En su sentido esencial, la ‘política’ es una rama de la moral (entendida como las reglas o normas por las que se rige la conducta del ser humano en relación consigo mismo y con su entorno) que se ocupa de todo lo relativo al ordenamiento de la convivencia o de los asuntos de la ciudadanía. Es decir, un quehacer en virtud del cual una sociedad libre trata de resolver los problemas que le plantea su convivencia colectiva orientada al bien común.

A partir de ahí, el concepto de la política como organización del sistema social ha evolucionado tanto como la propia sociedad, ha dado para mucho y ha soportado muchas redefiniciones básicamente relacionadas con el ‘ejercicio del poder’ y con la lucha para conquistarlo. Pero, centrados en el entendimiento ético de la política como una disposición a obrar dentro de un sistema organizando y utilizando el poder público en provecho del grupo, la reciente experiencia del referéndum sobre la independencia de Escocia nos ha ofrecido un ejemplo memorable.

Claro está que el valor de cualquier lección no está tanto en el hecho de recibirla como en saber aprovecharla. Sobre todo ante situaciones que, sin ser exactamente iguales, se desenvuelven bajo coordenadas y tensiones sociales similares, o en escenarios de agitación política asimilables, que en esencia, y artificios legalistas aparte, son muy coincidentes entre Escocia, Cataluña, el País Vasco y otros muchos territorios europeos con demandas soberanistas.

Y justo bajo la perspectiva de ese preocupante problema político, con el referéndum escocés ya consumado pero haciendo abstracción de su resultado (55,3% a favor del NO y 44,7% a favor del SÍ, con un 85% de participación), hoy merece la pena reproducir un artículo de opinión de Joan B. Culla publicado previamente en El País (12/09/2014). En él ya se anticipaba -con gran acierto- lo que, fuese cual fuese el resultado, Escocia y el conjunto del Reino Unido podían ganar en términos de calidad y civilidad democrática:

Sana envidia

La publicación es extremadamente austera: un folleto de 12 páginas formato cuartilla, impreso en color aunque sobre un papel de escaso gramaje, de manera que todo el opúsculo no pesa más de 18 gramos, de cara a facilitar y abaratar su envío por correo postal a millones de ciudadanos. La portada y la contraportada son idénticas y exhiben el título del ‘booklet’, que no necesita –creo- traducción: ‘The 2014 Scottish Independence Referendum. Voting Guide’. El editor responsable es ‘The Electoral Comission’, un organismo independiente que actúa en el conjunto del Reino Unido y que ha obtenido del Parlamento Escocés la información pública relativa al voto del próximo 18 de septiembre.

Si la página 2 contiene el sumario y los créditos del folleto, las páginas 3 a 6 concentran todos los datos relativos al ejercicio del voto: tienen derecho a él los mayores de 16 años residentes en Escocia que sean ciudadanos británicos o irlandeses, ciudadanos de los demás países de la Unión Europea o ciudadanos de la Commonwealth con permanencia legalizada en el Reino Unido; para poder votar, es preciso estar inscrito en el registro electoral, un trámite que podía realizarse hasta la medianoche del pasado 2 de septiembre.

El opúsculo reproduce también el modelo de papeleta para el referéndum (no sin la advertencia: “ponga una cruz en una sola casilla, o su voto no será computado”), y explica las tres vías para hacer efectivo el sufragio: en persona, por correo o ‘by proxy’, a través de una persona de confianza debidamente registrada que reemplace al elector impedido de ejercer su derecho.

La segunda mitad de la publicación que describo ofrece información sobre los argumentos de las dos campañas en liza y la posición de ambos gobiernos. En las páginas 8 y 9 se confrontan pacíficamente sendos anuncios del ‘sí’ (‘El futuro de Escocia en manos de Escocia’) y del ‘no’ (‘Lo mejor de ambos mundos para Escocia’), el primero muy centrado en las ilusiones del futuro, y el segundo en sus riesgos e incertidumbres. Por último, las páginas 10 y 11 resumen, a la luz del acuerdo de octubre de 2012 entre los Gobiernos de Londres y de Edimburgo, las consecuencias políticas de cada uno de los dos escenarios posibles dentro de siete días: la victoria del ‘sí’, o el triunfo del ‘no’.

Llámenme fetichista, pero este sencillo folleto -que un amable corresponsal tuvo a bien remitirme desde el condado de Fife- me parece, con su tono institucional y libre de estridencias, con su exquisita neutralidad, con su ‘fair play’, un paradigma, una síntesis espléndida de lo mucho que el sistema político británico tiene de envidiable.

Sí, ya sé -los ministros de Rajoy se han encargado de recordarlo con insistencia- que los súbditos de Su Graciosa Majestad, pobrecillos, no tienen Constitución escrita. Poseen un puñado de cosas muchísimo mejores: una tradición parlamentaria ininterrumpida desde el siglo XIII; una cultura democrática en la que episodios como la censura de la presentación de la novela ‘Victus’ por parte de la embajada española en La Haya serían, sencillamente, inconcebibles; una dilatada experiencia en la resolución negociada y transaccional de conflictos territoriales y de soberanía, experiencia gracias a la cual, en pleno siglo XXI, la reina Isabel II sigue siendo jefa del Estado de dieciséis naciones soberanas (unas quince más que don Felipe VI) y cabeza de una Commonwealth que agrupa a cincuenta y cuatro países independientes.

Por añadidura, el Reino Unido de la Gran Bretaña e Irlanda del Norte tiene bien asumida, comenzando por el nombre, su pluralidad interna, su carácter compuesto. Para no invocar las cuatro selecciones futbolísticas nacionales, pongamos otro ejemplo, bien reciente: tal vez don Mariano Rajoy no se percatase de ello pero, la pasada semana, durante la cumbre de la OTAN en Cardiff, todas sus comparecencias formales igual que las de los demás líderes allí reunidos se hicieron ante un ‘photocall’ en el que podía leerse en grandes letras: “Wales Summit”... Y bien, ¿se imaginan ustedes una conferencia internacional organizada por el Gobierno español bajo el rótulo “Cumbre de Cataluña”? Es difícil imaginarlo, cuando en el Foro Económico del Mediterráneo Occidental, celebrado en Pedralbes hace ahora poco menos de un año, al presidente Artur Mas no se le permitió siquiera pronunciar unas palabras de bienvenida a los asistentes.

Por supuesto que la campaña previa al referéndum escocés del próximo jueves ha conllevado debates acalorados, y división de opiniones, y un cierto abuso de promesas idílicas por parte de unos y de augurios siniestros por parte de otros. Pero todos (políticos, artistas, escritores, eclesiásticos, empresarios, activistas...) han podido movilizarse y opinar libremente, sin amenazas, ni insultos, ni guerras sucias, ni querellas por sedición.

No tengo ni idea de cuál será el veredicto de las urnas, el día 18. Pero, gane el ‘sí’ o gane el ‘no’, unionistas e independentistas, escoceses, ingleses, galeses y norirlandeses ya han ganado en términos de civilidad y de calidad democrática. Aquí, en cambio, vamos perdiendo todos.

Pero, siendo ésta una apreciación justa de lo que el proceso consultivo de Escocia ha supuesto en el plano de la convivencia, tampoco han faltado quienes pretendían desacreditar su trasfondo de ética política a tenor de la agresiva campaña en contra del voto independentista. Sobre todo cuando los sondeos demoscópicos detectaron una ligera ventaja del SÍ sobre el NO, desatando entonces el pánico de los unionistas que en el último momento decidieron forzarla hasta límites increíbles.

Incluso se pretendió comprometer la neutralidad de la Corona británica, metiéndola en campaña a favor del NO (sólo se logró una frase de la reina Isabel circunstancial sobre la conveniencia de meditar el voto). Algo que algunos expertos hasta consideraban que podía exacerbar el sentimiento de rechazo al Reino Unido.

Así, por poner un ejemplo, a menos de una semana de la votación Caroline Gray, politóloga escocesa de la Universidad de Liverpool y actualmente investigadora visitante en la Universidad del País Vasco (UPV-EHU), advertía en un artículo titulado ‘Espejismo democrático’ (El País, 12/09/2014) que el referéndum en cuestión, elogiado por los nacionalistas vascos y catalanes como exponente de un modelo democrático “pactado y dialogado”, estaba plagado de deficiencias, alguna compartida por otros analistas. Y escribía:

(…) La primera equivocación fue dejar fuera del debate la opción que en principio querían la mayoría de los escoceses. Desde la creación del actual Parlamento escocés a finales de los noventa, las encuestas habían mostrado que alrededor del 50% de los ciudadanos de Escocia querían quedarse en Reino Unido, pero con mayores poderes, frente a un 30% favorable a la independencia y un porcentaje aún menor partidario del ‘statu quo’. El líder escocés Alex Salmond propuso incluir una segunda pregunta en el referéndum: conseguir más competencias, si no salía adelante la primera pregunta sobre la independencia (su verdadera meta). Pero el primer ministro británico, David Cameron, quiso una sola pregunta, con lo que se ignoró la opción que apoyaba la mayoría. Los partidos británicos dieron por hecho que el debate sobre la posibilidad de transferir más poderes a Escocia se abordaría tras la votación. Pero a falta de garantías para su realización, no sorprende que muchos votantes indecisos acaben inclinándose por la independencia al sentir que no se ha dado una respuesta clara a sus deseos de mayor autonomía…

Pero, ¿por qué razón habría de plantearse un referéndum orientado de forma tendenciosa hacia lo que alguien presupone teóricamente como más asumido o conveniente para el conjunto de la ciudadanía…? ¿Y por qué rechazar o criticar una única pregunta clara y con respuesta rotunda del SÍ o del NO, por mucho que se la tache de ser un ‘órdago a la grande’, si no se hace desde una posición interesada…?

Todo tiene sus segundas lecturas y cabría pensar que, siendo el Gobierno del Reino Unido el que introdujo la pregunta única y directa, y no la parte escocesa, la intención podría haber sido machacar la consulta con el ‘voto del miedo’, con la apisonadora del ‘todo o nada’ y del ‘os vais a enterar de lo que vale un peine’. Pero también es posible que sólo se pretendiera poner en valor una ética política y una claridad cada vez más demandadas por las bases sociales.

¿Prepotencia, avasallamiento, ingenuidad, civilismo, decisión política…? Es posible que detrás de esta formulación consultiva, sin duda alguna transparente y democrática, se haya podido ocultar una cierta intención manipuladora, dado que el Gobierno británico tuvo que poner sobre la marcha toda la carne en el asador cuando se vio que, con todo, el SÍ podía ganar al NO. Pero no es menos cierto que ese tardío in-put de campaña también ha sido una apuesta arriesgada de posible efecto boomerang, porque venía a reconocer implícitamente la legitimidad de las previas demandas escocesas con esta posible lectura: “Si ahora nos ofrecen más autogobierno, sin llegar siquiera a votar, será porque antes nos lo habían escamoteado”.

Por lo tanto, el regalo consensuado entre el primer ministro británico, el conservador David Cameron, el laborista Ed Miliband y el liberal demócrata Nick Clegg, para transferir más competencias a Escocia si sus ciudadanos rechazaban la independencia en el referéndum del 18 de septiembre -que ahora tendrán que cumplir con dificultades porque su promesa no pasó por el tamiz del Parlamento británico-, no sería tan grave como el error político de no haber negociado eso mismo con anterioridad, como sustitutivo del propio referéndum.

Incluso, Gordon Brown, ex primer ministro británico, anunció en paralelo “nuevos y amplios poderes” para el Parlamento de Escocia, que serán sustanciados de acuerdo con el calendario acordado por los tres partidos. Es decir, que, de golpe y porrazo, se ofrecían apresuradamente a Escocia más o menos las mismas transferencias competenciales demandadas de forma previa e infructuosa por el Ministro Principal, Alex Salmond, antes desoídas de cabo a rabo.

Todo ello con la votación ya a punto de caramelo y ‘gratis total’, aunque ganara el NO, implorando que no se rompiera el statu quo del Reino Unido y cambiando una ‘negociación’ por una pura ‘transacción’ gratis et amore Dei. Dicho de otra forma, Escocia ya ganaba antes de la votación, con el SÍ o con el NO, y además dando pie a que la campaña del SÍ asegurara de forma inmediata que la única garantía de más poderes para Escocia sería votar por la independencia (de no haberse producido esa oferta de los unionistas quizás el voto del SÍ hubiera sido menor).

A pesar de su dimisión como Ministro Principal de Escocia, motivada por la derrota de la propuesta independentista, Salmond pasará a la historia como uno de los políticos escoceses más hábiles de todos los tiempos.

Total, un verdadero duelo ‘cara a cara’, absolutamente nítido y con la baraja sin trucar (concesiones ‘gratuitas’ aparte), por más que se quiera criticar su planteamiento formal. Lo que hay que ver ahora es cómo se gestiona su resultado y, dados los compromisos adquiridos por los políticos británicos de nuevo cuño (que no por el grueso de la ciudadanía), qué consecuencias de futuro tendrá.

Y es que cuando la política llega tarde -eso es lo que ha sucedido en el Reino Unido- siempre llega mal, como estamos hartos de ver en España. Los partidos británicos dieron por hecho que podían seguir entretenidos en el debate sobre las transferencias a Escocia, despreciando su deseo de una mayor autonomía política, y sobre todo realimentándola con una repentina dádiva de última hora antes de la votación, lo que evidencia que nunca se había respondido con claridad a tales demandas.

Pero, más importante todavía, es la lección de que cuando la democracia se libra de sus falsos ropajes, y se plantea una consulta clara y sujeta al neto principio democrático de ‘el pueblo es soberano’ (y ‘un voto por votante’), siempre se corre el riesgo de que la realidad se muestre tal y como es, y que, entonces, la opinión de los gobernados difiera notablemente de la de sus gobernantes. Ojo al dato, que se las trae.

De hecho, prácticamente la mitad de los muchos referéndums que se han celebrado en Europa desde la Segunda Guerra Mundial (casi un millar), han acabado con la derrota de la postura defendida por los gobiernos que los convocaban. Ello evidencia que, en efecto, los referéndums se pueden perder y que siempre conllevan una gran incertidumbre; razón por la que los falsos demócratas huyen de ellos como de la peste y por la que han de considerarse como un auténtico instrumento de civilidad democrática.

Máxime cuando, por un ejercicio deficiente de la democracia, las disputas que se pretenden dirimir en ese tipo de consultas terminan proyectándose sobre una realidad política más amplia, llevando las respuestas de los ciudadanos también mucho más allá de lo que en ellas se platea de forma estricta. Y claro está que este ‘efecto de censura’ perturba la conciencia de los malos gobernantes, poco dispuestos a promover esos instrumentos esenciales en el sistema de convivencia (nuestra Carta Magna los establece de forma expresa como contraste consultivo de la opinión de todos los españoles en relación con decisiones políticas de especial trascendencia).

Siguiendo centrados en la esencialidad del referéndum escocés, y a efectos de sacar de esta experiencia algún aprovechamiento inmediato de cara a las cuestiones vasca y catalana, conviene tener presente lo que este tipo de consulta significa realmente en el contexto político europeo. Jaume López, profesor de Ciencias Políticas y Sociología en varias universidades de Cataluña, lo aclaró en un artículo de opinión publicado en La Vanguardia (21/09/2008) de forma muy oportuna, pero quizás infructuosa, cuando el actual Estatuto de Autonomía de Cataluña (aprobado en junio de 2006) todavía estaba sometido a varios recursos de inconstitucionalidad (resueltos en junio de 2010):

El papel del referéndum en Europa

El poco uso que se ha hecho en la democracia española del referéndum -cuatro desde la muerte del dictador, la última vez el año 2005 en relación con el tratado constitucional europeo- puede llevar a pensar a muchos ciudadanos que este mecanismo de decisión colectiva es, igualmente, poco valorado o utilizado en otras latitudes. Pero nada más lejos de la realidad. Si ampliamos nuestra visión y en ella incluimos a la mayoría de nuestros vecinos europeos (Francia, Reino Unido, Alemania, Italia, Bélgica, Irlanda, Suiza, Dinamarca y Suecia), resulta que desde el año 1995 en estas democracias se han celebrado 176 referendos de índole diversa.

Los temas sobre los que se ha pronunciado la ciudadanía de estos países en todas esas ocasiones son múltiples. Para empezar, podemos establecer una distinción entre los referendos que han implicado algún tipo de reforma institucional y los que suponían consultas sobre la definición de políticas públicas concretas (sobre legislación económica, sanitaria, educativa, de transportes, energía, etcétera). Los que implicaban una reforma institucional de algún tipo (reformas electorales, sobre límites territoriales internos, o ampliaciones/ reducciones de derechos) o la cesión de poderes o soberanía representan casi la mitad (44%) de todos los casos. Este porcentaje, ya siendo importante, aumenta aún más si no consideramos los referendos celebrados en Suiza e Italia, países con una gran tradición de consulta a la ciudadanía.

Suiza e Italia suponen, sin duda, un caso aparte por su muy alta utilización del referéndum para dirimir debates políticos (especialmente en Suiza, donde la tradición se remonta al propio nacimiento de la primera constitución confederal). Concretamente, entre 1995 y 2007 en Suiza se celebraron 99 referendos a nivel federal (a los que habría que añadir los numerosos referendos a nivel cantonal) y en Italia alcanzaron la cifra de 36 los referendos nacionales, que abarcaron temas tan dispares como la publicidad y titularidad de los canales públicos de televisión, los horarios comerciales, la fecundación in vitro o la edad de jubilación.

Si examinamos con mayor atención los referendos sobre grandes decisiones o de mayor impacto institucional, es decir, aquellos que implican una reforma de la estructura institucional, cesión de poderes o de soberanía, observamos que estos han estado muy presentes en el devenir de los últimos años tanto a nivel estatal como subestatal. Por lo que respecta a estos últimos, destacan los casos del Reino Unido y Francia, que juntos suman un total de 11 referendos de impacto institucional vinculados a procesos de reacomodación de territorios que habían sido colonias (Gibraltar, Isla de Ascensión y Bermudas, en el caso del Reino Unido; y Guadalupe, Martinica, Isla de Mayotte y Nueva Caledonia en el caso francés), o a la reordenación territorial interna, que en lo referente al Reino Unido se vincula al proceso de ‘devolution’ (Gales, Escocia y Ulster), y en el caso de Francia al intento de resolver la acomodación de Córcega en el Hexágono [forma geométrica que representa el mapa de Francia].

A nivel estatal, en cambio, los referendos de impacto institucional celebrados en este periodo tienen que ver sobre todo con el proceso de desarrollo de la Unión Europea y la necesidad de refrendar dichos cambios a nivel nacional, así como con la práctica política suiza. (Vale la pena recordar también que tras los referendos en Francia y Holanda en el 2005, en los que venció el NO al tratado europeo, Portugal, República Checa, Reino Unido, Irlanda y Dinamarca anularon sus consultas previstas.)

En lo que se refiere a cambios de soberanía hay que destacar igualmente, para el periodo examinado, el referéndum de Montenegro y fuera del ámbito europeo los celebrados en Quebec y Timor Oriental.

Desde el punto de vista de las legitimidades políticas y legales nos encontramos con una variedad muy amplia de situaciones que podrían situarse entre la doble mayoría (poblacional y cantonal, que requieren los referendos suizos, o poblacional y electoral, que se exigió a Montenegro) y los referendos vinculados al proceso de ‘devolution’ en el Reino Unido. Estos últimos no contaban con ningún respaldo constitucional, pues no existe esta norma básica en el ordenamiento jurídico británico. Las consultas se fundamentaron exclusivamente en la voluntad política de una mayoría parlamentaria y, en algún caso, como el referéndum galés, obtuvieron un apoyo popular muy limitado, sin que ello afectara a la efectividad de la decisión. Concretamente, el SÍ a la nueva Asamblea galesa que inicia el proceso de ‘devolution’ obtuvo sólo un 50,3% de las papeletas y no había ningún quórum mínimo exigido de participación. Pero la legitimidad y la legalidad de la decisión jamás ha sido puesta en duda por los actores o la opinión pública británica, situándolas al mismo nivel que la que da origen al proceso escocés, donde se consiguió un 74,3% de sufragios afirmativos [en 1997].

Al margen de la proyección del referéndum como práctica consultiva en las democracias europeas, en relación con las aspiraciones soberanistas o independentistas también se olvida que hay palabras y conceptos de mayor y de menor calado, con significados más y menos trascendentes. Y entre las primeras destacan algunas que se enraízan con sentimientos muy profundos del ser humano, convertidas en gritos muy difíciles de acallar cuando llegan al punto de convertirse en una bandera social agresiva: Independencia, Patria, Libertad, Dignidad, Rebeldía…

Ahora, conociendo de forma fehaciente que en el referéndum sobre la independencia de Escocia del Reino Unido ha ganado el NO con cierta holgura (más de 10 puntos de diferencia entre el SÍ y el NO), sobrarán explicaciones de por qué ha sucedido lo que ha sucedido, previamente ignoradas, y lecturas ‘barriendo para casa’ seguramente erradas. Pero ganando la propuesta que haya ganado, y por las razones que fuere, lo más importante es entender el valor sustancial de la consulta en sí misma y el marco de respeto y tolerancia en el que se han presentado y medido las opiniones encontradas, junto con la predisposición de las partes para aceptar los resultados democráticamente.

Y, sobre todo -porque nos estamos jugando mucho en ello-, ponerlo en relación con España, con el futuro de nuestro entorno político. Sin aferrarnos ciegamente al aspecto de la legalidad, obviando el de la legitimidad, porque -y no nos cansamos de repetirlo- la independencia (o el soberanismo) es una cuestión política antes que legal o constitucional.

Ahora, de nada vale entretenerse en señalar con el dedo a quienes han acertado o errado en sus diagnosis previas sobre el referéndum de Escocia. O jugar al escarnio mediático con quienes apoyaron una u otra opción, regodeándonos en los palos y las zanahorias merecidas por unos u otros (perniciosa práctica que los propios escoceses desestiman). Entre otras cosas porque quienes aritméticamente han perdido, de forma paradójica han logrado el mayor poder político que demandaban y sin tener que afrontar los riesgos de la independencia; y porque los unionistas vencedores han puesto encima de la mesa lo que antes consideraban innegociable y que después han ‘regalado’ (quizás dos torpezas consecutivas).

Ahora lo que importa es tener bien presente el valor ético-político de los referéndums, no especular con que quien los convoca vaya a ganarlos o perderlos imperiosamente y entender que la legalidad es un instrumento al servicio de la democracia, sin que de ninguna forma pueda socavarla. La ‘democracia’ es cosa muy distinta de la ‘constitucionalidad’ (en el Reino Unido parece que la democracia es bien real y sin embargo no existe una Constitución escrita como tal) y hay que asumir sus riesgos, sin olvidar jamás que todos, sea cual sea la aspiración nacional, tenemos derecho a idealizar y construir libremente nuestro futuro.

En cuanto a las consecuencias de la experiencia escocesa, y nos seguimos refiriendo al hecho y forma en sí de la consulta sin entrar en la valoración de los resultados, hay que convenir que ese modelo de referéndum ‘pactado y dialogado’ como instrumento al servicio de la convivencia democrática, es bastante convincente y asumible frente al radicalismo con el que algunos plantean en España la resolución (o más bien la irresolución) de ese tipo de problemas. Que, quiérase o no, son problemas reales, graves y crecientes, gracias a comportamientos errados de la clase política.

Por eso no hay que despreciar la posición de los partidos catalanes que, siendo contrarios a la ‘secesión’, mantienen su apoyo a una ‘consulta’ legítima y legalizada (el derecho a decidir), en esencia de corte escocés.

La expresividad del fenómeno soberanista catalán y su crecimiento, indican razonablemente que su vigor y dimensión es mayor que la del escocés; pero, sin embargo, en Escocia (como en Canadá) existe un marco legal previsto para poder acogerlo que no existe en Cataluña. Y ese es el nudo gordiano de la cuestión.

Si una cláusula constitucional establece que un país es indivisible, como sucede en España, y en el devenir de los tiempos surgen demandas soberanistas por las circunstancias que fueren (que políticamente se deberían haber evitado), lo razonable en primer lugar sería revisar si esa constitucionalidad responde a un principio moral o no. Y, en su caso, resolver la cuestión de forma ética e inteligente, en vez de resguardarla bajo argucias legales, que si el fenómeno es consistente terminarán saltando por los aires.

Esconder la incapacidad política detrás de una Constitución, ni es edificante ni puede prevalecer en el tiempo cuando el problema sustancial crece día a día, en varios frentes y provocando gravísimas fracturas sociales sin llegar a ser atajado en modo alguno por el Gobierno de la Nación. Atrapados por una dinámica política errónea (ese es nuestro pecado), la Constitución no puede enterrar la democracia, sino que debe servirla, así como legalidad y legitimidad han de mostrarse compatibles.

En un reciente artículo dedicado al referéndum sobre la independencia de Escocia, titulado ‘Una pregunta clara para Escocia’ (El País 05/09/2014), el reconocido editorialista británico Timothy Garton Ash, profesor de Estudios Europeos en la Universidad de Oxford, investigador titular en la Hoover Institution de la Universidad de Stanford y autor de varios ensayos de análisis político, resumía esa misma posición en un último párrafo de forma tan sencilla como comprensible: “… Yo, que quiero que Escocia permanezca en Reino Unido y Reino Unido permanezca en Europa, creo que debemos asumir los riesgos de la democracia. Que nos dejen escribir nuestra propia historia”.

Y en una entrevista concedida al periodista Luis R. Aizpeolea para El País, publicada el pasado 12 de septiembre, seis días antes de que se celebrara el referéndum escocés, Alberto López Basaguren, profundo conocedor de la problemática vinculada a las más recientes demandas independentistas, ponía de relieve que, sin tener que mitificarla, la consulta en cuestión nos daba una gran lección. Sin querer resumir la entrevista, porque toda ella es muy interesante y reveladora, a pesar de que algunos comentarios ya se vean trascendidos por el resultado de la consulta, destacamos en negrita las respuestas a nuestro entender más significativas:

“El Ejecutivo debe responder con legitimidad política al soberanismo”

Alberto López Basaguren (Basauri, 1957), catedrático de Derecho Constitucional por la Universidad del País Vasco, está considerado por numerosos expertos como la máxima autoridad española sobre los procesos soberanistas de Escocia y Quebec, que ha seguido sobre el terreno desde las universidades de Edimburgo y Montreal. También ha cursado estudios en Cambridge.

Pregunta. El 18 de septiembre, Escocia celebra un referéndum sobre su posible independencia ¿Qué incidencia tendrá en España y en Cataluña y Euskadi en particular?

Respuesta. Con la comunicación de hoy, tan fluida y profunda, los efectos en países cercanos con problemas similares son innegables e ineludibles. No obstante, el caso escocés tiene particularidades jurídicas que le diferencian de los problemas de Cataluña y España porque la Constitución británica [no codificada], a diferencia de la española, no es superior a las leyes ordinarias. Pero hay un trasfondo político en el caso escocés que nos afecta. ¿Por qué es posible en el Reino Unido lo que no es posible en España?

P. Pues eso. ¿Por qué es posible en el Reino Unido lo que no es posible en España?

R. El caso escocés, igual que el quebequés, son excepciones. Pero cada uno, desde su singularidad jurídica, ha dado respuesta a un problema político. España también tendrá que afrontar ese reto político, aunque su legalidad lo impida. Desde la legitimidad política, España está obligada a preguntarse por qué la regulación legal española es diferente. Y si debe afrontar esos retos cuando Reino Unido y Canadá lo han hecho.

P. Pero dice usted que el caso escocés y el quebequés son excepciones.

R. Son excepciones jurídicas y cada una de ellas ha dado su propia respuesta. En Canadá, su Constitución no decía nada sobre un referéndum sobre la independencia. Pero el sistema lo terminó regulando legalmente con la Ley de Claridad.

P. ¿Y en el caso escocés?

R. El Parlamento británico no tiene límites constitucionales como en España. Se aceptó que, según el Estatuto de Escocia, sólo se podría realizar el referéndum si así lo aprobaba el Parlamento británico. Y esto se hizo tras la mayoría absoluta del Partido Nacionalista Escocés en las elecciones regionales, que se presentó con un programa político de mayor autonomía y referéndum por la independencia. El Parlamento británico, a su vez, impuso que el referéndum escocés no podía ser unilateral y debía ser negociado.

P. ¿Cómo fue la negociación?

R. El Gobierno escocés aceptó todas las condiciones del Parlamento británico sobre el modo de celebrarse el referéndum, especialmente que hubiera una única pregunta y que fuera clara sobre si se aceptaba o no la independencia de Escocia. El Gobierno británico, a su vez, aceptó que pudieran votar los jóvenes de 17 y 18 años. Creo, no obstante, que David Cameron cometió un error de precipitación al forzar el referéndum únicamente sobre la independencia porque lo que los escoceses querían primordialmente era una mayor autonomía.

P. ¿Quién cree que va a ganar en Escocia el día 18 el sí o el no?

R. Hasta hace un mes había una sólida posición del no. Pero las últimas encuestas dan un alza al si por un deslizamiento del voto laborista porque en el Reino Unido se ha producido una fractura terrible en su modelo económico y social, que ha empujado a una parte del electorado laborista a creer que la independencia puede ser una respuesta a esa fractura social. Creo que, al final, ganará el no, que predomina entre las mujeres y los mayores que temen por sus pensiones, pero por poca diferencia. Pero apunto el riesgo que supone la quiebra del modelo social, que está favoreciendo el sí.

P. Y si ganara el sí. ¿Qué pasaría?

R. Se abriría un proceso de negociación complejo y muy incierto porque sería por una diferencia muy pequeña. Existe el precedente del Quebec y entonces, el Tribunal Supremo de Canadá dijo que la negociación no iba a ser sólo sobre la logística de la independencia. Hay que tener en cuenta que no estamos ante un referéndum de autodeterminación de una colonia, reconocido por los organismos internacionales. Hay asuntos muy importantes que negociar. Por ejemplo, la divisa, muy importante para el Reino Unido que no está en el euro. El Parlamento británico ya ha adelantado que si Escocia se independiza se queda fuera de la unidad monetaria británica, lo que sería un revés muy serio para los escoceses. Está también el problema de la deuda. Por este motivo, algunos entienden que habría que celebrar un segundo referéndum sobre lo pactado, tras la negociación.

P. ¿Y si gana el no?

R. Como la diferencia sobre el si será pequeña, existe el riesgo de que se empiece el cuento de nunca acabar. El Partido Nacionalista Escocés puede tener la tentación de tratar de seguir repitiendo los referéndum hasta lograr el sí. Pero es muy difícil que el Parlamento escocés pueda convocar nuevos referéndum de modo unilateral sin consentimiento del Parlamento británico. El ejemplo del Quebec es revelador. El sí perdió por muy poco. Los independentistas creyeron que en la siguiente legislatura ganarían. Pero los hechos mostraron que fracasaron sus previsiones y hoy el movimiento independentista del Quebec está en claro retroceso.

P. El PNV ha apuntado el modelo escocés como un referente a seguir y no el de Cataluña.

R. El caso escocés tiene el respaldo de un pacto en su propio país y el PNV sabe que una pretensión unilateral, como la catalana, fuera de la legalidad, no se va a aceptar. Yo he visto en Escocia a expertos impulsores de la independencia distanciarse expresamente del caso catalán por su actuación unilateral, no pactada.

P. ¿Escocia podía ser el precedente en la UE de una cadena de secesiones?

R. En ningún caso, una hipotética independencia de Escocia sería un precedente en la UE. Los propios independentistas escoceses lo presentan como un caso especial, pactado, y recalcan su excepcionalidad para ser aceptados. Descartan ser el inicio de una cola de independencias en la UE.

P. ¿Por qué en Cataluña o Euskadi no puede hacerse un referéndum pactado?

R. Quebec y Escocia son dos casos excepcionales, dónde se presentaban elementos muy sólidos. En España, para empezar, hay un problema de constitucionalidad. La Constitución y los estatutos no lo prevén. Pero, además, en clave política, hay una diferencia radical entre la propuesta del Partido Nacionalista Escocés y las propuestas de consulta de Ibarretxe, en su día, y hoy de Artur Mas. Ni Ibarretxe ni Mas se presentaron a las elecciones con un programa claro, de someter a consulta una propuesta de independencia. Lo hicieron a medias tintas. La propuesta clara del Partido Nacionalista Escocés fue precedida de un amplio debate político que aquí no se ha producido. Pero que tendrá que terminar por hacerse porque es insostenible políticamente la situación en que vivimos en Cataluña.

P. El Gobierno del PP es reacio a abrir ese debate.

R. Es cierto, pero políticamente va a ser insostenible en el tiempo por sus efectos negativos. Nada se puede hacer fuera de la legalidad, pero quien la defiende, debe justificar su legitimidad. Es verdad que la Constitución es reacia a los referéndum, pero se puede explorar un consenso mayoritario sobre en qué condiciones y con qué requisitos se podría celebrar.

P. ¿Qué va a pasar en Cataluña?

R. Una parte importante de los catalanes están movilizados por la independencia. Hay una cerrazón al debate por una parte y por la otra, una pretensión de huida hacia adelante. La actitud de Artur Mas está provocando una implosión del sistema catalán de partidos y una fractura social muy grave. La situación catalana es, por tanto, extremadamente preocupante y difícilmente gobernable.

P. ERC está empeñada en celebrar unilateralmente el referéndum por la independencia.

R. ¿Y va a declarar la independencia unilateralmente? ¿Va a optar por la vía insurreccional?, Ya no estamos en los años treinta.

P. ¿Cómo puede afectar el escándalo de la familia Pujol al proceso soberanista catalán?

R. A quien va a afectar es a CiU. Este partido tiene muy mal futuro. La gobernación de Mas ha llevado a CiU al suicidio y el escándalo de Pujol es el remate.

P. ¿Adónde va a ir Cataluña?

R. A corto plazo, se va a producir una enorme frustración. Estoy convencido de que si Escocia y Cataluña hubieran tenido una financiación como la que ha permitido el concierto económico, no se hubieran planteado los problemas posteriores. Hoy sólo veo como salida un enorme baño de realismo.

P. ¿Qué pueden hacer el Gobierno central y las instituciones?

R. El Gobierno central no ha dado una respuesta seria a la estrategia del nacionalismo. Sólo la apelación a la legalidad y no puede convertirse en una trinchera infranqueable. El primer error está siendo no afrontar el debate político. Y debe hacerse sin por ello aceptar el terreno de juego del nacionalismo. Los problemas que en su día ya se detectaron en el funcionamiento del Estado autonómico debieron ser abordados entonces. Porque ahí radican los problemas de ahora.

P. ¿A qué se refiere?

R. Por ejemplo, al reparto de competencias. En todos los estados federales, la Constitución fija nítidamente las competencias del Estado mientras aquí han sido los estatutos de autonomía los que las han fijado abriéndose situaciones conflictivas como sucedió con la reforma del Estatuto de Cataluña. Está pendiente, también, de resolución la financiación y las relaciones intergubernamentales.

P. El fenómeno escocés o el catalán ¿puede afectar a Euskadi?

R. El PNV está marcado por la experiencia del plan Ibarretxe y con una apuesta por el soberanismo, unilateral, arriesga la pérdida del poder y el fortalecimiento de la izquierda abertzale. Lo que me sorprende es que Artur Mas no haya aprendido de la experiencia de Ibarretxe.

Como bien señala el profesor López Basaguren, los problemas detectados hace tiempo en el diseño y funcionamiento del Estado de las Autonomías, que debieron ser abordados de forma automática, han devenido en los graves problemas de ahora. En relación, sobre todo, con el irracional sistema de reparto de competencias y del temerario vaciamiento del Estado, con el inconsistente sistema de financiación de las Administraciones Públicas y su organización territorial, con las relaciones intergubernamentales… y, en definitiva, con la falta de vertebración de la Nación Española.

Y, por tanto, es al PP y al PSOE, responsables de toda esa deriva y de ese desviacionismo de Estado, a quienes corresponde racionalizar actitudes y comportamientos políticos para poder superar la grave situación a la que nos avocan el soberanismo catalán y vasco. Para ello, bueno sería que, como sugiere el titular de esta Newsletter, sus dirigentes aprendieran algo del reciente y loable referéndum sobre la independencia de Escocia, dejando de venerar su propio ombligo y abandonando posiciones enrocadas que sólo pueden empeorar la situación.

Fernando J. Muniesa

Cuando el pasado mes de mayo los analistas independientes de la política internacional y los especialistas en geoestrategia ya tenían meridianamente clara la realidad subyacente en la crisis de Ucrania, incluida su instigación  interesada por Occidente, recogimos en una Newslettter algunas opiniones que, en términos muy sencillos y comprensibles, ponían el punto sobre las íes del tema (‘Conflicto de Ucrania: ¿Nos meterá Rajoy en el mismo lío que nos metió Aznar con la guerra de Irak…?’). Y lo curioso es que muchas de ellas, complementarias entre sí, contradecían la línea editorial de los propios periódicos que las publicaban afanados en el seguidismo estadounidense.

Así, y mientras El País arremetía en sus editoriales contra la política de Putin en el conflicto ruso-ucraniano, en sus páginas se han podido leer no pocos artículos clarificadores como este de José Ignacio Torreblanca, de elocuente título (24/04/2014):

Pobre Rusia

Las acciones de Rusia no son más que la respuesta legítima y, por cierto, sumamente contenida, a las constantes humillaciones sufridas por ese país desde que en 1991 decidiera abandonar el comunismo. Depuestas las armas por el eterno rival ideológico y seguro de su supremacía económica y militar, Occidente se ha dedicado a someter y humillar a Rusia de tal manera que nunca pueda volver a resurgir. Este programa se habría ejecutado valiéndose de una doble pinza formada, en primer lugar, por instrumentos económicos como las inversiones en sectores clave de la economía rusa (materias primas e hidrocarburos), pero de forma más profunda y dañina aún mediante la imposición por parte del FMI de un programa de privatizaciones que habría destruido el Estado social ruso, socavado las perspectivas de una democracia real y creado una clase de oligarcas corruptos sin más principios que el enriquecimiento y el servilismo a Wall Street y la City.

En paralelo al sometimiento económico, Occidente habría seguido una lenta pero inexorable política de aislamiento geopolítico de Rusia. En lugar de disolver la OTAN, que hubiera sido lo lógico teniendo en cuenta la disolución del Pacto de Varsovia, Occidente no cejó hasta que logró que todos los ex socios europeos de la URSS, desde Estonia hasta Rumanía, se integraran en la OTAN. La ambición de la UE no habría sido menor, pues inmediatamente después de la caída del muro absorbió a nada menos que 16 países, muchos de ellos históricos aliados de Rusia, como Bulgaria, o tradicionalmente neutrales, como Austria o Finlandia, creando un mercado interior de 500 millones de habitantes inmensamente rico desde el que imponer las normas y estándares que Rusia debe cumplir si quiere participar en la economía mundial. Y para rematar la jugada, Occidente no sólo machacó al único aliado ruso en la región, Serbia, sino que se dedicó a promover las llamadas “revoluciones de colores” en todo el espacio exsoviético, desde Ucrania hasta Kirguizistán, con el objetivo de lograr aún más aliados para su causa de mantener a Rusia rodeada y sometida.

Lo visto en Ucrania estos últimos meses no sería sino el último hito en esta perversa estrategia. ¿Qué más hace falta para unir con una línea recta los tres puntos que constituyen la oferta europea de un acuerdo comercial a Ucrania, el ensalzamiento como héroes a los derechistas del Maidán y el engaño a Yanukóvich por parte de los ministros de exteriores de la UE, que le prometieron una transición mientras por detrás organizaban un derrocamiento? ¡No es de extrañar que Putin haya dicho basta! ¿De qué nos sorprendemos? ¿De que los demás pueblos del mundo también quieran un trocito de dignidad?

Aunque seguro que hay quien considera este relato un ajustado reflejo de la realidad, está íntegramente formado por falsedades y prejuicios ideológicos. Lo peor: que dando por buena esta versión, hacemos imposible desarrollar una política coherente hacia la Rusia de Putin. En el blog Café Steiner en elpais.com rebato esos argumentos. Les invito a visitarlo y continuar allí la discusión.

Pero es que en periódicos más conservadores, por no decir ‘reaccionarios’, como el ABC, varios columnistas también publicaron análisis y artículos de opinión sobre el caso enfrentados a la manipulación informativa anti-rusa. Uno de ellos -se podrían citar algunos más- es este del escritor Juan Manuel de Prada (21/04/2014), ciertamente irónico:

La tradición rusa

Basta volver la vista atrás veinte años para entender cuál era la Rusia que anhelaba el NOM.

Con su habilidad característica para la intoxicación, el Nuevo Orden Mundial y sus corifeos presentan a Putin (¡horreur!) como una suerte de zar protervo entreverado de chulo profesional, dispuesto a pisotear el Derecho y a atizar guerras con tal de imponer su megalomanía imperialista. Para evitar que la pobre gente cretinizada se entregue a la nefasta manía de pensar, el NOM mantiene bien provistos de tópicos burdos los diversos comederos donde hociquea la «ciudadanía»: en el comedero conservador, conviene repetir a cada poco (¡paveur!) que Putin fue un agente del KGBrrrrr; en el comedero progresista, que Putin es (¡espanteur!) un tremendo homófoborrrrr. Parece increíble que tales caracterizaciones grotescas puedan resultar efectivas; pero el NOM sabe que las meninges de sus súbditos fueron arrasadas hace mucho tiempo; y que las especies más zafias pueden arraigar en los cerebros reducidos a fosfatina.

Basta volver la vista atrás veinte años para entender cuál era la Rusia que anhelaba el NOM. Arrasada por el bolchevismo que había tratado de exterminar hasta el último vestigio de la Rusia tradicional, había caído en manos de gobernantes ineptos, títeres de intereses extranjeros que, con la excusa de desmantelar el comunismo, se dedicaron a poner Rusia en almoneda. En aquel desmantelamiento de la Unión Soviética, la Rusia tradicional fue sometida a todo tipo de vejaciones, entre ellas la declaración de independencia de Ucrania, con regiones que, allá en la noche de los tiempos, habían sido fundadas y pobladas por rusos, o que habían sido ganadas por rusos en combate contra el turco (como Crimea, que luego sería el último reducto blanco frente al bolchevismo). Pero aquella Rusia puesta de rodillas, resignada a convertirse en lupanar, vomitorio o chatarrería del NOM, recupera su dignidad con Putin, que hace suyo el proyecto de revivificación de la tradición rusa impulsado por hombres como Solzhenitsyn, que habían sufrido (¡y cómo!) en sus propias carnes el comunismo y que, sin embargo, no consideraban que la alternativa a aquella ideología criminal que había triturado el alma de Rusia fuese el deletéreo liberalismo occidental (que Solzhenitsyn, por cierto, condenó con igual acritud que el comunismo). Esta revivificación de la tradición rusa exigía, en primer lugar, una recuperación de su fe y cultura milenarias, acompañada de un renacimiento demográfico que combatiese el estado de desmoralización y desencanto que postraba a la sociedad rusa. También de un restablecimiento de las fronteras de Rusia que, a la vez que rechazase los abusos imperialistas de la Unión Soviética, reintegrase pacíficamente parte de Ucrania y Bielorrusia, que son cunas históricas de Rusia. Todo este vasto plan de revivificación de la tradición rusa (tal vez el mayor desafío con que se ha tropezado el NOM) ha tratado de hacerlo realidad Putin, con las limitaciones y las interferencias de intereses espurios propias de todas las empresas humanas, aun de las más nobles.

Imaginemos (pero no es preciso tener demasiada imaginación) que el día de mañana una España hundida en la bancarrota, convertida en carroña para la pitanza de los especuladores globalistas, se desmantela y varias de sus regiones se segregan. Imaginemos que, desde el condado de Treviño o desde el cinturón industrial de Barcelona, surge un movimiento hispanófilo que se rebela contra la opresión de un régimen que trata, bajo máscara democrática, de arrasar sus raíces. Me gustaría que entonces hubiese en Madrid un gobernante valiente como Putin, que no mire para otro lado (aunque, bien lo sé, para esto último es preciso tener demasiada imaginación).

Y no digamos nada de otros comentarios que, desde posiciones militares informadas, no dejaron de redundar en ese entendimiento inteligente de la posición rusa. Entre los numerosos testimonios disponibles, la Red (invento impagable para garantizar la libertad informativa) nos ofreció un incisivo artículo de opinión de Juan Chicharro, general de División de Infantería de Marina, publicado en su blog ‘Proa al viento’ (República.Com 24/03/2014), que también recomendamos leer con detenimiento:

Ucrania desde la geopolítica y España

Que la geografía define la política de los Estados es algo obvio. Y si completamos ésta con la disponibilidad de recursos energéticos, base de toda economía, nos encontramos con un conjunto de factores esenciales para comprender desde la gran perspectiva lo que sucede en el mundo.

El geógrafo británico Mc Kinder describió hace más de cien años su teoría del pivote histórico. En ella dividía el mundo según su particular opinión en una tierra corazón –la isla mundial– constituida por Eurasia y en dos corredores o anillos que la rodeaban: uno interior que iba desde las islas británicas hasta el Japón y otro exterior desde América pasando por el sur de África, Australia y de nuevo América.

De forma sintetizada la teoría de Mc Kinder preconizaba que aquella potencia que dominara la masa euroasiática dominaría el mundo por ejercer el control de su centro de gravedad así como el de las inmensas reservas no explotadas de energía.

Spikman, también geógrafo y teórico de la geopolítica adaptó las teorías de Mc Kinder al mundo posterior al de la Segunda Guerra Mundial. Teorías en gran medida seguidas por los EEUU a partir de la posguerra.

Llegar a la conclusión, o no, de si a estas alturas del siglo XXI, en el mundo globalizado de hoy, dichas teorías siguen siendo válidas requeriría un estudio profundo que se aleja de la inmediatez de estas líneas; sin embargo una visión de los acontecimientos históricos de los últimos decenios nos muestra que casi todos los conflictos se han producido en el anillo interior que rodea a la denominada tierra corazón dándole, quizás, la razón al geógrafo británico.

Vietnam, Afganistán, Irak, Medio Oriente o los Balcanes son ejemplos de guerra abierta en los que siempre nos encontramos a los EEUU y a Rusia detrás de ellos; lo mismo podría decirse de conflictos no abiertos pero generadores de grandes tensiones políticas y sociales como ha sucedido en los países bálticos o en Polonia. Y no nos olvidemos que en un mediato futuro -tal como escribí en un artículo anterior- la pugna se extenderá al control de las inmensas reservas energéticas bajo el polo norte.

La premisa básica de la teoría de Spykman, citado líneas arriba, era que el balance de poder en Eurasia afectaba directamente a la seguridad de los EEUU y que si esta nación quería mantener su supremacía mundial era imprescindible mantener una presencia activa a lo largo de toda la zona geográfica que componía el denominado anillo interior lo que implicaba a su vez mantener una Armada poderosa y por otra parte una presión constante sobre la frontera oeste de Eurasia.

Así nos encontramos, como si de aplicación rigurosa de las teorías de la escuela geopolítica de Spykman se tratara, a la UE y a la OTAN influyendo y presionando en toda esa frontera oeste de la porción de Eurasia que dominaba otrora la Unión Soviética, y hoy Rusia, así como a lo largo del resto del ‘inner crescent’, el anillo interior citado, con todo un despliegue militar de los EEUU materializado por alianzas cuando no por presencia activa en Afganistán, Irak y en todos los mares.

Y si nos detenemos a analizar lo sucedido en la Europa Oriental desde la caída del Imperio Soviético hasta nuestros días, vemos primero como cayeron de la órbita rusa los países bálticos al norte y luego al sur los balcánicos; siempre y en ambos casos con la sombra de los EEUU de una parte y de otra la de Rusia.

Tal parece que los esfuerzos de ambas partes responden a evitar que sea sólo una potencia la que domine la tierra corazón como prescribía Mc Kinder.

Y es en esta cadena de acontecimientos cuando ahora nos encontramos de nuevo a los EEUU y Rusia pugnando por el control de la zona centro de la frontera oeste de Eurasia: en Ucrania. ¿El eslabón que faltaba?

Los sucesos que allí están teniendo lugar responden al paradigma de lo acaecido en la otrora próspera Yugoslavia. Allí si recordamos convivían diferentes etnias bastante mezcladas pero estructuradas en diferentes regiones: Serbia, Croacia, Bosnia… etc.

De repente movimientos nacionalistas auspiciados, cuando no apoyados, por los EEUU y la UE provocaron una sangrienta guerra que rompió en pedazos la nación yugoslava. La influencia rusa quedó maltrecha, y la de los EEUU desde entonces, presente y reforzada ¿Se acuerda alguien de Kosovo?

En Ucrania está sucediendo exactamente lo mismo. Desde Occidente se incide sobre lo que separa al pueblo ucraniano: las diferencias entre los pro occidentales y los pro rusos. La finalidad de unos y otros es en definitiva, desde la perspectiva de la teoría geopolítica, el control de la frontera oeste del anillo interior “frontera” de la tierra corazón.

Hay un aspecto muy a considerar en todo este conflicto que es el de la manipulación de la opinión pública. Como siempre sucede. Sirva como ilustrativo de ello la experiencia personal vivida allá por la primavera de 1999 cuando los ataques de la OTAN a Serbia. No recuerdo el día exacto pero sí cuando un misil de la OTAN impactó directamente en la Embajada de China en Belgrado en horas de trabajo. Las imágenes de la CNN y por supuesto las de TVE mostraban el destrozo, pero enfatizando en que no había habido víctimas. Por el contrario la TV serbia mostraba imágenes espeluznantes de cadáveres y heridos.

¿Dónde estaba la verdad? No lo sé. Pero evidentemente la opinión de los serbios y la de los españoles era bien diferente según, claro está, las imágenes que vieran. En Ucrania me temo que está pasando lo mismo.

Y en este contexto leo que los EEUU proponen medidas económicas sancionadoras contra Rusia lo que no deja de ser curioso ya que el posible impacto de éstas sobre la economía norteamericana sería mínimo -los acuerdos comerciales entre los EEUU y Rusia no alcanzan el 1% del total- mientras que Europa es dependiente en un elevado grado del gas ruso que pasa directamente por Ucrania. No así España que se surte del norte de África pero, ¿y el más de un millón de turistas rusos con alto poder adquisitivo que visitan anualmente nuestro país? ¿Y cuál es la posición de España en todo este conflicto?

Según sabemos y observamos la común con la de la UE. Incluso quizás con más vehemencia al mostrarse del todo contraria al referéndum habido en Crimea; tal vez por sentir similitud posible con lo que pueda acaecer en España.

Francamente, son dos problemas bien diferenciados y no acabo de entender la postura española. Tal vez es que los principios o conceptos de algunos en los que se basa la unidad española no son lo suficientemente fuertes y necesitan ampararse en situaciones que piensan pueden ser análogas. Hace falta ser ignorante.

Pues bien. Ni Cataluña es Kosovo ni el País Vasco es Crimea. Para nada. Son problemas completamente diferentes que nada tienen que ver.

Y por otro lado leo que los EEUU -¿completando una posición retrasada de apoyo al despliegue o influencias en el anillo interior de Mc Kinder?- proponen que España se convierta en su aliado principal para el sur de Europa y el Mediterráneo. Propuesta muy bien acogida en general. Al fin y al cabo ya lo somos. La base naval de Rota, el despliegue de los destructores que participan en el escudo antimisiles o el de hasta 1.100 ‘marines’ en Morón son pruebas fehacientes de ello, por si no lo fuera suficientemente ya nuestra intervención en Bosnia, Líbano, Irak, Afganistán, en el Mediterráneo oriental o en el Índico.

Es una buena noticia y seguro que ahora los EEUU nos apoyarán en el hipotético caso de un no deseable conflicto a propósito de Ceuta y Melilla y desde luego, también, en nuestra reivindicación de nuestros derechos sobre Gibraltar. Siendo sus aliados principales en el sur no hay razón para que no le digan a sus ‘primos’ británicos lo buenos y fiables aliados que somos.

Lejos está del pensamiento estratégico norteamericano la aplicación de la doctrina ‘Monroe’ por la que nos ‘robaron’ Cuba y Puerto Rico, además de Las Filipinas; como también lo está la más cercana en el tiempo –ayer- cuando apoyaron a Marruecos para ‘echarnos’ del Sáhara. ‘Fairy tales’… que dicen los anglos.

¡Ojo! Las Fuerzas Armadas de los EEUU tienen todo mi respeto y grandísima admiración. Son inmejorables. Pero mi consideración por su política es otra cosa bien diferente. En fin…

¿Seguirá siendo válido el pensamiento geopolítico de Spykman derivado del de Mc Kinder? Tal vez todo cuanto he escrito sólo sean coincidencias y casualidades fruto de la imaginación.

Finalmente, y aun a costa de sobrepasar la extensión habitual de nuestras Newsletters, tampoco nos resistimos a reproducir el avance del libro de Carlos Taibo, profesor de Ciencia Política en la Universidad Autónoma de Madrid y acreditado especialista en la Europa central y oriental, titulado ‘Rusia frente a Ucrania’ (Editorial La Catarata, 2014), que ya publicamos antes de su lanzamiento:

Rusia frente a Ucrania [extracto]

(…) A duras penas es imaginable que Rusia sea una potencia meramente regional. Basta con echar una ojeada a su ubicación, en el centro de las tierras emergidas del norte del planeta, para percatarse de que sus movimientos tienen por fuerza que ejercer efectos sobre el panorama entero del planeta, y ello incluso en los momentos de mayor postración. Un Estado que cuenta con fronteras con la UE, que considera que Oriente Próximo es su patio trasero, que sigue desplegando una parte de sus arsenales en la linde con China, que mantiene contenciosos varios con Japón y que choca con EE UU a través del estrecho de Bering no puede ser una potencia regional. Pero Rusia arrastra, por añadidura, una singularísima condición geoestratégica. Con fronteras extremadamente extensas, a caballo entre Europa y Asia, se trata de una potencia continental que debe encarar por igual enormes posibilidades y riesgos evidentes. Agreguemos que estamos ante un Estado que es un productor principal de hidrocarburos, que disfruta de derecho de veto en el Consejo de Seguridad de la ONU y que cuenta con un arsenal nuclear importante. Una de las consecuencias plausibles de todo lo anterior es el hecho de que nos hallamos ante uno de los pocos Estados del planeta en los cuales las influencias externas son limitadas o, en su defecto, resultan ser poco eficientes.

Por lo demás, si Rusia se beneficia de evidentes potencialidades, arrastra también taras no menos relevantes. Recordemos que, al menos en lo que respecta a su territorio europeo, es un país geográficamente desprotegido, que carece llamativamente de una salida permanente y hacedera a mares cálidos, que está ubicado en latitudes demasiado septentrionales como para permitir el despliegue de una economía diversificada, que cuenta con ríos que en la mayoría de los casos discurren de sur a norte y a duras penas pueden ser objeto de un uso comercial estimulante o, en fin, que atesora una riqueza ingente en materias primas que se encuentran, sin embargo, en regiones tan alejadas como inhóspitas.

Hay quien, en otro orden de cosas, se pregunta por qué Rusia forma parte del grupo que integran las economías emergentes y que conocemos con el acrónimo de BRIC. La pregunta es legítima por cuanto Rusia no es ni una economía emergente, ni un Estado que muestre una realidad en ebullición, ni un país del Tercer Mundo que haya dejado atrás viejos atrancos. Al cabo, y por añadidura, hay diferencias fundamentales entre el modelo ruso y el que se revela en los otros espacios mencionados. Si una de ellas es el peso, mucho mayor, que tienen en Rusia, sobre el total de las exportaciones, las que se refieren a la energía, otra la aporta un gasto militar porcentualmente mucho más elevado. Para que nada falte, y a diferencia de China, India y Brasil, Rusia es un país con población envejecida y en crisis demográfica abierta. A la postre las razones que medio justifican la presencia de Moscú entre los BRIC remiten a las dimensiones del país, a su poderío militar, a la riqueza en materias primas y, en cierto sentido, a la voluntad de contestar, en un grado u otro, la hegemonía occidental.

Los acontecimientos recientes en Ucrania ratifican, por otra parte, un diagnóstico cada vez más extendido: tendremos que acostumbrarnos a lidiar con conflictos sucios en relación con los cuales será cada vez más difícil mostrar una franca adhesión a la posición de alguno de los contendientes. Conflictos como los de Palestina o el Sáhara occidental, que provocan reacciones de inmediata solidaridad con palestinos y saharauis, van a ser más bien infrecuentes en la etapa en la que nos adentramos. Y es que sobran los motivos para guardar las distancias ante la conducta de todos los agentes importantes, autóctonos y foráneos, que operan en Ucrania. El registro de los naranjas es tan lamentable como el de los azules: unos y otros comparten sumisiones externas, querencias represivas y oligarcas beneficiarios. Pero no es más halagüeño el balance que aportan las potencias occidentales, decididas a mover pieza en provecho de sus intereses más descarnados, y una Rusia que sigue jugando la carta de un imperio que impone reglas del juego en sus países vecinos.

