inteligencia internacional ya mantiene bajo atenta observación, por delante y por detrás…

Ver:

• Estrategia de Seguridad Nacional 2013 (ESN 2013)
• Estrategia Española de Seguridad 2011 (EES 2011) 
• Informe para la implantación de una Estrategia de Seguridad Nacional en España (Real Instituto Elcano 2011) 

Los aficionados al cine habrán captado que el título de esta Newsletter se inspira en el de una revulsiva película antibelicista y de apoyo a la eutanasia de Dalton Trumbo (Johnny cogió su fusil), laureada en el Festival de Cannes de 1971 con el Gran Premio Especial del Jurado y el premio de la FIPRESCI (Federación Internacional de la Prensa Cinematográfica).

En ella, un joven combatiente de la I Guerra Mundial despierta totalmente confuso en un hospital en el que tendrá que quedar confinado de por vida, ciego, sordomudo y con las piernas y los brazos amputados por efecto de una explosión soportada en el frente. Al principio no es consciente de lo que le ha sucedido y en qué lamentable condición se encuentra, pero poco a poco comienza a darse cuenta…, llevando al espectador al límite en el que se separan la vida y la muerte, exprimiendo la afectividad humana hasta la extenuación, ante la visión de un simple armazón de tela blanca sobre una cama sanitaria.

Pregunta: ¿Hay alguna relación entre los restos humanos de Johnny y la senda de autodestrucción por la que parece caminar España…?

Sea como fuere, el parangón del título viene a cuento de las combativas declaraciones del ex presidente Aznar en la entrevista que concedió a Antena 3 el pasado 2 de mayo, planteando una ‘enmienda a la totalidad’ de la política del Gobierno al exigir una bajada de los impuestos “ahora”, que se cumpla tal cual el programa electoral del PP y, claro está, poniendo en tela de juicio el liderazgo interno del PP. Aunque esta especie de analogía podría “ser acertada (o no)”: la simplicísima fórmula de expresión con la que Rajoy acostumbra a ironizar, cada vez con menos gracia.

“VAMOS, MARIANO, ALÉGRAME EL DÍA…”

Porque la verdad es que todavía no sabemos si el fusil con el que Aznar ha reaparecido en el teatro de la política, es el de Gila (que disparaba balas de madera porque las de verdad eran caras y hacían ‘pupa’), el de los soldados portugueses de la revolución del 25 de abril de 1974 (que ensartaban claveles en sus bocas de fuego como símbolo de que no iban a disparar) o el de mira telescópica y alta precisión con el que los francotiradores de élite abaten de forma irremisible a sus objetivos más precisos (sin daños colaterales).

Si este último fuera el caso, recordemos el duelo que el soldado ruso Vassili Zaitsev (papel interpretado por Jude Law) mantiene con el mayor König (Ed Harris) del VI Ejército de la Wehrmacht hitleriana en Enemigo a las puertas (2001), la original película de Jean-Jacques Annaud que narra el fracasado asedio de las tropas alemanas a la ciudad de Stalingrado en 1942, con la estética dramática del mejor western norteamericano. Una cita textual del film, que los posibles émulos de la situación (¿Aznar y Rajoy?) deberían tener bien presente, reza: “Un héroe nunca elige su destino. Su destino lo elige a él”…

Pero también puede que el arma con la que Aznar se termine enfrentando a Rajoy en su particular duelo político, sea una escopeta ‘maraburros’ como la que usaba Jim Malone (Sean Connery) en la película dirigida por Brian De Palma Los intocables de Eliot Ness (1987), capaz de dejar hecho un colador a quien se pusiera por delante sin necesidad de afinar mucho la puntería. O, peor todavía, el Smith & Wesson 29, con cañón de 214 mm y munición del calibre .44 Magnum, amigo inseparable del inspector Harry Callahan (Clint Eastwood) en Harry el Sucio (1971), celebrado thriller policiaco de Don Siegel que derivó en la producción de cuatro secuelas.

¿Se imaginan a un Harry ‘el Sucio’ Callahan disfrazado de José María Aznar, apuntando a la cabeza de Mariano Rajoy con un revolver que puede tumbar a un bisonte y susurrándole con rechinar de dientes: “Vamos, alégrame el día…”? Lo que cuesta más trabajo es visualizar una escena similar pero con los papeles cambiados, en la que un Rajoy ‘blandiblú’ engatilla un descomunal SW 29 a cañón tocante sobre la cabeza de Aznar, mientras le masculla en la oreja: “¿No crees que deberías pensar que eres afortunado…?

En cualquier caso, la cuestión importante desde una perspectiva analítica  es saber no sólo cómo se arma el personaje, sino, sobre todo, cuál es su propósito (noble y libertador, vengativo, chantajista…) y si puede sobrevivir o no al duelo que plantea (con un objetivo plausible o con uno utópico).

Dicho de otra forma, lo definitivo, porque ahí está la clave de la valoración, es calibrar si estamos o no, por ejemplo, ante un guerrero jedi de Star Wars (la opereta galáctica lanzada por George Lucas en 1977). O, acaso, ante un mercenario de buen corazón y gatillo ligero, como el Chris Adams (Yul Brynner) que comanda la tropa de aventureros enfrentada al sanguinario ‘Calvera’ (Eli Wallach) en Los siete magníficos de John Sturges (1960), remake del film Los siete samuráis (1954) que el cineasta japonés Akiro Kurosawa convirtió en una de las mejores películas de todos los tiempos.

Es posible que los registros personales de Aznar, alguno todavía inédito, puedan aproximarle a personajes de la épica caballeresca, como Hugo de Payens, Godofredo de Saint-Omer o cualquiera de los otros siete nobles franceses que en 1118 fundaron la Orden del Temple. O tal vez a una suerte de Lanzarote del Lago (Lancelot du Lac), que es el más grande y confiable de todos los caballeros de la Mesa Redonda y las ‘leyendas artúricas’. E incluso a Rodrigo Díaz de Vivar, el Cid Campeador al que no faltó valor en Santa Gadea de Burgos -según cuenta la leyenda- para tomar juramento al rey Alfonso VI ‘El Bravo’ de no haber tenido arte ni parte en la muerte de su hermano y predecesor en el trono de Castilla, Sancho II ‘El Fuerte’.

Pero quienes así lo estimen, pueden equivocarse. Porque, si se observa con atención la fría expresividad de Aznar y el retoque tradicional de su bigote (ahora descargado y encanecido), poco le separan del detective Germán Areta (Alfredo Landa) en El crack (1981) de José Luis Garci, film del género negro a la española que también mereció su segunda parte.

Aunque algunos de los gestos de Aznar sintonicen más con el detective Philip Marlowe -creado por Raymond Chandler- y, de forma especial, con los tics aportados al personaje por Humphrey Bogart y Robert Mitchum. Y otros quizás con la imagen del inspector Clouseau (con el tiempo inspector-jefe) de la serie de películas La Pantera Rosa, del admirado Blake Edwars (Días de vino y rosas, Desayuno con diamantes, Victor Victoria…), sobre todo en la versión interpretada por Peter Sellers…

PUÑO DE HIERRO EN GUANTE DE SEDA

Aristóteles ya advirtió que “la política no es el conocimiento, sino la acción”, una realidad que Hernán Cortés, el gran conquistador del imperio azteca, hizo suya en esta afirmación: “En circunstancias especiales, el hecho debe ser más rápido que el pensamiento”. Aunque sea igual de cierto que “la acción sin la cordura es siempre desastrosa”, como bien ha matizado en nuestros días Lin Yutang, autor de la memorable novela histórica “Un momento en Pekín”.

Aunque, con lo mucho que se huele a cera ‘opusina’ en el entorno del PP (nada que objetar), Rajoy no tendría que olvidar, sino más bien tratar de seguir a rajatabla, este celestial consejo de San Josemaría (sic):

“Voluntad. -Energía. -Ejemplo. -Lo que hay que hacer, se hace… Sin vacilar… Sin miramientos…

Sin esto, ni Cisneros hubiera sido Cisneros; ni Teresa de Ahumada, Santa Teresa…; ni Iñigo de Loyola, San Ignacio…

¡Dios y audacia! –Regnare Christum volumus!”.

(“Camino”, 11)

Y ello no quiere decir que el ala liberal del partido ande mal de máximas y sentencias, menos turíferas pero igual de recomendables. En especial, Rajoy debería tener bien presente esta otra: “Espabila Fabila, que viene el oso”, o sea un Aznar desinvernado y con el fusil a cuestas…

Atentos en cualquier caso a ese necesario equilibrio armónico entre el pensamiento y la acción, o en la acción del pensamiento, porque la respuesta inmediata ante sucesos inesperados suele ser errada, justo por su escasa meditación. Así acontece, por poner algunos ejemplos, con las lecturas rápidas de las encuestas políticas, con el análisis urgente de los resultados electorales imprevistos o con la réplica a algunas declaraciones sobrevenidas y de evidente mala leche entre colegas de partido (o de partida, que ya va siendo más o menos lo mismo), como las de José María Aznar con la bayoneta montada contra su indolente heredero político.

De hecho, las primeras reacciones ante su pura y dura ‘bofetada a Rajoy’ (ya le lanzó el guante con algo más de suavidad -“Sufro observando a España”- en la entrevista de Victoria Prego publicada por El Mundo el pasado 2 de diciembre), no dejaron de ser excesivamente descalificadoras, con acusaciones de ‘deslealtad’ a nuestro juicio erradas en el análisis objetivo del caso. Por ello, los palanganeros gubernamentales que con tanta rapidez como ligereza se aprestaron a lavar las cascarrias políticas de Rajoy, que las tiene y cada vez más apestosas, recibirían otro inmediato disparo de precisión del ‘insurgente’ Aznar, nada menos que en un acto político-cultural de verdadero lujo celebrado en el Congreso de los Diputados (27/05/2013): “No estoy contra nadie, estoy con los españoles” (otra cosa es que los españoles estén con él).

Y, para demostrar que reaparece en plena forma y con reflejos para lidiar lo que le salga por los toriles, y ‘mano a mano’ con quien sea (lo de Duelo de titanes, también de John Sturges -1957-, es poca cosa comparado con la que se puede armar en el ‘OK Corral’ particular del PP), Aznar no dudó en advertir que “el mandato de las urnas es inequívoco” y que “el coste de la no reforma sería inasumible”. Parece claro, pues, que el ex presidente ha vuelto a la vida pública para quedarse, al menos, como conciencia crítica y, a lo más, para mandar a Rajoy al retiro político; aunque el temple y alcance de su faena se irán viendo pase a pase y paso a paso, con el próximo anunciado para el mes de junio con una conferencia en el Club Siglo XXI, ahora presidido por Eduardo Zaplana (otro dispuesto a enredar y que ya fue ministro de Trabajo y Asuntos Sociales y Portavoz de su Gobierno).

Paréntesis: Claro está que el desleal radical en toda regla, no sólo con la ideología de su partido sino también con quienes, creyendo sus promesas, le votaron de forma mayoritaria el 20-N, es Mariano Rajoy y no José María Aznar. Y cuando Aznar, que es presidente de honor del PP, afea de frente y por derecho ese comportamiento político reprobable, después de ser desoído dentro de casa, lo que se produce puede entenderse como una ‘deslealtad’ pero también como una defensa de los principios y valores propios en vía de dilapidación.

¿REBELIÓN EN LA GRANJA…?

Simpatía o antipatía personal aparte, el ex presidente Aznar (que -cierto es- nunca ha exhibido en público la menor calidez o proximidad humana) tiene todo el derecho del mundo a manifestar sus opiniones políticas, ya sean favorables o desfavorables al Gobierno (instalado -quede bien claro- en el autismo político), cosa que además ha hecho angustiado sin duda alguna por la ruinosa deriva de la gestión gubernamental de la crisis, al margen de ajustar otras cuentas personales. Y eso es lo mismo, ni más ni menos, que vienen haciendo de forma infructuosa muchos y prestigiosos profesionales españoles, de gran relevancia social y muy próximos al PP, sin que nadie arremeta contra ellos; aunque la actitud de Aznar conlleve un cierto plus de responsabilidad y atención como antiguo presidente del Gobierno durante dos legislaturas que, frente a las inmediatamente anteriores y posteriores, soportan muchas menos críticas razonables. Y punto.

Porque una cosa es el criterio y la actuación de quienes de forma voluntaria se puedan considerar políticamente amortizados, como Felipe González, que, un tanto soberbio, ha concedido: “Si quiere [Aznar], que vuelva, pero no como salvador”. Otra muy distinta el obligado silencio de Rodríguez Zapatero, defenestrado por incompetente. Y otra mucho más diferenciada la actitud y el comportamiento de quien, con un saldo político positivo y sin impedimentos de ninguna clase, se pueda creer en condiciones de aportar al país ideas, esfuerzos y dedicaciones legítimas, que en democracia sólo la voz y la voluntad de los electores pueden rechazar.

En la entrevista de marras, el ex presidente Aznar afirmó: “Cumpliré con mi responsabilidad, con mi conciencia, con mi partido y con mi país, con todas sus consecuencias, y no tenga usted ninguna duda de ello”. ¿Y, de verdad, hay en ello algo que objetar por daño que haga a otros políticos, que al fin y a la postre también van a lo suyo…?

El hecho de que las críticas a Rajoy puedan suponer de alguna forma una enmienda de Aznar a sí mismo, como han apuntado algunos, porque él fue quien nominó sucesor al hijo pródigo ahora criticado, no deja de ser un in-put más en su propio balance político, que juzgará quien debe juzgarlo (el electorado) y mucho más llevadero en cualquier caso que los de quienes le sucedieron formalmente al frente del Gobierno.

Quiérase o no, Aznar salió de la política de forma voluntaria y por la puerta grande, sin querer chuponear una tercera legislatura que su labor política y las encuestas al uso le daban por ganada, aunque también se pudo quedar para tratar de escribir una historia distinta a la que ahora le incomoda. Realidad incuestionable que no ha tenido precedente en el vigente régimen democrático; porque, sin querer meter a nadie el dedo en el ojo y respetando toda la parte positiva de la labor de cada uno, los demás presidentes del Gobierno (Suárez, Calvo-Sotelo, González y el ínclito ZP) han salido de la escena política como salieron: malamente.

Aparte de que cualquier observador imparcial de la realidad social, apostaría por afirmar que Aznar sintoniza mucho más que Rajoy con las bases electorales propias y más estables del PP, al igual que Esperanza Aguirre. Algo fácilmente deducible a partir de la pésima valoración social que los propios votantes del partido hacen del Gobierno, con su presidente a la cabeza, en todas las encuesta al uso…

Eso hablando de presidentes, porque si hablamos de jefes de la oposición la cosa se las trae; empezando por el propio Pérez Rubalcaba, que, a pesar de su innegable inteligencia y capacidad política, anda como anda y con muy malas perspectivas para resolver su propia sucesión. Y no digamos nada de lo que, vista la dimensión y categoría de la crisis, queda suelto por ahí en los partidos autonómicos y en los que emergen a nivel nacional, que a pesar de lo que luzcan por defecto ajeno tampoco están para tirar cohetes.

LOS REBUZNOS DESDE EL PESEBRE…

Quizás esa precariedad del sistema, sin el menor estímulo ni facilidad para fomentar la incorporación ciudadana a la política, sea la que ha generado que las críticas a Aznar más agresivas y menos meditadas hayan sido auténticos ‘rebuznos de pesebre’. Más sonoros cuando son lanzados por quienes viven de prestado total, agarrados al ronzal del partido y temerosos de perder su canonjía personal: estómagos agradecidos sin peso específico ni respaldo electoral personal.

Por eso, frente al desplante de Aznar, se han distinguido rápidamente las posiciones activas o pasivas de los ‘pichicomas’ y ‘pelamanillas’ marianistas, que se ven caninos de futuro, y las de aquellos otros que, siendo alguien dentro del PP -o simplemente siendo más osados-, se atreven a expresar sus ideas con mayor libertad.

Entre las primeras, quizás la más injustificada y sorprendente de todas haya sido la del presidente de las Cortes Generales, Jesús Posada, quien, de forma inmediata y con toda contundencia, afirmó que Aznar es “el pasado” y que “las cosas se van para no volver”. Una apreciación del tiempo político verdaderamente curiosa, porque él mismo, introducido en el negocio de la vida pública por la vía del franquismo (su padre fue alcalde y gobernador civil de Soria y después gobernador de Burgos y de Valencia en los primeros y más duros años de la dictadura), desempeñó cargos en la extinta UCD (gobernador de Huelva en 1979 y director general de Transportes Terrestres en 1981) antes aún de que Aznar, ocho años más joven que él, fuera elegido diputado por Ávila en 1982…

Y ello al margen de que Posada, desagradecido donde los haya, parezca olvidar que, sin mayor mérito ni gloria -porque tampoco es un Conde de Romanones ni un Emilio Castelar-, fue nombrado consejero de Fomento de Castilla y León en 1987 y dos veces ministro (de Agricultura, Pesca y Alimentación en 1999-2000 y de Administraciones Públicas en 2000-2002) por el propio Aznar, presidente de los gobiernos correspondientes. Pero, sacándole nada menos que ocho añitos de ventaja y viniendo cada uno de donde vienen, ¿cómo se atreve este político-plasta de segunda clase a situar Aznar en “el pasado” y amarrarse él mismo a un futuro que el Gobierno de Rajoy está destruyendo para millones de españoles…?

Por salpicar los rebuznos políticos lanzados contra Aznar con un poco de todo, quédense también los lectores con esta frase lapidaria de Cristóbal Montoro, ministro outsider de la economía real y la fiscalidad razonada, paladín esperpéntico de la contrarreforma administrativa y todo un ‘profesor chiflado’ empeñado en hundir España: “Me dejo las añoranzas melancólicas para otro día”. O con la boutade de un tal Francisco de Borja Sémper que, graciosillo él y a falta de unos cuantos hervores de sensatez, resulta ser nada menos que presidente del PP de Guipúzcoa y portavoz del Grupo Popular en el Parlamento Vasco: “Zapatero se consolida como el mejor ex presidente de Gobierno”.

LAS VOCES PROPIAS MÁS AFINADAS…

Bastante más inteligentes fueron las declaraciones al caso de Núñez Feijóo, quien, pudiendo ser un posible líder nacional del PP en el futuro, no dejó de compaginar el elogio de Aznar con su adhesión a Rajoy: “Mi respeto y admiración por los ocho años del presidente y el Gobierno de Aznar es difícilmente superable. Por tanto, no soy nada sospechoso de no respetar sino, al contrario, de admirar lo que hizo”, afirmando a continuación que “esa misma lealtad que hemos tenido y tenemos con el presidente Aznar es la misma lealtad inquebrantable que tenemos con el presidente Rajoy y todo su Gobierno”.

Rita Barberá, con un palmarés inigualable de mayorías absolutas al frente del Ayuntamiento de Valencia, descartó de raíz la “deslealtad” de Aznar y esgrimió su “enorme respeto por la libertad de las opiniones”. Mientras, Ignacio González, que pretende consolidarse como presidente de la CAM por méritos propios -cosa difícil-, calificaba a Aznar de forma explícita como “probablemente el mejor presidente de Gobierno que ha tenido España en estos años” y aseguraba que sus opiniones son “de enorme interés”.

Por su parte, Pedro Sanz, presidente del Gobierno de La Rioja desde 1995, afirmó que “en estos momentos quien está toreando en plaza, con el toro, es Mariano Rajoy, y por tanto los de la barrera pueden gritar y pedir que se arrime, pero el que tiene que estar todos los días luchando con los problemas es Mariano Rajoy, con el que hay que estar”. No obstante, señaló que le parecía “legítimo” que cada uno pueda “valorar, criticar las políticas que pueda llevar Mariano Rajoy”, y que él “ni esperaba, ni no esperaba” las declaraciones de Aznar, que es “algo que entra dentro de lo normal y lo habitual”.

De forma igualmente componedora, han levantado su voz otros políticos con posición relevante en el PP, como el portavoz del Grupo Popular en el Congreso de los Diputados, Alfonso Alonso, quien, tras sostener que el posible regreso de Aznar a la política activa es una cuestión “muy lejana”, señaló que el ex presidente “siempre va a estar en primera línea de la política”. Una línea en la que, por razones muy distintas, se han significado también dos ministros del Gobierno: la titular de Sanidad, Seguridad Social e Igualdad, Ana Mato, y el de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón.

La primera, perteneciente al ‘Clan de Valladolid’ que se conformó en torno a José María Aznar cuando fue elegido presidente de la Junta de Castilla y León en 1987 y cortita donde las haya, aseguraba que el ex presidente es “un referente” en el partido y también en la política española, porque en sus dos mandatos presidenciales hizo una “magnífica gestión”. El segundo, de quien se dice en Moncloa que es ‘un verso libre’ del Consejo de Ministros, aseguró rápidamente que “la voz de un expresidente de Gobierno siempre debe ser oída, al margen de la coincidencia o la discrepancia”, añadiendo que lo de Aznar “no es tanto volver a la política activa como estar en el activo de la política, y es lo que corresponde a cualquier expresidente, y, por supuesto, a Aznar”.

Inciso: De Esperanza Aguirre, presidenta del PP de la Comunidad de Madrid y ex presidenta de su Gobierno Autonómico durante tres legislaturas sucesivas de mayoría absoluta, además de ex ministra de Educación y Cultura y ex presidenta del Senado, todo un peso pesado del PP, cabe decir poco al respecto, porque ella fue quien dio el pistoletazo de salida  de las discrepancias con Rajoy, sacando con sus críticas varios cuerpos de ventaja al propio Aznar.

…Y LAS COCES DESDE LA OPOSICIÓN

Pero lo verdaderamente llamativo del caso, es que el mero apunte de un posible regreso de Aznar a la política activa, cosa que todavía está por ver, haya exasperado a los actuales dirigentes socialistas como ha llegado a exasperarles. Algo sin duda contradictorio, porque, considerándole de forma tan despectiva como le consideran, no se entiende que no le prefieran de adversario político antes que a Rajoy (tal vez le tienen pánico y por eso quieren cortar la nata antes de que suba como la espuma).

Desde Leizpig (Alemania), donde participaba en la conmemoración del 150 Aniversario del SPD junto con otros líderes socialdemócratas europeos, el secretario general del PSOE, Alfredo Pérez Rubalcaba, atizó a doble palo: “El que las cosas que dice Aznar me produzcan espanto, no quiere decir que las políticas de Rajoy sean magníficas”. Lo dicho: sin querer mirarse él mismo en el espejo (¡vaya trago!), el jefe de la oposición, todavía más reprobado socialmente que Rajoy, se queda con éste de candidato, porque, a tenor de su faena, ya parece verle con los tres avisos y el toro del gobierno devuelto a los corrales.

Para la ‘número dos’ del PSOE, Elena Valenciano, las palabras de Aznar son un intento de desviar la atención cuando está señalado en el ‘caso Gürtel’ y, estirándose algo más, dijo que el asunto le suena a mezcla entre el “túnel del tiempo y el túnel de los horrores”, añadiendo que con sus declaraciones el ex presidente Aznar se ha convertido “en un propagandista de cuarta, que rezuma resentimiento y que muestra su vuelo bajo”. Podría tener razón, pero ¿es que, entonces, también prefiere un Rajoy que ‘vuele alto’…?

En esa misma línea simplista de arremetimiento contra Aznar, que apareja un apoyo al sostenimiento de Rajoy en teoría poco consecuente con sus propios intereses electorales, Pere Navarro, primer secretario del PSC falto también de alguna cochura política, manifestó que “España no se merece que vuelva” porque “hizo muchas cosas por España y muy mal hechas”, concluyendo que el ex presidente “está bien donde está”. ¿Y acaso no se acuerda este espabilado socialista de las cosas que todavía hizo peor ZP…?

Todo ello, y mucho más que largaron otros personajes de escaso fuste político, sucedía mientras el ex vicepresidente socialista Alfonso Guerra, siempre afilado y lapidario, se limitaba a decir, sin duda con mayor acierto, que el caso sólo escondía una “pelea de gallos” entre Aznar y Rajoy.

Aunque, al hilo de nuestras referencias filmográficas y porque el país da para todo, también habrá quienes, dentro o fuera de cualquier partido, puedan ver ahora a un Aznar favorecido en el papel del Wade Hatton (Errol Flynn) de Dodge, ciudad sin ley (Michael Curtiz, 1939), ‘Dodge City’ en la versión original: el sheriff que en 1866 impuso el orden y la justicia en una ciudad dominada por el caciquismo, la corrupción y los pistoleros de turno, con la ayuda de Abbie Irving (Olivia de Havilland), sobrina del médico local que también podría representar a la Esperanza Aguirre de nuestros días. Una tarea que, además, el final de la película deja abierta a que ambos continúen juntos, ‘limpiando’ Virginia City (Nevada)…

COMENTARIOS PARA TODOS LOS GUSTOS

Claro está que este morboso desplante político de Aznar, y sobre todo su anuncio de ‘menearle’ la poltrona a Rajoy, va a dar para mucho mientras se ve cómo y de qué manera evolucionan los acontecimientos. De momento, los analistas políticos ya han lanzado comentarios para todos los gustos.

Uno de ellos, el de Guillermo Dupuy en LibertadDigital.Com (23/05/2013), titulado “La vuelta del PP – Posible sin Aznar, imposible con Rajoy”, incluye dos párrafos explosivos:

(…) La traición de Rajoy al ideario y a los votantes de su partido va mucho más allá de la política fiscal y estoy absolutamente convencido de que la opinión de Aznar respecto del Gobierno del PP es mucho peor aún y muy anterior a la que puso de manifiesto el pasado martes en Antena 3. En este sentido ¿qué habría dicho Aznar si le preguntaran por las declaraciones de Fernández Díaz en las que elogió la “ejemplar” gestión de sus antecesores socialistas al frente del Ministerio del Interior? ¿Qué habría dicho Aznar respecto del compromiso del PP de expulsar a los proetarras de las instituciones? ¿Qué habría dicho el expresidente de la persistencia de traductores de lenguas regionales en el Senado? ¿Qué habría dicho de la ‘reforma’ del mercado energético? ¿Y del más inexistente plan hídrico nacional? ¿Consideraría Aznar, tal y como ha hecho el Gobierno, que la excarcelación de Bolinaga obedecía a un imperativo legal?

(…) La vuelta del PP es posible sin necesidad de que vuelva Aznar pero imposible sin la marcha de Rajoy. Rajoy ha hecho de la herencia de Zapatero la excusa para imitar al que se la dejó. El carácter de Rajoy nos condena a la inercia y a la decadencia. Pese al aldabonazo de Aznar, todavía creo, como creía el año pasado, que “son muchos los que no son conscientes de que la principal neutralización de la derecha es el Gobierno de Rajoy. No quieren ver la continuidad del peor zapaterismo bajo las siglas del PP. Se niegan a reconocer que el partido que tradicionalmente abanderaba los principios liberal-conservadores en nuestro país ha sido, sencillamente, usurpado. Con Rajoy al frente, abandonad toda esperanza”.

Otro muy distinto, interesante pero que yerra en la valoración del actual tiempo político, al no considerarlo de los que necesitan “proyectos claros, coraje ejecutivo y decisiones contundentes”, es el publicado por Ignacio Camacho en ABC con el título “Liderazgos Autoritarios” (24/05/2013), que se inicia con este párrafo sustancial:

A Aznar le sucede lo mismo que a Mourinho: ambos poseen personalidades divisorias que acaban causando tantos estragos entre sus partidarios como entre sus rivales. Es el problema de los liderazgos autoritarios, que sólo funcionan durante períodos limitados de tiempo pasados los cuales corren el riesgo de convertirse en tóxicos para sus propias filas. Las virtudes de Mou, como las del ex presidente, son aptas para tratamientos de choque, épocas que necesitan proyectos claros, coraje ejecutivo y decisiones contundentes; sucede que luego se trata de tipos con un carácter tan potente, con una pasión de poder tan definida que terminan por sobreponerse a su propia misión para establecer en torno a ellos una especie de asfixiante desafío de autoridad. Se transforman en material radiactivo, tan peligroso para los adversarios como para quienes lo tienen cerca…

Y otro, sin duda de registro mucho más afectivo -por tocar todos los palos-, es el de Javier González Ferrari, que fue director general de RTVE entre 2000 y 2002 con el Gobierno de Aznar, publicado en La Razón con el título “Curados de espanto” (27/05/2013):

Aznar no es simpático. Desde luego, no tiene la sonrisa en la boca las 24 horas del día como tenía Zapatero mientras en apenas dos años dejaba el país en quiebra. Tampoco Dios le dio la labia de su antecesor, Felipe González, ni su capacidad de seducción en el cuerpo a cuerpo aunque supieras que te estaba vendiendo una burra ciega. Aznar era, y sigue siendo, otra cosa que nada tiene que ver con el arte del fingimiento que tan arraigado está entre una parte significativa de la clase política española. Cuando hace una semana concedió la entrevista a Antena 3 sabía perfectamente que después le iban a llover críticas desde todos los frentes, y que quienes no le perdonan que consiguiera gobernar cuatro años en minoría, con un éxito tan indiscutible que su reelección se produjo por una mayoría como nunca antes había tenido el centro derecha en España, se iban a cebar con sus declaraciones hasta la náusea. Porque algunas de las cosas que se han dicho y escrito en los últimos días sobre el ex presidente sólo se pueden entender desde posiciones sectarias y ese odio africano con el que le llevan distinguiendo desde hace dos décadas algunos de los especialistas en señalar la paja en el ojo ajeno. Los mismos que, cuando España crecía y se creaba empleo, le negaban el pan y la sal, y se situaban detrás de las pancartas en manifestaciones donde se proferían insultos gravísimos contra él y su Gobierno amparados en la impunidad de esa falsedad que asegura la superioridad moral de la izquierda. Al día siguiente de la entrevista con la que los informativos de A3 se apuntaron un éxito periodístico de primer orden, Rubalcaba declaraba su espanto por las palabras de Aznar. Pero la realidad es que mucha gente en España, a pesar de que se nos quiera hacer creer lo contrario con la agitación callejera, está curada de espanto después de los 21 años de gobiernos del PSOE.

¿BUSCAN RAJOY Y AZNAR SU ‘LITTLE BIGHORN’ PERSONAL…?

Si las declaraciones de Aznar tienen continuidad, cosa más que probable dado el carácter del personaje y las circunstancias que le animan -lo de pringar a la familia con el ‘caso Gürtel’ y salvar económicamente al Grupo Prisa desde Moncloa ha sido definitivo-, es obvio que seguirán despertando voces y sentimientos de diferentes registros.

Todos con expectativas interesadas en ver cómo se resuelve su duelo con Rajoy y con reproches cargados de polémica, que están ahí por mucho que se quieran ignorar. Desde la debacle de la economía (con el Gobierno realimentando torpemente el paro y la España asimétrica), hasta el desmán autonómico (siempre en huida hacia adelante), pasando por el problema catalán (y el vasco), la dilución de lo nacional, la batalla siempre perdida del modelo educativo, la corrupción política, el insoportable agobio de la partitocracia, el mal ejemplo de la Corona…

Si Aznar no deja de gallear, cosa improbable hasta que Rajoy (un político cobarde y lánguido, of course) no ponga más aplicación y coraje en la faena de gobierno, habrá pelea con coro mediático incluido. Y quizás con un duelo terminal; pero no al estilo caballeresco de los espadachines llevados al cine por George Sidney (Los tres mosqueteros, 1948; Scaramouche, 1952….), sino al más sangrante de Tarantino en todas sus versiones (Reservoir Dogs, 1992; Kill Bill, a partir del 2003; Django desencadenado, 2012…). O, tal vez peor, al estilo devastador que ilustra el film de Raoul Walsh (1941) Murieron con las botas puestas, con el que los guerreros de diversas tribus indias comandados por Caballo Loco acabaron con el 7º Regimiento de Caballería en ‘Little Bighorn’ (Montana, 1876).

En aquella trágica batalla, este sencillo jefe sioux tuvo bien poco que hacer para vencer al legendario general Custer, que en realidad sólo era teniente coronel: dejar que el irracional temperamento del ‘rostro pálido de largas cabelleras’ le llevara a una muerte anunciada por el penoso planteamiento de la batalla, dividiendo sus fuerzas y desoyendo el sensato consejo de sus compañeros de armas. Un ejemplo que ya esgrimimos en otra Newsletter dedicada al nefasto Estado de las Autonomías.

Entonces advertimos que las autonomías tendrán que morir más pronto que tarde, por fas o por nefas, y acaso aniquiladas como las tropas de Custer. Entre otras razones porque, aparte de la escasa capacidad y visión de sus más interesados y conspicuos valedores -los caciques de la democracia-, son un invento político realmente diabólico, divisionista y de miserable recorrido en el mundo actual, y menos todavía en el que se avecina.

De hecho, sostuvimos que lo más procedente sería acabar con las autonomías mediante una eutanasia política consensuada por los dos partidos mayoritarios, PSOE y PP, sin torturas ni sufrimientos inútiles y evitando con ello una masacre similar a la que se produjo en ‘Little Bighorn’. Aunque para eso haría falta una inteligencia y una grandeza de miras que la actual clase política no tiene ni por asomo.

Tras otras diversas consideraciones sobre el absurdo autonómico, también nos preguntábamos cuál debería ser el papel a jugar por Rajoy en aquella suerte de comparación. ¿El de Caballo Loco (Anthony Quinn), que arregló dignamente su propia cuenta con la historia, o el del general Custer (Errol Flynn), que finalmente murió con sus botas puestas y embarradas, con su preciosa cabellera arrancada y con más pena que gloria…?

Pero entre las dos opciones del presidente Rajoy para lidiar la brutal crisis general del momento (su personal ‘Little Bighorn’, que también puede serlo de Aznar), ganarla sin piedad como ‘Caballo Loco’ o sucumbir aniquilado como Custer, porque él es quien se enfrenta directamente al problema y quien dispone de los medios para resolverlo, también cabría una postura inteligentemente disuasoria de males mayores.

La de tomar las medidas inmediatas que activen la economía productiva, despoliticen las instituciones públicas, adelgacen el Estado, regeneren el escandaloso funcionamiento de los partidos políticos, repongan en todas sus vertientes la legitimidad del sistema democrático, extirpen de raíz toda la podredumbre que hoy envuelve nuestro sistema de convivencia... Y algunas cosas más que constantemente le sugieren al presidente Rajoy compañeros de partido que tampoco son los más tontos de la clase, como José María Aznar o Esperanza Aguirre.

Una decisión que bien podría inspirarse en el diálogo previo a la escena de la batalla final en ‘Little Bighorn’. Cuando el ex sargento Ned Sharp (Arthur Kennedy), un despiadado especulador que se enriquece vendiendo alcohol a los soldados y armas a los indios, pregunta receloso a Custer “¿A dónde va el Regimiento?”, éste le responde: “Al infierno o a la Gloria. Es cuestión de puntos de vista…”.

Pues eso, a espabilar. Porque si finalmente Aznar se encara el fusil y le da al gatillo, con el consiguiente fuego cruzado de réplica, difícil será que el Gobierno no termine enterrado con las botas puestas, y el PP también.

Quede claro que el adjetivo ‘felón’ incluido en el título de esta Newsletter se utiliza sin ánimo injurioso y en su expresión referida a quien comete una mera deslealtad política; su antónimo es ‘leal’ o ‘fiel’. Y que ‘Rey Felón’ tiene su antecedente más conocido en las referencias históricas a Fernando VII (1784-1833), quien como Príncipe de Asturias fue llamado El Deseado y, ya entronizado, El Felón: sería, de cualquier forma, el rey peor enjuiciado de la historia de España.

El paralelismo entre la cambiante percepción social del ‘felón’ Fernando VII y, salvando las distancias, la del ‘felón’ Alberto Ruiz-Gallardón, tiene su último apoyo en una de las sugerentes crónicas de Raúl del Pozo sobre el ‘caso Bárcenas’ titulada “Tercer Hombre: Bárcenas tiene los papeles”, publicada en su habitual columna de El Mundo (17/05/2013). En ella, aparte de continuar desvelando aspectos ciertamente comprometedores sobre la trama de financiación ilegal del PP y los pagos en dinero negro que durante años han podido recibir sus más altos dirigentes, que tienen a la actual cúpula del partido con el agua del descrédito ciudadano al cuello, deslizaba una operación política en curso quizás mucho más ilustrativa de su agitada situación interna.

Se trata, nada más y nada menos, que del reconocido empeño de Ruiz-Gallardón, criticado como ningún otro ministro de Justicia, por acceder a la Presidencia del Gobierno, desplazando a Mariano Rajoy y ocupando su sillón al frente del Consejo de Ministros. El veterano Raúl del Pozo, pluma informada y afilada, lo enjareta de esta forma: “(…) Mientras saborea el vino de ‘Juanito Perdigón’, el TH [el Tercer Hombre] me explica que los papeles [de Bárcenas] están más vivos que nunca y que el principal interesado de que sigan vivos es Gallardón, porque de confirmarse su autenticidad, Rajoy, Arenas y otros dirigentes estarían liquidados. Sólo quedaría Alberto, apoyado por Aznar, por eso Rajoy ha enviado al ex el siguiente mensaje: si sigues enredando con Alberto le voy a dar un puntapié a tu mujer en la alcaldía. El otro día en FAES Aznar le dijo a un célebre economista: la solución es Alberto”.

LA ‘SOLUCIÓN ALBERTO’ Y EL ‘PUNTAPIÉ A ANA BOTELLA’

En diciembre del año pasado, ElEspíaDigital.Com advertía la posibilidad de que, si se confirmaba un reajuste del Gobierno en los primeros meses de 2013, finalmente frustrado por la escasa inclinación de Rajoy a realizar cambios de cualquier tipo, la defenestración del ministro Ruiz-Gallardón estaría cantada, no por su torpe enfrentamiento con jueces y fiscales, que sería más que suficiente, sino por auto-promocionarse como sustituto del actual jefe del Ejecutivo, al corte de un “Monti español”, justo cuando en Bruselas se contemplaba la posible intervención de España.

Coincidiendo con aquel apunte ‘confidencial’ del pasado 2 de diciembre, El Mundo publicaba una amplia entrevista de Victoria Prego a José María Aznar en la que el ex presidente reconocía -con indudable inteligencia pese a quien pese- el angustioso calado del problema político de España, poniendo en evidencia la incapacidad de Rajoy para comprender y afrontar la crisis en su realidad global (ver la Newsletter titulada “Aznar, el problema político de España y la incapacidad de Rajoy para afrontarlo”).

La entrevista llevaba a portada un titular puesto en boca del propio Aznar tremendo (“Sufro observando a España”), y se iniciaba con otra afirmación que, a modo de subtítulo, envolvía una demoledora crítica tácita de la miopía con la que Rajoy pretende atajar la metástasis autodestructiva del país, de forma ciertamente estéril: “Es imposible afrontar la crisis económica sin afrontar la crisis política”. Además, el ex presidente deslizaba este amago o conato de postulación: “Estoy siempre al servicio de mi país, pero no para hacer cualquier cosa. No puedo decir si estoy disponible o no”. Estaba claro que la “solución Alberto”, o cualquier otra maniobra para poner a Rajoy en su sitio, ya latían intramuros del PP. 

De hecho, apenas un mes después se volvería a apuntar en esta misma web la estrategia trepadora del actual ministro de Justicia, evidenciada con el tejemaneje que, tras el ‘caso Divar’, suponía poner a un socialista al frente del Consejo General del Poder Judicial y del Tribunal Supremo (“El Gobierno solivianta a la Justicia, soporte vital de la libertad y la democracia”):

(…) Más allá todavía, y según se ha rumoreado en medios informados de la Unión Europea tras los comentarios que el propio Ruiz-Gallardón habría deslizado ante algunos de sus mandatarios más significados, no cabe desechar la idea de que, en un momento crítico dado, aspire a postularse (o a que le postulen) como “el Monti español”; es decir, como un presidente de Gobierno transitorio y de consenso político, sin necesidad de convocar elecciones legislativas anticipadas. Caso en el que su particular relación con el PSOE allanaría el terreno y los pactos parlamentarios necesarios.

De esta forma se entiende también que fuera un candidato del PSOE, Gonzalo Moliner, el que se alzara con la presidencia común del CGPJ y el TS, nombramiento muñido, como hemos dicho, por dos peones de Alfredo Pérez Rubalcaba (Soraya Rodríguez Ramos y Antonio Camacho) y el “segundo” de Alberto Ruiz-Gallardón en el Ministerio de Justicia (Fernando Román)...

Pero, todavía más, ese texto anticipaba a continuación la misma sospecha de conexión entre Ruiz-Gallardón y la publicación de los ‘papeles de Bárcenas’ El País después (ahora) señalada de forma precisa por Raúl del Pozo: “Por otra parte, parece que en el cuartel general del PP (Génova 13) ya se ve con recelo la especial relación de ‘confianza’ que Ruiz-Gallardón mantiene con ‘El País’, y en concreto con algún redactor de lo publicado sobre las ‘fotocopias de Bárcenas’ (dos días antes de dicha explosión informativa se les vio comiendo juntos en un restaurante navarro muy próximo a la sede central del PP, ‘La Manduca de Azagra’, en la calle Sagasta 14), lo que hace pensar que, cuando menos, el ministro de Justicia sabía lo que se estaba cociendo periodísticamente, guardándolo para sí…”.

Claro está, que, como comenta Raúl del Pozo en su implacable seguimiento del ‘caso Bárcenas’, las evidencias que conectan la ‘solución Alberto’ con el reducto de los Aznar-Botella y con el malestar generado en el entorno de Rajoy, están ahí. Y confirman el entendimiento político y personal existente entre la alcaldesa madrileña y el ex alcalde que la apañó el puesto por la puerta de atrás.

Para empezar, no parece casual que el debate sobre la candidatura a la Alcaldía de Madrid, con unas elecciones de fecha fija a celebrar nada menos que en mayo de 2015, se haya abierto de forma tan prematura y desairada para quien, hoy por hoy, preside la Corporación Municipal. Incluso antes de celebrarse los comicios más inmediatos para la renovación del Parlamento Europeo, previstos en mayo de 2014 y de muy difícil digestión para el PP.