No parece, en paralelo, que nos encontremos ante una reaparición de la guerra fría. Al respecto cabe invocar dos argumentos principales. El primero señala que en el momento presente no se enfrentan dos cosmovisiones y dos sistemas económicos diferentes. Aunque el capitalismo occidental y el ruso muestren modulaciones distintas, es fácil apreciar una comunidad de proyectos e intereses. El segundo de esos argumentos subraya que existe una distancia abismal entre el gasto en defensa de las potencias occidentales y el que mantiene Rusia. Son varios los Estados miembros de la OTAN que, cada uno por separado, han decidido preservar un gasto militar más alto que el ruso. Pero por detrás se aprecian también enormes disparidades en el tamaño de las economías: no se olvide que el PIB ruso, en paridad de poder adquisitivo, es un 15% del de la UE. Y hay enormes distancias, en suma, en lo que se refiere a población y peso en el comercio mundial. Mientras la Unión Europea cuenta con 500 millones de habitantes y corre a cargo del 16% de las exportaciones registradas en el planeta, y China tiene 1.300 millones de habitantes y protagoniza el 8% del comercio mundial, Rusia está poblada por algo menos de 145 millones de personas -un 2,4% de la población total- y realiza un escueto 2,5% de las exportaciones.

Pareciera, en fin, como si Rusia no hubiera recibido agravio alguno y se comportase como una potencia agresiva ajena a toda contención. La realidad es bastante diferente. En lo que al mundo occidental se refiere, Rusia lo ha probado casi todo en el último cuarto de siglo: la docilidad sin límites del primer Yeltsin, la colaboración de Putin con Bush hijo entre 2001 y 2006, y, en suma, una moderada confrontación que era antes la consecuencia de la prepotencia de la política estadounidense que el efecto de una opción propia y consciente. Moscú no ha sacado, sin embargo, provecho alguno de ninguna de esas opciones. Antes bien, ha sido obsequiado con sucesivas ampliaciones de la OTAN, con un reguero de bases militares en países cercanos, con el descarado apoyo occidental a las revoluciones de colores y con un displicente trato comercial. No es difícil, entonces, que, en un escenario lastrado por la acción de una UE impresentablemente supeditada a los intereses norteamericanos, Rusia entienda que está siendo objeto de una agresiva operación de acoso, y ello por mucho que las diferencias no las marquen ahora ideologías aparentemente irreconciliables, sino lógicas imperiales bien conocidas…

En la senda de intoxicación propia del ‘Gendarme Universal’

Con todo, las críticas internas sobre la posición fijada por Estados Unidos en la ‘cuestión ucraniana’, no tardaron en ser significativas. Por ejemplo, el periodista Ethan Miller suscribía la siguiente crónica lanzada por la Agence France-Presse el pasado 23 de julio:

Excandidato presidencial revela qué hechos omitirán los medios de EEUU sobre Ucrania

Sin el “cambio de régimen” patrocinado por EEUU en Ucrania es poco probable que se hubieran producido los disturbios posteriores, que costaron centenares de vidas, cree el excandidato a la presidencia y excongresista estadounidense Ron Paul.

“Tampoco habría tenido lugar el accidente de Malaysia Airlines”, aseguró en una columna publicada por la página web de su fundación, el Instituto Ron Paul por la Paz y la Prosperidad. El texto está dedicado a la estrategia a la que recurren constantemente los medios de comunicación norteamericanos de omitir los hechos reales con el fin de denigrar a Rusia.

En los pocos días transcurridos desde el trágico accidente del vuelo malasio en el este de Ucrania “los políticos y los medios de Occidente se unieron para aprovecharse al máximo del desastre en su propaganda”, admite el líder del ala moderada de los republicanos. “Tenía que ser Rusia, tenía que ser Putin, dijeron”.

“Mientras las agencias de información occidentales se apresuran a reproducir la propaganda de su gobiernos respecto a lo ocurrido, hay cosas que no contarán”, supone el político. Así, dice, omitirán el hecho de que la crisis en Ucrania comenzó a finales del año pasado después de que la UE y los manifestantes apoyados por EEUU conspiraran para derrocar al presidente legítimo ucraniano, Víktor Yanukovich.

No contarán que el Gobierno de Kiev posterior al golpe, según los observadores de la OSCE, ha matado a 250 personas en la región independizada de Lugansk desde junio, entre ellos las 20 víctimas de un bombardeo del centro de la capital regional perpetrado el día después del accidente del MH17, exclama Ron Paul. La mayor parte de estas víctimas mortales son civiles y en total casi igualan el número de los muertos en el siniestro del avión.

Tampoco se dirá en los medios que EEUU ha apoyado fuertemente al Gobierno ucraniano en estos ataques contra civiles, calificados por una portavoz del Departamento de Estado de “mesurados y moderados”, adelanta el autor.

El caso es que es muy difícil conseguir información precisa sobre el derribo, y por lo tanto cada uno usa la que tiene para sus propios fines, dice el excongresista. “A estas alturas sería imprudente decir que lo hicieron los rusos, o el gobierno ucraniano, o los rebeldes. ¿Es tan difícil exigir simplemente que haya una auténtica investigación?”, se pregunta.

Ron Paul compara la situación mediática en torno al siniestro del vuelo MH17 con lo que pasaba en la prensa estadounidense después de los supuestos ataques con gas tóxico contra civiles en la ciudad siria de Guta el pasado agosto. Las tropas de Bashar al-Assad estaban a punto de realizar un gran avance contra los insurrectos patrocinados por Occidente, por eso EEUU urgió un ataque que fue atribuido inmediatamente y sin ninguna investigación a las autoridades sirias.

Solo la presión que ejercida sobre Obama por la oposición los obligó a dar un paso atrás, y ahora se sabe que las reclamaciones estadounidenses sobre el ataque de gas eran falsas, recuerda el político.

Mientras tanto, altos funcionarios de la inteligencia de EEUU afirman que sus servicios no han encontrado ningún indicio de que Rusia estuviera implicada en el derribo del MH17 en el este de Ucrania.

(Ver http://www.ronpaulinstitute.org/)

Mucho se ha escrito ya sobre la desvergüenza que supuso la campaña de intoxicación informativa desarrollada por Estados Unidos a nivel mundial para justificar la Guerra de Irak de 2003 (‘Operación Libertad Iraquí’), con la excusa falsaria de unas inexistentes ‘armas de destrucción masiva’ en manos de Saddam Hussein, que jamás se encontraron. Y ahora tenemos, de entrada, la barbaridad de acusar a Rusia y/o los pro-rusos ucranianos de derribar el Boeing 777 de Malaysia Airlines, cuando todo indica que fue objeto de un ametrallamiento desde uno de los dos aviones de combate ucranianos que operaban en la zona (ver ‘Verdades y mentiras en torno a la tragedia del Boeing 777 de Malaysia Airlines (vuelo MH17’).

Poco se puede añadir al respecto, porque ese tipo de intoxicaciones y prácticas desinformativas, son de sobra conocidas y se muestran de forma especial en cada conflicto internacional que afecte interesadamente a Estados Unidos. Son inherentes a su forma de entender la política exterior y a su afán por ejercer de ‘Gendarme Universal’.

Una práctica ciertamente lamentable para alentar una guerra civil y que Ucrania y sus padrinos occidentales deberían rectificar, aplicándose a buscar soluciones pacíficas al problema y a entender mejor las razones de la historia, el sentimiento de sus ciudadanos pro-rusos, las consecuencias de la propia contienda y las incontrolables derivas de los enfrentamientos asimétricos. O cuando menos las inevitables respuestas de la otra parte, atendiendo de forma comparativa al conocido principio de acción y reacción descrito por Newton.

Otra vez metidos en camisas de once varas

Ya en el pasado mes de mayo, antes incluso de que Ethan Miller publicara el artículo citado, Marcus Papadopoulos, experto británico en relaciones internacionales y editor del portal electrónico Politics First, evaluó la crisis en Ucrania en una entrevista concedida a RIA-Novosti después de que el comandante militar de la OTAN, Philip Breedlove, anunciara que los países miembros de la Alianza desplegarían sus tropas de forma permanente en Europa del Este.

En relación con esta intención expansiva de la OTAN, Papadopuolos aseguró que no se trataba de ninguna sorpresa: “Desde el colapso de la Unión Soviética, la OTAN, liderada por Estados Unidos, se ha venido expandiendo en dirección Este, hacia la fronteras occidentales de Rusia”. Y señaló que “la crisis en Ucrania fue provocada por Estados Unidos”, ya que, en su opinión, Washington viene buscando desde hace veinte años que Ucrania rompa sus relaciones con Rusia.

“Actualmente Washington proclama que es necesaria la expansión de la OTAN y el despliegue de un sistema de defensa antimisiles en Europa para garantizar la protección del Continente. Sin embargo, hay que preguntar al Gobierno de Estados Unidos por qué Rusia no ha sido invitada a colaborar con la Alianza Atlántica como país europeo y por qué no fue apoyada su propuesta de crear un sistema global antimisiles conjunto”, dijo el analista británico.

Y afirmó premonitoriamente: “Lo más seguro es que tarde o temprano Washington comience a explicar con declaraciones falsas que la creación de un sistema de defensa antimisiles se debe a que Rusia es una amenaza para la paz y la seguridad en Europa, junto con Irán y Corea del Norte”. El editor de Politics First concluyó entonces que la OTAN usa la excusa de la crisis en Ucrania con el objetivo de limitar la influencia de Rusia en Europa y neutralizar las fuerzas nucleares estratégicas rusas.

Lo cierto es que, justo cuando se sustanciaba el alto el fuego pactado entre Kiev y los separatistas pro rusos del Oeste de Ucrania (acuerdo auspiciado por Putin), el New York Times (convertido en un enloquecido y obsceno ‘periódico de la guerra’) se lanzaba a atizar una intervención militar a gran escala en Ucrania, apoyado en comentarios de analistas furibundos como Ben Judah: “Occidente tiene que ser honesto con Ucrania. Hablamos como si este país fuera uno de los nuestros, que un día se convertirá en miembro de la Unión Europea y la OTAN. Ese es el deseo de Kiev, pero Occidente no está dando a Ucrania los medios para luchar en esta guerra”.

La ‘lógica’ ideada por el establishment que sostiene el periódico, define la resistencia en el Este de Ucrania como una invasión rusa. Y, según escribe Judah, “demanda que enviemos asesores militares occidentales a Kiev, y que les demos a los ucranianos información de inteligencia y el apoyo de nuestros satélites. Y debemos enviarles cañones, tanques, aviones no tripulados y equipos médicos por toneladas. Incluso tenemos que estar dispuestos a desplegar tropas de la OTAN si los tanques rusos marchan hacia Crimea, como muchos temen, para construir un puente de tierra que una la parte continental del sur de Rusia”. Es más, afirma que “las fuerzas especiales estadounidenses y británicas deben ser enviados a plantar la bandera y proteger los aeropuertos de Kiev y Odessa”.

El belicismo del New York Times es la punta de lanza del imperialismo militar estadounidense. Su capacidad de intoxicación ha sido decisiva en el período previo a la invasión de Irak y más tarde de Libia; apoyó el esfuerzo por derrocar al gobierno de Al-Assad en Siria utilizando a Al-Qaeda; ha defendido la declaración económica de la guerra contra Rusia y ahora no se priva de reclamar acciones militares que corren el riesgo de inducir una guerra mundial, claro está que lejos de su territorio…

Y ese es el tipo de demencia bélico-expansionista al que ya nos tiene acostumbrado Estados Unidos desde hace tiempo (alentada por su poderosa industria de defensa). Como ha sucedido con otras experiencias de nefasto recuerdo, ahora la élite financiera que controla la política exterior de la Casablanca está decidida a enfrentarse a Rusia en su propia frontera. Las ONG de Soros y otras fundaciones están ocupadas en esta tarea espuria de guerra económica encubierta no sólo en la periferia de Rusia, sino ya también en el interior del propio país.

En paralelo, la reciente cumbre de la OTAN en la ciudad galesa de Cardiff (4 y 5 de septiembre) se ha concretado en la aprobación de un paquete de medidas destinadas a ampliar la presencia de la Alianza en Europa del Este. El ‘pretexto’ no es otros que el de la ‘crisis ucraniana’ y su intempestivo resumen es el siguiente:

Es decir, una nueva fuerza de respuesta rápida en Europa del Este, con una ampliación de la infraestructura humana y logística necesaria para garantizar la eficacia de la medida.

El secretario general de la organización, Anders Fogh Rasmussen, detalló que las nuevas tropas estarán integradas por varios miles de soldados listos para un rápido despliegue, contingente que Bronis?aw Komorowski, presidente de Polonia, fijó en 5.000 efectivos. Polonia, Rumania y los países bálticos ya ha manifestado su disponibilidad.

Bajo la iniciativa del Reino Unido, se creará también otra fuerza de respuesta rápida -la Fuerza Conjunta Extraordinaria- que supondrá la posibilidad de una movilización temporal de hasta 10.000 efectivos y su despliegue en la región por tierra, mar y aire. Estará compuesta por tropas de siete Estados miembros: el propio Reino Unido, Dinamarca, Noruega, Países Bajos y los países bálticos: Estonia, Letonia y Lituania. Canadá también expresó interés en participar.

Otro punto clave del futuro programa de la OTAN de ‘calentamiento’ en Europa, es reforzar cooperación con más Estados vecinos de Rusia, sobre todo con Ucrania; pero también con Georgia, Finlandia y Moldavia. Se tratará de maniobras conjuntas a gran escala con programas de entrenamiento. Solo este mes de septiembre habrá tres simulacros conjuntos: uno en Letonia y dos en Ucrania.

El de Letonia, el ‘Steadfast Javelin 2’, empezó el 2 de septiembre y cuenta con la participación de unos 2.000 soldados de nueve países. El ‘Sea Breeze 2014’, que son unas maniobras conjuntas de las Armadas de Ucrania y Estados Unidos en el noroeste del mar Negro, se inició el 8 de septiembre y ha contado con la participación de unos 280 efectivos estadounidenses y la participación de buques de guerra de Canadá, España, Rumania y Turquía, mientras Georgia, Noruega, Suecia y Francia se limitaron a enviar enviado observadores.

Y a partir del 15 de septiembre el ‘Rapid Trident’ desarrollará en los alrededores de la ciudad ucraniana de Yavoriv un ejercicio de entrenamiento que contará con 1.000 tropas de la OTAN incluidos unos 200 paracaidistas (también con presencia española).

Aunque la Alianza Atlántica como tal no aprobó una ayuda militar a Kiev, varios de sus miembros sí que confirmaron una cooperación a nivel bilateral. Este paquete se incluye programas de rehabilitación para las tropas ucranianas heridas y de asistencia en cuestiones de seguridad cibernética, logística y comunicaciones. Además, la OTAN se comprometió a asesorar al Gobierno ucraniano sobre cómo realizar reformas en el sector de Defensa y suministrarle varios tipos de equipamiento, acordándose unos fondos de ayuda por un monto inicial de 15 millones de euros.

Todo ello distorsionando además el planteamiento inicial de la cumbre, en la que estaba previsto que los temas principales fueran el futuro de las operaciones de la OTAN en Afganistán, la colaboración entre aliados en industria de defensa (la ‘Smart Defense’) o los últimos detalles sobre la configuración de la Fuerzas de Reacción Rápida, los acontecimientos han hecho que algunos puntos de la agenda se tenga que modificar. Alterados también por el fuerte impulso del ‘yihadismo’ en Oriente Medio y África, como demuestra la fortaleza del ISIS y su Estado Islámico en Siria e Irak o las milicias de Boko Haram en Nigeria, entre otros problemas emergentes.

Y, como es lógico, esta toma de posición de Estados Unidos, no tardó en tener contestación por parte de Rusia, no sólo en el campo de la doctrina militar, alterada ahora por el la presencia de la OTAN en el Este de Europa  (creando por ejemplo una unidad especial para la defensa específica de Crimea), sino lanzando afinadas alertas políticas sobre la “tosca” ingeniería geopolítica diseñada por Washington y sus “graves consecuencias”. Así, el embajador de Rusia ante la ONU, Vitali Churkin, afirmó inmediatamente que el curso de Estados Unidos hacia el cambio de regímenes en varios países está socavando la seguridad mundial y el sistema de coordenadas o de equilibrio internacional.

En una entrevista concedida al canal Rossiya 1, el diplomático ruso definió la situación de conflictos generalizada en Oriente Medio y África como un “caos desmesurado”, precisando: “En Libia, todo se ha desintegrado, el país se encuentra en un estado de caída libre. Libia desencadenó una reacción igual en Mali”. También señaló que “la República Centroafricana se ha desintegrado por sí misma”, y que “Sudán del Sur obtuvo su independencia con apoyo estadounidense, pero las fuerzas políticas dentro el país resultaron incapaces de colaborar y, de hecho, la guerra civil continúa”.

Churkin presentó el caso del Estado Islámico como el “colmo” de esa nueva situación geopolítica, definiéndola como “un desafío sin precedentes". Y, en relación con la inestabilidad de Irak, subrayó que los “estadounidenses se retiraron del país dejando las cosas prácticamente a medias”.

Para el representante de Rusia ante la ONU, estos ejemplos prueban la tesis reiteradamente declarada por su país: “La ingeniería geopolítica tan tosca, el cambio de regímenes sin consideración de implicaciones, conlleva consecuencias muy graves”. Sus declaraciones concluyeron poniendo de relieve que muchos miembros de la ONU están preocupados por el desequilibrio que se está produciendo en el sistema geopolítico “al que nos hemos acostumbrado en los últimos 20 años y que suponía se basaba en la cooperación entre los actores principales en la resolución de los asuntos internacionales”…

Dejémoslo aquí, porque la evolución del conflicto de Ucrania, con posiciones bien marcadas por todas las partes, ya muestra su profundo trasfondo de intereses económicos y de expansionismo del modelo económico neoliberal. Un sistema en sí mismo generador de la actual crisis europea, incapaz siquiera de auto chequearse (antes al contrario parece huir ciegamente hacia adelante) y por tanto de reconducirse o limitar sus daños sociales, que es lo que está en juego.

“Occidente ha perdido la razón y el sentido”

El ‘caso de Ucrania’, o el conflicto ruso-ucraniano, no es otra cosa que una derivada más de la ‘guerra económica’ desatada por el complejo OTAN-UE contra el resurgimiento de Rusia apoyado en sus fuentes de energía y en su influencia sobre la Europa oriental y su integración en el Grupo BRICS. Un expansionismo económico tutelado o acompañado por una utilización de la OTAN poco afinada; es decir impuesto de alguna forma baja la amenaza de las armas y que es el endemoniado origen de la nueva desestabilización europea.

Lo absurdo de este enfoque ha sido puesto en evidencia por el político francés Jacques Myard, alcalde de Maisons-Laffitte, afiliado a la Unión por un Movimiento Popular (UMP) y miembro de la Asamblea Nacional por el Departamento de Yvelines. En una entrevista concedida al canal BFMTV, ha declarado que el incumplimiento del contrato de suministro de los dos portahelicópteros ‘Mistral’ encargados por Rusia a la industria francesa es un error que mancha la reputación de Francia (una ‘sanción’ con la que Francia se juega más de 1.200 millones de euros y arruinar el prestigio de su industria naval).

Según él, la posibilidad de que Ucrania y Georgia puedan incorporarse a la OTAN muestra que “Occidente ha perdido la razón y el sentido”. También señaló que Occidente apoya erróneamente al Gobierno ucraniano, “que está matando a sus ciudadanos” y que "tacha de terroristas a los que buscan autonomía”, afirmando que esto es algo que ya “se le imputaba al Gobierno sirio, respaldando a los que se oponían al presidente sirio Bashar al-Assad” y preguntándose “dónde está la lógica”.

Myard acusó al presidente francés Francois Hollande de seguir ciegamente la línea de Washington y llamó a defender los intereses de Francia y quitar las sanciones impuestas a Rusia, postura participada por otros diputados de la UMP. En esta misma línea crítica se ha pronunciado otros muchos políticos franceses, desde el ex primer ministro François Fillon a la líder del  Frente Nacional, Marine Le Pen.

De hecho, este tema de las represalias económicas contra Rusia, no sólo son poco efectivas en sí mismas (el ‘caso Mistral’ no preocupa en absoluto a los militares rusos), porque no afectan esencialmente a su economía y porque a ese nivel de potencias son fácilmente vulnerables, sino que generan un efecto boomerang contra sus propios declarantes. De acuerdo otra vez, hablando comparativamente, con la tercera ley del movimiento de Newton o principio de acción y reacción: “Si un cuerpo A ejerce una acción sobre otro cuerpo B, éste realiza sobre A otra acción igual y de sentido contrario”.

Atendiendo a este símil, hay que destacar que, aunque los pares de acción y reacción tengan el mismo valor y sentidos contrarios, no se anulan entre sí, puesto que actúan sobre cuerpos distintos. Y esto es algo que se puede comprobar a diario en numerosas ocasiones. Por ejemplo, cuando se dispara un arma de fuego, la fuerza del gas producido por la combustión de la pólvora hace que la bala se proyecte, pero al mismo tiempo el arma retrocede. O cuando una gran manguera contra incendios dispara un cañón de agua, es necesario sostenerla con firmeza, porque esa misma salida de agua empuja la manguera en sentido contrario de manera visible…

Tras soportar la ya larguísima secuencia de sanciones económicas (pero a la postre inocuas para el sancionado), que siendo respondidas por Rusia sólo con un veto a la importación de algunos productos agroalimentarios europeos ha sacudido la recuperación económica de la UE (‘tensiones geopolíticas’ implícitamente criticadas por el BCI y el FMI), la diplomacia rusa ha contestado de forma inmediata a la UE con este comunicado oficial:

En Moscú han prestado atención a la carta conjunta del Presidente del Consejo Europeo Herman van Rompuy y el Presidente de la Comisión Europea José Manuel Barroso publicada en Bruselas sobre las medidas restrictivas con respecto a Rusia, así como a la información difundida en los medios de comunicación sobre la armonización en el Comité de los Representantes Permanentes de los Estados miembros de la Unión Europea de un nuevo conjunto de sanciones contra nuestro país.

De hecho, el anuncio de la próxima ampliación de las sanciones antirusas ha sido la primera reacción de la UE a la reunión del Grupo de Contacto para  regularización de la situación en Ucrania que tuvo lugar ayer en Minsk [5 de septiembre] y a los compromisos alcanzados allí, los que permiten llevar la vida de todos los ucranianos en el curso pacífico.

De este modo, la Unión Europea ha demostrado que sus autoridades todavía están vagando en el mundo “a través del espejo” político y enviando en realidad una señal del apoyo directo al "partido de guerra" en Kiev, que no está satisfecho con los resultados de la reunión en Minsk.

En vez de buscar febrilmente como dar un golpe más doloroso a las economías de sus países y Rusia, la UE haría bien ponerse al apoyo a la restauración económica de Donbass y la recuperación de la vida normal en la región.

En cuanto a la nueva lista de las sanciones de la UE, en caso de ser aprobadas, la reacción de nuestra parte va a seguir indudablemente.

Por su parte, el primer ministro de Rusia, Dmitri Medvédev ha advertido del riesgo que supone para la seguridad internacional la adopción de nuevas sanciones contra su país, según recoge una entrevista publicada por el periódico Védomosti (08/09/2014).

En sus declaraciones, el jefe del Gobierno ruso subrayó: “Sabemos que las sanciones primero son económicas, luego siguen las respuestas políticas, que son siempre asimétricas. Y esto es más terrible que la restricción de suministros: puede producir la quiebra del sistema de seguridad en el mundo”. Al mismo tiempo, expresó su confianza en que los que sutilmente definió ‘socios occidentales de Moscú’ no desean socavar la seguridad internacional, dado que -según su opinión- “entre la gente que toma las decisiones no hay locos”.

Y lo cierto es que la nueva ronda de sanciones consensuada el pasado 5 de septiembre por la UE contra Rusia, tratando de aplacar torpemente las tensiones generadas por la crisis ucraniana con una práctica pirómana de la política, que ahora sobre todo amenazan la economía comunitaria, podrían ser levantadas ‘si el alto el fuego pactado en el Este de Ucrania resulta estable y verificable’. Es decir, que más o menos Merkel y sus satélites pretenden mantener una puerta abierta para salir del embrollo en el que se han metido, pero apurando la jugada de forma extrema.

Medvédev recordó que Rusia no quiso responder a las primeras medidas de sanción económica occidentales y que la decisión de vetar la importación de alimentos de los países que las adoptaron se tomó como una pequeña respuesta que “cuenta con el respaldo de la absoluta mayoría del país”, Y destacó que las sanciones occidentales pueden resultar hasta beneficiosas para la economía rusa, recordando el caso de China, que se vio afectada por medidas similares y que “la obligaron a movilizar sus recursos internos sin romper los lazos con el exterior”.

La realidad es que, como afirmó el político francés Jacques Myard, en el caso de Ucrania “Occidente ha perdido la razón y el sentido”. El problema es si la UE, con Angela Merkel a la cabeza, es capaz de recuperar ambas cosas y rápido; porque, puestos a jugar a la ‘guerra económica’, el suministro de gas ruso a pocas semanas de que el invierno condicione la vida en muchos países comunitarios (empezando por la propia Alemania), imprescindible para no desestabilizar la economía europea, es una bomba devastadora y sin contramedidas en las exclusivas manos de Putin.

Salvando las distancias, el frío y la combativa respuesta rusa ya vencieron a los ejércitos de Napoleón y de Hitler. Ahora pueden vencer fácilmente al nuevo imperialismo económico representado en la conjunción OTAN-UE. El frío será otra vez el gran problema, cuando empiecen a congelarse algunas ciudades de la Europa oriental y sus habitantes, y a paralizarse una gran parte de su actividad industrial…

Con todo, el acuerdo de aplicar nuevas sanciones a Rusia (las más duras aprobadas hasta la fecha) ha entrado finalmente en vigor el viernes 12 de septiembre, fecha en la que fueron publicadas en el boletín oficial de la Unión Europea, tras haberse postergado durante unos días. Si bien es cierto que la fórmula acordada para preservar el proceso de paz incluye la revisión de las medidas a fin de mes con posibilidad de derogarlas si se considera conveniente-, en función de cómo evolucione la situación.

Un planteamiento tan ambiguo como peligroso, habida cuenta de la enérgica capacidad de decisión de Putin y de lo que su país se juega en el plano geoestratégico y en su economía de futuro. Alemania, que sería el país más afectado por las previsibles represalias rusas, ha sido sin embargo la gran impulsora de este ‘paso hacia adelante’ en la confrontación con Rusia, mientras otros miembros de la UE, entre ellos España, mostraron sus dudas sobre la oportunidad de estas nuevas sanciones.

Este nuevo hito del endemoniado proceso de acción y reacción abierto por la UE, incide de forma especial en el sector de la energía. Así, el capital europeo no podrá financiar a empresas petroleras controladas al menos en un 50% por el Estado ruso, con una facturación anual de un billón de rublos (31.000 millones de euros) y que obtenga la mitad de sus ingresos de la venta de crudo, órbita en la que se sitúan tres de las grandes compañías rusas: la división petrolera de Gazprom, Rosneft y Transneft, gestora de oleoductos.

Además, se endurecen las condiciones que ya se habían establecido para financiar a las empresas rusas y se amplía la relación de personas a las que se prohíbe la entrada en los países comunitarios a tenor de su supuesto papel desestabilizador en el conflicto de Ucrania, congelándose sus activos en territorio europeo.

Ahora, sólo queda ver cuál es la respuesta de Moscú, que sin duda será de grueso calibre y con efectos más inteligentes sobre la economía real de la UE y de algunos de sus países-miembro más beligerantes (para empezar afectará al sector del automóvil, a la industria textil y al tráfico aéreo, de interés estratégico en la economía europea. Estemos, pues, atentos, a las consecuencias de esta última ‘jaimitada’ europea, justo en momentos en los que se vislumbra una tercera recesión económica.

De entrada, nada más confirmarse las nuevas sanciones contra Rusia impuestas de forma paralela por la UE y Estados Unidos, el mismo 12 de septiembre Putin advirtió desde Dusambé, capital de Tayikistán, en donde asistía a la cumbre de la Organización de Cooperación de Shanghai (OCS), que perjudicarán directamente a sus promotores, mientras que las dificultades que generan para Moscú “son mínimas”. Y subrayó que “la política sancionadora siempre causa daños concretos a los que recurren a ese instrumento” y que en este caso no se producirá “una excepción”.

Sobre las nuevas sanciones conjuntas de Estados Unidos y la UE dijo que “parecen extrañas”, pero que, en caso de que algunos países no quieran cooperar con Moscú, “siempre hay alternativas”. Y confirmó que el Gobierno ruso estudiará nuevas “medidas de respuesta”…

Las preguntas a responder son muy evidentes: ¿Por qué la clase política nos han metido en este lío de Ucrania…? ¿A quién o quiénes beneficia y con qué costo para los demás…? ¿Por qué los políticos de la UE y de sus Estados miembro no se aplican a solucionar los grandes problemas que preocupan verdaderamente a sus electores…?

El poeta italiano Arturo Graf llamaba a la perfección de la convivencia democrática con esta sentencia: “Con suma frecuencia, la política consiste en el arte de traicionar los intereses reales y legítimos y crear otros imaginarios e injustos”. Pues hoy por hoy en eso están nuestros políticos, emulando al enloquecido Saturno devorando a su hijo, ignorantes de que cualquier acción política debe prever las réplicas correspondientes, a veces letales.

Fernando J. Muniesa

Según narraron en su momento los medios de comunicación social, el 1 de febrero de 2012, digamos que casi recién estrenado como presidente del Gobierno, Mariano Rajoy le hizo esta confesión personal a Artur Mas: “Vivo hecho un lío”.

Aquella fue una verdad que Rajoy adornó con un cierto toque sorpresivo, pero que en cualquier caso defraudaba prematuramente a sus votantes más perspicaces. Porque él no venía exactamente de papar moscas en Babia, sino de ejercer como político en activo durante casi 30 años, desde que en octubre de 1982 fue elegido diputado del Parlamento de Galicia, ostentando el liderazgo de la oposición durante las dos legislaturas anteriores y habiendo sido además, entre otras muchas cosas, ministro destacado en todos los gobiernos precedentes de José María Aznar (algo tenía que saber, pues, del lio en cuestión).

Rajoy siempre tuvo fama de hombre con buena cabeza, aunque vago y remolón, como si el haber sido en su momento el registrador de la propiedad más joven de España, hubiera agotado su capacidad de mayor esfuerzo personal o pudiera servirle de licencia para vivir de esa renta y poco más. Y lo cierto es que en su actividad política Rajoy siempre se ha rodeado de diligentes colaboradores-alfombra que le hagan el trabajo del día a día para poder brillar relajadamente en asuntos de interés superior, es decir para ejercer de ‘listo oficial’, que es de lo que va, frente al Rodríguez Zapatero convertido en ‘tonto oficial’, sirva la comparación sin ningún ánimo ofensivo.

Al otro tipo de colaboradores, los que tienen ideas propias o enfrentadas a las suyas, o alientan la más leve crítica sobre su política o su persona, les aplica rencoroso la cicuta del silencio sin mirarles siquiera a la cara. Y, si sobreviven, les relega a los sótanos del partido con dieta de pan y cebolla, como suelen hacer todos los políticos mediocres. Él es de esas personas celosas de sí mismas que ‘con su pan se lo comen’, y que relativizan todo lo que les es ajeno.

Quizás, de ese particular entendimiento de la vida deviniera su sorpresa al enfrentarse directamente con un verdadero lío cuando, aupado por otros más que por su propio merecimiento, se vio en la presidencia del Consejo de Ministros con la dura realidad del momento encima de la mesa, vivita y coleando. Pero lo más grave del caso es que, camino de cumplir su tercer año al frente del Gobierno, Rajoy no haya sabido desenredar todavía aquel enojoso lío de partida y que, él y su equipo de ministros (la mayoría de ellos grises y todos muy superados por las circunstancias), lo hayan llevado a tamaño descomunal.

Así, la rentrée política de Rajoy después del descanso vacacional (no está claro de qué tendría que descansar) es de órdago a la grande, por mucho que intente vendernos la burra ciega. Si a principios de la legislatura reconocía que se encontraba en un lío, encarado ya el final de la legislatura sigue en el mismo desmadeje, con la España moderna en derribo, tanto en el plano económico, como en el político y social, aunque él niegue la mayor con una insistencia de afirmaciones recurrentes y cansinas que no merece la pena recordar.

La actitud pasota de Rajoy ante el desafío independentista

Dejando a un lado la crisis económica, en la que dígase lo que se diga las buenas noticias siguen sin llegar, y la racionalización administrativa o las reformas institucionales, que seguirán en el limbo marianista, lo que más apremia al inicio del nuevo curso político es el desenlace del enredo catalán. El 9 de noviembre, fecha prevista para la consulta catalana, está ahí, sin que el presidente del Gobierno haya ido más allá de asegurar que no se realizará, que es mucho asegurar.

Sin digerir aquel lio de entrada, Rajoy ya advirtió lo del “Yo no tengo varitas mágicas y nunca prometí milagros” (ABC, 02/09/2012), aunque sí que los prometió pero desde luego sin el poder de Jesucristo. De hecho, cuando era jefe de la oposición insistió hasta la saciedad en que sabía todo lo que se tenía que hacer para conjurar la crisis, perfectamente y punto por punto. Y, aún más, reiterando por activa y por pasiva que, con su mero acceso a la presidencia del Gobierno, España recuperaría la confianza de los mercados, se multiplicarían las inversiones, se acabaría el paro… y ‘aquí paz y después gloria’.

Pero entre que Rajoy no sea una especie de mago Merlín o de rey Midas, que desde luego no lo es, y dejar que la ‘cuestión catalana’ campe por sus respetos, como ha venido haciendo, media una buena distancia. Y así, tocándose un pie como dicen los jóvenes, el lío del ‘soberanismo’ (con sus eventuales reflejos en el País Vasco, en Galicia o en Canarias), sigue su curso, o mejor dicho el curso marcado por parte de los independentistas ante el ‘pasotismo’ del Gobierno de la Nación.

Un devenir perfectamente diseñado y desarrollado con gran creatividad y puntualidad ejecutiva, confrontado tan solo con la torpe propuesta socialista de una España Federal, que no deja de ser ‘más de lo mismo’ (o peor) y propia del Abundio de turno empeñado en apagar el fuego con gasolina de alto octanaje. O con la idea de una ‘gran coalición’ catalana del tipo ‘todos contra el independentismo’ lanzada de forma tardía y sin convicción alguna por la secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal, que sólo ha sido tibiamente apoyada por UPyD, partido que carece de representación parlamentaria en Cataluña y que cada vez disimula peor su vana aspiración de convertirse en ‘bisagra’ del sistema para gobernar de forma indistinta con el PP o con el PSOE.

Campaña de exaltación nacional sin fuste alguno que Rajoy ha pretendido ampliar a nivel estatal todavía con menos éxito, ya con la Diada del 11 de septiembre y la consulta del 9 de noviembre rebufando en la calle. Y es que hace tiempo que nadie quiere bailar con el PP (veremos qué pasa con UPyD), salvo los partidos de chicha y nabo que se encuentran en vía terminal sin querer renunciar al medro político, como el Partido Aragonés, que tiene muchas papeletas para desaparecer definitivamente del mapa político en las próximas elecciones municipales y autonómica.

Así, hemos visto que sólo dos organizaciones ciudadanas sin aparente apoyo partidista, se han molestado en plantear, con no poco esfuerzo y ningún reconocimiento gubernamental, actos alternativos a los previstos por los independentistas catalanes de cara a la anunciada consulta del 9 de noviembre. Y eso será todo.

Por un lado, la plataforma cívica Libres e Iguales que encabezan, entre otros, el periodista Arcadi Espada y el ex secretario general del PSE Nicolás Redondo, tiene convocado un acto que se celebrará en el Círculo de Bellas Artes de Madrid el próximo 11 de septiembre, en contra del secesionismo  catalán. Bajo el lema ‘Sí me importa’, la acción programada por este movimiento en coincidencia con la celebración de la Diada será, según sus organizadores, “todo lo contrario” a los actos previstos en Cataluña: “Allí desfilarán las masas encuadradas en una V. Nosotros vamos a oponer al griterío la palabra paz”.

Y por otro lado, la Societat Civil Catalana trata voluntaristamente de recuperar la “reconciliación” y la “unidad” de los catalanes bajo la senyera y frente al “carácter belicista del tricentenario que celebra la Generalitat y el Parlament”. Para ello han organizado en la mañana previa a la Diada un acto en Sant Boi (Barcelona) frente a la tumba del que fue conseller en cap de la ciudad, Rafael Casanova, durante la Guerra de Sucesión; y, ya en la tarde del propio día 11, otro en Tarragona bajo el lema ‘Recuperemos el seny, recuperemos la senyera’, en el que exhibirán una bandera catalana de 50 metros con discursos y diversos espectáculos festivos (¿?)…

Claro está que, mientras tanto, la Assamblea Nacional Catalana, presidida por Carme Forcadell, y Òmnium Cultural (entidad dirigida por Muriel Casals y creada en 1961 para promover la identidad nacional y la independencia de Cataluña), organizan un mega acto en Barcelona con el propósito de que sea uno de los eventos “definitivos” para lograr la independencia. Unas 400.000 personas se han inscrito ya para formar una gran en el centro de Barcelona (ocupando la Gran Vía y la Diagonal) V, representativa del derecho a votar, que culminará con la exhibición de 947 urnas, justo el número de municipios catalanes, que simbolizarán la “voluntad” popular de celebrar la consulta del 9 de noviembre.

En el vértice de la plaza de Les Glòries también se ubicarán más de mil cantores de diferentes corales y jóvenes nacidos en 1998, que podrían votar en este referéndum, ya que la edad mínima para hacerlo será de 16 años. Artur Mas recibirá a los organizadores una vez finalizada la manifestación, esperándose que lance un último aldabonazo sobre la consulta soberanista. Por su parte, Carme Forcadell declaró: “Queremos que sea la manifestación más masiva de la Historia de Europa para asegurar que sea la Diada definitiva”.

Todo ello acompañado de otras acciones verdaderamente llamativas en términos de comunicación y marketing político, desarrolladas del 5 al 21 de septiembre para conmemorar el 300 aniversario de la derrota del 11 de septiembre de 1714 ante las tropas de Felipe V. Sin ir más lejos, el punto de partida del amplio catálogo de actos programados en torno a la Diada, ha sido una video-proyección gigante sobre la fachada del Palau de la Generalitat, de una hora de duración, titulada ‘In memoriam’, dedicada al citado tricentenario y mantenida diariamente desde el pasado día 5 como preludio de esta Diada especial (comienza con el despliegue de una gran senyera que cubre toda la fachada de la sede del Govern de Catalunya).

La celebración de la Diada, propiamente dicha, arrancará a las 08.00 horas de la mañana del 11 de septiembre en el parque de la Ciutadella con un concierto en el que 300 violoncelistas interpretarán la obra ‘Éramos, somos y seremos’, compuesta por Albert Guinovart, cuya partitura se ha creado especialmente para la ocasión, y al que asistirá el presidente Artur Mas.

Entre otras novedades previstas para este año, destaca también el hecho de que el presidente de la Generalitat y la presidenta del Parlament realizarán una particular ofrenda floral a los héroes del 11 de septiembre en la mañana previa a la Diada y en el Fossar de les Moreres, que es el lugar donde los independentistas celebran sus homenajes tradicionales. Después de esta ofrenda, el acto institucional proseguirá en la Lonja de Mar a partir de las 21.00 horas con un evento conmemorativo de los 300 años de los acontecimientos de 1714. A continuación, se celebrará la ‘Noche Blanca’ con una gran diversidad de actuaciones de teatro y danza en el barrio de la Ribera, el Gótico y el Parque de la Ciutadella.

Sin olvidar otra relación de acciones colaterales en favor de la consulta catalana de gran efecto mediático. Como el vídeo publicado en la página web de 'Catalonia Votes' con el lema 'Catalunya juega un partido decisivo el 9 de noviembre de 2014', en el que Pep Guardiola, ex entrenador del FC Barcelona, defiende la consulta sobre la independencia de Cataluña como la “máxima expresión de la democracia”, considerando que los catalanes quieren “decidir su propio futuro”. Está editado en varios idiomas y presenta a una mujer superando varios obstáculos hasta llegar a la mesa de votación con una locución en off que simula una retransmisión deportiva, concluida con el sorpresivo mensaje de Guardiola…

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En fin, nada comparable con la cutre forma de celebrar la Fiesta Nacional de España del 12 de octubre, o el Día de las Fuerzas Armadas, cuya última expresión todavía bajo el reinado de Juan Carlos I rayó la vergüenza ajena. Y no digamos menos de la pobre capacidad creativa del entorno de Moncloa para afrontar una realidad política tan agobiante, que por otra parte nunca ha sabido analizado correctamente…

La mala lectura marianista de la ‘cuestión catalana’

Desde que el 25 de noviembre de 2012 se celebraron las elecciones para renovar anticipadamente el Parlament de Catalunya, dando paso a un Gobierno de CiU presidido por Artur Mas y apoyado por ERC -y por tanto radicalizado-, comenzamos a advertir todas las previsibles consecuencias políticas del caso, que, más para mal que para bien, se han ido consumando de forma puntual una tras otra.

La primera llamada se centró en torno a la errada interpretación que tanto el PP como el PSOE hicieron del propio resultado electoral. Siendo los partidos perdedores, ambos leyeron su derrota de forma absurda, hasta el punto de que algunos de sus líderes pidieron la dimisión de Artur Mas (por supuesto de forma gratuita) sólo porque no alcanzó la mayoría absoluta, cuando CiU había doblado en diputados (50) tanto al PSOE (20) como al PP (19) y mientras ERC obtenía 21 como segundo partido más votado.

Es decir, el partido del Gobierno y el que podría relevarle en esa función negaron la realidad más evidente, sin realizar la más mínima autocrítica sobre su desastrosa acción política en Cataluña. Y en eso siguen; de forma que el problema de fondo -el pulso de la secesión ya en su punto culminante- se ha venido agravando de forma sustancial tanto para las formaciones españolistas como para el Estado, una vez que el éxito de CiU se vio flanqueado por el de ERC, partido claramente combativo con el actual estatus de unidad nacional.

El 25-N consolidó una mayoría independentista catalana neta de 74 escaños (CiU, ERC y CUP) frente a una oposición formalmente no independista de 61 escaños (PSC, PP, ICV y C’s), que, además de estar menos cohesionada, no comparte una misma idea del Estado ni tiene las cosas claras al respecto; lo que no deja de evidenciar su incapacidad para defenderlo. Una aritmética parlamentaria que mostró la división real de la sociedad catalana en relación con el concepto de España y su sistema de convivencia, en una línea secesionista que se anunciaba de difícil retorno, tanto por efecto de la acción política cotidiana, autonómica y municipal, como por la falta de capacidad del PP y el PSOE para contrarrestarla.

Acto seguido, llegaría la ‘Declaración Soberanista’ aprobada en el Parlament el 23 de enero de 2013. Porque lo que realmente subyacía en los resultados electorales del 25-N, y también en las rabietas de la oposición españolista contra Artur Mas (acompañadas con una exigencia paralela necia para que renunciase al liderazgo de CiU), era su claro trasfondo de secesión. Lo que entonces hizo Mas fue arriesgarse a liderar el movimiento ciudadano en favor del independentismo -quizás antes que a promoverlo-, palpable a más no poder, encabezando por primera vez el programa electoral de CiU con esta aspiración política, de forma rotunda.

El pulso que Artur Mas lanzó al Gobierno de la Nación (y también a la alternativa socialista) el 25-N fue total. Y en un análisis desapasionado de la situación hay que reconocer que lo ganó en toda regla, por mucho que se quisiera ocultar o no reconocer, puesto que quienes lo perdieron claramente fueron PP y PSOE. Y, más grave si cabe, con la circunstancia añadida de que por primera vez en el nuevo Estado democrático los votantes de CiU expresaron conscientemente en las urnas sus exigencias de independencia.

De hecho, los simpatizantes de CiU que piensan de forma distinta, o que quisieron distanciarse del secesionismo, se adhirieron a otras propuestas políticas (ahí están parte de los casi 170.000 votos sumados entonces a la base electoral de Ciutadans y con los que pudo obtener seis escaños más de los que tenía). Por tanto, a partir de las elecciones del 25-N ya no cabe tener duda alguna sobre las señas independentistas de CiU.

Por otra parte, el gran refrendo de esta aspiración separatista fue mucho más palpable con el éxito electoral obtenido por ERC, partido que dobló sus escaños (21 frente a los 10 precedentes) convirtiéndose en la segunda fuerza política de Cataluña, a pesar del fracaso que había cosechado como socio del llamado ‘Gobierno Tripartito’ (la gran torpeza del PSC). Dato que sería el más llamativo de aquel 25-N.

La dinámica de los hechos ha venido demostrando de forma inmediata que ese ‘frente parlamentario independentista’ no sólo existía, sino que iría a más. Apenas transcurridos dos meses desde el 25-N, la diferencia inicial entre los dos antagonismos básicos (74 escaños ‘independistas’ frente a 61 ‘españolistas’) se disparó en la votación de la ‘Declaración Soberanista’ del Parlamento catalán en el primer pleno de la legislatura (23/01/2012), con 85 votos a favor y 41 en contra (el resto fueron abstenciones o ausencias); es decir, con más del doble de votos a favor que en contra.

Una mayoría independentista creciente que además vimos consolidada en el primer aniversario del 25-N, a tenor de los resultados arrojados por el Barómetro de Opinión Pública del CEO (el Centro de Estudios de Opinión dependiente de la Generalitat de Catalunya) realizado en noviembre de 2013.

Según dicho estudio, en caso de que se hubieran celebrado entonces unas nuevas elecciones al Parlament, las tres formaciones independentistas (CiU, ERC y CUP) podrían haber pasado de sus actuales 74 escaños a obtener entre 77 y 82, mientras que las formaciones en principio no independistas (PSC, PPC, ICV y C’s) pasarían de sus 61 actuales a obtener entre 54 y 61. Con el añadido de que ERC se habría consolidado como primer partido político de Cataluña con el 24,2% de los votos y pasando de sus actuales 21 escaños a 37-39; algo que ya se había puesto de manifiesto en el anterior barómetro del CEO (julio 2013)…

Pero es que, llegados a la última encuesta sobre intención de voto en unas eventuales elecciones catalanas (la de Sigma Dos presentada en agosto de 2014), resulta que, además de mantenerse una notable diferencia de votos entre los partidos independentistas (45,9% para el conjunto de ERC, CiU y CUP) y los teóricamente españolistas (36,4% para el conjunto de del PSC, PPC, ICV y C’s), ahora irrumpe la incógnita de Podemos con un 12,4% de votos.

Una situación de avance independista y/o antisistema que se las trae, que se las traerá más día a día y que arrastra una larga historia reivindicativa cuyos hitos más próximos ni el PP ni el PSOE (y sus sucesivos gobiernos) han querido tomarse en serio y, mucho menos aún, cortar por lo sano de forma consensuada. El caso de que a última hora el establishment político haya tirado del ‘escándalo Pujol’ (porque antes no había querido hacerlo ni por equivocación), es verdaderamente significativo al respecto.

De hecho, el tema es tan inquietante que, a pesar del esfuerzo realizado por algunos institutos demoscópicos para manipular la opinión de los catalanes sobre la eventual consulta soberanista (complicando la formulación de unas preguntas que no deberían tener más vuelta de hoja que el SÍ o el NO a la independencia), nadie ha podido ofrecer resultados que desvanezcan el posible éxito de la participación y, peor todavía, el de la victoria de la opción independentista.

Y aún a pesar del enrevesado planteamiento de esos sondeos pre-consulta, todos ellos aseguran que los catalanes desean el referéndum de forma muy mayoritaria, aunque difieran más en el apoyo a la secesión. Así lo afirmaban el 55% de los consultados por Metroscopia el pasado mes de noviembre y el 71% de los sondeados por el CEO catalán un mes antes, el 10 de octubre.

Cierto es que varían los porcentajes de acuerdo o desacuerdo sobre la autodeterminación, como también variaba lo que realmente se preguntaba en cada  una de las encuestas. Los partidarios de que España permita a Cataluña ‘convertirse en Estado independiente’ (fórmula utiliza por el CIS) crecieron un 3% con respecto a su anterior barómetro, alcanzando el 40,6%. Es decir, todavía menos de la mitad de los consultados. El 25,6% de los encuestados quieren seguir formando parte del Estado, pero con un grado mayor de autogobierno; el 17,6% desean mantener la situación actual; el 3,4% prefiere menos poder autonómico, y un 9,1% que España sea un Estado central sin autonomías.

Sin embargo, en el estudio que publicó el CEO catalán el 22 de noviembre el apoyo al secesionismo es mucho más alto: alcanza un 54,7%, casi 15 puntos por encima del sondeo del organismo dependiente del Ministerio de la Presidencia. La pregunta del CEO era mucho más clara y directa (‘¿Qué votaría usted mañana si se celebrase un referéndum?’), de forma que sólo el 22% de los catalanes se mostraba en contra de la independencia, constatándose ya el fin de la hegemonía de CiU en favor del nacionalismo representado por ERC.

Metroscopia, por su parte, recogía en el sondeo publicado el pasado 1 de noviembre que el 46% terminaría decantándose por la independencia en un hipotético referéndum, frente al 42% de los encuestados que querría seguir formando parte de España. No obstante, al introducir una tercera vía de respuesta el 40% de los consultados se inclinaba por una Cataluña dentro de España pero con más competencias exclusivas y debidamente blindadas.

Y ahora, con el desafío independentista encarando la recta final hacia el referéndum del próximo 9 de noviembre, pendiente como mínimo de que el Parlament apruebe próximamente la Ley de Consultas que permita dar cobertura legal al proceso, una confusa encuesta realizado por Sigma Dos para El Mundo, de tan sólo 500 entrevistas telefónicas realizadas del 26 al 29 de agosto, sostiene que un 41,3% de los encuestados votaría a favor de que Cataluña sea un Estado y un 39,5% votaría que no lo sea, mientras un 9,9 % afirma que no votaría y un 9,3% mantiene dudas al respecto.

De forma curiosa y un tanto incongruente, más de la mitad de los catalanes encuestados por Sigma Dos considera que la secesión debería decidirla el conjunto de los españoles. Más creíble, por razonable, es el dato de que un 58,7% de los preguntados, en su mayoría votantes de CiU y ERC, pidan una consulta pactada, porcentaje similar al que considera que Rajoy debería ser más receptivo con el referéndum del Govern.

Otra encuesta de Metroscopia (El País, 07/0972014), no menos enrevesada y también planteada con cierta intencionalidad disuasoria, realizada entre el 2 y el 4 de septiembre, reconoce la opinión mayoritaria de los catalanes sobre la necesidad de realizar cambios profundos en las relaciones entre Cataluña y el resto de España. No obstante, una mayoría rechaza convocar una consulta de autodeterminación que no esté autorizada por el Gobierno central o que haya sido suspendida por el Tribunal Constitucional (nada se plantea en relación con una normativa de consultas catalana).

El 45% considera que en caso de un pronunciamiento negativo del Tribunal Constitucional se debería acatar el fallo y negociar una nueva convocatoria de la votación que se ajuste a la legalidad, mientras que solo el 23% de los encuestados apoyaría que la celebración de la consulta pese a una eventual suspensión. Otro 25% se inclina por encontrar una salida que no requiera consulta.

Parece, pues, cierto y razonable que los catalanes piden mayoritariamente el respeto escrupuloso a la legalidad. Pero es que Artur Mas, presidente de la Generalitat, que siempre ha hablado de una ‘consulta legal’, considera que este respaldo lo puede otorgar perfectamente la ley catalana de consultas de próxima aprobación y acorde con las competencias recogidas en el Estatuto de Autonomía; algo que, ahora, rechazan de plano los dos grandes partidos nacionales.

Claro está que en un contencioso tan preocupante para el PP no podían faltar las ayudas del periodista Francisco Marhuenda, director de La Razón y furibundo defensor de Mariano Rajoy. Su periódico se acaba de sacar de la manga (07/09/2014) una encuesta marca de la casa, sin ficha técnica y de credibilidad cero, afirmando también disuasoriamente que el 55,3% de los catalanes no apoyaría la consulta de ser ilegal, mientras que el 38,2% sí  que estaría dispuesto a apoyarla a pesar del muro del Constitucional…

Quien con fuego juega, se quema

En fin, todas esas cifras suponen que estamos ante un enredo demoscópico poco clarificador del último estado de opinión, sin que se haya podido medir de forma clara y rigurosa la influencia, positiva o negativa, que el ‘caso Pujol’ pueda tener al respecto, porque la última encuesta de Metroscopia tiene lecturas contradictorias y tampoco ha podido medir el ‘efecto Diada’. Aunque más influyente todavía nos parece la resolución de la consulta sobre la independencia de Escocia del Reino Unido, que se celebrará el próximo 18 de septiembre como aperitivo o entrante de lo que pueda suponer el 9 de noviembre catalán.

El presidente Rajoy insiste en que nada tienen que ver uno y otro caso. Pero lo cierto es que un ‘sí’ a la independencia escocesa representaría, además de un grave problema para el Gobierno de Londres, un gran estímulo en favor del mismo ‘sí’ en Cataluña. Aunque un ‘no’, es decir la confirmación de que los escoceses pueden opinar sobre su futuro político sin que se hunda el mundo, también sería un buen argumento de Artur Mas para defender un referéndum consultivo o una medición ‘democrática’ de los sentimientos y aspiraciones puestos en juego.

Este método de entendimiento dialogado entre dos gobiernos puestos en contraposición, es el que persiguen también los nacionalistas vascos. El lehendakari del Gobierno Vasco, Iñigo Urkullu, ha afirmado que su referente del autogobierno y de la consulta ciudadana es el “basado en un acuerdo entre Gobiernos”, abriendo la posibilidad de un viaje institucional el próximo 18 de septiembre a Edimburgo para respaldar el referéndum escocés, recalcando la importancia de unir tres conceptos: “el diálogo, el acuerdo y la consulta”.

A pesar del especial seguimiento de los casos catalán y escocés y de su defensa a ultranza de la autodeterminación, el lehendakari ha aclarado que no se está ante una “cuestión de prisas” y que no será un tema prioritario en su próxima reunión con el presidente Rajoy. Urkullu sí que ha expresado su intención de abordar en Madrid el grado de cumplimiento del Estatuto de Autonomía Vasco.

Por su parte, el presidente del Gobierno de Canarias, Paulino Rivero, también pretende realizar en 2014, a ser posible en noviembre y al rebufo de la consulta catalana, un referéndum ciudadano sobre las prospecciones petrolíferas autorizadas por el Gobierno central en aguas próximas a dicha Comunidad, denunciando el desprecio a la opinión de los canarios que con esas actuaciones sienten amenazado su futuro turístico.

Así lo expresó tras un Consejo Extraordinario de su Ejecutivo celebrado el pasado 20 de agosto en la isla de Lanzarote, una semana después de que el Ministerio de Industria, Energía y Turismo diera el visto bueno a Repsol para que lleve a cabo los sondeos exploratorios correspondientes. De hecho declaró: “Ante este desprecio del Gobierno de España, del Ministerio de Industria, sobre la opinión de los ciudadanos que vivimos en Canarias, el Gobierno de Canarias redobla su compromiso de que el pueblo canario tiene que tener la oportunidad de expresarse ante una consulta. La respuesta que le damos es que vamos a adelantar todos los procesos administrativos para hacer posible la consulta lo antes posibles sobre las prospecciones”.

Actualmente los trámites normativos enmarcados en la Ley 50/2010, de 21 de junio, Canaria de Fomento a la Participación Ciudadana, en concreto en su artículo 20, ya cuentan con un decreto publicado para poder hacer realidad la consulta popular, mientras otro que desarrolla su estructura participativa está en informe consultivo y podría estar aprobado en octubre. Una ley dictada a tenor de las competencias legislativas atribuidas a la Comunidad Autónoma de Canarias por los artículos 30.1, 32.5, 32.6 y disposiciones concordantes de su Estatuto de Autonomía.

Al margen del debate sobre la compatibilidad o incompatibilidad de las explotaciones petrolíferas con la actividad turística, palanca sustancial de la economía canaria, lo cierto es que el referéndum se está poniendo de moda como medio de pronunciamiento político ciudadano. Un ejercicio que, por otra parte, está establecido en la Constitución y, como decimos, con vías competenciales abiertas en algunos Estatutos de Autonomía.

No vamos a insistir ahora en todo lo relativo a la ‘cuestión catalana’ que Rajoy y su Gobierno se han venido pasando alegremente por la faja, pero es evidente que el lío del independentismo sigue su curso, descontrolado por el pasotismo y la incompetencia del Ejecutivo (acompañada por una pérdida del rumbo socialista) y cada vez con más derivas inconvenientes para la estabilidad política del país. Eso es lo que hay y allá cada cual con sus responsabilidades.

Fernando J. Muniesa

A propósito de la intención que tiene el presidente Rajoy de reformar la ley electoral vigente al exclusivo efecto de asignar las alcaldías directamente al candidato más votado, lo que, sin entrar en otras valoraciones responde a una pura conveniencia coyuntural de su partido, hay que insistir en que esa es sólo una de las muchas reformas que necesita dicha norma, y quizás no la más importante.