Y tampoco puede pasar desapercibida la inmediata defensa de Ana Botella que en ese contexto del ‘puntapié’ ha hecho el ‘felón’ del caso. Con ocasión de la entrega de las Medallas de Madrid en la festividad de San Isidro, y cuando todas las encuestas vaticinan la pérdida de la mayoría electoral absoluta en la ‘Villa y Corte’ (hasta ahora un excepcional almacén de votos del PP), el ex alcalde no dudó en sentenciar: “Tenemos la mejor alcaldesa de Madrid que podríamos tener, que es Ana Botella y, por lo tanto, cuando uno tiene lo mejor, hacer especulaciones no conduce a nada”. Ahí queda eso…

UN PEQUEÑO APUNTE SOBRE UNA AMBICIÓN GRANDE

El idilio político de Ruiz-Gallardón con Ana Botella tiene todas las trazas de ser una expresión más de su personal ambición política. En 2003, recién elegido alcalde de la capital del Reino tras haber presidido la Comunidad de Madrid durante dos legislaturas seguidas (1995 a 2003), y cuando el Aznar entonces presidente del Gobierno anunció que renunciaba a optar a una tercera reelección, aupó a la inexperta concejala Ana Botella a toda una segunda tenencia de alcaldía, cargo de su máxima confianza, tutelando además en directo su maduración política al frente de la Concejalía de Empleo y Servicios Ciudadanos.

En las elecciones municipales de 2007, y también por el atajo ‘digital’, Ana Botella ya pasó a ocupar el número dos en la lista del PP, sin duda con el objeto de desarrollar la misma operación sucesoria que, al perder Rajoy las elecciones generales de marzo de 2008, se tuvo que retrasar hasta el 2011. Se trataba, en definitiva, de sentar a Ana Botella en la Alcaldía de Madrid al socaire de la histórica mayoría municipal del PP y a la sombra de Ruiz-Gallardón, sin tener que medir su capacidad electoral y su registro político enfrentada ‘cuerpo a cuerpo’ con los demás candidatos y sin el riesgo de ser destrozada en la campaña correspondiente.

Un objetivo de sucesión diseñado como un traje a medida, alcanzado por fin el 27 de diciembre de 2011 en paralelo con el salto de Ruiz-Gallardón al Gobierno de Rajoy, que como buena conjura política no tendría que quedar ahí ni romper su continuidad. Porque ¿acaso Ana Botella no podría ser ministra, o incluso vicepresidenta, en un hipotético Gobierno de Ruiz-Gallardón apoyado por el ex presidente Aznar…? Y ¿quién puede dudar de que, con Rajoy descabalgado del poder, el adaptable Ruiz-Gallardón no se va a convertir inmediatamente en el paradigma del “aznarismo”…?

Lo cierto y preocupante es que el dedo de Aznar nominó a Rajoy en 2004 como candidato del PP a la presidencia del Gobierno y que, ahora, como sostiene Raúl del Pozo, parece que el mismo dedo apunta la ‘solución Alberto’. Un desatinado refrán español dice que “un clavo saca otro clavo”; pero lo suyo es sacarlo con tenaza y que el PP no vuelva a tropezar en la misma piedra del candidato nefasto, porque si el actual presidente del Gobierno anda a patadas con la crisis, el ambicioso y despótico ‘felón’ que le está moviendo la silla la convertiría ipso facto en faraónica.

Paréntesis: A remolque de la manifiesta incapacidad de Rajoy para afrontar la crisis en su dimensión real y con la necesaria eficacia, parece que Aznar ha madurado su posible reaparición política, aunque no tengamos claro todavía en qué condición: candidato del PP en las próximas elecciones generales, promotor de la “solución Alberto”, mero azote de Rajoy... Lo evidente es que la meditada y estelar entrevista que concedió a Antena 3 el pasado 21 de mayo, puso en cuestión el liderazgo interno del PP; algo que algunos analistas consideran de gran trascendencia política e, incluso, un ‘golpe de mano’ de bandera propia contra el Gobierno de Rajoy…

RETRATO DESCARNADO DE UN POLÍTICO DE ‘DOBLE VIDA’

Mucho y con no poca mala leche se ha escrito sobre Alberto Ruiz-Gallardón en medios informativos de todo signo político, aunque todavía sean más ácidas las invectivas que ha recibido de conocidos periodistas radiofónicos, afincados incluso en medios ultra conservadores, quizás por eso de que “las palabras se las lleva el viento”, o por lo de “al mal amor, puñaladas”. Por ejemplo, las de Federico Jiménez Losantos reiteradas con insistencia en la Cadena COPE y a propósito de la posición política adoptada por el entonces alcalde de Madrid en relación con el atentado terrorista del 11-M, aunque en ese caso concreto terminaran tipificadas como injurias graves con publicidad en el procedimiento judicial que le interpuso el afectado (se adjunta la sentencia correspondiente para la información más objetiva de los lectores).

Un ejemplo significativo de la valoración periodística que merecía Ruiz-Gallardón en su mejor momento político, tras haber obtenido una segunda mayoría absoluta como alcalde de Madrid, es el artículo publicado por Juan José Millás en El País (26/08/2007) justo con el título “La doble vida de Ruiz-Gallardón”. Siendo su contenido de especial relevancia en el contexto de nuestro análisis, merece la pena leerlo en su integridad:

Si unos extraterrestres de derechas hubieran diseñado un Caballo de Troya para invadir la Tierra, les habría salido Ruiz-Gallardón, pues lo que a cualquiera (excepto a Bush) se le ocurre antes de ocupar un territorio ajeno es estudiar sus costumbres, su historia, su idiosincrasia (qué rayos querrá decir idiosincrasia), así como las debilidades de sus habitantes. De acuerdo con tales estudios, la organización más sólida de este planeta es la Iglesia católica, que cumplidos los 21 siglos de existencia sigue dando la lata como el primer día. ¿Y cuál es su secreto, se habrán preguntado los marcianos? Muy sencillo: predicar cosas distintas y hasta contradictorias según la dirección del viento o las necesidades del estómago. Por eso en unos sitios la Iglesia es partidaria de la pena de muerte, mientras que en otros se escandaliza por la existencia del aborto. Por eso predica la pobreza desde un trono de oro. Por eso es capaz de manifestarse a favor de la libertad al tiempo que da cobertura moral a asesinos declarados como Pinochet, o Franco, o Videla. Cuando los seres humanos ven fuera las contradicciones que llevan dentro, se enamoran. A todos nos gustaría ser de forma simultánea personas de orden y sinvergüenzas recalcitrantes, señores y truhanes, prosistas y poetas, y eso no lo ha logrado nadie con la finura de la Iglesia, que da trabajo a banqueros teologales, a obispos castrenses y a curas comunistas. Cabe de todo en ella, pues lo que no se vende en la primera planta se vende en la segunda, y lo que ni en una ni en otra, en Oportunidades. 

Con este modelo antropológico en la cabeza, los extraterrestres pusieron manos a la obra intentando concentrar en un solo individuo toda la compleja y sutil maquinaria del Vaticano. Necesitaban, pues, que su Caballo de Troya hiciera el bachillerato en los jesuitas (si buscas el término jesuita en un diccionario de sinónimos aparecen las siguientes alternativas: hipócrita, falso, doble, sibilino), y que después estudiara Derecho, que es una carrera de orden, y más tarde hiciera oposiciones a fiscal, ocupación que garantiza un sueldo hasta la muerte. Todo en un tiempo récord, pues a los 23 años Ruiz-Gallardón había tomado ya posesión de su puesto en la Audiencia Provincial de Málaga, donde enseguida (¡deprisa, deprisa!) pediría la excedencia para dedicarse a la política. Su biografía era perfecta desde cualquier cabeza biempensante, extraterrestre o no. Convenía, para completarla, que el joven político militara en las juventudes de AP, que fueron la versión ‘Neandertal’ del PP, al que Aznar retrotraería luego al ‘Australopiteco’. 

Tenemos, pues, a un Ruiz-Gallardón joven, guapo, abogado, fiscal y con profundas raíces familiares en el franquismo (está casado con la hija de un ex ministro del general asesino), virtudes a las que añade un catolicismo practicante y un verbo untuoso, cuyo ADN coincide al 100% con el de los portavoces de la Conferencia Episcopal. Para que el pastel eclesial estuviera completo, sólo faltaba añadirle algunos ingredientes contradictorios, como el de ser demócrata o el de estar a favor del aborto, del divorcio y de los matrimonios entre homosexuales. De este modo, la derecha vergonzante le votaría por parecer de izquierdas, y la izquierda retraída, por parecer de derechas. 

Todo era perfecto. Allá donde el joven fiscal en excedencia iba, triunfaba simultáneamente como hombre profundamente conservador a la vez que radicalmente progresista. Si en un discurso convenía citar a Vallejo o a Azaña, los citaba. Si quedaba bien que le gustara la ópera, le gustaba la ópera. Si vestía tener una consejera de izquierdas, ponía a una consejera de izquierdas al frente de Cultura, que no hace daño a nadie. Uno de los años de sus numerosos mandatos felicitó las pascuas con una cita de Rilke que decía: “El que ha osado volar como los pájaros, una cosa debe aprender: a caer”. 

Todas estas historias daban la imagen de un tipo culto, sentimental, incluso sensiblero, que ganaba elecciones como el que hace rosquillas. Pero junto a este Ruiz-Gallardón que enamoraba a madres e hijas marcianas por igual, aparecía otro terrible: aquel, por ejemplo, que en la noche electoral del 6 de junio de 1993, una vez confirmada la cuarta victoria consecutiva del PSOE en las elecciones generales, se manifestó en rueda de prensa, junto a Javier Arenas Bocanegra, para denunciar, en una maniobra brutalmente desestabilizadora un ‘pucherazo’ electoral. Se cuenta que el propio Rey tuvo que llamar a José María Aznar para que pusiera orden en el seno de sus filas. Quienes tenemos razones históricas para temer a la derecha de la que procede gran parte del PP, no lo olvidaremos jamás. Pero tampoco conviene dejar de lado a aquel otro Gallardón pelota que, con tal de agradar a su jefe, confeccionó una carrera política completamente absurda a Ana Botella, de la que llegaría a decir, para justificar su ignominiosa acción, que era una rebelde. 

Quiere decirse que los extraterrestres se han pasado de rosca. Tal cúmulo de atributos discordantes puede resultar verosímil en una institución, no en una persona física, aunque le hayas fabricado un currículo descomunal. Un día, durante el transcurso de una cena en la que me colocaron cerca de Gallardón, le escuché decir que había que casarse con el Abc y acostarse con El País, lo que resume a la perfección la idea (basada por otra parte en estudios de toda solvencia) que los extraterrestres de derechas tienen de nosotros. 

Pero es que, transcurridos más de cinco años y regresados a la rabiosa actualidad, el incansable captador de los “ruidos de la calle”, Raúl del Pozo, acaba de escribir una crónica titulada “Príncipe o zascandil” (21/05/2013) que sigue situando al personaje en el mismo ejercicio oportunista, siempre al borde de la felonía:

Pocos personajes de las gradas de San Felipe, donde aún puede imaginarse el tinglado y el mentidero de la Corte, han levantado tanta expectación como Gallardón, jesuita y camaleón, el más progre de los conservadores, el eterno delfín de la política española, hasta que llegó al Gobierno Rajoy y empezó a jugar de extremo derecha. Para complacer a esa ala de su partido, que le detestaba, descuidó el centro. Sus alternativas sobre la cadena perpetua, el aborto eugenésico y la justicia gubernamental de pago lo han puesto en la posición teórica de espectro de la derecha-derecha, donde hay líderes y lideresas más fuertes que él.

Alberto ha recuperado el apoyo de las sotanas y ha provocado las protestas de las puñetas. Se ha enfrentado con los jueces del Supremo. Su propuesta de reforma del CGPJ ha sido rechazada por la mayoría de los magistrados, que no quieren oír hablar del vicepresidente fantasma, una especie de comisario de batallón. Los jueces consideran ese vicepresidente como una provocación o una injerencia política, aunque un jurista de reconocido y reforzado prestigio me dice: “Alberto es un incomprendido. Puede haberse equivocado, y eso es raro en él siendo inteligente y fiscal, y puede que haya olvidado que el mundo de las togas es un cachivache que se resiste a los cambios. Tiene gracia que los jueces hablen de comisarios cuando cada asociación de magistrados cuenta con un delegado de partido”. “Gallardón sería un gran personaje de Shakespeare”, ha declarado el actor Peris-Mencheta que interpreta el papel de Marco Antonio, y recita el monólogo que ya es el de Marlon Brando, un excelso discurso sobre la manipulación política. Yo también creo que Gallardón está más cerca de Shakespeare que de Arniches, pero no acierto a encontrar para él máscara o coturno. ¿Es acaso Bruto, que prepara el magnicidio virtual del César? ¿Cayo Marcio Coroliano, el que odia a la chusma inepta? ¿Macbeth, el traidor?, ¿Yago, el malo? ¿Hamlet, el indeciso?, ¿El Príncipe posmoderno o un zascandil, como lo definen en Génova?

Tiene razón el intérprete: cuando ya no nos sirven las frases vacías del protocolo verbal que usan los políticos, hay que recurrir a la originalidad de Shakespeare, capaz de decir algo que calme esas ansias de saber, aunque la originalidad del genio no sea tal. Sin Plutarco no habría Shakespeare. Metió la pluma en “Vidas paralelas”, copió ideas y personajes, mejorándolos. La cultura es una poligamia, aunque los personajes del autor sean de una pieza. En la vida real los seres humanos son más complejos. Gallardón, quizás una síntesis de Marco Antonio y de Bruto, no será nunca un personaje secundario como decidió que lo fuera el director del montaje.

Objeción: En este artículo, yerra la afirmación de que “cada asociación de magistrados cuenta con un delegado de partido”, puesta por Raúl del Pozo en boca de “un jurista de reconocido y reforzado prestigio”: es obvio que al menos dos de ellas, absolutamente independientes, no lo tienen. Como también es obvio que, partidistas o no, todas están enfrentadas al ministro Ruiz-Gallardón…

“CUANDO EL RÍO SUENA, AGUA LLEVA”

Otro refrán español (“Cuando el río suena, agua lleva”), advierte sobre cosas patentes que reclaman atención y no deben ser pasadas por alto, al margen de su posible uso maledicente. Con algo más de sentido filosófico, Luigi Pirandello lo llevó al título de su obra “Así es (si así os parece)”; una aproximación al psicodrama literario que nos anima a considerar seriamente ‘la doble vida de Ruiz-Gallardón’, al estilo de Juan José Millás, o a reconocer al personaje en cuestión como ‘príncipe posmoderno o zascandil’, siguiendo la propuesta de Raúl del Pozo.

Ésta no es una cuestión baladí, porque Ruiz-Gallardón sufre de ambición política mórbida y no cejará hasta alcanzar la Presidencia del Gobierno. Dios nos coja confesados si antes no fenece en el empeño, porque, lejos ya de su antigua imagen de ‘Príncipe Deseado’, hoy se muestra verdaderamente como ‘Rey Felón’ de la derecha española (aunque en la sede central del PP se le conozca, de momento, como El Zascandil).

Muchos y definitivos son los problemas que Ruiz-Gallardón ha cargado sobre sus espaldas en el año y medio consumido de la presente legislatura. Desde la caída progresiva de su valoración social, que ha llegado a límites sin precedentes para un ministro de Justicia, hasta su posible imputación en el ‘caso Urdangarin’ por el pago de 144.000 euros que, bajo su autoridad, hizo la “Fundación Madrid 2016” al duque de Palma por unos trabajos presuntamente ficticios, de los que el juez Castro no encuentra el menor rastro…

Pero lo realmente aterrador de su actitud política es que, si se analizan todas las decisiones ministeriales que ha adoptado y las reformas legales que ha promovido (al margen de las de orden funcional de la Administración de Justicia, que se empeña en perjudicar todavía más), la mayoría de ellas chocan frontalmente con el sagrado muro de la constitucionalidad. Desde el ‘tasazo’, hasta su polémica intención de reformar la vigente Ley Orgánica 2/2010, conocida como ‘ley del aborto’, que despenalizó la interrupción voluntaria del embarazo durante las primeras 14 semanas del mismo.

Y pasando, por poner otro ejemplo de exasperación social, por el indulto de un conductor kamikaze condenado en sentencia firma del Tribunal Supremo a 13 años de prisión por lun delito de homicidio (entre otros), defendido por el despacho de abogados (Uría Menéndez) en el que trabaja un hijo del propio ministro de Justicia, Ruiz-Gallardón, que propuso y obtuvo la medida de gracia…

La realidad es que, tras enhebrar un continuado comportamiento político de corte dictatorial y plagado de decisiones claramente cuestionables en un Estado de Derecho, alimentando un insólito y gravísimo enfrentamiento con jueces y fiscales, hasta el punto de haber provocado una huelga sectorial, el ministro de Justicia no ha dejado de mostrase como un peculiar ministro de INJUSTICIA, agujereando el Poder Judicial, que es el soporte vital de la libertad y la democracia, como si fuera un queso emmental. Y, quizás por eso, el mayor empeño de Ruiz-Gallardón no sea otro que parchear su propia y destructiva obra con la politización a ultranza del Tribunal Constitucional, y tratando de aumentar todavía más las del Consejo General del Poder Judicial y del Tribunal Supremo (la Justice, c’est moi).

En eso, y no en otra cosa, es en lo que está afanado el Excelentísimo Señor Ministro de Injusticia, como el soberbio ‘Caballo de Troya’ que es -caiga donde caiga y caiga quien caiga-, según percibió Juan José Millás con gran finura y anticipación. Lo lleva en la sangre de camaleón impenitente, como asegura Raúl del Pozo, y en el mismo cromosoma partido que tienen todos los asesinos de Montesquieu.

Nada tiene que ver Ruiz-Gallardón con Atila, el poderoso rey de los hunos conocido como ‘el azote de Dios’, aunque llegado el caso podría dejarle en mantillas. Pero no se le puede negar el parecido con Othar, su caballo tarpán, del que dice la leyenda que “por donde pisaba no volvía a crecer la hierba”. Tengamos cuidado, pues, con promover tonterías como la “solución Alberto”, porque el personaje, versión hombre o versión caballo, se las trae.

Tras la fuerte caída en la valoración social de la Monarquía registrada por el Barómetro del CIS (Centro de Investigaciones Sociológicas) de Abril de 2013 (Estudio 2.984), con una nota de 3,68 sobre 10, que además de ser la más baja de todos los tiempos muestra una evolución de crecimiento negativo mayor que la de cualquier otra alta institución pública, una nueva investigación demoscópica acaba de reafirmar esa tendencia de forma en efecto preocupante. Sobre todo porque al Rey, que constitucionalmente ostenta la Jefatura del Estado y el mando supremo de las Fuerzas Armadas, compete arbitrar y moderar el funcionamiento regular de todo el entramado institucional, que como es público y notorio en algunos casos presenta fallos ciertamente deplorables.

Este nuevo jarro de agua fría vertido sobre la conciencia ciudadana, ya bastante angustiada por la crisis económica y el deterioro general de la política, es el que refleja la última oleada del sondeo periódico que realiza Sigma Dos, con publicación concertada en el diario El Mundo (13/05/2013). Uno de sus resultados más llamativos es la marcada regresión que desde enero de 2012 se viene observando en la valoración social del reinado de Don Juan Carlos de Borbón.

Mientras en aquella fecha una gran mayoría de españoles opinaba que el balance de la Monarquía era ‘bueno’ (el 52,5%) y hasta ‘muy bueno’ (el 23,9%), lo que totalizaba un 76,4% de satisfechos, en mayo de 2013 ese mismo porcentaje ha caído sensiblemente hasta situarse en un 46,3% (el 36,6% estiman el balance ‘bueno’ y el 9,7% ‘muy bueno’). Ello comporta que la insatisfacción, distribuida en un balance ‘muy malo’ (el 9,7%), ‘malo’ (el 11,8%) o ‘regular’ (el 31,3%), alcance ahora al 52,8% de la ciudadanía, es decir a la mayoría absoluta de los encuestados.

Por otra parte, una mayoría todavía más significada (el 82,5%) cree que, no obstante, Su Majestad debe intentar recuperar el prestigio perdido por la Monarquía, mientras una minoría del 14,3% cree que no debería hacerlo (es de suponer que no lo considera importante). En cuanto a la creencia de si podría o no alcanzar dicho objetivo, el 31,1% de los encuestados dan una respuesta afirmativa y el 55,5% negativa…

PRISIONEROS DE LA MANIPULACIÓN MEDIÁTICA

Claro está que, como ya advertimos en la Newsletter anterior (“Verdades y mentiras de las encuestas políticas”), y al margen de las reservas que se puedan plantear sobre la materia en términos generales, cada estudio demoscópico con afecciones políticas tiene su intríngulis particular. El de Sigma Dos que comentamos, incluye dos ítems realmente significativos al respecto: la abdicación del rey Juan Carlos y la reforma de la Constitución, que son dos objetivos recurrentes en la línea editorial de El Mundo.

En consecuencia, a la pregunta de si el Monarca debería abdicar para que le sucediera el príncipe Felipe o seguir reinando mientras esté en condiciones, un mayoritario 55% opina que sí debería abdicar y un minoritario 37,3% que no debería abdicar y, por tanto, que debería seguir reinando. Además, la encuesta registra otro apoyo colateral a la misma abdicación con una mayoría de encuestados (el 65,4%) que considera la presencia del príncipe Felipe en los actos de significativo interés para España igual de efectiva que la del rey Juan Carlos.

Y, en esa misma coincidencia también con la posición editorial del periódico, otro mayoritario 72,8% cree que dentro de la política de ‘pactos de Estado’ se debería incluir la reforma de la Constitución, frente a un minoritario 18,6% que no lo cree necesario. Como en el caso anterior, también se registra una mayoría de encuestados (el 71,1%) a los que les parece ‘bien’ o ‘muy bien’ que el Rey propicie pactos, acuerdos y consensos, preguntando a partir de esa opinión sobre el de la reforma constitucional.

Así, se evidencia una sutil correlación entre las ideas que promueve el periódico patrocinador de la encuesta y lo que, según quien la realiza (Sigma Dos), opinan los encuestados. Dicho con mayor claridad, todo indica que el medio informativo desarrolla la línea informativa que tiene por conveniente y después se hace de forma ciertamente afortunada con los sondeos demoscópicos que la respaldan (faltaría más).

Lo que pasa es que, cuando, por ejemplo, se compara esta encuesta de Sigma Dos con los resultados del último Barómetro del CIS (abril de 2013), cuyo diseño ofrece muchas más credibilidad por el tamaño de la muestra (2.500 encuestados frente a 1.000) y por realizar las entrevistas de forma personal, en vez de hacerlo telefónicamente, algo chirría en el aparato de la manipulación mediática. Porque si, después de registrar el CIS un suspenso radical en la valoración social de la Monarquía (un 3,68 sobre 10), sólo el 0,9 de sus encuestados considera que dicha institución es uno de los problemas que hoy por hoy más preocupan en España (frente a la masiva y clara identificación que hacen de otros muchos), lo que se está reflejando es una percepción muy clara de su ‘inutilidad’ (la Corona está reprobada, pero, además, a la sociedad eso le importa poco), contradictoria desde luego con el papel ‘mediador’ que ahora le asigna el estudio de Sigma Dos.

Pero la presión mediática no se conforma con el embrollo de la abdicación del Rey (que tendría muy poca justificación institucional) ni con moverle a procurar un consenso sobre la reforma de la Constitución (más justificado). En ese mismo medio, y en algún otro igual de contumaz, se acompañan con un sinfín de ‘recomendaciones’ de amplio espectro, enfocadas sobre la gestión del ‘caso Nóos’, las relaciones en el entorno familiar del Rey, sus intereses y amistades personales, el nivel de transparencia que debe o no debe asumir la Casa Real, su política de comunicación… Realimentando todo ello la controversia pública desatada sobre la propia Monarquía, lo que a su vez introducirá en el Parlamento cargas de tensión inconvenientes durante la eventual tramitación de cualquier iniciativa legislativa que afecte a la Corona…

HACER DE LA NECESIDAD VIRTUD

Lo que analíticamente parece poco rebatible, es que la Monarquía ha venido perdiendo demasiado pie para promover en tiempo y forma convenientes las reformas y el aggiornamento institucional más indispensables, por no hablar de la desatención prestada a su propio desarrollo constitucional. Una cuestión lamentable que ya se trató recientemente en la Newsletter titulada “Las oportunidades perdidas de la Corona”.

Quizás por ello, y sin profundizar en otros errores, ahora ande la Institución Monárquica en boca de todo el mundo, reconduciéndose a remolque de los acontecimientos, sorteando las minas sembradas por sus detractores (y a veces también por los más torpes y conspicuos defensores de la Corona) y, en suma, prisionera de la manipulación mediática, de la que las aplicaciones demoscópicas no dejan de ser una herramienta más.

Ahora, al rey Juan Carlos, que es el pilar en el que, bien o mal, se sustenta la actual Monarquía parlamentaria (ya veremos su afectación en el plano sucesorio), sólo le queda hacer de la necesidad virtud y convertir su pérdida de popularidad en un punto de arranque para recuperar las oportunidades desperdiciadas en lo que debería haber sido un servicio a España y a los españoles con mayor visión de futuro. Y antes que nada en la salvaguarda de la verdadera democracia, en perfeccionar el sistema de convivencia y en el adecuado funcionamiento de las instituciones del Estado, incluyendo la justicia, los partidos políticos, las autonomías…

Referencia: Otto von Bismarck, el político prusiano artífice de la unidad alemana y acreditado exponente del realismo político del siglo XIX, más partidario de los hechos que de las palabras y del trabajo que de los festejos, dejó escrita una idea de proyección histórica y personal que le honra: “El político piensa en la próxima elección; el estadista en la próxima generación”. ¿Y dónde está el monarca ilustrado y estadista que asegure la España del futuro…? 

Sea como fuere, con tanta torpeza institucional por medio (no sólo analítica y estratégica sino incluso operacional), lo realmente triste del caso es tener que volver a recordar ahora que, en las grandes cuestiones nacionales, los españoles se han mostrado siempre maximalistas antes que posibilistas; es decir, partidarios de las soluciones más extremas en el logro de cualquier fin o aspiración con proyección de Estado.

ABIERTA LA VÍA RADICAL: “O CONMIGO, O CONTRA MÍ”

De hecho, en el debate político, económico y social, el posibilismo se ha llegado a entender incluso como cosa propia de gente timorata, tenida por disolvente y con escasos principios. Dicho de otra forma, la ponderación, ejercida de forma natural, con objetividad y sin complejos, ha sido más propia de una reducida clase social, integrada por muy pocas personas de sobresaliente condición intelectual y humana.

En el otro extremo de las actitudes y comportamientos ciudadanos, el maximalismo, exacerbado desde la revolución francesa (1789), cuando se inicia la edad contemporánea, es el fenómeno que, en gran medida, ha venido realimentando la existencia de ‘las dos Españas’. Una contraposición política y cultural de expresiones infinitas: la España liberal y la absolutista, la del catolicismo y la anticlerical, la monárquica y la republicana, la del ‘bando rojo’ y el ‘bando azul’ en la guerra civil, la de las autonomías y la de la unidad nacional, y hasta la taurina del sol y de la sombra…

Su continuidad histórica es tan acusada que, más allá de su naturaleza enfrentada, conforma un modelo o sistema antropológico de superposición o ‘bipolaridad social’, por el que el pueblo español se muestra, a veces, capaz de aceptar al mismo tiempo cualquier cosa y su contraria, e incapaz de distinguir los límites de la realidad más evidente. El Duelo a garrotazos captado por el genio pictórico de Goya como síntoma nacional, no deja de ser perfectamente compatible con la España más inquisidora y la más ilustrada, o con el grito del “¡Vivan las cadenas!” lanzado en apoyo de Fernando VII por el mismo pueblo al que sojuzgaba, y a quien éste primero identificó como ‘El Deseado’ y, a continuación, como ‘El Felón’.

Paréntesis: “¡Vivan las cadenas!” fue el grito acuñado por los absolutistas españoles partidarios de Fernando VII cuando éste regresó del destierro en 1814, escenificando su recibimiento popular mediante el desenganche de los caballos de su carroza y su sustitución por personas del pueblo para tirar de ella. De esta forma se pretendía justificar la decisión regia de ignorar la Constitución de 1812 y el resto de la obra legislativa de las Cortes de Cádiz.

La realidad es que nuestra cultura democrática se subordina en buena medida a una máxima indiscutible, más asumida por quienes más poder ostentan: “O conmigo, o contra mí”. De esta forma, el ejercicio de la crítica, en cuanto afecte a los poderes fácticos (sean políticos, económicos, militares, eclesiales…) y al establishment en el que todos ellos se acomodan, no ha dejado de ser ciertamente difícil.

ENTRE LA MEZQUINDAD Y LA GRANDEZA POLÍTICA

Hoy por hoy, y salvo muy escasas y honrosas excepciones, los analistas políticos se limitan a defender o combatir los estrictos intereses partidistas, alineados casi siempre con una u otra de las formaciones con posibilidad de acceder al gobierno de la Nación. Un papel reiterado hasta la saciedad y anclado en el “quítate tú para ponerme yo”, a menudo rayano en el sectarismo y cada vez más alejado también, como la propia política, de la realidad social y de los grandes intereses ciudadanos.

Ese es un triste escenario en el que las cuestiones de Estado realmente sustanciales (las garantías constitucionales, la división de poderes, la justicia social, la educación, la unidad nacional, la política exterior, la lucha contra la corrupción…), se reconducen de inmediato al interés más villano y circunstancial sin grandeza política alguna. En él, cualquier debate sobre la perfección del propio modelo de convivencia es tachado de ‘transgresor’, o cuando menos de ‘políticamente incorrecto’ y condenado a la censura más implacable.

No se puede negar que hubo tiempos próximos en los que el contenido crítico y los recursos dialécticos llenaban la vida pública, hasta el punto de que el rencor o la soberbia arruinaban a menudo la perspectiva política. Ahí están la historia del parlamentarismo anterior a la guerra civil, algunas voces admonitorias alzadas incluso intramuros de la dictadura franquista y hasta el debate periodístico propio de la Transición Española, durísimo precisamente con quienes más hacían entonces por afianzar la democracia.

Pero hoy la situación es bien distinta. Y sonroja comparar, por ejemplo, las duras crónicas políticas y las aguerridas columnas de opinión publicadas durante la presidencia de Adolfo Suárez, cuando la sociedad española en su conjunto procuraba un mejor modelo de convivencia para todos, con el cotidiano periodístico de hoy en día.

¿Qué queda en la prensa actual, por ejemplo, de la tercera página del diario Pueblo dirigido por Emilio Romero y de sus propios ‘Gallos’, redactados a modo de explosiva opinión editorial…? ¿Quién ha heredado el espíritu liberal-combativo que caracterizó al demolido periódico Madrid…? ¿Cómo olvidar la razón política y humanista promovida por Ruiz-Giménez en sus Cuadernos para el Diálogo…? ¿Dónde podríamos recuperar hoy por hoy los fundamentos reformistas perdidos de El País o del Grupo 16…? ¿Acaso alguien ha vuelto a lanzar dardos tan envenenados contra el poder y sus personalidades más significadas como los que a menudo lanzaba la ‘Prensa del Movimiento’ en pleno régimen franquista…?

En el nuevo contexto de conformismo político, sostenido sobre todo por el adocenamiento y el pasotismo informativo, instalado en la subvención y en el favor económico generalizado, la sociedad civil soporta una peligrosa degradación intelectual más allá de la pérdida de sus principios éticos y referentes de convivencia democrática. Una oscura senda que lleva de forma acelerada al progresivo ocaso ciudadano, contaminado por la falta de principios y valores éticos, la corrupción a gran escala y el ahogamiento de las voces críticas, cuya reconducción sólo será posible mediante una revisión global del sistema de interacción social.

Si la ciudadanía diese por bueno el pancismo institucional que caracteriza la política del momento, se sometiese gustosa a la ya insoportable ‘dictadura partitocrática’ que lo realimenta de forma vergonzosa y aceptase sin más sus mecanismos de manipulación social, quizás no merecería la pena plantear siquiera las razones de la crítica, el valor de la intelectualidad o la esencia de nuestra propia libertad. Pero sucede que hay grupos de personas, sin duda prevalentes en la condición humana, que no se acomodan, ni tienen por qué hacerlo, al dominio de las oligarquías políticas y de los denominados ‘poderes fácticos’, posición a contrario sensu que deberíamos reconocer y valorar debidamente…

Este tipo de actitudes sociales, que en el caso que nos ocupa se referirían a la aceptación o rechazo de la actual Monarquía parlamentaria (quiérase o no heredada del franquismo), es el que, lejos del maximalismo con el que se suele impregnar el debate nacional, nos lleva a encabezar esta Newsletter precisamente con el título “Monarquía sí, Monarquía no”, en clave de futuro y sin inclinaciones argumentales apriorísticas.

Antes que reavivar el viejo enfrentamiento entre Monarquía y República, lo que a todos debería preocuparnos en estos momentos, incluida la Corona, es revisar una herencia política impuesta generacionalmente (en algunos aspectos sin duda cuestionable y también cuestionada), en consonancia con la ortodoxia constitucional, la dinámica del desarrollo social y los principios del entendimiento democrático. Y contemplando no pocas críticas políticas y todas las vías de manipulación que subyacen en el texto constitucional, alcanzando en algunos aspectos a la propia Institución Monárquica y a la actual organización del Estado.

El reto inmediato de la clase política de cara al futuro más inmediato, no es otro que afrontar una reforma constitucional profunda, desarrollando el Título II de la Carta Magna con la necesaria ‘Ley de la Corona’, refundando de forma razonada y razonable el Estado de las Autonomías, reconduciendo los poderes legislativo, judicial y ejecutivo en el sentido de independencia y contrapeso que les dieron los padres de la Ilustración y reformando el sistema electoral y de partidos políticos para devolver a la ciudadanía la auténtica impronta de la democracia.

Claro está que eso significa subordinar la mezquindad a la grandeza política y que quienes titulan la Corona, el Gobierno y la Oposición se muestren como auténticos estadistas. Algunos reyes españoles lo fueron y ahora, en otros tiempos, con otros medios y de otra forma, Don Juan Carlos de Borbón haría bien en seguir sus pasos y hasta dejar la vida en el empeño si fuera menester, porque de otra forma, quiérase o no seguiremos en lo de ‘Monarquía sí, Monarquía no’, ‘Monarquía versus República’ y cosas mucho más ácidas. El Rey no gobierna, pero reina, y eso tiene un recorrido que, como todo en la vida, se puede andar hacia el infierno o hacia la gloria; y en eso estamos.

LECCIONES EJEMPLARES EN LA FORJA HISTÓRICA DE ESPAÑA

Quizás, un buen colofón a estos comentarios sobre el presente y el futuro de la Monarquía (incluido el lastre que para la Corona supone la implicación de la Familia Real en el ‘caso Nóos’), y sobre el papel que ha desempeñado y debe seguir desempeñando el rey Juan Carlos en la historia de España, sería el de recordar el gesto de honor y sacrificio que en 1294 protagonizó don Alonso Pérez de Guzmán en el sitio de Tarifa.

Siendo alcaide de la plaza, que hubo de defender frente al asedio al que la sometió el sultán benimerín Ibn Ya’qub, conjurado con el infante Juan, que había traicionado a su hermano (el rey Sancho IV), fue amenazado con ver degollado a su propio hijo -rehén de los sitiadores- a pie de la muralla tarifeña, si no la rendía antes de la llegada de la flota aragonesa que terminaría rompiendo el cerco. Dicen los textos más legendarios que entonces, además de no rendirse, lanzó a sus enemigos su propio puñal para que cumplieran la vil amenaza, heroicidad que le valió el sobrenombre de ‘El Bueno’.

La discusión acerca del carácter moral de la opción tomada por el defensor de Tarifa y fiel servidor de su rey, antes que por el padre desesperado, no tiene sentido siete siglos después. Pero este episodio documental muestra, en cualquier caso, la lealtad y la ejemplaridad de Guzmán ‘El Bueno’ como modelo de guerrero castellano del siglo XIII y forjador de la España que hoy conocemos.

Junto al suceso de Tarifa, otros muchos acontecimientos marcan la estela de la épica nacional, a la que el rey Juan Carlos en modo alguno debería sentirse ajeno. Sobre todo en un país en el que las ‘gestas’ y los ‘gestos’ siempre han cotizado al alza.

Dando en el tiempo nada menos que un salto de siete siglos, sin ánimo de reabrir heridas fratricidas ni complejos ante la realidad histórica, cabe citar igualmente, le duela a quien le duela, el ejemplo de sacrificio responsable del coronel José Moscardó durante el asedio que sufrió el Alcázar de Toledo en la guerra civil. Allí, él también supo anteponer la grandeza moral como defensor de una posición militar a punto del exterminio a su condición de padre conminado a rendirla bajo la amenaza de fusilar a uno de sus hijos…

Habrá, sin duda, otros muchos ejemplos para ilustrar la entrega y la rectitud personal necesarias ante situaciones límite en las que se confrontan sentimientos e intereses cruciales, pero los dos citados muestran perfectamente las exigencias que en ocasiones impone la historia. Como titular de la Corona, es decir como Rey y Jefe del Estado, Su Majestad sabrá, ahora, hasta dónde debe amparar o no, a la infanta Cristina y su consorte, porque eso va a marcar también el futuro de la Monarquía.

ÚLTIMAS APOSTILLAS CRÍTICAS SOBRE LA CORONA

Finalmente, frente a la evidente y desproporcionada campaña desatada en las últimas semanas por el aparato de ‘comunicación y propaganda’ oficial para que la Corona recupere la imagen social perdida en los últimos tiempos (así funciona el Gobierno y esas son sus prioridades), y en buena medida alentadas por ella, también comienzan a crecer los análisis críticos -y cada vez más combativos- de columnistas que hasta ahora no habían mostrado mayor agresividad al respecto.

Dos de ellos, Antonio Elorza y Manuel Molares, han enfilado sus últimas crónicas con buenas formas pero con argumentos de grueso calibre contra la Institución Monárquica, justamente al hilo del mosqueo social que están levantan algunos de sus privilegios y comportamientos más reprobables. A nuestro juicio de forma acertada, razón por la que merecen ser destacados.

Antonio Elorza, historiador, ensayista y catedrático de Ciencias Políticas, firma un significativo artículo de opinión en El País (18/05/2013), titulado “Al margen de la ley”, afirmando que, con el auto dictado por la Audiencia de Palma para levantar la imputación de la infanta Cristina en el ‘caso Nóos’, la sombra del privilegio planea sobre España:

Son tiempos de crisis, y no solo económica, sino también de la democracia y del Estado de derecho. Uno de los rasgos más claros en este último orden de cosas es el regreso del privilegio, esto es, la tendencia a constituir en beneficio propio, desde posiciones de poder, un ámbito propio de decisión o normativo, donde se incumple la legalidad vigente. En su “Ensayo sobre los privilegios”, lo definió el abate Sieyès: “Todos los privilegios tienen por objeto, bien dispensar de la ley, bien conferir un derecho exclusivo a algo que no está prohibido por la ley; la esencia del privilegio es estar fuera del derecho común”. Y como en la Europa actual esta recreación del privilegio carece de toda legitimidad, toca a legistas ad hoc calificar torticeramente aquellas situaciones para las cuales, si no en la forma, en el fondo, convenga que la condición privilegiada sea reconocida.

El caso más exacerbado de esta orientación es, en nuestro entorno y sin la menor duda, el del expresidente italiano Berlusconi. Con millones de euros gastados en abogados defensores, y con el uso desatentado de sus televisiones y periódicos, al encontrarse ante el riesgo de condenas en serie, ha decidido pasar por su cuenta a la ofensiva, procesando y condenando a la magistratura. Toda su actuación presionando al Gobierno Letta responde a este fin. El privilegio de su impunidad debe ser la ley. La última escena de “Il caimano” (2006), de Nanni Moretti, resultó profética: el ‘cavaliere’ está dispuesto a asaltar —ya lo ensayaron sus diputados y senadores en Milán— y a incendiar el Palacio de Justicia si la ley le es aplicada.

Sin llegar ni de lejos a tal exceso, y con mucha mayor discreción, la sombra del privilegio planea también sobre otros países europeos, concretamente sobre el nuestro. Basta mencionar el auto de la Audiencia de Palma sobre doña Cristina de Borbón y las reacciones de relevantes autoridades ante el mismo. El fiscal general del Estado “se alegra”, y un ministro estalla de gozo al subrayar que la persona liberada de la imputación “¡es una infanta de España!”. Nada tiene de extrañar el efecto bumerán suscitado, con efectos inevitables sobre el decaído prestigio de la Corona: un 80% de españoles la estiman ya culpable. Los dos magistrados que deciden contra la imputación se mueven en aquel registro, al poner implícitamente de relieve que no están enjuiciando a un ciudadano como cualquier otro —incluido el juez instructor, cuyo trabajo ven aquejado de “debilidad, inconsistencia”—, sino a “la infanta Cristina”, o simplemente “la Infanta”. Actitud reverencial que puede traducirse en una voluntad exculpatoria. De un lado, como subraya el juez Jiménez en su voto particular, al plantear el tema exagerando el significado de la eventual declaración, que “no es la determinación de los hechos que se le imputan”; de otro, al fragmentar el análisis de las posibles pruebas. Por eso pueden concluir que “no hay indicios vehementes” para la imputación. El juez Jiménez se refiere siempre a “doña Cristina de Borbón”: ciudadanía frente a residuos del privilegio (…).

Por su parte, Manuel Molares ha colgado en su Blog, justo al cierre de esta Newsletter, una de sus revulsivas ‘crónicas bárbaras’, titulada “Rey sin fuero”, señalando en ella la conveniencia de que el Monarca renuncie a la ‘inviolabilidad’ de que goza su egregia persona, reconduciendo así de forma ejemplar la abusiva e insólita situación del aforamiento político de nuestro sistema democrático:

En España hay diez mil personas aforadas, a las que si cometen delitos no se les juzga bajo los procedimientos ordinarios, sino que gozan de unos privilegios inexistentes en las grandes democracias.

Los gobiernos españoles tienen además otra prerrogativa pre democrática, la de indultar a quienes han sido condenados.

Hay un aforamiento superior, el del Rey, quien, si tras renunciar al yate ‘Fortuna’ anuncia que rechazará a su aforamiento en la primera reforma constitucional posible, se unirá a la mayoría de los jefes de Estado sin ese fuero: la renuncia sería ejemplar para imponérsela a esa casta de diez mil santones fácilmente corruptibles.

El Artículo 56,3 de la Constitución dice que “La persona del Rey es inviolable y no está sujeta a responsabilidad”, aunque sus actos no serán válidos si no están refrendados por el Gobierno.

Prescindir del aforamiento real es poco complejo, no más que la última “enmienda” constitucional, que incluyó la demanda de la UE de controlar el endeudamiento.

UPyD acaba de presentar una proposición no de ley para reducir al mínimo los beneficiarios de “ese privilegio arcaico”, incompatible con los principios que deben regir los “Estados contemporáneos y democráticos”.

“Lejos de restringirse esta protección, ha sufrido una extraordinaria expansión sin precedentes al calor del desarrollo del Estado de las Autonomías y de la colonización de los partidos políticos de todas las instituciones del Estado, comenzando por la Justicia”.

En el proyecto de ley de Transparencia, que lleva casi un año vagueando, no aparece mención alguna a la desaparición de los fueros que dividen a los españoles entre los de la casta política, y nosotros, los descastados.

“Del Rey abajo, ninguno”, titulaba Rojas Zorrilla su drama sobe el único aforamiento por honor que debería existir, pero en el siglo XIV.

Quizás, el incisivo apunte de Manuel Molares venga al pelo para recordar incluso el manifiesto de las Cortes Constituyentes de 1931, fechado el 26 de noviembre pero cuyo efecto legal sería derogado por el general Franco en plena guerra civil, el 15 de diciembre de 1938, por el que Alfonso XIII era declarado “culpable de alta traición” tras abandonar España al proclamarse la II República. Éste es su texto literal:

A todos los que la presente vieren y entendieren, sabed: Que las Cortes Constituyentes, en funciones de Soberanía Nacional, han aprobado el acta acusatoria contra don Alfonso de Borbón y Habsburgo-Lorena, dictando lo siguiente:

«Las Cortes Constituyentes declaran culpable de alta traición, como fórmula jurídica que resume todos los delitos del acta acusatoria, al que fue rey de España, quien, ejercitando los poderes de su magistratura contra la Constitución del Estado, ha cometido la más criminal violación del orden jurídico del país, y, en su consecuencia, el Tribunal soberano de la nación declara solemnemente fuera de la ley a don Alfonso de Borbón y Habsburgo-Lorena. Privado de la paz jurídica, cualquier ciudadano español podrá aprehender su persona si penetrase en territorio nacional.

Don Alfonso de Borbón será degradado de todas sus dignidades, derechos y títulos, que no podrá ostentar ni dentro ni fuera de España, de los cuales el pueblo español, por boca de sus representantes elegidos para votar las nuevas normas del Estado español, le declara decaído, sin que se pueda reivindicarlos jamás ni para él ni para sus sucesores.

De todos los bienes, derechos y acciones de su propiedad que se encuentren en territorio nacional se incautará, en su beneficio, el Estado, que dispondrá del uso conveniente que deba darles.

Esta sentencia, que aprueban las Cortes soberanas Constituyentes, después de publicada por el Gobierno de la República, será impresa y fijada en todos los ayuntamientos de España, y comunicada a los representantes diplomáticos de todos los países, así como a la Sociedad de Naciones».

En ejecución de esta sentencia, el Gobierno dictará las órdenes conducentes a su más exacto cumplimiento, al que coadyuvarán todos los ciudadanos, tribunales y autoridades

Escrito está. Y lo que toca esencialmente en estos momentos, en los que se ha levantado el tabú de reprobar a la Corona, es que tanto el Rey como el Príncipe Heredero decidan si desean titular una Monarquía de súbditos (sumisos al privilegio regio) o de ciudadanos (súbditos del Estado), y lo pongan en negro sobre blanco antes de que sea demasiado tarde. De momento, vienen de donde vienen (de la renuncia de Alfonso XIII, la imposición de Franco y la voluntad del pueblo español al aprobar la Constitución de 1978) y siguen en donde estaban… con todas sus consecuencias.

Vaya por delante que en esta Newsletter no se pretende cuestionar en modo alguno la ciencia estadística, ni tampoco las técnicas de investigación demoscópica, aunque desarrolladas con el adecuado rigor profesional no dejan de ser un instrumento más de lo que se ha venido en definir como el “arte de la decisión en presencia de incertidumbre”.

Al presentar Ernst F. Schumacher el campo específico de la estadística en su libro de 1973 “Lo pequeño es hermoso” (Small is beautiful), considerado uno de los más influyentes publicados desde la Segunda Guerra Mundial, convino en hacerlo de esta ingeniosa y también interesada forma:

“Cuando Dios creó el mundo y la gente -una empresa que, de acuerdo a la ciencia moderna, tomó un largo tiempo- razonó así: “Si hago todo anticipable, los seres humanos, a quienes he dotado de buenos cerebros, aprenderán a predecir todo y no tendrán motivos para trabajar, pues se darán cuenta que el futuro está totalmente predeterminado y que no puede ser influido por acciones humanas. Por el contrario, si hago todo impredecible, descubrirán gradualmente que no hay bases racionales para las decisiones y, como en el primer caso, no tendrán motivos para trabajar. Ninguno de los dos esquemas tiene sentido. Debo crear una mezcla de ambos. Sean algunas cosas predecibles y otras impredecibles. Ellos tendrán así, entre otras muchas cosas, la tarea de descubrir cuál es cuál”.

Así, Schumacher (prestigioso economista de gran influencia en la década de los setenta), vino a decir metafóricamente que la estadística nos permite explicar las condiciones regulares en los fenómenos de tipo aleatorio, que, en efecto, componen buena parte de nuestro mundo.

Sin necesidad de profundizar en la formalidad estadística, bien referida a su rama ‘descriptiva’ o a la ‘inferencial’ (y menos aún a la ‘matemática’), y yendo directamente a la cuestión que nos interesa, sí que conviene señalar que uno de sus usos más conocidos (aunque no sea el más importante) se observa en la realización de encuestas sobre actitudes y opiniones políticas. Aplicación que pretenden determinar la realidad afecta a toda una población o grupo social, mediante entrevistas realizadas a una muestra reducida y representativa del universo correspondiente.

LA MANIPULACIÓN DEMOSCÓPICA EN EL ÁMBITO DE LA POLÍTICA

Nadie ha cuestionado seriamente la labor de los institutos que se dedican a la investigación mercadológica, hoy imprescindible en la planificación del marketing empresarial en todas sus aplicaciones, entre otras cosas porque su inapropiado desarrollo quedaría en contradicción con la realidad del mercado y por tanto desprestigiado rápidamente a nivel clientelar. Sin embargo, cuando la investigación tiene proyección política y su patrocinador (el pagador de la factura de forma directa o indirecta) es un ente vinculado a intereses de partidos políticos, con independencia de cómo se termine utilizando su resultado (en general para crear estados de opinión pública a través de los medios de comunicación social), la cosa cambia de forma radical, hasta llegar a convertirse en un instrumento más de alienación social.

Para empezar, el propio sector dedicado a la realización de estas encuestas políticas tiene perfectamente asumida la permisividad de manipular su diseño y resultados ‘a medida del cliente’, en un claro ejercicio de mala praxis profesional, porque viene impuesta por quien encarga el trabajo; hasta el punto de dar por descontado que en esos casos se suelen preparar dos informes del mismo: uno de uso interno, con los resultados reales obtenidos, y otro con los ‘maquillados’ para su difusión pública. Y eso en el mejor de los supuestos, porque en el peor se puede llegar a tratar simple y llanamente de una encuesta falsa.

Este ejercicio de manipulación demoscópica es de tal calibre que ya es fácil detectar empresas de asesoramiento político con departamentos dedicados sólo a realizar encuestas falsas y a la ‘invención’ de estados de opinión; de hecho. Claro está que, como sucede en otros ámbitos de la corrupción política bien conocidos, el fenómeno es posible sólo porque detrás de cada corrupto siempre hay un corruptor.

DIME QUÉ Y CÓMO PREGUNTAS Y TE DIRÉ QUIEN ERES

La cuestión es que toda mentira necesita una cierta pátina de veracidad para que sea creíble, por lo que no es inusual, ni mucho menos, que las encuestas políticas incluyan partes solventes que enmascaren o disimulen las insolventes. Hasta el punto de que, a menudo, en ellas se preguntan cosas que a la mayoría de los ciudadanos les traen sin cuidado (cuestiones intrascendentes que entonces se suelen tratar sin trampa ni cartón), mientras que en la misma encuesta se deja de preguntar lo que pueden considerar realmente sustancial o trascendente o, si se pregunta, las respuestas duermen el sueño de los justos guardadas en la caja fuerte del cliente.

Y ahí, en lo que se pregunta y lo que se deja de preguntar, es decir en la efectividad real del proceso de intercomunicación entre los gobernados y gobernantes, está la primera gran manipulación de las encuestas políticas. Un ejemplo bien palpable de esta primera triquiñuela con el manejo del cuestionario se tiene, no ya en las encuestas ‘privadas’, sino en las ‘públicas’ que realiza el Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS), dependiente del Ministerio de la Presidencia.

Por ejemplo, cuando en octubre de 2011 las encuestas del CIS evidenciaron que el desprestigio de la Corona iba en serio (entonces obtuvo el primer suspenso), en su Barómetro se excluyó a la Monarquía del ítem de valoración pública de las instituciones hasta que la trampa trascendió en sí misma como patética y socialmente mucho más perjudicial que la propia calificación. Ahora, en el Barómetro de Abril de 2013 (Estudio 2.984), los españoles le dan la nota más baja de su historia: un 3,68 sobre 10 (más de un punto por debajo de su anterior suspenso obtenido hace un año y medio, con la mayor caída de imagen registrada por cualquier institución del Estado en ese mismo periodo), lo que valida el argumento de la manipulación de las encuestas ‘por omisión’, en base a lo que no se pregunta (o se oculta) en ellas. 

El nuevo suspenso coloca a la Monarquía por detrás de la Guardia Civil, la Policía y las Fuerzas Armadas, que son las tres únicas instituciones que aprueban. Y por detrás incluso de los Medios de Comunicación (que ya es decir) y el Defensor del Pueblo, que suspenden pero con notas superiores, un 4,79 y un 3,94 respectivamente, lo que no deja de ser significativo si consideramos que el Rey también es el Jefe del Estado, con la competencia constitucional nada menos que de arbitrar y moderar el funcionamiento regular del conjunto de las instituciones públicas.

Los tiempos en que la Monarquía era la institución mejor valorada quedan ya muy lejos, y esa preocupante realidad es la que ha querido manipular el CIS ‘omitiendo’ durante demasiado tiempo las preguntas precisas para medir esa evolución. En diciembre de 1995, los españoles le asignaban un notable (7,48), a mucha distancia de la segunda institución que entonces más confianza inspiraba (el Defensor del Pueblo), nota que en febrero de 1998 bajó a un 6,72 y en 2006 a un 5,19, alcanzando como hemos dicho su primer suspenso en octubre de 2011. Cuestión grave que no volvió a tener ningún otro contraste en la demoscopia pública, porque así lo quiso el Gobierno, hasta que la protesta política obligó a preguntar de nuevo sobre la Monarquía, permitiendo conocer su recaída en valoración de confianza en abril de 2013.

Pero, siguiendo con este mismo ejemplo (de manipulación de las encuestas en base a qué y cómo preguntar), imagínense los lectores que habrían podido contestar los encuestados por el CIS, inmersos en el maremágnum de la crisis y en el actual clima de corrupción política, a la pregunta de si el Rey ha cumplido o no sus funciones concretas como árbitro y moderador del funcionamiento regular de las instituciones (una función in vigilando del sistema democrático). O si se les hubiera preguntado directamente sobre la utilidad o inutilidad de la Monarquía…, dado que gracias a otras encuestas ya sabemos que la mayoría de los españoles consideran, por ejemplo, que el Senado es una institución manifiestamente inútil.

Sobre la manipulación particular del cómo se pregunta (y también del para qué se pregunta), habría que explicar por qué extraña razón cuando ya se ha obtenido una respuesta concreta sobre algo muy concreto, se repregunta más o menos lo mismo, pero de otra forma, para después cocinar las conclusiones que convengan en vez de dejar las cosas tal y como han sido naturalmente contestadas. Porque, como se suele hacer en las encuestas no políticas, las preguntas del cuestionario deben ser elegidas y redactadas cuidadosamente de modo que apunten al objetivo cierto de la investigación, sean comprendidas de forma adecuada por el encuestado y carezcan de elementos distractores que sesguen la respuesta que se va a obtener o permitan su interpretación subjetiva.

Otro aspecto de las encuestas políticas, sustancial en relación con las grandes cuestiones de Estado, es la manipulación ‘a pregunta cerrada’ y sin opción alternativa. El ejemplo más significativo lo tenemos precisamente en el “Referéndum para la aprobación del Proyecto de Constitución”, que fue la primera gran manipulación demoscópica de la Transición, en el que la pregunta impuesta por el Gobierno (“¿Aprueba el Proyecto de Constitución?”) se hizo sin que la ciudadanía pudiera fijar previamente su posición sobre un modelo monárquico o republicano; es decir, poco menos que forzando su opción entre el sí o la nada. Se celebró el 6 de diciembre de 1978 y, quizás debido a ese planteamiento manipulador, y a pesar de su gran importancia y del enorme apoyo propagandista que tuvo, sólo fue aprobado por el 58,97 por 100 del censo electoral.

EL CAMELO CONCLUSIVO DE LA “ESTIMACIÓN DE VOTO”…

Aquí volvemos al Barómetro del CIS de Abril de 2013, en el que, como es habitual, primero se recaba con toda e incuestionable claridad: “Suponiendo que mañana se celebrasen elecciones generales, es decir, al Parlamento español, ¿a qué partido votaría Ud.?” (Pregunta 19). Y, a continuación, se le buscan cinco patas al banco con otra pregunta ciertamente extraña, porque no parece razonable que nadie signifique su antipatía o su lejanía ideológica por la formación a la que ya ha decidido dar su voto: “En todo caso, ¿por cuál de los siguientes partidos siente Ud. más simpatía o cuál considera más cercano a sus propias ideas?” (Pregunta 20). 

Pues bien, centrándonos para simplificar la cuestión sólo en lo que afecta a PP y PSOE, la respuesta ‘espontánea’ a la primera de estas dos preguntas es clara: un 12,5% de los encuestados votarían al PP y un superior 13,7% al PSOE. Y, a continuación, la respuesta a la segunda es igual de resolutiva: un 15,8% de los encuestados se muestra más próximo al PP y un superior 20,3% más próximo al PSOE.

Respuestas más o menos igual de coherentes, incluso, en cuanto a la posición de uno y otro partido en la acumulación que hace el CIS de lo que denomina “voto+simpatía” (Preguntas 19 y 20), que otorga un 16,6 al PP y un 20,1 al PSOE. Y aunque este ejercicio sumatorio sea escasamente comprensible por los no iniciados.

Ahora bien, lo curioso y desde luego desconcertante para el lector profano, es que sin realizar más preguntas al respecto, el CIS (como también hacen otros institutos de investigación en otras encuestas políticas) concluya en un anexo que, partiendo del ‘voto directo’ reflejado en la encuesta de marras (un 12,5 para el PP y un 13,7 para el PSOE), su ‘estimación de voto’ (sobre voto válido) sea nada menos que de un 34,0 para el PP y sólo del 28,2 para el PSOE. Es decir, que de repente, y poco menos que por arte de birlibirloque, nos presentan el mundo al revés y se quedan tan panchos, sin que además nadie pida una explicación técnica coherente del fenómeno.

La clave de tanto atrevimiento profesional (no queremos hablar de desvergüenza) está en una nota del CIS adjunta al “Anexo de Estimación de Voto” de la encuesta, con la siguiente explicación, que sin duda se las trae: “Dado que los datos de los indicadores ‘intención de voto’ e ‘intención de voto+simpatía’ son datos directos de opinión y no suponen ni proporcionan por sí mismos ninguna proyección de hipotéticos resultados electorales, en este anexo se recogen los resultados de aplicar un modelo de estimación a los datos directos de opinión proporcionados por la encuesta. Procedimiento que conlleva la ponderación de los datos por recuerdo de voto imputado y aplicación de modelos que relacionan la intención de voto con otras variables. Obviamente, la aplicación a los mismos datos de otros modelos podría dar lugar a estimaciones diferentes”. 

Y decimos que la nota en cuestión se las trae, porque ¿para qué se quiere un anexo conclusivo sobre “estimación de voto” que suplanta la respuesta directa de los encuestados…? Y, más llamativo todavía, ¿cuál es el “modelo de estimación” concreto -y oculto- que se ha aplicado a los datos directos de opinión proporcionados por la encuesta…?

Si, como reconoce el CIS en su nota de conciliación, la aplicación de otros modelos daría lugar a estimaciones de voto diferentes, ¿por qué no se presentan también esas otras estimaciones realizadas con esos otros modelos posibles…? En realidad, lo que se ampara con este lenguaje vacuo y poco convincente, es la libertad para ‘maquillar’ la encuesta a voluntad o interés de parte en el aspecto concreto de la intención de voto, que es la reflejada en la respuesta, fácil y espontánea, a una pregunta directa e inequívoca ya citada: “Suponiendo que mañana se celebrasen elecciones generales, es decir, al Parlamento español, ¿a qué partido votaría Ud.?”.

Es decir, que la ventaja electoral, o al menos la única medible en estos momentos y con todos los peros que se le quiera poner, es la de un 13,7% de voto directo para el PSOE frente a un 12,5% del PP. Y punto pelota.

Una respuesta demoscópica que, por otra parte, se muestra coherente con otros resultados de la encuesta ciertamente capitales, como la mala valoración que recibe el Gobierno en su conjunto y la particular de su presidente, Mariano Rajoy. Porque ¿acaso es posible que si el 68,5% de los encuestados califican la gestión que está haciendo el Gobierno del PP de “mala o muy mala” y otro 23,4% de “regular” (en total un 91,9%), le vuelvan a votar un 34% de los mismos electores, como reflejan las ‘estimaciones’ del CIS…? ¿O es que puede esperarse de forma razonable ese mismo 34% de votos favorables a Rajoy en un supuesto de elecciones generales cuando al 85,6 de los encuestados les inspira personalmente “poca o ninguna” confianza…?

Porque, por muy tonta que parezca la gente, no es fácil que pudiendo elegir otras opciones de voto, e incluso pudiendo abstenerse en la votación, los electores decidan apoyar de nuevo a quien ya ha perdido su confianza o a quien se ha mostrado evidentemente incapaz de cumplir sus promesas electorales, o a quien llanamente las ha traicionado.

Además, siendo cierto que el actual líder del PSOE, Alfredo Pérez Rubalcaba, también queda muy mal valorado en la misma encuesta del CIS, no lo es menos que en ella no se pregunta sobre la Oposición en sí misma (sólo se pide opinión sobre quien la dirige actualmente), con lo que su eventual sustitución al frente del partido por otro candidato más razonable vendría sin duda a facilitar la recuperación electoral del partido.

Del mismo modo, es igualmente destacable la continuada tendencia del PP al hundimiento electoral, frente a la práctica sostenibilidad de la posición del PSOE que parece haber tocado fondo en torno a una estimación del 28% en intención de voto. Partiendo del diferencial de 15,9 puntos establecido a favor del PP en las pasadas elecciones del 11-N, hoy esa misma brecha se ha reducido a 5,8 puntos…

…Y LA MANIPULACIÓN MEDIÁTICA DE LAS ENCUESTAS POLÍTICAS

Ya hemos advertido que la manipulación de las encuestas políticas tiene como objeto principal el crear estados de opinión pública interesados, y por supuesto falsos, para tratar de captar electoralmente a los indecisos. Cuestión que, partiendo de la falsedad demoscópica, total o parcial, tiene un segundo desarrollo a nivel mediático.

Así, los resultados de una encuesta, sean los que sean y al margen de su propio maquillaje, soportan de forma ineludible un tratamiento y exposición mediática si cabe más impresentable. Vean, sino, cómo la mera ‘estimación de voto’ del CIS en el Barómetro de abril se termina interpretando en la prensa de Madrid, por limitar el alcance de tal despropósito, como una ‘cuantificación definitiva’, pero, además, de dos formas muy distintas.

Por un lado, El País presentaba el tema con el título “PP y PSOE siguen en caída electoral en provecho de IU y UPyD” (con una acertada advertencia de que “los socialistas ganan a los populares en intención directa de voto”), y con El Mundo titulando más o menos en la misma línea: “El descalabro electoral de PP y PSOE avanza” (además destacaba que “Los populares perderían hoy 2,5 millones de votos y los socialistas vuelven a bajar”). Dos posiciones que, al margen de nuestros comentarios críticos sobre la ‘estimación de voto’ realizada por el CIS, se pueden considerar más o menos coherentes con el contenido de la encuesta.

Y, por otro, el diario ABC titulaba otra realidad distinta y en buena medida contrapuesta a la interpretada por los otros dos periódicos citados: “El voto del PSOE se desploma y el PP ralentiza su desgaste pese a los recortes” (la realidad es que el ‘desplome’ del PSOE se limita a 0,5 puntos sobre sus resultados del 11-N). Mientras que el titular llevado a portada por La Razón sobre la misma encuesta era todavía mucho más imaginativo: “La mayoría con el Gobierno… Y el PSOE se hunde” (en realidad esa ‘mayoría’ es una minoría del 34% frente al diferencial del 66% restante que no está con el Gobierno)…

EL DESPRESTIGIO DE LA DEMOSCOPIA POLÍTICA

Pero es que si además confrontamos las encuestas políticas del CIS con otras privadas que en principio no serían ni más ni menos solventes, por ejemplo las realizadas también periódicamente por Metroscopia y publicadas por el diario El País, se puede ver que su particular ‘estimación de voto’, sujeta igualmente a otro peculiar modelo o procedimiento de interpretación, para nada coincide con los resultados ofrecidos por el CIS.

Mientras esta última medición estima un 34% de votos para el PP y un 28,2% para el PSOE, derivados de un ‘voto directo’ respectivo del 12,5% y del 13,7%, los resultados del Barómetro Electoral de Metroscopia de abril de 2013 estiman un 24,5% para el PP y un 23,0 para el PSOE, con origen a su vez en un ‘voto directo’ respectivo del 13,4% y del 8,8%. La significada diferencia que existe entre unos resultados y otros, con un diferencial entre el PP y el PSOE que se contrae desde 5,8 puntos hasta 1,5 puntos, es bien ilustrativa de la escasa credibilidad de las encuestas políticas, porque, ofreciendo resultados tan dispares, al menos uno de ellos, si no ambos, ha de ser forzosamente falso.

Y ello sin contemplar la acumulación de votos estimada para el total de los dos partidos mayoritarios, que según el CIS sería de un 62,2% mientras que para Metroscopia sería solo del 47,5%, con un diferencial entre ambas sumas nada menos que de 14,7 puntos, manteniendo en un caso el bipartidismo y en el otro rompiéndolo. Al margen de otras diferencias que también afectan a la estimación del voto para otras formaciones políticas como IU y APyD, que de nuevo corroboran el desprestigio de la demoscopia política.

Paréntesis: El Barómetro de Metroscopia de mayo, reduce sensiblemente su estimación de la intención de voto al PP, que pasa del 24,5% registrado en abril al 22,5, al tiempo que la del PSOE también desciende con mayor caída del 23,0% al 20,2%, de forma que los votos conjuntos de los dos partidos todavía mayoritarios ya sólo alcanzan el 42,7% de los votos remarcando la desaparición del bipartidismo...

Sostienen los sociólogos ‘demoscópicos’ que no creer en las encuestas es tanto como no creer en los termómetros. Porque las encuestas, como los termómetros, no soportan una cuestión de fe, sino que pertenecen al mundo más humilde y pragmático de la medición.

Y cierto es que si las encuestas están bien hechas, son una herramienta para medir, y así describir, los estados de opinión de una sociedad o de un universo social en un momento determinado. Efectivamente, los datos están ahí y son los mismos para todos, pero otra cosa muy distinta es cómo se recogen, se analizan y se interpretan...

Fíjense en otro ejemplo redundante en la irresponsabilidad con la que, a menudo, se encaran las encuestas vinculadas al interés de la política. También en el citado Barómetro de Metroscopia (en este caso el correspondiente al pasado mes de marzo) se planteaban dos preguntas casi kafkianas: 1) “¿Cree que el extesorero del PP, Luis Bárcenas, tiene realmente pruebas que pueden comprometer al PP y alguno de sus dirigentes?” y 2) “¿Cree que el extesorero del PP, está chantajeando al Partido Popular?”.

La primera pregunta obtuvo un 79% de respuestas afirmativas, un 9% de negativas y un 12% de NS/NC. Pero ¿de qué información objetiva y creíble dispone el encuestado para fundamentar su respuesta, sea esta afirmativa o negativa…? La realidad es que no parece que los encuestados, por el mero hecho de serlo, tengan ese conocimiento documental previo para poder dar una respuesta objetiva, razón por la que lo que se plantea con visos de medición demoscópica es una mera adivinanza, útil tan sólo para manipular socialmente una imagen política.

La segunda pregunta obtuvo un 82% de respuestas afirmativas, un 8% de negativas y un 10% de NS/NC. Claro está que con la misma referencia al absurdo de la adivinación y a la manipulación política que en el caso anterior, con la sorpresa agravante del escaso resto sobre base 100 que conforma el consabido NS/NC (sin información o criterio formado al respecto) dentro de una selección aleatoria de encuestados y no prefijada sobre estratos sociales especialmente cualificados.

Y por si alguien todavía no ve claro el sentido político de estas preguntas, realmente poco razonables e incluidas a martillazos en el Barómetro de Metroscopia (marzo de 2013), vean lo que se publica sobre ellas en la web http://blogs.elpais.com/metroscopia/2013/03/ (04/03/2013), sin dejar de dar la sensación de que estamos efectivamente ante otro caso de estudio demoscópico sin otro objeto que dar apoyo estadístico a una línea editorial o de política mediática concreta al margen de la verdad informativa:

“Un 79% de los españoles piensa que el extesorero del PP, Luis Bárcenas, tiene realmente pruebas que pueden comprometer al PP y a alguno de sus máximos dirigentes, y un 82% cree que Bárcenas está chantajeando a los populares. Ambas opiniones son compartidas, además, por la amplia mayoría de los votantes del PP: un 65% y un 81%, respectivamente. El caso del extesorero se ha convertido, sin duda, en un problema para el partido del Gobierno porque no logra convencer a los ciudadanos con sus explicaciones. Las aclaraciones de los dirigentes populares cuando EL PAÍS publicó los papeles con la presunta contabilidad B que llevaba el extesorero solo convencieron a sus votantes. Ahora, cuando surgen dudas sobre el momento en el que realmente finalizó la relación laboral entre Bárcenas y el PP, así como sobre los términos de la liquidación de la misma, las nuevas explicaciones de los líderes populares ya no satisfacen ni al electorado popular”.

LAS ENCUESTAS EN REBAJAS: ELIJAN A ESCOGER Y REVOLVER

Pero puestos a que las encuestas respalden afirmaciones e intereses previos de la política (o de sus fijaciones mediáticas), el recién publicado  sondeo de Sigma Dos para El Mundo (12/05/2013), ofrece otro ejemplo ciertamente significativo al respecto. Tras haber interpretado este medio informativo los resultados del último barómetro del CIS con un incuestionable y rotundo “El descalabro electoral de PP y PSOE avanza” (04/05/2013), equivalente a un ‘descalabro conjunto’, apenas una semana después ha reinterpretado lo que debía seguir siendo una expectativa de voto muy similar por su proximidad en el tiempo, con un acento diferencial delatador: “El PP, tocado; el PSOE, hundido”.

La ‘estimación’ de Sigma Dos otorga un 35,4% de los votos para el PP, que según su propia base de datos recupera 1,9 puntos porcentuales justo en el trimestre en el que mediáticamente ha sido molido a palos, y un 25,3% para el PSOE, que en el mismo periodo baja 2,9 puntos. De manera que no se entiende cómo se puede hablar de un PP ‘tocado’ cuando en el mejor de los casos (que es el de aceptar la discutible veracidad de la encuesta) ha bajado 10 puntos sobre los resultados obtenidos el 11-N, aunque los puntos perdidos por el PSOE desde esa misma fecha sean 3,5.

Claro está, y esa es otra, que tanta decisión interpretativa se manifiesta a partir sólo de 1.000 entrevistas telefónicas determinadas por selección ‘polietápica, estratificada y aleatoria’ (vaya usted a saber quiénes eran los encuestados): en definitiva, otra muestra más de querer sentar cátedra de politología a base de tomar el pelo a los ciudadanos. Porque conviene saber que esa muestra y ese tipo de entrevista tan escasamente convincentes se reproducen también en el Barómetro de Metroscopia.

Y todo ello cuando la valoración que los mismos entrevistados por Sigma Dos hacen de Mariano Rajoy sigue siendo de un suspenso categórico (3,5 sobre 10), más o menos similar al que se recoge en las demás encuestas políticas.

Pero, si antes evidenciábamos la diferencia en la ‘estimación de voto’ de dos encuestas realizadas al mismo tiempo, véanse ahora las reflejadas en el conjunto de las tres publicitadas en abril-mayo: CIS (34,0% PP y 28,2% PSOE), Metroscopia (24,5% PP y 23,0 PSOE) y Sigma Dos (35,4% PP y 25,3% PSOE). Un tejemaneje que encaja diferencias de hasta 10,9 puntos para el PP y 5,2 para el PSOE (ahí es nada), con lo que, finalmente, todas quedan bajo la misma sospecha.

MENTIRAS PEQUEÑAS, MENTIRAS GRANDES Y ESTADÍSTICAS

H. G. Wells (1866-1946), uno de los precursores de la denominada ‘ciencia ficción’ y autor de obras tan aplaudidas como “La guerra de los mundos” y “La máquina del tiempo”, sostenía que “el pensamiento estadístico será algún día tan necesario para el buen ciudadano como la habilidad para leer y escribir”. Afirmación con la que quizás trataba de enmendar la plana a Benjamin Disraeli (1804-1881), quien previamente había sentenciado de forma lapidaria: “Hay tres tipos de mentiras: mentiras pequeñas, mentiras grandes y estadísticas” (la frase se suele atribuir de forma errónea a otros autores).

Posiblemente las dos afirmaciones sean acertadas, pero es evidente que los malos usos estadísticos y las manipulaciones inherentes de carácter político, han llevado al público en general a transitar desde la fascinación de las cifras y del hecho estadístico hasta su repudio, en mayor afinidad con el pensamiento del insigne Disraeli, frecuentemente recordado en los foros, tertulias y conferencias de turno. No obstante, esta arraigada percepción social hoy se podría matizar así: “Junto a todo tipo de mentirosos, también existen estadísticos embaucadores”.

La realidad es que la ciencia estadística no es en sí misma torpe ni taimada, condiciones que debemos atribuir más bien a quienes la usan ignorando sus principios más elementales o con el afán de retorcerla para que sirva a sus intereses particulares. Stephen K. Campbell, autor de “Equívocos y falacias en la interpretación de datos estadísticos” (Limusa, Grupo Noriega Editores, 1993), sostiene que el ciudadano acepta las conclusiones estadísticas sin prejuicio alguno, aunque señala: “(…) Pero conforme maduramos pasamos al extremo opuesto. Ya nos han engañado demasiadas veces publicistas, políticos, ciudadanos prominentes que tratan de darnos gato por liebre, periodistas que buscan el sensacionalismo, etc. Por lo que tendemos a creer que con las estadísticas se puede probar cualquier cosa, y por lo tanto no prueban nada. Mientras que en un momento creímos que las cifras no podían mentir, ahora se deduce que lo único que pueden hacer es engañar”.

La mala imagen pública que producen las manipulaciones y discrepancias de tipo estadístico, son evidentes sobre todo en el ámbito de la política, en el que se llega incluso a respaldar cuantificaciones bochornosas, por exceso o por defecto, en la asistencia a manifestaciones o en el seguimiento de las huelgas. Y no digamos nada del afán por avanzar el éxito electoral en las encuestas previas, cuando después se contradice en las urnas.

Lo cierto es que la manipulación de la demoscopia política hace tanto daño a la democracia como el incumplimiento de las promesas electorales: dos efectos paralelos de una misma y tediosa mentira que se debe combatir de forma radical.

Hay actitudes y comportamientos políticos realmente difíciles de entender y catalogar, entre otras razones porque, como sostenía Ortega y Gasset, cada individuo es él y sus circunstancias, determinantes de la perspectiva que adopta la realidad a nivel personal. Es decir, que cada sujeto tiene su propia forma de acceder a la realidad y de enfrentarla; su propia parte de verdad, que, así, puede ser efectivamente contradictoria con la de los demás.

Pero al margen de este perspectivismo o ‘doctrina del punto de vista’, y respetando la situación y el entorno concreto de Rajoy, su naturaleza reservona y de marcha lenta, su carácter introvertido y taciturno (a veces incluso parece melancólico) y todo lo que se quiera añadir en el plano del ‘subjetivismo real’ y de la ‘metafísica del estar’, también existen lo que llanamente se denominan ‘verdades como puños’, del tipo de ‘dos y dos son cuatro’.

El presidente del Gobierno estará, pues, condicionado por sus circunstancias personales, pero algunas de sus manifestaciones políticas, bien que sean activas u omitidas, tienen desde luego pocas interpretaciones, o ‘pocos pases’, dicho sea en el lenguaje de la figuración taurina…

EL GOBIERNO, ENTRE LA MENTIRA Y LA INEPTITUD

Al margen de que muchas de las críticas vertidas contra el Gobierno del PP provengan del PSOE, y que no dejen de chocar con las anteriores posiciones socialistas, que en esencia han sido similares a lo que ahora combate, hay que reconocer que mayoritariamente son de cajón, de las de ‘blanco y en botella’.

Antes de que el pasado 26 de abril la súper vicepresidenta, ministra de la Presidencia y portavoz del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, diera a conocer en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros el nuevo “Programa Nacional de Reformas” y la “Actualización del Programa de Estabilidad 2013-2016” aprobados ese mismo día para su remisión a la Comunidad Europea, que dejan la labor de un año y medio de legislatura convertida en agua de borrajas (a la postre mucho ruido y pocas nueces), el conjunto de la oposición ya venía poniéndole a Rajoy las peras al cuarto.

Sin embargo, sería la portavoz del Grupo Parlamentario Socialista en el Congreso de los Diputados, Soraya Rodríguez, quien finalmente convirtió ese fuego graneado contra la manifiesta ineficacia gubernamental en una explosión devastadora, leyendo la cartilla a los ministros populares en los días precedentes a ese Consejo de Ministros, empezando por José Ignacio Wert y luego generalizando en todo el Gobierno, con una de esas verdades como puños o ‘verdades de Perogrullo’, que, por notoriamente sabidas, el decirlas parece pura necedad o simpleza. Aunque, expresado de otra forma, esas son las verdades que han de recordarse precisamente a necios y simples.

“Son ineptos o son mentirosos”, fue la seca y explosiva bofetada que la portavoz socialista lanzó contra el Consejo de Ministros. Aunque, desgranando un poco más la expresión, lo que realmente ha hecho ver a la sociedad española, y sobre todo a los medios de opinión informada, es que el equipo de Rajoy estaba tapando su ineptitud con la mentira. Algo ciertamente duro e incómodo de asumir por parte de los más afines al PP y que, teniendo como tenían esa percepción almacenada en el subconsciente, de repente se les ha mostrado poco menos que como la verdad revelada (los números cantan), llevándoles a la conclusión de que en realidad -así de simple es la cosa- el Gobierno está formado efectivamente por una pandilla de “ineptos y mentirosos”.

La explosión de esa evidencia, no queda en una mera anécdota ni en un repunte de los escarceos combativos contra Mariano Rajoy. Conlleva un ‘efecto dominó’ que concatena de forma indefectible otras percepciones sociales mucho más graves, como la deshonestidad (porque el político que miente es radicalmente deshonesto), la decepción (todas las expectativas levantadas por las promesas previas del Rajoy-candidato se han mostrado incumplidas), la frustración (porque al PP se le ha otorgado una mayoría parlamentaria absoluta, inútil y desaprovechada, que ahora no se le puede retirar) y, por supuesto, la desesperanza (porque el Gobierno no apunta la menor rectificación en su nefasta política económica ni afronta las reformas de base necesarias para reconducir la situación).

Claro está que la decepcionante camarilla “marianista”, inepta y mentirosa, actúa además sobre un escenario en el que la crisis económica total (que la realidad muestra cada vez más insuperable) se encuentra estrechamente ligada a una grave crisis institucional y a la misma organización territorial del Estado, sin que Rajoy quiera reconocer ni afrontar esos importantes aspectos del politing-mix. Es decir, que su fracaso se cimienta no sólo en la ineptitud y la mentira, sino también en el desconocimiento o la negación de la realidad política española, algo que todavía es mucho más grave y definitivo.

Todo ello con el punto y aparte del escándalo que supone el ‘caso Gürtel-Bárcenas’, pendiente de resolución judicial, que en su momento puede dejar al PP más perjudicado que Cachuli en el ‘caso Malaya’. Las gentes del toro dirían también que, en esa desgraciada suerte, Rajoy puede quedar “peor que Cagancho en Almagro”, suceso que siempre han tenido como el sumun de la desvergüenza torera…

LA ‘BRUNETE MEDIÁTICA’ SE REVUELVE CONTRA RAJOY

Para corroborar la gravedad de lo padecido y de lo que todavía queda por padecer en la presente legislatura, baste leer lo publicado por Carlos Cuesta en su habitual columna de opinión de El Mundo pre titulada “La escopeta nacional” (29/04/2013). Tras digerir la bochornosa realidad aflorada ya sin tapujos en los cuadros macroeconómicos adjuntos al nuevo “Programa Nacional de Reformas” de Rajoy (que también se podría llamar “Programa de No-Reformas” o “Programa con más de lo mismo”), escribía:

La muerte de la derecha

Se le dijo que debía acometer de inmediato la reforma de las administraciones públicas, que era necesario abordar el problema del Estado autonómico desde la raíz. Pero a fecha de hoy ni existe la reforma, ni nadie alberga la esperanza de que, en caso de llegar tras 1.000 anuncios, lo sea en profundidad.

Se le dijo que debía desmantelar las sociedades, entes, fundaciones, empresas y demás chiringuitos públicos. Pero la respuesta ha sido una mínima reestructuración que ni siquiera ha evitado el aumento de personal en empresas públicas.

Se le dijo que no debía subir el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas porque lastraría el empleo. Pero la respuesta fue que con ello «descolocaba a la izquierda».

Se le dijo que debía explicar sin descanso a la población que el colosal gasto público provocado por esa farsa llamada Estado del Bienestar no es sino la mayor losa sobre el empleo. Y su respuesta fue hablar de «líneas rojas» inviolables.

Se le dijo que debía reducir el gasto de funcionamiento de la Administración Central. Y en los últimos Presupuestos, crece en 8.600 millones.

Se le dijo que era prioritario que volviese el crédito a las familias y a las empresas. Y mientras las administraciones públicas nadan en un maná de crédito que sigue creciendo a ritmos del 15%, el préstamo al sector privado cae un porcentaje superior al 9%.

Se le dijo que debía fusionar municipios. Y su respuesta ha sido una reforma local que, pese a reducir sueldos, no llega a eliminar ni un solo concejal.

Se le dijo que no rescatara a todas las cajas de ahorros. Que no sólo era un gasto innecesario e injusto, sino que encima provocaría la exigencia de ayudas por el resto de afectados de la crisis, como ha ocurrido en los desahucios.

Se le dijo a este Gobierno todo lo que no debería haber hecho falta decirle porque no es sino el discurso propio de la derecha. Y lo que ha hecho ha sido lo contrario.

Hoy asume ya que cerrará la legislatura en 2015 con casi un 26% de paro, más de tres puntos por encima de la herencia recibida. Pero lo que aún no admite es que, si no cambia el rumbo de su política, su fracaso supondrá la entrega de España a un amasijo de izquierdas e independentistas que pasará como un rodillo en medio del mayor desprestigio imaginable de una derecha que ni tan siquiera lo ha sido.

Pero, tras los continuos palos de ciego que Rajoy y su pandilla ministerial llevan atizando sobre las costillas de las clases sociales más débiles durante un año y medio, y que según lo que tienen previsto van a seguir atizando hasta que juren en arameo (mientras los responsables de la crisis –la clase política, las autonomías, las cajas de ahorro, los despilfarradores públicos…- se van de rositas), la ‘Brunete mediática’ se ha levantado en armas contra su antiguo ídolo, antes jaleado y justificado hasta el absurdo incluso por Carlos Cuesta. Aunque excluyendo desde luego en esa contestación a Francisco Marhuenda, director de La Razón (para algunos más bien La Sinrazón) inasequible al desaliento en su absoluto servilismo ‘marianista’.

Un rechazo, pues, prácticamente generalizado (cuando el río suena, agua lleva) muy parecido al que suele sufrir cualquier persona con olor a oso cavernario o a tigre putrefacto. Es decir cuando le abandona el desodorante, ‘el frescor salvaje de Fa’ (¿se acuerdan de aquel estimulante spot televisivo rodado en las playas salvajes del Caribe?); aunque a Rajoy le puede ir más el ‘Tulipán Negro roll-on classic’.

Y es que el balance de la nefasta estrategia de política económica seguida hasta ahora por el Gobierno, tendencioso a más no poder, y su actualización hasta el 2016, hieden a kilómetros de distancia. Presentados con gran suficiencia por la vicepresidenta Sáenz de Santamaría, acompañada de los ministros Luis de Guindos (cara de póker sin cartas en la mano) y Cristóbal Montoro (genial en su papel de Profesor Chiflado), enfangados ambos en una permanente controversia interna mientras a Rajoy se le cae la baba, dejaron bien claro, erre que erre y más a más, que seguirán los tijeretazos y recortes sociales; que se mantendrán las subidas del IVA y el IRPF; que la recuperación económica se aplaza de hecho sine die y que las reformas estructurales e institucionales y las iniciativas ‘concretas’ para reactivar la economía productiva y el empleo siguen aparcadas  en el limbo del Gobierno.