Y así lo han visto la mayoría de los analistas políticos. Por ejemplo, Francesc de Carreras, catedrático de Derecho Constitucional en la Universidad Autónoma de Barcelona, afirmaba al respecto en un artículo de opinión titulado ‘Elección directa: ahora no’ (El País 20/08/2014) lo siguiente:

(…) Ahora bien, que sea conveniente [la elección directa de los alcaldes] no quiere decir que sea oportuno. Es más, creo que en estos momentos, a nueve meses de unas elecciones municipales, esta reforma será vista como una nueva ocasión en la que los partidos políticos mayoritarios defienden su privilegiado estatus mediante un sistema electoral que les favorece.

Estamos jugando ya el partido de las elecciones municipales y no es correcto cambiar las reglas a mitad de partido. ¿A qué viene ahora una reforma del régimen municipal sólo en este aspecto, cuando debería abordarse una reforma de conjunto? ¿No es más necesario reducir el número de municipios para adaptarlos a la realidad social de hoy, tal como ha propuesto, por ejemplo, Manuel Valls en Francia? ¿Lo único importante es la elección de alcaldes? Todo parece indicar que el miedo a perder alcaldías -es decir, puro oportunismo- es el motivo que impulsa la reforma que propone el Gobierno de Rajoy…

Y Carreras llevaba razón, aunque la suya no fuera la de mayor peso para rebatir la falsaria política reformista de Rajoy, por no decir inexistente. En nuestra anterior Newsletter ya dejamos constancia de lo que suponía la ‘alcaldada’ propuesta por el Gobierno del PP en términos políticos y democráticos, expuestos también por otros dos conocidos catedráticos de Derecho Constitucional: Jorge de Esteban y Javier Pérez Royo.

De hecho, siendo sin duda alguna la ley electoral perfectible en muchos aspectos, y no sólo en ese, nos preguntábamos por qué extraño motivo el PP no se planteaba, entonces, implantar las listas abiertas. O eliminar el porcentaje de exclusión en la representación electoral y cambiar el sistema d’Hont con el que se adjudican los escaños, que refuerzan a las mayorías en detrimento del de las minorías.

Y también nos sorprendía que, puestos a reformar, Rajoy no se quiera plantear ni por asomo el racionalizar una administración territorial que ya se ha mostrado como un auténtico despropósito político. Es decir, que se niegue a reorganizar municipios de escala mínima para adherirlos a entes con dimensión viable; que no quiera reconocer y tratar de solucionar el problema de las competencias duplicadas o triplicadas en ayuntamientos, comarcas, diputaciones y cabildos insulares; que no pretenda siquiera una mínima perfección de su gestión…

O que rechace una reforma político-administrativa mediante consenso con otras fuerzas políticas (que sería lo acertado), optando por utilizar el rodillo parlamentario de una mayoría que le ha sido prestada precisamente para abordar esas reformas sustanciales y no para salvaguardar sus mezquinos intereses de coyuntura electoral…

Pedro Sánchez se apunta a ‘más de lo mismo’

Pero es que, a continuación, y con la que ha caído últimamente sobre el PSOE, su flamante secretario general, Pedro Sánchez, se destapa con otro paquete de reformas menores o reformitas de chicha y nabo -y no con reformas a saco que es lo que necesita el país en el ámbito institucional- sólo para lavarle la cara al partido, pero no para marcar el necesario hito regeneracionista. Y así es muy fácil que Arenas le haya contestado con un buen desplante: “Retamos al PSOE a presentar una propuesta más democrática”.

Las novedades de regeneración política  que ahora se trae entre manos el PSOE (hablan de medidas de ‘limpieza democrática’), se centran al parecer en dos propuestas: un cambio en el sistema de nombramiento de los órganos constitucionales  (en la forma pero no de fondo) y la elaboración de una nueva ley de partidos que democratice su funcionamiento interno (pero sin proyección exterior).

Eso es lo único que plantea Pedro Sánchez para empezar a hablar del tema. De forma que los problemas de la corrupción, la verdadera separación de los poderes del Estado, la invasión partidaria de las instituciones públicas…, y en definitiva la manipulación generalizada del país a través del sistema bipartidista generador de todos sus males, seguirán discurriendo más o menos por donde lo han hecho hasta ahora: los mismos perros de siempre sujetos con los mismos collares.

Sobre el tema de los nombramientos de los órganos constitucionales, uno se queda pasmado, porque, al fin y al cabo, el regeneracionismo de Sánchez sigue asentado en la elección parlamentaria -y partidista-, algo adornada con una especie de pasarela para que los votos de la mayoría (y las connivencias con socios de coyuntura) sean un poco más aparentes que los actuales de la burra ciega. Vean sino cómo describe Fernando Garea, periodista normalmente bien informado, la nueva tracamandanga electiva en el reportaje titulado ‘El PSOE planteará despolitizar los nombramientos de instituciones’ (El País 24/08/2014):

NOMBRAMIENTOS

(…) La idea sobre la que trabaja el PSOE es lo que Sánchez denomina la “descolonización” de las instituciones, es decir, evitar la apariencia de reparto de los órganos constitucionales que son renovados por el Parlamento. La medida afectaría al Consejo General del Poder Judicial, el Tribunal Constitucional, el Banco de España, la Comisión Nacional del Mercado de Valores, la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia y la Junta Electoral Central, entre otras instituciones.

La propuesta sobre la que trabaja el PSOE supone que esos nombramientos se hagan tras un proceso que incluya un plazo de presentación de candidaturas por parte de los interesados. Hay precedentes en otros países en los que se ha fijado el PSOE, como en la elección del gobernador del banco de Inglaterra, que se hizo tras abrir un plazo para la presentación de candidaturas.

Posteriormente, esas propuestas serían examinadas por un Comité de Expertos de composición variable, en función del nombramiento que se trate, adscrito a las cámaras. Habría una comparecencia de los interesados y, posteriormente, se produciría la designación por las mayorías requeridas.

El último paso es necesariamente la votación por parte de los partidos, porque así lo exige la Constitución, con acuerdo requerido entre más de un grupo para llegar a la mayoría reforzada. Pero el PSOE entiende que con su propuesta, abierta a aportaciones, se daría transparencia y se valoraría el mérito de los aspirantes, antes de producirse el acuerdo.

En este momento, esas instituciones se renuevan por acuerdo cerrado entre los dos grandes partidos. PP y PSOE solo accedieron hace tres legislaturas a establecer un sistema de comparecencias de los candidatos, pero cuando ya han sido elegidos por los partidos y para someterse a preguntas de quienes han decidido antes su nombramiento. Esas comparecencias, en la práctica, son inoperantes. Por ejemplo, no sirvieron para saber en su momento que el actual presidente del Tribunal Constitucional, Francisco Pérez de los Cobos, fue militante del PP.

La idea de Sánchez se basa en la evidencia de que nunca como ahora estos organismos han tenido al frente a tantos exmilitantes del partido que gobierna. Por ejemplo, la presidenta de la CNMV, Elvira Rodríguez, era diputada del PP; la Defensora del Pueblo, Soledad Becerril, también y el presidente del Tribunal Constitucional, Francisco Pérez de los Cobos, fue militante del partido que gobierna.

La actual dirección del PSOE es consciente de que esta propuesta supone una rectificación sobre la trayectoria anterior del partido, que nunca había cuestionado este sistema de designación pactada con el PP para los órganos constitucionales.

Sin poner ni quitar una sola coma a lo escrito por Garea, fíjense nuestros lectores que de lo que se trata es de “evitar la apariencia de reparto de los órganos constitucionales que son renovados por el Parlamento”, pero no de cambiar el sistema como tal, que seguirá sometido al voto de los partidos.

¿Y esto es ‘despolitizar’ los nombramientos institucionales…? ¿Acaso esta es la forma de independizar el poder judicial del ejecutivo y del legislativo, conforme a la esencia de la democracia…? Si esto es lo que el secretario general del PSOE entiende por regeneracionismo democrático, apaga y vámonos.

Pero es que Garea anticipa también en su información la otra gran medida ‘reformista’ del PSOE, relativa a la democratización interna de los partidos. Y se trata de otra farfolla que prácticamente no va más allá de imponer a los demás partidos políticos el sistema propio de elecciones primarias de candidatos electorales, algo que no deja de ser una cuestión de régimen interno y de imposición más que discutible como norma general:

LEY DE PARTIDOS

“Si el Estado puede intervenir en la economía y en otras parcelas también puede hacerlo en el funcionamiento de los partidos como expresión de la representación política”. Esta es la filosofía que mueve a Sánchez a promover una nueva ley de partidos que haga exigencias concretas sobre democracia interna en su funcionamiento.

El modelo sería el de la ley de partidos alemana que obliga a una serie de requisitos, incluida la exigencia de designación democrática de los candidatos en los procesos electorales.

El objetivo es dotarles de transparencia, mejorar su funcionamiento y tomar medidas sobre su financiación.

Es también la primera vez en la que el PSOE propondrá trasladar a una ley para todas las formaciones criterios de funcionamiento que se aplica. Los socialistas barajan incluir en su propuesta la obligatoriedad de primarias para la elección de candidatos, paridad para las listas electorales, limitación de mandatos para sus dirigentes y establecimiento de un código ético común.

La propuesta es novedosa. La ley actual no establece ningún mecanismo común para elaboración de listas electorales o para elección de sus dirigentes en congresos cerrados o con participación de militantes. La norma vigente apenas recoge referencias genéricas sobre democracia o trámites de audiencia para sanciones y expulsiones con garantías exigibles ante los tribunales.

El equipo de Sánchez explica que la mayor parte de las quejas de los ciudadanos con el funcionamiento democrático tiene que ver, precisamente, con los partidos. Por eso, entienden que el objetivo es dotarles de transparencia, mejorar su funcionamiento y tomar medidas sobre su financiación.

Entre otras medidas, su propuesta incluirá regular la prohibición de la financiación por parte de empresas, hacer públicas sus cuentas e incrementar el control de sus ingresos y gastos, incrementar los derechos de participación de los militantes, regular las garantías democráticas en la elección de sus dirigentes y asegurar el cumplimiento interno de las reglas del juego.

De esta forma, los socialistas proponen unir en una sola ley la de partidos y la de financiación. La primera solo se ha cambiado, por acuerdo entre PP y PSOE, para facilitar las ilegalizaciones de formaciones que apoyen el terrorismo y la de financiación ha tenido más cambios. En este momento, el PP trabaja también en una propuesta para volver a regular la financiación de partidos. La diferencia básica es que la del PSOE incluye eliminar las donaciones de todo tipo de empresas.

Los socialistas también quieren concretar un sistema común para que los dirigentes de todos los partidos estén obligados a hacer públicos sus patrimonios y declaraciones de la renta. Estas exigencias son aplicables ya para parlamentarios y responsables de instituciones públicas, pero no para los líderes de los partidos políticos que quieren concurrir a los procesos electorales.

Y de nuevo uno se asombra de que, estando las cosas como están, al PSOE sólo se le ocurran estas cuatro chorradas para ‘regenerar’ la política española. El equipo de Pedro Sánchez entiende -según cuenta Garea- que la mayor parte de las quejas de los ciudadanos con el funcionamiento democrático tiene que ver, precisamente, con los partidos: desde luego que sí, pero ni mucho menos sólo por su funcionamiento interno -que también-, sino por ejercer el poder político en un marco de corrupción generalizada, invadiendo y contaminando todas las instituciones públicas del país y, por supuesto, desnaturalizando la propia democracia.

De nada sirve que los partidos elijan internamente a sus candidatos de una u otra forma si se mantienen la actual concepción del sistema político, sus principios dominantes, la dependencia político-partidista de la justicia, las ‘puertas giratorias’ para los ex altos cargos públicos, las adjudicaciones de obras y contratos de servicios contra comisiones, los aforamientos…, y en definitiva la corrupción generalizada.

Porque, si tanto espera el PSOE de un sistema interno de elección más directo y transparente, ¿qué razón hay para no proponer también una elección igual de directa y transparente -independiente- en los órganos de gobierno del poder judicial…? ¿Y si pretende una selección tan democrática y ejemplar de candidatos, por qué no propone eliminar en paralelo y de golpe todos los privilegios que disfrutan tras ser elegidos (aforamientos, indultos, pensiones extraordinarias…?

El nuevo secretario general del PSOE se equivoca de medio a medio si piensa que la penosa situación de la política española en general, y la del PSOE en particular, se arregla sólo con mejores modales, cuatro reformas de pacotilla y unas palmaditas en el hombro de los votantes desafectos. Eso no deja de ser ‘más de lo mismo’, seguir en el juego interesado del bipartidismo y mantener una visión absolutamente miope de la situación: es seguir provocando la caída libre del sistema en un pozo sin fondo (y sobre todo la del PSOE).

Eso sin hablar de la necesaria reforma constitucional (por supuesto en la dirección adecuada), que es lo primero que hay que poner encima de la mesa para que la apuesta por el regeneracionismo político sea una realidad en vez de una pantomima falsaria.

El cuento de que ‘los pilares de la sociedad aguantan’

Y esta cuestión está tan clara que hasta el magistrado instructor de la Audiencia Nacional Javier Gómez Bermúdez, que nunca se había mostrado especialmente disconforme con el sistema, se acaba de despacharse con esta grave denuncia (El País 27/08/2014): “Hay corrupción institucional; se puentea la norma para nombrar al amigo”. Y aprovecha la ocasión para lanzar algunas puntadas que el PP y el PSOE se seguirán pasando por la faja:

- “Hay que introducir el delito de financiación ilegal de partidos y sindicatos”.

- “Se debe castigar por financiación ilegal al máximo responsable del partido”.

- “Suprimiría muchos aforamientos, empezando por jueces y fiscales”.

- “Habría que prohibir el indulto cuando se opongan el tribunal y el fiscal”…

Pero, más allá de lo que suponga la opinión particular de Gómez Bermúdez, como la de otros muchos magistrados que han llegado incluso a montarle una huelga al gobierno de Rodríguez Zapatero y otra al de Rajoy, toda una larga secuencia de estudios de opinión muestra día a día el descrédito del sistema político y el gran malestar que existe contra sus dirigentes.

Un análisis comparativo de las dos últimas entregas del Barómetro de Confianza Institucional de los españoles (julio 2014 y julio 2013) realizado por Metroscopia, es bien revelador al respecto. En el plazo de un año, las instituciones o categorías de instituciones integradas en el sistema político, económico y jurídico sometidas a evaluación ciudadana han empeorado de forma significativa, a pesar de que partían de una posición ya lamentable, con índices de aprobación muy por debajo del 50%.

En el ámbito de la política, la evaluación de julio de 2014 se sitúa en estos términos: los políticos y los partidos políticos sólo obtienen una aprobación ciudadana del 10%, el Gobierno del 21%, el Parlamento del 29%, los Ayuntamientos del 31%, y las Comunidades Autónomas del 34%. Sólo el rey Felipe VI alcanza una aprobación del 69% frente a la del 47% que obtuvo el rey Juan Carlos I en julio de 2013 (rechazo social nada ajeno a su repentina abdicación).

Respecto al sistema económico, los resultados son igual de escandalosos: los bancos sólo obtienen una aprobación ciudadana del 10%, los sindicatos y las multinacionales del 17%, la patronal del 20% y las grandes empresas españolas del 29%. Una categoría en la que únicamente las pequeñas y medianas empresas merecen una aprobación ciudadana del 70% (bajando no obstante notablemente del 90% logrado en julio de 2013).

Y en relación con el sistema jurídico también todas las evaluaciones de julio de 2014 empeoran respecto al año anterior: los fiscales en general bajan su índice evaluativo del 46% al 30%, el Tribunal Constitucional baja del 48% al 30%, el Tribunal Supremo del 50% al 34% y los jueces en general del 53% al 41%. Los abogados, que bajan del 53% al 51%, son los únicos que todavía no han caído en una descalificación social mayoritaria.

Cierto es que en otras categorías o grupos sociales sometidos a la misma evaluación barométrica, hay quienes aún conservan un aprecio mayoritario de la sociedad española a pesar de obtener una peor valoración que en julio de 2013. Se trata de los investigadores científicos, los médicos y profesores del sistema público, Cáritas, la Guardia Civil, las ONG, la Policía, las universidades, los servicios sociales de los municipios, las Fuerzas Armadas, los servicios sociales municipales y la prensa. Todo lo demás grupos sociales caen estrepitosamente en la consideración ciudadana, y de forma más significada la sanidad pública como organización, la inspección de Hacienda, los curas, los obispos y la Iglesia católica en su conjunto.

Eso es lo que hay. Y sorprende que al presentar tan preocupante resultados en el diario El País (24/08/2014), José Juan Toharia, catedrático emérito de Sociología y presidente de Metroscopia, sostenga que “los pilares de la sociedad aguantan” y que “el país resiste gracias a algunas instituciones que lo vertebran”; cuando 33 de los 34 items valorados decrecen en la consideración ciudadana (la excepción del rey Felipe VI no cuenta porque la medida con anterioridad se refería a Juan Carlos I) y la inmensa mayoría y más institucional merece una brutal reprobación social.

Claro está que este tipo de estudios con claros componentes de crítica política, extrañamente financiados por empresas como Telefónica que nada tiene que ver con su objeto ni con sus resultados, han de presentarse con un lenguaje muy medido para no provocar, en su caso, las iras del poder. Pero una cosa es presentar el vaso medio lleno o medio vacío, es decir filtrar la realidad con cierta benevolencia, evitando una imagen catastrofista y procurando no crear alarma social, y otra muy distinta hacer lecturas absolutamente contradictorias con la realidad investigada.

Decir -como dice Toharia- que “los pilares de la sociedad aguantan” sin especificar qué es lo que aguantan, a quién aguantan o hasta cuándo van a aguantar, y que lo hacen “gracias a algunas instituciones que lo vertebran” (que en todo caso no son las políticas), no deja de ser un ‘brindis al sol’, una boutade o una salida de pata de banco de apoyo al propagandismo del Gobierno o connivente con el interés del establishment. Para comprobarlo baste leer con atención el resumen evaluativo del informe en cuestión, publicado también por El País:

Además, es que en otro análisis o presentación previa del mismo tema (El País 16/08/2014), Toharia hablaba con mayor claridad de “una ciudadanía abatida que reclama una explicación sobre la crisis”. Y, tras advertir la amargura de que la ciudadanía tiende a mostrar un tono vital cada vez más marcado por el cansancio, el abatimiento y la desesperanza, señalaba: “Lleva ya demasiado tiempo sintiéndose desatendida en dos reclamaciones que considera básicas y urgentes: una explicación clara (y, con ella, una salida justa) de la crisis económica y una regeneración, a fondo, de nuestra vida pública”.

Pero para no caer en interpretaciones de ningún pensamiento ajeno que acaso pudieran ser erróneas, veamos como el profesor Toharia terminaba su primera exposición de la realidad social que estamos viviendo:

(…) Es cierto que la economía -en sus grandes magnitudes- está empezando a dar señales de recuperación. Pero ocurre que el ciudadano medio se resiste a concederles credibilidad. Receloso y escéptico, sigue pensando que aún le esperan muchos años de elevado desempleo y, consiguientemente, de incertidumbre vital. Como oficialmente nadie le ha explicado, hasta ahora, de forma clara y convincente por qué estamos como estamos, duda entre percibir la crisis como una especie de plaga bíblica, tan imprevisible como inevitable, o como resultado de la incompetencia -o incontrolada codicia- de un alguien que permanece tan inconcreto como impune. Lo que en todo caso sí sabe con certeza es que es a él a quien le está tocando básicamente pagar las consecuencias. Pero en este tema, en el que el Gobierno -este y el anterior- ha renunciado a cualquier esfuerzo de pedagogía creíble, ha optado finalmente por no fiarse de nadie. Y por tanto se resiste a apuntar en el haber de los actuales gobernantes mérito alguno por las mejoras que se anuncian.

pulsa en la fotoEn cuanto a la regeneración de la vida pública, los españoles llevan ya años reclamándola. No piden la luna, sino cosas obvias y compartidas de forma prácticamente unánime (de ahí que las utilicen como bandera movimientos que, en otros países, tenderían más bien a retóricas y argumentaciones directamente antisistema). Lo que, ante todo y sobre todo, pide la ciudadanía es una reforma de la Constitución: ha envejecido en exceso por falta de cuidados y necesita una ITV urgente que le permita (como hizo en 1978, pero ya no hace hoy) encauzar problemas tan graves y urgentes como la adecuada articulación territorial del país. El modelo autonómico, reconocidamente exitoso durante dos decenios, lleva ya unos años en abierta crisis. Quizá sea hora -dicen los españoles en algunos sondeos- de replantearse el “café para todos” originario y hacer posible que cada región tenga el nivel competencial que desee y se considere en condiciones de asumir. Y, por cierto y contra lo que suele oírse, los datos disponibles indican que existe una clara mayoría favorable a un arreglo especial para el caso de Cataluña que le permita seguir formando parte de España.

Además, se reclama a los actores públicos más arrojo y menos melindres a la hora de afrontar los casos de corrupción que salpican a prácticamente todos los partidos que gobiernan o han gobernado. En este triste tema no existe oasis alguno. Pero ojo: que exista corrupción no equivale, para los españoles, a que este sea un país corrupto. Lo que les produce perplejidad e irritación es que tanto sinvergüenza -y a todo lo largo y ancho del arco ideológico- haya podido actuar durante años y años tan inadvertida como impunemente.

Y, por terminar un recuento de exigencias que cada día se hace más amplio, lo que se demanda a partidos y políticos es mayor cercanía y conexión con el sentir ciudadano: que abandonen su autista modo de funcionar de estos últimos años; que sean capaces de formular, de cara al inmediato futuro, un proyecto colectivo -“una cierta idea de España”, por decirlo con frase famosa- que aclare el lugar al que aspiramos en el mundo actual; que tengan el arrojo de dialogar abierta y sinceramente sobre los problemas identitarios existentes (que son reales y no ocurrencias pasajeras de unos cuantos), y que lo hagan desde el respeto, el pacto y la transacción, valores -tan añorados- de la Transición.

Deprimidos como gradualmente se van sintiendo, los españoles siguen sin embargo creyendo, y masivamente (75%), que en conjunto y en líneas generales son gente seria y decente. Pero al mismo tiempo, y mayoritariamente (58%), no creen que el país sea ahora serio, responsable y de fiar. Inquietante doble dictamen: lo que diferencia a “la gente” de “el país” es que este segundo concepto incluye tanto a los ciudadanos como a las instituciones. Y esta es la pista decisiva, como veremos, para entender el latido bifurcado del actual pulso de España: una sociedad ahora desestabilizada por la sensación de que las personas pueden ser de fiar, pero no muchas de las instituciones a las que corresponde vertebrar y dirigir su convivencia.

¿En qué queda entonces esa imagen contradictoria de que los pilares de la sociedad aguantan, cuando el resquebrajamiento institucional del Estado es tan evidente…? ¿A dónde se quiere llegar con esas lecturas piadosas de la trágica regresión que aqueja al modelo político y de convivencia…?

Podemos al acecho de la incapacidad ajena

Y ante este panorama, más o menos matizable, uno no tiene más remedio que mirar el fenómeno emergente de Podemos como un efecto o una justa consecuencia de la debacle política e institucional del momento, en términos claro está de su percepción social. Una expresión de agitación política que en modo alguno las ‘reformitas’ o el falso regeneracionismo del PP y el PSOE van a calmar.

Nicolás Redondo Terreros reconoce la pujanza de este fenómeno social en un artículo publicado en El País (28/08/2014) de curioso título: ‘¿Podemos con Podemos?’. Pero, a pesar de firmarlo como presidente de la ‘Fundación para la Libertad’, lo que plantea acto seguido no es aceptarlo como una opción más en la competencia del sistema democrático, sino más bien aniquilarlo ideológicamente mediante una reacción de las formaciones de centro-izquierda; una especie de torpe y peligrosa llamada a la persecución de intrusos en nuestro carcomido modelo de convivencia, antes que a su propia regeneración…

Y, en efecto la llamativa alerta-soflama del ex secretario general del PSE (Partido Socialista de Euskadi) concluye de esta guisa: “(…) Podemos solo ganará si no somos capaces de confeccionar una plataforma política modernizadora para España. No pugne el PSOE en seguirles porque obtendrá un doble fracaso: será batido por el nuevo partido si le quiere copiar, porque representan mejor lo que pregonan, y además dejará de representar el estandarte de los avances y el progreso, convirtiéndose solo en ‘un vocablo y una figura’, que diría Quevedo”.

Pues nada, señor Redondo, todo sea por la Libertad: vayan ustedes a por Podemos y que Dios reparta suerte (sobre todo al PSOE).

Algo más razonable nos parece el llamamiento que hace Jordi Sevilla para que la sociedad civil presione a los políticos con objeto de obligarles a corregir los fallos del sistema, sin los que Podemos ni siquiera existiría. El que fuera ministro de Administraciones Públicas (2004 al 2007) en el primer Gobierno del ínclito ZP, desarrolla ahora su propuesta regeneracionista en un artículo titulado ‘No son extraterrestres’ (El País 29/08/2014) concluido con estos tres párrafos:

(…) Regenerar la democracia, mejorando el funcionamiento de la actuación de los políticos, no es solo una cuestión de principios. Suponemos que al mejorar la manera en que adoptan decisiones, conseguiremos que tomen mejores decisiones y más eficaces. Muchos pensamos que de esta crisis financiera y económica hubiéramos salido antes mediante un gran pacto político. Pero no han querido hacerlo. Han podido anteponer su propio interés partidista gracias a una ley de partidos que otorga mucho poder a sus aparatos internos y a una ley electoral en la que los votos no se traducen en diputados, por igual. Por tanto, si queremos que los políticos actúen de otra manera, hay que cambiar esas leyes que configuran sus decisiones interesadas, forzarles a que hagan política de otra manera para incentivar que hagan otra política.

El mismo Beck [sociólogo alemán] señalaba que la verdadera amenaza política del momento es la desafección ciudadana, que deslegitima las instituciones y la propia democracia, ya que actúa como antesala de esos populismos que se especializan en señalar culpables, porque son incapaces de ofrecer soluciones reales. En España, ese peligro se centra, según todas las encuestas, en la actuación endogámica de los partidos políticos, en unos mecanismos electorales que dejan a demasiados votantes sin representación y en la sensación de una excesiva lenidad respecto a una corrupción más generalizada de lo que se quiere admitir.

Los expertos coinciden, para corregirlo, en la necesidad de tres medidas que van más allá de lo pactado en la Transición: nueva ley de partidos que incorpore más democracia interna (primarias, pero también, mejores contrapesos), más control externo (penalizar el uso de fondos b, agilizar auditorias), promueva el mérito y la capacidad en los nombramientos, por delante de la fidelidad; nueva ley electoral que cumpla el principio de igualdad de peso entre todos los votos, es decir, reforzar la representatividad y no las mayorías reforzadas artificialmente. Y más medios en la lucha contra la corrupción de la que hay 1.700 causas abiertas, más de 500 imputados, muchos políticos que siguen en activo y apenas unos 20 sentenciados por la dilación de los procesos. Si sabemos qué hacer, ¿cómo conseguimos hacerlo? Pues, me temo, que presionando a los políticos desde la sociedad civil organizada hasta que vean que, no hacerlo, significará que obtienen menos votos. ¿Lo intentamos?

Pues si quiere intentarlo, que lo intente. Pero nacida su propuesta en el foro socialista denominado ‘+Democracia’, uno se pregunta por qué razón no lo hizo cuando se sentaba en el Consejo de Ministros. Claro está que entonces pudo ser que sus compañeros del PSOE no le dejaran hacerlo; pero es que en estos momentos, instalado en la oposición, el intento todavía será más vano (quizás le sea más útil afiliarse a Podemos, formación de nuevo cuño ya situada en tercera posición del ranking electoral, muy por encima de IU y pisándole los talones al propio PSOE). 

Por nuestra parte, creemos que nadie está en posesión de la verdad o de la razón absoluta, lo que tampoco impide compartir o criticar las ideas de unos y otros. Sólo nos resta apostillarlas con esta sabia advertencia de Benjamín Franklin: “Si no quieres escuchar a la razón, ella castigará tu locura”.

Seguiremos hablando de Podemos. Pero de momento, y conociendo el paño de la política española (el PP y el PSOE seguirán atados al  regeneracionismo falsario), auguramos que sus listas barrerán en las próximas elecciones municipales, ámbito de menor compromiso e idóneo para su afianzamiento social, sólo como muestra del rechazo social generado por los dos partidos mayoritarios que han hundido, mano a mano, la credibilidad del sistema.

Fernando J. Muniesa

Hace apenas dos semanas, advertíamos que el presidente Rajoy iniciaba sus vacaciones veraniegas ‘decretando’ en tomo magistral, poco menos que emulando al Papa cuando define ex cathedra verdades pertenecientes a la fe o a las costumbres, que “la recuperación ha venido para quedarse” y que éste es un “pronóstico inapelable”, tratando de eliminar cualquier sombra de duda sobre lo bien que gobierna el país. Así que más o menos cogía el camino de sus lares gallegos y aquí paz y después gloria…

Lo que pasa es que, acaso sin haber podido llegar a celebrar la ‘percebada’ propia de tan aparente éxito político, los medios informativos nos mostraron de nuevo la realidad de una economía más o menos estancada y sin perspectivas claras de futuro.

El record de la deuda pública y el crecimiento económico

Para empezar, el viernes 15 de agosto nos desayunábamos con la noticia de que, al cierre del primer semestre del año, la deuda pública alcanzaba un umbral histórico al superar el billón de euros, según los datos facilitados el día anterior por el Banco de España. Un endeudamiento record situado ya en el 98,4% del PIB pero no sorpresivo, porque el Gobierno tiene admitido que llegará al 100% en 2015, aunque otras previsiones van más allá -como la del Fondo Monetario Internacional- y proyectan que el pasivo del Estado, la deuda soberana, alcanzará un máximo del 104% del PIB en 2017 y que sólo a partir de entonces empezará a poder descender levemente, hasta situarse en el 102,4% en el 2019…

El salto dado en el último año desde los 943.872 millones de euros hasta superar este simbólico billón de euros, alcanza una diferencia de 63.447 millones y supone que la partida de 2014 prevista para los gastos financieros del endeudamiento puede ascender a 36.662 millones de euros; cantidad que, de confirmarse, superará en un 10% la de 2013, pese a la reducción registrada en los tipos de interés (que ya no pueden bajar más). Y justo ese crecimiento simultáneo del coste de la financiación, es el problema esencial en una situación de economía estancada, sin crecimiento del PIB y sin una reducción significada del déficit público, cuestión desde luego despreciada por una política económica oficial de plazo corto.

El brutal crecimiento del dinero que el Estado español debe a bancos e inversores de todo el mundo, prácticamente se ha triplicado a lo largo de esta larga crisis que los gobiernos de Zapatero y de Rajoy no han sabido afrontar eficazmente, con las reformas estructurales e institucionales necesarias. En 2007 el pasivo se situaba en 382.307 millones de euros y seis años y medio después, con dos recesiones a la espalda, casi seis millones de parados y un rescate a la banca, el lastre ya alcanza los 1.007.319 millones de euros; eso supone una deuda pública de 21.898 euros por cada uno de los 46,7 millones de españoles censados.

Nuestro endeudamiento ha engordado en más de 600.000 millones de euros contantes y sonantes desde 2007. Y si la cifra se las trae en términos absolutos, también es tremenda en su relación con la economía del país: de corresponderse con el 36,7% del PIB de 2007, ha pasado hasta el 98,2% del PIB estimado para los cuatro últimos trimestres. Cuando Rajoy comenzó a gobernar, a finales de 2011, la deuda era de 737.406 millones de euros equivalentes el 70,4% del PIB, lo que quiere decir que, en esencia, ha cambiado déficit por deuda pública…

La financiación del déficit, la factura por el salvamento del sistema bancario (manipulada informativamente por el Gobierno) y el Fondo de Liquidez Autonómica (FLA) como apoyo a las comunidades con problemas, han ido recargando el total del pasivo, incrementándolo en 10.336 millones sólo entre mayo y junio, lo que supone un crecimiento de más de 300 millones por día.

Cuando comenzó la crisis, el endeudamiento de España se situaba por debajo de la media registrada en la zona euro, pero la escalada la ha llevado a equipararse ahora con las economías más endeudadas. En la última comparación posible a nivel eurozona, correspondiente al primer trimestre del año, la deuda pública española en relación con el PIB solo queda superada por Grecia (174,1%), Italia (135,6%), Portugal (132,9%), Irlanda (123,7%), Chipre (112,2%) y Bélgica (105,1%).

Desde el punto de vista de las expectativas, hay que tener en cuenta que, en realidad, el crecimiento de la deuda pública corre en paralelo con el aumento del déficit público. De forma que, si se gasta más de lo que se ingresa, la Administración debe cubrir el diferencial pidiendo dinero a los mercados emitiendo deuda a corto, medio o largo plazo (que en el caso de España se corresponden, respectivamente, con las letras del Tesoro, los bonos del Estado y las obligaciones del Estado).

El problema de la elevación o nivel máximo de la deuda, torpemente minimizado por el Gobierno y sus satélites económicos, preocupa a muchos especialistas ortodoxos porque lo consideran -y llevan razón- un factor que aminora la capacidad de crecimiento de un país. Esto, unido a una baja inflación -caso de España-, genera un círculo vicioso, porque a más deuda se requiere indefectiblemente más crecimiento económico para poder atender su liquidación.

Por eso, en una situación como la que se está dando en España, los requisitos de crecimiento deben ser mayores. La economía debe crecer lo suficiente como para poder hacer frente al pago del principal de la deuda y de los intereses financieros.

Ese mayor crecimiento, al generar una mayor recaudación fiscal, permitiría también una reducción directa del déficit público. Así, el PIB debería crecer ahora a un ritmo superior al del interés real, restando al tipo nominal que paga el Estado por su deuda en promedio, el correspondiente nivel de inflación. Dicho de otra forma, la baja inflación actual complica la reducción del déficit, porque aumenta la deuda: poniendo un ejemplo, si el tipo de interés se sitúa en el 3% y la inflación es negativa en un punto, los tipos reales aumentarían hasta el 4%.

Llevaba razón, pues, el ministro Montoro al afirmar que el control del déficit es aún prioritario y que el crecimiento económico permitiría reducirlo (El País 12/07/2014). Lo que pasa es que ese crecimiento no es un crecimiento consolidado, ni mucho menos, como acaba de hacernos creer el presidente Rajoy…

La ciencia económica tiene aspectos complicados para el gran público y hasta puede ofrecer teorías contrapuestas y muy discutibles en algunos desarrollos políticos y estratégicos, pero en otros es meridianamente clara. Esa razón, hace que, a menudo, las complicadas y retorcidas declaraciones gubernamentales sobre aspectos en esa materia absolutamente palpables, sorprendan al común de los mortales.

Así, leyendo las respuestas que estos dan a tales manifestaciones en los medios informativos, no nos resistimos a reproducir una breve Carta al Director publicada en El País (15/08/2014) sobre el tema en cuestión, firmada por Sebastián Navarrete Molina:

La deuda pública bate un nuevo récord

Leo que a día de hoy la deuda pública española supera el billón de euros, exactamente 1.007.319 millones de euros, lo que significa el 98,4% del PIB. Cuando Mariano Rajoy llegó al Gobierno, a finales de 2011, recibió la herencia de 737.406 millones de euros, un 70,4% del PIB. Me pregunto, como creo lo harán muchos otros ciudadanos, cómo se puede vender la idea de que “esto va bien” cuando en menos de tres años esta sangría ha aumentado en 269.913 millones de euros, batiendo récords históricos mes tras mes, y lo peor, con muy pocas esperanzas de que la tendencia cambie.

El optimismo sin fundamento, tan pronto como se vislumbran unas elecciones, parece ser habitual en La Moncloa, gobierne quien gobierne. Esta historia ya la hemos vivido.

Algo más extenso y armado que este comentario, y cuestionando también de forma indirecta la taxativa aseveración de que “la recuperación ha venido para quedarse” (un “pronóstico inapelable” del presidente Rajoy), es el artículo de John Müller publicado en El Mundo (15/08/2014) a tenor del mismo record alcanzado por la deuda pública española:

Una revisión inevitable

La deuda pública ha pasado del billón de euros y equivale a un 98,4% del PIB. Esto significa que el Estado debe toda la riqueza que España produce en un año. Según el Gobierno, cuando acabe el año la deuda llegará al 99,5% del PIB y en 2015 al 101,7%. El ritmo de endeudamiento público se va desacelerando, lo cual no libra a Rajoy de ser uno de los presidentes que más rápido ha hipotecado al país: 29 puntos porcentuales del PIB en sólo tres años (2012-2014). Zapatero acumuló 34,2 puntos entre 2007 y 2011, pero en vez de rescatar a la banca hizo planes E, aunque tampoco drenó tantos recursos del sector privado como ha hecho Rajoy vía impuestos.

El problema son los niveles en que nos movemos. La deuda pública con Zapatero llegó al 70,5% del PIB. Pero con Rajoy rondamos el 100%. Reinhardt y Rogoff, a pesar de la pifia de su hoja de Excel [*], mantienen que por encima del 90% un país lastra su crecimiento porque se complican los procesos de acumulación de capital público y privado. Si crecemos poco, la deuda pública también pesa.

¿Es sostenible esta deuda? Es decir, ¿podemos pagarla? La sostenibilidad se basa en dos conceptos: la solvencia y la liquidez. Llevamos muchos años preocupados por la segunda porque los mercados nos cobraban una prima muy alta por dejarnos dinero. Desde que Alemania dejó de intentar echar a los griegos del euro el asunto se ha relajado muchísimo. Además, el mundo dejó de vernos como griegos.

Pero ahora el problema empieza a ser la solvencia y esta se mide calculando si en el futuro el Gobierno generará unos excedentes fiscales que sean al menos iguales a nuestra deuda. Si consideramos que hemos tenido superávit en sólo tres años de nuestra historia reciente es muy difícil ser optimistas.

Montoro dijo en marzo que España tuvo en 2013 un «superávit estructural primario» y lo cifró en un 1,1%. Este indicador es polémico. Antes se hablaba de superávit o déficit primario, que son los ingresos fiscales menos el gasto excluidos los intereses de la deuda. Este déficit primario fue en 2013 del -3,7%. Al añadir «estructural», Montoro deja fuera del cálculo todos los efectos sobre ingresos y gastos que tiene el ciclo económico. Se descuenta, por ejemplo, el mayor gasto por desempleo y los menores ingresos por la caída de la actividad económica.

¿Por qué usa este término? Porque ese es el concepto fijado en el acuerdo político que acompañó a la reforma constitucional de agosto de 2011 y que fija un techo de déficit y deuda. Según esta norma, la deuda pública debería estar en 2020 en el 60% del PIB, lo cual parece imposible a la vista de las cifras actuales. De acuerdo con este pacto, el PP o el PSOE tienen dos oportunidades, en 2015 y en 2018, de solicitar la revisión de estos límites, lo cual parece totalmente inevitable.

[*] Enlace con el artículo de Paul Krugman ‘La depresión del Excel’: http://economia.elpais.com/economia/2013/04/19/actualidad/1366398440_370422.html

Las dependencias externas de nuestra política económica

Y ese mismo cuestionamiento del optimismo gubernamental, es el que hay que aplicar a las alharacas con las que se ha venido manifestando el Gobierno al hablar del positivo comportamiento del sector exterior. Porque ahora, cuando se consolida el balance del último semestre, vemos cómo se ha retraído el dinamismo de las exportaciones, duplicándose de golpe y porrazo el déficit comercial hasta los 11.882 millones de euros, lo que, de nuevo, vuelve a ser una dificultad para el crecimiento económico…

Ahora, reaparece el temor de que al concluir el ejercicio de 2014, y lejos de que las exportaciones contribuyan al crecimiento de la economía, el saldo neto de la balanza de pagos por cuenta corriente se acabe convirtiendo en un freno. Y ello a pesar del aparente excelente año turístico, que es la principal fuente de ingresos de la balanza de servicios, aunque puede no crecer directamente aun con un mayor número de turistas.

Las causas del deterioro del saldo comercial se pueden encontrar en el aumento de las importaciones, dado que a poco que se activa la demanda interna se activan también las compras al exterior, y más si se ven favorecidas por la excesiva apreciación del euro. Ello, al margen de la dependencia española de las importaciones energéticas y de la insuficiencia para sustituir bienes y equipamiento importados por los de fabricación nacional.

Además, hay que considerar el enfriamiento general de la economía europea (y en particular el de la alemana), basado en las emergentes tensiones y riesgos geopolíticos, según ha advertido recientemente el propio presidente del Banco Central Europeo, Mario Draghi. Una advertencia hecha también por otros organismos dedicado a la investigación de la economía europea, como el prestigioso instituto alemán ZEW, al señalar que “el empeoramiento del clima económico está vinculado a las actuales tensiones geopolíticas internacionales”.

Así, si las políticas en la eurozona no toman una dirección más expansiva, nuestra débil demanda interna se retraerá, y con ello las posibilidades de revisar al alza las previsiones de crecimiento como pretendía el Gobierno. Un Ejecutivo que en todo caso fía en demasía la bonanza económica a causas exógenas o, dicho con otras palabras, que sostiene una política económica extremadamente débil para resolver la crisis económica y sin plantearse ni de lejos las profundas reformas necesarias, presupuestarias y estructurales.

Entonces, ¿la recuperación económica ha venido “para quedarse”, como acaba de afirmar imperialmente nuestro avispado presidente del Gobierno…? Más bien parece que sólo ha asomado la patita y que volverá a guardarla tras el habitual repunte veraniego, acrecentando la caída electoral del PP de cara a las próximas elecciones municipales y autonómicas, confirmada por los estudios demoscópicos al uso un día sí y otro también.

Crisis económica, encuestas y elección directa de alcaldes

Otra cosa es que Rajoy y su partido se empeñen en proyectar una imagen triunfalista de su acción de gobierno. Pero sus resultados están por verse.

De ahí que el PP ande verdaderamente tan agobiado como revuelto tratando de imponer a base de rodillo parlamentario una reforma del sistema electoral que palié la catástrofe que le anuncian las encuestas para los comicios del próximo mes de mayo, a ocho meses vista, por su incapacidad de mantener la posición con la que actualmente gobierna en la mayoría de las capitales de provincia, diputaciones y comunidades autónomas.

Por eso, el vicesecretario de Política Local y Autonómica del partido en el Gobierno, Javier Arenas, aseguró durante su intervención en la Escuela de Verano del PP de Punta Umbría (Huelva), que “tras cumplir con los españoles para salir de la crisis, ha llegado el momento de cumplir nuestro programa electoral”, pero refiriéndose básicamente a la reforma para que los alcaldes más votados gobiernen directamente. Algo que, según él, “tiene el amplísimo respaldo de la opinión pública española”, porque “nadie puede estar tranquilo si gobierna por un acuerdo en un despacho”.

Y, confirmada tal propuesta por Rajoy el pasado 20 de agosto, uno puede preguntarse cómo el PP no se ha planteado hasta ahora cambiar un sistema tan aberrante, incluyendo las dos legislaturas presididas por Aznar. El mismo Javier Arenas ya había confirmado de modo tajante en el Consejo de Alcaldes del PP de Málaga celebrado el 11 de mayo de 2013: “Tenemos tiempo para aplicar nuestro programa, para reconciliarnos con sectores que viven con preocupación algunas decisiones que hemos tomado y tenemos tiempo de recoger los frutos”.

En aquellas fechas, todavía sin haber pasado el ecuador de la legislatura, aseguró que ya se tenía superada la primera etapa de la legislatura (la de “apagar fuegos, afrontar la herencia y corregir los grandes desequilibrios que recibimos del Gobierno anterior”) y que “más bien pronto que tarde vamos a recoger esos frutos”. Pero ahora parece que los frutos no maduran y que para salvar la cosecha hay que recurrir a artificios electorales poco presentables sobre todo en las formas.

Claro está que en otras ocasiones tanto el PP como el PSOE han planteado la conveniencia de revisar el sistema electoral español, cuestión que parece poco discutible. Lo que pasa es que, siendo esa una materia ‘sensible’, ordenada por una ley orgánica, a nadie le cabe en la cabeza que se pueda  reformar a base del ‘ordeno y mando’ popular, sin contar con el consenso de las demás fuerzas parlamentarias, o al menos con el del PSOE que ya lo ha rechazado en los términos puntuales planteados por el PP, es decir por puro oportunismo y a medida de su exclusivo interés

En relación con la elección directa de los alcaldes que el PP quiere imponer ‘sí o sí’ y por la vía de apremio, el secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, advirtió inmediatamente en la red social Twitter que la única elección directa que busca el PP con su reforma de la ley electoral antes de las próximas municipales es la del propio partido: “El PP sólo busca una elección directa: la del PP”. Y claro está que acertaba.

Entre otras cosas porque, sin que nadie discuta la necesidad de una reforma profunda de la vigente ley electoral, su ‘oportunidad’ es cosa distinta. Y ahora es muy evidente que la propuesta concreta del PP es en tiempo y forma un traje cortado a su estricta medida, en defensa de un nuevo sistema que en la presente coyuntura les favorece de forma llamativa y sin la menor altura política; sistema que, de hecho, pondría en manos de los partidos independentistas los principales ayuntamientos y diputaciones de Cataluña y el País Vasco, en contra por supuesto de una mayoría absoluta no independentista en la que lógicamente se incluye el PP (sorprende que Alicia Sánchez-Camacho y Arantxa Quiroga apoyen la medida a pesar de que en sus respectivas comunidades beneficie a ERC y a Bildu).

La elección, ahora, de los alcaldes en base al criterio de ser los más votados directamente, no por vía ‘representativa’, es, dicho llanamente, una dura y pura tabla de salvación del PP frente a los malos datos que le anuncian los sondeos de opinión. La ley electoral es sin duda alguna perfectible en muchos aspectos, pero no sólo en ese, que tampoco es el más importante: el PP no se plantea, por ejemplo, las listas abiertas ni cambiar el porcentaje de exclusión en la adjudicación de escaños o el propio sistema d’Hont que refuerzan la representación de las mayorías en detrimento del de las minorías. Y tampoco habla de racionalizar los entes de la administración territorial (exceso de ayuntamientos; reiteraciones competenciales de éstos con comarcas, diputaciones, cabildos insulares…) o de profesionalizar su gestión.

Pero es que al margen de la oposición del PSOE, la iniciativa del PP he llevado a que José Luis Centella, diputado de IU, advirtiera inmediatamente que los plenos municipales deben representar a los vecinos y que, por tanto, el alcalde debe ser “aquella persona que sea capaz de recabar la mayoría social para gobernar”, cosa bien distinta de ser el partido más votado. Por su parte, Rosa Díez, líder de UPyD, partido que defiende la elección directa de alcaldes pero en ‘segunda vuelta, calificó la propuesta del PP de “atentado a la pluralidad”.

Y lo curioso del caso, como demuestra un vídeo que circula por la Red, el propio presidente Rajoy aseguró en febrero de 2013 que “todos los sistemas electorales son opinables y discutibles, y por supuesto que se puede modificar la ley electoral española, pero lo más importante es que cualquier modificación se haga con un gran consenso”. Y precisó: “Yo nunca modificaré la ley electoral por mayoría”.

Con todo, y tras un aluvión de comentarios y artículos de opinión críticos con la reforma maniobrera que plantea el PP para la elección de alcaldes, merece destacarse la aguda argumentación en contra que plantea Jorge de Esteban, prestigioso catedrático de Derecho Constitucional en la Universidad Complutense, en el siguiente artículo de opinión (El Mundo 21/08/2014):

Una reforma inaceptable

El propósito del PP, asumido por el propio presidente del Gobierno, de reformar la ley electoral para elegir directamente a los alcaldes a través de la lista más votada es completamente inaceptable por las siguientes razones.

En primer lugar, por motivos éticos, puesto que no se pueden modificar las normas electorales cuando faltan unos meses para los próximos comicios. Además, abusando de su mayoría absoluta, el Gobierno está dispuesto a realizar esa reforma en contra del PSOE, que ya ha avanzado que no está por la labor. Pero hay más, puesto que sería la primera vez que se modificase la ley electoral sin el consenso de los dos grandes partidos nacionales. Precisamente, el gran fracaso del Estatut de Cataluña se debió a que no se contó para su elaboración y aprobación con el PP y, ahora, éste quiere hacer lo mismo con el PSOE, con las consecuencias que se pueden presumir. Por lo demás, es inquietante que el PP, motivado por su pánico a perder su posición de poder, trate de engañar a los ciudadanos, encubriendo sus propios intereses partidistas mediante la afirmación de que es una medida de regeneración democrática, destinada a acercar las decisiones al pueblo.

En segundo lugar, es una reforma de dudosa constitucionalidad, pues el artículo 140 de la Constitución señala que «los alcaldes serán elegidos por los concejales o por los vecinos». Lo que viene a decir es que el régimen normal de elegir a los ediles es a través del voto de los concejales y, sólo en algunos casos excepcionales, por los vecinos en aquellos pequeños municipios en donde ni siquiera puede haber listas de partidos. Lo cual es lógico, porque nuestra democracia es parlamentaria y representativa, y eso significa que en todos los niveles, desde el presidente del Gobierno a los alcaldes, la elección de los mismos no es directa, sino por medio de representantes elegidos directamente por el pueblo, que a continuación eligen las personas concretas. Nuestro sistema no es presidencialista, por eso lo que realmente cuenta para el nombramiento de los cargos ejecutivos de gobierno son los escaños y no los votos.

De este modo, ya se ha dado el caso en Cataluña de que un partido que obtuvo más votos, pero menos escaños que otro, no alcanzó el poder. En este sentido, el alcalde representa al ayuntamiento, más que a los ciudadanos, aunque si el alcalde es concejal representaría tanto a unos como a otros. Y digo que «si es concejal», porque el artículo 140 citado no establece la necesidad de que el alcalde sea obligatoriamente concejal, por lo cual no es posible admitir que el número uno de la lista más votada sea automáticamente alcalde, tanto por la razón que acabo de apuntar como por la necesidad de que cuente con una mayoría para gobernar. Por otro lado, de adoptarse el sistema presidencialista de voto directo al alcalde, no habría control sobre el mismo, ya que tendría que suprimirse la moción de censura.

En tercer lugar, esta reforma es inaceptable también porque produciría una doble confusión. Por ejemplo, una de las modalidades que se presentan es el supuesto de que si la lista con más votos no tiene la mayoría absoluta, se podría establecer una segunda vuelta para las listas más votadas. Pero eso sólo es posible de forma clara en los sistemas mayoritarios uninominales, pero no en los sistemas de lista y proporcionales. Algunos inciden en esta confusión alegando que el artículo 9 de la Constitución de 1931 decía que «los alcaldes serán designados siempre por elecciones directas del pueblo o por el ayuntamiento». Lo cual evidencia una clara empanada constitucional en donde no se distinguen las churras de las merinas. Lo mismo se podría afirmar de ejemplos de otros países en donde se establece que para poder gobernar la lista más votada se le podría asignar una prima, en el sentido de disponer de una mayoría para poder gobernar. Se puede recurrir evidentemente a otras modalidades en lo que se refiere a la elección de los alcaldes, pero como ya he señalado, mientras que no se reforme la Constitución el alcalde tiene que ser elegido por los concejales y no por el pueblo mediante el voto directo.

Finalmente, esta reforma es ineficaz y hasta contraproducente, puesto que se parte de los resultados de las elecciones europeas para extrapolarlos y hacer las proyecciones pertinentes. Pero es erróneo, porque, por un lado, las elecciones europeas se basan en una circunscripción única para toda España y, por otro, las motivaciones de voto son completamente diferentes respecto de las generales, autonómicas o municipales. Por lo tanto, los resultados son muy difíciles de prever, cuando además el sistema de partidos está cambiando rápidamente. Si acaso, lo que sí se puede aventurar es que esta reforma, de beneficiar a alguien, sería más bien a los partidos nacionalistas, tanto en el País Vasco como en Cataluña.

En definitiva, espero que se pase esta calentura veraniega y que no se lleve a cabo una reforma electoral en contra de todos los demás partidos, pues lo que pone de manifiesto es que las medidas que necesita nuestra democracia urgentemente son precisamente las que no quiere el Gobierno.

Es decir, al margen de que se intente sacar adelante sin consenso político, también hay quien cuestiona la propuesta del PP desde la perspectiva constitucionalidad, lo que acarrearía reformar también la Carta Magna, cosa por otra parte necesaria por otros muchos motivos. Y ello lleva a reafirmar que la revisión del gobierno municipal, no es ni mucho menos la principal ni más urgente reforma que necesita nuestro sistema institucional, como muy bien sabe Mariano Rajoy.

Pero hay analistas que critican algo más que la posible inconstitucionalidad del proyecto falsamente reformista del Gobierno, convertido en una enorme  e intolerable ‘alcaldada’. A propósito del caso, Javier Pérez Royo, catedrático de Derecho Constitucional en la Universidad de Sevilla y comentarista político habitual, advertía en El País (22/08/2014) -y advertía bien- sobre la grave insistencia con la que el PP está arremetiendo contra el principio de legitimación democrática del poder:

Basta ya

Formalmente, la reforma de la elección de los alcaldes se va a tramitar como una reforma de una ley orgánica, pero materialmente es un decreto ley aprobado por el Gobierno. El contenido de la norma está decidido en su núcleo esencial, así como la fecha de su entrada en vigor. En mayo de 2015 los alcaldes serán designados con la fórmula que el Gobierno tiene decidida. Nadie puede llamarse a engaño.

Se trata de la segunda vez en estos últimos meses que el PP decide aprobar una ley orgánica de naturaleza constitucional prescindiendo de todos los demás partidos políticos. La primera fue la Ley Orgánica 4/2014, de 11 de julio, mediante la cual se introdujo en nuestro ordenamiento por primera vez en la historia constitucional española el aforamiento del rey tras su abdicación. De contrabando, a través de una “chapuza”, como se le escapó al presidente del Congreso, el PP resolvió este asunto, que habría exigido la aprobación de la Ley Orgánica prevista en el artículo 57.5 de la Constitución.

Con la pretensión de reformar el sistema de elección de alcaldes, el PP está a las puertas de repetir la operación. Desde la entrada en vigor de la Constitución en 1978 la fórmula para la designación del órgano de gobierno ha sido la misma en los tres niveles en que se articula nuestro sistema político. Los ciudadanos eligen directamente a los diputados en el Congreso o en el Parlamento de la comunidad autónoma y a los concejales en los municipios, y estos eligen al presidente del Gobierno, al presidente de la Comunidad Autónoma y al alcalde. Esta es nuestra Constitución representativa, que no se ha visto excepcionada en su vigencia en ningún momento.

Estatuto jurídico del rey tras su abdicación. Fórmula de expresión del principio de legitimación democrática en la renovación del poder municipal. Son dos materias de relevancia constitucional indiscutible, que, por su propia naturaleza, no pueden quedar fuera de lo que se entiende como consenso constitucional. La primera quedó fuera el 11 de julio. La segunda está a punto de quedar fuera en los próximos meses. Piezas importantes de nuestro ordenamiento constitucional van a ser el resultado de la decisión de un único partido.

En mi opinión, el asunto tiene tal gravedad que exigiría que los partidos de la oposición se negaran a participar en el simulacro de negociación que está ofertando el Gobierno. Los partidos deberían anunciar que renuncian a participar en la tramitación parlamentaria de la reforma. Rechazo frontal al proyecto o proposición de ley en el momento en que se deposite en el Registro del Congreso. Y nada más. Ni presentación de enmiendas, ni participación en el debate en comisión y en pleno, así como en la votación. Los partidos de la oposición no deben dar cobertura parlamentaria a lo que es una quiebra del consenso constitucional.

Lo que está en juego es la expresión del principio de legitimación democrática del poder, que se pretende alterar por primera vez desde la recuperación de la democracia tras la muerte del general Franco. Es un momento para decir BASTA YA.

Así, sólo cabe recordar al presidente del Gobierno por enésima vez consecutiva que, en contra de lo que dice y por lo que hace (y es seguro que como mentiroso e incumplidor manifiesto no cree en la mitad de lo que dice y de lo que hace), España no va bien. Ni en lo económico, ni en lo político; y mucho menos en lo social, que es por donde el PP pierde su crédito y votos a mansalva.

Al margen de cualquier afinidad o  disparidad partidista, parece que, en efecto, está llegando el momento de darles, a Rajoy y a su banda ‘marianista’, una buena lección sobre lo que se puede y no se puede hacer en democracia.

Fernando J. Muniesa

El pasado mes de noviembre, cuando el Gobierno de Ucrania se negó a firmar los acuerdos de Asociación y de Libre Comercio con la Unión Europea, se iniciaron las manifestaciones violentas del ‘Euromaidán’ forzando a que el Parlamento destituyera al presidente Yanukóvich, cambiara la Constitución y finalmente convocara una nueva elección presidencial anticipada para el 25 de mayo. Como reacción inmediata, varias regiones del este y el sur del país no reconocieron la legitimidad del Gobierno autoproclamado de Kiev y reivindicaron la federalización del país.

Entonces, ElEspíaDigital.Com comenzó a incluir en sus contenidos análisis y comentarios que advertían sobre las graves derivas de todo tipo (político, económico y social) que aquellos acontecimientos tendrían en Ucrania. Pero también en la relación ruso-ucraniana y en el equilibrio geoestratégico entre Rusia y el conjunto UE-OTAN.

De entrada, el nuevo Gobierno ucraniano enfrentó al Ejército con la rebeldía de esas regiones pro-rusas, iniciando lo que se ha terminado convirtiendo en una auténtica guerra civil. Novedades como la meteórica adhesión de la región autónoma de Crimea a Rusia y las réplicas de esa misma actitud separatista en otras provincias orientales de mayoría ruso-parlante, nos permitieron anunciar sin margen de error una escalada de tensión que la Comisión Europea no dejó de realimentar con unas absurdas represalias económicas contra Rusia, que por otra parte no han tenido el menor efecto sobre el escenario bélico ni para solucionar el problema de fondo.

El desprecio de la realpolitik aparejó graves errores analíticos y la toma de decisiones nefastas. Así, la posición inicial adoptada por la UE frente a la más que discutible ‘causa ucraniana’, se pudo descalificar de muchas formas (como injeridora, anexionista, desestabilizadora…), pero antes que nada como inoportuna, incoherente y temeraria.

Inoportuna ante la propia situación interna de la ‘Europa de los 28’, inmersa en una profunda crisis de crecimiento desestructurado y desmedido, indigesto por demás y que no deja de realimentar el euroescepticismo. Incoherente ante el apoyo dado previamente a la proclamación unilateral de independencia de Kosovo frente a Serbia (17 de febrero de 2008) bajo la propia supervisión de Estados Unidos y la UE, con el antecedente de las graves consecuencias producidas por la anterior desmembración poco afinada de la antigua Yugoslavia. Y desde luego temeraria porque ha pretendido romper nada menos que el estatus geopolítico en la Europa Central y del Este de forma gratuita y sin considerar la realidad histórica, cultural, social y por supuesto económica de Ucrania.

Con su torpe, gratuito y avasallador enfrentamiento con Rusia, se ha visto de nuevo una UE poco realista (fiada en los oscuros intereses de Estados Unidos), políticamente inoperante, burocratizada y enfrentada al Putin de la decisión y la acción conjugadas con la fuerza. En otras palabras, una actitud política sin duda extemporánea en el gallinero que hoy supone la Europa ‘a 28 bandas’, y que en pleno periodo electoral para la renovación de su Parlamento no ayudó en lo más mínimo a fortalecer su imagen institucional, sino más bien a acrecentar el desánimo y la abstención de los votantes.

Guerra económica antes que beligerancia militar

Lo curioso del caso es que, al contrario de lo que sucedió durante la ‘guerra fría’, hoy no existe ninguna confrontación ideológica con Rusia, sino que en gran medida lo pretendido por Estados Unidos y la UE no ha sido otra cosa que subordinarla a los intereses de la economía occidental y coartar sus aspiraciones de gran potencia, que enervan a la Casa Blanca. Dicho de otra forma, lo que se ha hecho es iniciar una ‘guerra económica’, utilizando como punta de lanza la política informativa y la creación de estados de opinión adecuados.

Al margen del acercamiento a territorio ruso de las bases OTAN, con la torpe connivencia de la UE -que a la postre se convierte así en un objetivo indeseado de respuesta militar estratégica-, las primeras decisiones de los aliados euroamericanos se han planteado justo en el terreno de la represalia económica. Antes incluso de que nadie pudiera comprobar la veracidad de los hechos que pretenden justificarlas (el apoyo militar a los rebeldes o la eventual implicación en la tragedia del Boeing 777 de Malaysia Airlines), sin medir el efecto de reacción consiguiente.

Y ya se sabe que Putin es un político que responde. Para empezar, vista la jugada de la OTAN en el plano militar y geoestratégico, la adhesión a Rusia de la región autónoma de Crimea sería bien demostrativa de esa capacidad de reacción. Pero es que, cuando Estados Unidos y la UE incrementaron las sanciones económicas en contra de Rusia, la respuesta ha sido igual de rápida y contundente, obligando a Ucrania a pagar sus facturas pendientes por la importación de gas y poniéndolo en máximo valor de cara al próximo invierno, cuestionando incluso el aprovisionamiento europeo.

¿Y cómo encaja la UE esa lógica respuesta rusa? Pues con más represalias económicas que vuelven a generar la correspondiente réplica, en este caso perjudicando ya seriamente la estabilidad y el crecimiento económico de toda Europa en momentos todavía difíciles en su lucha contra la crisis, al cerrar sus fronteras a los productos agroalimentarios comunitarios (a Washington esto le trae sin cuidado). Y con otras amenazas latentes en el campo del transporte aéreo mundial (ya se han prohibido los vuelos low cost de Ucrania a Crimea y los de tránsito con Armenia, Azerbaiyán, Georgia y Turquía), con efectos colaterales también sobre el turismo en España.

El stock de productos agroalimentarios generado en nuestro país al cerrarse las exportaciones a Rusia, no sólo conlleva importantes pérdidas directas, sino que además desestabiliza todo el sistema de precios y obliga a abrir nuevos mercados que en todo caso no serán tan boyantes como el ruso, a su vez ocupado de forma automática por nuestra competencia internacional. Isabel García Tejerina, ministra de Agricultura y Alimentación, no ha tardado en reconocer que “la crisis por el veto ruso refleja que falla la política de diversificación” y que encontrar clientes sustitutivos “no se consigue en un solo día”, exigiendo a Bruselas -culpable del descalabro- que facilite la retirada de excedentes…

Al conocerse la respuesta de Putin contra los productos agroalimentarios europeos, los embajadores de Argentina, Chile, Ecuador y Uruguay en Moscú se reunieron inmediatamente -en cuestión de horas- con Serguéi Dankvert, máximo responsable del Servicio de Inspección Agrícola y Ganadera ruso, para implementar los primeros acuerdos de compraventa en ese ámbito, que en 2013 ya generaron un negocio de 5.736,3 millones de euros según la Comisión Europea (Rusia es el quinto mayor importador de alimentos del mundo). Acuerdos a los que se sumarán otros países como Chile y Brasil, e incluso Egipto, que también ha comenzado a negociar el aumento de sus exportaciones a la Unión Aduanera integrada de momento por Rusia, Bielorrusia y Kazajistán.

Pero es que en el sector turístico español, va a suceder tres cuartos de lo mismo. El número de visitantes procedentes de Rusia ya ha caído un 14%, mientras fuentes del sector aseguran que este año puede descender hasta un 40%, afectando sobre todo a la Costa Dorada y manteniendo un reducto vacacional en Cataluña que es su destino principal en España.

La crisis en Ucrania y la devaluación progresiva del rublo en los últimos meses respecto al euro, algo que por otro lado favorecerá su posición comercial en el conjunto de los países BRICS (es decir, Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica), unidas a la recomendación del Gobierno para vacacionar en el propio país (la península de Crimea abierta al Mar Negro se relanzará como destino turístico interno) están frenando ya la salida de turistas rusos. De hecho, la reconducción de ese marcado ha provocado el cierre de algunos operadores rusos especializados en destinos europeos.

Todo ello quiere decir que la UE nos ha metido en un buen enredo. Aunque sus peores consecuencias serán para la propia Alemania -el gran poder europeo-, que se la juega en sectores más importantes y con mayor valor añadido para su economía, sólo por haber pretendido hacerse con el mercado ucraniano de la peor forma y en el peor momento posibles.

Para apreciar hasta qué punto se ha dislocado el tema, baste considerar las nuevas amenazas de más sanciones económicas de Ucrania contra Rusia, incluida la de prohibir el tránsito del gas ruso hacia Europa, vital sobre todo para la economía alemana (¿?). De hecho, el Gobierno de Angela Merkel ha reconocido que su economía se enfría a causa del conflicto de Ucrania, y ya se sabe que cuando los alemanes se resfrían el resto de los europeos pueden temer acertadamente una epidemia de pulmonía.

El pasado 7 de agosto, el propio presidente del Banco Central Europeo, Mario Draghi, advirtió de que los riesgos geopolíticos -con el conflicto de marras como amenaza principal para la zona euro- afectaban de forma negativa a la reactivación económica. Por su parte, el prestigioso instituto alemán ZEW, dedicado a la investigación de la economía europea, señaló que “el empeoramiento del clima económico está vinculado a las actuales tensiones geopolíticas internacionales”, haciendo referencia al conflicto en Gaza y, de forma particular, al cruce de sanciones entre Estados Unidos y la UE por una parte -la iniciadora- y Rusia por otra, a causa de la situación en Ucrania…

Putin, con la sartén por el mango

Y lo cierto es que las declaraciones realizadas por Dmitri Medvédev, primer ministro del Gobierno Federal de Rusia, sobre esta torpe guerra económica, de peligrosas consecuencias, son incuestionables: “Todas estas medidas son exclusivamente medidas de respuesta. Nosotros no queríamos que los acontecimientos se desarrollaran de esta forma. Espero sinceramente que el pragmatismo económico venza las malas consideraciones políticas y nuestros socios comiencen a pensar [antes de actuar] y no a amenazar ni limitar a Rusia”, agregando acto seguido que la colaboración económica “puede ser restablecida en su volumen anterior”.

Tras señalar en su comparecencia informativa que eso “es lo que nosotros quisiéramos”, Medvédev confesó que “hasta el último momento” Rusia había guardado la esperanza de que Occidente entendería “que las sanciones llevan a un callejón sin salida”. Reconociendo de forma expresa que “no hay nada bueno en ellas, pero teníamos que hacerlo”, añadió finalmente que estaba convencido de que su gobierno podrá “aprovechar esta situación” y convertirla en positiva para el país (la popularidad de Putin tras las decisiones que ha tomado en relación con el conflicto de Ucrania ha alcanzado su máximo histórico).

La triste realidad es que, ahora, el camino que escoja el presidente ruso será el que marque el destino de Europa a corto y medio plazo, lejos de lo que en esa situación pueda quitar o poner Estados Unidos, cuyos intereses estratégicos y de política exterior se centran más en el Oriente Medio tradicional o incluso en el ‘Gran Oriente Medio’. Así, Dmitri Trenin, director del Carnegie Moscow Center, expone en un equilibrado análisis de la situación recientemente publicado en El País (10/08/2014) que sólo su prudencia salvará la situación y que, pase lo que pase en Donetsk, las fuerzas rusas no deben cruzar la frontera ucraniana (hay otras formas de ganar esa guerra):

La crucial decisión de Putin

Desde que estalló la revolución del Maidán en Kiev el pasado febrero, Vladimir Putin se ha enfrentado a algunas de las decisiones más difíciles que ha tomado como presidente de Rusia. Las opciones que se le ofrecerán las próximas semanas, y las decisiones que tome, serán determinantes no solo para Rusia y Ucrania, sino también para Europa.

Tras el súbito derrocamiento de su poco fiable socio ucranio, Víctor Yanukóvich, Putin se enfrentaba a la perspectiva de una Ucrania gobernada por una coalición de nacionalistas radicales procedentes del oeste del país, antirruso por definición, y de figuras prooccidentales de la élite de Kiev, dispuestos a conducir a Ucrania hacia una coalición con la Unión Europea y, como Putin sospechaba, también hacia la entrada en la OTAN y, a efectos prácticos, hacia una alianza con Estados Unidos. Esto habría sido un desafío intolerable para la seguridad de Rusia y un impedimento para la aspiración del Kremlin de crear una Unión Eurasiática poderosa.

La respuesta de Putin a ese primer desafío ha tenido un doble efecto. A corto plazo, se ha asegurado de que, pase lo que pase en Ucrania, la región de Crimea, habitada por rusos e importante desde un punto de vista estratégico, no formará parte de ello. Lo ha logrado con precisión militar y sin disparar ni un solo tiro. Sin embargo, las subsiguientes esperanzas de las regiones del sur y este de Ucrania, en su mayoría de habla rusa, de formar una confederación apodada ‘Novorossiya’ (Nueva Rusia) y de conseguir que Kiev accediese a federalizar Ucrania han acabado mayoritariamente en fracaso. Solo dos de las ocho regiones han celebrado referendos de autodeterminación, que Kiev se ha negado a reconocer. Luego se produjo una sublevación, en Donetsk y Lugansk, que Rusia apoyó tácitamente.

La segunda decisión de Putin tenía que ver con las elecciones presidenciales ucranias del 25 de mayo de 2014. Para el dirigente ruso, los gobernantes que llegaron al poder en Kiev en febrero eran ‘putschists’, usurpadores. Sin embargo, decidió tener en cuenta la voluntad del pueblo ucranio, que por mayoría aplastante eligió a Petro Poroshenko, el principal promotor de la revolución del Maidán, como su siguiente jefe de Estado. Putin optó por una mezcla de apoyo a la sublevación de Donbass y de búsqueda, con la ayuda de Europa, de una solución diplomática en Ucrania, que habría protegido la seguridad y los intereses económicos y humanitarios de Moscú en el país vecino. Entre estos se encontraban: el rechazo a la entrada en la OTAN y a las bases estadounidenses en Ucrania; el mantenimiento de lazos económicos vitales entre ambos países; y un reconocimiento legal para la lengua rusa. Sin embargo, la estrategia de Putin se topó con la oposición de Kiev, que decidió aplastar la sublevación, a toda costa, y de Washington, que empezó a presionar a Rusia para que se retirase de Ucrania.

El derribo el 17 de julio de 2014 del vuelo MH17 de Malaysia Airlines ha sido achacado a Rusia por Estados Unidos y todos sus aliados, incluso antes de que empezase la investigación sobre la causa del desastre. Rápidamente, le aplicaron a Rusia unas estrictas sanciones ideadas para paralizar su economía y finanzas, abrir una brecha entre Putin y sus principales defensores individuales y sus votantes, y alimentar el resentimiento hacia el Kremlin entre la mayor parte de la población rusa. La respuesta de Putin a ello aún se está desvelando, pero es probable que sea generalizada y que traiga consigo un nuevo conjunto de políticas en todos los sectores clave, desde la economía hasta las relaciones étnicas, pasando por el control de las élites.

Aun así, la tercera decisión de Putin, todavía por venir, será más difícil todavía. La guerra en el este de Ucrania ya ha causado unas 1.500 víctimas mortales y más de 800.000 desplazados y refugiados, de los que cerca de 700.000 han cruzado la frontera para entrar en Rusia. Donetsk, una ciudad fronteriza de alrededor de un millón de habitantes, está medio desierta. Cuando el Ejército de Kiev, con todo el apoyo de Washington, emprenda una ofensiva final para arrebatarle el control de la capital a la ‘república del pueblo’ rebelde, y el número de víctimas civiles empiece a aumentar con rapidez, Putin se enfrentará al dilema de permitir a Kiev que aplaste a los aliados de Moscú mientras el Kremlin se mantiene al margen sin poder hacer nada, o intervenir con todas sus fuerzas, lo que metería a Rusia en un desagradable atolladero que puede ser mucho peor que la desventurada invasión soviética de Afganistán.

La prudencia dicta que, pase lo que pase en Donetsk, Rusia no debe invadir. Putin puede sobrevivir a la derrota de los rebeldes y, sin duda, tiene opciones de contraatacar en los frentes político y económico: Ucrania se enfrentará a desafíos muy importantes en ambos terrenos. Si, por el contrario, el dirigente ruso actúa de forma diferente y cae en la trampa en la que algunos de sus detractores quieren verlo, la crisis de Ucrania se convertirá de inmediato en una crisis rusa y, a continuación, en muy poco tiempo, en una europea. Ni siquiera Estados Unidos se librará de verse afectado. A quienes ahora reflexionan con solemnidad sobre las lecciones de la I Guerra Mundial les sorprendería descubrir que, mientras miran hacia otro lado, han pasado por alto una catástrofe que está teniendo lugar justo delante de ellos.

El mensaje ruso de conciliación y firmeza

Volviendo a nuestra crítica esencial sobre el fracaso europeo en la política exterior, ya puesta en máximo entredicho con la crisis de la ‘primavera árabe’ y el eterno conflicto entre Israel y Palestina, abre ahora la puerta a una mayor y decisiva influencia de Rusia en la zona del Mediterráneo, cuyas aguas llegan hasta el Mar Negro a través del estrecho del Bósforo. Y derivando las peores consecuencias de interrelación hacia el viejo continente (por ejemplo la emigración ilegal) y las oportunidades del comercio internacional hacia un eje que indefectiblemente pasará por Moscú; es decir, bloqueando la política euro-mediterránea, o haciéndola menos europea y más mediterránea.

Putin acaba de exhibir su poder sobre Crimea celebrando el pasado 13 de agosto en Sebastopol (base de la flota rusa en el Mar Negro) una llamativa reunión del Consejo de Seguridad de la República para discutir sobre el terreno “los problemas relativos a garantizar la seguridad en la república de Crimea y Sebastopol y las cuestiones relacionadas con el funcionamiento de los órganos de orden público”, según declaró el portavoz presidencial Dmitri Peskov. Éste señaló en su comparecencia ante los medios informativos que en la agenda de trabajo se incluía además la seguridad exterior, añadiendo que también se trataría el problema de la lucha contra la corrupción en el ahora denominado Distrito Federal de Crimea heredada de la anterior situación, de forma que dejó muy clara la firmeza de la posición rusa.

Por otra parte, su presencia en el nuevo territorio ruso se complementó con otra reunión de carácter político no menos importante, celebrada al día siguiente en la isla de Yalta, en la que la élite política rusa (asistieron unos 200 parlamentarios además de los principales ministros federales con el jefe del Gobierno a la cabeza) discutió las perspectivas de desarrollo de Crimea y los problemas de su integración al sistema jurídico, económico, financiero y social de la Federación Rusa, lo que exteriorizaba la importancia de la adhesión consumada el pasado 18 de marzo. Sin olvidar el hecho de que esta fuera ya su segunda visita a la nueva Crimea, y que la primera se realizara el 9 de mayo para conmemorar allí el triunfo ruso sobre los nazis, cuya importancia fue vital para los aliados europeos.

El mensaje que Putin lanzó a Occidente desde Yalta fue de conciliación, asegurando que Rusia no desea aislarse y que está abierta a continuar la cooperación internacional, aunque no a cualquier precio. Tras asegurar que su país hará todo lo posible para solucionar el conflicto ucraniano, declaró: “Debemos construir nuestro país tranquilamente, con dignidad y eficacia, sin aislarnos del mundo exterior y sin romper las relaciones con nuestros socios, pero sin permitir que nos traten despectivamente”.

El líder ruso afirmó que Ucrania “se ha hundido en el caos sangriento”, que cada día que pasa la situación se vuelve más dramática y que en el sureste de ese país “se ha desatado una enorme catástrofe humanitaria”, que a todas luces y de forma  bien lamentable Rusia es el único país dispuesto a paliar. Además, a ese respecto aseguró: “Haremos todo lo que depende de nosotros para que este conflicto cese lo más rápido posible”.

No obstante, advirtió que continuará defendiendo los intereses nacionales con firmeza: “Todos nuestros socios en el mundo deberían entender que Rusia, como cualquier otro poderoso país soberano, tiene varias vías y medios para defender sus intereses nacionales, y que estos medios incluyen a las Fuerzas Armadas. Pero esto no es una panacea y no pretendemos, como otros, ir corriendo por el mundo con una cuchilla y blandiéndola en todas partes. No obstante, todos deben entender que nosotros también tenemos estas cosas en nuestro arsenal”.

“Debemos consolidarnos y movilizarnos, pero no para una guerra ni para ningún tipo de confrontación, sino para trabajar duramente en bien de Rusia”, agregó. Y recalcó que la política exterior del país debe ser “pacífica”, aunque no tuvo complejo alguno para anunciar la creación, en paralelo, de un cuerpo militar específico para la defensa del territorio peninsular.

Putin también afirmó que las medidas con las que Moscú respondió a las sanciones occidentales, eran “de apoyo a los productores nacionales” y de apertura del mercado ruso “a los países que están a favor de la cooperación económica”. Al referirse a lo que Rusia ya ha hecho por Crimea, afirmó que, en concreto, las pensiones fueron subidas al doble (margen que también se ha incrementado en la mayoría de los sueldos que reciben los funcionarios públicos).

No obstante, añadió este significativo lamento sobre lo que significó la anterior situación en Crimea: “Queda mucho por hacer aquí, hay un enorme montón de problemas acumulados que no se han resuelto en decenios”, aprovechando para criticar a las autoridades ucranias, que en su opinión habían sacado mucho de la península ahora adherida a Rusia pero dando “muy poco, prácticamente nada” a cambio (un mensaje de gran alcance también para las regiones rebeldes). Putin aseguró que esta política del pasado había creado problemas en infraestructuras, en economía y de tipo social que ahora van a ser solucionados…

La Unión Europea sin voz única y propia

Por su parte, el Gobierno y el Parlamento de Kiev aprobaron la ley que permite introducir un amplio abanico de sanciones contra Rusia, pendiente todavía de ser promulgada por el presidente Petro Poroshenko para su definitiva entrada en vigor. La nueva norma otorga al Consejo de Seguridad Nacional y Defensa la facultad de bloquear activos, limitar operaciones comerciales o cerrar total o parcialmente el espacio aéreo.

El documento inicial incluía restricciones muy polémicas sobre la libertad de prensa que habían sido criticadas por la representante de la OSCE Dunja Mijatovic, que fueron retirados por los parlamentarios. En concreto se referían a la posibilidad de restringir o suspender los servicios de correo, las emisiones de radio y televisión y la circulación de medios de comunicación social.

Y en esa contraposición de intereses y actitudes políticas, la realidad es que la UE, tiene poca capacidad de influir o proyectar algún tipo de poder efectivo, a pesar de ser una gran potencia en su conjunto. Sobre todo porque en política exterior y de seguridad común (PESC) se muestra incapaz de hablar con una voz única y propia, quedando siempre en evidencia su subordinación a las pautas marcadas por Estados Unidos, a las elucubraciones de la OTAN y a los intereses económicos concretos de los países miembro más fuertes (Alemania, Francia, Inglaterra…).

Esas divergencias esenciales de la política exterior comunitaria, sin voz ni acción únicas, ya se evidenciaron como características durante las guerras yugoslavas iniciadas en 1991, continuando en la Guerra de Irak de 2003 (mientras países como Reino Unido, España, Italia o Polonia la apoyaron de forma decidida, el eje franco-alemán se posicionó en contra). Y se volvieron a percibir de forma quizás más incongruente en 2011, cuando cinco estados miembros (Chipre, Eslovaquia, Grecia, España y Rumanía) no reconocieron la independencia de Kosovo.

Ese mismo año, once miembros de la UE dieron su voto a favor de la admisión de Palestina a la UNESCO, mientras que cinco votaron en contra, con once abstenciones. Y un año después, en 2912, catorce dieron su apoyo a la admisión de Palestina como observador de la ONU, con un voto en contra y doce abstenciones.

Es evidente, pues, que en la UE existen tantas visiones de política exterior como Estados, incluso en las referidas al propio continente que les acoge. Claro está que aún es peor que, cuando en las contadas ocasiones que en su seno se toman decisiones de forma más o menos unánime y sin grandes divergencias, éstas sean erróneas y generen reacciones perniciosas, como ha ocurrido en el caso de la ‘crisis ucraniana’.

Entonces, lo sensato es plegarse a lo aconsejado por el reconocido poeta y ensayista inglés del siglo XVIII Alexander Pope: “Errar es humano, perdonar es divino, rectificar es de sabios”. Y no hay más cera que la que arde, aunque los necios tengan que rectificar todos los días.

Fernando J. Muniesa

Poco menos que pronunciándose ‘ex cátedra’, es decir en tono magistral y decisivo como cuando el Papa enseña a toda la Iglesia, o define verdades pertenecientes a la fe o a las costumbres, el presidente Rajoy ha decidido iniciar sus vacaciones veraniegas tratando de eliminar cualquier sombra de duda sobre lo bien que gobierna el país. Y para ello ha dictado un parte de guerra durante su balance del curso político ante los medios informativos (01/08/2014) ciertamente gratuito, afirmando sin rubor alguno no que la economía sigue más o menos estancada y sin perspectivas claras de futuro (que es como está), sino que “la recuperación ha venido para quedarse” y que éste es un “pronóstico inapelable”: así que todos a la playa y aquí paz y después gloria…

Y para confirmar el milagro -llegados a este punto estaríamos sin duda ante un hecho sobrenatural- el vicesecretario de Política Local y Autonómica del partido en el Gobierno, Javier Arenas, aseguró acto seguido, durante su intervención en la Escuela de Verano del PP de Punta Umbría (Huelva), que “tras cumplir con los españoles para salir de la crisis, ha llegado el momento de cumplir nuestro programa electoral”. Afirmando que también éste es el momento de quedar como señores “con los votantes del Partido Popular”.

De paso, ni corto ni perezoso, Arenas se refirió también a la reforma electoral que propone el PP para que los alcaldes más votados gobiernen directamente; algo que, según él, “tiene el amplísimo respaldo de la opinión pública española”, porque “nadie puede estar tranquilo si gobierna por un acuerdo en un despacho”. Y uno no tiene más remedio que preguntarse, entonces, cómo hemos podido vivir desde 1978, incluidas las legislaturas gobernadas por su partido, con un sistema tan aberrante y que, hasta ahora, agobiados por la probable pérdida de sus mayorías absolutas tanto municipales como autonómicas, no se les hubiera ocurrido cambiarlo.

Pero, lanzado abiertamente por la senda del surrealismo político, terminó de liarse la manta a la cabeza afirmando que los ediles de su partido “expresan lo más puro de la vocación política”, y que quienes quieran encontrar lo más puro de la política “vayan a los ayuntamientos donde el PP tiene alcaldes y concejales”. Y lo grave, gravísimo, es que parece que se lo cree, razón por la que poco regeneracionismo cabe esperar dentro de su partido.

Claro está que hace más de un año, en el Consejo de Alcaldes del PP de Málaga celebrado el 11 de mayo de 2013, este ‘pico de oro’ de la política ya había afirmado de forma tajante: “Tenemos tiempo para aplicar nuestro programa, para reconciliarnos con sectores que viven con preocupación algunas decisiones que hemos tomado y tenemos tiempo de recoger los frutos”. Y asegurado que entonces ya se tenía superada la primera etapa de la legislatura (la de “apagar fuegos, afrontar la herencia y corregir los grandes desequilibrios que recibimos del Gobierno anterior”) y que “más bien pronto que tarde vamos a recoger esos frutos”…

Las encuestas oficiales siguen hundiendo al PP

Lo que pasa es que esa previsión de “tiempo sobrado” y de una satisfactoria “recogida de frutos”, no se compadece con el batacazo cosechado por el PP en los comicios europeos del pasado 25 de mayo, un año después de las esperanzadas declaraciones de Arenas. Ni tampoco con la última encuesta barométrica del CIS (Centro de Investigaciones Sociológicas), que sigue mostrando la continua e inexorable caída del PP, desde el 44,63% de los votos que obtuvo en las elecciones generales de noviembre de 2011 hasta el 30% estimado ahora por el instituto demoscópico del Gobierno (Estudio 3033 - Julio 2014).

Es decir, aunque el PP pudiera tener todo el tiempo del mundo para recoger los frutos de su política, nada indica que éstos vayan a ser positivos, sino más bien lo contrario. Porque eso es lo que desde hace dos años y medio vienen indicando todas las encuestas.

Otra cosa muy distinta es que enfrente de su discutible política económica y de su pobre determinación reformista, se encuentre con una alternativa de gobierno socialista totalmente descompuesta que le permita seguir siendo el partido más votado, aunque ya a años luz de la posible mayoría absoluta que, dada su escasa sociabilidad política, le es imprescindible para poder gobernar. Y con un continuo crecimiento del conjunto de las opciones de oposición.

Cierto es que, según las estimaciones del CIS, el PP hoy podría ganar unas elecciones generales con el 30% de los votos y a pesar de haber perdido uno de cada tres electores previos y con nueve puntos de ventaja sobre el PSOE, que de momento se encuentra en plena crisis de supervivencia. Pero no lo es menos que, con todo, las tres fuerzas nacionales ‘progresistas’ alcanzarían conjuntamente el 44,7% de los votos: un 21,2% del PSOE, un 15,3% de Podemos y un 8,2% de IU.

Paréntesis: Sobre UPyD cabe decir que se apunta el inicio de su retroceso electoral, bajando al 5,9% tras haber alcanzado una cota máxima del 9,2% en el Barómetro de enero de 2014, quizás por no haber fijado posiciones políticas más radicales y comenzar a confundirse con el establishment político.

Una dinámica pre-electoral bastante comprometida para el PP que todavía lo es más si nos atenemos a la pregunta de ‘a quién se votaría en el supuesto de que mañana se celebrasen elecciones generales’ (intención directa de voto). Las respuestas marcan diferencias aún más apretadas entre los tres primeros partidos y con mayor ventaja para el conjuntos de las formaciones consideradas de izquierda: PP 12,8%, Podemos 11,9%, PSOE 10,6%, IU (ICV en Cataluña) 6,2% y UPyD 3,5%.

Otro factor que apunta igualmente al hundimiento electoral del PP, es la pésima imagen pública que proyecta el Gobierno de Rajoy. La valoración social que vienen mereciendo sus trece ministros, que ni en su origen logró una aprobación mínima, ha decaído medición tras medición hasta obtener una nota media de sólo 2,28 puntos sobre 10; algo que no tiene precedentes en el nuevo régimen democrático y sin que su presidente tenga la más mínima intención de reajustarlo.

Pero ahí no queda la cosa. Cuando el CIS requiere de sus encuestados opinión sobre la gestión que, en su conjunto, está haciendo el Gobierno, sólo un 0,6% cree que es ‘muy buena’ y un 7,5% que es ‘buena’; mientras que un 23,7% cree que es ‘regular’, un 27,2% que es ‘mala’ y un 39,8% que es ‘muy mala’. Dicho de otra forma, una inmensa mayoría del 90,7% cree que el Gobierno no hace bien su trabajo. ¿Y cómo puede esperar entonces el PP que sus expectativas electorales evolucionen de forma favorable…?

Y si el requerimiento se refiere a la ‘confianza’ que el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, inspira a los encuestados después de ejercer como tal durante casi tres años, sus respuestas son igual de negativas. Sólo el 2,2% declara que le inspira ‘mucha confianza’ y un 10,9% que ‘bastante confianza’; mientras que al 24,3% le inspira ‘poca confianza’ y al 61,4% ‘ninguna confianza’. Es decir, que de nuevo un amplísimo 85,7% de los encuestados no se fía de Rajoy ni un pelo. Y eso es lo que hay, recogido y analizado por el CIS.

La contumacia del balance político prefabricado

Claro está que Mariano va a su bola y decreta lo que le viene en gana. Eso sí, apoyado en balances prefabricados que los adláteres y corifeos de turno se tragan doblados, como las cabras montunas que se comen los periódicos como si fueran deliciosos espárragos trigueros. Sin ir más lejos, uno de los fundamentos de su gloriosa e “inapelable” declaración pre-veraniega (“la recuperación ha venido para quedarse”) es que se consolida la creación de empleo.

Y, a tal efecto, Rajoy contempla que el paro registrado en el mes de julio bajó en 29.841 personas, pero no que con el dato desestacionalizado subió en 32.357. Y que en el mismo mes la Seguridad Social ganó por su parte 62.108 afiliados, pero que también en términos desestacionalizados la cifra se limita a 11.859 afiliados nuevos.

Nada se dice tampoco de que entre 2011 y 2014 la cifra de población activa ha caído de 23,4 millones de personas a 22,9 millones, es decir que baja el paro pero también baja la ocupación. Y también se oculta que si bien la contratación indefinida creció dos dígitos respecto a 2013, el empleo nuevo es en esencia temporal y a tiempo parcial, con apenas un 4% de los nuevos contratos firmados con carácter indefinido o a tiempo completo.

De los 1,64 millones de contratos firmados en el mes de julio, sólo 114.071 fueron indefinidos (un 18,4% más que en 2013), mientras que 1,5 millones fueron de carácter temporal, un 8,5% más que en 2013. Y este nuevo rumbo laboral significa que aunque se genere empleo (que en verdad tampoco se genera), las horas trabajadas caen de forma muy significativa; es decir, cae el paro pero sin que aumente la carga laboral.

Así, según muestra el INE, en el segundo trimestre de  2013, con un cuarto de millón de ocupados menos, se contabilizaron 581.649 horas de trabajo a la semana, frente a las 577.783 del mismo periodo de 2014. De forma que el cuento marianista de que se consolida la creación de empleo hay que leerlo en sus justos términos, que no son para tirar los cohetes que tira Rajoy, ni mucho menos…

Otro tanto cabe decir de la segunda circunstancia que ha llevado al presidente del Gobierno a lanzar las campanas al vuelo de su imaginado éxito político (la consolidación del crecimiento económico), como quien a fuerza de repetir la parábola de la multiplicación de los peces y los panes espera que el milagro se haga realidad.

Porque si el PIB ha dejado de ser decreciente para alcanzar una tasa de crecimiento interanual del 1,2% en el segundo trimestre, superando en una décima el calculado por el Banco de España, siendo la segunda tasa positiva tras diez trimestres consecutivos de retrocesos interanuales, ello no marca una tendencia de crecimiento estable porque sus condicionantes son la aportación de la demanda nacional, la inversión empresarial y el efecto del sector exterior, todavía básicamente inestables.

Por ello, el optimismo del ministro de Economía y Competitividad, Luis de Guindos, al adelantar que el PIB crecerá cerca del 1,5% en 2014 y alrededor del 2% en 2015, no deja de ser una estimación especulativa con tintes de propagandismo político, pendiente de verificación y sujeta a las reformas fiscales que seguirán cargando contra el consumo. De hecho, la propia CEOE ha manifestado que hay que esperar unos meses para hablar “con certeza” de un “cambio de tendencia”, mientras que el Servicio de Estudios del BBVA cree que estos resultados semestrales sólo merecen un “aprobado” y que son peores de lo esperado, por el deterioro del sector agrario y el comportamiento “decepcionante” del sector servicios, por poner algunos ejemplos de opiniones contrapuestas al triunfalismo del Gobierno.

Pero es que el crecimiento económico, que no criticamos en sí mismo, y que se refleja en el aumento del PIB y se asocia a la ‘productividad’, puede ir acompañado de ‘externalidades’ socialmente negativas, ya que el aumento del valor de los bienes que produce una economía, también está relacionado obviamente con lo que se consume o con lo que se gasta. No vamos a entrar aquí en teorías económicas profundas, pero es evidente que el PIB per cápita de un país, reflejo de su crecimiento económico, no se puede usar cómo la única medida de la mejora de su bienestar socio-económico, porque existen otros muchos factores correlacionados estadísticamente con el mismo, en términos materiales y de otro tipo.

De esta forma, es decir tratando de decretar el fin de la crisis en base a una supuesta consolidación del empleo y del crecimiento económico, el Gobierno de Rajoy es, además de falsario, ingenuo, sobre todo en términos de su pretendida recuperación electoral. Ese objetivo político se alcanza por otras vías más perceptibles socialmente, hoy por hoy ignoradas o despreciadas por el PP…

El fantasma de las promesas electorales incumplidas

Bien está que el Gobierno quiera jugar la baza del optimismo y la confianza, pero dejándose al mismo tiempo de políticas tentativas y apostando mucho más en paralelo por la economía productiva. Los sucesivos desplantes de Rajoy (“estamos pisando terreno sólido”, “los españoles tienen  ahora un fundado derecho a la esperanza”, “España desconcierta a los analfabetos financieros” o “el crecimiento ha venido para quedarse”) están muy bien como expresiones tácticas de una política de comunicación de pura supervivencia, pero de nada valen si no se acompañan de una política económica acorde con las verdaderas exigencias de la crisis.

Rajoy se jacta de que sus previsiones se están cumpliendo, al haber anunciado que 2012 sería el año de los ajustes; 2013 el de las reformas y 2014 el de la recuperación. Pero lo cierto es que, además de tremendos, los ajustes fueron desacertados; las reformas de chicha y nabo (o inexistentes) y la recuperación todavía un proyecto, por no decir una falacia de momento sin mayor sustanciación.

Y referencias comparativas del déficit reformista del Gobierno, sobran por todas partes. Ahí tenemos, sin ir más lejos, la reducción del número de regiones anunciada en Francia, pasando de 22 a 13, formando entidades territoriales más operativas y ahorrando gastos administrativos. Una pauta seguida también en países como Polonia, Dinamarca, Grecia, Suecia…, que permite visualizar un reformismo serio y socialmente convincente; el mismo que se ha exigido a Rajoy de forma infructuosa en ese y en otros muchos campos de clara y evidente necesidad.

Pero en los balances políticos y económicos de Rajoy queda, en cualquier caso, una asignatura pendiente y de gran importancia política: la extensa lista de promesas electorales incumplidas. Porque, a este paso, sólo una de ellas (la más desafortunada de modificar la vigente ‘ley del aborto’) parece en vía de cumplimiento.

Javier Arenas acaba de asegurar que, una vez decretado por Rajoy el “inapelable” fin de la crisis, “ha llegado el momento de cumplir nuestro programa electoral” para hacer bueno lo que se prometió a los frustrados votantes del PP. Pues pónganse a ello de una vez el Gobierno y el partido que lo sustenta, porque el tiempo perdido ha sido mucho y el que queda no deja de ser escaso, sobre todo si esas promesas se han de cumplir antes del próximo mes de mayo, que es cuando la ciudadanía volverá a ajustar cuentas políticas al celebrarse elecciones locales y autonómicas.

Tarea difícil, porque la ristra de promesas incumplidas por Rajoy es tan larga y está tan perjudicada que excede con mucho la capacidad de su Gobierno multiplicada por sí misma. Todas ellas son bien conocidas, pero para dejar en evidencia la alharaca lanzada por Javier Arenas, recordemos algunas que, por haber sido ejecutadas en contrario, ya son de imposible cumplimiento:

A pesar de todas sus mentiras y omisiones de la verdad, y no digamos de la llamativa patada que ha dado a la ciudadanía -incluyendo a simpatizantes del PP- con su polémica reforma de la ‘ley del aborto’, que en Europa sólo ha aplaudido el extremista Frente Nacional liderado por Marine Le Pen, o de su connivencia con el PSOE para implementar una política de excarcelación de etarras antes calificada poco menos que de abominable (‘caso Bolinaga’), Rajoy no ha logrado enderezar el rumbo del país. Ni por asomo, y a pesar del ‘cheque en blanco’ que tan generosamente le otorgaron los votantes con la mayoría parlamentaria absoluta del 20-N.

Aún más, lo que sí está haciendo Rajoy, es entretener la crisis económica y realimentar algunos de los problemas más serios y preocupantes de la crisis institucional que están llevando la democracia a punto del estallido. Como, por ejemplo, reforzar la malsana dependencia político-partidista del Poder Judicial y de los altos organismos del Estado, empezando por el Tribunal Constitucional, o seguir consolidando de forma más o menos soterrada pero cierta la peligrosa España ‘asimétrica’, que bien puede terminar siendo la España ‘rota’.

Pero Rajoy ha mentido como jefe de la oposición política y jefe del gobierno, sino también como jefe del PP. Porque lo de negar a ultranza la financiación ilegal de su partido o el reparto de sobres de dinero negro entre su cúpula directiva, de clarísima evidencia pública, es el colmo del cinismo y la desfachatez política. Y miente también cuando niega por activa o por pasiva la corrupción y el comportamiento delictivo de cientos de cargos públicos del PP relevantes ya condenados, y otros muchos más imputados en cientos de causas judiciales, asentados en esas prácticas desde hace tiempo…

Una situación que no deja de ser cierta por mucho que se quiera negar, y cuya denuncia es necesaria para combatir la abrumadora avalancha de propaganda gubernamental. Y una realidad que hoy por hoy identifica de forma bien precisa a Mariano Rajoy ante los electores, que en los sondeos demoscópicos le vienen asignando la peor valoración jamás alcanzada en el nuevo régimen democrático por ningún presidente del Ejecutivo (incluido ZP).

O sea, que menos cuentos triunfalistas, menos propagandismo y más talento y trabajo para reconocer y solucionar de verdad los problemas del país, tanto económicos como políticos y sociales, que es su obligación. Y recuerde Rajoy la sabia advertencia de Heródoto, uno de los más perspicaces observadores de la historia: “Los dioses gustan de echar abajo a quienes se elevan demasiado”.

Fernando J. Muniesa

Poco antes de comenzar la X Legislatura, cuando el desastre del gobierno ‘zapateril’ anunciaba una rotunda victoria del PP en las elecciones generales de noviembre de 2011, la eclosión del ‘caso Gürtel-Bárcenas’ reactivó la imagen de podredumbre del Estado español. La caída del PP en el proceloso mundo de la financiación ilegal, mostró el efecto de ‘mancha de aceite’ con el que el fenómeno de la corrupción política ha invadido hasta el último rincón del país.

Lo pusimos de relieve en una Newsletter titulada precisamente España, encanallada en la corrupción política, y lo tuvimos que reafirmar en algunas otras (La corrupción política y la rebelión social, El ‘caso Gürtel-Bárcenas’: la verdad os hará libres, El ‘caso Gürtel-Bárcenas’ lleva a Rajoy y al PP a la hoguera pública...).

En una de ellas glosábamos un artículo de opinión titulado ‘La corrupción revisitada’ (El País 06/03/2013), publicado por el catedrático de Sociología de la Universidad Complutense de Madrid Enrique Gil Calvo, en el que describía la corrupción no como un fenómeno puntual de nuestra historia más reciente, sino como un factor sintomático arraigado en el actual Estado constitucional. Y en él afirmaba que para las generaciones maduras que han vivido la Transición, el síndrome de la corrupción ya resulta fastidioso “por reiterado, redundante y archisabido”, hasta el punto de padecer la familiar sensación del déjà vu, del retorno de lo ya vivido en tiempos pasados.

Decía Gil Calvo, que la corrupción política desatada en España hace algo más de veinte años, causa del mandato terminal del presidente González y de la primera gran crisis del PSOE, fue anatemizada por todas las fuerzas opositoras con tres palabras definitivas: paro, despilfarro y corrupción. Una especie de jaculatoria malévola que hoy se podría parafrasear aplicándola también perfectamente al primer mandato presidencial de Rajoy, marcado de forma parecida por el paro, el empobrecimiento y la corrupción, aunque él sostenga otra cosa.

Los elementos coincidentes entre las dos ‘recrecidas’ de la corrupción (la vivida durante el felipismo -enquistada en Andalucía- y la del marianismo), son evidentes: mayorías parlamentarias significadas con gran concentración del poder, financiación ilegal de los partidos políticos, falta de transparencia contable, proliferación de ‘conseguidores’, guerra de trincheras mediáticas…

Pero, sobre todo, ambas manifestaciones del fenómeno han conllevado la misma falta de respuesta por parte del poder político y de las instituciones del Estado, con una sistemática cerrazón para reconocer las evidencias publicadas, asumir o perseguir de oficio responsabilidades, dar explicación pública de las tropelías cometidas… Y con tácticas defensivas también muy parecidas, basadas en el victimismo, en negar las acusaciones contra el propio partido y arremeter contra el oponente (el recurrente ‘y tú más’) y, a veces, en una desvergonzada denuncia de conspiraciones contra los corruptos absolutamente imaginarias e incluso en la deslegitimación de las protestas ciudadanas contra la insistente corrupción y delincuencia política: puro despotismo.

Pero, a pesar de la similitud de los factores que subyacen en las dos crestas más escandalosas de la corrupción, la actual es mucho más preocupante en la medida que se trata de una ‘repetición’ del fenómeno (lo sucedido en la última legislatura presidida por Felipe González fue algo ‘sobrevenido’ en el nuevo régimen). Y también es más perniciosa, porque el descrédito que conlleva condiciona muy seriamente la superación de la crisis económica, acompañada con una situación agónica de las instituciones públicas que los partidos mayoritarios no tienen intención de resolver.

La primera embestida de la corrupción (la generada con el PSOE), podía tener remedio porque entonces existía un partido de recambio razonable en la oposición (el PP). Pero hoy, y a fuerza de mostrarse intensivamente, la corrupción se ha convertido en una adicción insuperable y en una lacra de muy difícil erradicación, sin que todavía exista una alternativa política capaz de asumir tal responsabilidad con un mínimo de credibilidad…

La corrupción abrasa al Estado español

En la larga media legislatura que llevamos a la espalda, se ha escrito lo indecible sobre la corrupción política, en particular sobre cuatro de sus más vomitivas muestras (el saqueo de las Cajas de Ahorro, el ‘caso Gürtel-Bárcenas’, los falsos ERE de Andalucía y el ‘caso Nóos’), acompañadas por supuesto del continuo goteo de otras más particularizadas pero no menos escandalosas, proliferantes a todo lo largo y ancho del país (Millet, Munar, Cotino, Fabra, Del Nido, Díaz Ferrán, Roca y los ‘malayos’ marbellíes, los ‘Pokemon’…).

Y más se debería haber escrito todavía de otros delincuentes institucionales o corporativos, como los bancos que condonan deudas políticas estafando a sus accionistas, jueces y fiscales prevaricadores, gobiernos que indultan bajo pedido, empresarios enriquecidos a base de ‘obras por comisiones’, grupos periodísticos que callan o malversan la verdad de los hechos contra sus cuentas publicitarias…

Total, que estamos ante un Estado corrupto asentado en la cleptocracia institucional, con miles de procesos judiciales llenos de encausados que son o han sido cargos políticos (alcaldes, ministros, presidentes y consejeros de gobiernos autonómicos… y hasta una Infanta de España), en el que ya roba hasta el Tato. Eso sí, sólo se conocen los que estallan sobrepasando los filtros de ocultación o dilución temporal (mediante bucles en la investigación policial y judicial), convenientemente aplicados por el sistema para su mejor digestión social.

Así, la corrupción, instituida como un derecho adquirido o una ‘licencia política’ bajo impunidad efectiva, ha venido progresado desde hace años de forma geométrica, con la fatal consecuencia de la tolerancia institucional y el desentendimiento ciudadano. Estamos, pues, ante “la banalización de la corrupción” -sostiene el profesor Gil Calvo-, como diría también la filósofa alemana de origen judío Hannah Arendt, especialista en Teórica de la Política, partidaria de la democracia ‘directa’ frente a la ‘representativa’ y pensadora tan respetada como influyente en el siglo XX.

Claro está que esta banalización de la corrupción, hoy normalizada en España, tiene su origen en el mal gobierno y no en la naturaleza de los gobernados. Dante Alighieri, ‘il Sommo Poeta’ de Italia (el Poeta Supremo), ya lo advirtió en el tránsito del Medioevo al Renacimiento: “Tú ves que el mundo es mezquino porque está mal gobernado, no porque nuestra naturaleza esté corrompida”.

Y esa es una percepción muy asentada en nuestra actual y más denigrante realidad que se podría remarcar con otra afirmación de Ortega y Gasset no menos acertada: “El encanallamiento no es otra cosa que la aceptación como estado habitual y constituido de una irregularidad, de algo que mientras se acepta sigue pareciendo indebido”. Pues en eso estamos, encanallados en la corrupción.

La situación es tan cierta que, dentro de un marco general extremadamente tenso y denigrante, la corrupción y el fraude se han convertido de forma progresiva en la segunda gran preocupación ciudadana, superada sólo por el paro. Hace mucho tiempo que en las encuestas barométricas del CIS (Centro de Investigaciones Sociológicas) esta lacra es “el principal problema que existe en España” más o menos para el 40% de la población. Una inquietud que se sitúa sólo por detrás del paro e incluso por delante de las de índole económica, que ya es decir; y desde luego muy por delante de otras graves preocupaciones sociales relacionadas con el desgaste y la mala imagen de la clase política, con la asistencia sanitaria, el sistema educativo, la banca o la política de recortes…, que antes prevalecían sobre el fenómeno de la corrupción.

Pero si saltamos de la delicada ortodoxia política con la que trabaja el CIS a otras investigaciones menos contemplativas, el problema de la corrupción se muestra en toda su virulencia. En febrero de 2014, la Comisión Europea presentó un primer informe sobre la lucha contra la corrupción en la UE (Corruption Report 2014) que revela el altísimo nivel de corrupción que los españoles perciben en nuestro país.

De hecho, en él se refleja que España es uno de los países en los que los ciudadanos detectan mayores niveles de corrupción y donde esta mala práctica afecta más a su vida diaria. Mientras en el ámbito europeo un 76% de los ciudadanos comunitarios manifiesta tener la sensación de vivir en un contexto de corrupción generalizada, en España la cifra alcanza el 95% y es tan sólo superada por Grecia (con un 99%) e Italia (con un 97%).

España juega en el tercermundismo de la corrupción

Por su parte, la organización no gubernamental Transparency International (TI), que promueve medidas contra crímenes corporativos y corrupción política en el ámbito internacional, también es muy pesimista al respecto (define la corrupción como el abuso del poder para beneficios privados que perjudica a la colectividad y que depende de la integridad de las personas en una posición de autoridad).

De acuerdo con lo recogido en la edición de 2013 del Índice de Percepción de la Corrupción (CPI) de TI, España fue el segundo país, tras Siria, en el que más aumentó el fenómeno respecto al año anterior, cediendo seis puntos sobre la pasada edición (de los 65 -sobre un máximo de 100- pasó a los 59), para descender en la escala de menos a más corrupto de la posición trigésima hasta la cuadragésima, lo que la sitúa por detrás de Brunei y Polonia y justo delante de Cabo Verde.

Frente a esta caída -y al derrumbe de nueve puntos de Siria, desgarrada por una guerra civil-, la clasificación dada a conocer en 2013 se caracteriza por la estabilidad y registra escasos cambios de posición y puntuación, salvo en el caso de España. A nivel europeo, nuestro país queda así relegado a la mitad inferior del ranking, por debajo de Chipre y Portugal y sobre Lituania y Eslovenia, y cada vez más lejos de los países del norte y centro del continente que abren la clasificación.

Dinamarca sigue siendo el país percibido como más transparente a nivel europeo y mundial -suma 91 puntos sobre el máximo posible de 100-, mientras que Grecia repite como nación más corrupta del continente en el puesto 80 (40 puntos), a la altura de China.

A nivel internacional, Somalia, Corea del Norte y Afganistán, con tan sólo ocho puntos, son los países percibidos como más corruptos del mundo según TI, y Dinamarca y Nueva Zelanda los más transparentes al alcanzar 91 puntos.

Entre las grandes potencias, Estados Unidos se sitúa en el puesto 19 con 73 puntos, China en el 80 (40 puntos), Japón en el 18 (74), Alemania en el 12 (78), Reino Unido en el 14 (76), Rusia en el 127 (28), Brasil en el 72 (42) e India en el 94 (36).Cierran este ranking mundial países sin estructuras estatales debido a guerras, conflictos o catástrofes naturales, como Somalia, Afganistán, Sudán y Sudán del Sur, Libia, Iraq, Siria, Yemen y Haití.

Los escándalos de corrupción destapados y juzgados en los últimos años en España han evidenciado las ‘debilidades estructurales’ del marco jurídico y legal, de las que el sistema de adjudicación de contratos públicos o la normativa sobre uso del suelo son una buena muestra. Otra circunstancia que facilita la corrupción es la gran cantidad de cargos político-partidistas incorporados a las administraciones públicas.

Además, la sensación de impunidad de los corruptos en España aumenta debido a la lentitud con la que opera el sistema judicial. En opinión de los expertos de TI, la recientemente aprobada nueva ley de transparencia española es “débil”, carece de “claros castigos” para los infractores, deja mucho margen a la “discrecionalidad” de los funcionarios y no reconoce el derecho a la información de los ciudadanos.

Y un paradigma de esta situación se acaba de dar con la condena impuesta a José Luis Baltar, ex presidente de la Diputación de Ourense en nombre del PP, por un delito de prevaricación al ‘enchufar’ a 104 amiguetes en dicho organismo a principios del año 2010: nueve años de inhabilitación para el desempeño de cargos públicos cuando con 74 años cumplidos ya se encuentra totalmente retirado de la política.

Según la sentencia -intrascendente a más no poder-, el cacique ourensano

utilizó la Diputación que presidía como “una empresa privada” y contrató “a quien le parecía oportuno”, saltándose “consciente y deliberadamente” toda la normativa que rige la contratación pública, “como quien dispone legítimamente de algo privado”. Además, la sentencia advierte de que “ser presidente de una diputación no es una propiedad de la que pueda hacer el uso que bien le parezca su titular, es un cargo público sujeto a la ley” y que, fuera de ella, “no existe sino capricho y arbitrariedad”.

Otro caso similar al de Baltar -y se podrían citar muchos más- es el de la condena del senador (por designación del Parlamento de Canarias) y ex alcalde de Santa Cruz de Tenerife, Miguel Zerolo, de CC, a ocho años de inhabilitación por otro delito de prevaricación, que tampoco le afectará en su carrera política porque su desprestigio previo ya le impedía formar parte de cualquier lista electoral.

Pero, ¿se conoce algún comentario del PP o de CC al respecto de estos casos, alguna disculpa, alguna intención de evitar que se repitan otros de corte similar…? Pues no; ni se conoce ni se conocerá, porque la omertà del caciquismo partitocrático, la ley del silencio de la mafia política, las prácticas del Estado encanallado por la corrupción, prohíben taxativamente informar sobre los delitos que incumben a los conmilitones del partido o de la institución pública de turno… Y esto es lo que hay.

Y por esa falta de compromiso ético de la clase política, el efecto halo de la corrupción llega capilarmente a todas partes. Así, la ‘Encuesta sobre fraude y delito económico 2014’ de la consultora Price Waterhouse Coopers (PwC), revela que en España el sector privado también está gravemente afectado por el fenómeno de la corrupción (www.pwc.es/es/publicaciones/gestion-empresarial/assets/encuesta-fraude-economico-2014.pdf).

En su parte analítica se puede leer: “Del 50,6% de los participantes españoles que han declarado haber sufrido algún tipo de fraude en el periodo de la encuesta, el 75% indicó haber sido objeto de algún caso de apropiación indebida de activos. Asimismo, un 25,4% indicó haber detectado algún caso de soborno y corrupción y un 19,2% declaró haber sufrido algún delito de manipulación contable”.

Y también recuerda PwC que en el informe anticorrupción realizado por la Unión Europea publicado el pasado 3 de febrero (ya citado), se destacan los siguientes resultados:

La consentida satrapía catalanista de Jordi Pujol

Con todo, y justo cuando el PP y el PSOE se ven apretados judicialmente por sus causas de corrupción más desvergonzadas (‘Gürtel-Bárcenas’ y los falsos ERE de Andalucía), ahora rompe aguas el súper escándalo de la familia Pujol que ha dejado a CiU y al catalanismo político ‘agarrados a la brocha y sin escalera’, como se dice coloquialmente. Un afloramiento presionado por investigaciones judiciales y policiales tras años y años de evidente pasotismo por parte de muchos y sucesivos gobiernos del PP y del PSOE; y también eclosionado justo en plena discusión sobre el referéndum independentista que alientan la Generalitat y el Parlament de Cataluña, como si ahora conviniera a algunos airear la basura de todos los partidos políticos para que la del propio pase más inadvertida.

Porque, ¿es que desde que en 1982 saltó el caso de Banca Catalana acaso no han conocido todos los gobiernos socialistas y populares las tramoyas de corrupción económica en las que se ha venido moviendo la familia Pujol…? ¿Es que cuando el pasado 25 de julio lanzó la bomba de sus andanzas económicas por paraísos fiscales, el hecho pudo sorprender lo más mínimo a la clase política…?

La realidad es que el hombrecito que durante 24 años ha presidido la Generalitat de Cataluña, y que se ha declarado delincuente fiscal nada menos que durante 34 años, obtuvo primero de Felipe González y después de José María Aznar más y más transferencia competenciales del Estado, apoyos presupuestarios, capacidad recaudatoria… y, sobre todo, impunidad para gobernar como un auténtico sátrapa político y económico, a cambio de apoyar a los partidos mayoritarios de turno en sus ambiciones de poder nacional. ¿Es que acaso la Agencia Tributaria, la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal de la Policía Nacional (UDEF) y hasta los propios servicios del Banco de España han podido desconocer durante tantos años el tráfico internacional de su fortuna y su imposible naturaleza lícita…?

Porque conviene recordar que ya en 1959 su padre, Florenci Pujol, y un socio con el que éste había regentado un negocio de bolsa y cambio de divisas (David Tennenbaum), cometieron irregularidades fiscales y que se valieron de testaferros para comprar el embrión de lo que más tarde sería Banca Catalana. Y que un tremendo escándalo de dicha entidad terminó implicando a Jordi Pujol cuando en 1984 los fiscales Carlos Jiménez Villarejo y José María Mena presentan una querella contra sus directivos, con el propio Jordi Pujol a la cabeza, por el supuesto desvío de fondos y por comprar irregularmente valores inmobiliarios con dinero negro (de la llamada ‘Caja B’), para financiar distintas operaciones gravosas que llevaron a la intervención de Banca Catalana por el Estado en 1982.

Entonces Pujol se envolvió en la bandera catalana y el Estado español se la envainó. Y ahora se la volverá a envainar, porque con sus 84 años ya no entrará en prisión, de forma que podrá asumir todas las culpas familiares para salvar al resto de componentes de la banda defraudadora…

Y uno no tiene más remedio que sorprenderse entonces de la discriminada aplicación con la que -según lo que interesa o no interesa políticamente- actúan la policía, la fiscalía, los tribunales de justicia y, en definitiva, el Estado encanallado por la corrupción.