Una perra confirmación del ‘desastre total’, envuelta de nuevo en mentiras ciertas y verdades ocultas, en inútiles ingenierías estadísticas y en inventos semánticos retorcidos, como la Ley de Desindexación (respecto al IPC) o la ‘Ley Ascensor’ (para el tránsito de empresas entre la Bolsa y el Mercado Alternativo), que comienzan a desatar la vergüenza y hasta la ira dentro del partido propio y entre sus palmeros más aventajados. En el PP es conocido, por ejemplo, que Miguel Arias Cañete, lo más presentable del Gobierno junto con Ana Pastor, anda muñéndose una salida digna como posible comisario de Agricultura tras las elecciones al Parlamento Europeo previstas para junio de 2014…

Que las plumas más afiladas de la ‘Brunete mediática’ ya entintan sus diatribas contra Rajoy con vitriolo puro, es cosa bien visible. Cuatro días antes de que Carlos Cuesta publicara su aplaudida columna “La muerte de la derecha”, José Antonio Zarzalejos, ex director del prestigioso diario ABC, al que no cabe acusar de veleidades anti sistema, bombardeaba al Gobierno y al PP con munición de grueso calibre al filo de que el Consejo de Ministros diera carta de naturaleza al desastroso balance de la gestión ‘marianista’ ya camino de consumir la media legislatura.

Su artículo titulado “La esforzada victoria del Gobierno y del PP”, publicado en ElConfidencial.Com (25/04/2013), se iniciaba de esta guisa: “En pleno ‘zapaterismo’ (2010) se publicó el análisis sociológico de Víctor Pérez Díaz y Juan Carlos Rodríguez titulado “Alerta y desconfianza. La sociedad española ante la crisis”. Una de sus más lúcidas conclusiones se formulaba así: “Quienquiera que gane las próximas elecciones gobernará durante una legislatura de crisis, porque la crisis continuará varios años más. Si no explica lo que va haciendo, aceptando las rectificaciones de rigor a lo largo del camino, corre el riesgo de que su victoria sea una victoria pírrica y que, a la siguiente oportunidad electoral, la alternativa política arrase y relegue a los vencidos a las tristezas de una lejanía del ansiado poder político, quizá por una generación. Esta demanda de explicación sólo puede ser satisfecha por un grupo con vocación de liderazgo de la sociedad que dé primacía absoluta a la comunicación auténtica y veraz con la sociedad”.

Acto seguido señalaba: “Al Gobierno y a su partido le ha ocurrido lo que advertían estos sociólogos: esforzadamente han convertido la victoria electoral del 20-N de 2011 en una victoria pírrica. Cuando un ministro como el de Economía y Competitividad anuncia en un periódico extranjero, sin consideración, por tanto, ni a la opinión pública española ni a las instituciones, el desplome de una variable económica tan sustancial como el porcentaje de decrecimiento del PIB en 2013, alterando la planificación presupuestaria, es que el Gobierno carece de estrategia en el fondo y en la forma. Lo mismo ocurre cuando el ministro de Hacienda -incómodo, dice, por tener que trabajar “entre pitos, flautas y gaitas”- se traga sin mover un músculo una inédita rectificación del déficit por la UE del 7%, y del 10,6% si se computa el rescate financiero-, alterándose así la segunda variable fundamental de los vigentes Presupuestos Generales del Estado. En ambos casos, ni Guindos ni Montoro, han comunicado las nuevas previsiones con respeto interlocutor a los ciudadanos. El primero lo ha hecho a volapié en el WSJ y el segundo ha dejado que la rectificación llegue de Bruselas”… 

Tras dejar constancia de que esa carencia de estrategia conjunta “proyecta una sensación penosa”, y de tildar al Gobierno de “desdeñoso”, acusándole de comportarse con “suficiencia”, es decir “con menosprecio o indiferencia rayana en el desaire”, le recordaba: “El desdén es una de las mañas políticas más imperdonables en las sociedades democráticas porque quien incurre en él olvida que la legitimidad en el ejercicio de sus facultades procede de los gobernados, razón esencial para que estos tengan derecho a un trato a la altura del significado de su estatuto jurídico y político”.

Y concluía: “Ciertamente, es humano errar. Pero es estúpido vencer en las elecciones con una mayoría absoluta y despilfarrarla convirtiendo el éxito en un episodio pírrico. Es difícil hacerlo peor cuando la prima de riesgo cayó ayer hasta los 300 puntos básicos, el Banco Central Europeo podría bajar el precio del dinero, la UE nos concederá seguramente dos años más para lograr el 3% de déficit y cuando comienza a consolidarse la tesis de que la política de austeridad nos lleva al desastre. Con un poco de ejercicio político y de coordinación, y sin soberbia, este Gobierno se parecería al que sus votantes llegaron a imaginar”…

Pero ahí no queda la cosa. Si se repasan los titulares de prensa inspirados en el ridículo gubernamental que supuso el Consejo de Ministros del pasado 26 de abril, y las frases apostilladas en los análisis e informaciones relativas al desastre económico hecho público en el mismo, no se puede entender que Rajoy siga, impasible el ademán, agrandando la fosa en la que está enterrando cada vez a mayor profundidad el futuro de España.

Isabel San Sebastián, por ejemplo, iniciaba un artículo de opinión titulado “A grandes males… rendición”, publicado en ABC (29/04/2013), con un párrafo que, sintetizando esa percepción de desastre político, era todo un mazazo contra Rajoy: “No debería sorprendernos. Lo que hizo el Gobierno el viernes, al confesar su impotencia ante la virulencia de la crisis económica, fue algo similar a lo que ha venido haciendo, desde el comienzo de su mandato, cada vez que se ha enfrentado a un problema grave: claudicar. En un primer momento, restar importancia al asunto y/o atribuir la responsabilidad del mismo a un agente externo; después, aparcarlo en un cajón oscuro con la esperanza de que se arregle por sí solo o por la acción lenitiva del tiempo; y finalmente, tirar la toalla. Nuestra toalla. La que administra con plena legitimidad democrática, no lo discuto, aunque generando un grado de decepción sin precedentes en la Historia reciente”…

Dando por seguro que el PP perderá las próximas elecciones generales, la columnista se preguntaba con la misma crudeza: “(…) ¿Dónde está el capitán llamado a patronear esta nave que se hunde? ¿Cuál es su hoja de ruta?  (…) Puesto a perder las próximas elecciones, porque su derrota está cantada si se cumplen los lúgubres pronósticos formulados tras el último Consejo de Ministros, ¿no podría perderlas como consecuencia de haber llevado a cabo reformas valientes, de habernos dado una oportunidad devolviendo a la sociedad la potestad para administrar unos recursos hoy devorados hasta el tuétano por este Estado insaciable?

Y, finalmente, ponía en negro sobre blanco este otro lamento no menos crudo: “Podría ser peor, por supuesto. Podríamos estar intervenidos. Pero la partida no ha hecho más que empezar. ‘Resistir’, en esta ocasión, no le llevará a ganar. Nos condena a todos a una derrota sin paliativos”.

Más o menos en esa misma línea crítica contra Rajoy, lanzada desde los medios más conservadores a partir de la misma situación, se podrían recoger infinidad de titulares de portada similares al de “España necesita liderazgo” de La Gaceta, acompañado con toda la retranca del mundo de una inefable afirmación de Rajoy: “No voy a hacer ningún cambio, estoy muy satisfecho de los ministros económicos”. Y también todo un sinfín de comentarios extremadamente acertados de periodistas brillantes como Hermann Tertsch (que en su juventud militó curiosamente -quien lo diría- en el Partido Comunista de Euskadi), Ignacio Camacho (otro ex director del diario ABC), Isabel Durán… o el ‘independiente total’ (cosa que le honra) Federico Jiménez Losantos.

PEDRO J. RAMÍREZ APALEA  AL GOBIERNO

Pero en esta particular ‘Revista de Prensa’, quien dispara con munición más sofisticada, con mayor perseverancia y con mejor dirección de tiro sobre las torpezas ‘marianistas’, es El Mundo. El mismo día en el que se iba a hacer público el “Programa Nacional de Reformas” (26/04/2013), ya calentaba motores presentando en portada las insoportables cifras del paro como “El récord de la vergüenza”. Análisis que extendía en una editorial (“El récord del paro echa por tierra la labor del Gobierno”) en la que de forma más que premonitoria se advertía la tragedia: “Sería desastroso que [el Gobierno] se conformara [en su nuevo programa de reformas] con repetir algunas de las propuestas ya anunciadas y no afrontara de lleno los males que aquejan al país, empezando por la reforma de la Administración".

Al día siguiente (27/04/2013), el mismo medio informativo continuaba su explosión anti-Rajoy con un titular de portada orientado lógicamente en la misma dirección (“El Gobierno se rinde ante el paro y sólo ofrece más impuestos”). Y lo complementaba con tres resúmenes poco complacientes: 1) “Según sus pronósticos Rajoy terminará la legislatura con 700.000 parados más de los que había cuando llegó y una deuda de casi el 100% del PIB”; 2) “En lugar de nuevas reformas mantiene el aumento del IRPF, sube el Impuesto de Sociedades y los especiales, creará uno verde y gravará los depósitos” y 3) “Propone para 2013 el mismo objetivo de déficit de 2012 y permite a las comunidades autónomas volver a aumentar el suyo medio punto más”. Además, publicaba una editorial especialmente crítica al caso, titulada “El Gobierno, de la mayoría absoluta a la impotencia”.

Y, por si todo eso no fuera suficiente, salpicaba sus páginas con no pocos artículos críticos, de información y de opinión, metiendo y retorciendo el cuchillo exactamente en la misma herida: “El Gobierno, incapaz frente al drama” (Marisa Cruz), “Perded toda esperanza” (Casimiro García-Abadillo), “Y el Gobierno sigue cavando” (John Müller), “Ya sólo nos queda rezar” (Lucía Méndez), “El modelo de las comunidades autónomas no es sostenible porque invita al despilfarro” (entrevista a Jürgen Donges)…

En perfecta continuidad con ese despiadado ataque, el director del diario, Pedro J. Ramírez, ironizaba personalmente sin mayor respiro (28/04/2013) sobre el presidente del Gobierno, afirmando que es “fiable y seguro como Kaká”, para, recordando que cada gol del futbolista brasileño le ha costado al Real Madrid cuatro millones de euros, preguntarse: “¿Cuánto nos costará la flojera de Rajoy?”. Y acto seguido, ahí es nada, anunciaba: “Si no hay mejoría de aquí a fin de año, habrá que pedir que se vaya para poner a otro”.

En la misma fecha y en el mismo medio, que abría su portada con un titular a cinco columnas bien elocuente (“Clamor contra Rajoy por subir impuestos sin reducir el Estado”), se publicaba también una didáctica editorial titulada “Terapia de choque: recortar ya los impuestos y el gasto público”, mientras que Marisa Cruz sostenía en otra punzante información que con su nuevo plan de reformas, que según el ministro de Hacienda era ‘clave’ para superar la recesión, el Gobierno sellaba “su testamento político” al rechazar “la cirugía profunda”.

Aprovechando la evidente laxitud gubernamental, se incorporaban además las opiniones de “diez expertos de prestigio” que analizaban en un examen de urgencia las últimas decisiones gubernamentales de política económica, sintetizadas en esta conclusión: “El Gobierno ahoga a empresas y familias”. Seguida de un subtítulo explicativo que dejaba a Rajoy a las patas de las urnas (“Los principales economistas acusan a Rajoy de resignarse y castigar al sector privado para no reducir el Estado”).

Las frases de cada uno de ellos que se destacaban especialmente, no dejaban de remarcaban el mensaje crítico central:

-  David Taguas: “Hay que deshacer las subidas de impuestos y reducir la Administración”.
- Manuel Conthe: “Las medidas de racionalización y ajuste del gasto público están ausentes”.
- Santiago Carbó: “La carga impositiva recae sobre las rentas que podrían tirar del consumo”.
- José María Gay de Liébana: “No sé en qué piensa el Gobierno. Vamos camino del 30% de paro”.
- Ignacio Conde-Ruiz: “Esto es insostenible. Y lo preocupante es que el Gobierno se ha resignado”.
- Juan Ramón Rallo: “Se está desangrando tributariamente a un sector privado ya muy debilitado”.
- Miguel Ángel García: “La menor presión del déficit ayuda, pero debe acompañarse con reformas”.
- Daniel Lacalle: “Se están cercenando las posibilidades de empresas que pueden crear empleo”.
- José Carlos Díez: “El volcán está muy activo y seguimos desperdiciando el tiempo que queda”.
- Marcel Jansen: “El balón de oxígeno del déficit no debe relajar los esfuerzos del Gobierno”.

De paso, Victoria Prego llevaba a titulares de su diálogo con el ex ministro centrista Jaime Lamo de Espinosa, que inauguraba una serie de entrevistas con personajes relevantes en la historia de nuestra democracia, dos ideas que en sí mismas eran dos bombas perfectamente orientadas contra la línea de flotación del Gobierno, aunque disparadas también desde otros frentes en muchas ocasiones previas: “Corremos el riesgo de que haya un estallido social” y “El Rey es el único que puede pilotar el cambio”…

Tras este amargo trago, realmente indigesto, Rajoy vería que las animosas declaraciones que hizo el domingo 28 de abril en Granada, aprovechando su comparecencia en rueda de prensa junto al primer ministro irlandés, Enda Kenny, centradas básicamente en pedir “paciencia” a la ciudadanía ante el drama del paro, tampoco tenían buena acogida. El Mundo respondía esta última ocurrencia presidencial con una corrosiva editorial-bronca titulada “La ‘paciencia’ tiene que basarse en expectativas”:

Había mucha expectación ante lo que dijera Rajoy en Granada después de haber reconocido el Gobierno que no disminuirá el número de parados en esta legislatura. Pues bien. El presidente pidió “paciencia” porque el Gobierno “sabe lo que hace” y no descartó que se puedan mejorar sus negras previsiones. Se puede pedir paciencia cuando se toman las medidas necesarias para cambiar lo que no funciona. Pero no se puede pedir paciencia cuando lo que se hace es abdicar de reformas estructurales imprescindibles y se gestiona una continuidad que lleva al desastre. Y se puede pedir paciencia si los sacrificios de hoy sirvieran para crear empleo dentro de uno o dos años. Pero no para aguantar sin más el paso del tiempo cuando la actual política ni siquiera aporta un horizonte de mejora.

Ello mientras el cáustico Jiménez Losantos lamentaba en su columna de opinión del mismo diario que estemos ante “un Gobierno desesperante” que, “pese a la evidencia del fracaso de su gestión, se niega a contemplar siquiera el cumplimiento del programa del PP”. Y mientras Marisa Cruz dejaba clara constancia de que “Rajoy no cambiará nada” (ni la política económica, ni el equipo de Gobierno).

Por su parte, Carmen Ramírez de Lanuza firmaba una información en la que constataba la debacle interna del partido (“Un PP desmoralizado se resigna ante el Gobierno”), basándose en pesquisas muy próximas a su entorno dirigente. La concluía con un párrafo sin el menor desperdicio, ciertamente revelador y, en buena medida, aterrador:

(…) Y es que, pese a no existir ninguna corriente alternativa a Rajoy, siguen existiendo críticos. “Nadie se atreve a decir nada, ni en los comités ejecutivos, ni en las juntas directivas, ni en ningún sitio”, confesaba un destacado popular, “porque todos saben a lo que se arriesgan”. “Nadie sobrevive a Rajoy”, añadía, “mira dónde están Acebes, Rato y hasta los que le encumbraron en el Congreso de Valencia, Camps y Arenas...”. En cuanto a quienes algún día miraron a Aznar como un posible redentor, hasta sus más fieles admiradores admiten que “se ha convertido en un rehén de Rajoy a cuenta de su esposa, Ana Botella, pendiente de consolidarse en la Alcaldía”.

LAS ‘BANDERILLAS NEGRAS’ DE ESPERANZA AGUIRRE

Claro está que, teniéndolo puesto ‘a huevo’, Esperanza Aguirre, la musa que ilumina e inspira a la ‘Brunete mediática’, no iba a perder la ocasión de arremeter contra el ‘marianismo’, aunque fuera a título personal. Una vez pulsado el malestar ciudadano con la acción del Gobierno, la ‘lideresa’ popular, incapaz de contenerse, recogió un comentario en su blog personal con el título “Sí hay alternativa” (30/04/2013) que corrió por los medios informativos como corre la pólvora encendida:

Ante la mala noticia sobre las previsiones macroeconómicas anunciadas en el último Consejo de Ministros, lo peor que puede pasar es los ciudadanos caigan en una actitud fatalista y pensar que no hay ninguna alternativa eficiente para salir del hoyo en el que está sumida la economía española. Y es lo peor porque sí hay alternativa, y está en el espíritu del programa con el que el PP se presentó a las Elecciones en noviembre de 2011.

Todos los economistas y los políticos están de acuerdo en que el primer paso hacia la recuperación económica tiene que ser la reducción del déficit público. Pero hasta ahora se ha intentado reducir aumentando los impuestos, y la experiencia de estos meses ha demostrado que esas subidas de impuestos no han servido para incrementar los ingresos.

Por tanto, ha llegado la hora de explorar la otra variable del déficit: la reducción de los gastos, como estaba previsto en el programa electoral del Partido Popular con el que consiguió una clamorosa mayoría. Y reducir los gastos supone en primer lugar, acometer una reforma radical y sin precedentes de las administraciones públicas. Y eso sí que es una alternativa. La hay, y es la que llevaba el Partido Popular en su programa. Ha llegado la hora de aplicarla: reducir el peso del sector público para que llegue el dinero a empresarios y familias para sacar a España de la crisis.

Cierto es que, en este momento, el liderazgo de Rajoy no está en discusión interna y que la voz de Aguirre no supone de ninguna forma una amenaza para quien tiene controladas todas sus posibles alternativas de futuro (que son las de Soraya Sáenz de Santamaría, María Dolores de Cospedal o Alberto Núñez Feijóo). Pero sus palabras sí que representan un eco de la conciencia popular con gran capacidad para conformar estados de opinión (con su repercusión en las actitudes electorales) y como un revulsivo frente al conformismo y la depresión que atenazan al Gobierno y al propio partido, en cualquier caso bastante incómodas para Mariano Rajoy.

De hecho, el ‘toque de atención’ de Esperanza Aguirre fue profusamente recogido y apoyado por la prensa, sobre todo por El Mundo (02/05/2013) que lo llevó a su portada destacando: “Aguirre pide a Rajoy que baje impuestos y recorte el Estado. Reclama que aplique el programa del PP y acometa una ‘reforma radical de las administraciones’ para que llegue el dinero a empresas y familias”.

La palabra fetiche utilizada por la veterana dirigente del PP para sacudir a la atribulada camada ‘marianista’ fue “alternativa” y las implícitas “rebeldía” e “inconformismo”, que prendió en sus lomos como ‘banderillas negras’ (también llamadas ‘de castigo’ y antiguamente ‘banderillas de fuego’), justo recién llegada de los funerales de Margaret Thatcher, referente de su conocido liberalismo político. Una suerte político-taurina que llevó a otros veteranos dirigentes populares a reconocer, como ella misma, la urgencia de adelgazar el Estado y reformar las administraciones públicas.

Uno de los más atrevidos, el navarro Jaime Ignacio del Burgo, que ya no dispone de silla en el Comité Ejecutivo del PP, se atrevió a declarar también en el periódico de Pedro J. Ramírez: “La vuelta al programa no debería ser sólo en lo económico”. Además, al amparo del caso, añadía que “la Ley del Poder Judicial es un atropello a la voluntad del partido y de los electores” (buen torpedo contra Ruiz-Gallardón) y que, en su opinión, “el PSOE ha propuesto una razonable reforma del Senado a la que hacemos oídos sordos, y rechazamos abrir un proceso de diálogo con el PSOE que demanda la sociedad en una situación de emergencia nacional”.

El incipiente revuelo contestatario causó tanto nerviosismo interno que la ‘lideresa’ popular se vio forzada a matizar sus palabras, afirmando que Rajoy “no se equivoca en nada…” (El Mundo 03/05/2013); pero sin dejar de insistir en la necesidad de “reducir, privatizar o suprimir todos los servicios que no debe prestar necesariamente la Administración”. Tras dejar claro que el sector público español debía reducirse, y también que no buscaba enfrentamientos con la dirección del PP ni con La Moncloa, insistió en que es imprescindible dejar de recurrir a las subidas de impuestos para reducir el déficit público…

Un pulso dialéctico que generó, de nuevo, otra bofetada de El Mundo al Gobierno con un editorial breve titulado “Aguirre apoya a Rajoy para poder contrariarle”:

Esperanza Aguirre afirmó ayer que “Rajoy no se equivoca en nada”, pero luego insistió en que hay que reducir drásticamente el sector público, lo contrario de lo que ha hecho el presidente del Gobierno. Siguiendo con esta ceremonia de la confusión, dirigentes como Núñez Feijóo y González Pons se mostraron de acuerdo con la propuesta de Aguirre, pero justificaron a la vez la inactividad de Rajoy. Las palabras de todos ellos ilustran sobre el gregarismo de la política española y el miedo a contrariar a los líderes. Esperanza Aguirre tenía toda la razón cuando dijo que había que recortar las Administraciones, pero el debate se ha convertido en un juego semántico en el que cada uno distorsiona el sentido de las palabras para crear una absoluta confusión.

Que el texto precedente es acertado, sobre todo en su reconocimiento del gregarismo político español y del miedo servil de algunos a contrariar a los mandamases del partido, quedó acreditado con el contrapunto de la infantil regañina publicada paralelamente en La Razón (03/05/2013): “Esperanza Aguirre acertó ayer al rectificar sus opiniones de tuitera apresurada que ponían en duda la política económica del Gobierno de Rajoy. Hasta cierto punto es comprensible que la ex presidenta madrileña quiera acaparar protagonismo y ser el centro de atención de la fiesta de la Comunidad de Madrid, que ella gobernó con mucho acierto y con menos liberalismo del que ahora predica. Pero debe ser más cuidadosa a la hora de elegir la diana de sus ataques y la puntería de sus tiros para que no le salgan por la culata”…

NOTA SIMPLE SOBRE EL AUTISMO POLÍTICO

Poco más queda por decir sobre el hecho puntual de que a Mariano Rajoy le haya abandonado el desodorante político y sobre el rechazo que ello produce, sobre todo, en el entorno de la ‘Brunete mediática’. Pero, vista la situación, quizás convenga recordar cerca de La Moncloa y de Génova 13 los rasgos más sintomáticos del autismo (político), con la mayor delicadeza del mundo y con la intención de que quien pudiera padecerlo se pueda ver recuperado con rapidez y de la mejor forma posible.

El ‘autismo político’ se identifica con un espectro de trastornos caracterizados por un déficit patente en el desarrollo del liderazgo, permanente y profundo, que afecta de forma sistemática a los procesos de socialización, comunicación, imaginación y planificación y de forma particular a la reciprocidad emocional, evidenciando a menudo ciertas conductas repetitivas o inusuales. Sus síntomas más claros y característicos son la incapacidad de interacción social, el aislamiento del individuo afectado y las denominadas ‘estereotipias’ (movimientos incontrolados de alguna extremidad, que por lo general suelen ser las manos).

¿Les suena esta sintomatología o la reconocen en algún miembro del actual Consejo de Ministros? ¿Acaso en el presidente Rajoy…?

Como sucede con otros diagnósticos médicos, la vigilancia y la evaluación de estrategias para la identificación temprana de los Trastornos del Espectro Autista (TEA), pueden permitir también en su particular versión política un tratamiento precoz y una mejora de sus resultados. Por tanto, no vendría mal que algunos ‘marianistas’, con su jefe a la cabeza, pasarán cuanto antes la correspondiente revisión médica.

Leer:

. Balance y Actualización de la Estrategia de Política Económica (Programa Nacional de Reformas)

En otras ocasiones ya hemos advertido que conocer y admitir la realidad objetiva, sobre la que siempre debería operar el buen gobierno, no es cosa fácil. No en vano, muchos filósofos ilustres han convenido en sostener de distintas formas que en relación con un mismo objeto o sujeto pueden existir tantas realidades como puntos de vista, e incluso no existir ninguna. Nietzsche, por ejemplo, afirmaba que detrás de la realidad en la que existimos, hay otra completamente distinta y que, por consiguiente, la primera no es sino una ‘apariencia’.

Pero en el plano de la política, que básicamente es una práctica y no una teoría, la asunción de esa realidad objetiva es absolutamente necesaria, porque sólo cuando el gobernante conoce y admite las cosas como son puede ejercer el buen gobierno y mostrar la verdad a los gobernados; es decir, la realidad natural, el poder y la precisión de sus pensamientos. De otra suerte caerá en el error y, por tanto, en el gobierno pernicioso.

De hecho, la propuesta evangélica recogida en el capítulo 8, versículo 32, del Libro de San Juan, “et cognoscetis veritatem et veritas liberabit vos” (y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres), ha dado mucho de sí en la historia de la civilización cristiana. Por poner ejemplos bien distantes, el lema Veritas Liberabit Vos ha inspirado tanto a la Orden del Temple, que lo dejó grabado en muchos de sus vestigios del bajo medievo, como a la Universidad Johns Hopkins (Baltimore), una de las instituciones académicas y de investigación más prestigiosas del mundo, que lo asumió como propio al fundarse en 1876, como también lo han asumido la moderna Universitat Internacional de Catalunya, el Colegio Nuestra Señora del Pilar de Madrid (los Pilaristas) y otras muchas entidades docentes iberoamericanas…

‘MANGARRAS DEL PP’, ENROCADOS EN LO SUYO

En nuestra Newsletter 45 del pasado 20 de enero (“El Gobierno y la Oposición, en caída libre”), señalábamos que el ‘caso Bárcenas’, puesto a sangre y fuego en la picota informativa por El Mundo y El País, era una de las muchas minas colaterales del ‘caso Gürtel’ con explosión retardada que Rajoy no ha sabido desactivar en tiempo y forma. Advertíamos también que su gran capacidad destructiva, encastrada bajo la línea de flotación del PP y de muy largo alcance, generaría graves problemas añadidos para el Gobierno de difícil superación en la actual situación de crisis general. Y augurábamos, además, un estropicio partidista con secuelas tan perniciosas e irreparables como las sufridas por el PSOE tras la particular corrupción política que acumuló en los estertores del ‘felipismo’.

Inmediatamente después, en la Newsletter 46 (“El ‘caso Gürtel-Bárcenas’ y la autodestrucción del PP”), ya se confirmaba que ‘Gürtel’ y ‘Bárcenas’ eran la misma cosa: dos caras del mismo sistema de tejemanejes con el que se financiaba ilegalmente el PP, se ‘sobre-pagaba’ a sus más altos dirigentes y se alimentaba su inmoralidad manifiesta con un verdadero derroche de dádivas y obsequios de lujo (coches, viajes turísticos, bodas por todo lo alto, fiestas, vestimentas y complementos de marcas high class…). Mientras la banda de muñidores y recaudadores, la mayoría de ellos cargos políticos electos, se enriquecían a manos llenas convertidos en vulgares delincuentes de la política.

Ahora, el conocimiento continuado de los hechos a través de la instrucción judicial, es decir tirando del hilo enhebrado por la Audiencia Nacional el 6 de febrero de 1999 (cuando el juez Baltasar Garzón -entonces se le acusó de comportamiento malicioso- ordenó abrir una investigación por una supuesta trama de corrupción política que operaba en Madrid, Valencia y la Costa del Sol), nos acaba de mostrar el ovillo del caso como un enredo descomunal de una banda de ‘mangarras del PP’ dedicada a ‘apañar lo suyo’, con graves acusaciones delictivas de por medio. Y, sobre todo, negando la evidencia de los hechos y haciéndose ‘los suecos’, sin mostrar la menor intención de reconocer sus errores ni de sacar la pata de donde la han metido para vergüenza de toda su militancia y hasta de todo el país, mientras éste se hunde bajo el descontrol más lamentable en todos los ámbitos de la vida pública.

Pero, aunque hoy toque poner en la picota pública el ‘caso Gürtel-Bárcenas’, erraríamos con nuestra denuncia si la presentamos sólo como un escándalo del PP, cogido puntualmente con las manos en la masa. Por desgracia, la trama de abusos y corrupción política que se oculta en este caso, no es sólo una muestra de ‘algunos’ políticos corruptos, sino sistémica, de un mal que afecta a las estructuras del conjunto de los partidos, porque los demás también han tenido y tienen lo suyo, exactamente igual de vomitivo (¿acaso hay alguno al que, por ejemplo, le importe el perjuicio que suponen los concursos y adjudicaciones públicas ‘a dedo y medida de los paganos’, para el resto de ofertantes ‘legales’ que se presentan sin el maletín de turno…?).

Ni unos ni otros reconocen jamás los errores y la inmundicia propia, aunque lo del ‘caso Gürtel-Bárcenas’ sea tan llamativo que destaque muy por encima de los demás (Correa y Bárcenas no eran precisamente ‘visitas molestas’ en la sede central del PP sino parte sustancial de su estructura). En realidad, la práctica reprobable de la financiación ilegal y del trueque de ‘adjudicaciones públicas por comisiones’ arranca desde el origen remoto del partido y tiene un antecedente revelador en el ‘caso Naseiro’ que, aún sin sentencia judicial condenatoria, señaló con toda claridad por dónde iba la ‘política comercial’ del partido, que es exactamente por donde siguió yendo.

Paréntesis: La Newsletter 52, titulada “España, encanallada en la corrupción política”, es bastante explícita al respecto. Además, un informe del Servicio de Inspección del Consejo General del Poder Judicial dado a conocer el jueves 25 de abril, sostiene, que los Juzgados y Tribunales (sin incluir el Tribunal Supremo) tramitan actualmente un total de 2.173 procedimientos catalogados como “de especial complejidad”, de los cuales nada menos que 1.661 afectarían a tipos penales de corrupción política y económica: prevaricación, cohecho, malversación de caudales públicos, tráfico de influencias, estafas o apropiaciones indebidas, entre otros (hay que advertir que fuentes informadas de la judicatura cuestionan seriamente esos datos). 

EL ESCÁNDALO QUE SE ESTÁ CARGANDO A LA DERECHA POLÍTICA

Ahora, el extenso sumario del caso, percibido ya claramente por la sociedad en la conjunción ‘Gürtel-Bárcenas’, arroja día a día continuos golpes de información letal que no hacen sino estimular a las bases sociales para que se tiren al monte con la estaca en la mano. Todos en la línea de confirmar la política española (aunque en este caso el protagonismo sea del PP) como un sistema para empapuzar a los partidos y sus aparatos con sobresueldos provenientes de donaciones ilegales y ‘convolutos’ generados a costa de la cosa pública, que no es propiedad de ellos sino cosa de todos los españoles.

Con objeto de mostrar a nuestros lectores lo que viene dando de si el ‘caso Gürtel-Bárcenas’, tanto en su vertiente judicial como en el desprestigio institucional del PP ante la opinión pública, y por ende el del actual sistema de partidos políticos, a continuación se reproduce la relación publicada por el periódico digital 20Minutos.Es (22/03/2013) de los acontecimientos que han venido alimentando su propio seguimiento informativo, con los enlaces de cada noticia subrayados (calcúlese lo que el tema supone entonces para el conjunto de los medios de comunicación social):

‘Operación Gürtel’: cronología de la investigación por corrupción

La ‘operación Gürtel’ (‘correa’ en alemán, denominada así por el apellido de Francisco Correa considerado el líder de la trama de corrupción), ha costado ya el puesto a tres alcaldes, una concejal, un consejero de la Comunidad de Madrid, un diputado, un director general de Ayuntamiento, dos cargos de confianza; y el último, el tesorero del PP, Luis Bárcenas. Todos son del PP. Este es el desarrollo cronológico para entender la presunta red de corrupción y connivencia entre empresas y políticos.

2009

6 de febrero: La Audiencia Nacional, por orden del juez Garzón, abre una investigación por una supuesta trama de corrupción que operaba en Madrid, Valencia y la Costa del Sol. A los implicados se les acusa de blanqueo de capitales, fraude fiscal, cohecho y tráfico de influencias.
Comienzan a surgir los vínculos de los detenidos con el PP: uno de los cinco detenidos es un empresario muy ligado al Ayuntamiento de Boadilla del Monte, del PP. Después se sabría que el detenido es Francisco Correa, al que se considera cabecilla de la supuesta red corrupta.

8 de febrero: Salen a la luz en distintos medios de comunicación los nombres de algunos de los miembros del PP presuntamente implicados en la trama: Arturo González Panero, alcalde de Boadilla del Monte; Guillermo Ortega, gerente del Mercado Puerta de Toledo en Madrid; y Alberto López Viejo, consejero de Deportes de la Comunidad de Madrid.
9 de febrero: Ante las sospechas de la imputación de González Panero, López Viejo y Ortega, comienzan las dimisiones. La más sonada, la del consejero de Esperanza Aguirre, López Viejo; también cesa en su puesto Guillermo Ortega y Rajoy anuncia la dimisión del alcalde de Boadilla, aunque González Panero tardó 24 horas en hacerlo, desmintió a Rajoy y finalmente dimitió como alcalde, pero no como concejal.

Un nuevo detenido se suma a la lista: Álvaro Pérez Alonso, responsable de la empresa Orange Market, que organizó actos para el PP.
10 de febrero: Garzón amplía su auto y ya son 37 los imputados en la presunta trama.
El PP se queja ante el juez de la Audiencia por las filtraciones del sumario que llegan a la prensa y 24 horas después pide la recusación del juez y anuncia el fin del pacto de la Justicia firmado por el Gobierno al conocerse que el entonces ministro Bermejo coincidió con Garzón en una cacería sólo un día después de que saliera a la luz la operación de la Audiencia Nacional.

12 de febrero: Garzón manda a prisión a tres de los detenidos por la presunta trama corrupta: Francisco Correa, Pablo Crespo y Antoine Sánchez. El juez los acusa de delitos de blanqueo de capitales, tráfico de influencias, defraudación y cohecho. Por otro lado, queda en libertad Álvaro Pérez Alonso.

19 de febrero: Dos periódicos relacionan al presidente valenciano, Francisco Camps, con la trama. Al parecer, habría conseguido trajes por valor de 30.000 euros por favores a la trama.
Camps comparece esa misma mañana para desmentir por completo las acusaciones y defiende sus "20 años de vida pública al servicio del interés general".

20 de febrero: Nueva víctima política por la trama en la Comunidad de Madrid. Alberto Ruiz-Gallardón cesa a José Javier Nombela, asesor del presidente de la Junta de Distrito de Moncloa de Madrid, también imputado por Garzón. También fue apartado de su cargo el director de la Empresa Municipal de la Empresa y el Suelo, Guillermo Pariente.
En plena investigación, el juez Garzón ingresa en una clínica por una crisis de ansiedad, un día después le dan el alta. Durante su baja, se encarga del caso el juez Pedraz, que se limitó a aplazar las declaraciones que Garzón tenía previstas.

25 de febrero: Con Garzón recién incorporado al trabajo, el PP presenta una querella contra el juez por prevaricación. Horas después, el magistrado implica en la trama al eurodiputado del PP Gerardo Galeote y al senador Luis Bárcenas. Además, Garzón desmiente las informaciones aparecidas en prensa que involucran en la trama al diputado del PP Esteban González Pons. Lejos de celebrarlo, el PP acusa al juez de haberse saltado el secreto del sumario del caso.

5 de marzo: Tras las peticiones de la Fiscalía y el PP, y los indicios hallados contra aforados (diputados, senadores y otros altos cargos políticos que no pueden ser juzgados por la Audiencia Nacional), el juez Garzón se inhibe del 'caso Gürtel' y cede la investigación de la presunta trama a los tribunales superiores de Valencia y Madrid. El juez amplía las imputaciones a otros seis miembros del PP: Francisco Camps (presidente de la Comunidad Valenciana); Ricardo Costa (secretario general del PP en Valencia); Alberto López Viejo (ex consejero de Deportes de la Comunidad de Madrid), Arturo González Panero (ex alcalde de Boadilla del Monte), Jesús Sepúlveda (alcalde de Pozuelo de Alarcón) y Ginés López (alcalde de Arganda del Rey).

Tras finalizar los interrogatorios, Garzón deja en libertad a 34 de los 37 imputados. Por ahora, sólo están en prisión Francisco Correa, y sus dos socios, Pablo Crespo y Antoine Sánchez.

6 de marzo: El ‘caso Gürtel’ se cobra otras dos víctimas en el PP. Dimiten los alcaldes de Arganda del Rey, Ginés López, y Pozuelo de Alarcón, Jesús Sepúlveda.

Por otra parte dimite el director general del Ayuntamiento de Boadilla del Monte y vicepresidente de la Empresa Municipal del Suelo y la Vivienda (EMSV), Tomás Martín Morales, presenta su dimisión a petición del alcalde, Juan Siguero (PP), tras conocerse su imputación en el ‘caso Gürtel’.

El PP anuncia que suspende de militancia a todos los miembros del partido imputados por Garzón, a excepción de los aforados de la Comunidad de Madrid hasta que se pronuncie el Tribunal Superior de Justicia de Madrid.

12 de marzo: Mariano Rajoy insiste en desvincular a su partido de la trama corrupta. Asegura que la gente de Francisco Correa “no ha entregado ni un sólo euro al PP” y defiende a ultranza a Francisco Camps. Además, dice que “habrá que demostrar” que Correa regaló un Jaguar de 8 millones de pesetas al ex alcalde de Pozuelo, casado con la diputada ‘popular’ Ana Mato.

15 de marzo: José Tomás, supuesto sastre de Francisco Camps, asegura en un entrevista en el diario El País que el presidente valenciano le llamó en varias ocasiones muy nervioso para saber si había facturas de trajes a su nombre cuando supo que declararía ante el juez Garzón. Asimismo, Tomás indica que los trajes de lujo que regalaba a políticos valencianos eran pagados por Orange Market con billetes de 500 euros.

17 de marzo: Los tres únicos imputados encarcelados por el ‘caso Gürtel’ –el líder de la supuesta trama, Francisco Correa, y sus presuntos colaboradores Antoine Sánchez y Pablo Crespo- acuden a la Audiencia Nacional para abrir su correspondencia ante el juez Baltasar Garzón. La ley permite al magistrado aplicar esta medida para saber si en las cartas recibidas en la cárcel hay algo de interés para su investigación.

27 de marzo: Baltasar Garzón imputa a otras diez personas en la llamada ‘Operación Gürtel’, con lo que el número de imputados se eleva a 55. Algunos de estos nuevos imputados están supuestamente relacionados con los negocios del ex alcalde de Boadilla del Monte (Madrid), el imputado Arturo González Panero, y otros con los despachos de abogados que utilizaba la trama de corrupción liderada por Francisco Correa para sus actividades fuera de España. El lunes 30 de marzo los deja en libertad.

31 de marzo: La Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) acuerda aceptar la inhibición planteada por el juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón en la investigación de la presunta trama de corrupción destapada en la ‘Operación Gürtel’, al encontrar indicios de corrupción en tres diputados del PP en la Asamblea de Madrid.

Se trata de Alberto López Viejo, Benjamín Martín Vasco y Alfonso Bosch, que según el tribunal podrían haber cometido cohecho y tráfico de influencias. Además, Garzón acusa al tesorero del PP, Luis Bárcenas, de recibir 1.353.000 euros de la organización liderada por el empresario Francisco Correa. En su auto también señala que el senador popular Gerardo Galeote pudo percibir de Correa la cantidad de 652.000 euros.

2 de abril. El diputado autonómico del PP Benjamín Martín Vasco, supuestamente implicado en la trama, dimite como portavoz adjunto del grupo popular de la Asamblea de Madrid. Es uno de los tres diputados del PP de la Asamblea, junto a Alberto López Viejo y Alfonso Bosh, sobre los que el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) ve indicios de posibles delitos.

14 de abril. La Fiscalía Anticorrupción solicita al Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana que tome declaración al presidente de la Generalitat, Francisco Camps, y al portavoz del PP en Les Corts Valencianes, Ricardo Costa, para esclarecer su supuesta relación con el caso.

5 de mayo. El Partido Popular suspende cautelarmente de militancia a los diputados de la Asamblea de Madrid Alfonso Bosch y Benjamín Martín Vasco, imputados en el ‘caso Gürtel’, así como al parlamentario regional y ex consejero de Deportes madrileño Alberto López Viejo, implicado en la causa. La decisión la adopta el Comité de Derechos y Garantías, que de este modo admite la petición cursada por los tres tras conocer su implicación en la trama de Francisco Correa.

7 de mayo. El juez Antonio Pedreira impone una fianza de 750.000 euros al ex consejero de Deportes del Gobierno regional de Madrid y diputado del PP en la Asamblea autonómica Alberto López Viejo, al que imputa los delitos de cohecho, tráfico de influencias, fraude fiscal, asociación ilícita, blanqueo de capitales y falsedad.

14 de mayo. El Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana cita para el día 19 de mayo al presidente de la Generalitat Valenciana, Francisco Camps, y al diputado del PP y secretario general del partido en la Comunidad Valenciana Ricardo Costa. Ambos declararán como imputados.

18 de mayo. El magistrado instructor del ‘caso Gürtel’ en la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) traslada al miércoles la declaración prevista para el martes del presidente de la Generalitat, Francisco Camps.
Mientras, más de un centenar de cargos públicos del PP arropa a Camps durante un acto institucional celebrado en el Palau de la Generalitat.

19 de mayo. El secretario general del Partido Popular de la Comunitat Valenciana (PPCV), Ricardo Costa declara por el ‘caso Gürtel’ y asegura que su comportamiento ha sido legal.

20 de mayo. Francisco Camps declara durante casi una hora como imputado por presunto cohecho en el TSJV. A su salida dice estar “satisfecho y muy contento” de haber contado su verdad. El TSJV mantiene la imputación al presidente, aunque no le impone medidas cautelares.

21 de mayo. Detienen en Barajas a Arturo Gianfranco Fasana, alias Zafa, de nacionalidad suiza, que supuestamente dirigía la estructura encargada de enviar al extranjero los recursos económicos de la trama de corrupción.
José Tomás, el sastre que hizo los trajes de Francisco Camps, asegura al juez que “todos” los trajes que constan en el sumario del caso Gürtel fueron pagados por Pablo Crespo, ‘número dos’ del empresario Francisco Correa, administrador único de Orange Market y en prisión desde el mes de febrero por este caso.

22 de mayo. Nueva víctima política del 'caso Gürtel'. Renuncia a su acta de concejal en Estepona (Málaga) Ricardo Galeote, imputado en la presunta trama de financiación ilegal del PP.

9 de junio. El magistrado del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) Antonio Pedreira, que investiga en el ‘caso Gürtel’, impone una fianza de 1.800.000 euros al ex alcalde de Boadilla del Monte, Arturo González Panero. Se trata de la fianza más alta de las impuestas hasta ahora a los imputados en el ‘caso Gürtel’.

16 de junio. El Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) decide remitir la causa del 'caso Gürtel' al Tribunal Supremo (TS), al que pide que llame a declarar como imputados, y “con carácter urgente”, al tesorero nacional del PP y senador Luis Bárcenas así como a los parlamentarios Jesús Merino y Gerardo Galeote. A Bárcenas le imputa un delito fiscal y otro de cohecho.

22 de junio. La Fiscalía reclama también al Tribunal Supremo que asuma la investigación de todo el ‘caso Gürtel’ -salvo la parte que se instruye en Valencia- y que pida el suplicatorio ante el Parlamento para proceder contra los parlamentarios del PP Luis Bárcenas y Jesús Merino así como del eurodiputado popular saliente Gerardo Galeote.

24 de junio. El Tribunal Supremo asume la investigación del tesorero del PP Luis Bárcenas y el diputado Jesús Merino, pero descarta hacerse cargo de todo el ‘caso Gürtel’.

6 de julio. El magistrado del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana José Flors decide continuar la tramitación del procedimiento contra el president de la Generalitat, Francisco Camps, por un supuesto delito de cohecho y fija la apertura de juicio oral para el próximo día 15.

10 de julio. La Fiscalía pide por segunda vez al Supremo que pida la autorización del Congreso y del Senado para proceder contra Bárcenas y Merino. A su vez, Bárcenas declara que si el juez lo imputa podría dejar su cargo "de forma transitoria".

17 de julio. El Tribunal Supremo llama a declarar como “imputados provisionales” al tesorero del PP, Luis Bárcenas, y al diputado de este partido, Jesús Merino. Bárcelas declarará el 22 de julio y Merino, el 23.

18 y 19 de julio. Uno de los responsables de la trama Gürtel asegura que regaló bolsos de lujo a Rita Barberá, la alcaldesa de Valencia. La primera edil anuncia que se querellará contra quien difunda “calumnias” contra su persona y el PP emite un duro comunicado en el exige la comparecencia de los ministros de Interior y Justicia por las filtraciones.

22 de julio. El tesorero del PP y senador Luis Bárcenas comparece durante casi tres horas en el Tribunal Supremo como imputado provisional ante el magistrado Francisco Monterde. A su salida del Supremo, Bárcenas declara sentirse “muy contento” de poder haber aportado todas las pruebas que demuestran mi inocencia".

23 de julio. El diputado del PP por Segovia, Jesús Merino, imputado provisional en el ‘caso Gürtel’, afirma que espera que su declaración en el Tribunal Supremo (TS) “sirva para aclarar todas y cada una de las dudas que estaban planteadas” sobre su implicación en el caso. Tras abandonar la sede judicial, donde declara durante cerca de dos horas ante el magistrado instructor de la causa, Francisco Monterde, Merino añade que confía en la Justicia y expresa su satisfacción por haber podido declarar sobre este asunto tal y como había pedido. Preguntado sobre si ha justificado su patrimonio ante el magistrado instructor, asegura que no podía decir “nada más” porque las actuaciones están bajo secreto de sumario.

28 de julio. El senador y tesorero del PP, Luis Bárcenas, presenta su dimisión. Bárcenas declaró el pasado 10 de julio que dejaría “de forma transitoria” su cargo como tesorero del partido si, tras prestar declaración ante el Tribunal Supremo, finalmente el juez pide autorización a las Cortes para imputarle en el ‘caso Gürtel’.

29 de julio. Un día después de que dimitiera el tesorero del PP, Luis Bárcenas, el diputado popular Jesús Merino renuncia al cargo que ocupaba como miembro de la dirección del partido en el Congreso, si bien mantendrá su escaño de parlamentario del PP. Además, la Sala de los Penal del Tribunal Supremo acuerda elevar al Senado y al Congreso los suplicatorios para seguir investigando a Bárcenas y a Merino por los delitos de cohecho y fraude fiscal.

3 de agosto. La Sala de lo Civil y lo Penal del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana archiva la causa interpuesta contra los cuatro acusados por la trama en la Comunidad Valenciana, tras estimar sus recursos. La resolución incluye un voto particular de un magistrado que cree que sólo se debería archivar la causa contra Ricardo Costa, secretario general del PPCV y portavoz del grupo popular en Les Corts. Ese mismo día, María Teresa Fernández de la Vega anuncia que la Fiscalía General del Estado recurrirá el fallo del TSJCV.

10 de agosto. La Policía registra la sede de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), en busca de vínculos con el ‘caso Gürtel’. En concreto,  las autoridades  buscan documentación sobre contratos de la etapa de la alcaldesa de Valencia, Rita Barberá, al frente de la institución. Al parecer, se trata de documentación reclamada por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, que se ocupa de la ramificación madrileña de la ‘operación Gürtel’.

28 de agosto. La Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) deniega la libertad provisional a Francisco Correa, principal imputado por el ‘caso Gürtel’, alegando a la posible obstrucción de pruebas y riesgo de fuga. Por otro lado, dimite el director de la TV valenciana. También el ex ministro de Justicia José María Michavila renunció a su escaño en el Congreso, alegando motivos personales y familiares. El despacho de abogados en el que trabaja se vio relacionado con el caso, ya que varios de sus abogados defendieron al ex alcalde de Boadilla, Arturo González Panero.

2 de septiembre. El TSJM revela las razones por las que denegó la libertad provisional a Francisco Correa. Señala que el principal imputado intentó fugarse y conseguir residencia legal en Colombia y Panamá. Además, el magistrado prorrogó por un mes más el secreto del sumario.

15 de septiembre. El Pleno del Congreso vota a favor del suplicatorio del diputado popular Jesús Merino, de manera que el Tribunal Supremo puede proseguir investigándole por su presunta implicación en el caso y procesarle, si así lo considera.

24 de septiembre. La ‘trama Gürtel’ financiaba ilegalmente al PP valenciano. Así lo recoge el informe de la Brigada Policial de Blanqueo que investiga el ‘caso Gürtel’. Éste apunta a la existencia de una doble contabilidad y a una serie de facturas falsas a cargo del PP valenciano.

25 de septiembre. Varias voces dentro del PP han desacreditado el informe policial, desde Mariano Rajoy a Ricardo Costa, pasando por Javier Arenas y Federico Trillo.

29 de septiembre. El magistrado Antonio Pedreira, que instruye el caso Gürtel en el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM), acuerda en un auto levantar parcialmente el secreto del sumario. En el listado de los 71 imputados en la causa, entre otros, está la mujer del senador del PP Luis Bárcenas, Rosalía Iglesias Villar.

1 de octubre. La Fiscalía Anticorrupción recurre ante el Tribunal Supremo el archivo de la causa por un supuesto delito de cohecho que se tramitaba contra el presidente de la Generalitat, Francisco Camps.

6 de octubre. El juez ha entregado a los abogados parte del sumario de la trama madrileña de ‘Gürtel’. En él se habla de financiación ilegal en el PP de Galicia, en el de Valencia, sale el nombre de Alejandro Agag, cuñado de José María Aznar, y otros muchos políticos relacionados con el PP.

8 de octubre. Los tres diputados imputados en 'Gürtel' dejan el PP en la Asamblea de Madrid. Esperanza Aguirre asegura que no se pone “como ejemplo para nadie” .

9 de octubre. El PP valenciano anuncia que propondrá el "cese temporal" de Ricardo Costa como secretario general del PP valenciano.

13 de octubre. El secretario general del PP de la Comunidad Valenciana, Ricardo Costa, asegura que no va a dimitir en un comunicado  leído en la sede del partido en Valencia, donde reitera que ni él, ni Camps, han incumplido la ley, y recalca su lealtad al PP, a Camps y a Rajoy.

Horas después, Génova da por hecho la “suspensión” de Costa, pero el PP valenciano lo niega. Camps mantiene a Costa en el cargo, pese a que la dirección nacional del partido le considera destituido.

14 de octubre. La guerra entre el PP nacional y el valenciano parece tener un ganador, Mariano Rajoy. Francisco Camps destituye a Ricardo Costa de sus cargos como secretario general del PP valenciano y portavoz en las Corts. Génova estaba dispuesta a expulsar a Costa si éste se empeñaba en aferrarse a sus cargos.

15 de octubre. Rajoy comparece en rueda de prensa y asegura sobre Camps que mantiene “el mismo nivel de confianza de siempre”. “No tengo ninguna duda sobre su honradez”, dijo, antes de recordar que, “una vez archivado el caso en el TSJ de Valencia, no hay ningún elemento nuevo que haga que deba ser cesado”. Además, adelantó que su voluntad es que siga siendo presidente de la Comunitat Valenciana y candidato en las elecciones de 2011. "A mí el señor Camps no me ha mentido", recalcó.

27 de octubre. El juez instructor del 'caso Gürtel' en el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM), Antonio Pedreira, ordena la puesta en libertad bajo fianza de 600.000 euros de Antoine Sánchez, uno de los tres imputados que, junto a los líderes de la trama Francisco Correa y Pablo Crespo, permanecía en prisión preventiva.

23 de noviembre. Pedreira impone una fianza de 750.000 euros al diputado de la Asamblea de Madrid Alfonso Bosch y de 650.000 euros a Felisa Jordán, ex administradora de una de las sociedades de la trama de corrupción.

2010

25 de marzo. El Tribunal Superior de Justicia de Madrid anula las escuchas grabadas en la cárcel y ordenadas por el Juez Garzón entre los imputados y sus abogados.

5 de abril. El juez exige más de 200 millones de fianza a Correa y a sus colaboradores en ‘Gürtel’.

6 de abril. Se levanta parcialmente el secreto de sumario. Entre otras cosas, los 50.000 folios de la instrucción recogen declaraciones de agentes de la Policía que dan por hecho que Luis Bárcenas cobró 1,3 millones de euros de la ‘caja B’ de la trama ‘Gürtel’.

8 de abril. Luis Bárcenas solicita la baja temporal como militante del PP y deja definitivamente sus funciones como tesorero del partido. Bárcenas, sin embargo, seguirá como senador por Cantabria. También pide la baja del PP el diputado Jesús Merino.
La frase del día la pronuncia Esperanza Aguirre en la Asamblea de Madrid al asegurar, entre las carcajadas de la oposición, que ella “destapó la trama Gürtel” .

9 de abril. María Dolores de Cospedal confirma que Bárcenas dejará de tener despacho en la sede nacional del PP, también asegura que “no ve obstáculos” para que el ex tesorero siga como senador adscrito al grupo popular.

13 de abril. La trama Gürtel salpica a Alejandro Agag, cuñado de José María Aznar. El 'cerebro' de la trama, Correa, fue testigo de honor en la boda de Ana Aznar y Agag. Leire Pajín asegura que la trama corrupta se introdujo en el PP de la mano de Agag y Ana Botella le defiende recordando que no está imputado.

14 de abril. El PP pagaba 350 euros la hora al bufete del prestigioso penalista Miguel Bajo por defender al imputado Luis Bárcenas.

16 de abril. El Tribunal Supremo ha confirmado la admisión a trámite de la querella presentada contra el juez Baltasar Garzón por un presunto delito de prevaricación, en relación a la intervención de comunicaciones en prisión entre acusados del ‘caso Gürtel’ y sus letrados.

19 de abril. El ex tesorero del PP Luis Bárcenas presenta en el registro del Senado un escrito por el que renuncia a su escaño en esta Cámara, al igual que el también imputado en la trama Jesús Merino.

22 de abril. La 'mano derecha' del cerebro de la trama, Pablo Crespo, queda en libertad tras pagar 1,2 millones de euros. El juez le retira el pasaporte.

29 de abril. Francisco Correa, el jefe de la trama Gürtel, se llevaba el 2% de los contratos de los ayuntamientos madrileños de Boadilla y Majadahonda. También se desvela que los miembros de la trama compraron libros para aprender a delinquir y que Correa fue timado en varias ocasiones.
En el terreno judicial, un juez del Supremo cita a Baltasar Garzón el 10 de mayo para que declare como imputado por las escuchas que ordenó a los encarcelados por su relación con la trama.
El PSPV presenta un informe en Les Corts que asegura que la Generalitat valenciana “ha vulnerado la ley en más de 50 ocasiones” con fraccionamientos de contratos para evitar la publicidad y concurrencia.

1o de mayo. Baltasar Garzón asegura al juez que “las escuchas eran la única vía para no perder los fondos del Gürtel”.

18 de mayo. El Tribunal Supremo argumenta su decisión de ordenar a la Justicia valenciana que se siga investigando a Camps por aceptar trajes de la trama Gürtel. El Supremo explica en su sentencia que considera delito el simple hecho de que Francisco Camps aceptara los trajes.

26 de mayo. El juez Pedreira, del TSJM, ve indicios de delito electoral y cohecho en el Gobierno de Camps y remite parte de la investigación al TSJ de la Comunidad Valenciana. Camps, por su parte, afirma que el caso “es un montaje” y asegura que “terminará en nada”.

21 de julio. El juez Pedreira, del TSJM, cita a declarar en calidad de imputados a dos empresarios y un funcionario del Ayuntamiento de Majadahonda, por los supuestos delitos de cohecho, falsedad y fraude fiscal dentro de la trama. Son Rafael Naranjo Anegón, Luis Valor San Román y José Luis Cortés Bañares.

1 de septiembre. Un nuevo informe policial incorporado al sumario del ‘caso Gürtel’ insiste en que varios empresarios financiaron actos del PP valenciano pagando parte de la deuda que la formación política mantenía con la sociedad Orange Market.

2 de septiembre. El juez instructor del caso, Antonio Pedreira, ha concedido un plazo de diez días al ex diputado Jesús Merino y al ex senador Luis Bárcenas para que se personen en la causa tras la pérdida de su condición de aforados después de renunciar a sus escaños.

3 de septiembre. El Partido Popular ha levantado este viernes la suspensión de militancia al ex-secretario general del PP valenciano, Ricardo Costa, diez meses después de ser suspendido por su posible relación con la trama. También ha devuelto la militancia al vicealcalde de Madrid, Manuel Cobo.

26 de octubre. La Agencia Tributaria (AEAT) ha comunicado al instructor del ‘caso Gürtel’ en el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM), el magistrado Antonio Pedreira, que carece de los medios humanos necesarios para poder tasar todos los bienes intervenidos en la causa.

18 de noviembre. El Tribunal Supremo deniega las pruebas solicitadas por el juez Baltasar Garzón en la causa que le investiga por ordenar las escuchas a los imputados en el ‘caso Gürtel’ en prisión y sus abogados. Considera que esas diligencias no son esenciales ni imprescindibles.

29 de noviembre. El juez Antonio Pedreira levanta la práctica totalidad del secreto de la parte del sumario que se investiga en la Comunidad de Madrid. Además, solicita al Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León (TSJCyL) que investigue al presidente de las Cortes regionales, José Manuel Fernández Santiago (PP), por los delitos de cohecho y prevaricación.

3 de diciembre. Un informe de la Unidad Central de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) señala que Francisco Correa diseñó desde la cárcel una estrategia para tratar de influir en los órganos judiciales encargados del caso y dio órdenes para que se controlaran las comisiones rogatorias internacionales que se acordaran para proteger sus intereses.

15 de diciembre. El magistrado Pedreira remite a la Sala Civil y Penal del TSJM su informe sobre la recusación planteada por la defensa de Correa y se aparta temporalmente del caso. La sala nombra en sustitución al magistrado Emilio Fernández Castro.

16 de diciembre. El TSJM decide no admitir a trámite la recusación contra Pedreira, quien retoma el caso.

2011

24 de enero. Un informe policial incorporado al sumario del ‘caso Gürtel’ desvela que la trama de corrupción pagó en 2003 y 2004 estancias en hoteles y billetes de avión o tren al exalcalde de Pozuelo de Alarcón Jesús Sepúlveda (PP) y a su familia por valor de 27.992 euros a través de la agencia de viajes Pasadena.

4 de febrero. El juez Pedreira prorroga otros dos años la prisión provisional para Correa y para el número dos de la trama, Pablo Crespo. A éste último, por otra parte, le rebaja la fianza de 1,2 millones de euros a 600.000 euros.

7 de febrero. El considerado cerebro de la trama de corrupción, Francisco Correa, es ingresado en la Unidad Coronaria del hospital Gregorio Marañón de Madrid por un posible amago de infarto. Es dado de alta horas después y regresa a la prisión de Soto del Real.

10 de febrero. El magistrado Antonio Pedreira imputa al alcalde de Boadilla del Monte, Juan Siguero (PP), los delitos de negociaciones prohibidas, prevaricación, tráfico de influencias, así como por su posible colaboración como cooperador necesario en los delitos que se imputan a su predecesor Arturo González Panero. Acto seguido, Siguero comunica su dimisión a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre.

11 de marzo. El ex diputado del PP Jesús Merino se desvincula durante su declaración ante el magistrado Antonio Pedreira del cobro de pagos de la red ‘Gürtel’ mediante la entrega de diversos documentos que le exculparían de su imputación de los delitos de cohecho, fraude fiscal, blanqueo de capitales y tráfico de influencias.

15 de julio. El Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana dictamina que el president de la Generalitat, Francisco Camps, sea juzgado por un delito de cohecho impropio ante un tribunal popular, junto a otros ex altos cargos del Gobierno autonómico y exdirigentes del PPCV, por haber recibido supuestamente regalos de la ‘trama Gürtel’. Junto a Camps, serán juzgados el ex vicepresidente del Gobierno valenciano Víctor Campos, el exsecretario general del PPCV y actual miembro de la dirección del grupo popular en Les Corts Ricardo Costa y el exjefe de gabinete de la Conselleria de Turismo Rafael Betoret.

20 de julio. Francisco Camps dimite como presidente de la Generalitat valenciana por la ‘causa de los trajes’, aunque insiste en su inocencia. “Ahora estoy liberado para defenderme de estas infamias”, dijo. Además, el ex vicepresidente Víctor Campos y el ex jefe de gabinete de la consellería de Turismo Rafael Betoret se declaran culpables y pagarán la multa.

3 de noviembre. El juez instructor del ‘caso Gürtel’ en el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM), Antonio Pedreira, rechaza excarcelar al presunto líder de la trama, Francisco Correa, al estimar que las medidas de control electrónico no evitan con “seguridad prácticamente absoluta” el riesgo de fuga.

12 de diciembre. El Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) comienza con el proceso de selección de los once miembros del jurado popular, dos de ellos suplentes, que deben juzgar al ex presidente de la Generalitat Francisco Camps y al ex secretario general del PPCV Ricardo Costa por un supuesto delito continuado de cohecho pasivo dentro de la ‘trama Gürtel’.

13 de diciembre. El ex president de la Generalitat Francisco Camps se ha declarado “absolutamente inocente” ante el tribunal. También el ex secretario general del PPCV Ricardo Costa ha reiterado su inocencia ante el jurado que juzga a ambos por recibir supuestos regalos de la ‘trama Gürtel’ y han rechazado aceptar un acuerdo de conformidad, lo que implicaría asumir su culpabilidad.

14 de diciembre. En la tercera jornada del juicio es interrogado el ex secretario general del PP valenciano, Ricardo Costa, quien admite que recibió un traje en 2006, pero que lo pagó y reclamó la factura, aunque no se la dieron. También ha dicho que guarda “una relación personal y de amistad con Camps”. El presunto líder de la red ‘Gürtel’, Francisco Correa, no declara como testigo en esta vista al estar imputado en otros dos procesos judiciales abiertos en Valencia y en Madrid sobre la trama con los que podría existir relación.

15 de diciembre. El ex vicepresidente del Gobierno valenciano Víctor Campos dice que acordó con Camps reconocerse culpable para acabar con su drama personal, “desproporcionado y absurdo” y con un “gran tufo político”, pero que es “inocente”. El ex jefe de gabinete de la Conselleria de Turismo Rafael Betoret se niega a declarar por estar imputado en otros procesos vinculados a este juicio. Además, Álvaro Pérez, conocido como El Bigotes niega haber regalado trajes a los cuatro imputados inicialmente en la causa que se juzga en Valencia y posteriormente renuncia a responder a las cuestiones planteadas por las partes.
19 de diciembre. Declara en el juicio Francisco Gorina, administrador de Sastgor S.L., que confirma la confección de cinco trajes en cuya etiqueta constaba el nombre de "Francisco Camps" y que fueron facturados a Forever Young; también habla de la confección de otros siete y dos americanas facturadas a Milano. Aun así, asegura que desconocía el destinatario de las prendas. Por su parte, una empleada de la empresa de transporte Transaher cuenta al jurado que su compañía realizó numerosos portes de las tiendas Milano y Forever Young de Madrid hasta la sede de Orange Market en Valencia, casi todos ellos a nombre de Álvaro Pérez.

20 de diciembre. El encargado de la tienda Forever Young, donde Francisco Camps y Ricardo Costa adquirieron supuestamente prendas de vestir pagadas por la ‘trama Gürtel’, revela que la empresa Orange Market ordenaba a este establecimiento alterar las facturas para ocultar los productos reales que había adquirido.

26 de diciembre. Declaración clave en el juicio de la ‘causa de los trajes’: la del sastre José Tomás, quien asegura que El Bigotes le confirmó que Camps y Costa “no pagaban” las prendas.
27 de diciembre. Los letrados de la defensa interrogan a José Tomás, que declara por segundo día consecutivo en el tribunal. El sastre asegura que tenía “orden” de los supuestos cabecillas de la red ‘Gürtel’, Pablo Crespo y Álvaro Pérez El Bigotes, de que a clientes como Francisco Camps “no se les cobrara”.

2012

2 de enero. Los 11 últimos testigos, pendientes de prestar su declaración en el interrogatorio de la ‘trama Gürtel’, acuden ante el magistrado presidente del Tribunal de Justicia de Valencia, Juan Climent. Un ex escolta de Francisco Camps asegura que prestó cerca de 200 euros al expresidente de la Generalitat para pagar en la tienda Forever Young de Madrid, versión que ha corroborado también el conductor oficial que también les acompañaba en ese momento.

12 de enero. El jurado escucha diferentes conversaciones telefónicas grabadas por la Policía, entre ellas una en la que el ex presidente de la Generalitat valenciana y su esposa agradecen un “detallito” de Álvaro Pérez ‘El Bigotes’. En una de ellas, grabada el 7 de enero de 2009, después de que El Bigotes le diga a Camps “te quiero mucho” y el ex presidente conteste y “yo más”, Isabel Bas, la mujer de Camps, coge el teléfono y admite: “Con el mío -en relación al regalo recibido- te has pasado veinte pueblos”, a lo que Pérez replica: “¡Pero qué dices, si es un detallito!”.

16 de enero. Los miembros del jurado vuelven a escuchar conversaciones telefónicas grabadas por la Policía, entre ellas una entre El Bigotes y Pablo Crespo con insultos referidos a Francisco Camps por aplazar una entrevista con el gobernador de Nuevo México Bill Richardson. “Es un gilipollas, tío, es un gilipollas (...), iría a verle y le daría dos hostias (...). Le he conseguido que vea a uno de los tres tíos más importantes del planeta, que mande a tomar a los cincuenta gorrones que han ido hasta allí para tomar güisquis”, asegura.

18 de enero. El ex secretario general del PPCV Ricardo Costa le pidió a Álvaro Pérez El Bigotes que intercediera ante Francisco Camps para formar parte del Gobierno de la Generalitat valenciana, puesto en el que creía que podría ser “más útil”, según otra conversación telefónica. En este diálogo, Costa le pregunta si finalmente va cenar con el president, tal y como le había dicho en otra llamada, y El Bigotes lo confirma: “He quedado el martes para ir a su casa”. “Pues entonces a ver si le puedes meter una 'ideíta' en la cabeza -agrega Costa-. Vamos a ver si le podemos trasladar que a mí me tienen 'socarrado', y que yo como secretario general podría ser más útil si me pusiera en el Gobierno”.

19 de enero. El Ministerio Fiscal y la acusación popular considera probado que el expresidente de la Generalitat y Ricardo Costa recibieron regalos de la trama corrupta. La fiscal del caso apela al “sentido común y la lógica del jurado” al defender las pruebas documentales.  Paralelamente el juez Baltasar Garzón declara por el caso de la escuchas en la cárcel a los abogados de los imputados en la ‘trama Gürtel’.

20 de enero. “Soy inocente y vengo a buscar la justicia confiado y convencido” declara Francisco Camps ante el tribunal en su último turno de palabra al que tiene derecho como acusado en el juicio. El expresidente de la Generalitat también agradece su trabajo a los miembros del jurado a los que llama “ciudadanos de mi Comunidad”. El comportamiento de Camps hace que el presidente del Tribunal pierde la paciencia en más de una ocasión y llama la atención al expresidente : “Guarde silencio o lo tendré que sacar de la sala”.

23 de enero. El jurado comienza a deliberar. Los seis hombres y tres mujeres que forman el jurado no podrán comunicarse con nadie del exterior hasta que emitan un veredicto. El juicio contra Francisco Camps y Ricardo Costa ha sido uno de los de mayor repercusión informativa, con gran presencia en las redes sociales.

25 de enero. El jurado declara no culpables al expresidente de la Generalitat y al exsecretario regional del PP al no considerar probado que aceptaran regalos de la ‘trama Gürtel’. En un veredicto alcanzado después de dos días deliberación y hecho público a las 19.40 horas por el portavoz, el jurado ha exculpado a Camps y Costa del delito de cohecho impropio y señala que la relación de los acusados con los supuestos cabecillas de la trama era “meramente comercial”.

15 de marzo. La Audiencia Nacional reabre la causa contra el ex senador y ex tesorero del PP Luis Bárcenas, el exconcejal del PP en Estepona (Málaga) Ricardo Galeote y el exdiputado del PP Jesús Merino. El caso, que habría sido cerrado por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM), vuelve por tanto a imputar de cohecho, fraude fiscal y blanqueo de capitales a los tres ex dirigentes populares.

30 de marzo. El juez Ruz de la Audiencia Nacional rebaja la fianza a Francisco Correa de un millón a 600.000 euros ante el recurso de apelación en el que la defensa pedía reducir la fianza a 50.000 euros. El magistrado adopta esta decisión porque el posible juicio oral se celebraría pasados cuatro años desde el ingreso en la cárcel del presunto cabecilla del ‘caso Gürtel’, que es el plazo máximo de estancia en prisión preventiva.

2 de abril. El Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV) desestima una querella presentada por el PP para personarse como acción popular contra los cabecillas de la ‘trama Gürtel’ en la causa abierta por una supuesta financiación irregular del PP de la Comunidad Valenciana (PPCV).

20 de abril. Rosalía Iglesias, mujer del ex senador y ex tesorero del PP Luis Bárcenas, vuelve a ser imputada. El juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz le atribuye un supuesto delito contra la Hacienda Pública.

5 de mayo. Uno de los empresarios responsable de dos empresas adjudicatarias de los contratos con la Radiotelevisión Valenciana (RTVV) durante la visita del Papa a Valencia en 2006 ha reconocido que pagó una comisión de 88.000 euros al 'número dos' de la red Gürtel por encargarse de la sonorización del evento.

8 de mayo. El encargado de la sonorización de los actos de la visita del papa a Valencia en 2006 afirma en la Audiencia Nacional que el considerado 'número dos' de la ‘trama Gürtel’, Pablo Crespo, le propuso este trabajo tres meses antes de que Radiotelevisión Valenciana (RTVV) adjudicara los contratos.

15 de mayo. Crespo y Correa se niegan a declarar en la causa en la que están imputados sobre supuesta financiación irregular del PP valenciano. Crespo ha justificado su negativa al considerar que se trata de un proceso “contaminado”.

18 de mayo. El juez Pablo Ruz, que instruye el ‘caso Gürtel’, ha reclamado este viernes a la Comunidad de Madrid la documentación sobre la adjudicación a empresas de la trama de 317 actos celebrados entre 2004 y 2006 para comprobar si los ex diputados regionales del PP Alberto López Viejo y Alfonso Bosch recibieron pagos.

El juez también rebaja la fianza al 'cerebro' de la trama, Francisco Correa, de 600.000 a 200.000 euros para que pueda abandonar la cárcel tres años después de su ingreso. Asimismo, le prohíbe salir del país, le quita el pasaporte y le obliga a visitar el Juzgado a diario en caso de que finalmente pague esta cantidad.

11 de junio. El presunto cabecilla de la ‘trama Gürtel’, Francisco Correa, sale de prisión después de que su abogado haya depositado la fianza de 200.000 euros que le impuso el juez Pablo Ruz para abandonar la cárcel de Soto del Real (Madrid), en la que ingreso en febrero de 2009.

9 de noviembre. El presidente del Parlament balear, Pere Rotger (PP), es imputado por su presunta implicación en un contrato supuestamente amañado del ‘caso Over’, relacionada con el ‘caso Gürtel’, en el que se investiga la supuesta financiación ilegal del PP balear cuando Jaume Matas presidió la comunidad autónoma entre los años 2003 y 2007.

12 de diciembre. El juez del TSJCV José Ceres dicta un auto en el que procesa a los tres antiguos miembros del Consell, que ahora son diputados del PP en Les Corts sin atribuciones en el grupo parlamentario o en la Cámara, que Alberto Fabra les quitó por estar imputados. Se trata del que fuera vicepresidente de la Generalitat con Camps, Vicente Rambla, y dos de sus conselleras de Turismo, Milagrosa Martínez y Angélica Such.

2013

16 de enero. El ex tesorero y ex senador del PP Luis Bárcenas llegó a tener 22 millones de euros en una cuenta en un banco de Suiza, dinero que traspasó a otras cuentas en 2009 una vez imputado en el ‘caso Gürtel’, según la documentación enviada por ese país al juez instructor Pablo Ruz.

22 de marzo. La Fiscalía Anticorrupción encuentra por primera vez al menos cuatro vínculos entre el ‘caso Gürtel' y la contabilidad oficial del Partido Popular remitida por el Tribunal de Cuentas que acreditarían que donaciones recibidas por esta formación política también pudieron ser recogidas en la contabilidad de la trama de corrupción investigada.

RAJOY SE EQUIVOCÓ AL NO ‘CORTAR POR LO SANO’

Pero este compendio de hitos informativos “malignos” (que reproducimos en toda su extensión gracias a la elasticidad del soporte digital), recogido de un solo medio de comunicación social, no queda ahí. A partir de la última fecha señalada en esta cronología de la investigación judicial por corrupción afecta al ‘caso Gürtel-Bárcenas’, han aflorado nuevos datos e implicaciones que, si cabe, deterioran todavía más la imagen pública del PP o, dicho de otra forma, la ya machacada imagen de la derecha política española.

En la fase de instrucción judicial se han seguido descubriendo cosas tan poco edificantes como que el PP utilizó empresas ‘tapadera’ para financiarse ilegalmente antes del ‘Gürtel’ (siete sociedades creadas entre 1979 y 1993 que fueron hábilmente liquidadas por los ex tesoreros Sanchís y Lapuerta); que desde la época de Fraga había compensaciones en dinero negro y sin declarar a Hacienda para los diputados que tenían cargo orgánico en el partido (Álvarez-Cascos, por ejemplo, cobró 10.000 euros al mes en los años 1994, 95 y 96, aunque en su caso declarados al fisco) y que en la Audiencia Nacional y en la Fiscalía Anticorrupción se apunta hacia un fraude fiscal continuado en las donaciones del PP. Y que, de hecho, el juez Pablo Ruz amplía cada día las comisiones rogatorias en busca de más fondos evadidos y vinculados a la trama delictiva, sin dejar de aumentar la lista de imputados (el último el alcalde Castellón) que ya son un centenar, ni de revocar la condición del PP como acusador popular personado en la pieza principal del ‘caso Gürtel’ desde el año 2009, por entender que podría ser “responsable civil” de los nuevos delitos investigados en la causa.

Ni Mariano Rajoy, pusilánime por naturaleza, ni María Dolores de Cospedal, que en referencia al ‘caso Bárcenas’ tuvo el acertado coraje de sostener que “quien la hace la paga” y “aquí que cada uno aguante su vela”, no han sabido rematar la faena. Lo que da pie para suponer de forma razonable un trasfondo del problema todavía mayor y peor del que se conoce.

Tras reconocer que las campañas electorales eran de siempre un negocio turbio, lubricado con las donaciones anónimas de empresas y particulares, un dirigente histórico de AP (transformada en el PP) comentó al diario El Mundo (03/02/2013) que “visto lo que ha sucedido en el ‘caso Gürtel’, da la impresión de que el sistema ya estaba asimilado y funcionando desde unas décadas antes”. Y confirmó la tesis lanzada inicialmente por Elespiadigital.com: “No es que Bárcenas sea una parte del ‘caso Gürtel’, es que ‘Gürtel’ era parte del caso Bárcenas” (claro está que el orden de los factores no altera el producto).

Tres semanas más tarde, María Jesús Güemes publicaba En Cadenaser.com (27/02/2013) un artículo mostrando el embrollo en el que está metido el PP:

Los siete nombres clave en el ‘caso Bárcenas’

Mariano Rajoy, María Dolores de Cospedal, Javier Arenas, Ana Mato, José Manuel Romay Beccaría, Cristóbal Páez y Federico Trillo tienen en sus manos todas las claves para dar las explicaciones que faltan sobre el extesorero.

Desde que estalló el ‘caso Gürtel’, en 2009, ellos fueron los responsables de todas las decisiones importantes. Antes lo defendían y ahora se distancian de él todo lo posible. Cospedal está siendo cuestionada internamente. Con todo el mundo apuntando hacia ella, se desvía la atención de Rajoy.

Hubo un tiempo en que Luis Bárcenas llegaba al Comité Ejecutivo Nacional del PP se sentaba y pasaba desapercibido. Eran otros, los políticos, los que debían salir en televisión. Hasta que él se convirtió en el protagonista absoluto y en la pesadilla de la formación conservadora.

Ahora nadie en Partido Popular cita su nombre. Y menos aún da explicaciones sobre su salida. Desde que se supo que había estado contratado hasta el 31 de enero de 2013, los populares evitan a la prensa. Cuando, por fin, María Dolores de Cospedal compareció ante los medios de comunicación, lejos de despejar dudas, las avivó al hablar de “indemnización en diferido” y “simulación de su retribución”. No se salió de ese peculiar guion. Fueron varias las preguntas, no hubo más respuestas.

Dudas

Pero siguen siendo muchas las incógnitas. Después de que Bárcenas haya demandado al PP por despido improcedente, aún más. Los populares dicen que se verán las caras con él en los tribunales y se mantienen en sus trece. Hasta ayer todo el mundo reclamaba al partido el finiquito. Pero ahora se les pide que enseñen o bien el acuerdo al que dicen que llegaron en 2010 o la comunicación de la baja voluntaria del extesorero. Esas son las únicas pruebas para dar con la salida del laberinto en el que se han metido.

Todavía quedan cuestiones pendientes. Si de verdad, en su día, se llegó con él a un pacto ¿quién lo autorizó? Cospedal dice que lo cerró con los servicios jurídicos del partido. Todo el mundo se lava las manos. Todo el mundo niega que tuviera algo que ver. Tampoco nadie quiere comentar el confuso comunicado que se distribuyó cuando se hizo público que le pagaban las cuotas a la Seguridad Social. Nadie concreta, nadie quiere dar más datos. El silencio sobre este tema se extiende. Aseguran que no hay nada que ocultar, sostienen que no mienten, pero juegan con las palabras y se ahorran información.

Los nombres

Hay una serie de personas que manejan todos los detalles. Además de la secretaria general del PP, por supuesto está el presidente, Mariano Rajoy. Él fue quien le ascendió a tesorero en el Congreso de Valencia en 2008, todo pasaba ya por él y tendría que haber dado el visto bueno a cualquier decisión que se hubiera adoptado sobre Bárcenas. Sin olvidar a Javier Arenas, Ana Mato y Federico Trillo, que ocupaban puestos de responsabilidad en el partido cuando estalló el ‘caso Gürtel’ en 2009. Son los actores principales. Los que en estos últimos cuatro años gestionaron todo el asunto.

Rajoy se mostró convencido entonces de que nadie iba a poder probar que Bárcenas no era inocente. Dijo que no quería convertirse en “un inquisidor”, como otros. Y frente a algunos cargos implicados en la trama de corrupción de los que se prescindió, a él le mantuvo con un trato privilegiado.

Hubo muchas reuniones a puerta cerrada en la calle Génova. Y varias fundamentales en la séptima planta, en el despacho del líder. La cúpula estaba dividida. Mientras por un lado, Arenas y Mato defendían su continuidad en el cargo hasta que no se demostrara su culpabilidad, Cospedal pedía que se le echara. Siempre se habló de los enfrentamientos que mantuvo con el extesorero. Trillo, quien fue el artífice de la anulación del ‘caso Naseiro'’, se encargó de la estrategia de defensa, tanto del extesorero como de Francisco Camps. De él dependían los servicios jurídicos del partido. Hasta el Congreso de Sevilla de 2011, cuando Cospedal decidió que los controlaba ella.

El PP llegó a pagar incluso 70.000 euros al despacho personal de Trillo por “coordinar las defensas” de los imputados en la trama dirigida por Francisco Correa. Y Cospedal lo defendió diciendo que por culpa del Gobierno socialista, los populares habían estado sometidos a un gran acoso y habían tenido que pleitear muchísimo.

Trillo fue el encargado de desplegar toda la artillería contra Baltasar Garzón y de extender la teoría de conspiración, que hoy se ha vuelto a poner de moda. De hecho llegó un momento en el que el responsable del área de Justicia y Libertades Públicas del PP en aquel momento, acusó a Alfredo Pérez Rubalcaba de ser el “principal director del montaje político” contra el Partido Popular y pidió dimisiones a mansalva de fiscales y miembros de la UDEF.

Todos los mensajes se repiten. Ahora Arenas, vicesecretario de Política Autonómica y Local del PP, cree que existe “una batalla que en el fondo lo que quiere es la sustitución del actual presidente del Gobierno"” y dice que el lenguaje que se emplea para criticar a los conservadores suena al que se usó el 11 de marzo de 2004.

En el PP todos tuvieron buenas palabras sobre Bárcenas. Por ejemplo, las de la entonces vicesecretaria de Organización, Ana Mato, quien habló de su “honradez”. Arenas le señaló como “un ejemplo de buen trabajo, profesionalidad y decencia”. Hay que recordar que cuando Bárcenas anunció en 2010 que dejaba definitivamente su cargo, muchos apuntaron a que Arenas, con quien hablaba regularmente por teléfono, había sido determinante para que adoptara esa decisión y salvar así al partido de la crisis que atravesaba.

Cuando se marchó en 2009, de forma temporal, fue el gerente, Cristóbal Páez, quien le sustituyó. Era un personaje misterioso, que no caía bien dentro del partido. Rehuía los focos. Siempre esperó heredar el puesto. Pero Rajoy se decantó finalmente por José Manuel Romay Beccaría. Por esas fechas, se produjeron los acontecimientos.

Para anunciar su marcha, el PP sacó un comunicado alabando su “magnífica gestión” y agradeciéndole “la lealtad que había demostrado”. Ahora no ha sacado otro, diciendo que se sienten engañados por él. Por aquel entonces, también Rajoy, como ahora, pidió a los suyos que confiaran en él. Negó la financiación irregular del partido y aseguró que si se demostraba algo actuaría “en consecuencia”.

Pero hoy los roles, en buena parte, han cambiado. Los que saben todo lo que ocurrió realmente están en otros puestos. Rajoy, en La Moncloa, Mato de ministra de Sanidad y Trillo como embajador en Londres. Páez se fue del partido y Beccaría es presidente del Consejo de Estado. Solo Cospedal y Arenas se mantienen en el partido y los que están dentro de Génova aseguran que su relación sigue siendo conflictiva.

Los populares defienden su credibilidad, pero está tocada. Para muchos todo esto se va a saldar con cambios y dimisiones que llegarán. Cospedal está siendo cuestionada. Todo el mundo apunta hacia ella y se desvía la atención de Rajoy. Algunos reclaman que se adopten medidas y se abandonen los gestos políticos que no sirven de nada.

La mayoría de los cargos busca distanciarse de esta cuestión. Primero, cuando se supo que tenía cuentas en Suiza. Desde ayer, la guerra está declarada. Los que antes le defendían, los que se implicaban, han pasado a despreciarle. Hay quien se ha confesado avergonzado por su actuación. Y en definitiva quieren que Bárcenas sea historia, que forme parte del pasado cuando está más presente que nunca.

Y mientras Rajoy calla. Se defiende, presenta sus declaraciones, habla de auditorías, de querellas, de medidas anticorrupción. Deja pasar el tiempo. El presidente del Gobierno no da una larga rueda de prensa desde el pasado 28 de diciembre cuando compareció hacer balance de un año al frente del Gobierno. Desde entonces, los periodistas solo le han podido preguntar cuando fue a ver a Angela Merkel, el pasado 4 de febrero, apenas unas cuantas cuestiones. Es más, salvó el debate sobre el Estado de la Nación, esquivando el tema durante todo el tiempo, haciendo del nombre de Bárcenas, nombre tabú.