La instrucción del sumario del caso Banca Catalana se dio por concluida en mayo de 1986, con cerca de 65.000 folios de documentación. Un mes después, los fiscales Mena y Villarejo pidieron infructuosamente el procesamiento de los 18 exconsejeros del banco, entre ellos Pujol, por presuntos delitos de apropiación indebida, falsedad en documento público y mercantil y maquinación para alterar el precio de las cosas.

Sin embargo, en noviembre de 1986, el pleno de la Audiencia de Barcelona rechazó el procesamiento al estimar que no había indicios racionales de criminalidad en la actuación del que ya desde mayo de 1980 era presidente de la Generalitat de Cataluña: nada menos que 33 magistrados votaron en contra de procesar a Pujol, mientras una minoría de 8 se pronunciaron a favor. La instrucción del caso continuó para el resto de acusados, pero en marzo de 1990 la misma Audiencia catalana decretó el sobreseimiento definitivo, considerando no obstante que “se pudo llevar a cabo una gestión imprudente e incluso desastrosa”.

Y ahora, Margarita Robles, magistrada de la Sala Tercera del Tribunal Supremo y ex vocal del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), ha remitido un correo a la asociación progresista Jueces para la Democracia, a la que pertenece, para reivindicar la opción de los magistrados que se opusieron en su día al archivo de la causa por el ‘caso Banca Catalana’ pidiendo la imputación del que fue su vicepresidente ejecutivo, Jordi Pujol, y emitiendo voto particular en tal sentido:

La declaración hecha estos días por Jordi Pujol sobre unos hechos que, con independencia de la relevancia penal que en su caso pudieran tener, evidencian claramente una conducta insolidaria hacia la ciudadanía y un engaño sin paliativos hacia la misma, me traen a la memoria el procedimiento seguido en su día ante la Audiencia Territorial de Barcelona, de la que yo era entonces parte integrante como Magistrada de la Audiencia Provincial de Barcelona.

Parece que en este caso se ha hecho realidad aquello de que ‘el tiempo pone las cosas en su sitio’ y por eso creo que es imprescindible reivindicar ahora el gran trabajo hecho por los fiscales Carlos Jiménez Villarejo y José María Mena, que fueron ferozmente criticados por la detalladísima querella que presentaron respecto a las actuaciones desarrolladas en Banca Catalana.

Y es también el momento de hacer autocrítica y reconocer los errores que pueden cometer en ocasiones los tribunales de Justicia. Sólo ocho magistrados/as de los componentes del Pleno formulamos entonces Voto particular, entendiendo que procedía el procesamiento de Jordi Pujol por hechos que treinta años después se han manifestado en los términos en que lo ha hecho. También por ello fuimos objeto de grandes críticas por lo que algunos consideraron ataques a Catalunya.

Esperemos que los años transcurridos y los errores que hay que lamentar no impidan las respuestas políticas, sociales y judiciales que en aquel entonces no supimos o pudimos abordar, y que a lo mejor hubieran impedido conductas que tuvieron lugar y que todos rechazamos.

Margarita Robles.

Lo que la magistrada Robles no dice en su correo, es que la tropelía del sobreseimiento del caso se consumó en marzo de 1990 bajo la presidencia de Felipe González, incapaz de aguantar el pulso del nacionalismo catalán cuyos 18 escaños en el Congreso de los Diputados le eran convenientes para hacer más cómodo su gobierno de la IV Legislatura, en la que se había quedado a falta de un diputado para obtener la mayoría absoluta. Un pulso mafioso que tampoco le aguantaría José María Aznar en su primer mandato presidencial de 1996, cuando Pujol le impuso condiciones leoninas y de indignidad para el Estado mientras presumía de ayudar a la gobernabilidad.

También en estos días, Carlos Jiménez Villarejo, que el pasado 25 de mayo fue elegido eurodiputado dentro de la candidatura de Podemos, ha señalado que el ‘caso Banca Catalana’ fue “el inicio de un proceso de corrupción política que llega hasta nuestros días”, planteando que frente a “cuando se decía 'España nos roba', yo hoy me pregunto, ¿quién nos roba? ¿España o Pujol durante estos 34 años?”.

Por su parte, José María Mena, que acompañó a Jiménez Villarejo como fiscal responsable del caso, ha recordado cómo ambos fueron perseguidos y señalados precisamente por Pujol como “enemigos de Cataluña por su acusación”. En unas declaraciones a la periodista Isabel Durán (programa 'Más Claro Agua' de 13 TV), Mena aseguró: “Nos llegaron a disparar con una escopeta de caza en las ventanas y durante muchísimos días recibíamos llamadas telefónicas intermitentes durante toda la noche”, confesando que en aquella época llegó a sentirse como un “apestado”.

Mena lamentó igualmente que entonces no se hubiera hecho “un ejercicio de presunción de inocencia contra los fiscales sino de acusaciones de imparcialidad que no eran justificadas”. Pero ahora, 30 años después y tras la confesión de Jordi Pujol, al ex fiscal jefe del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña le queda la “satisfacción personal de que la gente sepa que no actuábamos movidos por una impresentable tendencia ideológica de persecución, sino que lo hacíamos con la mejor buena voluntad de servir a la sociedad y en concreto a la de Cataluña, defender a la sociedad de Cataluña de un expolio que se le estaba produciendo y nadie nos lo reconoció”.

Además, José María Mena añadió: “Nosotros sí éramos los defensores de los ahorradores de Cataluña, gente modesta a los que los de la bandera de las cuatro barras les arramblaron el dinero y no se lo han devuelto, víctimas concretas a los que les quitaron la ilusión nacionalista y de paso los ahorros”. Y concluyó con dos afirmaciones contundentes: que parte del tribunal que archivó el caso de Banca Catalana “ni se leyó la querella” y que “Pujol tenía como abogado a Piqué Vidal, que era un auténtico mafioso”.

Pero los ex fiscales Jiménez Villarejo y Mena tampoco han aludido para nada a la posición política tomada por el Gobierno socialista de Felipe González a lo largo de toda la tramoya. Ni a que Luis Antonio Burón Barba dimitió en 1986 como Fiscal General del Estado precisamente por sus discrepancias con esa actitud.

Y la verdad es que, conociendo la patente de corso con la que tanto el PSOE como el PP han permitido las tropelías y enriquecimientos de Pujol, choca escuchar a Pedro Sánchez (ingenuo o indocumentado al respecto) sus acusaciones de cómo este delincuente fiscal confeso se ha dedicado más a defender su patrimonio que su patria. Porque su partido tuvo mil ocasiones perfectas para pararle en seco y no hizo otra cosa que darle alas para todo lo contrario, y porque antes de soltar esas puntilladas haría bien en depurar la corrupción de los falsos ERE de Andalucía, por ejemplo.

Aunque extraña más todavía que, a estas alturas de lo visto en la política española, Alicia Sánchez Camacho, presidenta del PPC, exija una comisión de investigación en el Parlament sobre el fraude de Jordi Pujol (¿para qué si ya le investiga la policía judicial y todos sabemos de qué va la cosa?), cuando además su partido ha negado lo propio con el más corrosivo ‘caso Gürtel-Bárcenas’. Y ello con independencia de que en todos sus años de Gobierno el PP tampoco haya movido un dedo para aclarar el caso del ‘tres por ciento’ advertido por Pascual Maragall como paradigma catalán de la corrupción institucional.

Lo dicho: el escándalo político de la familia Pujol, es otro fruto natural más de un Estado indigno. Que nadie se rasgue, pues, las vestiduras si en las próximas elecciones municipales y autonómicas los electores, hartos de la mangancia sustentada por los partidos mayoritarios, votan masivamente a Podemos o a cualquier cosa rara que se ponga a tiro.

Hace cinco siglos, Francis Bacon, canciller de Inglaterra y sabio observador de la realidad social, ya advirtió que “el medio más seguro de impedir las revoluciones es el de evitar sus causas”. Pues eso, menos palabrería y al tajo. 

Fernando J. Muniesa

Desde que se produjo el golpe de Estado encubierto que el pasado 22 de febrero depuso al presidente constitucional de Ucrania, Víktor Yanukóvich, con el apoyo de la Unión Europea, ElEspíaDigital.Com comenzó a incluir análisis y comentarios premonitorios sobre las graves derivas de todo tipo (militar, político, económico y social) que dicho acontecimiento tendría en Ucrania, pero también en la relación bilateral ruso-ucraniana y con el equilibrio geoestratégico entre Rusia y el conjunto UE-OTAN.

Novedades como la inmediata adhesión de la región autónoma de Crimea a Rusia y las réplicas de esa misma actitud separatista en otras provincias orientales de mayoría ruso-parlante, nos permitieron anticipar sin margen de error una situación de pre-guerra civil que la Comisión Europea no dejó de realimentar con unas absurdas represalias económicas contra Rusia sin el menor efecto sobre el escenario bélico ni para solucionar el problema de fondo.

El desprecio de la realpolitik aparejó graves errores analíticos y la toma de decisiones nefastas. Así, la posición inicial adoptada por la UE frente a la más que discutible ‘causa ucraniana’, se pudo descalificar de muchas formas (como injeridora, anexionista, desestabilizadora…), pero antes que nada como inoportuna, incoherente y temeraria.

Inoportuna ante la propia situación interna de la ‘Europa de los 28’, inmersa en una profunda crisis de crecimiento desestructurado y desmedido, indigesto por demás y que no deja de realimentar el euroescepticismo. Incoherente ante el apoyo dado previamente a la proclamación unilateral de independencia de Kosovo frente a Serbia (17 de febrero de 2008) bajo la propia supervisión de Estados Unidos y la UE, con el antecedente de las graves consecuencias producidas por la anterior desmembración poco afinada de la antigua Yugoslavia. Y desde luego temeraria porque ha pretendido romper nada menos que el estatus geopolítico en la Europa Central y del Este de forma gratuita y sin considerar la realidad histórica, cultural, social y por supuesto económica de Ucrania.

Y claro está que, tras promover el amenazador expansionismo de la UE hasta las fronteras rusas -con todo lo que eso representaría en el plano político y  geoestratégico-, alentar un acuerdo de asociación de Ucrania a la UE rechazado por el poder legítimo de la parte asociable e instigar el derrocamiento violento de su Gobierno constitucional por parte de grupos de ultraderecha con el respaldo de Estados Unidos (un Golpe de Estado en toda regla según la lectura rusa), las cosas tendrían que acabar torcidas.

Con su torpe, gratuito y avasallador enfrentamiento con Rusia, se ha visto de nuevo una UE poco realista, políticamente inoperante y demasiado burocratizada, apoyada por un supuesto ‘Gendarme Universal’ empeñado en meterse donde no le llaman, y enfrentada al Putin de la decisión y la acción conjugadas con la fuerza. En otras palabras, una actitud política sin duda extemporánea en el gallinero que hoy supone la Europa ‘a 28 bandas’, y que en pleno periodo electoral para la renovación de su Parlamento no ayudó en lo más mínimo a fortalecer su imagen institucional, sino más bien a acrecentar el desánimo y la abstención de los votantes.

Tras la política del error, la política mentirosa

En consecuencia, dentro de Ucrania, el embrollo ha tenido efectos no de contención, sino extensivos y claramente orientados a una guerra civil. En la que la verdad aparecerá como una de las primeras víctimas, en perfecto alineamiento con lo advertido detalladamente por el político pacifista Arthur Ponsonby (1871-1946), quien puso de relieve cómo los países beligerantes han aprendido a mentir tanto al enemigo como a sus propios ciudadanos para hacer de la guerra una causa siempre justificada en su favor.

Así, la información oficialista de Ucrania, que es la que se recoge de forma preferente en la mayoría de los medios de comunicación occidentales, choca con la realidad gráfica y literaria que circula intensamente por la Red y con las crónicas y artículos de opinión que ‘cuelan’ los analistas independientes en los medios convencionales. Un mundo paralelo que muestra la reacción patriótica y verdadera de una histórica región ‘rusa’ (mucho más que pro ‘rusa’) que se rebela de común acuerdo y con total firmeza contra el neofascismo violento que pretenden su entrega (por no decir su ‘venta’) a los países socios de la OTAN, para satisfacer oscuros intereses políticos y económicos.

Centrados en el fenómeno de la intoxicación informativa con el que los dirigentes de Kiev envuelven el conflicto ucraniano (con la complicidad de Estados Unidos y de la UE), es bien evidente que la región autónoma de Crimea se ha adherido de forma voluntaria y unánime a la Federación de Rusia. Pero sólo después de que el legítimo Gobierno de Ucrania (el del depuesto Víktor Yanukóvich) fuera derrocado por un golpe de Estado apoyado entre bastidores por los países miembros de la OTAN, cuando no convenido por la propia Angela Merkel, y de que los nuevos dirigentes inconstitucionales pretendieran arrastrar a los crimeos al mercado de la UE y al redil estadounidense de la Alianza Atlántica, enfrentándoles con sus raíces históricas.

E igual de cierto es el hecho de que, tras la adhesión de Crimea a Rusia, la sublevación de otros territorios orientales de Ucrania, particularmente y de momento las provincias de Luganst y Donetsk, se ve apoyada tanto por la población civil como por las fuerzas militares y policiales locales. Y con independencia de que la respuesta armada de Kiev sobre la zona esté generando una tragedia humana intolerable dentro de Europa con cientos de miles de refugiados huidos a territorio ruso.

Pero es que, centrados en el hecho más trágico de este proceso, la mentira informativa surge con su propia enunciación. De entrada se habla de un avión de transporte civil, el Boeing 777 que realizaba el vuelo MH17 de la Malaysia Airlines, ‘derribado por un misil tierra-aire’, cuando todavía nadie ha podido mostrar prueba alguna de que esa haya sido la causa cierta y concreta del supuesto abatimiento, que en todo caso también podría deberse al ataque con un misil aire-aire, o al fuego ametrallador lanzado desde un avión de combate (lo que provocaría su caída en pérdida hasta estrellarse). O, cosa igualmente posible, debido a una explosión o cualquier otro tipo de accidente a bordo, de naturaleza terrorista o no…

¿Y qué pruebas fehacientes hay disponibles para sostener cualquiera de estas hipótesis…?  En realidad todavía ninguna, porque la última explosión en tierra del avión, su incendio subsiguiente y las pruebas visuales de la caída, nada esclarecen al respecto, pudiéndose hablar de momento de forma inequívoca sólo de un avión ‘estrellado’ (sin precisar la causa), salvo el conocimiento de otros datos o circunstancias no reveladas.

Y aquí, la localización y disponibilidad de las dos ‘cajas negras’ del avión siniestrado, es esencial y de total relevancia. De entrada, se supuso que una de las cajas estaba retenida por los rebeldes pro-rusos (dispuestos  a intentar manipularla o a destruirla), y la otra en manos de las fuerzas ucranianas también desplegadas en la zona del suceso.

La realidad ha sido bien distinta: quienes fueron precipitadamente acusados por Estados Unidos, la UE y el Gobierno de Ucrania del abatimiento del avión de la Malaysia Airlines, provocando un ‘crimen de guerra’ nada menos que con 298 víctimas mortales, resulta que se han aplicado a rescatar, custodiar y hasta entregar tan decisivos elementos de comprobación al coronel Mohd Saqri, representante especial del Gobierno de Malasia, quien aseguró que las cajas negras no habían sufrido ninguna “manipulación externa” (como después han ratificado los investigadores aeronáuticos). La entrega fue consumada el pasado 21 de julio personalmente por Alexander Borodai, jefe de los separatistas que controlaron los restos del avión, ante una nutrida representación de los medios informativos… y punto pelota.

Pero, siendo Borodai el principal acusado como responsable del ataque al Boeing 777 de Malaysia Airlines, ¿se puede entender una muestra de colaboración con sus detractores tan transparente y quizás inculpatoria…? De ser cierto el abatimiento del avión por parte de los rebeldes pro-rusos, es obvio que a estas alturas, y una vez rescatadas, las cajas negras estarían destruidas o resguardadas sine die en paradero desconocido…

Y esta actitud contrasta bastante con la del Gobierno de Ucrania que, tras el suceso, requisó de forma inmediata la grabación de las comunicaciones generadas en la torre de control del aeropuerto de Kiev afectas al vuelo en cuestión (el MH17) no menos significativas, y que han quedado separadas sospechosamente de la investigación de los hechos. De esta forma, lo primero que se debe aclarar son las razones por las que el pasado 17 de julio el avión siniestrado alteró su ruta habitual para sobrevolar una zona tan conflictiva como Donetsk (oeste de Ucrania) y exactamente al alcance de las fuerzas militares en ella combatientes, responsabilidad principal de las autoridades ucranianas y causa sine qua non de la tragedia, que va a generar de forma indefectible las oportunas reclamaciones por parte de la Malaysia Airlines y de los familiares de las víctimas.

Un cambio incomprensible de trayectoria en la ruta ordinaria que se vio acompañado de una  indicación muy precisa de los controladores ucranianos para reducir la cota del vuelo de 10.668 metros a 10.058 metros (¿por qué razón y con qué objeto?). Y además puntualmente muy similar a la del vuelo del avión presidencial de Putin que el mismo 17 de julio regresaba a Moscú una vez concluida su visita oficial a América Latina; con la coincidencia añadida de que el color y las grafías del fuselaje de los dos aviones son muy semejantes.

Informaciones fechadas en Moscú y sin eco en la prensa de la UE, apuntan al oligarca ucraniano Ígor Kolomoiski como hombre clave en el contexto del suceso. Se trata de la tercera persona más rica de Ucrania, con una fortuna personal de 2.400 millones de dólares, que desde el pasado mes de marzo ocupa el cargo del gobernador de la región de Dnepropetrovsk y que financia la Guardia Nacional ucraniana que combate contra las autodefensas del sudeste, con un importante arsenal armamentista fuera de control.

El parlamentario y vice-portavoz de la Duma Estatal de Rusia, Serguéi Nevérov, ha pedido en unas declaraciones a la cadena de televisión Rossiya que Kolomoiski sea investigado, apelando a que da órdenes directas al servicio de control de vuelos: “Las actividades de Ígor Kolomoiski y las órdenes que él dio el 17 de julio y en vísperas de esta fecha deben ser objeto de una atención más escrupulosa por parte de la comisión internacional que está investigando las circunstancias de la catástrofe del vuelo de Malaysia Airlines”.

Nevérov aseguró: “El oligarca Kolomoiski posee varias compañías aéreas ucranianas, pero esto no es todo. Está financiando por completo los servicios de control de vuelos de Dnepropetrovsk, que eran responsables de controlar el trágico vuelo y hasta un importante grado está financiando también la parte técnica de los servicios de control de vuelos de toda Ucrania. En otras palabras, este oligarca no solo influye directamente en los servicios del control de vuelos de Ucrania, sino también puede dar órdenes directas a varios de ellos, incluidos aquellos que debían acompañar el vuelo del Boeing malasio el pasado 17 de julio”.

Y lanzó el revelador mensaje público de que “Kolomoiski posee fuerzas armadas propias bien equipadas. Es seguro que cuenta con tanques, carros blindados, vehículos de combate de infantería y lanzacohetes múltiples”; añadiendo “y aquí surge la pregunta de si posee también aviones y sistemas misilísticos Buk”. Finalmente subrayó: “Le aconsejo al presidente de Estados Unidos y a los líderes de los Estados europeos considerar esto muy detalladamente”…

Una recomendación en modo alguno desdeñable que se debería relacionar con la inmediata declaración del presidente de Ucrania, Petró Poroshenko, asegurando que la tragedia del Boeing 777 de Malaysia Airlines no devenía de un accidente, sino que fue un “atentado terrorista”, por supuesto sin aportar prueba alguna y sin que nadie se las reclamara.

Otra de las intoxicaciones informativas de parte pro-ucraniana, es que los rebeldes pro-rusos disponen del sofisticado sistema BUK M1de misiles tierra-aire, que Rusia ha negado haber facilitado y sin que el Gobierno de Kiev haya reconocido en ningún momento que le fueran capturadas por las fuerzas rebeldes de Alexander Borodai, careciendo por otra parte de la necesaria capacidad técnica para operarlas. Otra cosa son la artillería y los misiles de corto alcance con los que días antes derribaron dos aviones militares ucranianos a baja cota (y posteriormente otros dos).

Lo incuestionable es que las baterías BUK son fabricadas y comercializadas en Ucrania por la empresa UKROBORONSERVICE (UOS), subsidiaria de la empresa estatal UKRSPACEEXPORT, como se evidencia en su propia página web (http://en.uos.ua/produktsiya), teniendo en consecuencia sus Fuerzas Armadas la completa y compleja capacidad de operarlas. Y todo ello sin que nadie discuta el evidente despliegue ucraniano de esos sistemas de armas en zonas de alcance al avión siniestrado.

Ante esta evidente paradoja, no han faltado también posteriores intenciones de acusar a Rusia de haber abatido desde territorio propio el Boeing 777 de Malaysia Airlines, como si sus militares se dedicasen a la caza de aviones civiles, porque sí y como quien sale a cazar perdices. Un absurdo que no merece mayor atención y en el que tampoco cabe la posibilidad de ningún error por parte del Ejército ruso (hoy por hoy los ‘errores’ de Ucrania serían algo más verosímiles, como además da a entender Estados Unidos con su oferta para ‘entrenar’ a sus militares).

Y otra consideración esencial es que tanto Rusia como Estados Unidos (y por supuesto Ucrania) tienen plena capacidad de observación, control aéreo y alerta temprana sobre esa particular zona de conflicto, máxime con despliegues y maniobras navales de la OTAN en el Mar Negro (que tuvieron respuesta con otros de la Armada rusa) y con las fuerzas ucranianas atacando a las provincias rebeldes de Luganst y Donetsk. Dicho de otra forma, hay información técnica suficiente para certificar lo que sucede en ese espacio aéreo prácticamente en tiempo real.

Por ello también es significativo el hecho de que fuera Putin quien llamara de forma inmediata a Obama informándole personalmente de la tragedia, y no al revés. Así, el presidente ruso advertía sobre su particular conocimiento de los hechos, sin necesidad de lanzar previamente al público ninguna versión interesada de los mismos ni cualquier otro tipo de intoxicación informativa.

Las especulaciones y acusaciones sin pruebas partieron prematuramente del Gobierno ucraniano, tratando de condicionar la interpretación del suceso tanto en la UE como en Estados Unidos, con argumentos pueriles, sin el menor contraste y difundidos por extraños personajes poco identificables. Ese fue el caso de la conversación grabada por el Servicio de Inteligencia Ucraniano (SBU) y subida a la Red al parecer incluso antes de la hora real del siniestro, con toda la apariencia de una intoxicación informativa rayana en la conspiración.

Sin embargo, quienes hasta ahora se han puesto a disposición de los medios informativos sin subterfugios y de forma más trasparente, han sido las autoridades rusas. Y, de hecho, quien ha lanzado diez preguntas muy sensatas a las autoridades ucranianas todavía sin respuesta, a través de una entrevista concedida RT, ha sido Anatoli Antónov, viceministro ruso de Defensa:

1. Inmediatamente después de la tragedia, las autoridades ucranianas, naturalmente, atribuyeron la responsabilidad a los autodefensa ucranianos. ¿En qué se basan para lanzar estas acusaciones?

2. ¿Puede Kiev explicar detalladamente cómo es que usa los lanzadores de misiles Buk [un sistema ruso equipado con misiles tierra-aire] en la zona de conflicto? Y ¿por qué estos sistemas están desplegados allí, teniendo en cuenta que las fuerzas de autodefensa no tienen ningún avión?

3. ¿Por qué las autoridades ucranianas no hacen nada para formar una comisión internacional? ¿Cuándo empezará esta comisión su trabajo?

4. ¿Dejarían las Fuerzas Armadas de Ucrania que los investigadores internacionales hagan un inventario de sus misiles aire-aire y tierra-aire, incluidos los ya lanzados?

5. ¿Tendrá la comisión internacional acceso a los datos de los movimientos de los aviones de guerra ucranianos el día de la tragedia de fuentes fiables?

6. ¿Por qué los controladores aéreos ucranianos permitieron al avión desviarse de la ruta regular hacia el norte, hacia la llamada 'zona de la operación anti-terrorista'?

7. ¿Por qué el espacio aéreo sobre la zona de guerra no se cerró para los vuelos civiles, teniendo en cuenta que la zona no estaba totalmente cubierta por los sistemas de navegación de radar?

8. ¿Cómo puede comentar oficialmente Kiev las palabras difundidas en los medios de comunicación social por un supuesto controlador de tráfico aéreo español que trabaja en Ucrania, sobre la presencia de dos aviones militares ucranianos volando junto con el Boeing 777 en territorio de Ucrania?

9. ¿Por qué el Servicio de Seguridad de Ucrania empezó a trabajar con las grabaciones de las comunicaciones entre los controladores aéreos de Ucrania y la tripulación del Boeing, así como con los sistemas de almacenamiento de datos de radares ucranianos, sin esperar a los investigadores internacionales?

10. ¿Qué lecciones aprendió Ucrania de un accidente similar en 2001, cuando un avión ruso Tu-154 se estrelló en el Mar Negro? En aquel entonces, las autoridades ucranianas negaron cualquier implicación por parte de las Fuerzas Armadas de Ucrania hasta que una evidencia irrefutable demostró oficialmente que Kiev fue el culpable.

En la senda intoxicadora del ‘Gendarme Universal’

Con todo, las críticas internas sobre la posición fijada por Estados Unidos en la ‘cuestión ucraniana’, comienzan a ser significativas. El periodista Ethan Miller suscribía la siguiente crónica lanzada por la ‘Agence France-Presse’ (AFP) el pasado 23 de julio:

Excandidato presidencial revela qué hechos omitirán los medios de EE.UU. sobre Ucrania

Sin el “cambio de régimen” patrocinado por EE.UU. en Ucrania es poco probable que se hubieran producido los disturbios posteriores, que costaron centenares de vidas, cree el excandidato a la presidencia y excongresista estadounidense Ron Paul.

“Tampoco habría tenido lugar el accidente de Malaysia Airlines”, aseguró en una columna publicada por la página web de su fundación, el Instituto Ron Paul por la Paz y la Prosperidad. El texto está dedicado a la estrategia a la que recurren constantemente los medios de comunicación norteamericanos de omitir los hechos reales con el fin de denigrar a Rusia.

En los pocos días transcurridos desde el trágico accidente del vuelo malasio en el este de Ucrania “los políticos y los medios de Occidente se unieron para aprovecharse al máximo del desastre en su propaganda”, admite el líder del ala moderada de los republicanos. “Tenía que ser Rusia, tenía que ser Putin, dijeron”.

“Mientras las agencias de información occidentales se apresuran a reproducir la propaganda de su gobiernos respecto a lo ocurrido, hay cosas que no contarán”, supone el político. Así, dice, omitirán el hecho de que la crisis en Ucrania comenzó a finales del año pasado después de que la UE y los manifestantes apoyados por EE.UU. conspiraran para derrocar al presidente legítimo ucraniano, Víktor Yanukovich.

No contarán que el Gobierno de Kiev posterior al golpe, según los observadores de la OSCE, ha matado a 250 personas en la región independizada de Lugansk desde junio, entre ellos las 20 víctimas de un bombardeo del centro de la capital regional perpetrado el día después del accidente del MH17, exclama Ron Paul. La mayor parte de estas víctimas mortales son civiles y en total casi igualan el número de los muertos en el siniestro del avión.

Tampoco se dirá en los medios que EE.UU. ha apoyado fuertemente al Gobierno ucraniano en estos ataques contra civiles, calificados por una portavoz del Departamento de Estado de “mesurados y moderados”, adelanta el autor.

El caso es que es muy difícil conseguir información precisa sobre el derribo, y por lo tanto cada uno usa la que tiene para sus propios fines, dice el excongresista. “A estas alturas sería imprudente decir que lo hicieron los rusos, o el gobierno ucraniano, o los rebeldes. ¿Es tan difícil exigir simplemente que haya una auténtica investigación?”, se pregunta.

Ron Paul compara la situación mediática en torno al siniestro del vuelo MH17 con lo que pasaba en la prensa estadounidense después de los supuestos ataques con gas tóxico contra civiles en la ciudad siria de Guta el pasado agosto. Las tropas de Bashar al Assad estaban a punto de realizar un gran avance contra los insurrectos patrocinados por Occidente, por eso EE.UU. urgió un ataque que fue atribuido inmediatamente y sin ninguna investigación a las autoridades sirias.

Solo la presión que ejercida sobre Obama por la oposición los obligó a dar un paso atrás, y ahora se sabe que las reclamaciones estadounidenses sobre el ataque de gas eran falsas, recuerda el político.

Mientras tanto, altos funcionarios de la inteligencia de EE.UU. afirman que sus servicios no han encontrado ningún indicio de que Rusia estuviera implicada en el derribo del MH17 en el este de Ucrania.

(Ver http://www.ronpaulinstitute.org/)

Mucho se ha escrito y leído ya sobre la desvergüenza que supuso la campaña de intoxicación informativa desarrollada por Estados Unidos a nivel mundial para justificar la Guerra de Irak de 2003 (‘Operación Libertad Iraquí’), con la excusa falsaria de unas inexistentes ‘armas de destrucción masiva’ en manos de Saddam Hussein, que jamás se encontraron.

Poco se puede añadir al respecto, porque ese tipo de intoxicaciones y prácticas desinformativas, son de sobra conocidas y se muestran de forma especial en cada conflicto internacional que afecte interesadamente a Estados Unidos. Son inherentes a su forma de entender la política exterior y a su afán por ejercer de ‘Gendarme Universal’.

Los acontecimientos irán poniendo las cosas en su sitio

Cierto es que podríamos sumarnos a quienes elaboran hipótesis más o menos razonadas sobre la realidad que subyace en el caso del vuelo MH17 de la Malaysia Airlines, las más asumibles orientadas todas en contra de los salvajes ucranianos protegidos por Estados Unidos y la UE. Pero dejémoslo ahí.

De momento, lo que observamos son muchas y lamentables incongruencias en nuestra posición europea y nacional, por no hablar de despropósitos y servilismo irracional. Ya sabemos cómo nos fue con Bush, Blair y Aznar en la desgraciada ‘aventura iraquí’, cómo están las cosas en Oriente Medio y qué tipo de males se alimentan con las torpes jugadas políticas de póker fulero a las que solemos servir de palanganeros, olvidando el juego más inteligente del ajedrez y que quienes luchan de verdad por su libertad siempre terminan ganando. O si no al tiempo.

Un capítulo subsiguiente ha sido el del derribo cierto de dos aviones de combate ucranianos Su-25 por parte de las fuerzas rebeldes que operan en la zona de Lugansk y Donetsk. Los abatimientos se produjeron el miércoles 23 de julio y con ellos ya son cuatro los aviones militares perdidos por Ucrania, tres de combate y uno de transporte.

Las autoridades de Kiev han vuelto al latiguillo de denunciar (sin pruebas) que fueron derribados desde Rusia, porque les duele la dura respuesta que sus ataques están recibiendo de los insurrectos pro-rusos. Andréi Lysenko, portavoz del Consejo de Seguridad y Defensa de Ucrania, explicó que cuatro aviones de combate Su-25 “daban fuego de apoyo a las divisiones de las Fuerzas Armadas en la zona de la aldea de Dmítrovka, cerca de la frontera de nuestro país” (se entiende que a baja cota) y que “después de realizar con éxito su tarea fueron disparados desde un potente sistema de misiles”, cuando estaban a 5.200 pies de altura, subrayando que los equipos lanzamisiles portátiles que usan los combatientes de la autoproclamada República Popular de Donetsk (RPD) no tienen ese alcance (la realidad es que las prestaciones de los sistemas de armas siempre son superiores a las que figuran oficialmente en los catálogos de venta)…

Y otro suceso de última hora también significativo, es que el día siguiente, el 24 de julio, se produjo la dimisión del primer ministro ucraniano, Arseni Yatseniuk, el hombre de confianza de Estados Unidos y la EU. Su decisión se anunció horas después de que la coalición parlamentaria Opción Europea que sostenía al Gobierno quedase rota por el abandono de dos de los tres partidos que la formaban, los ultranacionalistas de Svoboda y UDAR, obligando a disolver el Parlamento y a convocar nuevas elecciones; quizás con la esperanza de que los afines al presidente Poroshenko obtengan una mayoría cualificada en unas nuevas elecciones legislativas, considerando las dificultades que tendrán los pro-rusos del Este ucraniano para participar en ellas libremente.

El origen del problema (visiblemente tratado a puñetazos en el Parlamento), es la incapacidad de sacar adelante una reforma fiscal que habría subido los impuestos a la población para combatir la ruina económica del Estado y el rechazo al proyecto de ley para crear una operadora del sistema de transporte de gas en Ucrania que, de entrada, permitiría vender a los inversores de Estados Unidos y la UE el 49% de todos los gasoductos ucranianos. Algo verdaderamente crucial y que evidencia el trasfondo de intereses económicos que envuelve la crisis ucraniana.

Un escenario ciertamente lamentable para enmarcar una situación de guerra civil y que Ucrania y sus padrinos occidentales deberían rectificar con urgencia, aplicándose a buscar soluciones políticas al problema y a entender mejor las razones de la historia, el sentimiento de sus ciudadanos pro-rusos, las trágicas consecuencias de la propia contienda y las peligrosas derivas que suelen tomar los enfrentamientos asimétricos.

Fernando J. Muniesa

Tras la Conferencia Política Socialista, clausurada el 10 de noviembre de 2013 por Alfredo Pérez Rubalcaba con un discurso que pretendía parar la debacle ‘zapateril’ del PSOE poniendo encima de la mesa nada menos que 1.798 propuestas, incluidas en una ponencia titulada ‘Ganarse el Futuro’, pero que en definitiva terminaría consumando su derrumbe electoral del 25-M, publicamos una Newsletter 88 anticipativa de por donde se caminaba (ver ‘El PSOE de Rubalcaba: Otro cambio por el cambio y sin recambio’).

En ella, advertíamos que el mismo discurso con el que Rubalcaba cerró el cónclave socialista, a la postre puro fuego de artificios, también lo podría haber pronunciado sin mayor problema un redivivo príncipe de Lampedusa (Giuseppe Tomasi di Lampedusa, 1896-1957), autor de la novela histórica Il Gattopardo (publicada en 1958). Porque la fuente inspiradora de aquella conferencia de falsa ideación no fue otra que la teoría y praxis política finamente descrita en esa celebrada obra, conocida como ‘gatopardismo’ o como lo ‘lampedusiano’, adjetivación que ha pasado a definir el cinismo con el que los partidarios del antiguo régimen se amoldaron al inevitable triunfo de la revolución, para usarlo en su propio beneficio.

Esta forma de entender la acción política, ha quedado acuñada en una frase lapidaria: “Que todo cambie para que todo siga igual”. Y, a pesar de que se identifica plenamente con la descripción del escritor y aristócrata siciliano (el príncipe de Lampedusa también fue duque de Palma di Montechiaro), tienen un origen más remoto en la cita de Alphonse Karr (1808-1890) “Plus ça change, plus c’est la même chose” (Cuanto más cambie, es más de lo mismo), publicada en el número de enero de 1849 de su revista satírica ‘Les Guêpes’ (Las Avispas).

En Il Gattopardo, el personaje Tancredi Falconeri declara a su tío Fabrizio Corbera (príncipe de Salina) la reveladora contradicción: “Se vogliamo che tutto rimanga come è, bisogna che tutto cambi” (Si queremos que todo siga como está, es necesario que todo cambie). Una frase que, en su contexto, simbolizaba la capacidad de los sicilianos para adaptarse a lo largo de la historia a los distintos gobernantes de la isla; pero también la intención de la aristocracia de aceptar la revolución unificadora para poder conservar su influencia y su poder.

Y así, desde la publicación de Il Gattopardo se suele llamar ‘gatopardista’ o ‘lampedusiano’ al político que pretende -como intentó hacer Rubalcaba- una transformación “revolucionaria” pero que, en realidad, tan sólo altera la parte superficial de las estructuras de poder, conservando sus elementos más esenciales. De hecho, la novela, llevada al cine de forma memorable por Luchino Visconti, muestra cómo la aristocracia absolutista del Reino de las Dos Sicilias es expulsada del poder político para instaurar la monarquía parlamentaria y liberal del Reino de Italia, pero sin que tal cosa implique transformar las estructuras ni el statu quo de poder existente: la burguesía leal a la Casa de Saboya, simplemente sustituye a los aristócratas como nueva élite que acapara para sí todo el poder político, recurriendo incluso al fraude electoral camuflado, claro está, con cierta apariencia democrática…

Paso franco al nuevo secretario general del PSOE

Porque, si analizamos las últimas propuestas del Rubalcaba ya desahuciado de la política, lo que encontramos es agua de borrajas. Eso sí, vendida a la opinión pública como agua bendita envasada con aromas populistas, poco menos que como una versión quijotesca del Concilio de Trento destinada a conjurar las disidencias protestantes y reivindicar al PSOE como promotor exclusivo de la igualdad, la paridad, la laicidad, la radicalidad… y como máximo apoderado de la izquierda social, que es por donde se le han ido y se le siguen yendo los electores.

Pero es que, frente a ese empeño de reconversión y recuperación del poder socialista en vía agotada, como si aquí no hubiera pasado nada desde la triunfante época del socialismo beautiful, Alfredo Pérez Rubalcaba, a quien no se le puede negar capacidad de trabajo, inteligencia y brillantez para la política (de otros tiempos), estaba radicalmente limitado por razones más que obvias. El duro crematorio socialista ha sido merecido e inevitable, pero eso no quiere decir que sus rescoldos no puedan avivarse de nuevo.

Ahora ya no merece la pena restregar a nadie los malos tragos del pasado, pero eso no quiere decir que se hayan de olvidar. Es más, lo correcto sería aventar las cenizas del desastre y pasar a retiro definitivo, no a la segunda reserva que dicen los militares empeñados en morir con las botas puestas, a todos los que todavía forman parte de la generación que protagonizó la Transición y los mejores momentos del PSOE postfranquista (con sombras incluidas); claro está, salvo pervivencia de valores objetivos reconocidos.

Y en ese contexto sucesorio, parejo -salvando las distancias- al que se ha dado con la abdicación de Juan Carlos I y la proclamación del rey Felipe VI, cumplidos en ambos casos con forzadas ‘espantadas’ de los respectivos primeros ‘espadas’, emerge la figura de Pedro Sánchez: lo mejor o, como dirían algunos recalcitrantes, lo menos malo disponible en el escaparate socialista, a tenor de su victoria en las elecciones que le han aupado a la secretaría general del PSOE. Bienvenido sea y, en cualquier caso, démosle un respiro para ver si insufla en el PSOE aire fresco o si sólo representará otro ‘cambio por el cambio’.

La expectación desatada por la sucesión de Rubalcaba ha sido relativa, salvo en su naturaleza de elección ‘directa’, con el sufragio abierto a toda la militancia. Una primera innovación en la democratización interna digna de todo elogio y que puede iniciar una línea regeneradora de la política nacional; acompañada de otra elección también ‘directa’ para elegir al primer secretario del PSC, aunque en este caso no se presentara más que una candidatura (la de Miquel Iceta).

Algo es algo; y cierto es que quien quiera hacer un viaje de mil millas ha de comenzar con el primer paso, como advirtió Lao-Tsé, fundador del taoísmo, en el tiempo lejano de los Reinos Combatientes. El PSOE ya lo ha dado y, ahora, lo que corresponde es dar los siguientes, por supuesto en la dirección correcta.

Y podíamos entender que el segundo, y decisivo, ha de ser antes que nada el de mostrar capacidad de liderazgo en dos fases: primero a nivel interno y después como posible candidato a ganar unas elecciones generales. Hoy, Pedro Sánchez es el flamante secretario general de los socialistas, pero todavía no es su líder efectivo; una posición que habrá de ganar con duras batallas en campos hostiles, sembrados de minas por propios y extraños, que es lo habitual en el ruin y general entendimiento de nuestros partidos políticos.

A este respecto, en un artículo titulado precisamente ‘El liderazgo llega liderando’ (El País 15/07/2014), y tras advertir que es la primera vez que en la historia centenaria del PSOE se celebra este tipo de elección, Miguel Ángel Aguilar señala:

(…) La lista resultante de Pedro Sánchez será la prueba del nueve para evaluar la sinceridad de los propósitos que le animan, las influencias a las que se debe, los esfuerzos para integrar sensibilidades, la capacidad para recuperar la unidad perdida del PSOE y el acierto en la búsqueda de la eficiencia, que reclama de modo inaplazable la actual situación política. Aceptemos aunque cueste que, en medio de dificultades y desalientos, en esta ocasión el Partido Socialista ha dado un ejemplo regenerador a imitar por otras formaciones, si entre todas quieren que termine la desafección y que las descalificaciones sumarias dedicadas a la casta vayan perdiendo vigencia.

Subrayan algunos observadores, reclutados entre los escépticos y los perplejos, buena cantera de gente lúcida, que ninguno de los tres candidatos tiene probado el liderazgo necesario. Pero sabemos que, así como el apetito viene comiendo, el liderazgo y el carisma sobrevienen y se posan sobre el que ya está puesto a la tarea. Habrá que permanecer atentos a la pantalla mientras somos presa de indignación ante la torpe indecencia de María Dolores de Cospedal cuando señala: “Hay que esperar a que él mismo diga quién quiere ser y cuál es el modelo”. ¿Hasta dónde llega la insolencia de quien así se expresa, teniendo como tiene abiertos los casos Bárcenas, Gürtel, Fabra, Matas?

Consigna: Matar al ruiseñor

Pero en estos momentos de evidente desmoronamiento de la ética política, el deporte nacional no parece ser otro que el de combatir a sangre y fuego cualquier asomo de regeneracionismo, o -salvando las distancias- cortar de raíz cualquier historia nacida en un contexto ‘Bildungsroman’. Un término acuñado por el filólogo alemán Johann Carl Simon Morgenstern en 1819 para identificar el género literario que retrata el tránsito de maduración de un personaje, su evolución física, moral, psicológica y social.

Un tipo de narrativa que saltó desde el Romanticismo europeo, en el que tiene su origen, hasta los Estados Unidos de la década 1960-1970 para alumbrar la maravillosa novela de Harper Lee titulada ‘Matar un ruiseñor’, ganadora de un premio Pulitzer (1961) y convertida de inmediato en un clásico de la literatura moderna norteamericana, sin que la autora volviera a escribir ninguna otra obra de ese porte (sólo publicó algunos ensayos breves). En 1962 fue llevada al cine con una adaptación cinematográfica de Horton Foote, dirigida por Robert Mulligan y con Gregory Peck al frente del reparto, film que cosecho tres oscars (con ocho nominaciones), junto a otros premios europeos, y que ha pasado a la historia del cine como una obra maestra.

Con su asociación en tiempo y espacio lejanos a momentos de crisis, desencanto y angustia social, el drama ‘Matar un ruiseñor’ parece inspirar ahora a nuestros ávidos cazadores de recompensas políticas para cargarse al electo Pedro Sánchez, antes incluso de que tome posesión oficial de su cargo. Es decir, primero se clama por la renovación socialista para que se pueda lidiar la crisis de forma exitosa (cosa que a todos conviene) y, acto seguido, se descabella fríamente al espada elegido, sin apenas dejarle hacer el paseíllo.

Así, y antes que celebrar una apertura a la democratización interna de los partidos y de dar un mínimo respiro al personaje encargado de reparar tanto error y tanto horror del aparato socialista, que algunos no van a dejar de añorar, vean como se despacha contra el misacantano Pedro Sánchez el avezado Xavier Vidal-Folch, periodista anclado desde 1982 en la redacción del periódico oficioso del ‘felipismo’, en un airado artículo de opinión en el que ya le acusa -entre otras cosas- de romper pactos, hurtar el mandato electoral e ignorar un plan keynesiano, presentando a Juncker como Divino Redentor de todos nuestros agobiadores males (El País 16/07/2014):

El día en que el PSOE se traicionó

Nunca en una votación europea el socialismo español había cometido tal dislate. La elección de Jean-Claude Juncker era un imperativo categórico derivado del principio democrático, pues respondía al principal mandato de los electores. Lo ignoró. Consagraba un avance contra el déficit de representatividad, aupado al Tratado de Lisboa, del que fue coautor. Lo despreció.

No había coalición alternativa para asegurar la estabilidad de la legislatura. El PSOE se refugió, oportunista, en que sus cofrades de otros países salvarían el escollo. Traicionaba sus propios compromisos como parte del Partido de los Socialistas Europeos, pero no ponía en peligro el resultado.

El discurso programático de Juncker fue el más keynesiano desde que el ‘Libro Blanco’ del presidente Delors propuso las grandes redes transeuropeas y financiarlas con eurobonos en 1993. El PSOE ignoró su propia historia. Esterilizó su capacidad de maniobra e intercambio de cromos mientras otros (sus colegas italianos) exigían y negociaban compensaciones, con éxito.

Y renegó de un plumazo de una constante vital de la democracia española: el consenso -aun con acentos y énfasis distintos-, en política europea. Antes solo lo había violado frontalmente (aunque en asunto más grave) José María Aznar, con la carta pro-Bush de una facción de primeros ministros y el encuentro de las Azores para la guerra de Irak, contrarios a la consulta previa que exigía el Tratado en estos casos.

Y todo por frivolidad (romper los acuerdos); referencia provinciana al debate doméstico (reclamarse coherente con la acerba crítica que propinó en la campaña a Bruselas / Barroso, como si la socialdemocracia alemana no hubiese hecho lo mismo); miedo cerval a la emergencia de alternativas populistas (confusión de izquierda con irrelevancia y marginalidad extramuros del sistema).

Por si todos esos disparates no fuesen suficientemente desgraciados, hay aún más. Lean el tuit del flamante secretario general, Pedro Sánchez, anunciando el desatino: “Confirmo que los 14 eurodiputados del PSOE votarán NO a Juncker. No apoyaremos al padre de las políticas austericidas”.

Pocas veces tan pocas palabras demostraron tanta simplificación o tan oceánico desconocimiento. El verdadero padre de las políticas de excesiva austeridad no es Jean-Claude Juncker, ni siquiera Angela Merkel, sino el Bundesbank y buena parte de la opinión alemana que de él cuelga.

Podrá alegarse que el político luxemburgués cooperó con algunos de sus excesos, a través de la presidencia del Eurogrupo. Sí, pero en menor medida que su sucesor Jeroen Dijsselbloem, el infausto ministro holandés que casi logró convertir el rescate de Chipre en una catástrofe. Holandés y... socialista. Y, puestos a hilar fino, ¿acaso su discurso autocrítico de ayer merecía ser arrojado a la papelera sin mayor escrutinio?

Porque Juncker es, además, otras cosas, y un profesor de Economía y líder, aunque sea de base, debe saberlo. Figura en el ala más progresista de la democracia-cristiana, los socialcristianos. Fue de los más abiertos entre los redactores de Maastricht (propuesta de "Tratado non paper" de 1991). Fue presidente de sucesivos gobiernos de coalición, con socialistas incluidos. Fue el hombre-pasarela entre la DC alemana de Helmut Kohl y la Francia del gaullista Chirac y el socialista Jospin.

Fue también el anfitrión de la "Estrategia europea de empleo / Proceso de Luxemburgo", en 1997. Fue el abanderado de los eurobonos en 2010 /2011. Y el que en ocasiones logró templar la rigidez alemana en la aplicación de las recetas de austeridad.

Incluso para decir “no”, hay que saber qué se dice.

Al parecer, lo que Vidal-Folch quiere, de entrada, es partirle las piernas al novel Sánchez (por supuesto en términos políticos, y no físicos) antes de que sea confirmado en el cargo de secretario general del PSOE, para que tenga que ejercerlo en sillas de rueda y dependiente de las influencias de El País, diario embridado por el Gobierno desde que algunos banqueros afines facilitaron la refinanciación de su voluminosa deuda (algo harían mal). Y, de salida, que prevalezcan los mangoneos políticos de Bruselas antes que la voluntad o el interés de los electores socialistas, que no votaron pacto alguno para que Juncker ni ningún otro ‘austericida’ presida la Comisión Europea (lo del “imperativo categórico” derivado del “principal mandato de los electores” que sostiene Vidal Folch es falso además de alucinante).

Pero, puesto a denunciar pactos rotos, el agresivo Vidal-Folch podía haber aprovechado la ocasión para repasar todos los que ha incumplido el presidente Rajoy, de bastante mayor importancia para muchos lectores de su periódico, por ejemplo. O para desvelar a sus lectores las secretas razones por las que se debería seguir apoyando a los mismos dirigentes europeos que durante cinco años ya se han mostrado suficientemente incapaces de resolver la crisis (de hecho Junckers ya ha prometido rectificar la anterior política europea por vías más expansivas), afanados -eso sí- en el reparto pastelero del poder.

O para haber reseñado que otros socialistas europeos tampoco votaron a Juncker, al margen de la posición de los eurodiputados de Izquierda Unitaria (en la que se integran Izquierda Unida y Podemos), de los Conservadores y Reformistas Europeos, de los eurófobos de UKIP (Farage) y del Frente Nacional (Le  Pen)... Porque en el mismo diario y en el mismo día en el que Vidal-Folch arremetía contra el voto negativo de los socialistas españoles, se podía leer:

“El Partido Socialista Europeo se dividió ayer en la votación secreta que invistió a Jean-Claude Junker como presidente de la Comisión Europea. La delegación del PSOE -formada por 14 europarlamentarios- y los 20 laboristas británicos se opusieron a la elección del ex primer ministro luxemburgués, candidato del PP europeo, mientras que los 12 eurodiputados socialistas franceses optaron por abstenerse. Los socialdemócratas suecos y daneses también optaron por abstenerse o votar en contra, según las fuentes consultadas. Incluso algún socialdemócrat italiano, del ala izquierda del Partido Democrático, se decantó finalmente por evitar el apoyo a Juncker”.

¿A qué viene, entonces, armar tanta bulla con el voto negativo de los 14 eurodiputados del PSOE…? ¿Es que acaso militan, como parece militar Vidal-Folch, en el PP europeo…?

Otro comentarista también tempranamente indignado con Pedro Sánchez, pero habitualmente menos con otros socialistas y populares bastante más meritorios de recibir sus acusaciones sumarias, es Santiago González. Ahí va también (menuda propaganda que le hacemos) su caritativa ayuda a la regeneración política socialista publicada en El Mundo (17/07/2014):

La primera en la frente

La victoria de Pedro Sánchez procuró cierta sensación de alivio a cuantos temían la victoria de Madina como una vuelta de la pesadilla Zapatero. Al primer tapón, zurrapas, que escribieron Quevedo y Tirso. Su primera iniciativa fue un calco de aquel primer domingo de Zapatero en la soledad de La Moncloa: «He dado orden al ministro de Defensa para que haga regresar las tropas españolas de Irak». Aún no había Gobierno ni Bono había tomado posesión del Ministerio con aquel circo de tres pistas que organizó para la ocasión.

Pedro Sánchez no era un presidente sin Gobierno; no tenía, por tanto, tropas que retirar. Sólo era un secretario sin Ejecutiva y sin despacho, pero animado de la misma voluntad de performances que su antecesor: en la vida partidaria, su primera decisión fue recibir a la jefa, a quien le debe mayormente el cargo. José Luis era más sutil: sus primeras entrevistas como presidente se las dio a El Mundo y a la Cope, no a El País y la Ser, un suponer. En el ámbito internacional, Sánchez ordenó a sus europarlamentarios desvincularse del acuerdo ‘do ut des’ por el que el PPE votaba al socialista Schulz como presidente de la Eurocámara y los socialdemócratas votaban al popular Juncker como presidente de la Comisión Europea. Habían pasado 24 horas de su elección cuando nuestro héroe, con nocturnidad y a través de Twitter, dio la vuelta al acuerdo.

Tal vez no se da cuenta del estropicio, que no es, como pudiera parecer, un agravio a los conservadores, sino a sus compañeros socialdemócratas. Si uno se pusiera en el pellejo de Schulz, pensaría: «Y estos 14 majaderos, ¿quién se creen que son para incumplir un compromiso de los socialistas europeos?». Cómo hacer amigos, ‘lesson one’. Luego están los argumentos. Nuestros europrogresistas han incurrido en esta pifia para no votar junto al PP, por lo que han coincidido con los parlamentarios de Marine Le Pen, los eurófobos de Nigel Farage y los Podemos, IU, ERC y por ahí. De paso, han recordado a toda Europa que no son gente fiable. Una exculpación parcial para Ramón Jáuregui, que mostró con bastante claridad su desacuerdo aunque, finalmente, votara con los demás.

Las tonterías nunca vienen solas. Su segunda decisión es anular el compromiso que los socialistas habían contraído entre sí para celebrar las primarias en noviembre. Se sabía que Susana, la jefa, no estaba por la labor. No sé si me siguen: como hizo campaña contra Juncker no se vota a Juncker; como había hecho campaña a favor de las primarias, no hay primarias.

Todo es coherencia. «Ningún calendario pasado puede condicionar el futuro», dijo el gran Tomás Gómez, inspirado en el Rufus T. Firefly de Sopa de Ganso. «Vamos con los asuntos viejos», decía Groucho a sus ministros. Cuando uno de ellos propuso hablar de aranceles, le denegó la palabra: «Ese es un asunto nuevo. ¿No hay asuntos viejos? ¡Hablemos entonces de los nuevos!», y cuando el ministro silenciado dijo: «Pues los aranceles…», Groucho lo calló definitivamente: «Lo siento, ese asunto ya es viejo».

Edificante, ¿verdad? Claro está que Santiago González ya había sentado cátedra de analista clarividente al iniciar su valoración sobre la elección del nuevo secretario general del PSOE de esta guisa (El Mundo 14/07/2014): “Ha ganado Pedro Sánchez, tal como se intuía desde que se contaron y recontaron los avales, pero las cosas no serían sustancialmente diferentes de haber ganado Madina. Considerados los candidatos de uno a uno o de tres en tres, no se adivina qué pueden aportar que no tuviera Rubalcaba…”. Pero ¿todavía no se ha enterado de por qué Rubalcaba ha tomado el tole del retiro…? Nada, sigan todos los socialistas las sabias indicaciones de tan afinado periodista y griten todos juntos “¡Rubalcaba Presidente!”.

Con todo, eso es poca cosa comparado con el trabajito de otro columnista del mismo periódico, Víctor de la Serna, tratando de elevar la “traición” de Pedro Sánchez al socialismo europeo nada menos que a ‘polémica nacional’ en un comentario titulado ‘Sánchez, oportunismo a las primeras de cambio’ (El Mundo 19/07/2014). Un artículo en sí mismo ciertamente oportunista, por no decir de risa, en el que utiliza como justificación de su ataque la posición editorial de El País (su competidor histórico) o del ABC (medio declaradamente ‘popular’): lo nunca visto en la profesión periodística.

Y lo curioso es que en el mismo diario El Mundo, con un nuevo estilo de coherencia editorial desde que Pedro J. Ramírez fuera sustituido en su dirección por  Casimiro García-Abadillo, otro experimentado comentarista político, Luis María Anson, recibiera encantado el cambio en la secretaría general del PSOE en una columna inmediata titulada ‘El socialismo vira a estribor’ (El Mundo 15/07/2014): “(…) Triunfó la moderación frente al extremismo. El socialismo ha virado ligeramente a estribor y se ha situado de forma acertada en el espacio que le puede ser más favorable para las próximas elecciones. La crisi económica ha encendido el extremismo izquierdista en una parte de la militancia socialista, y aunque las brasas derrotadas permanecen ardiendo, la sensatez ha retornado al partido…”. Total, que dentro de poco igual vemos al señor Anson pidiendo el voto para el socialista Sanchez.

Aunque lo más desvergonzado del caso es el ‘aviso’ lanzado por el Gobierno de Rajoy a Pedro Sánchez el viernes 19 de julio, cuando la vicepresidenta para todo, Soraya Sáenz de Santamaría, le espetó que “cumplir la palabra dada siempre es bueno para tomar a alguien en serio”, haciéndose eco de lo dicho por Rajoy el día anterior en Bruselas.

Claro está que el principio es correcto, sobre todo si quien ha dado la palabra tiene mandato imperativo al efecto (eso no se ha producido y poco importa ahora a los votantes del PSOE que Martin Schulz presida o no el Parlamento Europeo) en vez de dedicarse al mangoneo político. Tanto que, precisamente por ello -por no cumplir su palabra-, el PP acaba de perder 2,6 millones de votos en las elecciones europeas del 25-M… y los que va a seguir perdiendo.

Pero, en fin, dejemos que la borrica vuelva del monte y que Pedro Sánchez haga lo que tenga que hacer y más convenga a su partido y sus electores, y no a la competencia. Y esperemos que otras formaciones políticas arreglen también sus vías de agua, antes que tratar de hundir a las demás de forma ciertamente inconsecuente, para que la democracia en su conjunto pueda reflotar.

De momento, parece que en apenas tres días el nuevo secretario general del PSOE ha conseguido un acuerdo de partido para votar ‘no’ a Juncker (duela a quien duela), el sensato retraso de las primarias para elegir candidato a las legislativas hasta después de las elecciones locales, proponer un comité ejecutivo nacional federal integrador que recupere la unidad perdida (incluida la catalana), seleccionar un equipo de trabajo basado en la capacidad y la eficiencia y marcar una recuperación del socialismo reformista y radical, que de momento no es poco.

Pedro Sánchez aseguró con sencillez y claridad que espiraba al cargo “para cambiar el PSOE y cambiar después España”. Y, una vez ganado el apoyo de la militancia, ha afirmado, sin divagaciones ni tácticas ocultistas, que se presentará a las primarias para ser nominado como candidato socialista a la Presidencia del Gobierno y ganar las elecciones legislativas.

Cada cual podrá ser o no ser votante socialista, votante popular o votante de lo que quiera. Pero a todos los posibles electores interesan los partidos genuinos; con organizaciones honradas, transparentes y eficientes; con principios, valores y propuestas claramente identificables y con la garantía de su lealtad a quienes depositen en ellos su confianza electoral.

Por esa senda es por donde tendrían que caminar todos los partidos políticos, con el PP a la cabeza. El PSOE parece iniciado en la tarea, y por eso censuramos a los matones de pluma ligera dedicada a despellejar a cualquier personaje que aparezca en la escena política con afán regenerador, sin apenas dejarle presentarse ni exponer sus ideas y sus intenciones, o mostrar sus capacidades; es decir, mandándole a la hoguera antes de que puedan decir ni pio o matando al ruiseñor antes de que trine.

A ver si los vendedores de ‘burras ciegas’ que quedan por ahí, atados sobre todo a los pesebres del PP y del PSOE, dejan de cotizar de una vez por todas en la información política. Eso sí, mientras los renovadores de turno conjuran con habilidad sus coces y sus estertóreos rebuznos.

Fernando J. Muniesa

En más de una ocasión, y a veces con contundencia, nos hemos visto obligados a poner en negro sobre blanco la política mentirosa de Mariano Rajoy.

Hemos escrito lo indecible sobre la inutilidad manifiesta del presidente del Gobierno para acometer las auténticas reformas de todo tipo (económicas, políticas, institucionales…) necesarias en un tratamiento eficaz de la crisis global en la que estamos inmerso. Cierto es que propiciada en sus orígenes por otros gobiernos anteriores, a partir incluso del último que presidió Felipe González, que fue causa de unas promesas regeneracionistas de la política por parte de José María Aznar, finalmente incumplidas aunque también disfrutara de una segunda legislatura de mayoría parlamentaria absoluta, como la actual de Rajoy.

Hemos dejado en clara evidencia la falsa reforma de la  Administración del Estado, denunciando la insuficiencia que supone el Plan CORA (Comisión para la Reforma de las Administraciones Públicas). Y hemos dedicado también una especial atención a criticar la política vacua y tentativa de Rajoy, su carácter a menudo frentista, el incumplimiento de sus promesas electorales, el tiempo perdido en atajar los males del país, incluida la corrupción política, y, en fin, su indecisión y su desconexión hasta con el electorado propio.

Y ahora no tenemos más remedio que calificar su anunciada reforma para la ‘democratización’ del sistema político como una desfachatez partidista de vergüenza ajena, limitada a los intereses coyunturales del PP -no a los de la  sociedad en su conjunto- y sobrevenida por el pánico gubernamental que han generado los resultados de las elecciones europeas del pasado 25 de mayo.

El ‘regeneracionismo’ fruto del pánico electoral

Lo que el pasado 30 de junio Rajoy puso sobre la mesa en una reunión del Comité Ejecutivo del PP, la última antes del paréntesis veraniego, fue estudiar la elección directa de los alcaldes y la posibilidad de reducir el número de aforados para “mejorar la calidad de la democracia”. Temas que ahora se consideran parte de la agenda de regeneración institucional que le queda a su partido hasta las próximas elecciones generales, tras dar por hecho que se ha encarrilado la recuperación económica y que se verá asentada con reformas pendientes como la fiscal (¿?).

Pero, conociendo la escuela galaico-oscurantista de Rajoy y su escasa capacidad decisoria (¿o no?), acto seguido María Dolores de Cospedal aclaró que tan sólo se trata de “reflexionar” sobre las posibilidades de reducir el número de aforados o sobre el tipo de aforamiento, estudiar la conveniencia de una reforma electoral para implantar la elección directa de los alcaldes e incluso reducir el número de parlamentarios autonómicos y el de municipios (sin que de momento el PP presente apuestas concretas). La ‘número dos’ del PP añadió también que el partido abordaría estos asuntos en la Escuela de Verano a celebrar los días 10 al 12 de julio, ya cumplidos (poco arroz para ese pollo, que está perfectamente cocinado ‘a la trágala’ para ser impuesto, sí o sí, en el próximo periodo de sesiones del Congreso de los Diputados)…

Es decir, estando el sistema de convivencia política tan deteriorado como está, y visto que a efectos resolutivos de nada ha servido otorgar al PP una mayoría parlamentaria absoluta, ahora, a pocos meses de unas elecciones municipales y autonómicas que se anuncian demoledoras para el partido del Gobierno, se trata únicamente de ‘plantear’ un debate pero sin adelantar posiciones ni apuntar objetivos concretos, a pesar de que se trate de temas perfectamente conocidos, estudiados y con conclusiones inequívocas desde la exigencia democrática. Y ello con independencia de que el PP plantee la cuestión de los aforamientos una semana después del intenso debate que se produjo en el Congreso sobre su masiva extensión a miembros la Familia Real, y que, de alguna forma, ha conllevado una ruptura del consenso constitucional de 1978 en relación con la Institución Monárquica.

Dicho de otra forma, todo indica que se trata de lanzar un globo sonda, no para afrontar de verdad el necesario regeneracionismo institucional, sino para endilgar con el calzador del PSOE, o sin él, la reforma exclusiva de que el partido más votado sea el que presida las corporaciones locales (con algún ‘fleco’ ornamental como reducir el número de cargos públicos aforados, a lo que ya ha instado hasta el Tribunal Supremo, o liquidar administrativamente unos pocos municipios -no todos los necesarios- ya en cierre por defunción), tratando de conservar así el poder en las alcaldías más importantes que el PP vislumbra perdidas ante una mayoría social de izquierdas.

Las propuestas regeneracionistas del presidente del Gobierno aparecieron en todos los medios informativos. Pero en los análisis correspondientes no faltaron dos ideas evidentes para la mayoría: que su tardía consideración responde en efecto al revulsivo electoral desencadenado en los comicios europeos del 25-M (en los que el PP perdió 2,6 millones de votos) y al éxito obtenido por la marca ‘Podemos’ -cuyo abatimiento desde los medios pro gubernamentales ha sido decretado a sangre y fuego-, y también que se trata de una propuesta sin contenido real y en todo caso de marcado interés partidista.

De hecho, El Mundo (30/06/2014) criticó editorialmente que Rajoy lance el debate sin propuestas concretas, reclamando que, una vez resucitada la agenda que extravió al inicio de la legislatura, detalle sus reformas para ‘regenerar las instituciones’:

El PP debe concretar con reformas su 'agenda de calidad democrática'

Un mes después del severo castigo cosechado en las elecciones europeas, y empujado por quienes dentro del PP reclaman reformas y advierten de que el partido del Gobierno debe salir de su «zona de confort», Mariano Rajoy planteó ayer en su Comité Ejecutivo una «agenda de calidad democrática». El problema es que no trascendió ni una sola medida concreta con la que apuntalar tan loable objetivo. En teoría, los populares aprovecharán su Escuela de Verano para debatir y fijar posición sobre el número de aforados; la elección directa de alcaldes; la reducción de diputados autonómicos y ayuntamientos; e incluso la reforma de la Constitución. La intención, según María Dolores de Cospedal, es «plantear grandes acuerdos a la oposición que acerquen más la democracia a los ciudadanos». La entidad de estos debates requiere ambición y sentido común, así que, anunciado el reto, hay que pedir al PP que sea valiente y riguroso en la concreción de reformas.

Por lo que atañe a la de la Constitución, se trata de un debate crucial. El sólo hecho de que el presidente del Gobierno haya manifestado su disposición a «estudiar» una reforma es positivo. El modelo instaurado en 1978 está agotado, principalmente, porque el consenso que lo hizo posible ha desaparecido. El PP se mantiene como formación hegemónica del centro derecha, pero la izquierda se ha fragmentado y se ha dejado seducir por apuestas que se alejan de los espacios de consenso sobre los que se erige la Constitución. El PSOE es ahora un partido débil, en el que algunos dirigentes y referentes flirtean con la república. CiU mantiene un pulso al Estado y el PNV aguarda con atención el desenlace de ese órdago, lo que aleja a ambas formaciones de aquel espíritu de la Transición. IU se ha echado al monte y abandera, en clara competencia con Podemos, y en contra de lo que hizo el PCE de Carrillo, el fin de la Monarquía parlamentaria. Es evidente que la primera obligación de Rajoy, y su primera necesidad, es intentar reconstruir aquel consenso.

Establecer un sistema de elección directa para garantizar que gobierne el alcalde más votado es también razonable. No lo sería que el PP planteara una reforma exprés de la ley electoral sólo porque ve peligrar su hegemonía en Madrid y Valencia. En un país con 10.000 aforados, limitar el número de personas sujetas a tribunales superiores es obligado por razones de equidad y de sentido común: en ninguna nación de nuestro entorno hay tantos aforados como en España. El problema es que UPyD ya planteó esta medida en el Congreso y el PP votó en contra, así que ahora tendrá que dar muchas explicaciones para justificar su cambio de opinión. Reducir el número de diputados autonómicos y eliminar municipios parece razonable para contener el gasto público y cumplir con el objetivo de déficit, pero el resto de fuerzas políticas pueden plantear dificultades ante tales medidas si ello supone alterar su representación.

Además de estas propuestas, los populares deben insistir en combatir de una manera efectiva la corrupción, fomentar la transparencia en las Administraciones e impulsar la participación en política y la democracia interna en los partidos. Rajoy debe concretar su compromiso de regeneración democrática. De no ser así, decepcionaría las expectativas que él mismo ha generado y agravaría la desconfianza hacia los políticos.

Por su parte, Joaquín Prieto recordó con acierto en El País (30/06/2014) que la elección directa de alcaldes es una vieja propuesta inconclusa tanto del PSOE como del PP (ambos partidos abandonaron la idea cuando en pura aritmética electoral estimaron que no les convenía), que este recupera cuando está en declive electoral y se arriesga a perder muchas alcaldías en el 2015, y que entiende de interés particular para los partidos mayoritarios:

Interesante, pero partidista

Con las elecciones hay un gran equívoco en España. Toda la propaganda se orienta a hacer creer a los ciudadanos que eligen con su voto al alcalde, al presidente de la autonomía o al jefe del Gobierno; y sin embargo, ninguna de las tres cosas es del todo cierta. Los votantes eligen a concejales, que a su vez designan al alcalde; a diputados autonómicos, y ellos se lo guisan para sacar al presidente de la comunidad; y a diputados al Congreso, que seleccionan al presidente del Gobierno. No son pocas las ocasiones en que la cara del electo coincide con la publicitada por el partido victorioso, y eso contribuye a mantener la idea de que los electores son decisivos a la hora de cubrir el cargo disputado. Pero cuando ningún partido gana claramente y hacen falta pactos, empieza la confusión. Personas de grupos poco votados se hacen con el puesto en liza, eso si no hay tripartitos.

Por eso no carece de interés la propuesta realizada por Mariano Rajoy. No menciona cambios en las elecciones autonómicas ni en las generales, pero sí habla de pensar en la “elección directa” de alcaldes. Esa propuesta ya surgió con cierta fuerza desde el PSOE en 2003, que incluso la incluyó en su programa para las elecciones generales de 2004. Pero no se llevó a cabo, en medio de las dudas del PP y de IU. Reapareció fugazmente años después de la mano de los populares. Y Rajoy vuelve a lanzarla en estos momentos, cuando un PP en declive electoral se arriesga a perder, en 2015, muchos ayuntamientos a manos de pactos de izquierda.

La elección directa de alcaldes podría contribuir a eliminar transfuguismos o acuerdos oscuros. En el supuesto de avanzar por esa vía, queda mucho por saber: ¿el alcalde es simplemente el cabeza de la lista cerrada más votada, o los concejales serían elegidos en lista aparte? En ese segundo caso, el alcalde podría ser de un partido y la mayoría del ayuntamiento de otro, con la consiguiente dificultad de gestión. ¿Y la elección de alcalde sería a una vuelta o a dos? Este segundo supuesto parece lo lógico cuando nadie obtiene mayoría absoluta a la primera. En todo caso, el concepto de elección directa es un elemento singular en un sistema político donde la proporcionalidad (y por lo tanto, la elección indirecta de los cargos ejecutivos) se aplica en diversas clases de comicios desde la Transición.

A un año escaso de las municipales, cambiar las reglas del juego es una propuesta más partidista de lo que indica la envoltura con que ha sido presentada: “regeneración de la democracia”. Podría estudiarse, lo mismo que reducir drásticamente el enorme número de personas con derecho a fuero en un tribunal concreto; pero “regenerar” la democracia tiene que ver también con transparencia y limpieza en los procesos. En cualquier, debería hacerse por un amplio consenso. ¿Cuenta con ello el PP o trata de aprovechar lo que le queda de mayoría absoluta?

Lo cierto es que el planteamiento de mejora democrática que, de repente, se han puesto a estudiar Mariano Rajoy y María Dolores de Cospedal, parece una respuesta en toda regla al éxito cosechado por Podemos en las elecciones europeas. Y que, a pesar de sus grandes esfuerzos por desacreditarlo, los análisis internos del PP detectan que este partido sigue creciendo y que su discurso está calando en el tejido social (otro problema es el fenómeno de una convergencia de la izquierda política).

Sin citar a la formación emergente, la secretaria general del PP animó a su partido a combatirla durante su intervención en la inauguración del Campus FAES en el Centro de Convenciones Fray Luis de León de Guadarrama (Madrid), inmediatamente antes de celebrarse la reunión del Comité Ejecutivo del PP en la sede de Génova. La prueba es cómo clamó ante los militantes presentes en el Campus: “Me producen desasosiego algunas arengas de políticos de viejo cuño o nuevo cuño, que quieren conquistar el poder con banderas del hostigamiento y del miedo, no las de la concordia. Tenemos que actuar contra ello”.

Y justo a la semana siguiente, en la inauguración de la Escuela de Verano del PP, Esperanza Aguirre lanzó esta acusación, más propia del pánico político que de la convicción (así es ella): “Podemos está con el chavismo, con el castrismo y con ETA”. Es decir, que sigue la torpeza estratégica popular y hasta el punto que la propia vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, se metió en el lío alentando en el mismo escenario a combatir la “antipolítica” que según ella triunfa en las tertulias, en las redes sociales y hasta en los escaños, y soltando además perlas cultivadas como esta: “Algunos se dicen más ciudadanos porque comen menús de seis euros, pero a los que comemos un sándwich en el despacho, de sus seis euros, nos sobran tres y medio”…

Pero, frente a la propuesta popular de que ahora el partido más votado sea el que presida las corporaciones municipales evitando pactos (está por ver cómo quedaría la distribución de concejales y cómo en Cataluña y el País Vasco los partidos independentistas se hacen con el poder local), Pablo Iglesias ha declarado que no le llaman la atención las características de la reforma, pero sí “el hecho de que se produzca a pocos meses de las elecciones municipales cuando parece que el PP puede perder”. Y ha soltado esta pedrada política: “Hay ya periodistas que llaman a esta reforma Ley antiPodemos”.

Empezar las reformas por donde se debe

Claro está que si la voluntad regeneracionista del PP fuera cierta en lugar de oportunista, su propuesta democratizadora del sistema electoral vigente debería empezar de forma más significativa y convincente: por ejemplo, eliminando el sistema D’Hondt establecido para la adjudicación de escaños y los porcentajes de votos que limitan la representación política. Es decir, respetando el derecho electoral de las minorías en vez de ignorar sus votos en beneficio de los partidos mayoritarios, que además -gran paradoja- suelen ser opuestos ideológicamente.

Y nadie puede negar que lo establecido por los constituyentes en la Carta Magna para sustanciar esa representación política de los ciudadanos, es meridianamente claro y expresivo al respecto: “La elección se verificará en cada circunscripción atendiendo a criterios de representación proporcional” (art. 68.3 CE). Es decir, sin alusión alguna a la fórmula de reparto de escaños ideada por Victor d’Hondt, que terminó introduciéndose en la Ley Electoral General con posterioridad gracias a la presión manipuladora para fortalecer el bipartidismo, sin que se contemple de forma alguna en el texto constitucional.

Según la RAE, ‘proporcional’ es un adjetivo perteneciente o relativo a la proporción, de forma que así se dice del nombre o adjetivo numeral que expresa cuántas veces una cantidad contiene en sí otra inferior (doble, triple…). Y ‘proporcionalidad’ significa “conformidad o proporción de unas partes con el todo o de cosas relacionadas entre sí”.

Los partidarios del sistema D’Hondt como fórmula de reparto electoral, argumentan que tiene un ‘alto grado’ de proporcionalidad en un escenario con gran número de escaños a elegir en cada circunscripción, pero admiten, porque es así, que sus resultados distan mucho de la ‘proporcionalidad’ real cuando los votantes están divididos en numerosos distritos electorales con un número reducido de representación, que es lo que sucede en España y cosa no contemplada por los padres de la Constitución, pero sí por quienes la desarrollaron legalmente conculcando claramente su espíritu e incluso su letra.

Y conviene saber que, siendo la participación política de los ciudadanos un derecho fundamental, establecido en el artículo 23.1 del Título I de la Constitución (De los derechos y deberes fundamentales), el ejercicio del mismo vincula a todos los poderes públicos y que su regulación legal (en esta caso con la Ley Orgánica de Régimen Electoral General) “en todo caso deberá respetar su contenido esencial” (art. 53 CE). Una garantía de naturaleza constitucional que algunos especialistas consideran vulnerada precisamente con el sistema D’Hondt y los porcentajes de exclusión en los distintos ámbitos electorales establecidos de forma discrecional.

De hecho, el que los partidos que no consigan alcanzar ese umbral o barrera electoral quedan excluidos del cuerpo deliberante, agrava aún más la ‘aproporcionalidad’ del sistema D’Hont. Éste tiene un efecto distorsivo menor cuando la circunscripción es única; pero si se incluye un porcentaje de exclusión, se divide el territorio donde tienen lugar las elecciones en un número alto de circunscripciones y además ambas circunstancias se acompañan con la ley D'Hondt, la discrepancia entre el porcentaje de votos de cada partido y el porcentaje de escaños que se le asignan se dispara, quedando como la opción de mayor distorsión dentro de lo que se podría entender como cierta ‘representación proporcional’ (otros sistemas como el método ideado por el matemático francés André Sainte-Laguë, en su versión pura o en la llamada ‘modificada’, presentan una menor distorsión de las preferencias).

Lo cierto es que, la caótica diversidad de criterios aplicados en España en cuanto al porcentaje de exclusión, que en las elecciones municipales es del 5% pero que en las autonómicas varía desde el 3% (en Cataluña, Aragón y Andalucía), el 5% (en la Comunidad de Madrid, Murcia, Castilla y León…) o el 6% para el conjunto autonómico de Canarias (y hasta el 30% en sus circunscripciones insulares, salvo que se trate del partido más votado), desbarata el espíritu de la representación más democrática y su correlación directa con los escaños. Con el añadido de que la naturaleza de los distritos o circunscripciones electorales también es diversa: provinciales; de isla mayor o menor; de uno o más municipios…, e incluso la única a nivel del Estado en las elecciones europeas.

Y justo en esa circunscripción electoral de ámbito estatal, es en la que el número de cargos electos se atribuye en la práctica como un sistema proporcional puro, aunque en este caso queden muy perjudicados los partidos de implantación no nacional (autonómicos y municipales).

¿Reformas de martingala y toreo de salón…?

Porque la realidad es que con las martingalas introducidas en el desarrollo legal de la Carta Magna, en este caso reinterpretando de forma torticera los “criterios de representación proporcional’ establecidos constitucionalmente a efectos electorales, los resultados pueden llegar a ser sorprendentes. 

Así, las cuatro mayorías absolutas registradas hasta ahora en el Congreso de los Diputados (con más de 175 escaños), nunca han sido respaldadas con la misma mayoría absoluta de votos, sino con un porcentaje inferior que incluso se podría limitar a un 40%. El PSOE consiguió 202 escaños con el 48,11% de los votos en 1982 y 184 escaños con el 44,06% en 1986 (en 1989 el 39,60% de los votos le dejaron en la antesala de la mayoría absoluta con 175 escaños). Y el PP, por su parte, logró 183 escaños con el 44,52% de los votos en 2000 y 186 escaños con el 44,63% en 2011. 

Y esto quiere decir, ni más ni menos, que en esas legislaturas llamadas de ‘mayoría absoluta’, lo cierto es que una minoría social (la del 40%) se llega a imponer ‘absolutamente’ a una mayoría total (la del 60%), que queda excluida en el plano legislativo y, por tanto, de la política misma. ¿Estamos o no estamos entonces ante una democracia distorsionada…?

Esperemos, entonces, que, puesto por fin Rajoy a considerar la reforma del Régimen Electoral General, lo haga con un mínimo de rigor, con sentido de la ética política y con espíritu de verdadera regeneración institucional democrática (cosa que dudamos vaya a suceder). Lo contrario, la reforma selectiva interesada electoralmente, sólo sería otro ‘cuento chino’ más de su habitual repertorio político, a la postre convertido en el mejor abono para el mismo crecimiento de Podemos -y de otras fuerzas políticas en línea con la ruptura del sistema- que trata de combatir. 

¿Y qué decir de la ‘reducción’ de los aforamientos…? ¿Pasarlos de más de 10.000 a cuántos…? ¿A 9.000, a 6.000, a 3.000…? La repugnancia social del caso es tan grande que se deberían eliminar por completo, como sucede en la mayoría de los países democráticos, o en todo caso limitarlos a su mínima expresión y vinculados sólo a las funciones propias del ejercicio que corresponda, parlamentario o judicial.

¿O cómo no solventar de una vez por todas la absurda atomización de los entes locales, que el PP apoya como nadie en Aragón, donde además se complementan con unas ‘comarcas’ políticamente clientelares y que además compiten directamente con las diputaciones tradicionales…?

En fin, bueno está que se hable de la ‘regeneración de las instituciones’, pero no de forma tan gratuita, frívola y oportunista como ahora hace el PP, tratando de ganar ventaja electoral y dejando de lado el verdadero fondo de la cuestión. Miguel Ángel Aguilar ha retratado la situación en uno de sus incisivamente habituales artículos de opinión (El País 08/07/2014):

La regeneración, para septiembre

El Partido Popular hizo una campaña electoral victoriosa en noviembre de 2011 basada, más que en la propuesta de soluciones, en proponerse a sí mismo como la solución, la verdad y la vida. Declararon el desahucio del Partido socialista gobernante, le negaron hasta el agua de Lourdes, celebraron las dificultades y los hundimientos porque, como dijo Cristóbal Montoro, cuanto antes y peor terminaran, mejor. Ya vendrían ellos y con ellos la recuperación de la confianza, el alud de las inversiones extranjeras, la multiplicación del empleo, la bajada de la prima  de riesgo. En España empezaría a amanecer, se expandiría su prestigio, volvería a ser tenida en cuenta en Bruselas, se acabaría el déficit presupuestario, disminuiría la deuda, fluiría el crédito, despegaría el consumo, crecerían las exportaciones y el pueblo todo contento de ver tanta maravilla.

Pero, como en el romance, vinieron los sarracenos y nos molieron a palos. Todo fueron recortes, con la prima de riesgo triplicada, mientras se batían los récords históricos de parados y disminuía la cobertura de los subsidios, se congelaban las pensiones, se reducían las becas, las prestaciones sanitarias y las de la ley de dependencia. En compensación se tomaba al asalto RTVE para devolverla a su anterior condición de servicio doméstico del Gobierno, se promovía una nueva ley reguladora de la interrupción voluntaria del embarazo para asegurar el nacimiento de los fetos con graves malformaciones y se recuperaban algunas devociones. Así, la Virgen del amor hermoso recibía la medalla de oro al mérito policial, por orden del ministro del interior, Jorge Fernández Díaz, y la Virgen del Rocío era declarada el recurso más eficaz en la lucha contra el paro por la ministra de Empleo y Seguridad Social, Fátima Báñez.

Decidido a impedir que la realidad le estropeara su discurso de clausura de la escuela de mandos de la fundación ‘pepera’ FAES, el presidente Mariano Rajoy compareció en Guadarrama para hablar descorbatado a los cachorros que siguen la estela luminosa de Alejandro Agag. Bien oiréis lo que decía, en su propósito de negar que su Gobierno esté debilitando el Estado del bienestar: que la sanidad pública es más universal que antes, que no hay copago sanitario sino farmacéutico (por culpa de los socialistas), que nunca se ha dedicado más dinero a becas, que al PSOE corresponde apoyar al Gobierno en cuanto le pida y que los españoles deben recuperar la confianza perdida en las instituciones. Por eso propone una agenda de regeneración democrática, que ya ha quedado aplazada para septiembre después de postergarse durante dos años y medio. Pero de acabar con la vergüenza del ‘caso Bárcenas’ ligado a la financiación ilegal de las campañas electorales del PP; del ‘caso Gürtel’; de los corruptos en forma de racimos en Alicante, en Valencia, en baleares, en Brunete o en San Serení del Monte, oiga, ni palabra. A cambio se espera que el PSOE también se guarde para sí mismo sus vergüenzas sin amputarlas. La mayor urgencia reside en asegurar la elección directa de alcaldes para que gobierne el más votado. Una reforma que pondría alcaldías del País Vasco en manos de Bildu y facilitaría las de ERC en Cataluña pero salvaría a los ‘peperos’ en lugares ahora amenazados. Griten conmigo, ¡Viva España!

Martingalas y toreo de salón. Puro arte de birlibirloque, pero no en su afección a medios ocultos y extraordinarios sino en el sentido metafísico de ‘birlar’, hurtar o estafar, de repente, por sorpresa, con destreza o maestría…

No es lo mismo predicar que dar trigo

Y a todo esto pasándose Rajoy por la faja cada tres por cuatro exactamente la misma ‘soberanía democrática del Parlamento’ que tanto protege el PP de las airadas manifestaciones ciudadanas cuando le interesa, poco menos que a punta de pistola. Ahí está, como el caso más impresentable que jamás se haya podido pensar en un Estado democrático, el Real Decreto-Ley 8/2014, de 4 de julio de aprobación de medidas urgentes para el crecimiento, la competitividad y la eficiencia.

Un tocho de 172 páginas, con 124 artículos densísimos y 12 anexos muy complejos, que modifica 25 leyes y otras normas de rango  menor afectas a ocho ministerios distintos, que nada más ser aprobado por el Gobierno fue presentado para iniciar su convalidación en el Congreso de los Diputados el 10 de julio como ‘ley ómnibus’ y por vía de extrema urgencia, sin margen para presentación de enmiendas ni de debate y con aplicación del rodillo de la mayoría absoluta del PP. Es decir, con total desprecio de todas las demás fuerzas parlamentarias, que sin tener mayoría absoluta de escaños sí que la tienen de votos, y que, para empezar, calificaron dicha iniciativa de “abuso” y “cacicada”.

Es más la oposición en bloque lamentó el ejercicio “despótico” del poder, anunciando un recurso de inconstitucionalidad apoyado de entrada por PSOE, La Izquierda Plural, UPyD, PNV y el Grupo Mixto, en base a la conculcación del artículo 86 CE, según el cual el Gobierno sólo puede dictar este tipo de normas “en caso de extraordinaria y urgente necesidad”, ya que con ellas se arrebata la competencia legislativa de las Cortes Generales.

Prácticamente, todas las fuerzas de la oposición convinieron en que con esa actitud “despótica” el Gobierno destroza de un plumazo su discurso de regeneracionismo democrático, anulando el intento de aproximar la política a los ciudadanos. Por poner un ejemplo de lo manifestado al respecto en el Congreso, la portavoz socialista, Soraya Rodríguez, afirmó: “La primera exigencia de regeneración, es el respeto a la centralidad del Parlamento, que es presupuesto de una democracia parlamentaria”…

Si esto, al decir de Mariano Rajoy, es ‘mejorar la calidad de la democracia’ o ‘regenerar las instituciones’, que venga Dios y lo vea. Y de paso que se pronuncie sobre el grave atropello democrático protagonizado también por el PP en Santiago de Compostela, donde inhabilitados y/o dimitidos todos sus concejales y el propio alcalde por su implicación en diversos escándalos políticos, han sido sustituidos por otros no electos y que ni siquiera figuraron en la candidatura de los comicios correspondientes, sin proceder a su disolución,  como hizo el Gobierno del PSOE el 7 de abril de 2006 en el caso del Ayuntamiento de Marbella.

Una posibilidad establecida en el artículo 61.1 de Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local: “El Consejo de Ministros, a iniciativa propia y con conocimiento del Consejo de Gobierno de la comunidad autónoma correspondiente o a solicitud de éste y, en todo caso, previo acuerdo favorable del Senado, podrá proceder, mediante real decreto, a la disolución de los órganos de las corporaciones locales en el supuesto de gestión gravemente dañosa para los intereses generales que suponga incumplimiento de sus obligaciones constitucionales”. Acompañada con la designación de la comisión gestora prevista en el artículo 183 de la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, de Régimen Electoral General.

En fin, que, como consta en el sabio refranero español, ‘una cosa es predicar y otra dar trigo’. Lo dicho: para ser significativa, cualquier propuesta gubernamental de ‘regenerar las instituciones’ debe acompañarse de realidades consecuentes; lo contrario -que los hechos no acompañen a las propuestas-, como sucede con las de Mariano Rajoy, es pura hipocresía y más cuentos chinos de tres al cuarto.

Fernando J. Muniesa

Tras ponerse en marcha el mecanismo de sucesión del rey Juan Carlos I que culminaría con la proclamación de Felipe VI el pasado 19 de junio, publicamos una Newsletter (117) titulada Una abdicación de la Corona de España para ‘salir del aprieto’ en la que hacíamos un análisis diferencial del hecho. Y apenas tres semanas después lo continuamos con otro (Malestar por la marginación del estamento castrense en la proclamación del rey Felipe VI) que tampoco se podría calificar de obsequioso con la Casa Real, como han sido la mayoría de las crónicas periodísticas relativas a ese hito histórico.

Ahora, a la semana siguiente, y muy a nuestro pesar -porque lo cierto es que las eventuales críticas que hacemos al entorno regio sólo pretenden mostrar vías de perfección y fortalecimiento del sistema de convivencia-, nos vemos obligados a poner de relieve otros aspectos poco analizados de la misma cuestión de fondo: la falta de coherencia y las contradicciones evidenciadas en la campaña de imagen pública de la Corona y su efecto sobre la delicada situación política del país. Por supuesto igualmente crítico, frente a la complacencia con la que, de forma general, los comentaristas políticos han abordado la cuestión sucesoria, que además de precipitada estamos viendo plagada de errores.

Para empezar, y destacando que hasta los republicanos de pura cepa, es decir los que mantienen la cabeza y el corazón en su sitio (raciocinio y sentimientos no confundidos), convienen en que el reinado del abdicado rey Juan Carlos I ha sido cuando menos necesario -por supuesto con luces y sombras como corresponde a toda empresa humana-, ya señalábamos que la sucesión en la Corona por abdicación no estaba políticamente justificada y que era poco razonable frente a otras alternativas de mayor continuidad hoy por hoy más convenientes. Y que, en el fondo, ha respondido a un hartazgo de Don Juan Carlos de asesores torpes, políticos sin fuste en el gobierno y en la oposición y cortesanos de pacotilla, que han venido permitiendo por activa y por pasiva vías de agua irreparables por debajo de la línea de flotación del sistema.

Y ahí no sólo entran problemas relacionales dentro de la Familia Real y otras situaciones de crisis mal gestionadas. Lo cierto, y revelado por Don Juan Carlos antes de abdicar (“No quieren hablar”, dijo refiriéndose a Rajoy y Pérez Rubalcaba), es que en los últimos meses de su reinado no dejó de esforzarse, de forma evidentemente infructuosa, para lograr un gran consenso (al menos entre PP y PSOE) que permitiera revitalizar la política nacional y apuntalar como fuere la palpable invertebración territorial de España: de eso al ‘ahí te quedas y el que venga detrás que arree’ -dijimos-, queda muy poco trecho.

Con independencia de que en una abdicación tan sorpresiva hayan existido también, niéguese lo que se niegue, causas ‘acelerantes’ muy concretas. Tales como la descomposición inicial del PSOE, y con ella la volatilización del cómodo mangoneo bipartidista; la previsible radicalización socialista tras la debacle de los mandatos de ZP y Rubalcaba; la dudosa repetición de otra mayoría parlamentaria absoluta del PP; el temor a que siga creciendo el rechazo social a la Monarquía (existen encuestas de opinión no publicadas que así lo indican); el mayor escándalo que podría suponer la resolución final del ‘caso Nóos’; el crecimiento de IU y la eclosión de movimientos sociales más transgresores (como Podemos)… Y todo ello, según advertimos en muchas ocasiones, sin haber desarrollado una ‘Ley de la Corona’ tan obligada como necesaria (tiempo ha habido para ello desde que se aprobó la Constitución en 1978), como si la Casa Real fuera la Casa de la Troya o la de Tócame Roque.

Una abdicación regia, en definitiva, que llegamos a calificar de ‘calentón’, sin que deje de ser un regalo envenenado para Felipe VI. Durante la Transición, que en el fondo supuso aceptar en buena parte la herencia política de Franco, no faltaron quienes bautizaron al rey Juan Carlos I como ‘El Breve’; de forma equivocada, claro está, porque, de haber querido, fallecería como titular de la Corona, lo que a nuestro entender hubiera sido todavía la mejor opción para dejar bien encauzadas determinadas reformas institucionales, sin excluir por supuesto las que afectan a la unidad de España. Ya veremos si ahora esta sucesión en la Jefatura del Estado, que insistimos en considerar poco afinada políticamente y al menos inoportuna, convierte a Don Felipe en un rey breve o, si aguanta el tirón (que no sería poca cosa), en un rey duradero.

La ruptura del pacto constitucional de 1978

De entrada, la sociedad real -o una parte considerable de ella-, la más viva y pujante que se manifiesta en la calle y en la Red porque ya no se siente representada en las Cortes Generales, ha recibido al nuevo Monarca en contra de su voluntad, exigiendo un referéndum consultivo sobre ‘República o Monarquía’. Y lo cierto es que, al fin y al cabo,  esa petición no deja de ser una opción prevista constitucionalmente para validar “decisiones políticas de especial trascendencia” (art. 92.1 CE); mientras que la mayoría registrada en contra de esta consulta concreta en el Congreso de los Diputados, es cosa hoy por hoy bien distinta y distante de la realidad social.

Pero es que esta exigencia ‘ciudadana’ también ha sido oficializada en el Parlament de Catalunya el pasado 26 de junio, cuando se aprobó una moción pidiendo un referéndum sobre el modelo de Estado y defendiendo el ejercicio del ‘derecho a decidir’, con apoyo de Iniciativa per Catalunya, ERC y la CUP; la abstención (cosa grave) de CiU, del PSC y de Ciutadans y, finalmente, el voto en contra sólo del PPC.

Es decir, que, tras la polémica ‘Declaración Soberanista’ del 23 de enero de 2013, el proceso político catalán se ha vinculado también al referéndum sobre la Monarquía. Porque, a tenor de la moción aprobada por el Parlament como regalo envenenado a Don Felipe en su proclamación como Rey, además de lamentar el “carácter de urgencia” con el que se ha aprobado la Ley Orgánica reguladora de la abdicación del monarca predecesor, su representación política considera que el pacto constitucional sobre el que se basa la sucesión en la Corona “se ha roto desde el punto de vista territorial, social y democrático”, lo que en consecuencia “niega legitimidad” al relevo en la Jefatura del Estado sin un aval democrático.

Y esto es lo con lo que se encontró en su primera visita a Cataluña el flamante Felipe VI, cuando a las pocas horas de ese pronunciamiento parlamentario tan poco amistoso presidió la entrega de los premios Fundación Príncipe de Girona (FPdGi) acompañado por Doña Letizia. Acto en el que Su Majestad pronunció un discurso ‘conciliador’ con pasajes en catalán y hasta alabando el “sello distintivo” de Cataluña -pero sólo eso-, que al final quedó deslucido cuando algunos de los asistentes gritaron “¡Visca la terra!”, expresión propia del independentismo radical, proclama que otro asistente tuvo que conjurar con un convencional “¡Viva el Rey!”.

Todo ello mientras unos cientos de personas se manifestaban con cierta tranquilidad y orden por las calles de Girona contra la presencia regia en la ciudad, agrupadas bajo el lema ‘Ningún pacto, ningún Rey, el pueblo catalán decide’ y coreando consignas como “las tierras catalanas son republicanas”, “independencia”, y “fuera los Borbones de Girona”. Por su parte, las formaciones políticas locales criticaron la presencia del alcalde de la ciudad, Carles Puigdemont, en el acto organizado por la FPdGi, ya que en el último pleno municipal su formación política (CiU) había apoyado una moción proclamando que el título de Príncipe de Girona “no representa” a la ciudad…

Y lo cierto es que el resquebrajamiento del pacto constitucional de 1978, ya se evidenció en el Congreso de los Diputados durante el debate de la Ley Orgánica que habría de hacer efectiva la abdicación de Juan Carlos I a la Corona de España. Aunque el oficialismo político lo haya vendido como un proceso pleno de naturalidad y dentro de la legitimidad constitucional del sistema (Rajoy y Rubalcaba en eso obraron de consuno), con 299 votos afirmativos, 19 negativos y 23 abstenciones (más 9 ausencias), la realidad ha sido muy distinta.

Ya advertimos que en la sesión parlamentaria de marras, todos los grupos políticos se pronunciaron con una claridad inusual, dándose la circunstancia de que los miembros más numerosos -la voz contante- se vieron acosados política y dialécticamente por los menos numerosos -la voz sonante o más bien tronante-, teniendo que aceptar de hecho una fijación de posturas sobre la forma de Estado (que Rajoy y Rubalcaba no pudieron evitar) y escuchar pronunciamientos sobre la Monarquía bastante despreciativos, que han quedado registrados para siempre en el Diario de Sesiones. Algunos de los más agresivos y rabiosos, en concreto los del diputado Sabino Cuadra, portavoz de Amaiur, serían calificados por Alfonso Alonso, portavoz del PP, como “miserables” y “despreciables”…

Y el caso es que, en contra de lo deseado sobre todo por Rajoy (que comenzó su intervención señalando que la forma de Estado no estaba en el orden del día, aunque de hecho terminó estándolo), la sesión parlamentaria se torció tras la intervención de Rubalcaba, que hizo un brillante discurso justificando la postura constitucionalista del PSOE de apoyo a la abdicación sometida a aprobación de la Cámara (eso sí, sin dejar de declarar su preferencia republicana). Pero a partir de ahí se produjo un doble fenómeno perfectamente objetivado, aunque pocos analistas lo hayan querido ver: el descosido del consenso constitucional de 1978 precisamente por sus dos costuras más sensibles.

En definitiva, en el Congreso de los Diputados se consumó una rotura en dos de los aspectos tenidos por esenciales en el orden constitucional y en la débil arquitectura vertebradora del Estado. Por un lado se resquebrajó el consenso parlamentario sobre la Monarquía y, por otro, todos los partidos independentistas negaron de forma expresa ante el Pleno del Congreso de los Diputados la idea de Nación Española, declarando sus propias naciones catalana y vasca y negando el concepto de ‘nacionalidades’ recogido en el artículo 2 de la Constitución.

El primero en abrir fuego disidente fue el portavoz del Grupo Catalán (CiU) y curioso presidente de la Comisión de Asuntos Exteriores del Congreso desde 2004, Josep Antoni Duran, quien afirmó que “el pacto constituyente está finiquitado” y que, ante la alternativa entre “República o Monarquía”, CiU, formación de la que él es secretario general, optaba por “Cataluña”, es decir todo un ‘¡váyanse al carajo!’ resuelto con una abstención ‘pastelera’, quizás para no poner en peligro su multifunción política (con la acumulación de tres sueldos solo en su actividad parlamentaria, al margen de sus cargos de partido en CiU y UDC, fuerza federada con CDC).

Siguió Cayo Lara, portavoz de La Izquierda Plural, que hizo una defensa cerrada del derecho a decidir la forma de Estado (Monarquía o República) en un referéndum nacional, rompiendo abiertamente el pacto sobre la Corona suscrito en 1978 por el PCE bajo la dirección de Santiago Carrillo. Una posición que entonces se consideró absolutamente fundamental, por no decir imprescindible, para llevar adelante la Transición.

Y después entró en la refriega Aitor Esteban, portavoz del PNV, rematando el rechazo a la actual forma del Estado con un discurso si cabe mucho más claro y rotundo: el PNV se abstendría en la votación porque nunca estuvo en el consenso constitucional (en 1978 los nacionalistas vascos votaron en contra de la Constitución, mientras el referéndum de validación ciudadana apenas fue aprobado por el 30 por 100 del electorado vasco). Posición un tanto olvidada que ahora quedaba remarcada de forma solemne y muy educada en un debate parlamentario verdaderamente señero para todo aquel que dentro del teatro político no haya perdido la capacidad cognitiva.

Pero es que esta rotura del apoyo a la Monarquía, mucho más profunda y significada políticamente de lo que señala la aritmética parlamentaria, siguió con los votos negativos o la abstención de ERC, Coalición Canaria - Nueva Canarias, BNG, Compromís, Geroa Bai y Amaiur, cuyos siete diputados se ausentaron ostensiblemente del Pleno tras el discurso de su portavoz, Sabino Cuadra, que fue de auténtica traca antimonárquica, sin llegar a votar. Y ello al margen del espectáculo existencial ofrecido por el PSOE dentro y fuera de la Cámara (un diputado voto negativamente y otros dos se ausentaron).

Con todo, aún es mucho más preocupante (porque al fin y al cabo la forma de Estado, por sí misma, ni lo disuelve ni lo tritura) el independentismo declarado en sede parlamentaria por el conjunto de los partidos que hoy ostentan la mayoría electoral en Cataluña y el País Vasco, con luz y taquígrafos de por medio. Un asunto de máxima gravedad y en definitiva relacionado directamente con el debilitamiento de la Corona y de España como Nación, porque su titular, que es Rey y Jefe del Estado, simboliza su unidad y su permanencia, al tiempo que debe arbitrar y moderar el funcionamiento regular de las instituciones, según lo establecido en el artículo 56.1 de la Constitución. 

Un problema, pues, con dos derivadas de muy mala solución, que sin duda alguna es la peor herencia que el rey precipitadamente abdicado ha podido dejar al Príncipe Heredero de la Corona. La contestación que en esos dos sentidos, y en otros, va a tener que soportar Felipe VI, va a ser previsiblemente mucho mayor que la soportada jamás por Juan Carlos I (ahí está lo sucedido en Girona).

Por mucho que se quiera poner en valor la suma ampliamente mayoritaria de votos con los que se ha hecho efectivo el proceso sucesorio, aportados por un partido de gobierno en regresión (PP), por el destrozado PSOE, la emergente UPyD (todavía sin afianzar y que parece dispuesta a convertirse en bisagra del repudiado bipartidismo), el Foro Asturias y UPN, lo que en la sesión plenaria del Congreso de los Diputados del pasado 11 de junio se abrió fue, nada más y nada menos, que un camino de vuelta a las dos Españas (la monárquica y la republicana) y a la España rota.

Con el detalle agregado de que todas las fuerzas parlamentarias, con la significada excepción del PP, que de momento tiene bloqueado el proceso con la llave de su mayoría absoluta, han puesto encima de la mesa la necesidad de una reforma urgente de la Constitución. Que ya veremos a donde nos lleva, porque todo lo que en política se hace tarde o de forma obligada, se hace irremisiblemente mal. 

Y esto es lo que hay, por supuesto en una lectura objetiva de la realidad, sin mediatización partidista. La versión oficial de la situación es otra cosa muy distinta y sin duda acorde con el actual espíritu manipulador de la política española.

La chapuza del aforamiento de Don Juan Carlos

Además, esa ruptura del pacto constitucional de 1978 ha vuelto a quedar de manifiesto con motivo del empeño del Gobierno (y de la propia Casa Real) por cerrar el aforamiento de Juan Carlos I de forma tan urgente como chapucera, y no mediante consenso sino aplicando su ‘rodillo parlamentario’ de mayoría absoluta. Una incoherencia más de la Corona (y del Gobierno) a la hora de reponer su deteriorada imagen pública y de dar sentido a la falsa convicción regia de que “la Justicia es igual para todos”, que nada bueno dice ni aporta en favor de la Institución Monárquica.

Su función contradictoria y su efecto ‘boomerang’, en momentos sin duda institucionalmente delicados, ha sido puesta de relieve por Joan J. Queralt, catedrático de Derecho Penal de la Universidad de Barcelona, en un artículo de opinión muy claro y directo publicado en El País (15/06/2014). En él se aprecian dos ideas-fuerza de gran calado social: la primera, que quien ninguna función pública ejerce -como el rey Juan Carlos tras la abdicación-, ninguna protección específica merece, y la segunda recalca lo llamativo de que el aforamiento ante el Tribunal Supremo también se otorgue en materia civil:  

Aforamiento sin causa

Parece irreversible que el Gobierno va a otorgar el aforamiento al monarca y consorte salientes, tanto penal como civil. Se trata de un inexistente privilegio constitucional. Aunque sabemos cuál es la doctrina oficial sobre lo que no está en la Constitución, lo cierto es que cualquier excepción al régimen jurídico común, aquí de trato judicial, ha de tener una justificación constitucional. 

Discutible es el generoso aforamiento español, auténtica rareza en el derecho comparado. Responde empero a una doble razón: al ejercicio de un determinado cargo de relevancia jurídico-política mientras dura ese ejercicio. O sea que no se trata de un privilegio personal, sino meramente funcional.

Abdicado el Rey, él y la reina consorte ninguna función ejercen ni pueden ejercer. Así, quien ninguna función pública ejerce, ninguna protección específica merece; sus eventuales actos ilícitos han de ser conocidos, dentro de los procedimientos ordinarios, por el juez también ordinario. Una cosa es el respeto honorífico que se quiera dispensar a quien ha encarnado la Corona durante varios lustros y otra muy distinta crear situaciones excepcionales sin base alguna. Y menos aún para quien, como es la reina consorte, ningún fuero especial tenía mientras gozaba de tal consideración.

Dicho esto, llama más aún la atención que ese aforamiento, también ante el Tribunal Supremo (TS), quiera otorgarse en materia civil. Discutible es que la inviolabilidad del monarca alcanzara el fuero civil mientras ejercía su altísima magistratura, pero carece de sentido que ese aforamiento, para él y, de nuevo, para su cónyuge, se amplíe a la esfera civil. Ninguna razón existe para que quien han sido rey o su consorte no puede ser demandado civilmente, por ejemplo, para establecer presuntas filiaciones o responder ante impagos o por daños.

Cuando se quiso extender el fuero parlamentario al ámbito civil, es decir, someter al suplicatorio de las cámaras una acción de derecho privado derivada de demandas contra el honor, el TC tumbó sin miramientos tal extensión por carecer de previsión expresa y de fundamento constitucionales. Véanse las tajantes sentencias del Constitucional 243/1988, 186/1989 y 9/1990 al respecto.

Peor que producir una norma inconstitucional es que tal sea así declarada a instancias de un perjudicado, pues este también se ve privado sin causa del derecho legal a que las resoluciones judiciales sean revisadas por un tribunal superior. El derecho a la tutela judicial efectiva prima sin duda sobre la reverencia que se pueda profesar a alguien por los servicios prestados.

Y lo cierto es que una cuestión tan trascendente para la imagen social de la Monarquía, se ha alumbrado con ‘fórceps’ (instrumento obstétrico en forma de tenazas que sirve para ayudar a la extracción fetal simulando los mecanismos del parto normal). Es decir, incluyendo en una modificación puntual de la Ley Orgánica del Poder Judicial unas enmiendas sin duda extemporáneas para que todas las demandas que se puedan presentar contra Don Juan Carlos como monarca abdicado, Doña Sofía, Doña Letizia y los príncipes de Asturias (Doña Leonor de Borbón y Ortiz y su futuro cónyuge), sean entendidas por el Tribunal Supremo, tanto en la vía penal como en la civil.

Paréntesis. El prematuro nombramiento de Doña Leonor de Borbón y Ortiz como Princesa de Asturias, es decir Heredera de la Corona de España, a tenor -se justifica- de lo establecido en el artículo 57.2 de la Constitución, es cuando menos curioso, porque presupone que los actuales reyes ya no tendrán más descendencia. Según establece también la Carta Magna en el apartado 1 del mismo artículo 57, si el actual titular de la Corona tuviera un hijo varón, éste tendría preferencia sucesoria (en la misma línea y el mismo grado el varón prevalece sobre la mujer), dejando a su hermana Leonor en situación de grave conflicto institucional. ¿Es esta otra gran chapuza de los asesores regios y gubernamentales…?

Pero cuestión aún más significativa es que durante la tramitación ‘exprés’ en el Congreso de los Diputados del aforamiento masivo de miembros de la Familia Real, las enmiendas correspondientes sólo fueron aprobadas por la mayoría del PP, apoyada por UPN y Foro Asturias (que políticamente es más o menos lo mismo), con la abstención de PSOE, CiU y CC y el voto en contra de las demás fuerzas parlamentarias. Agrandándose así la quiebra del pacto constitucional sobre la Corona establecido en 1978.

En el Pleno del Congreso celebrado el pasado 26 de junio, la ponente del PSOE, Meritxell Batet, acusó al PP de “hacer mal las cosas” para obligar a la oposición a votar sí o no, sin dar la más mínima opción de debate ni de acuerdo, recalcando: “Y no es una cuestión meramente procedimental, es que no respetar a las minorías y al procedimiento es no respetar la democracia. La responsabilidad de lo hecho y sus consecuencias es sólo suya”.

Por su parte, Jordi Jané, de CiU, consideró que el procedimiento adecuado habría sido esperar a una reforma global de la Ley del Poder Judicial para garantizar un “debate serio” buscando consensos para reducir el número de aforados y limitar la protección al ejercicio del cargo, concluyendo que “lo que tenemos es una ley improvisada”.

Críticas que subieron de tono cuando el portavoz de La Izquierda Plural en la Comisión de Justicia, Gaspar Llamazares, afirmó que la aprobación del aforamiento “vitalicio”, “retroactivo” y “a la trágala” que ha decidido el PP para el rey saliente supone un “desacato” a la justicia y al juez José Castro, que ha mantenido como imputada a la Infanta Cristina al cierre de la instrucción del 'caso Nóos'. Además, añadió que “este aforamiento es un desafuero”, explicando: “Hay cortesanos que son más papistas que el Papa, y esta iniciativa de aforamiento demuestra que hay una maniobra palaciega para pasar de los pactos de La Moncloa a un pacto de La Zarzuela”.

En nombre de UPyD, Irene Lozano rechazó el aforamiento “vitalicio” de Don Juan Carlos y su “chapucera” tramitación y pidió eliminar el resto de los 10.000 aforados que hay España, porque esta protección jurídica supone un “privilegio sin ningún género de dudas”. A su juicio, “la Ley no puede ser un traje a medida” en el que haya una justicia “cómoda” y “rápida” para los cargos públicos y otra “más cara y lenta” para el común de los mortales.

Emilio Olabarria, portavoz del PNV, sostuvo que el procedimiento empleado podría ser considerado “nulo de pleno derecho” por el “brutal forzamiento del Reglamento” al haberse convocado de forma “manifiestamente ilegal” una sesión plenaria sin cumplir con los plazos de las fases previas. En ese contexto, se preguntó “por qué se está corriendo tanto” y “qué hay que ocultar”, entendiendo que por ello en la ciudadanía se haya interiorizado alguna “sospecha”.

Joan Baldoví, portavoz de Compromís-Equo, afirmó que el PP convirtió el Parlamento en “un florero”, convocando a los diputados a aprobar una reforma de este calado “en dos días”. En su opinión, “tanta prisa nos hace pensar mal y no huele bien”.

A las críticas al fondo y las formas del aforamiento masivo de miembros de la Familia Real, también se sumaron Uxue Barkos, de Geroa Bai, que censuró el tratamiento del tema con las “artes de hurtadilla parlamentaria”, y la portavoz del BNG, Olaia Fernández Davila, que afirmó no entender tanto “blindaje” para quien ya no es cargo público.

Sin embargo, las palabras más duras, entrando incluso en el ámbito de lo personal, llegaron desde ERC y Amaiur, aun cuando sus portavoces también son aforados conforme establece la Constitución de 1978, como todos los diputados y senadores.

Para el independentista catalán Joan Tardá, la Monarquía española fue “instaurada por uno de los genocidas más sanguinarios del siglo XX” (el dictador Francisco Franco) y ahora se “blinda” a Don Juan Carlos -sostuvo- “por miedo a la verdad”, porque durante casi cuarenta años “ha tenido barra libre para hacer lo que haya dado la gana y su fortuna podría ser cuestionada en los tribunales”. Por su parte, la diputada abertzale Onintza Enbeitia llegó a decir que Juan Carlos I “tuvo tanto que ver con el 23F como el propio Tejero”, que “no dijo nada” mientras el GAL “torturaba” y que se ha “forrado” en el cargo. Y ahí quedó eso.

Segundo paréntesis. El propio presidente del Congreso, Jesús Posada, ha provocado serias dudas sobre el procedimiento utilizado para aforar al Rey Juan Carlos. En una charla con los alumnos del curso ‘Estado y sociedad ante crisis y corrupción’ impartido en la Universidad Rey Juan Carlos, aseguró que la tramitación del aforamiento quedó “un poco chapuza” porque las Cortes Generales tuvieron que tramitarla “a toda velocidad”.

El torpe y continuo lastre del ‘caso Nóos’

Todo ello con independencia del lastre de imagen que supone el ‘caso Nóos’ y la grima social generada por los torpes ataques en tromba contra su juez instructor, José Castro, acosado por una Fiscalía increíblemente beligerante para evitar la imputación de Doña Cristina de Borbón y pactista con los imputados cuyos testimonios puedan alejarla del ojo del huracán; vigilado por el CNI; toreado por una Agencia Tributaria curiosamente a favor de la defraudación; zancadilleado por una Abogacía del Estado que hace dejación de su función en favor de intereses particulares; insultado por el aparato mediático del Gobierno, etcétera…

Aunque, como bien saben todas las partes afectadas, el juez en cuestión tampoco haya querido ser especialmente dañino al redactar el auto de imputación de la Infanta Cristina (mucho más cruel ha sido su expulsión de la Familia Real y el verse repudiada por el entorno del Monarca). Y que sin duda alguna esté siendo especialmente paciente con un ministerio público que, además de atacar su honor profesional sin el menor fundamento, le acusa públicamente de prevaricador.

Esa es la verdad. Y lo realmente despreciable a los ojos de la ciudadanía es ver cómo el Gobierno (con la Corona empujando por detrás) se empeña en promover una imagen claramente tendenciosa del juez ordinario asignado a la instrucción del caso. Socialmente, poco se percibe, pues, de realidad en aquella tierna declaración de Don Juan Carlos: “Afortunadamente vivimos en un Estado de Derecho, y cualquier actuación censurable deberá ser juzgada y sancionada con arreglo a la ley. La justicia es igual para todos”.

Así, desarrollar en estos momentos una campaña intensiva para mejorar o reposicionar la dañada imagen social de la Corona, que es lo que se está haciendo con gran precipitación y poca meditación, choca forzosamente con el muro de ese rechazo social levantado en paralelo. Opiniones sobre el fondo de la razón monárquica (o de la razón republicana), aparte.

Bien está que el matrimonio regio de consuno, o el Rey por un lado y la Reina por otro, reciban a todo tipo de organizaciones sociales y escuchen comprensivamente sus demandas (ya veremos si con resultados efectivos); que prodiguen su presencia en actos humanitarios, culturales, deportivos o empresariales; que viajen cuanto quieran por esos mundos de Dios; que besen niños a mansalva y que alegren la vida de ancianos, inmigrantes y gentes acosadas por el infortunio… Pero todo tiene su ritmo y su momento, porque, si no fuera así, la tramoya propagandista quedaría en evidencia; máxime cuando el carisma personal de Doña Letizia parece torpemente orientado hacia la prensa rosa, a base de exhibir modelos exclusivos de alta costura, someterse a continuas y costosas operaciones de cirugía estética, comenzar a pronunciar discursos tan ambiciosos como artificiales y hacer gala de una simpatía que, de momento, suena a tramoya teatral en un país hoy por hoy agobiado por la crisis económica y las desigualdades sociales...

La diferencia entre reinar y el propagandismo institucional

Con motivo de su proclamación como Rey de España, Felipe VI pronunció un discurso asumiendo básicamente su condición de monarca constitucional y su neutralidad respecto a las fuerzas políticas (algo obvio), muy aplaudido por los corifeos de turno. Pero algunos comentaristas políticos advirtieron inmediatamente que, justo en ese marco, es en el que la Corona debe mostrar su utilidad, sobre todo en momentos especialmente difíciles para el prestigio de la democracia representativa y cuando el concepto de Estado-nación se difumina en la oleada globalizadora.