GÉNOVA 13, CONVERTIDA EN UN ‘PATIO DE MONIPODIO’

Una verdadera “tela de araña” en la que el PP se encuentra prisionero de sus continuas chapuzas económico-administrativas, que son gordas porque conllevan presuntas actuaciones delictivas, especialmente frustrante en un partido que desde la época de Aznar se ha venido presentando ante los electores como valedor de la regeneración y la ética política. Pero Rajoy y el PP son víctimas, sobre todo, de su escaso sentido de la realidad y de la falta de criterio para tratar las situaciones críticas; carencias graves que también se evidenciaron con ocasión de los atentados del 11-M, con los resultados electorales conocidos.

Tratando de superar el problema y salvar los muebles propios, el ministro de Industria, Energía y Turismo, José Manuel Soria, que también es el Presidente del PP de Canarias, declaró el pasado 20 de abril: “El caso [Gürtel-Bárcenas]ha provocado un daño tremendo y por eso el PP quiere que se pronuncie la justicia, pero respetando los procedimientos y las decisiones de los jueces”, al tiempo que emulaba a María Dolores de Cospedal advirtiendo que “el que la hace la ha de pagar”.

Pero esta actitud, que como otras muchas que caracterizan al entorno de Mariano Rajoy no deja de ser tardía y propiciada a remolque de los acontecimientos, que son machaconamente comprometedores, antes que por la inteligencia política del partido, a punto de convertir su sede central de Génova 13, y en particular la planta 7 que aloja a su alta dirección, en un auténtico “patio de Monipodio” al mejor estilo cervantino. ¿Alguien de ese staff ha previsto, sin ir más lejos, el efecto mediático que conllevará la vista oral y, en su caso, las posibles sentencias condenatorias del ‘Gürtel-Bárcenas’, y su devastador efecto electoral…?

Ahora, y malamente por no haber sabido ni querido coger el toro del ‘caso Gürtel-Bárcenas’ por los cuernos, que es por donde había que haberlo cogido nada más salir de toriles rematando brava y peligrosamente en tablas, poniendo la arena política patas arriba, parece que a Rajoy sólo le queda el recurso del trasteo descompuesto seguido del vil bajonazo, como sugiere metafóricamente Santiago González en un “A Contrapelo” de El Mundo (22/04/2013):

Hay que matar a B.

El caso Bárcenas ha empezado a desatar alarmas en el Gobierno y en las autonomías que controla el PP. Uno de los dirigentes regionales lo ha expresado así: «Si no le damos a Bárcenas una respuesta contundente y además no conseguimos empezar a remontar la crisis, estaremos muertos electoralmente».

Metafóricamente, que el paisanaje no sabe distinguir sentido figurado. Ahí está el pollo que le han montado a Cospedal por decir que los escraches eran «nazismo puro», una metáfora. Descabellada, pero metáfora. Cospedal debería considerar que el acoso en el nazismo lo practicaban los miembros del NSDAP, el partido del poder contra sus opositores. Ayer mismo, un buen columnista de esta casa comparaba las tijeras de Wert con la pistola de Goebbels. O Antonio Machado, aquel día tonto en que estuvo dispuesto a cambiar su pluma por la pistola de Enrique Líster. Más metáforas.

Hay que matar a B. es una interesante película que José Luis Borau realizó en 1973, un tiempo en el que aún vivía el dictador y los siete magníficos ni siquiera tenían mucha confianza unos con otros.

El caso es que Bárcenas supone un problema y tienen razón los dirigentes que opinan que el caso así llamado llegará vivo a las siguientes elecciones. El partido principal de la oposición es bastante hábil en la tarea de pasar dos veces al cobro la misma factura. Otra cosa distinta es que el PSOE esté en situación de beneficiarse del importe. O quizá se conforme con la propina.

Puestos en esta tesitura, entre los dirigentes del PP está cundiendo la idea de que es mejor provocar la catarsis que esperar la muerte dulce que este asunto puede representar para sus expectativas electorales.

O sea, que contra la querencia natural de Rajoy por la espera como bálsamo universal para la solución de sus problemas, ellos están dispuestos a tirar la piedra al estanque a ver qué pasa, arrostrar el peligro de que Bárcenas cante y desvele informaciones que serán perjudiciales para el partido del Gobierno.

Pero es preferible a seguir cediendo al chantaje, opina un sector importante del Ejecutivo: «Tendríamos que hacer todo lo posible por desembarazarnos de él», otra metáfora, doble en este caso.

Cualquier cosa, menos el dontancredismo y esa patética manía de no citar el nombre de B., apenas superada en los últimos días por la metafórica secretaria general. Es cierto que los muertos metafóricamente gozan de una salud excelente, como los del Tenorio, y no hay garantías de que el tesorero felón dosifique su venganza para que le dure hasta las elecciones.

En todo caso sería lo adecuado: que el presidente del Gobierno asuma su responsabilidad política por haber confiado en él y que algún portavoz bragado le traduzca al lenguaje político el plante del parroquiano harto de las severas reconvenciones de un párroco severo en el sermón: «Si hay que ir al infierno se va, pero no nos acojones».

Todo es posible en la España cañí, capaz de transformar aplausos en pitos y cañas en lanzas en menos que canta un gallo; o de devorar a sus hijos más queridos en un santiamén, como el Saturno goyesco. Y sin que nadie pueda asegurar, a partir de ahora, por donde va a discurrir el futuro electoral del PP (baste recordar el batacazo de la extinta UCD).

Pero si en el ‘caso Gürtel-Bárcenas’ Mariano Rajoy hubiera hecho suya la propuesta recogida en el Evangelio de San Juan, 8.32, (“La verdad os hará libres”), poniendo encima de la mesa las hechos  ciertos, rectificando de forma visible los errores cometidos (incluso con ceses fulminantes), atajando de raíz la gangrena interna de la corrupción y asumiendo un coste político “acotado” en el tiempo (al estallar el problema), está claro que su imagen y la del PP no serían peores de lo que van a terminar siendo, ni el daño electoral tan tremendo como ahora temen pánicamente las cabezas pensantes del partido. Porque, como sostienen los teóricos del pensamiento positivo, aquello en lo que se centran las personas -la mentira y la corrupción, frente a la verdad y la ética, en el caso de marras- es lo que se expande.

El concepto de “oportunidad”, que esencialmente se identifica con la conveniencia de tiempo y de lugar, es fundamental en el desarrollo de cualquier actividad humana y, de forma muy especial, en el ejercicio de la política. Tiene lógicamente su contrapunto en lo “inoportuno”, es decir en lo que se muestra fuera de propósito y de esas condiciones de tiempo y lugar.

Los ingleses, que saben ir a lo suyo como nadie, sostienen que “hay que batir el hierro cuando  está caliente” y, con un toque más diplomático, que “hay un momento para torcer los ojos y otro momento para mirar derecho”. En nuestro propio refranero también encontramos algunos proverbios bien ilustrativos de lo que significa el sentido de la oportunidad, como el de “ida la coyuntura, ida la ventura”.

En la antigua Grecia, Sófocles, experto en enfrentar la ley humana y la ley natural, ya advirtió que “la oportunidad es el mejor maestro de los hombres en toda empresa”, en tanto que Platón, alumno aventajado de Sócrates y maestro de Aristóteles, remarcaba a continuación que “la oportunidad es el instante preciso en que debemos recibir o hacer una cosa”. Ovidio, que fue desterrado de Roma hasta su muerte como autor del poema elegíaco Ars Amandi, urgía a sus contemporáneos: “Apresúrate, no te confíes a las horas venideras; el que hoy no está dispuesto, menos lo estará mañana”…

Pues bien, en los tiempos que nos ha tocado vivir, tenemos ejemplos muy significados de “inoportunidades” políticas que, como es natural, han dejado en evidencia lo que en su momento fueron “oportunidades”, que, sin haberse aprovechado, ya será vano esperar recuperarlas. Porque, si cuando se puede obrar nada se quiere hacer, a donde se suele llegar es a no poder hacer cuando se quiera; al igual que, por ejemplo, la ausencia de una diagnosis prematura en una enfermedad invasiva, o su falta de prevención, llevan la salud a pérdidas irreparables, precisamente por la inoportuna ausencia de la medicina más adecuada.

Los últimos gobiernos, el actual de Rajoy y sobre todo los de Rodríguez Zapatero, han sido bien generosos en desaprovechar oportunidades y en inoportunidades manifiestas, si consideramos el origen y la evolución de la brutal crisis económica, política y social que estamos padeciendo. Y no digamos los sindicatos, incapaces ya, como otros entes de representación ciudadana intermedia, de recuperar su prestigio y su olvidada función pública.

PALABRAS SABIAS QUE RESBALAN EN OÍDOS NECIOS

Pero en esa misma valoración también tienen cabida las altas instituciones del Estado que, desde hace tiempo, han venido haciendo oídos sordos de muchas y sensatas recomendaciones para restaurar o actualizar la vigencia de sus principios y valores fundacionales y prevenir su agotamiento vital, sin que en definitiva nadie haya prestado atención a las sabias llamadas reformistas. Aquí podríamos hablar de instituciones y organismos como el Senado, el Consejo General del Poder Judicial, el Consejo de Estado, el Tribunal de Cuentas, el Defensor del Pueblo… y hasta del actual sistema de partidos; convertidos, sobre todo, en “adornos” de una democracia cada vez más aparente que real y en instrumentos para la recolocación del empleo político. Lamentablemente, hoy por hoy la realidad pone a la propia Corona en un lugar destacado frente a esta crítica concreta.

No vamos a hablar de los errores que la Casa Real ha podido cometer en el ámbito relacional más íntimo, aunque la egregia familia esté sujeta por definición a pautas y comportamientos subordinados al interés del Estado y de la propia Institución Monárquica, se quiera o no. Pero la noticia de que “el Gobierno elabora la Ley Orgánica que regulará los actos de la Corona”, dada por “El Mundo” en su portada del 14 de abril de 2013, justo a los 82 años de proclamarse la II República Española, permite traer a colación algunos hechos desapercibidos, si no desconocidos, por los diputados y senadores que habrán de darle trámite parlamentario, e incluso por el Gobierno; una iniciativa en tiempo tardío (in extremis) que obedece más que nada al agobio judicial y mediático y a la creciente desafección de la monarquía en las bases más jóvenes y populares del país.

Para empezar, tendríamos que recordar que al amparo de otro aniversario significativo, cuando la Constitución de 1978 cumplía 20 años, Julián Marías, profesor acreditado en diversas universidades de Estados Unidos, miembro de la Real Academia de la Lengua, sobresaliente ensayista y distinguido filósofo, ya advirtió que la Monarquía Parlamentaria transitaba por los impredecibles caminos de la política sin que la Corona, uno de los pilares fundamentales del actual sistema de convivencia democrática, tuviera el preceptivo “desarrollo legal”. Es decir, que, a diferencia de lo que de mejor o peor forma sucedía con el resto de los contenidos establecidos en la Carta Magna, todo lo concerniente a la Corona recogido en su Título II carecía de la necesaria (si no obligada) concreción normativa, quedando su interpretación al albur de la historia.

La afinada observación del profesor Marías, que también fue senador por designación real entre 1977 y 1979, se produjo durante la conferencia magistral que pronunció en el Congreso de los Diputados, integrada en los actos oficiales de aquel vigésimo aniversario de la Constitución. Sin que dejara de sorprender, al menos a los diputados más perspicaces, el hecho de que fuera guardada sin editar (es decir haciendo de la misma algo peor que “caso omiso”) por la secretaría general de la institución parlamentaria que había diseñado, organizado y financiado el evento, entonces presidida por Federico Trillo-Figueroa.

La cuestión planteada por Julián Marías no era, en modo alguno inoportuna ni baladí, porque el vacío legal que afectaba a la Corona ya revoloteaba sobre la cuestión sucesoria, dado que, por ejemplo, el propio artículo 57.5 de la Constitución había dejado endilgada la resolución de las abdicaciones y renuncias, y cualquier duda de hecho o de derecho que ocurra en el orden de sucesión a la Corona, a “una ley orgánica” torpemente relegada ad calendas graecas. Ahora, parece que, a tenor de la noticia dada por “El Mundo” anunciando la elaboración de lo que podría ser una “ley de la Corona”, los oídos necios se abren por fin a las palabras sabias, aunque de forma ya más urgente y obligada que “oportuna”.

LA OBEDIENCIA MILITAR AL MONARCA “IRRESPONSABLE”

Otra cuestión, no menos delicada y trascendente, que había anunciado también la necesidad del desarrollo legal que comentamos, es aclarar la naturaleza y alcance real del “mando supremo” de las Fuerzas Armadas asignado constitucionalmente al Rey, que en pura racionalidad colisiona con la potestad del Presidente del Gobierno y que, con el tiempo tendría que recaer naturalmente en persona distinta de Don Juan Carlos de Borbón, de origen, formación y vinculación castrense muy diferente. Incluso en el caso del actual Heredero de la Corona.

Este tema, desatendido con total despreocupación regia durante 35 años, ya se mostró como fundamental en el desarrollo del Consejo de Guerra seguido contra los encausados por el intento de golpe de Estado del 23-F. Básicamente en cuanto a la comparecencia del Rey como testigo de los hechos, según requirió alguna de sus defensas, y por el argumento esgrimido por el Tribunal que dictó en casación la sentencia definitiva para refutar el principio de “obediencia debida” al que se acogían los condenados.

Porque, no estando la persona del Rey sujeta a responsabilidad alguna según el artículo 56.3 de la Constitución (lo que exige que todos sus actos como jefe del Estado deban ser refrendados por el Gobierno), se produce una evidente incoherencia legal con el teórico “mando supremo” de las Fuerzas Armadas; lo que, a su vez, choca con el hecho incontrovertido de que la caracterización del mando reside en su capacidad para decidir y en la responsabilidad derivada del mismo. Es decir, que en la concordancia de ambas circunstancias, el Monarca no podría ser mando supremo de las Fuerzas Armadas, ni éste titular de mando ser, al mismo tiempo, Rey de España.

El mando militar es indivisible y plenamente responsable, pero el Rey es irresponsable y sus actos (salvo los que afecten al gobierno de la Casa Real) requieren un refrendo responsable ajeno a su persona. Dicho de otra forma, quien no es responsable no puede mandar.

Por eso, durante el 23-F fue patético ver como los capitanes generales se ponían, finalmente, a las órdenes incondicionales de su “mando supremo”, en un tema desde luego delicado pero que tenía una respuesta democrática y una dependencia política inequívocas, sin necesidad de mayor consulta. Aunque no menos chocante para esa misma sensibilidad democrática fuera ver al propio Rey lanzando sus órdenes militares, que por fortuna fueron de reconducción constitucional, a la cúpula de nuestros ejércitos en la oscura madrugada del 24 de febrero de 1981.

Y prueba de toda esta incoherencia formal, se tuvo efectivamente con el pronunciamiento del Tribunal Supremo al fallar en casación las sentencias definitivas para los encausados del 23-F. En él, y para deslegitimar el pretexto de “obediencia al Monarca” argumentado por los acusados (pero que también hubiera podido expresarse como “obediencia militar debida al mando”), se manifestaba: “Con el debido respeto al Rey, y aceptando, por supuesto, la inmunidad que concede al Rey la Constitución, si tales órdenes del Rey hubieran existido, no hubieran excusado de ningún modo a los procesados, pues tales órdenes no entran dentro de las facultades de Su Majestad el Rey y siendo manifiestamente ilegales no tendrían por qué haber sido obedecidas”.

Por otra parte, el juramento impuesto al Rey en su propia proclamación para que guarde y haga guardar la Constitución, la exigencia de que arbitre y modere el funcionamiento regular de las instituciones, la reiteración que de su condición de mando supremo de las Fuerzas Armadas se viene haciendo en muchos desarrollos normativos (ignorando la potestad que sobre ellas tiene el Poder Ejecutivo), las demandas sociales de una mayor transparencia en el entorno de la Institución Monárquica y otros aspectos técnicamente no resueltos en su orden funcional (como los honores y distinciones afectos a la figura de su Heredero que están sometidos a la discrecionalidad del gobierno de turno), aconsejan en efecto un desarrollo legal urgente que clarifique y perfeccione el Título II de la Constitución Española dedicado a la Corona. Aunque mucho nos tememos que, tanto ésta como el Gobierno, limiten su tardía reacción a “parchear” los agujeros más evidentes de la situación, perdiendo de nuevo otra oportunidad para afrontar sin circunvalaciones ni complejos las reformas y el aggiornamento institucional más convenientes.

CORTAR LA HIERBA BAJOS LOS PIES DEL PRÍNCIPE FELIPE

De hecho, en la citada noticia de “El Mundo”, Casimiro García-Abadillo no dudaba en definir la reforma en preparación como “una ley para proteger a la Corona”. Aunque advertía que “no se remitirá al Congreso hasta que se sustancie el proceso en el que están implicados las Infanta Cristina y su marido, Iñaki Urdangarin, con la apertura del correspondiente juicio oral”.

Y, a continuación, precisaba: “El Ejecutivo esperará porque quiere evitar las suspicacias que generaría la propuesta de una ley que implica mayor protección jurídica para los miembros de la Casa Real justo cuando uno de ellos puede sentarse en el banquillo”. ¿Se entiende mejor ahora lo de las “oportunidades perdidas de la Corona”…?

Al parecer, el ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, lleva estudiando el tema prácticamente desde su nombramiento (quizás eso forme parte de la confianza regia que, según se cuenta en los círculos más próximos al presidente del Gobierno, le encaminó “directamente” a ese cargo concreto). Según “El Mundo”, en primera instancia se pensó utilizar dos reformas legales (otro barullo más) para introducir las modificaciones que ahora se quieren plasmar de forma sobrevenida en la ley orgánica de marras.

La idea inicial era cambiar la Ley Orgánica del Poder Judicial para que en las competencias del Tribunal Supremo se incluyera a los miembros de la Familia Real, al igual que ocurre con los diputados aforados; modificación que también implicaba cambios en la Ley de Enjuiciamiento Criminal, ahora en plena reforma. Sin embargo, se optó por elaborar una ley orgánica específica de acuerdo con lo establecido en el ya citado apartado 5 del artículo 57 de la Constitución, en orden a resolver las posibles abdicaciones y renuncias a la Corona, por supuesto con la presión derivada de su tardía consideración.

Perdido, pues, el Gobierno en la absurda intención de encajar los problemas de la Corona en leyes generales inútiles al caso (de la Carrera Militar, del Poder Judicial, de Enjuiciamiento Criminal, de Transparencia…), en vez de propiciar directamente una “ley de la Corona” específica que ponga lo que tenga que poner en su cabal sitio, todo apunta a que, de paso, al Príncipe Heredero se le está haciendo el flaco favor de cortar la hierba bajo sus pies; no sabemos si por la torpeza de unos y otros, incluido el entorno de La Zarzuela, o de forma maquiavélicamente intencionada para dejar herida de muerte a la propia Monarquía Parlamentaria. Queden los “listos” de turno atentos a la que se avecina si la Corona sigue apoyándose en asesores necios, ministros sin fuste y palanganeros de pacotilla.

Como dirían los taurinos acreditados, cuando el toro mal lidiado contra querencia llega a embrocar al torero “de cuadrado sobre corto”, rematando de lleno en el bulto, no hay quite divino que evite una cornada de categoría. De las que dejan el hule de la enfermería perdidito.

LA TRISTE HISTORIA DE UNAS ENMIENDAS DESPRECIADAS

Que esta reforma “salva muertos” no se está planteando ya en el momento más conveniente ni con la oportunidad debida, se puede ilustrar también con lo sucedido hace ahora catorce años, con motivo del gran cambió del modelo de Defensa Nacional, que pasó a ser plenamente profesional con la Ley 17/1999, de 18 de mayo, de Régimen del Personal de las Fuerzas Armadas. Una reforma desarrollada en momentos paralelos al menosprecio del sabio mensaje lanzado por Julián Marías sobre el error que suponía no haber desarrollar una “ley de la Corona” en las legislaturas más inmediatas a la aprobación de la Carta Magna.

Aquella norma legal terminó incluyendo la siguiente Disposición Adicional Primera: “El Gobierno, mediante real decreto aprobado en Consejo de Ministros, regulará la carrera militar de Su Alteza Real el Príncipe de Asturias, en la actualidad Capitán del Cuerpo General de las Armas del Ejército de Tierra (Infantería), Teniente de Navío del Cuerpo General de la Armada y Capitán del Cuerpo General del Ejército del Aire, quedando facultado para adaptar los preceptos de la presente Ley a las singularidades que se estime oportuno han de concurrir en su regulación y desarrollo, estableciendo un régimen propio y diferenciado, teniendo en cuenta las exigencias que Su alta representación demanda y las circunstancias que concurren en Su persona como Heredero de la Corona de España”.

En el trámite parlamentario del Proyecto de Ley, el diputado canario Luis Mardones, poco sospechoso de plantear veleidades sin sentido de Estado, propuso una enmienda de adición extraordinariamente oportuna y sensata, para que se añadiera al texto gubernamental un segundo párrafo redactado literalmente en estos términos: “(…) Por ley ordinaria específica se establecerá y regulará el rango militar, con sus honores y distinciones, propio del Heredero de la Corona de España, diferenciado del régimen del personal profesional de las Fuerzas Armadas”.

En la argumentación básica de aquella enmienda, se sostenía que era necesario distinguir con claridad la persona de Su Alteza Real Don Felipe de Borbón, de la figura del Heredero de la Corona de España como alta institución y sea quien fuere su titular, hombre o mujer, y militar o no, en cada momento. Al mismo tiempo, y considerando el nivel y las exigencias de tan alta representación, también se advertía que el precepto normativo para establecer y regular sus atributos militares (cuando existieran), con sus honores y distinciones, requería obviamente un rango jurídico de reconocimiento y estabilidad superior al real decreto, cuya promulgación es potestad exclusiva del Gobierno de turno; estimando, por tanto, que esa norma de rango menor era del todo inapropiada en relación con el carácter de la Corona como institución permanente.

Lo que políticamente subyacía en aquel lenguaje parlamentario, de forma obvia y oportuna, era la exigencia de desarrollar una “ley de la Corona”. Una sabia consideración, como la previa de Julián Marías, que, más que ser desoída, enervó a los necios asesores de la Corona y a sus “pelamanillas” gubernamentales.

El ministro de Defensa, Eduardo Serra, pidió de forma infructuosa al diputado Mardones que retirara su enmienda, que, tras no ser aceptada en Comisión, éste mantenía “viva” para su defensa ante el Pleno de la Cámara. Acto seguido, sería el presidente del Congreso de los Diputados, Federico Trillo-Figueroa, quien intentó lo mismo con idéntico resultado. Y, en tercera instancia, fue el propio presidente del Gobierno, José María Aznar, quien descendiendo del olimpo de La Moncloa y personalmente, que ya es decir, pidió el mismo y equivocado “favor”, alegando sugerencias de mayor instancia; circunstancia que llevó a Mardones, escéptico ante tan torpe actitud política y con una excelente relación personal con Su Majestad, a responder más o menos “que me lo pida quien puede pedírmelo”.

De esta forma, sería el mismo rey Juan Carlos quien, durante la celebración de una cena de Estado en el Palacio de Oriente, comentó con Mardones la conveniencia de que retirara su enmienda antes de la votación final del Proyecto de Ley con argumentos infundados -provenientes de asesores estúpidos- que no es prudente comentar, requerimiento que fue atendido de forma disciplinada a primera hora del día siguiente. Pero aquí no termina esta historia, que es bien reveladora en el contexto que comentamos de las “oportunidades perdidas de la Corona”.

Aquella misma mañana, Su Majestad recibía una larga misiva del diputado y leal servidor del Estado Luis Mardones en la que, además de notificarle el inmediato cumplimiento de su petición, le desgranaba toda una serie de argumentos justificativos de su proceder, señalando el significado político de la enmienda, su largo alcance histórico y los recursos de consenso parlamentario que, en aquellos momentos, hubieran llevado a la aprobación de la enmienda sin oposición de ninguna fuerza política presente en la Cámara (los dos diputados electos de HB en aquella legislatura no llegaron a tomar posesión del escaño). Ante tales explicaciones, la contestación de Su Majestad no dejaría en buen lugar a quienes habían muñido aquella torpeza (algo más o menos como “Estoy mal asesorado…”).

Para no hacer la historia más larga de lo necesario, digamos que ocho años más tarde, al tramitarse en el Congreso de los Diputados la Proposición de Ley que terminaría convertida en la desastrosa Ley 39/2007, de 19 de noviembre, de la carrera militar, el mismo Mardones volvió a presentar una enmienda para suprimir el artículo 2.2, devenido de la Disposición Adicional Primera de la Ley 17/1999, al que el Gobierno socialista había dado esta redacción literal: “El Príncipe de Asturias podrá desarrollar la carrera militar y tener los empleos militares que, mediante real decreto, determine el Gobierno, que queda facultado para establecer un régimen propio y diferenciado teniendo en cuenta las exigencias de su alta representación y su condición de heredero de la Corona de España”.

Esta nueva forma de “orientar” la carrera militar del Príncipe de Asturias (básicamente sus ascensos), evidenciaba que, tras ocho años de vigencia, la anterior fórmula se había mostrado totalmente inoperante… Pero, no obstante, los redactores del nuevo intento, y la propia Corona, contumaces en el error, recaían en la misma instrumentación a través de un mero real decreto, y perdiendo otra oportunidad para desarrollar la necesaria “ley de la Corona”.

Por ello, tras solicitar la supresión del artículo 2.2, Mardones presentó también una enmienda de modificación al texto de la Disposición Adicional Primera, recogiendo, nuevamente de forma infructuosa, la fórmula más adecuada para establecer los atributos militares del Heredero de la Corona, por supuesto mediante norma de rango legal. El texto propuesto, era el  mismo que ya había defendido ocho años antes en la tramitación de la Ley 17/1999: “Por ley ordinaria específica se establecerá y regulará el rango militar, con sus honores y distinciones, propios del Heredero de la Corona de España, diferenciado del régimen del personal profesional de las Fuerzas Armadas”.

Pero, además, dada la insistencia del Gobierno y de La Zarzuela de querer desarrollar de forma tan inapropiada la carrera militar del Príncipe de Asturias, quien en la práctica y por razones obvias ni la ejerce ni se puede equiparar tampoco con la de un militar convencional (jamás tuvo ningún destino concreto dentro de las Fuerzas Armadas), Mardones tuvo que advertir en su justificación, aunque fuera desoído, las inconveniencias que podrían derivarse de sus posibles ascensos extraordinarios, no regulados por ley específica. “Bien conocida [se decía en la enmienda] es la sentencia firme dictada en contra del ascenso al generalato de un coronel del Cuerpo Jurídico Militar, promovido de forma irregular por el Gobierno en el Real Decreto 1116/95, de 2 de julio, acompañada del bochorno personal e institucional que supuso la posterior degradación del afectado”…

LA “LEÑA AL FUEGO” DE LAS INOPORTUNIDADES MANIFIESTAS

Con lo dicho, no parece necesario aportar más ejemplos de “oportunidades perdidas” para desarrollar, conforme a sus propias exigencias, el Título II de la Constitución dedicado a la Corona, que a partir de esa norma suprema ha venido cumpliendo su alta función institucional manteniendo en el limbo legal muchos aspectos determinantes para su afianzamiento social y su proyección histórica. Pero de las “inoportunidades manifiestas” exhibidas en ese mismo sentido, tampoco faltan pruebas abundantes alrededor de los inconvenientes “sucesos” (por no decir “escándalos”) protagonizados en los últimos tiempos por el Rey y su yerno, el Duque de Palma (lo del otro yerno, lo de los “amigos delincuentes” y lo de los “apetitos borbónicos” ya estaba descontado socialmente).

Unos y otros han sido gestionados con escaso acierto, tanto en su vertiente política y jurídica como en la informativa. Con el agravante de que, además, se hayan producido en medio de una crisis global, con múltiples y graves afecciones económicas, políticas, sociales e institucionales; es decir, en tiempos de un malestar ciudadano colmatado y sin precedentes en el nuevo régimen.

Ahora, y en razón de sus “oportunidades perdidas” y sus “inoportunidades manifiestas”, todo enseña también a la Corona su peor cara, de forma que lo que antes era tolerable (e incluso aplaudido), se ha tornado en crítica y hasta en exasperación social. Ahora, todo lo relacionado con la Corona se mira con lupa y a todo se le saca punta. El polvo de otros tiempos se ha convertido en lodo, las cañas en lanzas punzantes y los pecadillos veniales en faltas mortales de necesidad, con amenaza de excomunión.

Como ya hemos comentado en otras Newsletters, el presidente del Consejo de Estado, José Manuel Romay Beccaria, afirmó en una entrevista concedida al diario “ABC” (21/05/2012) nada más tomar posesión del cargo: “No hace falta hacer ninguna ley sobre la Familia Real; la Corona está muy bien”. Una opinión que debería ser reconsiderada, porque, en apenas un año, esa supuesta “buena salud” ha derivado en un cuadro clínico a punto de insuficiencia orgánica, pasando desde la España “Corinnata” a la petición regia de perdón (“Lo siento mucho. Me he equivocado y no volverá a ocurrir”) y desde las bromitas de “El duque em…Palma…do” a calentar el banquillo de los acusados.

De hecho, también en este sentido de deriva vuelve a ser significativo lo que continuaba escribiendo García-Abadillo en “El Mundo” el pasado 14 de abril:

(…) Hay un debate abierto. Por primera vez desde la muerte de Franco. Los republicanos están haciendo su agosto con el desgaste de la Corona (hoy se cumplen 82 años de la proclamación de la Segunda República).

Entre los monárquicos hay división entre los que opinan que hay que dejar a Don Juan Carlos en paz hasta su muerte y quienes creen que lo mejor para la institución es que el Monarca abdique ya en el Príncipe Felipe.

El pasado miércoles, el ex presidente Felipe González dijo en un almuerzo organizado por la Asociación para la Defensa de la Transición: “De la crisis económica estoy seguro que saldremos... de la crisis política e institucional ya no estoy tan seguro que vayamos a salir”. En el centro de esa crisis institucional está la Monarquía.

Hay algunas ventajas respecto a la situación que vivía España a medidos de los 70 (fundamentalmente más nivel cultural y mayor renta per cápita), pero existe un gran inconveniente. Hace 40 años los políticos (la mayoría de ellos en la ilegalidad durante el franquismo) y la figura del Rey de España eran percibidos como la solución para llevar a buen término el proceloso tránsito de la dictadura a la democracia. Ahora, para muchos ciudadanos, los políticos y las instituciones son precisamente el problema...

Diga, pues, lo que diga Romay Beccaria, es innegable que cada día se habla más, y en todos los niveles sociales, de crisis política institucional, de abdicaciones, de alternativas republicanas y, el día menos pensado, se dirá, y será absolutamente cierto, que de los 15.706.078 españoles, y no más, que el 6 de diciembre de 1978 votaron a favor de la Monarquía Parlamentaria establecida en la Constitución Española, quedan cuatro y el de guitarra: un melón de agrio sabor ya abierto que algunos tendrán que comerse sí o sí. Y todo porque, jugueteando y jugueteando entre “oportunidades perdidas” e “inoportunidades manifiestas”, la propia Corona no se ha tomado lo suyo verdaderamente en serio.

Sabido es que, semánticamente, la “inutilidad” es la calidad de lo inútil, lo inservible, vano o estéril. Y que, como desambiguación aplicada a las personas, el vocablo es sinónimo de ineptitud, incompetencia, incapacidad, ineficacia, ignorancia…

Hay un refrán popular, tan espontáneo y anónimo como sabio, que afirma: “Cuchillito que no corta, que se pierda ¿qué me importa?”. René Descartes, uno de los hombres más destacados de la “revolución científica” y padre del racionalismo occidental, remarcaba que el no ser útil a nadie, es realmente lo mismo que no valer nada.

De forma algo menos ácida y determinante, Giacomo Leopardi, de origen campesino pero uno de los grandes de la lírica italiana del siglo XIX, extendía este significado de la inutilidad a la vida misma, afirmando que ésta, bajo todas las condiciones humanas, “no consiste más que en la ociosidad, si puede llamarse así al trabajo, al incesante tráfago que no nos conduce a ningún fin o que intenta llegar a uno, que no será capaz de hallar”…

INSTALADO EN LA ETERNA MAMANDURRIA DE LO PÚBLICO…

Pues bien, esa inutilidad como expresión de lo humana y políticamente infructuoso, es quizás el factor más característico y condicionante de la fría e introvertida personalidad de Mariano Rajoy (y en el fondo frívola), incluido su amor por la ociosidad, que debió comenzar a desarrollarse cuando obtuvo una plaza concursal en el Cuerpo de Registradores de la Propiedad, Mercantiles y de Bienes Muebles, con 24 años de edad y recién acabada la licenciatura de Derecho. Un concurso funcionarial que, como otros muchos, marca carácter, aunque al caso éste no sea precisamente el de persona activa, batalladora o integrada en el anhelo del progreso social ni en la búsqueda de un mundo mejor, sino más bien, y con todo el respeto que merezca el oficio, de escribanos o chupatintas de lujo enriquecidos por la misma burocracia que en España siempre ahoga a quienes sudan su trabajo y su dinero.

Tras realizar el servicio militar obligatorio (no se quiso integrar en la Milicia Universitaria como entonces solían hacer los universitarios españoles) y con apenas dos años de ejercicio profesional personal en plazas de menor rango, porque conservando su plaza de registrador oficial Rajoy siempre se las ha arreglado para que fuera realmente atendida por “suplentes” que le permitían ganar parte de los honorarios sin “dar un palo al agua”, entró de lleno en la mamandurria política con 26 años. Cosa en la que lleva de continuo toda una vida, desde 1981, compatibilizando a dos manos puestos y nóminas de partido y/o de cargos electos cuyas “papeletas”, cuando las ha habido, siempre le han resuelto los “alfombrillas” de turno.

Mariano Rajoy, actual presidente del Gobierno, no deja de ser, pues, un pluriempleado de “donde está lo mío” y “cuanto más mejor”, y nada de “estoy en política perdiendo dinero”, como se atrevió a pregonar en el Congreso de los Diputados mientras supuestamente ha venido distrayendo en la declaración de la renta algunas partidas con origen en el aparato del PP y en la plaza que conserva como Registrador de la Propiedad en Santa Pola (Alicante), a tenor de lo que sus enemigos políticos denuncian en la Red sin que nadie lo desmienta de forma fehaciente.

Según él mismo confiesa en su libro “En confianza” (Planeta, 2011), que subtitula como “Mi vida y mi proyecto de cambio para España”, aunque tal proyecto no aparezca por ningún lado, o sus débiles indicios aún estén inéditos -e incluso contradichos- en su posterior acción de gobierno, ya en otoño de 1981 se vio convertido en diputado autonómico gracias a un resultado electoral “un tanto inesperado”, porque iba “en un puesto de los de no salir”; es decir, con la misma e inusitada comodidad personal con la que, gracias a unos y otros y al propio sistema electoral de listas cerradas (la partitocracia), ha hecho toda su carrera política, incluidos los fracasos en las elecciones generales de 2004 y 2008 frente a José Luis Rodríguez Zapatero, otro que tal bailaba.

Pues bien, a partir de aquel 1981, su actitud personal es la típica del funcionario de oposición (con plaza segura) y, más a más, del perfecto “colaborador” del líder de turno, pendiente de subir peldaños no por hacer grandes cosas y tomar riesgos personales, sino más bien por no molestar al superior y no hacer nada inconveniente: un político “a la gallega”, reservón, vestido de gris y pendiente de los errores de otros para mover ficha y, si conviene, ocupar su puesto. Así se comportó con Gerardo Fernández Albor al inicio de su carrera política, después con Manuel Fraga y, finalmente, con José María Aznar.

Y así también marcó Rajoy en su momento distancias internas dentro del PP con Francisco Álvarez-Cascos, con Rodrigo Rato, con Esperanza Aguirre e incluso últimamente con el propio Aznar, todos con mayor talla política que la suya. Al tiempo que procuraba valerse de un equipo de sumisos disciplinados y tan leales a ultranza como “pringones” de oficio, que llegaban a imitarle la firma (con su autorización) para eximirle de tan agobiante carga de trabajo, mientras el ociaba ante la “caja tonta” de la tele para no perderse, puro en ristre, todos y cada uno de los acontecimientos deportivos que menos interesan a los intelectuales, los “cerebros” y los verdaderos currantes del país.

Paréntesis: El caso más señalado de la aliviadora suplantación de su firma lo elevó a paradigma Ana Pastor cuando era la “segunda” de Rajoy en el Ministerio del Interior, que él prácticamente no pisó jamás mientras compatibilizaba esa cartera con la de la Presidencia (febrero 2001 a julio 2002), como bien saben los funcionarios de la secretaría afecta.

Un meritorio perfil el de Mariano Rajoy de “vago-inteligente” (o tal vez de opositor cansado prematuramente y dispuesto a vivir del esfuerzo inicial sin volver a hincar los codos de por vida) que alcanzó su personal “principio de incompetencia” (o principio de Peter) cuando pasó a ocupar la dirección del PP y después la presidencia del Gobierno, en momentos de especial exigencia y dificultad. En sus estudios sobre la “jerarquiología”, Laurence J. Peter sostiene que las personas que realizan bien su trabajo en un determinado nivel suelen verse promocionadas a puestos de mayor responsabilidad, hasta que alcanzan su nivel de incompetencia; dicho de otra forma: en cualquier jerarquía, todo empleado tiende a ascender hasta su nivel de incompetencia, como la nata sube hasta cortarse y como Rajoy ha llegado a la presidencia del Gobierno, tras dos merecidas derrotas electorales en las que otro político inepto de solemnidad (ZP) le mojó la oreja bien mojada.

Un principio poco sorprendente porque, antes que Peter, nuestro Ortega y Gasset, buen conocedor de la realidad política y social española, ya nos legó un aforismo que, hoy por hoy, también parece pensado para el actual presidente del Gobierno, aunque no sólo para el: “Todos los empleados públicos deberían descender a su grado inmediato inferior, porque han sido ascendidos hasta volverse incompetentes”.

… Y EN LA INOPIA DE LA REALIDAD POLÍTICA

Pero, aun acomodado en la mamandurria pública y sin enfrentarse jamás a la dura realidad y competitividad de lo privado, Rajoy sí que ha estado inmerso en la política práctica de los últimos treinta años (estar “atento” es cosa distinta y “procesar” la acción de gobierno como el arte de lo posible aún más), pero asentado también en la inopia de su esencia. Porque, ducho como concejal de ayuntamiento, presidente de una diputación provincial, parlamentario autonómico y nacional, vicepresidente de la Xunta de Galicia, ministro en dos largas legislaturas y hasta vicepresidente del Gobierno, y por supuesto secretario general y a continuación presidente del PP, no puede decir, como él sigue diciendo a estas alturas de la historia y de la crisis, que ha sido víctima del “engaño” y de la mala gestión del gobierno precedente (cuyos fallos eran evidentes para el común de los mortales), con objeto de justificar ahora su propia inutilidad política, más que manifiesta.

Sobre todo, considerando también que cuando su partido no ha gobernado a nivel nacional sí que lo estaba haciendo en muchas de las autonomías y en miles de ayuntamientos, ostentando la jefatura de la Oposición durante ocho años (con la capacidad inherente de control al Gobierno que él no quiso ejercer), y sin ofrecer colaboración o propuestas políticas alternativas que mostrasen un mínimo sentido de Estado. Falta, pues, veracidad en sus palabras inconcretas, en sus conceptos y teorías sin formular, en las verdades retocadas y en las expresiones veladas propias de su compleja personalidad, a veces teñidas de una ironía galaico-portuguesa rayana en la hipocresía.

La realidad es que durante los ocho decisivos años que fue jefe de la oposición, Rajoy se dedicó a “vegetar” sin llegar a tomar conciencia exacta del drama que ya en la IX Legislatura (2008-2011) estaba asolando España, incluyendo las autonomías y los ayuntamientos gobernados por el PP, ni de sus causas. Y olvidando, claro está, diseñar las reformas que a todas luces necesitaba España para salir del atolladero (“sé lo que tengo que hacer” y “esto lo arreglo yo en cuanto los electores me lleven a la Moncloa”, repetía ufano en la oposición) y preparar los proyectos de ley y decretos necesarios para implementarlas rápidamente tras la investidura presidencial.

Pero es que, además, cuando tuvo que formar Gobierno, se rodeó de un equipo sin el menor peso específico, con escasa capacidad de diagnosis y, por tanto, sin la de generar ideas resolutivas para afrontar la situación. De hecho marginó a quienes, siendo más capaces, como Manuel Pizarro o Esperanza Aguirre, no se iban a comportar como alfombras políticas, ignorando, entonces y ahora, la vertiente institucional de la crisis y negándose a discutir siquiera las reformas necesarias…

Errores de partida a los que Rajoy añadió otro gravísimo: asumir en persona la dirección económica del Gobierno sin tener la más mínima formación ni experiencia para ello, lo que, por otra parte, ha condicionado por efecto de imagen su capacidad de remover a los cargos implicados. Con la inconveniencia añadida de dejar la supervisión de la acción política en manos de una vicepresidente todavía “verde” y excesivamente “suficiente” (basta observar al respecto cómo ha venido manejando, o le han manejado, el CNI y el permanente desastre viviente del Ministerio del Interior).

Ya hemos dicho en alguna ocasión que no merece la pena dar otros nombres, porque los profesionales de la economía, la empresa, las finanzas y hasta los funcionarios de prestigio (que de todo queda en el país) son perfectamente conocidos, con carnet o sin carnet del PP. Esos expertos reconocidos deberían haber sido, como sucedió en la época de Aznar, los consejeros técnicos e inmediatos de Rajoy al menos en esa materia económica que él, obviamente, no es ni será jamás capaz de digerir, pudiéndose haber dedicado entonces de forma más productiva -también lo hemos advertido- a impulsar las reformas políticas necesarias, estructurales e institucionales, para las que, por su propia carrera política, parecía más preparado, cosa para la que ahora ya sabemos que tampoco sirve.

Es evidente que esta crítica a Rajoy no deja de ser recurrente en nuestras Newsletters, en las que a veces nos vemos obligados a la auto-cita y a reiterar párrafos ya publicados. Pero es que la actitud política de Rajoy no deja de ser contumaz en el error y sus debilidades manifiestas, sin el menor atisbo de rectificación.