Uno de ellos fue Juan Luis Cebrián. Y lo hizo en un extenso artículo titulado ‘El rey no gobierna, pero reina’ (El País 23/06/2014), en el que, con toda razón, lanzó la idea residual de que las Monarquías parlamentarias, como la nuestra, únicamente tienen sentido si son útiles a la convivencia política; advirtiendo también que las instituciones surgidas de la Constitución de 1978 pasan por serias dificultades… En su opinión, parece claro que no es el momento de realizar meras campañas de imagen pública, sino de estimar los graves problemas de fondo que tiene el país y de trabajar discreta y eficazmente en su resolución.

Como quiera que el tema de las funciones del Rey se debate desde hace tiempo, y que Cebrián citaba un artículo del mismo título publicado hace años en ABC (03/10/2009) por Manuel Jiménez de Parga, catedrático de Derecho Político y ex presidente del Tribunal Constitucional, no hemos dudado en recuperarlo de las hemerotecas y ofrecer su ilustrador contenido a nuestros lectores:

El Rey no gobierna, pero reina

Hace unos días don Juan Carlos pidió públicamente a todos los poderes existentes en la sociedad española que se pusieran de acuerdo con el fin de mejorar el sistema educativo. Se trata de un hecho cargado de significación, como destacó ABC en un comentario editorial. Luego el Rey ha asumido el protagonismo en las negociaciones para la sede olímpica. La intervención del Rey es una prueba más de que su poder no es meramente residual, como sostuviese el inglés Dicey, sino que «sobre y por encima de las demás personas» el Rey ha de cuidar la convivencia de todos nosotros.

Apartándose de Dicey, el belga Louis Wodon defendió la preeminencia de los Reyes en las Monarquías parlamentarias. Así se consagra en nuestra Constitución. El Rey, en efecto, no ha de limitarse a contemplar el espectáculo de autores, agentes y actores en acción, sino que interviene arbitrando y moderando (como expresamente lo prevé el artículo 56.1); el Rey no sólo aconseja, anima y advierte, sino que guarda y hace guardar la Constitución (artículo 61.1). El Rey reina.

La preeminencia regia salvó la democracia en este país el 23-F. En aquella triste jornada, hechos impensables en ciertas Monarquías europeas (de Reyes con simples prerrogativas de poderes residuales) obligaron a Don Juan Carlos a ejercer la potestad arbitral, guardando y haciendo guardar la Constitución. El momento fue dramático: las instituciones se pararon en seco. Como árbitro, el Monarca hubo de ingeniárselas, de forma espléndida, fabulosa, apreciando las circunstancias y tomando decisiones. Y el Rey ganó, y los españoles; gracias al árbitro y al guardián, nos encontramos aún gozando de libertades públicas y participando democráticamente en los asuntos políticos. Continuamos siendo ciudadanos.

No faltan quienes se lamentan de que la prerrogativa regia sea muy reducida. También se ha puesto en duda la posibilidad constitucional de la intervención del Monarca en situaciones de emergencia. Vuelve a repetirse el conocido aforismo: «El Rey reina, pero no gobierna». Se habla mucho sobre el asunto, pero sospecho que son pocos los que se toman la molestia de leer detenidamente nuestra Gran Carta política de 1978.

El artículo 56 afirma con estilo rotundo: «El Rey es el Jefe del Estado, símbolo de su unidad y permanencia, arbitra y modera el funcionamiento regular de las instituciones...». Esta facultad de arbitrar y moderar tiene un gran alcance, tanto en situaciones de normalidad como, sobre todo, en momentos difíciles para la Nación, en circunstancias excepcionales. Por eso el repetido aforismo se presenta con una segunda versión que refleja mejor el estatuto regio en la Constitución española; ya lo he escrito en el título: «El Rey no gobierna, pero reina». Reinar es, justamente, arbitrar y moderar el funcionamiento regular de las instituciones.

Pero ¿qué es arbitrar? El Diccionario de la Real Academia recoge tres significados del verbo que sirven para aclarar el artículo 56: a) Arbitrar es proceder uno libremente, usando de su facultad y arbitrio; b) arbitrar es ingeniarse; c) arbitrar es dar o proponer arbitrios. Con cualquiera de las tres maneras de entender el vocablo llegamos a la conclusión de que, en castellano, arbitrar es algo más que hacer respetar las reglas de un juego sin intervenir en él.

Pero sigamos consultando el Diccionario y veremos que «arbitrio», además de ser la facultad que tenemos de adoptar una resolución con preferencia a otra, es «la facultad que se deja a los jueces para la apreciación circunstancial a que la ley no alcanza».

Es sumamente esclarecedora esta última significación. En aquellos supuestos de hechos no contemplados por la ley, el árbitro puede y debe intervenir. Así hay que interpretar la potestad regia de arbitrar y moderar el funcionamiento regular de las instituciones.

Benjamín Constant, a principios del siglo XIX, habló del «poder neutro», «augusto poderío de la realeza», «que en cuanto el peligro se anuncia, le pone término por vías legales constitucionales», y cincuenta años después Prévost-Paradol, desarrolló y vulgarizó la teoría del Rey-árbitro: «colocado por encima de los partidos, no teniendo nada que esperar o temer de sus rivalidades y sus vicisitudes, su único interés, como su primer deber, es observar con vigilancia el juego de la máquina política con el fin de prevenir todo grave desorden. Esta vigilancia general del Estado debe corresponder al árbitro».

En España -insistimos- el Rey no gobierna, pero reina. A distancia de los acontecimientos y por encima de ellos, como quería Constant, pero no desinteresado de cuanto importante suceda en el país. Sabino Fernández Campo, con su inigualable experiencia, viene abogando, en ponencias académicas y conferencias públicas, por la mayor presencia del Rey en la vida social, cultural y política, además de su protagonismo en lo deportivo. Un Rey siempre vigilante de la marcha de las cosas públicas, pero con presencia activa cuando se ponen en peligro los valores supremos que la Constitución ampara. Árbitro que ha de inventar, que ha de ingeniarse, en los casos de situaciones límites que el legislador ni ha previsto ni humanamente pudo prever.

He aquí la difícil y trascendental obligación del Rey al ser concebido constitucionalmente como árbitro.

¿Cómo debe definirse, en suma, el estatuto jurídico-político de los Reyes? Contestaré con dos expresiones doctrinales. La una se apoya en experiencias monárquicas del Continente; la otra es inglesa, tanto por su autor como por los datos que se tienen en cuenta.

Según el citado Louis Wodon, el hecho de que la Constitución belga -igual que otras- limite los poderes del Rey a aquellos que expresamente le son atribuidos, no impide que exista una preeminencia regia. Razona Wodon: «El rey tiene deberes por encima de la letra de la Constitución; el juramento que presta le obliga a mantener la independencia nacional y la integridad del territorio; y el monarca, por otra parte, realiza actos importantes -advertencias, consejos, recomendaciones políticas- que no son refrendadas por los ministros. Hay, en pocas palabras, elementos fundamentales anteriores y superiores a la misma Constitución, y es el rey, jefe del Estado, a quien corresponde mantener esas bases de convivencia».

En Inglaterra, sin Constitución escrita, no resulta fácil precisar el estatuto de la Corona. Tiene uno que adentrarse a la aventura, «por el vivo y desordenado laberinto de la historia de un país». Dicey subrayará por ello -dije antes- que la prerrogativa es «el residuo de la autoridad discrecional, o arbitral, que un tiempo dado está jurídicamente en manos de la Corona». Otros poderes -por ejemplo, el Parlamento, el Gobierno- conservan sus facultades, o las aumentan. Al rey sólo le pertenece el residuo del Poder, lo que las demás instituciones le dejan. Esa es la «prerrogativa regia».

Hace más de cuarenta años publiqué un libro titulado «Las Monarquías europeas en el horizonte español». Defendí allí la tesis de la preeminencia regia. Amigos íntimos me comunicaron que en aquellas páginas había mucha fantasía, pues nuestro horizonte político estaba cerrado. En 1966, además, éramos pocos los que nos afanábamos por la instauración aquí de la democracia y menos aun los que teníamos la vista puesta en una Monarquía parlamentaria, con un Rey que arriesga cuando tiene que arriesgar, que asume el protagonismo en los asuntos difíciles.

El propio Jiménez de Parga, como otros muchos intelectuales, ha tenido que insistir notoriamente en el desentendimiento de la Corona de su más propia responsabilidad. Y nosotros mismos hemos denunciado también en algunas ocasiones el incumplimiento del deber esencial que tenía el rey Juan Carlos de arbitrar y moderar el funcionamiento regular de las instituciones, muy distinto de los juegos de imagen pública o de su desconcertante interés por implicarse en tareas de agencia comercial nacional y de negocios propias y exclusivas del Gobierno o de las empresas privadas en competencia.

Sin querer alargar más esta Newsletter, la concluimos recordando al nuevo monarca, Felipe VI, que, como tal, debe ‘reinar’, alejado de la pasividad que en momentos de grave deterioro político e institucional ha acompañado en ese sentido a su egregio predecesor, llevando la Institución Monárquica a niveles de rechazo social llamativamente altos. Y que, muy por encima del propagandismo y las relaciones públicas, ‘reinar’ es, en efecto, arbitrar y moderar, advertir, sugerir, aconsejar, promover...

Por tanto, menos torpezas y contradicciones en el reposicionamiento de la imagen pública de la Corona, menos fotos de opereta y más aplicación a corregir los desórdenes políticos e institucionales del país, que son muchos y extremadamente urgentes. Cataluña, el País Vasco y en realidad toda España, es lo que esperan de una Monarquía que, sin gobernar, ha de reinar con utilidad -no porque sí- para no desaparecer.

Fernando J. Muniesa

Nada más lejos de nuestra intención que empañar la proclamación del rey Felipe VI o dejar en evidencia el exceso de halagos y beneplácitos que han acompañado los actos oficiales correspondientes. Y, mucho menos, tratar de cuestionar gratuitamente una sucesión en la Corona de España que afecta antes que a nadie al rey abdicado y a su legítimo heredero, más allá de lamentar la precipitación del hecho, su mal trato político y algunas otras circunstancias anejas, ciertamente incoherentes, que, en nuestra opinión, han servido para debilitar más la institución monárquica antes que para fortalecerla.

Ese no es el caso; porque la única intención de esta Newsletter es poner de relieve la realidad de un estado de opinión dentro del estamento castrense (y quizás también en otros sectores sociales civiles) que no se pueden calificar de convenientes o gratos para nadie. En concreto, hablamos de cómo las Fuerzas Armadas se han visto ‘apartadas’ de un suceso histórico que, al menos teóricamente, las atañe de forma muy directa y especial: no en vano la sucesión en la titularidad de la Corona comporta también una sucesión en su ‘mando supremo’, según lo establecido constitucionalmente.

De ello quedó constancia al haber sido investido Don Felipe de Borbón, nada más formalizarse la abdicación de la Corona de España por parte del rey Juan Carlos I, como Capitán General de los tres Ejércitos. Y por haber asistido además el nuevo Rey al acto de proclamación ante las Cortes Generales luciendo sobre su uniforme militar de gran etiqueta los distintivos de tal rango (conviene advertir que el empleo militar de Capitán General no equivale exactamente a ‘mando supremo de las Fuerzas Armadas’, que es una institución sin distintivo oficial).

Y cuando hablamos del distanciamiento entre el estamento castrense y la Corona o del Rey, a quien el Gobierno se ha empeñado en mantener de forma innecesaria y absurda como máxima jerarquía de los tres Ejércitos, ostentando en exclusividad el rango de Capitán General, sólo señalamos “el alejamiento afectivo o intelectual de alguien en relación con un grupo humano, una institución, una ideología, una creencia o una opinión”, en los términos en que dicha acción o efecto de ‘distanciar’ es descrita por la RAE.

La Corona y el Gobierno ningunean a las Fuerzas Armadas

De entrada, cualquiera que lea el discurso o mensaje de Felipe VI en su proclamación como Rey, nada limitado porque fue de 2.987 palabras frente a las 966 del pronunciado por Juan Carlos I el 22 de noviembre de 1975 en la situación similar, podrá comprobar la llamativa ausencia de cualquier referencia a las Fuerzas Armadas, a los Ejércitos, al estamento castrense, a la Defensa Nacional… Ni a nada que se pueda relacionar con su propia formación militar, con el uniforme que lucía o con la notoria condición de Capitán General  (o de ‘mando supremo’ de las Fuerzas Armadas) de la fue investido de forma inmediata tras la abdicación de Juan Carlos I.

Obviedad diferencial que quedó destacada por los guiños de complicidad que lanzó Don Felipe de Borbón a otros grupos y sectores de la sociedad española. Así, aludió de forma reiterada a la juventud y a la mujer, con referencias expresas al “siglo del conocimiento, la cultura y la educación”, a “las nuevas tecnologías, la ciencia y la investigación”,  a “la independencia del Poder Judicial”, al “medio ambiente”, a las lenguas oficiales…

Sin citar en ningún momento a las Fuerzas Armadas, ni siquiera al defender la promoción de “la paz y la cooperación internacional”, en cuya tarea tanto tienen que ver y que cumplen con tanta abnegación. O al hablar de la “España unida y diversa”, cuya soberanía e independencia ellas deben garantizar (junto a la defensa de su integridad territorial y del ordenamiento constitucional).

Y, peor aún, sin homenajear ni reconocer a los cientos de militares que durante el reinado de Juan Carlos I han caído al servicio de la ‘Patria’ (palabra no pronunciada ni por asomo en el discurso del Monarca), cuando sí que hizo lo propio, de forma muy emotiva, con las víctimas del terrorismo: “(…) En esa mirada deben estar siempre presentes, con un inmenso respeto también, todos aquellos que, víctimas de la violencia terrorista, perdieron su vida o sufrieron por defender nuestra libertad. Su recuerdo permanecerá en nuestra memoria y en nuestro corazón. Y la victoria del Estado de Derecho, junto a nuestro mayor afecto, será el mejor reconocimiento a la dignidad que merecen…”.

Todo ello con un punto final del mensaje en el que Don Felipe sustituyó el tradicional “¡Viva España!” (Don Juan Carlos concluyó con él su discurso de proclamación) por un agradecimiento plurilingüe, acaso como expresión de respeto hacia la diversidad cultural del país, porque es obvio que todos los españoles entienden el castellano, que es la lengua común del Estado: “Muchas gracias. Moltes gràcies. Eskerrik asko. Moitas grazas”…

Pero es que el distanciamiento del Rey con el estamento castrense fue visible y bien lamentable incluso en el protocolo establecido para situar a los invitados al acto de proclamación ante las Cortes Generales. Quedando muy de manifiesto los puestos relevantes reservados a determinados invitados o grupos de invitados (porque algunos fueron situados de forma ‘grupal’), los jefes de los Estados Mayores serían por contra convenientemente ‘alejados’ y hasta ‘diseminados’ para evitar cualquier atención sobre su presencia, incluida la del JEMAD que es representante institucional del conjunto de las Fuerzas Armadas.

Y no digamos menos de lo sucedido en la recepción ofrecida en el Palacio de Oriente después de la proclamación. A ella asistieron oficialmente 2.000 invitados (los ‘besamanos’ serían finalmente muchos más), incluyendo empresarios, deportistas, toreros, algún intelectual y muchos ‘culturetas’, mogollón de periodistas y amiguetes de no se sabe quién, un cantante ‘famoso’ ostentosamente ‘descorbatado’, jovenzuelos con vaqueros y playeras…, pero escamoteando también en ese acto multitudinario la presencia de militares, salvo los que estaban de obligado servicio…

En fin, todo un desprecio regio hacia las Fuerzas Armadas -el de ahora- que contrasta con la tradicional confraternidad militar practicada por el rey Juan Carlos I, e incluso por el que fue Príncipe Heredero, quien en el día de su boda solicitó de sus compañeros de las tres academias militares (ya olvidados) que le formasen el tradicional ‘arco de sables’. Una relación que, respetando siempre la disciplina y subordinación reglamentarias, ha sido de especial proximidad entre la Corona y el estamento castrense y muy presente en los momentos más delicados y trascendentes para la Institución Monárquica (y no digamos nada durante los oscuros acontecimientos del 23-F…).

Claro está que esta es una contrariedad asumida, como otras, en absoluto silencio por los militares afectados; algo que no ha sucedido con la clase política. De hecho, poco han tardado los eurodiputados electos en afear su eliminación radical tanto de la proclamación y juramento de Felipe VI ante las Cortes Generales como en la recepción del Palacio Real. Luis de Grandes (PP) reclamó: “Se puede llegar a entender que no fuéramos convocados [los eurodiputados] al Congreso por falte de espacio, pero no que no hayamos sido incluidos en ningún protocolo”…

Queda por ver si el ninguneo a las Fuerzas Armadas del pasado 19 de junio fue cosa de la Casa Real (que cuesta creerlo aunque Doña Letizia simpatice poco con lo castrense), de los asesores regios, del Gobierno o de todos juntos. Porque lo cierto es que en Moncloa se redactan o al menos se supervisan, y en todo caso se autorizan, los discursos del Rey. Lo que tampoco significa que Su Majestad deba inhibir sus sentimientos (cosa que no hizo en otros aspectos) o dejar de señalar las cuestiones relativas a la convivencia nacional que a su juicio sean claves o merezcan destacarse…

El imposible ‘mando supremo de las Fuerzas Armadas’

No deseamos incidir más en lo que Su Majestad debió o no debió decir sobre las Fuerzas Armadas en su discurso de proclamación: ahí ha quedado registrado en los anales de la historia para que cada cual saque su libre conclusión. Pero sí que queremos reiterar (ya lo hemos escrito en otras ocasiones) la torpeza jurídica y constitucional con la que en su momento se envolvió -en un Estado democrático- la ostentación del ‘mando supremo de las Fuerzas Armadas’ por parte del Rey, embrollo que se hubiera podido desenredar fácilmente con ocasión de la abdicación de Juan Carlos I.

Lo razonable hubiera sido liberar al nuevo Monarca de ese ‘mando supremo’ que, además de innecesario, supone una última atadura de la actual Corona de España con el régimen franquista (puesta a ser ésta tan ‘civilista’ como al parecer pretende Doña Letizia), en el que el Generalísimo ostentaba dicho mando, hoy profundamente falso en términos legales y no menos contradictoria desde el punto de vista constitucional. Y también que, siendo Don Felipe ya Rey de España y Jefe del Estado, se hubiera retirado de sus atributos el de dicho mando militar, entre otras razones porque, diga lo que diga la Constitución, su asunción se enfrenta a la potestad del Gobierno.

Muy recientemente, en nuestra Newsletter 117, titulada Una abdicación de la Corona de España para ‘salir del aprieto’, ya advertimos la necesidad, no menor, de aclarar la naturaleza y el alcance real de ese ‘mando supremo de las Fuerzas Armadas’ asignado impropiamente al Rey en la Carta Magna, y en su caso eliminarlo mediante simple declaración de su naturaleza ‘simbólica’ hasta que se sustancie la reforma constitucional oportuna. Cosa perfectamente compatible con un nombramiento de Capitán General ‘honorífico’ al objeto de que el Rey prevaleciera también como militar de carrera sobre los demás rangos y empleos de las Fuerzas Armadas, pero sin ostentar su mando efectivo.

Porque en pura legalidad, y en la mera racionalidad, ese mando del Rey usurpa claramente las funciones del Presidente del Gobierno; y porque, además, ha terminado recayendo en persona distinta de Don Juan Carlos de Borbón, con origen político, formación y relación con el estamento castrense muy diferentes, en otro tiempo y en otro contexto no militarista, que ya deberíamos entender plenamente democrático.

Este tema, desatendido con total despreocupación por el Gobierno y la Casa Real desde 1978, ya se mostró jurídicamente fundamental en el desarrollo del Consejo de Guerra seguido contra los militares encausados por en el golpe de Estado del 23-F. Básicamente en cuanto a la comparecencia del Rey como testigo de los hechos, según requirió alguna de sus defensas, y por el argumento que esgrimió el Tribunal que dictó en casación la sentencia definitiva para refutar el principio de ‘obediencia debida’ al que se acogían los condenados.

Porque, no estando la persona del Rey sujeta a responsabilidad alguna según el artículo 56.3 de la Constitución (lo que exige que todos sus actos como Jefe del Estado deban ser refrendados por el Gobierno), se produce una evidente incoherencia legal con el teórico ‘mando supremo de las Fuerzas Armadas’; lo que, a su vez, choca con el hecho incontrovertido de que la caracterización del mando reside en su capacidad para decidir y en la responsabilidad derivada del mismo. Es decir, que en la concordancia de ambas circunstancias, el Monarca no podría ser mando supremo de las Fuerzas Armadas, ni éste titular de mando ser, al mismo tiempo, Rey de España: el error constitucional es, pues, mayúsculo.

El mando militar es indivisible y plenamente responsable, pero el Rey es irresponsable y sus actos (salvo los que afecten al gobierno de la Casa Real) requieren un refrendo responsable ajeno a su persona. Dicho de otra forma, quien no es responsable no puede mandar.

Por eso, durante el 23-F fue patético ver como los capitanes generales se ponían, finalmente, a las órdenes incondicionales de su ‘mando supremo’, en un tema desde luego delicado pero que tenía una respuesta democrática y una dependencia política inequívocas, sin necesidad de mayor consulta. Aunque no menos chocante para esa misma sensibilidad democrática fuera ver al propio Rey lanzando sus órdenes militares, que por fortuna fueron de reconducción constitucional, a la cúpula de nuestros ejércitos en la oscura madrugada del 24 de febrero de 1981.

Y prueba de toda esta incoherencia formal, se tuvo efectivamente con el pronunciamiento del Tribunal Supremo al fallar en casación las sentencias definitivas para los encausados del 23-F. En él, y para deslegitimar el pretexto de ‘obediencia al Monarca’ argumentado por los acusados (pero que también hubiera podido expresarse como ‘obediencia militar debida al mando’), se manifestaba: “Con el debido respeto al Rey, y aceptando, por supuesto, la inmunidad que concede al Rey la Constitución, si tales órdenes del Rey hubieran existido, no hubieran excusado de ningún modo a los procesados, pues tales órdenes no entran dentro de las facultades de Su Majestad el Rey y siendo manifiestamente ilegales no tendrían por qué haber sido obedecidas”…

Por otra parte, la alta responsabilidad del Rey de arbitrar y moderar el funcionamiento regular de las instituciones (art. 56.1 CE), también choca directamente con el mando supremo de una de ellas (las Fuerzas Armadas). Porque, ¿cómo se puede arbitrar o moderar en o sobre aquello de lo que uno es máximo responsable jerárquico…? ¿Arbitrándose o moderándose a sí mismo…?

Durante la imposición del fajín de Capitán General a Don Felipe de Borbón, de manos de su egregio padre, sólo se invocó para ello el artículo 62, letra h), de la Constitución, en el que se establece que al Rey corresponde el mando supremo de las Fuerzas Armadas. Pero nada se dice en la Carta Magna, ni en sus desarrollos legales, sobre su asimilación al empleo de Capitán General…

Un Rey enrocado en un error jurídico y constitucional

Es más, la Ley 50/1997, de 27 de noviembre, del Gobierno, que establece la organización, competencia y funcionamiento de éste órgano supremo de la dirección política del Reino de España, “en el espíritu, principios y texto constitucional”, aclara de forma taxativa en su artículo 1.1 lo siguiente: “El Gobierno dirige la política interior y exterior, la Administración civil y militar y la defensa del Estado. Ejerce la función ejecutiva y la potestad reglamentaria de acuerdo con la Constitución y las leyes”.

Y, para que no quepa duda alguna respecto a quien ejerce efectivamente el ‘mando supremo de las Fuerzas Armadas’, a continuación, el artículo 2.2, precisa en su letra f) que, en todo caso, corresponde al Presidente del Gobierno “dirigir la política de defensa y ejercer respecto de las Fuerzas Armadas las funciones previstas en la legislación reguladora de la defensa nacional y de la organización militar”.

¿Dónde queda entonces el otro ‘mando supremo de las Fuerzas Armadas’…? ¿En qué cosa militar va a ‘mandar’ un Rey de España entronizado como ‘irresponsable’ y sin capacidad ejecutiva alguna salvo en el gobierno de la Casa Real…?

Cierto es que la previa Ley Orgánica 5/2005, de 17 de noviembre, de la Defensa Nacional, establece en su Título I (De las atribuciones de los poderes del Estado), de forma inercial por lo confusamente reflejado en la Constitución, que “corresponden al Rey el mando supremo de las Fuerzas Armadas y las demás funciones que en materia de defensa le confiere la Constitución y el resto del ordenamiento jurídico”; aunque el Rey no sea en modo alguno un ‘poder del Estado’, ni legislativo, ni ejecutivo, ni judicial (según el art. 1.2 CE, “la soberanía nacional reside en el pueblo español, del que emanan los poderes del Estado”).

Pero es que, acto seguido, la misma ley orgánica deja también claro que el Gobierno ‘dirige’ la Administración militar y que el Presidente del Gobierno ejerce la autoridad correspondiente, es decir que él es quién manda en las Fuerzas Armadas:

Artículo 5. El Gobierno

Corresponde al Gobierno determinar la política de defensa y asegurar su ejecución, así como dirigir la Administración militar y acordar la participación de las Fuerzas Armadas en misiones fuera del territorio nacional. 

Artículo 6. El Presidente del Gobierno

1. Corresponde al Presidente del Gobierno la dirección de la política de defensa y la determinación de sus objetivos, la gestión de las situaciones de crisis que afecten a la defensa y la dirección estratégica de las operaciones militares en caso de uso de la fuerza.

2. El Presidente del Gobierno ejerce su autoridad para ordenar, coordinar y dirigir la actuación de las Fuerzas Armadas así como disponer su empleo.

3. Asimismo, en el marco de la política de defensa, le corresponde de forma específica:

a) Formular la Directiva de Defensa Nacional, en la que se establecerán las líneas generales de la política de defensa y las directrices para su desarrollo.

b) Definir y aprobar los grandes objetivos y planteamientos estratégicos, así como formular las directivas para las negociaciones exteriores que afecten a la política de defensa.

c) Determinar la aplicación de los objetivos y las líneas básicas de actuación de las Fuerzas Armadas, tanto en el ámbito nacional como en el de la participación en las organizaciones internacionales de las que España forma parte.

d) Ordenar las misiones de las Fuerzas Armadas.

e) Ejercer las demás funciones que le atribuyen las disposiciones legales y reglamentarias.

Y todo ello con independencia de las competencias atribuidas también a las Cortes Generales en materia militar y de defensa:

Artículo 4. Las Cortes Generales

1. A las Cortes Generales les corresponde:

a) Otorgar las autorizaciones previas para prestar el consentimiento del Estado a obligarse por medio de los tratados y convenios internacionales, así como las restantes autorizaciones previstas en el artículo 94.1.b) de la Constitución.

b) Aprobar las leyes relativas a la defensa y los créditos presupuestarios correspondientes.

c) Debatir las líneas generales de la política de defensa. A estos efectos, el Gobierno presentará las iniciativas correspondientes, singularmente los planes de reclutamiento y modernización.

d) Controlar la acción del Gobierno en materia de defensa.

e) Acordar la autorización a que se refiere el artículo 63.3 de la Constitución [de la declaración de guerra y de firmar la paz].

2. En particular, al Congreso de los Diputados le corresponde autorizar, con carácter previo, la participación de las Fuerzas Armadas en misiones fuera del territorio nacional, de acuerdo con lo establecido en esta Ley. 

O de las funciones ejecutivas del propio Ministro de Defensa establecidas en el artículo 7 de la Ley Orgánica 5/2005, de la Defensa Nacional, que actualizó la anterior Ley Orgánica 6/1980, sobre Criterios Básicos de la Defensa Nacional y la Organización Militar, modificada parcialmente en 1984: 

Artículo 7. El Ministro de Defensa

1. Corresponde al Ministro de Defensa, además de las competencias que le asignan las leyes reguladoras del Gobierno y de la Administración General del Estado, el desarrollo y la ejecución de la política de defensa.

2. Asimismo y de forma específica le corresponde:

a) Asistir al Presidente del Gobierno en la dirección estratégica de las operaciones militares.

b) Dirigir la actuación de las Fuerzas Armadas bajo la autoridad del Presidente del Gobierno.

c) Determinar y ejecutar la política militar.

d) Dirigir, como miembro del Gobierno, la Administración militar y desarrollar las directrices y disposiciones reglamentarias que adopte el Consejo de Ministros.

e) Ejercer las demás funciones que le atribuyen las disposiciones legales y reglamentarias.

Con todo, ningún jurista sensato puede explicar en qué consiste el ‘mando supremo de las Fuerzas Armadas’ atribuido a un Rey que no gobierna, ni tampoco sus teóricos contenidos. Como ningún constitucionalista riguroso puede negar que identificar a nuestro ‘Monarca irresponsable’ con ese tipo de mando es pura retórica, un oxímoron (o contradictio in terminis) que reúne de forma absurda dos conceptos de sentido contrario, antitéticos e incompatibles entre sí…

¿A qué viene entonces que Su Majestad, sus asesores y el propio Gobierno se enroquen en el mantenimiento de una chapuza jurídica y constitucional tan evidente como la conformada en torno a un ‘mando supremo de las Fuerzas Armadas’ ciertamente artificial…? ¿Y acaso ese empecinamiento se compadece con el distanciamiento del estamento castrense que el Rey ha dejado visualizar con motivo de su proclamación…?

¿Una Monarquía renovada para un tiempo nuevo…?

Si quisiéramos resumir en un titular el sentido del discurso de proclamación del rey Felipe VII, quizás no encontráramos otro más apropiado que el de su teórica identificación personal con ‘Una Monarquía para un tiempo nuevo’. Y así, más o menos, lo manifestó en este párrafo: “Pero sobre todo, Señorías, hoy es un día en el que me gustaría que miráramos hacia adelante, hacia el futuro; hacia la España renovada que debemos seguir construyendo todos juntos al comenzar este nuevo reinado…”.

Es innegable que las respectivas proclamaciones de Juan Carlos I y Felipe VI, con casi cuarenta años de distancia entre una y otra, separan entre sí dos países y dos mundos muy distintos. De forma que, lógicamente, han debido ser también muy distintas y con diferente proyección de futuro.

El 22 de noviembre de 1975, cuando por fin Don Juan Carlos de Borbón vio convertidos en realidad los designios sucesorios de Franco, asumiendo ‘porque sí’ el rango de Capitán General de los tres Ejércitos (luego ampliado o mal convertido constitucionalmente en el ‘mando supremo de las Fuerzas Armadas’), España era otra cosa. Un país apegado al régimen dictatorial y al catolicismo, con servicio militar obligatorio, con los derechos y libertades democráticas constreñidos, sin Internet ni telefonía móvil, sin divorcio y con la homosexualidad y el aborto anatemizados, sin presiones inmigratorias, alejada en todos los sentidos de Europa y el resto del mundo occidental…

Y por ello, es bastante razonable, y hasta obligado, que en su discurso de proclamación, en su puesta en escena y en toda la simbología de ambiente, Felipe VI haya querido marcar distancias notables respecto al inicio del reinado anterior. Pero la más innecesaria de todas, y por supuesto la más incoherente, ha sido la del medido ‘distanciamiento’ -al límite del desprecio- de las Fuerzas Armadas, sobre todo sin renunciar al fleco absurdo de ser su ‘mando supremo’.

Ya veremos si la Casa Real reacciona y rectifica en este asunto concreto (que debiera hacerlo). Y no se trata de que deba optar por proyectar una imagen más civil o más militar de la Corona -cosa ciertamente innecesaria-, sino de dejar de identificarse con las Fuerzas Armadas sólo cuándo y para lo que interese, simplemente porque no se merecen ese trato regio, y mucho menos viniendo la historia de donde viene.

Porque, si de verdad interesara aggiornar la imagen de la Institución Monárquica, hoy en día, y entre otras cosas, el Rey debería ser sólo Rey y Jefe del Estado, que no es poco, y renunciar a ese absurdo constitucional de querer ser, además, ‘mando supremo de las Fuerzas Armadas’.

No afrontar cambios tan razonables como ese, supone que algún escultor metafórico de la realidad y los conceptos políticos, como el profesor Jesús Fueyo (relevante catedrático de Derecho Político y testigo excepcional del cambio de régimen), pudiera definir el inicio del reinado de Felipe VI, no como una Monarquía renovada para un tiempo nuevo, sino más bien con un lapidario y acertado “fin del paganismo y principio de lo mismo”. Porque en eso es en lo que estamos.

Fernando J. Muniesa

ANEXO

Mensaje de Su Majestad el Rey Felipe VI en su Proclamación ante las Cortes Generales
Comparezco hoy ante Las Cortes Generales para pronunciar el juramento previsto en nuestra Constitución y ser proclamado Rey de España. Cumplido ese deber constitucional, quiero expresar el reconocimiento y el respeto de la Corona a estas Cámaras, depositarias de la soberanía nacional. Y permítanme que me dirija a sus señorías y desde aquí, en un día como hoy, al conjunto de los españoles.
Inicio mi reinado con una profunda emoción por el honor que supone asumir la Corona, consciente de la responsabilidad que comporta y con la mayor esperanza en el futuro de España.
Una nación forjada a lo largo de siglos de Historia por el trabajo compartido de millones de personas de todos los lugares de nuestro territorio y sin cuya participación no puede entenderse el curso de la Humanidad.
Una gran nación, Señorías, en la que creo, a la que quiero y a la que admiro; y a cuyo destino me he sentido unido toda mi vida, como Príncipe Heredero y -hoy ya- como Rey de España.
Ante sus Señorías y ante todos los españoles -también con una gran emoción- quiero rendir un homenaje de gratitud y respeto hacia mi padre, el Rey Juan Carlos I. Un reinado excepcional pasa hoy a formar parte de nuestra historia con un legado político extraordinario. Hace casi 40 años, desde esta tribuna, mi padre manifestó que quería ser Rey de todos los españoles. Y lo ha sido. Apeló a los valores defendidos por mi abuelo el Conde Barcelona y nos convocó a un gran proyecto de concordia nacional que ha dado lugar a los mejores años de nuestra historia contemporánea.
En la persona del Rey Juan Carlos rendimos hoy el agradecimiento que merece una generación de ciudadanos que abrió camino a la democracia, al entendimiento entre los españoles y a su convivencia en libertad. Esa generación, bajo su liderazgo y con el impulso protagonista del pueblo español, construyó los cimientos de un edificio político que logró superar diferencias que parecían insalvables, conseguir la reconciliación de los españoles, reconocer a España en su pluralidad y recuperar para nuestra Nación su lugar en el mundo.
Y me permitirán también, Señorías, que agradezca a mi madre, la Reina Sofía, toda una vida de trabajo impecable al servicio de los españoles. Su dedicación y lealtad al Rey Juan Carlos, su dignidad y sentido de la responsabilidad, son un ejemplo que merece un emocionado tributo de gratitud que hoy -como hijo y como Rey- quiero dedicarle. Juntos, los Reyes Juan Carlos y Sofía, desde hace más de 50 años, se han entregado a España. Espero que podamos seguir contando muchos años con su apoyo, su experiencia y su cariño.
A lo largo de mi vida como Príncipe de Asturias, de Girona y de Viana, mi fidelidad a la Constitución ha sido permanente, como irrenunciable ha sido -y es- mi compromiso con los valores en los que descansa nuestra convivencia democrática. Así fui educado desde niño en mi familia, al igual que por mis maestros y profesores. A todos ellos les debo mucho y se lo agradezco ahora y siempre. Y en esos mismos valores de libertad, de responsabilidad, de solidaridad y de tolerancia, la Reina y yo educamos a nuestras hijas, la Princesa de Asturias y la Infanta Sofía.
Señoras y Señores Diputados y Senadores,
Hoy puedo afirmar ante estas Cámaras -y lo celebro- que comienza el reinado de un Rey constitucional.
Un Rey que accede a la primera magistratura del Estado de acuerdo con una Constitución que fue refrendada por los españoles y que es nuestra norma suprema desde hace ya más de 35 años.
Un Rey que debe atenerse al ejercicio de las funciones que constitucionalmente le han sido encomendadas y, por ello, ser símbolo de la unidad y permanencia del Estado, asumir su más alta representación y arbitrar y moderar el funcionamiento regular de las instituciones.
Un Rey, en fin, que ha de respetar también el principio de separación de poderes y, por tanto, cumplir las leyes aprobadas por las Cortes Generales, colaborar con el Gobierno de la Nación -a quien corresponde la dirección de la política nacional- y respetar en todo momento la independencia del Poder Judicial.
No tengan dudas, Señorías, de que sabré hacer honor al juramento que acabo de pronunciar; y de que, en el desempeño de mis responsabilidades, encontrarán en mí a un Jefe del Estado leal y dispuesto a escuchar, a comprender, a advertir y a aconsejar; y también a defender siempre los intereses generales.
Y permítanme añadir, que a la celebración de este acto de tanta trascendencia histórica, pero también de normalidad constitucional, se une mi convicción personal de que la Monarquía Parlamentaria puede y debe seguir prestando un servicio fundamental a España.
La independencia de la Corona, su neutralidad política y su vocación integradora ante las diferentes opciones ideológicas, le permiten contribuir a la estabilidad de nuestro sistema político, facilitar el equilibrio con los demás órganos constitucionales y territoriales, favorecer el ordenado funcionamiento del Estado y ser cauce para la cohesión entre los españoles. Todos ellos, valores políticos esenciales para la convivencia, para la organización y desarrollo de nuestra vida colectiva.
Pero las exigencias de la Corona no se agotan en el cumplimiento de sus funciones constitucionales. He sido consciente, desde siempre, de que la Monarquía Parlamentaria debe estar abierta y comprometida con la sociedad a la que sirve; ha de ser una fiel y leal intérprete de las aspiraciones y esperanzas de los ciudadanos, y debe compartir -y sentir como propios- sus éxitos y sus fracasos.
La Corona debe buscar la cercanía con los ciudadanos, saber ganarse continuamente su aprecio, su respeto y su confianza; y para ello, velar por la dignidad de la institución, preservar su prestigio y observar una conducta íntegra, honesta y transparente, como corresponde a su función institucional y a su responsabilidad social. Porque, sólo de esa manera, se hará acreedora de la autoridad moral necesaria para el ejercicio de sus funciones. Hoy, más que nunca, los ciudadanos demandan con toda razón que los principios morales y éticos inspiren -y la ejemplaridad presida- nuestra vida pública. Y el Rey, a la cabeza del Estado, tiene que ser no sólo un referente sino también un servidor de esa justa y legítima exigencia de los ciudadanos.
Éstas son, Señorías, mis convicciones sobre la Corona que, desde hoy, encarno: una Monarquía renovada para un tiempo nuevo. Y afronto mi tarea con energía, con ilusión y con el espíritu abierto y renovador que inspira a los hombres y mujeres de mi generación.
Señoras y Señores Diputados y Senadores,
Hoy es un día en el que, si tuviéramos que mirar hacia el pasado, me gustaría que lo hiciéramos sin nostalgia, pero con un gran respeto hacia nuestra historia; con espíritu de superación de lo que nos ha separado o dividido; para así recordar y celebrar todo lo que nos une y nos da fuerza y solidez hacia el futuro.
En esa mirada deben estar siempre presentes, con un inmenso respeto también, todos aquellos que, víctimas de la violencia terrorista, perdieron su vida o sufrieron por defender nuestra libertad. Su recuerdo permanecerá en nuestra memoria y en nuestro corazón. Y la victoria del Estado de Derecho, junto a nuestro mayor afecto, será el mejor reconocimiento a la dignidad que merecen.
Y mirando a nuestra situación actual, Señorías, quiero también transmitir mi cercanía y solidaridad a todos aquellos ciudadanos a los que el rigor de la crisis económica ha golpeado duramente hasta verse heridos en su dignidad como personas. Tenemos con ellos el deber moral de trabajar para revertir esta situación y el deber ciudadano de ofrecer protección a las personas y a las familias más vulnerables. Y tenemos también la obligación de transmitir un mensaje de esperanza -especialmente a los más jóvenes- de que la solución de sus problemas y en particular la obtención de un empleo, sea una prioridad para la sociedad y para el Estado. Sé que todas sus Señorías comparten estas preocupaciones y estos objetivos.
Pero sobre todo, Señorías, hoy es un día en el que me gustaría que miráramos hacia adelante, hacia el futuro; hacia la España renovada que debemos seguir construyendo todos juntos al comenzar este nuevo reinado.
A lo largo de estos últimos años -y no sin dificultades- hemos convivido en democracia, superando finalmente tiempos de tragedia, de silencio y oscuridad. Preservar los principios e ideales en los que se ha basado esa convivencia y a los que me he referido antes, no sólo es un acto de justicia con las generaciones que nos han precedido, sino una fuente de inspiración y ejemplo en todo momento para nuestra vida pública. Y garantizar la convivencia en paz y en libertad de los españoles es y será siempre una responsabilidad ineludible de todos los poderes públicos.
Los hombres y mujeres de mi generación somos herederos de ese gran éxito colectivo admirado por todo el mundo y del que nos sentimos tan orgullosos. A nosotros nos corresponde saber transmitirlo a las generaciones más jóvenes.
Pero también es un deber que tenemos con ellas -y con nosotros mismos-, mejorar ese valioso legado, y acrecentar el patrimonio colectivo de libertades y derechos que tanto nos ha costado conseguir. Porque todo tiempo político tiene sus propios retos; porque toda obra política -como toda obra humana- es siempre una tarea inacabada.
Los españoles y especialmente los hombres y mujeres de mi generación, Señorías, aspiramos a revitalizar nuestras instituciones, a reafirmar, en nuestras acciones, la primacía de los intereses generales y a fortalecer nuestra cultura democrática.

Aspiramos a una España en la que se puedan alcanzar acuerdos entre las fuerzas políticas sobre las materias y en los momentos en que así lo aconseje el interés general.
Queremos que los ciudadanos y sus preocupaciones sean el eje de la acción política, pues son ellos quienes con su
esfuerzo, trabajo y sacrificio engrandecen nuestro Estado y dan sentido a las instituciones que lo integran.
Deseamos una España en la que los ciudadanos recuperen y mantengan la confianza en sus instituciones y una sociedad basada en el civismo y en la tolerancia, en la honestidad y en el rigor, siempre con una mentalidad abierta y constructiva y con un espíritu solidario.
Y deseamos, en fin, una España en la que no se rompan nunca los puentes del entendimiento, que es uno de los principios inspiradores de nuestro espíritu constitucional.
En ese marco de esperanza quiero reafirmar, como Rey, mi fe en la unidad de España, de la que la Corona es símbolo. Unidad que no es uniformidad, Señorías, desde que en 1978 la Constitución reconoció nuestra diversidad como una característica que define nuestra propia identidad, al proclamar su voluntad de proteger a todos los pueblos de España, sus culturas y tradiciones, lenguas e instituciones. Una diversidad que nace de nuestra historia, nos engrandece y nos debe fortalecer.
En España han convivido históricamente tradiciones y culturas diversas con las que de continuo se han enriquecido todos sus pueblos. Y esa suma, esa interrelación entre culturas y tradiciones tiene su mejor expresión en el concierto de las lenguas. Junto al castellano, lengua oficial del Estado, las otras lenguas de España forman un patrimonio común que, tal y como establece la Constitución, debe ser objeto de especial respeto y protección; pues las lenguas constituyen las vías naturales de acceso al conocimiento de los pueblos y son a la vez los puentes para el diálogo de todos los españoles. Así lo han considerado y reclamado escritores tan señeros como Antonio Machado, Espriu, Aresti o Castelao.
En esa España, unida y diversa, basada en la igualdad de los españoles, en la solidaridad entre sus pueblos y en el respeto a la ley, cabemos todos; caben todos los sentimientos y sensibilidades, caben las distintas formas de sentirse español. Porque los sentimientos, más aún en los tiempos de la construcción europea, no deben nunca enfrentar, dividir o excluir, sino comprender y respetar, convivir y compartir.
Y esa convivencia, la debemos revitalizar cada día, con el ejercicio individual y colectivo del respeto mutuo y el aprecio por los logros recíprocos. Debemos hacerlo con el afecto sincero, con la amistad y los vínculos de hermandad y fraternidad que son indispensables para alimentar las ilusiones colectivas.
Trabajemos todos juntos, Señorías, cada uno con su propia personalidad y enriqueciendo la colectiva; hagámoslo con lealtad, en torno a los nuevos objetivos comunes que nos plantea el siglo XXI. Porque una nación no es sólo su historia, es también un proyecto integrador, sentido y compartido por todos, que mire hacia el futuro.
Un nuevo siglo, Señorías, que ha nacido bajo el signo del cambio y la transformación y que nos sitúa en una realidad bien distinta de la del siglo XX.
Todos somos conscientes de que estamos asistiendo a profundas transformaciones en nuestras vidas que nos alejan de la forma tradicional de ver el mundo y de situarnos en él. Y que, al tiempo que dan lugar a inquietud, incertidumbre o temor en los ciudadanos, abren también nuevas oportunidades de progreso.
Afrontar todos estos retos y dar respuestas a los nuevos desafíos que afectan a nuestra convivencia, requiere el concurso de todos: de los poderes públicos, a los que corresponde liderar y definir nuestros grandes objetivos nacionales; pero también de los ciudadanos, de su impulso, su convicción y su participación activa. Es una tarea que demanda un profundo cambio de muchas mentalidades y actitudes y, por supuesto, gran determinación y valentía, visión y responsabilidad.
Nuestra Historia nos enseña que los grandes avances de España se han producido cuando hemos evolucionado y nos hemos adaptado a la realidad de cada tiempo; cuando hemos renunciado al conformismo o a la resignación y hemos sido capaces de levantar la vista y mirar más allá -y por encima- de nosotros mismos; cuando hemos sido capaces de compartir una visión renovada de nuestros intereses y objetivos comunes.
El bienestar de nuestros ciudadanos -hombres y mujeres-, Señorías, nos exige situar a España en el siglo XXI, en el nuevo mundo que emerge aceleradamente; en el siglo del conocimiento, la cultura y la educación.
Tenemos ante nosotros el gran desafío de impulsar las nuevas tecnologías, la ciencia y la investigación, que son hoy las verdaderas energías creadoras de riqueza; el desafío de promover y fomentar la innovación, la capacidad creativa y la iniciativa emprendedora como actitudes necesarias para el desarrollo y el crecimiento. Todo ello es, a mi juicio, imprescindible para asegurar el progreso y la modernización de España y nos ayudará, sin duda, a ganar la batalla por la creación de empleo, que constituye hoy la principal preocupación de los españoles.
El siglo XXI, el siglo también del medio ambiente, deberá ser aquel en el que los valores humanísticos y éticos que necesitamos recuperar y mantener, contribuyan a eliminar las discriminaciones, afiancen el papel de la mujer y promuevan aún más la paz y la cooperación internacional.
Señorías, me gustaría referirme ahora a ese ámbito de las relaciones internacionales, en el que España ocupa una posición privilegiada por su lugar en la geografía y en la historia del mundo.
De la misma manera que Europa fue una aspiración de España en el pasado, hoy España es Europa y nuestro deber es ayudar a construir una Europa fuerte, unida y solidaria, que preserve la cohesión social, afirme su posición en el mundo y consolide su liderazgo en los valores democráticos que compartimos. Nos interesa, porque también nos fortalecerá hacia dentro. Europa no es un proyecto de política exterior, es uno de los principales proyectos para el Reino de España, para el Estado y para la sociedad.
Con los países iberoamericanos nos unen la historia y lazos muy intensos de afecto y hermandad. En las últimas décadas, también nos unen intereses económicos crecientes y visiones cada vez más cercanas sobre lo global. Pero, sobre todo, nos une nuestra lengua y nuestra cultura compartidas. Un activo de un inmenso valor que debemos potenciar con determinación y generosidad.
Y finalmente, nuestros vínculos antiguos de cultura y de sensibilidad próximos con el Mediterráneo, Oriente Medio y los países árabes, nos ofrecen una capacidad de interlocución privilegiada, basada en el respeto y la voluntad de cooperar en tantos ámbitos de interés mutuo e internacional, en una zona de tanta relevancia estratégica, política y económica.
En un mundo cada vez más globalizado, en el que están emergiendo nuevos actores relevantes, junto a nuevos riesgos y retos, sólo cabe asumir una presencia cada vez más potente y activa en la defensa de los derechos de nuestros ciudadanos y en la promoción de nuestros intereses, con la voluntad de participar e influir más en los grandes asuntos de la agenda global y sobre todo en el marco de las NN.UU.
Señoras y Señores Diputados y Senadores,
Con mis palabras de hoy, he querido cumplir con el deber que siento de transmitir a sus señorías y al pueblo español, sincera y honestamente, mis sentimientos, convicciones y compromisos sobre la España con la que me identifico, la que quiero y a la que aspiro; y también sobre la Monarquía Parlamentaria en la que creo: como dije antes y quiero repetir ahora, una monarquía renovada para un tiempo nuevo.
Y al terminar mi mensaje quiero agradecer a los españoles el apoyo y el cariño que en tantas ocasiones he recibido. Mi esperanza en nuestro futuro se basa en mi fe en la sociedad española; una sociedad madura y vital, responsable y solidaria, que está demostrando una gran entereza y un espíritu de superación que merecen el mayor reconocimiento.
Señorías, tenemos un gran País; Somos una gran Nación, creamos y confiemos en ella.
Decía Cervantes en boca de Don Quijote: "No es un hombre más que otro si no hace más que otro".
Yo me siento orgulloso de los españoles y nada me honraría más que, con mi trabajo y esfuerzo de cada día, los españoles pudieran sentirse orgullosos de su nuevo Rey.
Muchas gracias. Moltes gràcies. Eskerrik asko. Moitas grazas.

Madrid, 19 de junio de 2014

Decía uno de los más significados exponentes del Romanticismo español, el malogrado Mariano José de Larra (se suicidó de un tiro en la sien a los 27 años), que “es más fácil negar las cosas que entenderlas”. Y, a fuer de ser ésta una realidad lamentable, decía bien; porque la negatividad mental nunca logra nada: sólo contamina y destruye las fuentes del saber, que es el que nos permite conocer el presente -y poder gozarlo- y también prever el futuro.

Pero si esa negación de la realidad se instala en nuestras mentes, en sí misma se convierte en un problema, en una cuestión de solución dudosa, enredando un conjunto de circunstancias o hechos que dificultan el logro de cualquier fin positivo o avance en el conocimiento.

Quizás por ello el filósofo Francis Bacon (1561-1626) ya había advertido que “un hombre no es sino lo que sabe” y Francisco de Quevedo (1580-1645) afirmado que “el sabio dominará los astros”. Una torpeza -la de negar la realidad antes que entenderla- muy propia de Pedro Arriola, el politólogo augur de Rajoy que le mantuvo en la oposición durante dos legislaturas, a pesar de que entonces la derrota del ínclito ZP estuviera ‘cantada’ en las encuestas al uso, y que, más pronto que tarde, volverá a sentar al PP en las bancadas de la oposición.

Ahora, con los resultados de las elecciones europeas del 25-M recién salidos del horno, Arriola lanzó un absurdo ataque público a Podemos, la marca revelación de esos comicios, acusándola de acoger “a todos los frikis del mundo” (una forma bien torpe de realimentarla), sobre todo en Madrid, donde se ha convertido en la tercera fuerza política. “Todos los frikis acaban planeando sobre Madrid”, insistió.

Una salida de pata de banco, adornada también por el docto Arriola con la profecía de que éxitos como el de Podemos tienden a “diluirse” con el tiempo; pero que, en el fondo, ha llevado el pánico electoral a los círculos burgueses de Madrid y dado rienda suelta a la ‘Operación Cibeles’, justo para frenar un posible gobierno municipal de frikis (los radicales de izquierda según el PP) en la capital del Estado a menos de un año vista. Situación que, desde el antiguo Palacio de Correos ubicado en la Plaza de Cibeles -hoy sede oficial del Ayuntamiento-, podría arrastrar además otra muy pareja en la Comunidad Autónoma.

Cuando los políticos sólo se escuchan a sí mismos

Convertido, pues, en todo un Profesor Bacterio del ‘marianismo’ (el incisivo Federico Jiménez Losantos le bautizó como ‘Profesor Bacterio Arriola’), a este gurú político absurdamente sobrevalorado en el PP le vendría bien recordar el sabio proverbio persa de que “quien habla siembra, y quien escucha recoge”, consejo magistral con versiones muy parecidas en todas las culturas del mundo. Claro está que en su caso dejando que hablen otros algo más documentados y prestando atención a lo que dicen.

Aristóteles sostenía que el oído, en el hombre, es camino para aprender; es, podríamos decir, el sentido que más alimenta el intelecto y, por tanto, el que más enriquece al homo sapiens, sobre todo al zoon politikon, al animal social y político que subyace en todo ser humano. Plutarco advertía después que sí sabemos escuchar sacaremos partido, incluso, de los que hablan mal, mientras su coetáneo Epicteto afirmaba, según la tradición estoica, que saber escuchar es todo un arte…

Lo que pasa es que esa disposición humana, el saber escuchar y el aprender escuchando, es de difícil asunción. Se escucha poco y, de hecho, hasta muchos de los que escuchan suelen hacerlo mal: cuando dos personas conversan, a solas una con otra, casi no escuchan otra cosa que sus propias palabras.

Pero donde las taras del soliloquio y la sordera selectiva se dan con mayor evidencia es en la vida política, lo que no deja de ser algo paradójico considerando que su objeto principal es el liderazgo social. Porque ¿cómo se puede representar -o incluso rebatir- eficaz y éticamente a alguien si no se le escucha…?

Por supuesto que no es fácil escuchar a todos los ciudadanos, uno por uno, ni tampoco representarlos en su infinita particularidad. Pero es que hay quienes se manifiestan ante la clase política desde hace mucho tiempo, expresando su desesperación con mucha claridad sobre cuestiones muy concretas, con muchas voces a la vez, y recibiendo como respuesta sólo la cicuta del silencio; de forma que al final votan a Podemos y entonces son tildados de frikis por el gran friki del PP, el Profesor Bacterio Arriola.

Y el caso es que como ‘politólogo’, es decir como experto en marketing político, el particular Profesor Bacterio del PP sabe perfectamente que el éxito de su especialidad se mide por la correlación de las demandas de los ciudadanos con las capacidades que han de satisfacerlas. Y, como tal, sólo tendría que preguntar o escuchar de los electores qué necesitan, qué quieren o qué rechazan (dentro por supuesto del marco ideológico del partido), obtener un cuadro estadístico que refleje esa realidad sociológica y motivacional del momento y tratar de desarrollar las políticas adecuadas al respecto. Es decir, entendiendo las cosas antes que negándolas. Así de sencillo.

Para empezar, al PP le bastaría correlacionar la eclosión de Podemos con la España de la vergüenza social bien expuesta diariamente en los medios informativos, a pesar de los esfuerzos oficialistas por ocultarla. Sin ir más lejos, Lucía Méndez describía el panorama en El Mundo (17/06/2014) con esta claridad:

La vergüenza de España

«No sabes lo que es el hambre hasta que pasas hambre. Más de tres millones de personas en España no tienen acceso diario a la alimentación básica». No es un eslogan de Podemos. Es una campaña de un banco que golpea nuestro estómago lleno con el puño cerrado. La Caixa anuncia así una recogida de alimentos para distribuirlos a través de la Cruz Roja entre las familias «en situación de pobreza». Vaya faena. Entre los detalles de la coronación del nuevo Rey y las cuitas del PSOE, de pronto se cuelan de rondón la pobreza y el hambre en esta España de la recuperación.

La defensora del pueblo, Soledad Becerril, ha dirigido una recomendación a las comunidades autónomas para que abran los comedores escolares este verano con el fin de garantizar que los niños españoles –todos– coman, al menos, una vez al día. En el curso lo tienen garantizado. En verano les tienen que dar de comer sus familias y algunas quizá no puedan. Los profesores son quienes saben –y denuncian– que muchos niños van sin desayunar al colegio. Soledad Becerril no es antisistema ni tiene aspecto de haber votado a Pablo Iglesias. Si ha hecho esa petición es porque ella sí sabe que hay un problema real en España que el Gobierno prefiere ignorar porque estropea la foto de la recuperación. Sólo seis comunidades –Canarias, Andalucía, Cataluña, Aragón, Murcia y Extremadura– le han hecho caso. Portavoces del PP de Galicia y La Rioja han reaccionado como damas ofendidas diciendo que en sus comunidades no hay desnutrición infantil. Y si la hay no se le debe dar excesiva «visibilidad» para no «estigmatizar» a quienes sufren estas carencias. Es mejor no hablar mucho de estas cosas. Es desagradable, populista y bolivariano. Da mala imagen de España. Vale que vayan al banco de alimentos a recoger la comida recolectada por La Caixa, pero que lo hagan con discreción.