RAJOY NI DA MÁS DE SÍ, NI PUEDE DAR LO QUE NO TIENE

Sabido es que, vitalmente, Rajoy no puede soportar mucha carga de trabajo ni atender demasiados problemas a la vez (que son muchos e importantes). Es, sobre todo, un político pasivo, al que desagradan profundamente los cambios, las broncas y las tensiones, tanto como la acción y las ideas rompedoras, que son las necesarias en momentos de crisis total.

Rajoy es una especie de nihilista gallego empeñado en el “no hacer” y en el “no estar”, pero afincado en el “ser”, aunque solo sea para que otros “dejen de ser”, acostumbrado a la mera espera contemplativa y a que alguien termine dándole las cosas hechas por arte de “birlibirloque” (la Merkel, la supuesta capacidad exportadora del país, las inversiones extranjeras, la reactivación de la economía mundial…), como exige a sus colaboradores más inmediatos; adaptado a que unos u otros le gestionen benéficamente “lo suyo”, como parece que sucede con su carrera colateral en el Cuerpo de Registradores de la Propiedad…

Rajoy es un inmovilista por naturaleza y una auténtica “ave fría” de la política, que sólo confía en un entorno servil y de lealtad personal a ultranza (los cuñadísimos, los amiguísimos…) y que aplica despiadado la “cicuta del silencio” a todo el que ose contrariarle o simplemente le reitere cualquier cosa que no le gusta escuchar. Un hombre que incluso vive “pasivamente” su única afición conocida, el deporte, repantingado en una buena poltrona delante de la televisión, con copa y puro de por medio, en espera de que le ilumine graciosamente el Espíritu Santo… y poco madrugador.

Eso es lo que hay y ese es el “buey grande” que está tirando del carro de la España más problemática desde el 23-F: el “regalito” que la incompetencia de Rodríguez Zapatero nos ha dejado envuelto en el papel-celofán de la mayoría absoluta. Que nadie se llame a engaño -ya lo hemos escrito y ahora lo reiteramos- esperando que Rajoy vaya a darnos lo que no tiene o que, lanza en ristre, defienda de verdad la España constitucional de la libertad, la justicia, la igualdad y el pluralismo político; reponga el injusto daño social de las “preferentes”; defienda la dación en pago de las viviendas hipotecadas o imponga, con la mayoría absoluta que se le ha dado al efecto, las reformas estructurales e institucionales necesarias para sacar al país del gravísimo atolladero en el que se encuentra, porque es cosa metafísicamente imposible.

En nuestra Newsletter 42 del pasado 30 de diciembre (“Cuando los políticos no saben de la misa la media”, ya reproducíamos un comentario bien significativo sobre la inutilidad manifiesta de Rajoy que el profesor Jesús Fernández-Villaverde, reputado catedrático de Economía en la Universidad de Pensilvania y miembro de FEDEA (Fundación de Estudios de Economía Aplicada), había incluido en su conferencia “La salida de la crisis: cómo y cuándo”, pronunciada el precedente 21 de septiembre durante un encuentro de comunicación organizado en Madrid por el Club Empresarial ICADE y patrocinado por la Fundación Wellington. Fue así de lapidario:

Inglaterra cuando Margaret Thatcher gana las elecciones el 5 de mayo de 1971 está en una situación límite. Sin embargo Margaret Thatcher entiende que el Reino Unido tiene que ser la solución y acomete lo que hay que hacer. Un solo ejemplo brutal de la diferencia entre Rajoy y Margaret Thatcher:

. Margaret Thatcher gana las elecciones el 5 de mayo; el 6 de mayo por la noche anuncia su Gobierno; el 8 de mayo por la mañana presenta su presupuesto.

. Rajoy gana las elecciones el 20 de noviembre; anuncia su gobierno el 20 de diciembre y el presupuesto tiene que esperar hasta las elecciones andaluzas.

 

¿Necesita alguien decir algo más?

También hemos advertido en otra ocasión que esa “insuficiencia” orgánica o vital de Rajoy para posicionarse y actuar en varios planos a la vez y su incapacidad para analizar la crisis bajo una perspectiva múltiple, cosa que requiere una “inteligencia divergente” más propia del “creativo” que del “opositor a escribano”, acaso sean las circunstancias que le impiden visionar y afrontar el problema de España en toda su amplitud. Porque, estando atrapados, como estamos, en una espiral de caída libre ad limitum, lo sustancial no es establecer prioridades de políticas excluyentes, como él hace, que en todo caso son insuficientes, sino combatir el estrangulamiento económico en cada uno de sus frentes y con todas las armas posibles.

Sin discutir para nada la necesidad de cumplir el objetivo de reducción del déficit público, siempre que se plantee en plazos razonables y sin entrar en una dinámica con “efecto boomerang” (en la que ya se ha entrado), por debajo de la línea de flotación del sistema persisten otras “vías de agua” con la misma capacidad de hundirlo. Y que, a pesar del achique del déficit, lo están hundiendo. Es decir, de nada vale centrar la guerra en una única batalla falsamente “decisiva”, mientras el enemigo ataca por veinte frentes distintos, en los que, uno a uno, es necesario aplicar la respuesta adecuada.

Porque, ¿a dónde nos conduce el exclusivismo “anti-déficit” de Rajoy con una economía de crecimiento negativo? Sencillamente a esta correlación letal: Mayores impuestos, menos sueldos y más incrementos del IPC, generan de forma indefectible menos consumo, menos producción, menos empleo, menos cotizantes a la Seguridad Social y menos aportación al Tesoro, aumentando el importe de las prestaciones de desempleo, el déficit público (con un mayor coste de financiación)… Y vuelta a empezar con un menor consumo, menos producción…

Una encadenado perverso de acciones y reacciones que destruye el sistema económico y amenaza con volar también el sistema de pensiones, lo que, dicho llanamente, no supone otra cosa que la quiebra económica total del Estado, que ya estamos tocamos con la punta de los dedos por mucho que el mentiroso Gobierno de Rajoy quiera ocultarlo. Las nuevas torpezas políticas que se anuncian, sin ir más lejos la de la reforma del sistema de financiación autonómica mediante la transferencia recaudatoria del IRPF (más y más “café para todos”), sólo añaden gasolina, en lugar de espuma anti-incendios, a la abrasadora crisis nacional de evidente triple vertiente: económica, política e institucional.

Cualquier persona, excluidos quizás los escribanos y leguleyos de la política al corte del presidente Rajoy, puede entender que tratar de conjugar el déficit público a base de comprimir el consumo y crear cada vez más paro, es algo obviamente nefasto; que mientras la economía siga decreciendo, el paro seguirá aumentando y que, mientras el Gobierno no rectifique su política de lucha contra la crisis, cada vez nos hundiremos más y más en ella, sin esperanza alguna ni posibles milagros salvadores.

LOS NECESARIOS TORNIQUETES DE LA SANGRÍA NACIONAL

Por ello, y haciendo los deberes que exige Bruselas, en tiempo y forma que no supongan, como están suponiendo, llevarnos al suicidio económico colectivo, hay que asumir y taponar ya con extrema urgencia todas las vías de agua del sistema, empezando por las que más inciden en el paro y más deterioran la economía productiva. Un “trabajo en línea” -como ya hemos escrito en otras ocasiones- naturalmente acorde con el sentido común, que ya tuvo un precedente, aunque de signo distinto, cuando los recortes y tijeretazos impuestos por el Gobierno se compaginaron con una reforma laboral cuya necesidad fue asumida por la ciudadanía de forma más que razonable.

Ahora, el primer “taponazo” sería el de fomentar la creación de empleo. Ninguna economía moderna puede sobrevivir con un índice de paro continuo y creciente situado ya en el 26,9 por 100 (vamos a por el 30 por 100), lo que supone seis millones de personas desempleadas, porque en el mejor de los supuestos tal descalabro se reconvierte de forma automática en una economía sumergida, generando, a su vez, más fraude fiscal, más déficit público y, de nuevo, más paro. Para ello, bastaría incentivar seriamente a las pymes (3.243.185 censadas en 2012), como se incentivan otras cosas, para que, por término medio, cada una de ellas contratase a un nuevo empleado cuya nómina se pudiera compensar en su mayor parte mediante desgravaciones fiscales (un cambio equilibrado de impuestos por empleo).

El segundo consiste en recuperar para el Estado todas las competencias que constitucionalmente le son propias o que, en cualquier caso, éste puede ejercer de forma unitaria con mayor eficiencia y economía de recursos. Para empezar las más razonables de Sanidad, Justicia y Educación.

El tercero significa adelgazar el aparato de las administraciones públicas, evitando duplicaciones de servicios y dilucidando con claridad y sentido común las necesidades reales de la proximidad administrativa al ciudadano, racionalizando la organización y el funcionamiento de todos los entes locales (ayuntamientos, comarcas, diputaciones, cabildos insulares…) mediante una ordenación legal de nuevo cuño.

El cuarto supone “repensar” el Estado de las Autonomías, fijando sus límites con claridad y condicionando su funcionamiento en términos de justificación social y viabilidad económica, de forma que las que no puedan o prefieran no existir, se integren en otras autonomías o sometan su gobierno al de la Nación. Nada, por tanto, de más “café para todos”: ni el absurdo socialista del Estado Federal, ni el aberrante popular de transferir la caja recaudatoria a las autonomías, porque se la zamparán como se han zampado las cajas de ahorro y han dilapidado sus presupuestos ordinarios.

El quinto conduce a revaluar de forma imperiosa y progresiva las altas instituciones del Estado y sus organismos más emblemáticos, con el Poder Judicial en primer lugar, garantizando la independencia y la funcionalidad necesarias para el fiel cumplimiento de sus misiones, y a que las mismas recuperen la dignidad democrática inherente. Y exigiendo al titular de la Corona que, en efecto, arbitre y modere el funcionamiento regular de las instituciones, como se establece en la Constitución, o que vaya pensando en renunciar a la Jefatura del Estado, porque el país ya no está para adornos de opereta.

El sexto tendría que establecer un régimen impositivo menos antisocial y más solidario, persiguiendo de verdad la evasión fiscal tanto de las personas físicas como de las jurídicas y convirtiendo las empresas instrumentales establecidas en paraísos fiscales en sujetos delictivos o gravados con cargas extraordinarias. Y empezando por las 80.000 sociedades domiciliadas en Gibraltar vinculadas a ciudadanos españoles…

Pero dejémoslo ahí, porque no es nuestra intención dar lecciones de buen gobierno a nadie (aunque sí lo sea criticar a quienes gobiernan mal). Y porque, siendo como son los problemas de España tan evidentes, cualquier ciudadano sensato podría ampliar fácilmente este listado básico de sugerencias, en verdad poco matizables, para empezar a sacar al país del grave embrollo en el que se encuentra.

Lo patético del caso es que, mientras un ejército de técnicos y analistas expertos claman ante Rajoy tratando de orientar reformas no ideológicas, sino meramente racionales y prácticas, de verdadera y urgente necesidad nacional, el presidente del Gobierno sigue “erre que erre”, desojando las margaritas del hambre y el estallido social y manteniendo en el Consejo de Ministros a un agotado equipo de “inútiles totales” (salvo alguna honrosa excepción contaminada por el conjunto), como “inútil manifiesto” que él mismo es.

Ahí está el continuo deterioro del Gobierno y la Oposición que muestran las investigaciones demoscópicas, públicas y privadas, y que, aun reprobados ya prácticamente hasta sus últimos límites “cero”, siguen en un inequívoco sentido descendente.

LA INUTILIDAD DEL GOBIERNO ACTIVA LA BOMBA DEMOSCÓPICA

Así, la serie prolongada del Barómetro de Metroscopia sobre intención de voto evidencia, por ejemplo, no sólo el declive electoral progresivo del PP y del PSOE (éste menos precipitado), sino también un crecimiento paralelo de las opciones políticas antes “minoritarias”, como IU y UyPD, que continúan apuntando -como anticipamos hace tiempo- a una clara desaparición del “bipartidismo”.

Los resultados previstos para el supuesto de unas elecciones generales que se celebrasen en estos momentos con una participación esperada del 53 por 100 del electorado (que también viene decreciendo de forma peligrosa), con su evolución desde enero de 2012 hasta abril de 2013, arrojan el siguiente resultado:

PP………… Del 46,4 baja al 24,5 por 100

PSOE……  Del 28,7 baja al 23,0 por 100

IU………… Del 07,7 sube al 15.6 por 100

UyPD……  Del 04,6 sube al 13,7 por 100

En esta evolución de la intención del voto (que ya no alcanza el 50 por 100 sumando a los dos partidos mayoritarios), cabe destacar la brutal pérdida de un 21,9 por 100 de apoyo electoral registrada por el PP, con un nivel resultante que nunca ha permitido a ningún partido ganar unos comicios legislativos. Y también es llamativa la pérdida de un 5,7 por 100 de los votos del PSOE, tan significativa como la del PP (aunque no se quiera ver así) porque parte de un nivel inferior de votos y el porcentaje de caída sobre el punto de partida no puede ser tan alto.

Por otra parte, en sentido inverso aparecen el gran crecimiento del respaldo popular a IU, que sube un 7,9 por 100, porcentaje superior al 100 del obtenido en el punto de partida, y el arrollador avance de UyPD, que incrementa en 9,1 puntos su nivel inicial del 4,6 por 100 de los votos, es decir que casi triplica sus expectativas de voto. Una vez sobrepasado el 10 por 100 de los votos, ambas formaciones deberían quedar liberadas del castigo que supone para las minorías políticas aplicar el sistema D’Hondt al reparto de escaños electorales.

Al iniciarse estas tendencias, ya advertimos que la tremenda caída de apoyo electoral que registran PP y PSOE, definitoria del fortísimo rechazo social que provocan ambos partidos, y el significativo ascenso de IU y de UyPD, sin duda alguna en mayor sintonía con el electorado, muestran un nuevo mapa de reparto de votos definitorio de un nuevo sistema político, remarcado además por las opciones nacionalistas. En esencia señala la dilución del “bipartidismo” que fue impuesto de forma soterrada en la Transición y abre la puerta a inéditas formas de gobierno de impredecibles efectos.

EL INSOPORTABLE DESPRESTIGIO SOCIAL DEL GOBIERNO

Pero, más allá de este latente descalabro electoral del PP y del PSOE, en apenas tres meses el Barómetro de Metroscopia (con el trabajo de campo realizado los días 3 y 4 de abril) ha vuelto a elevar el ya elevadísimo nivel de rechazo social al Gobierno.

Mientras el 19 por 100 de los encuestados “aprueba” la gestión de Rajoy, el 76 por 100 la “desaprueba” (pasando el anterior saldo de un -53 al de -57). Y mientras el presidente del Gobierno sólo inspira confianza al 14 por 100, al 85 por 100 no se le inspira (el anterior saldo del -68 pasa al -71).

La conclusión sobre el conjunto de la acción gubernamental, es que sólo el 18 por 100 de los encuestados cree que es “positiva” y el 77 por 100, cuatro veces más, que es “negativa”. Todo ello define un cuadro sintomático de opinión sobre la gestión del Gobierno del PP en el que la valoración positiva ha venido decreciendo mes a mes y la negativa sigue avanzando en un ya lento (porque el PP ha superado con  creces su “fondo” electoral) pero permanente crecimiento…

Además, el mismo Barómetro de Metroscopia muestra también un similar descalabro continuado para el jefe de la Oposición. Mientras el 10 por 100 de los encuestados aprueba la gestión desarrollada al efecto por Alfredo Pérez Rubalcaba, un 85 por 100 la desaprueba (el precedente saldo de -69 pasa a -75) y, mientras el mismo personaje inspira confianza sólo a un 6 por 100, a un determinante 93 por 100 no se la inspira; es decir, que ni siquiera la mitad de los pocos electores que todavía se muestran dispuestos a votar al PSOE creen en sus propios dirigentes, lo que, dicho de otra forma, significa que les votarían con “los dedos apretando la nariz”.

La tremenda descalificación global del Gobierno reflejada en el Barómetro de Metroscopia del pasado mes de enero, con un criterio de valoración en el que el saldo entre el porcentaje de los encuestados que aprobaban o desaprobaban a cada ministro ya suponía un deplorable “suspenso radical” sin precedentes históricos, sigue no obstante creciendo en todos y cada uno de los casos (salvo en el del ministro de defensa que se mantiene en el  mismo nivel negativo), como se recoge en el resumen siguiente:

Mariano Rajoy……………………………     El saldo de -53 pasa a -57

José Ignacio Wert………………………          El saldo de -56 pasa a -60

Ana Mato……………………………………    El saldo de -40 pasa a -59

Cristóbal Montoro………………………         El saldo de -41 pasa a -56

Fátima Báñez………………………………       El saldo de -50 pasa a -55

Alberto Ruiz-Gallardón………………             El saldo de -46 pasa a -54

Luis de Guindos…………………………        El saldo de -40 pasa a -47

Jorge Fernández Díaz…………………           El saldo de -41 pasa a -45

Ana Pastor…………………………………     El saldo de -24 pasa a -36

José Manuel García-Margallo………            El saldo de -29 pasa a -34

Miguel Arias Cañete……………………       El saldo de -29 pasa a -33

Soraya Sáenz de Santamaría……                  El saldo de -25 pasa a -32

José Manuel Soria………………………       El saldo de -30 pasa a -32

Pedro Morenés……………………………    El saldo de -35 se mantiene

En esta medición resultan especialmente significativas las nuevas caídas en la valoración pública de Alberto Ruiz-Gallardón y Ana Mato y el extremo crecimiento negativo que, junto al de ellos, obtienen también José ignacio Wert, Cristóbal Montoro, Fátima Báñez y el propio Mariano Rajoy, sin que éste se plantee siquiera el reajuste mínimo del Consejo de Ministros que se le viene reclamando de forma clamorosa. Cuando, además, el Gobierno en pleno alcanza un saldo de desaprobación media de -45, configurándose ante los gobernados como un insólito plantel de “inútiles totales”, bajo el mando efectivo de un “inútil manifiesto”.

De las encuestas del CIS (Centro de Investigaciones Sociológicas), que es un organismo autónomo dependiente del Ministerio de la Presidencia, cada vez se puede hablar menos porque, claro está, lo que se pregunta en ellas y cuando se pregunta, está bajo la tutela gubernamental. No obstante, en su Barómetro del pasado mes de octubre (Estudio 2.960) ya se advertía también el continuo declive de la valoración de los miembros del Gobierno y del jefe de la Oposición por parte de la ciudadanía, hasta llegar a los mínimos inéditos e intolerables que comentamos. Hace pues seis meses, el “suspenso radical” se manifestaba con una bochornosa puntuación que, establecida de 0 a 10, suponía también un suspenso radical, y que a tenor de cómo sigue marchando el país, hoy será sin la menor duda mucho más esperpéntica:

Mariano Rajoy                                 2,78

Alberto Ruiz-Gallardón                   3,54

Miguel Arias Cañete                       3,32

Ana Pastor                                        3,28

Soraya Sáenz de Santamaría          3,28

José Manuel García-Margallo       3,20

José Manuel Soria                          3,02

Luis de Guindos                             2,92

Ana Mato                                       2,90

Pedro Morenés                              2,81

Jorge Fernández Díaz                   2,77

Cristóbal Montoro                       2,77

Fátima Báñez                                2,71

José Ignacio Wert                        2,15

Alfredo Pérez Rubalcaba            3,70

EL PRESIDENTE PEOR VALORADO DESDE LA TRANSICIÓN

En efecto, la secuencia de encuestas “barométricas” del CIS, ahora ralentizadas en cuanto a la valoración del Gobierno, también ha puesto en evidencia su continua reprobación social, con una nota media menor de 3 puntos sobre 10 en el pasado mes de octubre que desde entonces ha debido llegar prácticamente al “cero patatero” (quizás por eso el ítem ha dejado de incluirse en sus cuestionarios). Y también muestra que Rajoy alcanzó ya hace seis meses la peor valoración jamás otorgada por la ciudadana a un presidente del Gobierno desde la Transición, con un 2,78 (muy por debajo del aprobado estricto de los 5 puntos y menor incluso que la media del conjunto del Ejecutivo). 

El record en valoración negativa la ostentaba hasta entonces José Luis Rodríguez Zapatero, con el 3,07 que alcanzó un mes antes de perder las elecciones, nota todavía superior al 2,78 alcanzado por Rajoy en octubre de 2012 (y sin duda rebajado aún más al día de la fecha) en un claro décalage electoral con el apoyo que obtuvo hace un año en los comicios del 20-N. La peor valoración de José María Aznar fue de 3,99 puntos; la de Felipe González de 3,86 en septiembre de 1995, poco antes de perder el Gobierno, y la de Adolfo Suárez de 3,99 en octubre de 1981, al hundirse UCD.

Pero lo más significativo de estas mediciones “oficiales” del CIS, es que el propio Pérez Rubalcaba, actual jefe de la Oposición y candidato socialista que perdió las últimas elecciones legislativas frente a Rajoy, todavía tenía en el mismo mes de octubre una mejor valoración ciudadana (un 3,70 frente al 2,78 del presidente del Gobierno), a pesar de sus escasos méritos políticos. Y esto es lo que hay, respaldado con el marchamo demoscópico del Ministerio de la Presidencia; una proyección negativa de imagen ante la sociedad sin precedentes y realmente demoledora para el PP.

Claro está que desde la instauración del nuevo régimen democrático ningún presidente del Gobierno, incluido Rodríguez Zapatero, estuvo peor valorado que Mariano Rajoy (lo que ya es mucho decir). Quizás porque, como mero escribano de la política y deshojador de margaritas, desconozca aquella máxima aristotélica de que “la política no es el conocimiento, sino la acción”.

Estando las cosas como están, a Rajoy se le han acabado ya el periodo de gracia política y la excusa de la “herencia recibida”. Ahora, su compromiso  como presidente del Gobierno y del partido que le sustenta, es total y, lamentablemente, con su mayoría parlamentaria absoluta desperdiciada (un verdadero “cheque en blanco” histórico y quizás irrepetible para cambiar el errante rumbo de la política española). De hecho, ya le va al pelo la “talla cero” de estadista, mostrándose como se ha mostrado más interesado en las elecciones del día (andaluzas, vascas, gallegas… o legislativas), y en mantener “lo suyo”, que por la próxima generación de españoles y el futuro histórico de España.

Ezequiel Martínez Estrada, poeta y afinado ensayista argentino, desdichado profeta de la revolución latinoamericana, nos legó estos melancólicos versos que bien podrían ser premonitorios de la España que Rajoy, después de ZP, nos está echando encima:

El inútil apremio de la hormiga atareada,

y al fin de tanto esfuerzo, de tanto afán prolijo,

ni un gran libro,

ni un árbol que dé sombra, ni un hijo.

La tristeza, el trabajo y el amor, para nada.

Lo cierto es que todo se termina de desmoronar bajo la presidencia de Rajoy, aunque él niegue la mayor y afirme que la recuperación económica y la disminución del paro, que había vaticinado primero para el 2012 y después para el 2013, será una realidad en 2014. Pero no dice cómo ni por qué se produciría su esperado milagro (el cuándo volverá a cambiarlo dentro de poco), sencillamente porque, como buen “inútil manifiesto” que es, no lo sabe.

El pasado 31 de marzo, nos desayunamos con una entrevista concedida al diario “El Mundo” por el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel García-Margallo, que no dejó de sorprender a propios y extraños, porque el jefe de la diplomacia española no se pronunciaba en ella precisamente sobre temas relativos a su cargo. En ese terreno propio, sólo confirmó, y apenas de refilón, las dos reuniones que había mantenido con la avispada Corinna zu Sayn-Wittgenstein (la entrañable amiga del rey Juan Carlos) para pedirle que mediara peregrinamente en Abu Dabi para calmar a los inversores árabes por el malestar que les producía la reducción de primas en las energías renovables ¿¿??: un cuento digno de incluirse en la fantástica recopilación de “Las mil y una noches”, quizás con el título de “Corinna y la lámpara maravillosa”.

Aparcando lo suyo y de repente entrometido en lo de otros, García-Margallo se adentró en el delicado mundo de la organización territorial de España, proponiendo nada menos que la revisión del Estado de las Autonomías y de su sistema de financiación, con criterios basados en la corresponsabilidad fiscal y los precios públicos. De hecho, la entrevista de marras se terminó titulando “Las comunidades deben gestionar sus impuestos como los conciertos forales” (García-Margallo dixit); lo que no deja de anunciar un nuevo “café para todos” autonómico, que traerá cola y de la grande. 

¿ESTAMOS ANTE UNA INMEDIATA REMODELACIÓN DEL GOBIERNO?

En sus declaraciones, el actual ministro de Exteriores ejerció de perfecto vicepresidente de Economía (cargo hasta ahora torpemente asumido de facto por el propio Rajoy), o cuando menos de ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, lo que, para empezar, apuntaría hacia una próxima remodelación del Gobierno en la que el actual titular de esa cartera, Cristóbal Montoro, podría abandonar el Consejo de Ministros, prácticamente por la puerta de atrás, o verse degradado en el mejor de los casos con otro mando político por encima que le distanciara del presidente Rajoy. Porque asignar otra alta responsabilidad gubernamental a este excéntrico personaje, convertido en un contumaz émulo del “Profesor Chiflado”, sería algo demasiado risible.

Por otra parte, se podría pensar que la entrevista estaba pactada (incluso con el propio Montoro), porque, de no ser así, nadie entendería que los avezados periodistas que entrevistaron a García-Margallo iniciaran su conversación tocando temas tan alejados de su competencia, con cinco preguntas que, hoy por hoy, deberían dirigirse claramente a otro ministro del Gobierno. 

Vean nuestros lectores el inicio de la entrevista en cuestión y saquen sus propias conclusiones al respecto:  

Pregunta.- Algunas comunidades están exigiendo una mejor financiación autonómica. ¿Considera justa la reivindicación?

Respuesta.- El modelo caduca el 31 de diciembre de 2013 y el Gobierno ya cuenta con varios estudios. En primer lugar, el Instituto de Estudios Fiscales, que es el ‘think tank’ del Ministerio de Hacienda, está ultimando las balanzas fiscales. Y en segundo lugar, y mucho más importante, tenemos datos que nos permiten conocer con exactitud el coste de algunos servicios para avanzar hacia un modelo mucho más exacto y más justo.

P.- Está pendiente de aprobación un nuevo plan de pago a proveedores. ¿Se va a activar ya? El Gobierno está colocando bien su deuda.

R.- Está colocando bien su deuda, relativamente. Estamos 350 puntos por encima de la financiación del bono alemán. El problema de la deuda es que se contempla de manera estrecha y equivocada. La prima se traduce en que nuestras empresas soportan costes cinco puntos superiores a los que tienen las alemanas. Esto lo he dicho siempre en Europa. Es la mayor distorsión a la competencia que yo he conocido nunca.

P.- Conociendo el coste en la prestación de cada servicio, ¿el Gobierno volverá a calcular las transferencias en sanidad o educación para cada región?

R.- No es sólo un problema del cálculo de las transferencias. Un modelo necesita decisiones políticas. ¿Cuáles son los servicios básicos que estamos dispuestos a financiar? ¿Una televisión autonómica es un servicio esencial que debe costear toda la nación? Yo creo que la idea central -es una propuesta personal mía y expuesta, por cierto, en un libro que escribí en 1996- es que la Administración central debe reservarse los grandes impuestos que afectan al mercado interior: Impuesto sobre Sociedades e IVA. Con estos ingresos financiar los servicios que el Estado sigue prestando y dejar el resto de impuestos al arbitrio de cada autonomía. Eso es la corresponsabilidad fiscal. No es tanto transferir agua como dejarles que exploten sus propios pozos. Además, debería implantarse una figura que podría ser fundamental en el futuro: los precios públicos. Aquí nos hemos obsesionado en discutir el copago sanitario, pero los laboristas británicos debaten la posibilidad de establecer tasas en las autovías en función de lo que contaminen los coches y de las horas a las que transiten. ¿Qué ventaja tiene este sistema? De alguna manera, se alcanza un resultado muy parecido a los conciertos de los territorios forales.

P.-Pero esto es una verdadera revolución. Un nuevo modelo de Estado.

R.- Es un nuevo modelo de financiación. En el tema de las autonomías, de la estructura territorial, las circunstancias han cambiado radicalmente. Han pasado 30 años y ya tenemos una experiencia, formamos parte de la UE y se ha producido una auténtica revolución en el escenario económico mundial y en el terreno de las ideas. La caída de Lehman Brothers en 2007 es una fecha tan importante como 1929 o 1973. En ese mundo nuevo, es obvio que la organización territorial del Estado es uno de los aspectos que hay que considerar.

P.- ¿El nuevo sistema de financiación cuándo comenzará a aplicarse?

R.- El 1 de enero de 2014.

(…)

Conviene saber que García-Margallo no es diplomático, sino abogado con oposición ganada en 1968 como Inspector Técnico Fiscal del Estado y que, como tal, ocupó el cargo de jefe del Servicio de Estudios y Programación de la Secretaría General Técnica del Ministerio de Hacienda (1974). Además,  a lo largo de su extensa actividad parlamentaria, en el Congreso de los Diputados ejerció de portavoz de Economía y Hacienda en tres legislaturas, primero con el PDP (1986-89) y después con el PP (1989-94), mientras que en el Parlamento Europeo (1994-2011) fue vicepresidente de la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios y presidente del Intergrupo de Servicios Financieros. Aparte de ser íntimo amigo del “cuñadísimo” de Rajoy, el hoy eurodiputado Francisco José Millán Mon: un dato decisivo para superar el enfermizo recelo presidencial sobre sus colaboradores más cercanos y poder acceder al búnker marianista de La Moncloa…

Pero el soterrado alboroto dentro del gallinero del Gobierno, no queda ahí. Otro ministro que revolotea por los medios informativos sin más “ton ni son” que el de la autopromoción ante los ojos del “Jefe Rajoy”, es el titular de Interior, Jorge Fernández Díaz, acongojado por la sentencia que a no tardar, quizás este mismo mes de abril, dictará el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) de Estrasburgo sobre la denominada “doctrina Parot”, que puede conllevar la excarcelación más o menos inmediata de 60 terroristas de ETA. Muchos de ellos son los más sanguinarios de la banda y en su historial criminal cuentan con múltiples víctimas y con condenas de más de mil años de cárcel.

Un impasse verdaderamente preocupante, porque la puesta en libertad de etarras tan sanguinarios como la propia Inés del Río, Henri Parot, Santiago Arrospide Sarasola (“Santi Potros”), los hermanos Domingo y Antonio Troitiño Arranz, Antonio López Ruiz (“Kubati”), Iñaki Arakama Mendía (“Makario”) o Pedro Etxeberría Lete, tendría consecuencias de enorme alcance para alentar las aspiraciones independentistas en el País Vasco y reavivar las protestas de las víctimas del terrorismo, heridas de nuevo en su memoria y dignidad más esenciales.  

A ello hay que añadir la deriva que pueda tomar la práctica del “escrache” de los afectados por los desahucios y el “escándalo de las preferentes”, con amenaza de contagio a las bases sociales desempleadas y en general a todos los españoles indignados con la corrupción política, que son varios millones, tanto por su incidencia en la seguridad pública como en lo tocante a la más que deteriorada imagen del Gobierno y del partido que le sustenta. De momento, la pretensión del ministro Fernández Díaz de que la Policía proceda a “identificar” a todos los que intervengan en ese tipo de protestas, sin que exista infracción alguna, ya ha generado un primer rechazo frontal en los sindicatos de los Cuerpos de la Seguridad del Estado.

Paréntesis: En este delicado tema, si el Gobierno y el conjunto de la clase política no quieren terminar de apuntillar el sistema democrático, tendrán que valorar de forma cuidadosa hasta donde llevan sus críticas contra el “escrache”, a quienes de los que protestan y contra los que se protesta se señala como auténticos facinerosos y en qué lado del problema se sitúan realmente las “cruces gamadas”. A nadie se le escapa que la mejor forma de combatir el fenómeno no es criticarlo, sino evitar o limitar las causas que lo provocan, y que enterrar la verdad o tratar de ahogar las libertades públicas son prácticas ciertamente procelosas.

Pero en el revuelo (aun contenido) de una eventual remoción de ministros, no hay que olvidar a otros miembros del Ejecutivo claramente merecedores de un cese inminente: Ana Mato, por su relación con la “trama Gürtel”, y Alberto Ruiz-Gallardón, el dirigente del PP más odiado por la propia derecha española.

Éste se encuentra enfrentado, de forma grave e irreversible, con el estamento judicial, a punto de ser imputado en el “caso Nóos” (sobre todo cuando ya lo ha sido la Infanta Cristina) y señalado por algún analista informado como filtrador a la prensa de “los papeles de Bárcenas” (a pesar de la campaña desatada para atribuir ese papel al ex diputado del PP Jorge Trias Sagnier, buen conocedor del “caso Gürtel”), e incluso como posible instigador de la también desleal campaña de descrédito contra el presidente de la Xunta de Galicia, Alberto Núñez Feijóo. Un ataque prendido con alfileres a cuenta de una antigua relación de amistad con el narcotraficante Marcial Dorado, sin más objeto que destruir su carrera como sucesor in pectore de Mariano Rajoy.

Sabido es el poco aprecio que las bases y el aparato del PP tienen por Alberto Ruiz-Gallardón, al que consideran un ambicioso sin más posibilidad de sustituir a Rajoy que por vía de la intriga y de una eventual “ingeniería” política amañada con el PSOE en el marco de una hecatombe nacional, jugando a ser “el Monti español”; es decir, un híbrido entre “traidor” y “dinamitero” al que cada vez se la van jurando más y más dirigentes populares. Quizás ese clima haya llegado a su límite con el “caso Feijóo”, sin duda muy considerado en el PP y en efecto un “hombre de Rajoy”, si no su “delfín”, que bien podría ser el detonante de la defenestración política del torpe y repudiado ministro al que la aguerrida Esperanza Aguirre señalaba íntima y cariñosamente como “el hijoputa”.

En ese mismo contexto de remodelación del Gobierno, Fátima Báñez y José Ignacio Wert, marcados por una pésima gestión ministerial, también deben andar intranquilos y pendientes de un cese más que natural. Aunque nadie discuta el poco interés del presidente Rajoy por modificar las situaciones establecidas y reconducir sus errores políticos.

Incluso Pedro Morenés, aplicado en la cartera de Defensa, que dada la disciplina y jerarquización de las Fuerzas Armadas no deja de ser la más tranquila del Gobierno, también se encuentra en permanente “campaña personal”, haciendo valer ante Rajoy los buenos resultados del drástico plan de ajuste económico que soporta su ministerio, sin quererse ver afectado por las reacciones “patrióticas” que puedan sobrevenir ante el avance del secesionismo. Un ministro tipo “florero” todavía sin quemar, que podría permanecer en su puesto o trasladarse, por ejemplo, al ministerio del Interior que dejaría libre un Fernández Díaz reconvertido en embajador ante la Santa Sede o ante los pingüinos de la Antártida, donde podría seguir “pisando charcos” sin mayor problema político.

En definitiva, un marco de remodelación conveniente y latente desde hace tiempo en el que también algunos ministros “cumplidores”, como Miguel Arias Cañete y Ana Pastor, podrían adquirir mayor relevancia, oxigenando un poco la nefasta acción del Gobierno y ganando “tiempos muertos” hasta que aparezca de verdad algún síntoma de recuperación económica, cosa que está por ver.

RAJOY, HACIA UNA REMOCIÓN AUTONÓMICA ANTIPATRIOTA

Convencido Rajoy, y sólo él, de que “España es un país limpio” y que en el 2014 (apenas a ocho meses vista) “se comenzará a crear empleo”, que son dos chorradas gratuitas y hasta ridículas lanzadas el pasado 3 de abril ante la Junta Directiva Nacional del PP, parece que la esperada remodelación del Consejo de Ministros serviría para afrontar con caras nuevas los problemas de corte institucional más acuciantes del país, empezando por el del secesionismo catalán. Porque, erradas las torpes valoraciones previas de unos y otros sobre el tema, parece claro que la cuestión catalana necesita una atención urgente.

El príncipe Felipe, futuro rey de España, dijo no hace mucho tiempo que “Cataluña no es el problema” y se quedó tan pancho. Como flamante presidente del Consejo de Estado, confundiendo su deseo personal con una verdad histórica, José Ramón Romay afirmó más o menos a la par: “No hace falta hacer ninguna ley sobre la familia real. La Corona está muy bien”. Y Mariano Rajoy sostuvo a continuación, evidentemente sin saber lo que decía, aquello de que la “Declaración de soberanía y del derecho a decidir del pueblo de Cataluña” aprobada por su Parlamento, “no tenía efectos jurídicos”…

Después, el Consejo de Ministros anunciaría la impugnación de la resolución que aprobó la declaración de marras, apoyándose en un innecesario y no vinculante dictamen del Consejo de Estado que la tacha de inconstitucional, porque declara la soberanía del pueblo catalán y acuerda la iniciación de un procedimiento para hacerla efectiva. Pero, eso y más, agua de borrajas.

El secesionismo catalán sigue su curso (con el vasco a punto de caramelo) y, claro está, algo se debe hacer para evitarlo. Cada gobierno es muy libre de elegir el camino que considere más adecuado para ello y Rajoy parece haber elegido el suyo, acorde con su personalidad, temperamento, cabeza política y todo lo que se le quiera poner encima: el camino antipatriota del nuevo “café para todos”, que, más que traer cola, que desde luego la traerá, apunta directamente al desiderátum final del Estado español. Atentos al caso, porque es de órdago a la grande.

Rajoy parece haber hecho suyo (ahí está la reforma del Estado de las Autonomías anunciada por García-Margallo basada en “conciertos forales para todos”) el “Delenda est Carthago” con el que Marco Porcio Catón (Catón el Viejo) concluía todos sus discursos en el Senado romano durante los últimos años de las Guerras Púnicas, que también tuvieron su origen en conflictos de dominio territorial. De hecho, la expresión se utiliza para identificar una idea fija que se persigue sin descanso hasta que se ve realizada; pero con la triste salvedad de que si entonces Roma terminó destruyendo Cartago, el camino apuntado por Rajoy terminará destruyendo España.

En estas mismas Newsletters apoyamos, al principio de la legislatura, el mandato mayoritario otorgado a Rajoy en las urnas para afrontar las reformas necesarias en el contexto de la crisis económica y política del momento. Pero el análisis objetivo de la realidad subsiguiente, obligó en primer lugar a cuestionar seriamente la capacidad de su gobierno, después a advertir que caminaba por la misma senda de inoperancia por la que había transitado Rodríguez Zapatero y, finalmente, a denunciar su nirvana político, ensimismado, entre otras cosas, en papar moscas y lametearle los pies a “frau Merkel”…

Y ahora resulta que, tras haber declarado el propio Aznar urbi et orbi que él mismo había llegado al límite de las transferencias competenciales, es decir a su máxima consumación, y denunciar los posteriores excesos de Zapatero al respecto, viene el espabilado registrador de la propiedad pontevedrés, toma carrerilla y supera la deslealtad institucional de ambos (en realidad el límite más que adecuado ya lo había marcado Felipe González). Porque lo que el presidente del Gobierno ha ofrecido finalmente a Artur Mas en sus “entrevistas secretas” (que desde luego se las traen) es el mismo concierto económico “al alza” que le negó antes de que éste convocara las elecciones anticipadas que derivaron en la eclosión del secesionismo.

El problema inmediato es que, como era previsible, el resto de las gobiernos autonómicos han exigido las garantía de igualdad de trato que establece la Constitución, llevando al consabido “conciertos para todos” cediendo a las autonomías la gestión plena del IRPF (la solución publicitada por García-Margallo a modo de “sonda” política). Por supuesto con el riesgo evidente de que saqueen las recaudaciones como han saqueado sus presupuestos y las Cajas de Ahorro.

Una remoción antipatriótica del agotado Estado de las Autonomías que, de consumarse, conducirá a su vez a nuevas exigencias “asimétricas” por parte de las mal llamadas “históricas”. Y vuelta a empezar…

Este pobre y torpe juego político, más allá de reconfirmar la poca talla de estadista que tiene el actual presidente del Gobierno (más o menos la misma de ZP, que ya es decir), vendría a imputarle una condición de malversador del Estado español mucho más grave de lo que él y quienes le acompañen en esa desgraciada aventura puedan suponer. Incluida la Corona, que debería arbitrar y moderar el funcionamiento regular de las instituciones y no lo hace (que esa es otra).

Esto es lo que intuimos que cocina Rajoy y lo que parece avecinarse en el curso de este mismo año, sólo por la soberbia de un político de segunda clase venido a más gracias al descalabro nacional que supuso el tránsito de ZP por la presidencia del Gobierno. Atrincherado en permanente “oídos sordos” ante las mil y una recomendaciones informadas que le llegan desde dentro y fuera del PP para que acometa, con esa mayoría parlamentaria de la que tanto presume y tan torpemente está despreciando, las reformas institucionales hoy imprescindibles para salir de la crisis económica y, algo todavía mucho más trascendente, de la grave crisis política que de forma irremisible nos está llevando al “Delenda est Hispania”.

PERO ¿QUIÉN TIENE MANÍA PERSECUTORIA CONTRA RAJOY?

En nuestra Newsletter recogemos de forma habitual algunas opiniones ajenas relacionadas con los temas en discusión. Hoy no queremos prescindir de esa práctica, sobre todo para dejar claro que nuestras insistentes críticas al presidente Rajoy no devienen de manía persecutoria alguna, sino que son compartidas por muchos articulistas que no cabe catalogar de anarquistas y ni siquiera de transgresores. Analistas y líderes de opinión que, cuanto antes y como toda persona con dos dedos de frente, aplaudirían también, como nosotros mismos, cualquier decisión política razonable que pueda tomar Rajoy en el verdadero interés de los gobernados y no sólo en favor de la clase política y las oligarquías dominantes.

Así, tomando el diario “El Mundo” como referencia plausible de un medio informativo no precisamente antisistema, en su edición del pasado 2 de abril se incluye un artículo de opinión, titulado “El Mudo”, bien afinado sobre la inoperancia gubernamental que nosotros mismos mantenemos. En él, Antonio Lucas escribe:

En su viaje a ninguna parte, Mariano Rajoy sigue creyendo que aquellos que en las últimas elecciones le votaron depositaban en él su esperanza, cuando lo que la mayoría desovó en las urnas fue el principio de un desconcierto. El arpegio de una desesperación. Esta mala percepción de sí mismo le ha perdido hasta dejarlo ajeno al mundo. Algo así como un trasto que ha decidido callar. Un ser encumbrado como el más afásico de los inquilinos que antes ocuparon el batiscafo de Moncloa. Hay hombres que deciden no hablar por no tener que explicarse. Creen que el silencio deja una estela de honor tardío, aunque provenga de la nulidad.

Rajoy no siente la obligación de dar razones porque esto que ahora sucede dejó de interesarle en la misma madrugada de su debut, cuando aquel salto de la rana en el balcón de Génova tras el triunfo a la tercera. Él, con ganar, había cumplido... Entonces ya se dejó ver como un señor que no estaba.

Un presidente del Gobierno que confunde su mudez impotente con la revalorización del cargo suele destilar un eco prematuro de antepasado. De difunto que aún respira. En Rajoy no hay líder, sino un burócrata a control remoto que se activa con dos palmadas alemanas. Un mal actor, a lo David Hasselhoff, que cuando le toca pilotar la nave resuelve su “vocación de servicio” (¡cursi!) con un lacónico: “Kid, conduce tú”. Y así nos va.

Hasta ahora sabíamos que los presidentes suelen acabar sus días presidenciales agachapados en un búnker interior, pero no intuimos que se podía empezar en el oficio ya bunkerizado. Rajoy es un pionero. A este gallego presuntamente sereno le gana la impaciencia de los abúlicos, que es lo que sucede con aquellos que no creen en lo que hacen. Y de ahí viene mi sospecha: creo que se la sudamos muchísimo. Cada silencio suyo es una declaración de indiferencia. Está al resguardo de un vallado de ministros que sonrojan mayormente. Y así se va remachando este país como un acto fallido, como otra cosecha perdida de generaciones.

Mariano Rajoy es uno de esos fracasos que encierran algunos falsos triunfos muy intentados. No lo digo por nada en concreto, sino por todo en conjunto. A España la están llevando en andas al crematorio entre los inútiles, los corruptos, los codiciosos, el Monarca y toda esa saga/fuga del mocasín a la que el presidente observa asustado con un lancero tras los visillos, como si no fuera con él. Eso no es gobernar, sino cobardear. Pues aún hay algo peor en un político que hacerse el mudo: fingirse, por miedo, sordo. Y ahora qué. 

Y por si las impresiones de Antonio Lucas, uno entre tantos, no  estuvieran claras, Lucía Méndez remacha en otro artículo publicado en el mismo medio y en la misma fecha, titulado “Sin palabras y sin esperanza”, lo siguiente:

(…) El PP ha perdido la palabra y la esperanza, encerrándose en el silencio de sus sedes vacías. No queda rastro de su prestigio como buen gestor de la economía y la honorabilidad de sus dineros está en manos de la Audiencia Nacional. Cercado por todos los problemas posibles -la crisis que no cesa, los desahucios, los ERE, la corrupción- el PP guarda silencio porque no sabe qué decir. Ni sabe cómo explicar que su tesorero tuviera 38 millones en Suiza ni acierta a dar razón y sentido a esos 400.000 españoles que irán al paro este año. El PP no se había preparado para esto y aparece ante los ciudadanos como un partido desnortado cuyos dirigentes se limitan a tirar de argumentario cuando deben dar cuentas ante la opinión pública.

Los partidos suelen mimetizarse con el líder. Se vuelven hacia él como los girasoles hacia el sol, de donde les viene la vida. El PP aprendió a interpretar los silencios de Aznar. Cuando Mariano Rajoy fue elegido líder, sus conocidos ya advirtieron: “Si creíais que Aznar no hablaba, ahora os vais a enterar de lo que es un tío que no habla”. Se enteraron, en efecto, y ya se han acostumbrado. El PP ni se molesta en interpretar los silencios, ni las ausencias, ni los vacíos de su presidente. Los asume con fatalismo y sin rechistar. Cuando reaparece, le aplauden y en paz.

Los dirigentes del PP, por lo menos la mayoría, no son tontos. Saben, sobre todo los que viven en casas sin blindaje ni vigilancia ni muros ni garitas, que la gente les ha dado la espalda y que carecen de capacidad para paliar el inmenso dolor que la crisis está causando en la sociedad. No saben qué hacer, ni qué decir, ni con qué cara presentarse delante de sus vecinos. Sólo pueden cenar con los amigos con la condición de no hablar de política. De otro modo, prefieren quedarse en casa, desde donde siguen oyendo el incesante rumor de la calle…

Quede claro, pues, que nuestros análisis y comentarios se sujetan siempre, con mayor o menor crudeza expositiva, a la realidad de los hechos, bien alejados de cualquier tendenciosidad o aversión personal contra nadie. Un compromiso informativo que, por supuesto, también mantenemos en relación con la Corona, que se tiene bien ganado a pulso el diluvio, más que el chaparrón, que le está cayendo encima.

COLOFÓN: LA IMPUTACIÓN JUDICIAL DE LA INFANTA CRISTINA

Este es otro tema que, por muy inconveniente que pueda ser, se ha venido cociendo en su propio jugo; es decir, por obra y gracia de la propia Corona. Al Rey ya se le perdonó con gran generosidad y sentido de la prudencia, y una “vista gorda” sin precedentes históricos, la chafarrinada del 23-F (nada comparable con lo de tirotear a “Dumbo” en Botsuana); y dejémoslo aquí porque, más o menos conforme todo el mundo en la superación de aquel triste suceso, y en que pagaran los platos rotos quienes los pagaron, justa o injustamente, para nada vale tratar de mover el molino con agua pasada.

Pero es que, a partir de ahí, de que entonces “el Rey salvara la democracia” según se ha terminado imponiendo en la falsa historia de España, la Corona pensó que el país era, efectivamente, el “reino de Jauja”, poniéndoselo por montera.

Su Majestad se granjeó el aprecio de los españoles, pero no precisamente por las virtudes y exigencias propias de la institución monárquica, sino más bien por su campechanía personal (dentro de lo que cabe) y por la imagen de singularidad y de “prestancia” que aportaba a España en el ámbito internacional; algo que, sin ser despreciable, tampoco se puede decir que fuera lo esencial ni suficiente. El exceso de “discrecionalidad” en muchas de sus actividades y decisiones, que no viene al caso enumerar, y su continua pasividad como Jefe del Estado ante el progresivo deterioro de la política y las instituciones públicas, que no ha dejado de chocar con dedicaciones más frívolas y con una corte de amigos indeseables y de asesores tan serviles como inútiles, prescindiendo de quienes con el mayor rigor y lealtad fueron los valedores de la Corona, es bien elocuente al respecto…

Con todo, la imputación judicial de la infanta Cristina en el caso que está destruyendo civilmente a su esposo Iñaki Urdangarin, duque de Palma y un miembro más de la Familia Real (su exclusión “a egregia conveniencia” no deja de ser cosa de opereta), es un acto más de una tragicomedia con final anticipado desde hace tiempo, una deriva natural coherente con toda una línea de actuación a la que ya quedan pocos pasos por dar, y que marca el ingente pedaleo en “cuesta arriba” al que tendrá que aplicarse el Heredero de la Corona (los demás yo no cuentan) si se encuentra con ánimo para salvar la maltrecha institución monárquica, cosa que está por ver.

Desde luego, el tratamiento que el Rey y los inútiles asesores áulicos de La Zarzuela están dando al “caso Urdangarin”, en la fase implicatoria de la infanta Cristina, que por razones de estricta justicia se veía venir de lejos, ayuda muy poco (por no decir que lastra) tan respetable fin. Esperemos que Miguel Roca (político antes que abogado experimentado en causas penales), curiosamente seleccionado para liderar tan trascendente defensa jurídica, tenga más éxito en esa delicada tarea del que tuvo al frente de la fracasada “Operación Reformista”. Porque, para que termine ayudado por un auténtico penalista, como parece que va a suceder, no se entiende necesario pasar por su extraña intermediación.

En fin, la estupidez de la corte de palanganeros reales empeñados a estas alturas de la historia en arremeter contra el juez Castro; proclamar la enorme sorpresa que les produce su impecable auto; aplaudir el recurso del fiscal del caso como si fuera San Jorge combatiendo al Maligno; protestar porque a la infanta Cristina se la trate de “imputada” (que lo es y aún con mayor razón que Ana María Tejeiro, la esposa del Diego Torres que “podía cargarse la Monarquía”) y tenga que entrar en el Juzgado por donde y como entran los demás mortales, y en tantas sandeces más, sin nada que ver con la sustancia de los hechos ni con la inteligencia de su solución, solo conduce a una cosa: al despego social de la Corona y a fabricar republicanos como churros. Con su pan se lo coman.

Aristóteles ya advirtió en el siglo IV a.C. que, aunque las revoluciones no se hacen por menudencias, sí que nacen por ellas. Transcurridos dos mil años, a principios del siglo XVII, el filósofo y político inglés Francis Bacon (que aun admirando al maestro estagirita fue uno de los críticos más acendrados de la lógica aristotélica), no dudaría en respaldarle afirmando que “el medio más seguro de impedir las revoluciones es el de evitar sus causas”.

Claro está que otros personajes históricos más identificados con la acción y la realidad social que con el pensamiento y la teoría política, nos han legado una aproximación al hecho revolucionario quizás más exacta. Por supuesto, sin necesidad de recurrir a postulados extremos como los del marxismo-leninismo o los anarquistas de Pierre-Joseph Proudhon y Mijail Bakunin.

El marqués de La Fayette (Marie-Joseph Roch Gilbert du Motier), militar y político francés conocido como Lafayette, indiscutido héroe en la Guerra de Independencia de los Estados Unidos, proclamó, más allá de lo que significó la epopeya americana, es decir con una proyección universalista, que “la insurrección es el más santo de los deberes”. Mientras otro compatriota suyo mucho más próximo, el también militar y político Charles De Gaulle, recordó: “Todos los que realizan algo grande tuvieron que rebelarse contra una engañosa disciplina”.

Por su parte, un político español tan experimentado como Antonio Maura, que fue cinco veces Presidente del Consejo de Ministros, reconocía también que, llegado el momento, “hay que hacer la revolución desde el Gobierno, porque si no, se hará desde abajo y será asoladora”. Y su coetáneo el regeneracionista Joaquín Costa añadía: “Las revoluciones hechas desde el poder no sólo son un homenaje y una satisfacción debida y tributada a la justicia; son además el pararrayos para conjurar las revoluciones de las calles y de los campos”.

Antes que ellos, el extraordinario dramaturgo alemán Friedrich Schiller, a quien muchos intelectuales progresistas han reconocido como “el poeta de la libertad” (para otros más conservadores sería al menos el defensor de la mesura burguesa), ya sostuvo con el lacónico lenguaje de los grandes conceptualistas: “Las revoluciones hay que hacerlas desde arriba”. Su obra, que fue especialmente apreciada por el movimiento obrero alemán, influyó mucho en las grandes revoluciones de otros países europeos, como en la Italia todavía no unificada y en la Rusia de los zares, hasta el punto de ser considerado como un pionero del comunismo.

DE LA MENUDENCIA CORRUPTIVA A LA DEPRAVACIÓN POLÍTICA

No parece necesario insistir en este tipo de consideraciones previas para alertar, una vez más, sobre la actual y preocupante realidad de España. Porque, hoy por hoy, nuestro país, además de estar inmerso en una grave crisis económica de coyuntura, e incluso de ciclo, que sin duda lo está, también viene soportando desde hace años el agotamiento de su modelo de organización social, política e institucional, junto a una pérdida de principios y valores morales, sobre todo por parte de la clase dirigente, que nos retrotrae a los peores momentos de nuestra historia.

Una situación con nexos de profunda interrelación que venimos analizando en la edición semanal de nuestra Newsletter con una generosa aportación de datos y opiniones informadas. Y que, por falta de la debida reacción de quienes lideran el sistema en el Gobierno y en la Oposición (y de la propia Corona), acomodados en la poltrona del poder partitocrático, corrupto y corruptor, y claramente envilecido ante los ojos de los gobernados (véanse las encuestas de opinión realizadas al respecto), ha conformado una espiral de degeneración integral bien evidente, cada vez con mayor peso inercial y, por tanto, de más difícil reconducción.

Un “Brevete” firmado por Secondat con el título “Gobernante impasible”, señalaba recientemente la irresponsable dejación de Mariano Rajoy en su acción de gobierno (“El Mundo” 28/03/2013):

El gobernante impasible no es una novedad en la historia de España. Se recuerda al efecto a Francisco Cea Bermúdez (1779-1840), fiel servidor del despotismo ilustrado. Destaca Raymond Carr, buen conocedor del siglo XIX, que Cea Bermúdez trabajaba 14 horas diarias, y solamente veía a sus familiares, de modo que ignoraba por completo el anhelo, cada vez más generalizado, por alguna forma  de gobierno representativo. Tal aislamiento del gobernante es ahora inconcebible, pero el modo de Cea sigue ahí, imperturbable, impresionando a Mariano Rajoy. Para Cea Bermúdez la exigencia de reformas políticas, como cosa distinta -según él- que las mejoras administrativas, era nada más que la plataforma de un grupo de políticos ambiciosos sin apoyo alguno fuera de Madrid. La inmovilidad política fue su error.

Un comentario verdaderamente afinado que adquiere toda su relevancia si se conoce quien está detrás del pseudónimo Secondat: nada menos que Manuel Jiménez de Parga, catedrático de Derecho Constitucional y ex presidente del Tribunal  Constitucional (noviembre de 2001 a junio de 2004), además de ex ministro de Trabajo con la UCD y ex miembro del Consejo de Estado. Una respetada personalidad en los ambientes jurídicos españoles que, como otras muchas de semejante porte y bien alejadas de las barras del bar o de las tertulias audiovisuales barriobajeras, cada vez se muestra más crítica con el poder político y las más altas instituciones del Estado.

Justificación de todos estos duros comentarios sobre la clase política se tiene diariamente a través de los medios impresos de comunicación social, pese a su tradicional apoyo al establishment y sus particulares adhesiones partidistas. Cualquiera que tome entre sus manos un periódico nacional, no necesariamente revolucionario ni antigubernamental, con objeto de realizar el seguimiento de la realidad cotidiana del país, se va a encontrar de forma indefectible con una batería de titulares que ponen los pelos de punta. A modo de ejemplo, estos son los siete que se incluyen en una doble página de “El Mundo” (21/03/2013):

1. Caso ERE: La juez envía de nuevo a prisión al ex director de Trabajo de la Junta. Ingresa al apreciarse riesgo de fuga y tras una operación con 20 detenidos en 7 ciudades.
2. Caso Brugal: La alcaldesa de Alicante no pago sus viajes a Andorra. (Se encuentra imputada por los delitos de cohecho, tráfico de influencias y revelación de secretos).
3. Caso Blanco: El juez niega más peticiones de investigación de cuentas. (Ya se había declarado conclusa la investigación judicial].
4. Espionaje: Método 3 denuncia a ‘El País’ por falsedad. (La agencia de detectives había recibido una avalancha de denuncias por prácticas ilegales de espionaje).
5. IU pregunta [en el Congreso de los Diputados] si el Rey ha cobrado por mediar en operaciones comerciales. Pide que comparezcan Santamaría y Margallo para dar cuentas sobre Zu Wingenstein.
6. Coghen dice que dieron 144.000 € a Urdangarin ‘por hacer lobby’. La jefa de Madrid 2016 justifica lo que para el fiscal “es un regalo”.
7. Corinna organizó la luna de miel de los Príncipes.

 

Pero es que, teniendo claro que “El Mundo” no es un periódico amarillista ni empeñado en levantar a las masas sociales contra el sistema, entre otras cosas porque éstas tampoco conforman su mercado habitual, el resto de las noticias nacionales publicadas en esa misma fecha no dejaban de ser igual de escandalosas, monotemáticas y reveladoras de la degradación general del sistema político:

En definitiva, el caso es que en un mismo ejemplar de “El Mundo”, tan solo se puede leer una noticia nacional sin trascendencia delictiva, dedicada al “blindaje” político del agua del Tajo realizado por el PP en favor de Castilla-La Mancha, decisión no obstante criticada por el PSOE y otras regiones afectadas por el polémico trasvase al río Segura.

Es más, y por poner otro ejemplo de los muchos que tenemos a mano, el periódico de referencia publicaba el domingo subsiguiente la habitual Carta de su Director, Pedro J. Ramírez, titulada en esa ocasión “Rota la vela, abierto el lado, pobre bajel a naufragar camina”. En ella se podían leer algunos párrafos bien expresivos de la situación que comentamos:

¿Cuál es la situación de los partidos políticos? La del PP, esclerótica: sin apenas vida inteligente, con su militancia desmovilizada y su aparato convertido en mero apéndice del Gobierno; pendientes todos de cuándo y cómo Bárcenas -¡Al ladrón, al ladrón!- demostrará que entraba dinero en negro, que se pagaban sobresueldos y que Rajoy tampoco dijo la verdad en esto. La del PSOE, directamente bunquerizada en torno a la insaciable sed de poder de Rubalcaba y la ambición sin fundamento de sus ineptos colaboradores, con Griñán alargando la agonía para que el control del proceso interno le blinde ante el clamor que exige que asuma su responsabilidad política por el descomunal escándalo de los falsos ERE.

Si vemos el modus operandi por el que se desviaron más de 50 millones de euros a golfos de toda laya y desandamos el camino como si se tratara de las miguitas de Pulgarcito nos cruzaremos con los hijos de Chaves y llegaremos al despacho de Juan Guerra: la Andalucía que al parecer sigue queriendo gran parte de los andaluces.

Ni Griñán dejará la presidencia de la Junta ni Ana Mato el Ministerio de Sanidad a cuenta de los payasos y el confeti -y los viajes y los hoteles y hasta los coches de alquiler- que le pagaba la trama Gürtel. Se escudan en que no existe ninguna acción penal contra ellos. Pero si la hubiera harían como Oriol Pujol, como Blanco, como Dani Fernández o los imputados del PP que podrían formar el tercer grupo parlamentario de las Cortes Valencianas: ‘nunc dimittis’. Para ellos la política, con su aforamiento y su canesú, no es un servicio temporal sino un funcionariado vitalicio en el que siempre se paraliza el procedimiento de desahucio.

Con el expresidente de la patronal entre rejas, los sindicatos completamente desprestigiados y la mayor parte de los empresarios de la construcción y los servicios bajo sospecha de haber sobornado a los políticos, no hay día que no nos enteremos de alguna nueva depredación de los gestores de las Cajas de Ahorro, llevándoselo crudo a su casa mientras hundían la institución. Si alguien merece el trullo son los Blesas, Goñis, Moltós y compañía…

Total, que si aceptamos el periodismo como lo aceptaba Balzac, es decir como una práctica que vende al público las palabras del mismo color que éste las quiere, estamos ante un clamor social contra la corrupción pública en verdad insostenible. Y si comulgamos con la exagerada idea que tenía Víctor Hugo de la prensa como “inmensa y santa locomotora del progreso” y de “dedo indicador” de la civilización (afirmaba que el diámetro de la prensa era el mismo diámetro de la civilización), entonces peor, porque señala hacia un estadio de depravación política ciertamente aterrador.

LA DEGENERACIÓN DE LA REPRESENTACIÓN INSTITUCIONAL

Pero la realidad degenerativa de la vida pública no se limita al ámbito estricto de los partidos políticos. De su mano, esta lacra imparable ha penetrado en las más altas instituciones del Estado, destruyendo sus esencias fundacionales y las bases de su sustentación formal.

Sin ir más lejos, ahí está el mal ejemplo de la Familia Real (con sus Corinnas, Urdangarines y Marichalares, más toda una panda de “amiguetes” del Rey marcados por la delincuencia), consentida en sus escandalosos caprichos, demostraciones de frivolidad y ambiciones personales, tanto por el PP como por el PSOE. Aunque ni Rajoy ni Pérez Rubalcaba puedan dar a nadie la más mínima lección de ética ni de estética política.

Y, peor todavía, ¿qué cabe decir de la manipulación partidista del Tribunal Constitucional, dictando sistemáticamente sus autos cuando y como más convenga a los patrocinadores de turno? ¿Y cómo digerir el permanente conchabe político del Consejo General del Poder Judicial? Tras el lamentable “caso Divar”, esta institución fundamental del sistema democrático continúa sin defender su independencia como tercer poder del Estado; mientras su actual presidente, Gonzalo Moliner, que fue designado por el torpe dedo del ministro Ruiz-Gallardón en connivencia con el maquiavélico Rubalcaba, acaba de afirmar públicamente que es republicano y que, por lo tanto, le da igual que el Rey abdique o no… Ahí queda eso.

Y no digamos nada del problema independentista y de la falta de lealtad institucional que exhiben algunos presidentes y parlamentos autonómicos, junto al exceso de comprensión que les muestra Rajoy; de la inoperancia de organismos como el Consejo de Estado, lujoso pesebre “consultivo” de políticos amortizados (sin la menor ascendencia sobre el Gobierno); de las prácticas delictivas de algunos directivos de las organizaciones patronales y de los consentidos saqueadores de las Cajas de Ahorro, o de la indigna representatividad de los sindicatos, hoy totalmente despreciados por las bases obreras.

Un “convoluto” general, actualmente reflejado en unos 70 casos judiciales de notoriedad pública y en la imputación de más de 400 cargos políticos (muchos de ellos aún aferrados al escaño en 9 comunidades autónomas), que afecta a todas las instituciones del Estado, al margen de otros muchos casos prescritos o sobreseídos. Situación ante la que habría que remarcar que el sonoro vocablo de marras (“convoluto”), que todavía no ha sido adoptado por la Real Academia Española quizás por su equivalencia con “corrupción”, aunque “konvolut” aparezca en cualquier diccionario alemán, comenzó a hacerse popular precisamente en la España “felipista”, a raíz del escandaloso cobro de 18 millones de euros en comisiones ilegales a la multinacional alemana Siemens por el entonces llamado “contrato del siglo” del Ave Madrid-Sevilla…

EL CONFLICTO SOCIAL COMPRIMIDO, A PUNTO DE EXPLOSIÓN

Cada vez son más los organismos, analistas y columnistas independientes que, en efecto, alertan sobre el peligro de “explosión social” y de la urgente necesidad de poner coto al creciente deterioro del sistema económico. Realidad encubierta por el gobierno de Rajoy a base de ocultaciones, manipulaciones contables y mentiras flagrantes, aderezadas con tibios apoyos de los grandes grupos empresariales que viven tan ricamente a la sombra del poder político.

Las mentiras del Gobierno son tan burdas que han llegado a soliviantar a las propias autoridades europeas (Eurostat acaba de obligar al Ministerio de Hacienda a rectificar el dato de déficit de 2012 -elevándolo al 6,98 por 100- que Rajoy aireó triunfalmente en el último debate sobre el “estado de la Nación”). Y a disparar de nuevo la prima de riesgo, convirtiendo al ministro Montoro en un triste remedo del típico “profesor chiflado”, título ganado a pulso y para el que viene acumulando méritos incontables desde el inicio de la legislatura (atentos a los nuevos disparates que está cocinando sobre la recaudación del IRPF y la financiación autonómica).

Con independencia de que, a continuación, y tras la rectificación realizada por del Banco de España a la caída del PIB prevista por el Gobierno para el 2013, triplicándola hasta situarla en el 1,5 por 100, el Instituto para las Finanzas Internacionales (IIF), que es el lobby de los grandes bancos mundiales radicado en Washington, la haya aumentado nado menos que al 2 por 100. Por otra parte, el banco central alemán (Bundesbank) ha hecho saber por boca de su presidente, Jens Weidmann, que la crisis española durará cinco años más; mientras el presidente del prestigioso Instituto IFO (de Análisis Económico) de Munich, afirmaba que tal duración se extendería por diez años y provocaría una devaluación interna (es decir, una caída de los precios y salarios) del 30 por 100…

Paréntesis: Metiéndose de nuevo en un berenjenal gratuito y con un análisis impropio de su posición política, la secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal, aseguró el pasado 23 de marzo en un acto público organizado por su partido en Ciudad Real, en medio del tsunami chipriota, que “las crisis ya no afectan a España”, gracias a que la actitud del Gobierno que lidera Rajoy es “creíble” y está generando confianza en los mercados ¿?, aseverando que “España está preparada”. Amén.

De otra parte, los apoyos empresariales al Gobierno son tan interesados que solo los publicitan los presidentes de compañías como el Banco de Santander, que en 2013 prevé “un fuerte aumento de los beneficios” tras haber concluido sus “saneamientos inmobiliarios”, pactados con la Comisión Europea a base de recortes y tijeretazos sociales. O como Iberdrola, que en 2012 tuvo un beneficio de casi 3.000 millones de euros y que todavía demanda para su sector “las bases para contar con un sistema de regulación estable, transparente y predecible”, por supuesto en forma de nuevas canonjías. O como Telefónica, otra que tal baila con el gobierno de turno en connivencias tarifarias y abusos contractuales…

Pero al margen de estas complicidades tan falsas como vergonzosas, que sólo pretenden mantener los beneficios de las empresas correspondientes sea como sea y a costa de quien sea, la realidad es que la crisis económica, o mejor todavía su mala gestión política, nos sigue conduciendo al estallido social sin que el Gobierno haga nada verdaderamente serio para evitarlo. Por señalar un referente poco improvisado, en septiembre de 2011, antes incluso de que Rajoy asumiera la presidencia del Gobierno, las asociaciones agrupadas en ECAS (Entitats Catalanes d'Acció Social), ya alertaron sobre la posibilidad de que en Cataluña se produjera una “explosión social”, como constaba en su estudio de la Renta Mínima de Inserción (RMI) y del futuro que debería tener dicha prestación.

Según afirmó entonces la presidenta de ECAS, Teresa Crespo, que también colaboraba con la Generalitat de Catalunya como presidenta del Consejo Asesor en Políticas Sociales y Familiares (CAPSiF), la crisis había generado “situaciones de desesperación” ante las que la reacción de la Administración no podía ser en modo alguno la de rebajar el gasto social. Crespo también lamentó, hace ya año y medio, “el goteo de medidas, recortes y cambios que están limitando el Estado del bienestar”, que no estaba consolidado, advirtiendo que si no se invertía para que las personas que se quedaban fuera de la RMI -entre ellas los parados de larga duración que agotan el subsidio- accedieran a otro tipo de ayudas más específicas, dentro de tres o cuatro años sería mucho más complicado revertir algunas situaciones: mal camino en el que seguimos andando.

Todo ello, dicho y oído antes de que estallara el gravísimo escándalo de las preferentes (el despojo masivo al victimario social de la clase política) y de que eclosionaran los trágicos e intolerables suicidios por causa de los desahucios (la sangre que degrada los dividendos bancarios y que no va a llevar al Grupo del PP en el Congreso de los Diputados a ceder en la modificación de la Ley Hipotecaria ni “ahora ni en el trámite de ley [derivada de la Iniciativa Legislativa Popular]”). Hechos ante los que el presidente Rajoy ha optado por postrarse a los pies de los banqueros también más impresentables de nuestra historia.

Lo contrastado de forma estadística (ahí están las cifras evolutivas del paro y el 20 por 100 de la población española que el INE incluye ya en “situación de pobreza”) es que, al margen de lo que quieran negar o afirmar de forma interesada algunas voces empresariales ciertamente insolidarias, cada vez estamos más cerca del estallido social y que lo intolerable -y a la postre inviable- es ignorar, sin mayor preocupación, a quienes están a un paso, o ya dentro, de la exclusión y la marginalidad.

El conflicto social se está comprimiendo hasta sus últimos límites y, por tanto, llevándose a punto de explosión y de rebelión. Por la vía sorda y ciega del peor inmovilismo político, la revolución se hará inevitable y si ésta no se organiza desde el poder, con reformas políticas e institucionales profundas (incluida la de la propia Constitución), se hará desde abajo y será “asoladora” como advertía Antonio Maura.

De hecho, el PP ya comienza a sentir y lamentar el acoso personal que están padeciendo sus dirigentes de forma creciente y las explícitas llamadas a la insumisión de diversos colectivos ciudadanos (iniciadas el año pasado por los estudiantes valencianos y los movimientos que combaten la brutal avaricia bancaria de los desahucios), mientras van tomando cuerpo nuevas organizaciones ciudadanas creadas de forma expresa para combatir la corrupción política, como la Liga Anticorrupción, liderada por un sobrino del ex presidente centrista Adolfo Suárez.

Para empezar, la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) acaba de lanzar en España la práctica del “escrache”, término de origen lunfardo (con antecedentes jacobinos) que según la Academia Argentina de Letras se corresponde con una “denuncia popular en contra de personas acusadas de violaciones a los derechos humanos o de corrupción, que se realiza mediante actos tales como sentadas, cánticos o pintadas, frente a su domicilio particular o en lugares públicos”. Su objeto no es otro que presionar a los diputados del PP para que se acepte el cumplimiento íntegro del mandato del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) sobre la necesaria modificación de las prácticas hipotecarias abusivas, que desde el año 2007 hasta hoy han podido generar cerca de 500.000 ejecuciones de desahucio.

Seriamente preocupada por las primeras manifestaciones del “escrache” anti desahucios, desarrolladas en diversas ciudades españolas, el PP teme un efecto “traslado” del mismo fenómeno al ámbito de la población afectada por las preferentes, que ya está expresando su malestar de forma agresiva contra sus dirigentes en la Comunidad Autónoma de Galicia.

Aún más, las manifestaciones “a domicilio” de la PAH (y en particular la padecida por Esteban González Pons) han hecho saltar todas las alarmas internas, llevando al PP a admitir que la tarea de sus dirigentes “no está siendo fácil en algunos casos debido al desasosiego, las críticas y la incomprensión que en algunas ocasiones” reciben, según se puede leer en la carta dirigida por el portavoz del PP en el Congreso de los Diputados, Alfonso Alonso, a los parlamentarios populares.

Una reacción ciudadana tan criticable en términos democráticos como entendible en el entorno de las bases sociales que se sienten estafadas por una clase política corrupta a más no poder. Con la nota agravante de que el partido del Gobierno sea incapaz de comprender la desafección de los gobernados, incluido su propio electorado, y de reaccionar en consecuencia con un mínimo de humildad e inteligencia.

No en vano, los españoles encuestados por el Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) en su Barómetro de Enero de 2013 (Estudio 2.976) declaran de forma mayoritaria (el 82,1 por 100) que el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, les ofrece “poca o ninguna confianza”, valor que en relación con el principal líder de la oposición, Alfredo Pérez Rubalcaba, se eleva al 88 por 100.

Otro paréntesis: Rosa Díez y UPyD harían bien en no confundir las más que legítimas protestas ciudadanas contra la política gubernamental con la kale borroka, ni tratar de imponer la dictadura de los partidos sobre los derechos constitucionales de los gobernados, que es lo que pretende el PP, y seguir marcando distancias con la corrupción institucional sin apostar por “más de lo mismo”, estrategia con la que han llegado a donde han llegado. Bien revelador al respecto es el entusiasmo con el que el reaccionario Luis María Anson aplaude en “El Mundo” (31/03/2013) la errada confusión de Rosa Díez en un comentario titulado “Has denunciado el escrache y lo has comparado con la kale borroca”…

Todo ello contenido in extremis por un peligroso crecimiento de la economía sumergida y la emigración de los jóvenes más preparados, que terminará de dinamitar el Estado del bienestar. Situación a la que hay que añadir la persistencia autonómica en desarbolar competencialmente el Estado (donde Rajoy parece dispuesto a prestar toda su ayuda antes que a cortar por lo sano) y el progresivo avance de las posiciones secesionistas.

El independentismo y la confrontación con la Constitución Española siguen cabalgando sin traba alguna en la España de las Autonomías. En Cataluña, la creación del “Consell per a la Transició Nacional” (que asesorará al Govern de la Generalitat en su ruta hacia la independencia) y la moción aprobada por el Pleno del Ayuntamiento de Mollet del Vallés (Barcelona) reclamando la apertura de un proceso constituyente para que “el pueblo pueda escoger libremente la forma de Estado entre Monarquía y República”, son bien significativas al respecto. En el País Vasco, el lehendakari Iñigo Urkullu, presidente del PNV, acaba de reclamar un nuevo Estatuto durante la celebración del Aberri Eguna (día de la patria vasca), mientras la izquierda abertzale en bloque asegura alcanzar su independencia en los próximos años. Y en Galicia el profesor Xavier Vence, nuevo líder del BNG,  impulsa la unión de todos los partidos nacionalistas para salir del actual sistema político…

Y con el telón de fondo que supone la denuncia del presidente francés François Hollande de “las políticas de austeridad, que podrían condenar Europa a la explosión y al auge de los populismos”, realizada el pasado 28 de marzo durante una entrevista concedida a David Pujadas, presentador estrella del canal público “France 2”. Toda una profecía aunque provenga de un político híbrido que se mueve entre la insolvencia política de José Luis Rodríguez Zapatero y la inutilidad manifiesta de Mariano Rajoy.

PERO ¿HABRÁ O NO HABRÁ REBELIÓN SOCIAL…?

Si nos atenemos a los resultados de la investigación demoscópica oficial, siempre políticamente más contenida que la de los institutos privados, la reversión del “bienestar social” en “malestar social” es incuestionable. Los resultados que en esta materia ofrece el Barómetro del CIS de Diciembre de 2012, el último que incluye preguntas sobre el tema, muestran que el pesimismo está asolando al conjunto de la sociedad española, allí donde haya sido encuestada.

Según los datos reflejados en dicho estudio, el 60 por 100 de las personas consultadas asume que la crisis tiene aún mucho trecho por recorrer. Pero, yendo más allá, la mayoría de ellas tiene la convicción de que en el curso del próximo lustro se producirá una auténtica catástrofe socio-económica, con una percepción del fenómeno clara y coherente: será mucho más difícil acceder a una vivienda propia, aumentarán las diferencias sociales, crecerá el número de personas sin hogar, la calidad de la asistencia sanitaria caerá en picado, se esfumarán los servicios básicos del denominado “Estado del bienestar”…

También una inmensa mayoría de los encuestados (más del 60 por 100) que se encuentran en situación de desempleo considera que no tienen ninguna posibilidad de encontrar un trabajo a lo largo del año 2013. Pero el pesimismo no sólo cunde en las filas de quienes malviven sin un puesto de trabajo: el 22 por 100 de aquellos que todavía conservan su empleo, consideran “probable” o “muy probable” perderlo en el curso del 2013.

Como réplica, sólo el 13,3 por 100 de los españoles tiene esperanzas de que la situación mejorará (sin horizonte fijo), frente a un mayoritario 50 por 100 que estima una evolución mucho peor a plazo de un año. Al tiempo que un amplísimo 72,6 por 100 reconoce un claro empeoramiento económico también respecto al año precedente...

La situación, claro está, evidencia cierta resignación ante lo existente, con un diagnóstico realmente alarmante en el que la sociedad como conjunto no articula voluntad alguna de transformar la aplastante realidad. Lo que nos lleva a la pregunta del millón: ¿Por qué razón no se produce, entonces, una “explosión social”?

Esto es lo que también se plantea Manuel Medina, profesor y periodista, en el digital “Canarias-Semanal.org” (15/01/2013) del que es responsable. Un artículo de opinión que ha circulado por la Red y que, descargado de sus connotaciones más transgresoras, informa parcialmente el análisis de esta Newsletter.

Para Medina, el actual estado de ánimo de la sociedad española, proviene y es expresión del largo vacío político y organizativo (y también crítico) que se ha venido prolongado durante 35 años desde el forzado “consenso” de la Transición, afectando de lleno a las generaciones más jóvenes, que desconocen los referentes históricos que les han conducido a la situación actual y que les permitirían interpretar la realidad social que ahora viven.

Y esas generaciones jóvenes, marcadas por la atonía precedente, son las que han de afrontar una crisis sin parangón en la historia de España, pero inermes, sin instrumentos ni capacidad de análisis, sin herramientas para la acción política y social. Por ello, la mayoría social activa y más afectada por la crisis, incluida la clase trabajadora, se sigue refugiando en el fatalismo de la resignación como única alternativa a sus males presentes, sin atisbar siquiera ningún horizonte de cambio, ninguna perspectiva movilizadora que abra la esperanza de una nueva sociedad y un futuro mejor.

Por otra parte, los asalariados, arrastrados por unos sindicatos convertidos en “correa de transmisión” de los partidos políticos, también han dejado de percibir su poder como clase, su capacidad para ser sujeto determinante de los cambios que reclama dramáticamente el momento presente. No se trata, pues, de una situación nueva, sino, simplemente, de una sensación de incapacidad inducida tan vieja como la historia, que ha permitido a las clases sociales menos numerosas ejercer su omnipotente dominio sobre las clases mayoritarias.

Pero la situación -sostiene Medina- tampoco es la consecuencia de una especial idiosincrasia de las actuales generaciones, como proponen algunos. Quienes alcanzaron su uso de razón después de desaparecido el dictador, no solo heredaron la desmemoria programada sobre las luchas y horrores del pasado, sino que también se les impuso el régimen político del futuro. Todo ello formó parte del paquete de compromisos contraído entre  las cúpulas de los partidos de izquierda y de derechas, y de los representantes del heredero político de Franco, el rey Juan Carlos I. Reprochar, por tanto, a los más jóvenes su actual desorientación política sería, además de una injusticia histórica, una incalificable expresión de cinismo.

Para Manuel Medina, la razón de las presentes debilidades se encuentra, básicamente, en la traición de los sindicatos y organizaciones políticas que deberían haber tenido como cometido el cuestionamiento permanente de un sistema caduco, cuyo mejor destino habría sido siempre su destrucción. Pero, lejos de ello, quiénes ostentaban formalmente la representación de las clases trabajadoras se integraron progresivamente en él, legitimando de esa forma su existencia.

Medina, distanciado de una posible “rebelión social”, añade literalmente: “¿Cómo se va esperar hoy que los asalariados tengan una percepción clara sobre quiénes son sus enemigos de clase? ¿Con qué derecho se va a exigir que amplios sectores sociales comprendan que el sistema político y económico vigente no es más que una continuidad del que lo precedió? Recuperar el nexo con el pasado que quebró la Guerra Civil y los casi cuarenta años de dictadura que le siguieron, es un camino que está todavía por recorrer”.

Y concluye que “en la historia, como en la vida personal, las renuncias de ayer terminan, tarde o temprano, pasando inexorablemente la factura”, añadiendo este punto y final: “Y esa es la que hoy todos estamos pagando”.

TOTAL: “UN GOBIERNO SIN PAÍS”

Pero, ¿habrá o no habrá rebelión social…? Nosotros preferimos afrontar el reto de esta pregunta en línea con lo publicado por Pedro J. Ramirez en su Carta del Director titulada “Un gobierno sin país” (“El Mundo” 31/03/2013), reproduciendo algunos de sus párrafos más apropiados para alumbrar nuestra respuesta y la particular de nuestros lectores:

(…) Nunca ha habido en La Moncloa un gobernante tan distante de todos y de todo, tan alejado de la sociedad civil, tan desentendido de los problemas sectoriales, tan incomunicado de los españoles, tan ajeno a los eventos consuetudinarios que acontecen en la rúa. Ni está en la calle, ni habla con la gente, ni va al teatro, ni organiza cenas interesantes -tampoco aburridas-, ni se implica en debate o controversia alguna. A eso le llama Rajoy su «independencia». Y en efecto nadie podrá reprocharle haber favorecido a ninguno de esos grupos de interés, gremios, colectivos, clubes u organizaciones que de una forma o de otra encuadran a la inmensa mayoría, a todas las inmensas minorías, de los españoles.

Para Rajoy hay una única excepción a la regla: su partido. Él sólo depende de los suyos, igual que los suyos sólo dependen de él. Por eso no se reforman las administraciones públicas o la ley electoral, ni se condiciona la recepción de dinero público a la democracia interna, ni se devuelve a los jueces el control del Poder Judicial, ni se depuran responsabilidades por la trama Gürtel y los sobresueldos de Bárcenas, ni siquiera se obliga a dejar el cargo a una ministra a la que los corruptos le pagaban el viaje, el hotel y el coche cada vez que salía de su casita de los confeti. Es una conducta simétrica a la del PSOE de Rubalcaba o la CiU de Mas y los Pujol; y explica que la inquina hacia los políticos esté llegando al extremo de que en una encuesta de EL MUNDO.es un 42% justifique el injustificable acoso a los diputados en sus domicilios.

Si la forma que tiene Rajoy de ejercer el -ejem- liderazgo estuviera dando resultados, no habría otro remedio que aparcar los ideales regeneracionistas, sacrificar las musas a la eficiencia y guardar un responsable silencio respecto a lo mal que quedan los adornos del salón. Pero lo que vemos por doquier, y lo que se nos augura, indica que tenemos al frente de la nave a un hombre inadecuado para abrirse camino en medio de una tempestad tan dura. Lo que acaba de decirnos el Banco de España es que cuando acabe este año habrá más de un 27% de paro, el déficit seguirá por encima del 6% pese a la brutal subida de impuestos y habremos llegado al ecuador de la legislatura con una recesión acumulada del 3%.

Nadie en sus peores pesadillas podía imaginar que ése fuera a ser el balance de dos años de mayoría absoluta del PP. ¿Para qué quería Rajoy una palanca tan difícil de obtener desde el centroderecha si luego no la utiliza ni para reformar el Estado, ni para garantizar los derechos constitucionales de los españoles, ni para meter en vereda a las autonomías, ni para forzar a la UE a cambiar las reglas de un juego que nos tumba?

Todo sugiere que esa mayoría absoluta le queda tan grande que no es capaz de darle otro propósito sino el de poder seguir en La Moncloa a verlas venir hasta 2015, despachando las reformas menos peliagudas como el remendón las medias suelas, a la espera de que cambie el ciclo meteorológico y escampe...

Y terminar reiterando una de las citas introductorias de esta Newsletter, sin esperanza alguna de que sea apreciada por el ínclito presidente Rajoy. El no menos ilustre Francis Bacon, afirmó: “El medio más seguro de impedir las revoluciones es el de evitar sus causas”.