Y, sin embargo, cada poco tiempo viene alguien a amargar la fiesta oficial con datos, cifras y experiencias propias. Cáritas, Cruz Roja, Ayuda en Acción... Hasta el Instituto Nacional de Estadística (INE) ha certificado que el 21,6% de los españoles vive por debajo del umbral de la pobreza. «Un trozo invisible de este mundo», como la obra teatral de Juan Diego Botto que arrasó en los Premios Max y en la cartelera madrileña. Dicen que hasta la Princesa Letizia, futura Reina, se acercó a ver este drama sobre la inmigración, la marginalidad, la desesperanza y la desigualdad. Pero también sobre la indiferencia del primer mundo hacia quienes con su sola presencia nos estropean los ‘selfies’ de nosotros mismos.

Da vergüenza pensar que en la España de hoy alguien puede pasar hambre. Da vergüenza que sean los Bancos de Alimentos y las ONG, y no las instituciones públicas, quienes den de comer a los españoles en riesgo de exclusión, que es como se llama ahora a los pobres para no llamarles pobres. Y da más vergüenza que las nuevas formas de pobreza –que incluyen a los que ganan 400 euros para mantener una familia– se excluyan del debate político. No hay ni puede haber una causa más urgente que la de garantizar que todos los niños españoles hagan tres comidas al día. Produce sonrojo y bochorno tener que poner negro sobre blanco una cosa así.

Parece, pues, que antes de arremeter contra Podemos, que desde luego puede no ser un dechado de organización y realismo político, aunque sí una justa expresión de desesperación social, se debería escuchar un poco más la voz de la calle, y más que nadie el Gobierno y el partido que lo sustenta. Y no sólo la voz desorganizada del pueblo, huérfano de representación política real, sino la de todas aquellas organizaciones sociales y profesionales conformadas históricamente como instrumentos decisivos de la convivencia ciudadana.

En los ámbitos más específicos y profundos de la realidad, la sociedad moderna cuenta con órganos de representación intermedia muy informados en sus respectivos entornos de actividad, y legitimados constitucionalmente junto a las patronales y los sindicatos: hablamos de colegios profesionales, reales academias, organizaciones de consumidores y usuarios, fundaciones y sociedades científicas, asociaciones sectoriales… Un amplio conjunto de entes socio-profesionales totalmente compatibles con los partidos políticos, que deberían ejercer como contrapeso de estos y como instrumentos para perfeccionar el sistema de convivencia.

En su libro Pour une république moderne (Gallimard, 1962), Pierre Mendès France los describió como auténticos pilares de la democracia, necesarios para su funcionamiento más allá del papel de los partidos políticos. Y lo hizo con la noble intención de estimular al ciudadano para que participe en la vida pública, sin lo que, en su opinión, no hay democracia posible.

A lo largo de su inteligente ensayo, el estadista francés reitera de diversas formas esta síntesis conceptual: “No ha de olvidarse nunca que la democracia no es un arte de agencia, un mecanismo ingenioso de instituciones exteriores a los ciudadanos, aun en el caso de que éstos se hayan adherido a ellos más o menos pasivamente e incluso los hayan aprobado. Ella [la democracia] debe penetrar la actividad colectiva en todas sus manifestaciones y en todos sus niveles. Reclama una participación del mayor número bajo todos los aspectos y en todos los momentos posibles”.

Antes de acometer su trabajo, Mendès France, que ya había sido Primer Ministro de Francia en 1954/55 (durante la IV República), añadió a su ya notable saber y experiencia el fruto de un gran esfuerzo de observación específica sobre los temas que quería abordar, con objeto de adquirir un conocimiento ‘propio’ de esa realidad.

De hecho, empezaba el capítulo primero del libro advirtiendo: “Durante un año he visitado un gran número de villas y departamentos. No se trataba de correr de una capital a otra para dar una representación por la tarde y partir al alba siguiente. Los mítines que he tenido no eran jamás el objeto del viaje. Iba, principalmente, a encontrar, individualmente o por pequeños grupos, a los hombres que por sus funciones, su vocación, sus actividades, se hallaran adscritos a los negocios de la región o del país”.

Y, a continuación, seguía explicando sus conversaciones “con los dirigentes de las más importantes formaciones y asociaciones profesionales, sindicales y culturales, los representantes de las centrales obreras, organizaciones agrícolas y patronales, grupos de juventud, movimientos de estudiantes, cuadros de los sectores públicos y privados, artistas y universitarios, médicos, magistrados, periodistas, funcionarios, militantes políticos, hombres de izquierda y de derecha… de Grenoble a Lille, de Rennes a Clermont-Ferrand, de Bordeux a Strasbourg…”.

En esa misma obra, Mendès France también preconizaba una lúcida innovación política: la necesidad de una segunda Asamblea que representase a los grupos sociales y los intereses profesionales, “fuerzas nuevas a las cuales el Estado debe reconocer un papel y que deben participar en su funcionamiento”…

Paréntesis: Hoy, la Asamblea de Francia se conoce coloquialmente como ‘Alta Asamblea’, pero en su origen (la Constitución Termidoriana de 1795 que estuvo vigente hasta 1799) se creó con el significativo nombre de ‘Consejo de Ancianos’ , es decir personas experimentadas a las que se debía escuchar.

Sin embargo, la actual clase política (y sobre todo el ensoberbecido PP) pasa de esta realidad social no partidista y bastante más representativa, desoyendo de forma sistemática a los ciudadanos de a pie, tanto si se pronuncian de forma individual como colectiva. Sólo se escucha a sí misma, dentro de cada partido o, cuando lo impone la aritmética parlamentaria, en el marco pactista exigido para prevalecer en el poder; aunque el país sea, como es obvio, mucho más que sólo partidos políticos y también algo bastante más trascendente.

Los frikis de Podemos y el Profesor Bacterio Arriola

Pero, todavía peor, además de que el Gobierno y el PP sólo se escuchen a sí mismos, no faltan verdaderos súper-frikis populares que arremeten contra la propia sociedad en cuanto ésta vota lo que no les gusta o conviene, como han hecho los electores de Podemos, que por esa torpe vía de acoso y derribo político sólo tenderán a crecer. Nada extraño si su politólogo de cabecera es, como dice Jiménez Losantos, un ejemplar émulo del Profesor Bacterio, el extravagante inventor lunático coprotagonista del comic ‘Mortadelo y Filemón’, capaz de lanzar las ideas y proclamas más absurdas e idear los artilugios más disparatados.

Lo más característico del Profesor Bacterio (en su versión de Pedro Arriola), aparte de su florida barba, es que trabaja en exclusiva para la TIA (el PP y sus zonas de influencia) y que, cuando dispone de algún invento prodigioso o nuevo artefacto secreto, el Súper (Rajoy) ordena a los agentes secretos Mortadelo y Filemón (el Floriano y la Cifuentes de turno) que lo prueben para comprobar su eficacia.

Así surgió una sustancia tan revolucionaria como la ‘Tergiversicina’, el gas que hacía funcionar todo al revés mucho antes de que tergiversar los hechos se convirtiera en una práctica política cotidiana. O la ‘Elasticina’, que convierte en elástico todo aquello a lo que se aplica, y que impregnando los programas electorales permitiría incumplirlos sin mayor problema, y en el caso de los impuestos subirlos o bajarlos y convertirlos en progresistas o en antisociales sin cambiarlos de nombre ni naturaleza. Y no digamos nada de la ‘Herculesmicina’, un producto revolucionario que te convierte, de golpe, en un tipo hercúleo y sobrado, como un Arias Cañete cualquiera…

Lo que pasa es que todos esos inventos del Profesor Bacterio incluyen algún error de cálculo que les hace funcionar mal, provocando situaciones bien rocambolescas, con resultados muy distintos de los previstos. Y eso es lo que ha debido pasar con la ‘Máquina del Cambiazo’, que serviría para mover de sitio a la gente sin que ésta se diera cuenta: de repente ha volatilizado a mogollón de electores del PP y del PSOE y ha hecho aterrizar a otro no menor en Podemos, aunque los voceros de la TIA-PP hayan atribuido el fenómeno a que unos se han quedado en casa porque sí y que otros acaban de llegar de ‘Frikilandia’…

Y lo peor del caso es que, según parece, ciertos agentes operativos de la organización están dispuestos a eliminar a los frikis de Podemos nada menos que con el ‘Sulfato Atómico’ del mismo Profesor Bacterio: una loción milagrosa pensada para aniquilar insectos pero que, bien al contrario, les hace crecer de forma gigantesca, hasta convertirlos en una amenaza para la humanidad.

Y ahí está el agente Floriano vicesecretario de la TIA-PP, bombardeando la Frikilandia de Podemos con ‘Sulfato Atómico’ concentrado y acusando a sus líderes de “intentar utilizar el dolor y el sufrimiento de la gente”, sólo para conseguir “un puñado de votos” utilizando “falsas promesas” imposibles de aplicar.

“No me creo que, con la formación que tienen algunos de sus líderes, no sepan que lo que están prometiendo es falso”, dijo mientras vomitaba el preparado del Profesor Bacterio por los micrófonos de RNE (12/06/2014). “Y si saben que es falso y lo prometen con intención de engañar”, prosiguió, “están usando la demagogia y ese es muy mal camino en política”.

No obstante, tras tomarse una buena dosis de ‘Elasticina’ mezclada con algo de ‘Tergiversina’, el 007 Floriano expresó acto seguido su “respeto” por Podemos y sus votantes, afirmando que son “un partido nuevo con ideas muy antiguas” que cuando se han aplicado “han traído menos libertad y menos bienestar para la gente”. Así, les ha pedido que sean buenos chicos y que, en lugar de ofrecer “compromisos falsos” a la gente que les apoya “de buena fe”, se pongan todos ellos a “empujar para resolver los problemas que tiene España” (¿quizás afiliados o votando al PP o al PSOE…?).

Pero quien para dejar a Podemos hecho unos zorros tiró del arsenal más letal del Profesor Bacterio Arriola (otra fumigación de ‘Sulfato Atómico’ acompañada de una descarga de la ‘Máquina del Cambiazo’), fue Cristina Cifuentes, delegada del Gobierno en la Comunidad de Madrid y especie de Miss Moneypenny del Súper ascendida a agente operativo de la TIA-PP. En una entrevista concedida a la COPE (17/06/2014), arremetió de forma impertérrita contra Podemos como una verdadera Juana de Arco luchando contra las tropas anglo-borgoñonas en el sitio de Orleans, afirmando nada más y nada menos que sus propuestas “son incompatibles con muchas cosas del Estado de Derecho”, que no enumeró, añadiendo: “En la esencia de su programa lo que quieren es acabar con nuestra democracia”.

Cifuentes insistió también en que partidos como Podemos tienen un efecto negativo en la imagen exterior de España (peor al parecer que la propia corrupción del PP, del PSOE y de las altas instituciones del Estado), criticando que alentaran manifestaciones en Madrid (¿para qué se quieren entonces los derechos constitucionales?) y que hicieran “una utilización partidista del descontento ciudadano” (¿?). Y aclaró que le parece positivo el hecho de que estos “grupos antisistema” se decidan a participar y a estar “dentro” del propio sistema (¿?).

El día anterior, durante un desayuno informativo convocado por Nueva Economía Fórum, Cifuentes ya había señalado que los “cambios radicales” exigidos por Podemos pretendían “dejar a un lado los grandes consensos” (se entiende que entre PP y PSOE) y, además, “en base a un programa que aúna a partes iguales ‘populismo’ y ‘demagogia’, y cuya aplicación dañaría irreversiblemente nuestra credibilidad internacional”. Y, aprovechando que el Pisuerga pasa por Valladolid, remató: “La disminución del apoyo electoral de los dos partidos mayoritarios ha derivado en una fragmentación del mapa político que, de acentuarse en elecciones futuras de alcance local y nacional, podría llegar a incidir negativamente en la gobernabilidad, la estabilidad y la integridad de España” (más de la misma sinvergonzonada política o el caos).

Total, que, según Cifuentes, Pablo Iglesias y sus frikis se van a cargar, entre otras muchas cosas, a toda la clase política del país: ¿Pero no decía el Profesor Bacterio Arriola, su maestro inspirador (y el de Floriano), que iban a “diluirse” como un azucarillo en un vaso de agua…?

De momento, lo que se está diluyendo a tenor de los resultados del 25-M es el bipartidismo PP-PSOE y sus propias bases electorales, que en el caso del partido asesorado por el genio Arriola perdió nada menos que 2,6 millones de votos (un 16%) sobre los resultados que obtuvo en las elecciones europeas previas de 2009. Aunque queda por ver cuál será su próximo ‘gadget-bacterio’, del que, según experiencias previas, se puede esperar cualquier cosa menos la que él se haya propuesto.

La ‘Operación Cibeles’, con Esperanza Aguirre en la recámara

La cuestión de fondo es que en las propias declaraciones de Cristina Cifuentes sobre la amenaza de Podemos en las próximas elecciones “de alcance local” (y luego en las de alcance nacional), latía la ‘Operación Cibeles’, en la que ella sería parte afectada. Porque, a la vista de cómo han respondido en las urnas europeas los frikis madrileños, las dos mayorías absolutas municipal y autonómica del PP penden de un hilo y apuntan a una mayoría de izquierdas; y ella es una de las personas que se barajan para sustituir a Ana Botella en la candidatura a la Alcaldía de Madrid (Lucía Figar podría ser otra candidata ‘comodín’, bien para el Ayuntamiento capitalino o bien para la CAM en sustitución de Ignacio González).

El propio Arriola, junto con el también ‘sociólogo’ José Ignacio Wert (que aun siendo el ministro del Gobierno peor valorado socialmente es otro destacado politólogo del ‘marianismo’), reconoce que la batalla electoral de Madrid del próximo mes de mayo será la más crucial para el futuro político de Rajoy y del PP. Ambos expertos son partidarios de posponer la decisión sobre las cabezas de lista correspondientes y de subordinarla a la evolución general de la crisis económica y social como balance de la legislatura y fuente de la argumentación electoral: es decir, de reaccionar a última hora (y por supuesto mal), que es lo que, además, entra en la apocada lógica de Rajoy.

Lo que pasa es que un grupo notorio de empresarios y profesionales instalados en diversos ámbitos de actividad (comercio, turismo, restauración, construcción, abogacía…), relacionados con algunos periodista de cierto renombre y conocedores de las interioridades del PP, todos ellos conservadores y creyentes de que Madrid es un centro emblemático de irradiación política, económica y cultural, se encuentran muy preocupados ante la posibilidad de que dentro de muy poco el primer ejemplo de ‘frente-populismo’ radicalizado (bipartito o tripartito) se instale de golpe en la capital del Estado. Y generando además un efecto dominó o de mancha de aceite en las subsiguientes elecciones generales.

Y en ese grupo informal de líderes sociales y de opinión, que se reúnen entre ellos en almuerzos habituales, es donde ha tomado cuerpo la idea de poner en marcha la ‘Operación Cibeles’, integradora de una preocupación compartida y con el objeto, un poco ingenuo, de influir directamente en Mariano Rajoy para que considere la candidatura de Esperanza Aguirre al Ayuntamiento de Madrid. Todos los implicados (alguno dispone de datos demoscópicos propios y no publicitados), entienden que únicamente la lideresa Aguirre es la candidata capaz de garantizar una mayoría absoluta del PP en el Ayuntamiento de Madrid y, por extensión, salvar también el gobierno de la CAM.

Así, su compromiso consiste en hacer saber su opinión a la cúpula del PP (unos llegando a Rajoy, otros a María Dolores de Cospedal y otros a sus contactos más directos del Gobierno) y su decisión de apoyar a Esperanza Aguirre de forma incondicional, si ella es la nominada. Y con la necesidad de tomar la decisión de forma rápida para poder preparar una campaña electoral con tiempo suficiente, unir al partido y estructurar todas las candidaturas de la región mediante los pactos que sean necesarios entre el PP madrileño y la dirección nacional del partido.

Claro está que todo pasa por aclarar el papel político de Ana Botella, cuya apuesta electoral parece claramente perdedora, y por limar las diferencias entre Aguirre y Rajoy en favor del éxito del partido. No obstante, existen muchas dudas sobre si Rajoy (que es quien tiene la última palabra y es como es), antepondrá la necesidad de contar con una candidatura segura a su enfado personal con Esperanza Aguirre; dicho con más crudeza, si preferirá perder las elecciones con gente de su absoluta confianza o ganarlas con quien dentro del propio partido le ha meneado la silla en más de una ocasión.

Lo que pretenden los adheridos informalmente a la ‘Operación Cibeles’ (que en el fondo va a funcionar como una corriente de opinión) es que la anterior mayoría popular de Madrid se mantenga unida y empujada a las urnas por Aguirre, en vez de situarse en la abstención, más que discutir las teorías de Profesor Bacterio Arriola sobre la dilución política de Podemos. Podemos no es el problema -opinan-, sino una triste y lógica consecuencia del problema, mucho más cercano a la falta de liderazgo político nacional, a una errada interpretación de la realidad social y a una pésima e infructuosa gestión de la crisis económica.

Los errores interpretativos sobre Podemos

Desde la sede central del PP, el ‘arriolismo’ lanza todo tipo de ataques indiscriminados contra Podemos, tan insustanciales como revitalizadores de su crecimiento, con etiquetas de populismo, demagogia, violencia verbal, comunismo, maoismo, adhesión a regímenes tiránicos como los de Cuba y Venezuela, inexperiencia, ignorancia, ingenuidad, malicia antidemocrática, utopismo, frikismo… Pero, con semejante arrebato, que siempre tendrá su respuesta puntual con el consiguiente aprovechamiento mediático (de momento los ‘círculos’ funcionales de Podemos han crecido en un 50% y disparado el número de simpatizantes), y con una permanente actitud de negar la realidad antes que entenderla, lo que el PP evidencia es un gran nerviosismo político, en línea con el mismo alarmismo ya encarnado en la ‘Operación Cibeles’.

De hecho, Podemos es un fenómeno sociopolítico inédito en España y en plena ebullición. Y, por ello, quienes pretendan analizarlo y predecir su evolución sólo desde una perspectiva convencional de la ciencia y/o la teoría política, se pueden equivocar de cabo a rabo.

Para empezar, está por ver que su objetivo sea, como aseguran algunos, ganar a IU la batalla dentro de la izquierda política, porque ahí está el PSOE descomponiéndose a chorros y distanciando del partido a la juventud más progresista, que no va a ser retenida por el ‘más de lo mismo’ que ofrecen las alternativas de renovación interna. O el PSOE se radicaliza (y entonces tendería puentes con Podemos) o pasará a la historia como pasó la extinta UCD.

Según Metroscopia (El País 03/06/2014), los votantes de Podemos se auto-sitúan en una posición 3,7 de la escala izquierda-derecha, mientras que colocan a IU en la 3,4, y al PSOE en la 5,2. Además, el 34% de esos votantes había optado por el PSOE en las elecciones europeas de 2009, cosa que también hizo un 30% en las generales de 2011. Y si, de acuerdo con la misma fuente, se tiene en cuenta que un 66% de los votantes de Podemos tiene más de 35 años, un 65% cuenta con estudios medios, un 35% los tiene superiores y el 50% trabaja, cabe suponer que pueden equidistar tanto de IU como del PSOE o que conformen un movimiento socio-político transversal…

Claro está que, en todo caso, ese posicionamiento teórico y relativo de Podemos en la discusión entre la izquierda y la derecha políticas (en modo alguno absoluto) se puede interpretar en una doble aplicación: como punto de retorno de los votos fugados o como fuente de un mayor crecimiento. Aunque debatir sobre la posible sustitución de ese supuesto ideológico recurrente, ya un tanto obsoleto, por movimientos más o menos populistas, tampoco nos parezca adecuado al caso.

Así, también se pueden equivocar quienes piensan que las simpatías o el caladero de votos de Podemos se limitan a la izquierda, despreciando bases sociales que hasta ahora se han mantenido como abstencionistas y a las clases medias que ahora se ven desplazadas hacia abajo. Porque lo cierto es que IU no ha decrecido en las pasadas elecciones del 25-M, sino que en paralelo con Podemos ha crecido de forma significativa (otra cosa es que de no haber existido dicha opción hubiera crecido mucho más).

Otros analistas afirman que las elecciones europeas, catalogadas como de ‘segundo orden’, no siempre anticipan los resultados de las generales, porque la falta de consecuencias directas sobre los gobiernos nacionales lleva a que los pequeños partidos obtengan muchos votos y los grandes partidos los pierdan (pudiendo recuperarlos en las elecciones nacionales). Pero esa presunción está absolutamente condicionada por el contexto y la coyuntura de cada país, siendo evidente que el propio Rajoy planteó los resultados del 25-M como un plebiscito sobre su gestión política de la crisis (¿o es que las campañas electorales de unos y otros se han planteado acaso en clave europea…?

No hace falta ser ningún ‘Arriolin’ para comprender el contexto de insatisfacción con el Gobierno de Rajoy y con la oposición de Rubalcaba, de rechazo social a los partidos convencionales y de contrariedad con las políticas públicas en el que se han celebrado las pasadas elecciones europeas, generando los resultados que han generado al margen de cualquier idea o sentido sobre la propia política europea. Y por eso, en esta coyuntura concreta sólo cabe considerar dichas elecciones en plena correlación con la política nacional, incluyendo el fenómeno de Podemos.

Porque Podemos no nace de la nada, sino del hartazgo social de una corrupción política e institucional y de un entendimiento de la democracia  en el fondo profundamente injusto, incapaz de auto regenerarse. Antonio Lucas lo ve así, definiendo Podemos como “un populismo de nueva era, en el que ya no regalan relojes en los mítines sino promesas de justicia”, casi como un demonio vengador, en el artículo de opinión publicado también en El Mundo (17/06/2014):

Y así llegó el demonio

Hay una carga de desprecio mediática a la tropa de Podemos, como si fuesen allanadores que han entrado en la democracia amenazando con infiernillos de acampada. El discurso de Pablo Iglesias, jefe apache de ese margen que ha encontrado el sitio, está sacando punta a los nervios de la política compostada. Raúl del Pozo trazó el domingo la mejor carta náutica de lo que supone la balsa de Podemos en el ojo del naufragio. Esta peña trae un discurso imposible, pero necesario. No fabrican eslóganes de saldo, saben que tienen agarrados por el escroto a los partidos de siempre. Sencillamente dicen aquello que muchos quisieran decir si tuvieran micrófono. Es un populismo de nueva era, donde ya no se regalan relojes en los mítines sino promesas de justicia.

Han venido, como advertía Rimbaud, a robar el fuego del fuego. Son producto del desprecio y el abuso de los partidos mayoritarios con su señoritismo de casa de putas y sus modales de mafia blindada. Utilizan palabras de ahora. Han entendido el ruido de una parte de la calle. Salen de la topera de esa lejana izquierda asamblearia que en los 90 se gestaba en los barrios y en las aulas de algunas universidades, aquel ‘Mayflower’ de la protesta 4G. Denuncian la democracia en porciones y saben que los milagros no se repiten nunca. Son pequeños y bravos. No temen nada porque no deben nada a nadie. Si la cosa no les funciona volverán al paro, a las aulas, al curro, a las televisiones o a sus casas, depende.

Algunos aventadores de estricnina les acusan de estar a pienso de Venezuela e Irán. Otros, de extremistas peligrosos. Incluso de agitar una «verborrea de pobres contra ricos» que incuba un discurso de quiebra con el régimen representativo. Pero Podemos es, principalmente, una bengala del asco popular ante el gótico floreado de la mentira y de los políticos de consejo de administración. Tiene más de convulsión que de amenaza. Más de bálsamo social que de atalaje de viejas hoces y martillos.

La democracia es más completa con Podemos dentro. Y hoy la están entendiendo mejor los grupos pequeños, los que podrían detener los relojes con un parlamento ingobernable. Está muy bien el canguelo que han generado. Aquí cuatro maulas creyeron tener la cosa bien atada y un puñado de chavales enseriecidos, al salir de clase, les ha jodido el póker porque los rottweiler del sistema no supieron ver lo invisible, ni escuchar lo inaudible: aquello que sucedía bajo sus ventanas. Y así llegó el demonio.

En nuestra modesta opinión, no hay que volverse locos tratando de ver y convertir el fenómeno de Podemos en una especie de laboratorio político o de experimentación antropológica, entre otras razones porque también se podrían dar otros fenómenos similares en el ámbito de la derecha más extrema. Si de verdad se quiere ‘estabilizar’ el sistema, lo más sensato y sencillo sería reconocer y evitar las causas que lo pueden desestabilizar, porque ya sabemos que no hay efecto sin causa que lo provoque.

Claro está que, volviendo al pensamiento de Larra, “es más fácil negar las cosas que entenderlas”. Dicho de otro modo, a veces, como le sucede al Profesor Bacterio Arriola, lo más difícil es comprender la realidad. Con el caso de Podemos y su secuela de la ‘Operación Cibeles’, tiene una buena ocasión para empezar a ejercitarse en esa saludable práctica.

Fernando J. Muniesa

Si las legislaturas parlamentarias tuvieran un apelativo más o menos nacido de la sabiduría popular, es decir que se conocieran no por su numeración ordinal sino por una adjetivación que las apellidara o calificara, la décima, que es en la que estamos, podría pasar a la historia como ‘La Perdida’. Y no tanto en el sentido de extraviada o desorientada -que también-, ni en el más peyorativo de calavera, tarambana, degenerada o depravada, sino en el de dilapidada o malgastada.

Una legislatura perdida políticamente por todos y para todo lo necesario políticamente. Aunque los resultados electorales del 20 de noviembre de 2011, derivados de una historia previa plagada de desentendimientos, despropósitos, corrupción, y errores contumaces, confirmaron con suma claridad la necesidad de abordar reformas profundas en el actual modelo de convivencia y en todo el entramado estructural, organizativo y funcional que lo sustenta.

Y es que, en esencia, aquella situación crítica fue la motivadora de que el PP, a pesar de la falta de carisma de Mariano Rajoy, obtuviera una mayoría absoluta en el Congreso de los Diputados de 186 escaños (con el 44,62% de los votos, en gran parte solo ‘prestados’ para erradicar el ‘zapaterismo’), confrontada a la derrota sin paliativos del PSOE, que obtuvo 110 escaños, 59 menos que en 2008 y su peor resultado en el régimen democrático (con un 28,76% de los votos). Y también la que alentó la aparición de nuevas fuerzas políticas que apuntaban en una doble dirección: por un lado a la caída del bipartidismo y por otro a fortalecer el proyecto soberanista en Cataluña y el País Vasco.

Tendencias reafirmadas con los resultados de las elecciones europeas del pasado 25 de mayo, después de dos años y medio de legislatura en efecto dilapidada. Comicios en los que el fenómeno de los partidos emergentes se coronó con la espectacular aparición de ‘Podemos’, que fue el cuarto más votado (entre los diez con representación parlamentaria) obteniendo el 7,97% de los votos y cinco escaños de los 54 en liza; al tiempo que en los territorios con exigencias independentistas barrían los partidos que habían hecho campaña a favor de la secesión, pasando el PP y el PSOE a ocupar posiciones secundarias.

Con la grave circunstancia añadida de que, bajo el deterioro del bipartidismo en el que de forma interesada se sustenta el actual modelo político, también subyace un menoscabo institucional en progreso, mucho más preocupante porque en sí mismo es el cáncer de la democracia. Y aquí hay que considerar la subordinación del poder judicial al poder político, la dependencia partidista del Tribunal Constitucional (junto a la de otros altos organismos del Estado carentes de la independencia necesaria para el ejercicio democrático de sus funciones), la dejación por parte del Jefe del Estado de su alta responsabilidad como árbitro y moderador del funcionamiento regular de las instituciones, el arrasamiento de los entes de representación social intermedia, los aforamientos, los indultos, los privilegios de todo tipo instrumentados en favor de la clase dirigente, el desbocado crecimiento de la corrupción…

El lamentable tiempo político sin retorno

En fin, toda una muestra y medida del tiempo lamentablemente perdido para las reformas políticas e institucionales y para el regeneracionismo que necesita la vida pública española. Un tiempo sin retorno que caracteriza de forma muy desmerecida a quienes lo dilapidan, en opinión de los grandes creadores y pensadores de todas las épocas y culturas, como ya hemos escrito en alguna otra ocasión.

Dante Alighieri, el poeta florentino más representativo del ‘dolce stil nuovo’ y uno de los precursores del Renacimiento, decía que “a quien más sabe es a quien más duele perder el tiempo”. Y Pietro Metastasio, el gran libretista de ópera nacido en Roma pero consagrado como tal en la corte de Viena, también advirtió cuatro siglos después que el tiempo siempre es infiel “a quien de él abusa”.

Unos años más tarde, Jovellanos, nuestro ilustrado jurista, escritor y político del siglo XVIII, reescribió con un mayor punto de crítica hacia el hombre poco trabajador: “Para el hombre laborioso, el tiempo es elástico y da para todo. Sólo falta el tiempo a quien sabe aprovecharlo”. Beethoven sostuvo, poco después, que “el tiempo es el bien más preciado para aquél que quiere ejecutar actos importantes”. Y Luc de Clapiers, marqués de Vauvenargues, moralista francés pre-romántico muerto de forma prematura, afirmó: “Uno no ha nacido para la gloria, cuando uno no conoce el precio del tiempo”.

En otra consideración más notarial del factor tiempo, Eurípides dejó escrito: “El tiempo todo lo descubre. Es un gran charlatán, que habla sin ser preguntado”. Luis Vives reconoció que “el tiempo descubre lo que es falso y fingido, y da fuerza a la verdad”. Y el genial Charlot dejó sentenciado: “El tiempo es el mejor autor. ¡Siempre encuentra un final perfecto!”…

Muchas son, pues, las expresiones del valor que los grandes hombres han dado a la utilización del tiempo a lo largo de la historia, sobre su buen uso y sobre las lamentaciones de su desperdicio vital. De forma que se podrían recoger miles y miles de sentencias, proverbios y aforismos al respecto, todos de sabio contenido, incuestionable alcance universal y con aplicación a todas las actividades del hombre.

Pero es en la política, entendida como arte o doctrina referente al gobierno de los Estados, donde la consideración del tiempo tiene un sentido especial, dado que, en ella, todo cuanto no es posible, es falso. De ahí, que el éxito y la trascendencia de los grandes políticos haya dependido tanto de su propia y particular aplicación temporal.

Y baste ilustrar esta aseveración recordando dos formas bien distintas de entender dicho factor en el ámbito de la política. Maquiavelo, por ejemplo, entendía que, en ella, “conviene ganar tiempo, porque el tiempo todo lo oculta y con él llegan lo mismo las prosperidades que los infortunios”. Mientras que Otto von Bismarck, artífice de la unidad alemana, consideraba esta diferencia en la perspectiva política del tiempo: “El político piensa en la próxima elección; el estadista en la próxima generación”…

Pero, estando ya donde estamos, traspasada con mucho la media legislatura, abrumados por una crisis irresuelta en todos sus planos (socioeconómico, político e institucional), tras una clara llamada de atención sobre la descomposición del sistema de partidos en los últimos comicios europeos y con unas elecciones municipales y autonómicas de muy alto significado político a celebrar en mayo del próximo año, a quien hay que pedir cuentas sobre su sentido del tiempo y las oportunidades perdidas es básicamente al presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, y al aún jefe de la Oposición, Alfredo Pérez Rubalcaba.

El Gobierno y la Oposición, en caída libre

Mucho se ha hablado de la forma en que uno y otro han entendido, o mejor ‘malentendido’, sus propios tiempos políticos. Y centrados primero en los de Rajoy, que es el que más manda, merece la pena recordar un artículo de opinión de Miguel Ángel Aguilar en el que hace unos meses advertía que llegaría el momento en el que los acontecimientos, que se suelen presentar de manera imprevisible, se adelantarían al presidente del Gobierno (El País 04/03/2014):

Los Tiempos de Rajoy

La llegada al poder produce efectos sobre quienes ingresan en ese círculo prodigioso. Por eso entre nosotros se ha hablado, por ejemplo, del síndrome de La Moncloa, que afecta a sus inquilinos y les lleva al aislamiento y a la desconexión con la realidad del país. El presidente queda limitado por el perímetro de los asesores de máxima confianza. La voluntad de mantener abiertos los contactos, si existiera, queda cercenada primero por razones de seguridad y, enseguida, de comodidad. La condición de inaccesible tiene capacidad de inducción electromagnética y favorece el carisma, incluso cuando el personaje es refractario al mismo. El poder es la distancia y la distancia se refuerza con el protocolo. El común de los mortales no puede saltarse el protocolo, actitud que tanto se celebra en los presidentes, por la elemental razón de que al público de a pie ningún protocolo lo protege. De que el protocolo se mantenga se ocupan los servicios de la presidencia, respaldados si fuera necesario por las fuerzas de orden público. El resultado es que el presidente, cuando sale extramuros de La Moncloa, lo hace dentro de la burbuja protectora de sus asesores, que lo preservan del contacto con el exterior.

Examinadas las condiciones de ingravidez, bajo las cuales discurre la circulación espacial del presidente en el transcurso de su vida política, conviene ahora atender a las coordenadas cronológicas. Porque la instalación en el poder lleva al presidente a considerar que adquiere una capacidad nueva, la de disponer a su libre albedrío de ese fluido inaprensible que es el tiempo cronológico. De ahí que ahora se diga de Mariano Rajoy que tiene sus tiempos, como se dijo también de sus antecesores en la presidencia. Pero esa pretensión de apropiarse del tiempo, de detenerlo o acelerarlo a voluntad, ni es absoluta ni es indefinida. Tiene limitaciones y fecha de caducidad. El transcurso del plazo para el cual el presidente ha sido elegido deriva sus efectos implacables y cuando queda fijado el momento improrrogable esa fantasmagoría salta por los aires. Es el fenómeno del pato cojo, que caracteriza el segundo mandato de los presidentes norteamericanos, sin posibilidad de optar a un tercer periodo. Pasaba en el servicio militar porque, según se aproximaba la fecha en que se produciría la licencia de los encuadrados, aumentaba la dificultad de sostener la disciplina.

Los exégetas del presidente, dispuestos a dar razón de su dontancredismo, se complacen con la referencia a que Rajoy tiene tiempo propio. Así explican cómo se ha sacado de la manga el candidato para la presidencia del PP de Andalucía, su silencio ante las realidades aducidas por los portavoces de los grupos parlamentarios en el reciente debate sobre el estado de la nación y su repliegue dialéctico cuando se indaga sobre sus proyectos, bajo el lema de que no conviene adelantar acontecimientos, lo mismo si se trata de la candidatura para las elecciones europeas o de la reforma fiscal. Pero los acontecimientos surgen de manera imprevisible y llegará el momento en que se le adelanten.

Pero la referencia que mejor puede dar la medida de cómo entiende Rajoy el tiempo político, es su comparación con Margaret Thatcher a la hora de abordar sus respectivas responsabilidades de gobierno. En la Newsletter 42 (‘Cuando los políticos no saben de la misa la media’), publicada el 29 de diciembre de 2012, ya reprodujimos un comentario significativo sobre la pasividad manifiesta de Rajoy (por no hablar de vaguería) incluido por el profesor Jesús Fernández-Villaverde, catedrático de Economía en la Universidad de Pensilvania y miembro de FEDEA (Fundación de Estudios de Economía Aplicada), en la conferencia (‘La salida de la crisis: cómo y cuándo’) que pronunció el 21 de septiembre de 2012 en un encuentro de comunicación organizado en Madrid por el Club Empresarial ICADE y patrocinado por la Fundación Wellington. Fue así de lapidario:

Inglaterra cuando Margaret Thatcher gana las elecciones el 5 de mayo de 1971 está en una situación límite. Sin embargo Margaret Thatcher entiende que el Reino Unido tiene que ser la solución y acomete lo que hay que hacer. Un solo ejemplo brutal de la diferencia entre Rajoy y Margaret Thatcher:

¿Necesita alguien decir algo más?

Y también hemos advertido en otra ocasión que esa ‘insuficiencia’ orgánica o vital de Rajoy para posicionarse y actuar en varios planos a la vez y su incapacidad para analizar la crisis bajo una perspectiva múltiple, cosa que requiere una ‘inteligencia divergente’ más propia del creativo que de los registradores de la propiedad, acaso sea la circunstancia que le impide visionar y afrontar el problema de España en toda su amplitud. Porque, estando atrapados, como estamos, en una espiral política de caída libre ad limitum (negada desde luego por un Gobierno y una Oposición que son los peores valorados socialmente desde la Transición), lo sustancial no es establecer prioridades de actuaciones excluyentes, como está haciendo el Ejecutivo -que en cualquier caso son insuficientes-, sino combatir la crisis institucional y el estrangulamiento de la economía en cada uno de sus frentes y con todas las armas posibles, precisamente ganándole tiempo al tiempo de una debacle que se viene anunciando irremisible.

Nosotros ya hemos tratado y criticado por activa y por pasiva la política económica del Gobierno y, sobre todo, insistido a más no poder en la necesidad de afrontar, de consuno con la Oposición, las grandes reformas que necesita el futuro del país (incluidas las de la Constitución, el Estado de las Autonomías, las Administraciones Públicas, las estructuras económicas, el sistema judicial, el educativo, el sanitario…), por supuesto de forma infructuosa. Pero no deja de ser significativo que, inmediatamente después de los comicios europeos del 25 de mayo, en los que el PP perdió 2.596.000 votos con una caída de 16 puntos respecto a 2009, se haya sumado a ese mismo quehacer un periódico de cabecera de la derecha española como el ABC.

En la portada de su edición del pasado 29 de mayo, resumía nada menos que estas ‘diez ideas para retomar la iniciativa [el Gobierno]’, después desarrolladas en páginas interiores, pero ya con la legislatura de mayoría absoluta de Rajoy (‘La Perdida’) a punto de agotamiento:

A buen entendedor, pocas palabras bastan. Pero para dejar bien clara su posición, ABC incluía además estos sabrosos párrafos dentro de la editorial principal titulada ‘El PP no puede ignorar a sus votantes’:

(…) ABC es un periódico con 111 años de historia, muy anterior por tanto al nacimiento del partido popular, y con unos principios editoriales claros y sostenidos en el tiempo. El PP es una formación que a priori coincide con muchas de las líneas editoriales de este periódico, como la defensa de la unidad de España y las libertades democráticas o la apuesta en economía por el modelo liberal. Pero esa familiaridad no ha mermado ni mermará la capacidad de crítica del diario, cuyo primer deber es servir a sus lectores. Por eso demandamos al Gobierno un cambio de rumbo, con más fe en los propios principios, más pensamiento político y mayor contundencia y claridad en la exposición pública de sus propias ideas…

(…) Hay reformas de enorme calado, demandadas por la mayoría de los españoles, que han quedado pendientes o no han pasado de una bienintencionada cosmética. Un Gobierno con la mayoría absoluta que ostenta el Ejecutivo de Rajoy debe abordar en profundidad la reforma de la Administración, acabando con duplicidades y rémoras. Está pendiente también el regreso a la política tributaria liberal, seña de algunos de los mejores momentos de del PP. Pasado ya el trance de la semiquiebra, en lugar de jugar a los globos sonda toca acometer ya la reforma que vaya devolviendo el dinero al bolsillo de los ciudadanos…

Claro está que, con eso de tener que nadar y guardar la ropa, el diario en cuestión se veía obligado a mantener en la recámara editorial argumentos de mayor calibre en contra del ‘marianismo’, porque en definitiva su propia línea de flotación es la misma del PP. Y en la misma edición seguía arreando estopa también al PSOE, pero ya dentro de un orden y en el fondo defendiendo chuscamente el actual bipartidismo.

Es decir, tomando una posición editorial timorata de ‘ver venir el problema’ pero sin desmontar el tenderete ni romper las connivencias para mantener el statu quo político del ‘quítate tú para ponerme yo’, y tratando en el fondo de colaborar algo más con el PSOE frente a la amenaza de que otros se carguen el sistema. Y así se desprendía de la grima con la que uno de los comentaristas del ABC, Ignacio Camacho, interpretaba la situación en un artículo de opinión en el que no se sabe bien a favor o en contra de lo que está, titulado con cierto desprecio ‘La undécima plaga’:

Un fantasma recorre España: el fantasma del bipartidismo, y todas las fuerzas de la vieja nación se han unido en santa cruzada para acosarlo, que diría Engels. El resultado de las elecciones europeas ha sido celebrado como si hubiese caído el último tabú de la política. Gran parte de la sociedad ha interiorizado la idea de que la hegemonía histórica de las dos grandes fuerzas de la Transición se ha convertido en la principal amenaza del sistema democrático. Se habla del bipartidismo, incluso de la partitocracia, como si en vez del soporte de la estabilidad fuese la undécima plaga de Egipto. El mantra de la catarsis ha cuajado: millones de ciudadanos piensan que para regenerar la vida pública hay que destruir como primera providencia la estructura bipolar del régimen parlamentario.

La debelación del bipartidismo aparece de golpe como una necesidad purificadora, una exigencia de higiene nacional fruto del hartazgo por la corrupción y los vicios de endogamia de una nomenclatura mediocre. El concepto triunfante de la casta iguala al PSOE y al PP como víctimas de un visceral repudio antipolítico que tratan de aprovechar minorías terceristas y populismos demagógicos para prender fuego a una hoguera de fobias sociales acumuladas como rastrojos de agosto. Un furor destructivo se ha apoderado de muchos sectores de la población que, inflamados de desencanto y cólera, quieren arrasar los cimientos sobre los que se asienta el poder. La vehemencia de este arrebato transversal, que trasciende clases e ideologías, ha provocado una excitación exterminadora propia de los fines de ciclos históricos. Se trata de una fiebre pasional que salta sobre cualquier criterio objetivo. El argumento de la ingobernabilidad, la clave de bóveda sobre la que los constituyentes diseñaron un sistema electoral de proporcionalidad mayoritaria, ya no resiste el impulso emocional de este radical regeneracionismo: la gente está tan cabreada que prefiere una situación inestable a un mal gobierno.

Esta es la clase de situaciones sobre la que, como ocurrió en la Italia de la tangentópoli y como está a punto de suceder en Francia, se alzan los proyectos oportunistas y los liderazgos demiúrgicos. De momento en España lo que se está produciendo es una relativa atomización que apunta hacia coaliciones fragmentarias. El denostado bipartidismo, chivo expiatorio del fracaso institucional, es duro de pelar y está protegido por un mecanismo de autodefensa que se llama Ley D’Hont; con ella vigente la mayor convulsión posible sería la sustitución de los dos partidos cardinales por otros dos alternativos. Pero esta excitación catártica puede desembocar en un proceso imprevisible si los agentes políticos primordiales permanecen en su autismo inmóvil, presos del síndrome de catalepsia. Todas las grandes tormentas de la Historia empezaron con un chubasco del que alguien dijo que no calaba.

Por tanto, en definitiva nada de reclamar al Gobierno con verdadera y total claridad (desde el ABC ni desde ningún otro puntal mediático del establishment) reformas políticas urgentes, profundas e inteligentes, para atajar la descomposición del sistema; que desde luego tendrían que afectar a la partitocracia, a la Constitución, al Estado de las Autonomías, a la Corona y, en fin, a todo lo que necesite el regeneracionismo de la vida pública y el fortalecimiento de la Nación Española, de cuya debilidad derivan muchos de los actuales males del sistema político, reconocidos o no. Las mismas reformas que circulan de boca en boca en las bases del PP, dentro de la creciente disidencia del ‘marianismo’ y en contra de sus acólitos del ‘reloj parado’, junto al temor de verse desbordadas en las próximas elecciones por la izquierda más radical.

Pero es que ese nefasto ‘tiempo muerto’ de las reformas, ese sistema de ‘oídos sordos’, incluso ante quienes lealmente quieren perfeccionarlo desde el propio sistema, sin pretender cargárselo y respetando las reglas del juego democrático, sigue ahí, amenazante y amenazándolo todo. De momento, y pasando de las advertencias y los temores a la cruda realidad de los hechos, éstos ya han destrozado, y bien destrozado, al PSOE, quebrando además la correspondiente pata del maléfico bipartidismo y abriendo la puerta de su radicalización.

Una cuestión tan evidente que ha llevado a la inevitable incineración política de Pérez Rubalcaba, quien, a pesar de ser una de sus mejores cabezas pensantes, se resistió a reformar el partido (y de forma implícita el sistema político) en el momento oportuno (en noviembre de 2011 tras su tremenda derrota electoral) y en la dirección correcta, sin abrir entonces un proceso de reorganización que ahora será de larga duración y con consecuencias de futuro imprevisibles.

Y porque este desmoronamiento del PSOE afecta seriamente al equilibrio y estabilidad del sistema de convivencia democrática (situado claro está muy por encima de los intereses bipartidistas), conviene tener en cuenta la imperiosa necesidad de construir una alternativa al PP expuesta por Josep Ramoneda en El País (01/06/2014), advirtiendo de la dramática situación que padecemos con un socialismo ahogado al nadar en las mismas aguas populares y sin que los partidos ascendentes ofrezcan todavía un proyecto real:

Construir la alternativa

La polarización derecha/izquierda ha sido la base del desarrollo de la democracia. Algunos autores, como el liberal Ralph Dahrendorf, han llegado a poner en duda su viabilidad sin estas formas de oposición simple. Una democracia sin alternativa es un contrasentido, es un régimen sin vida. La alternativa desaparece cuando la alternancia se limita a un simple cambio de personas, sin diferencias sensibles en las políticas. Del 25-M sale un partido de Gobierno, el PP, muy debilitado electoralmente, pero salvado por el estado agónico del partido socialista. Tenemos un poder débil sin que se vislumbre un horizonte para la alternancia y sin alternativa política al proyecto de la derecha. El PSOE se ahogó nadando en las mismas aguas que el PP y los partidos ascendentes no configuran de momento un proyecto real. El bipartidismo cojea, pero no sabemos todavía cómo se concretará el paisaje pluripartidista.

Reconstruir la alternativa es una urgencia para la calidad de la democracia, antes de que proliferen los gobiernos de concentración bipartidista que, desde que Alemania optó por esta vía, parecen ser el sueño de los poderes europeos, para impedir el paso a las múltiples expresiones de malestar que recorren Europa. O se reconstruye el juego de las alternativas o se puede entrar en una dialéctica entre el bloque institucional y las fuerzas exteriores que aceleraría la evolución hacia el autoritarismo democrático. Por eso, la renovación del PSOE es una prioridad. Y no puede ser un simple traspaso de poderes orgánicos.

El PSOE es tierra gastada. Sus organizaciones están muy deterioradas en todo el territorio. Zapatero generó expectativas, causó frustraciones y sucumbió definitivamente en la crisis. Aquel final de mandato está inscrito en los rostros de los que gobernaban entonces. El PSOE necesita nuevas ideas, nuevas caras, nueva organización, nuevo proyecto político. Como toda la socialdemocracia europea debe despertar del espejismo de los años locos en que se quiso hacer creer que la sociedad era una inmensa clase media en que las marcas eran el único factor diferencial de un mismo estilo de vida, fantasía que la crisis ha hecho añicos. El guion exige renovación ideológica, diferenciación de la derecha, puertas abiertas a nuevos liderazgos y una reforma sin contemplaciones de un partido muy anquilosado en los territorios, en manos de núcleos casi familiares más preocupados en defender sus intereses que los del partido.

Toda organización es un sistema de relaciones de poder. El eje del PSOE pasa hoy por Andalucía y el peso de Susana Díez es innegable, pero el futuro está en saber redistribuir. Ha sido necesario que los votantes dijeran basta para que se abriera una crisis anunciada desde 2011. O el PSOE construye, sobre el socavón en que está metido, una plataforma de lanzamiento o los electores se irán definitivamente a otra parte. La democracia española se juega mucho: la alternativa al PP es una necesidad imperiosa.

Ante esta lamentable circunstancia, y ante la amenaza de que el PP termine padeciendo la misma catástrofe interna que el PSOE, sólo queda esperar nuevas convulsiones del sistema en esta tristísima legislatura, bien llamada ‘La Perdida’. Como el aviso que ha recibido la Corona con el precipitado esperpento del Rey abdicado, cargado también de tiempos perdidos.

El pacto constitucional de 1978, resquebrajado

Porque lo visto y oído en el Congreso de los Diputados durante el debate de la ley orgánica que habría de hacer efectiva la abdicación de Juan Carlos I a la Corona de España, ha sido ciertamente intranquilizador (en realidad no en un debate sino en una sucesión de monólogos). Aunque el oficialismo político lo haya vendido como un proceso pleno de naturalidad y dentro de la legitimidad constitucional del sistema (Rajoy y Rubalcaba en eso obraron de consuno), con 299 votos afirmativos, 19 negativos y 23 abstenciones (más 9 ausencias), la realidad ha sido muy distinta.

En la sesión parlamentaria de marras, todos los grupos políticos quedaron retratados de forma tan absolutamente nítida como inusual, dándose la circunstancia de que los miembros más numerosos -la voz contante- se vieron acosados política y dialécticamente por los menos numerosos -la voz sonante o más bien tronante-, teniendo que aceptar de hecho una fijación de posturas sobre la forma de Estado (que Rajoy y Rubalcaba quisieron pero no pudieron evitar) y que escuchar argumentos y pronunciamientos verdaderamente fuertes y despreciativos sobre la Monarquía, que han quedado registrados para siempre en el Diario de Sesiones. Algunos de los más agresivos y rabiosos, en concreto los manejados por el diputado Sabino Cuadra, portavoz de Amaiur, serían calificados por Alfonso Alonso, portavoz del PP, como “miserables” y “despreciables”…

Y el caso es que, en contra de lo deseado sobre todo por Rajoy (que comenzó su intervención señalando que la forma de Estado no estaba en el orden del día, aunque de hecho terminó estándolo), la sesión parlamentaria se torció tras la intervención de Rubalcaba, que hizo un brillante discurso (inspirado por Alfonso Guerra) justificando la postura constitucionalista del PSOE al apoyar la efectividad de la abdicación sometida a la aprobación de la Cámara sin renunciar a la preferencia republicana (cosa ciertamente admirable, porque eso del alma republicana y el corazón monárquico, o viceversa, tiene su guasa). Pero a partir de ahí se produjo un doble fenómeno perfectamente objetivado, aunque pocos analistas lo hayan querido ver: el agrietamiento del consenso constitucional de 1978, su descosido precisamente por las dos costuras más sensibles.

Rotura, se mire como se mire, y además en los dos aspectos tenidos por esenciales en el orden constitucional y en la débil arquitectura vertebradora del Estado. Por un lado se resquebrajó el consenso parlamentario sobre la Monarquía y, por otro, todos los partidos independentistas negaron de forma expresa ante el Pleno del Congreso de los Diputados la idea de Nación Española, declarando sus propias naciones catalana y vasca y negando el concepto de ‘nacionalidades’ recogido en el artículo 2 de la Constitución.

El primero en abrir fuego disidente fue el portavoz del Grupo Catalán (CiU) y curioso presidente de la Comisión de Asuntos Exteriores del Congreso desde 2004, Josep Antoni Duran, quien afirmó que “el pacto constituyente está finiquitado” y que, ante la alternativa entre “República o Monarquía”, CiU, formación de la que él es secretario general, optaba por “Cataluña”, es decir todo un ‘¡váyanse al carajo!’ resuelto con una abstención ‘pastelera’, quizás para no poner en peligro su multifunción política (con la acumulación de tres sueldos solo en su actividad parlamentaria, al margen de sus cargos de partido en CiU y UDC, fuerza federada con CDC).

Siguió Cayo Lara, portavoz de La Izquierda Plural, que hizo una defensa cerrada del derecho a decidir la forma de Estado (Monarquía o República) en un referéndum nacional, rompiendo abiertamente el pacto sobre la Corona suscrito en 1978 por el PCE bajo la dirección de Santiago Carrillo. Una posición que entonces se consideró absolutamente fundamental, por no decir imprescindible, para llevar adelante la Transición.

Y después entró en la refriega Aitor Esteban, portavoz del PNV, rematando el rechazo a la actual forma del Estado con un discurso si cabe mucho más claro y rotundo: el PNV se abstendría en la votación porque nunca estuvo en el consenso constitucional (en 1978 los nacionalistas vascos votaron en contra de la Constitución, mientras el referéndum de validación ciudadana apenas fue aprobado por el 30% del electorado vasco). Posición un tanto olvidada que ahora quedaba remarcada de forma solemne y muy educada en un debate parlamentario verdaderamente señero para todo aquel que dentro del teatro político no haya perdido la capacidad cognitiva.

Pero es que esta rotura del apoyo a la Monarquía, mucho más profunda y significada políticamente de lo que señala la aritmética parlamentaria, siguió con los votos negativos o la abstención de ERC, Coalición Canaria - Nueva Canarias, BNG, Compromís, Geroa Bai y Amaiur, cuyos siete diputados se ausentaron ostensiblemente del Pleno tras el discurso de su portavoz, Sabino Cuadra, que fue de auténtica traca antimonárquica, sin llegar a votar. Y ello al margen del espectáculo existencial ofrecido por el PSOE dentro y fuera de la Cámara (un diputado voto negativamente y otros dos se ausentaron).

Con todo, aún es mucho más preocupante (porque al fin y al cabo la forma de Estado, por sí misma, ni lo disuelve ni lo tritura) el independentismo declarado con extrema claridad en sede parlamentaria (luz y taquígrafos) por el conjunto de los partidos que hoy ostentan la mayoría electoral en Cataluña y el País Vasco. Un asunto de máxima gravedad y en definitiva relacionado directamente con el debilitamiento de la Corona y de España como Nación, porque su titular, que es Rey y Jefe del Estado, simboliza su unidad y su permanencia, al tiempo que debe arbitrar y moderar el funcionamiento regular de las instituciones, según lo establecido en el artículo 56.1 de la Constitución.

Un problema, pues, con dos derivadas de muy mala solución, que sin duda alguna es la peor herencia que el Rey precipitadamente abdicado ha podido dejar al Príncipe Heredero de la Corona en una lamentable legislatura de reloj parado (‘La Perdida’).

Por mucho que se quiera poner en valor la suma ampliamente mayoritaria de votos con los que se ha hecho efectivo el proceso sucesorio, aportados por un partido de gobierno en regresión (PP), el destrozado de la oposición socialista, la emergente UPyD (todavía sin afianzar y que parece dispuesta a convertirse en bisagra del repudiado bipartidismo), el Foro Asturias y UPN, lo que en la sesión plenaria del Congreso de los Diputados del pasado 11 de junio se abrió fue, nada más y nada menos, que un camino de vuelta a las dos Españas (la monárquica y la republicana) y a la España rota.

Con el detalle agregado de que todas las fuerzas parlamentarias, con la significada excepción del PP, que de momento tiene bloqueado el proceso con la llave de su mayoría absoluta, han puesto encima de la mesa la necesidad de una reforma urgente de la Constitución. Que ya veremos a donde nos lleva, porque todo lo que en política se hace tarde o de forma obligada, se hace irremisiblemente mal.

Y esto es lo que hay, por supuesto en una lectura objetiva de la realidad, sin mediatización partidista. La versión oficial de la situación es otra cosa distinta y sin duda acorde con el espíritu perdido de la legislatura.

La vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, acaba de decirle a Artur Mas que “en política se recoge lo que se siembra”. Cosa cierta; pero ella debe saber que lo que se recoge en una legislatura de tiempos muertos como la presidida por Mariano Rajoy es, en el mejor de los casos, nada.

Fernando J. Muniesa

Hasta los republicanos de pura cepa, es decir los que mantienen la cabeza y el corazón en su sitio (raciocinio y sentimientos no confundidos), convienen en que el reinado del abdicado rey Juan Carlos I -por supuesto con luces y sombras como corresponde a toda empresa humana- ha sido cuando menos necesario.

Dicho de otra forma, ha sido un reinado en el que, pese al actual deterioro del sistema político, han podido prevalecer los aspectos positivos sobre los negativos, aunque sólo sea por el sustancial papel que jugó la Corona en la Transición del régimen franquista al nuevo Estado social y democrático de Derecho. Cosa distinta son determinadas derivas posteriores del mismo modelo constitucional, ciertamente frustrantes pero con señas de autoría mucho más próximas a los partidos dominantes en el Parlamento, PP y PSOE; mientras, eso sí, Su Majestad miraba hacia otro lado en los peores momentos, a pesar de la responsabilidad que le asigna la Carta Magna en su artículo 56.1: “El Rey es el Jefe del Estado, símbolo de su unidad y permanencia, arbitra y modera el funcionamiento regular de las instituciones…”.

Nosotros no vamos a sumarnos ahora a la corriente de halagos y excesivos reconocimientos de los servicios que Don Juan Carlos ha prestado a España, ni tampoco a la que pretende minimizarlos o despreciar lo que han tenido de positivo. Preferimos que el criterio personal de cada uno tome cuerpo en la historia, porque la realidad está ahí, todavía viva, y no hacen falta guías ni señuelos para manipularla o reconducirla de forma torticera en uno u otro sentido.

Pero sí que nos preocupa, y hondamente, la sustanciación de la renuncia regia, en su forma y en sus consecuencias. Porque, hoy por hoy, España no es, ni mucho menos, un balneario político, ni económico, ni social; y sus problemas, serios y profundos, no se pueden tratar con ningún tipo de frivolidad ni en una especie de tertulia entre amiguetes con partida de cartas incluida, que nos retrotraiga a oscuros tiempos caciquiles en los que sus líderes proclamaban aquello de ‘la finca es mía’ refiriéndose a la Nación de todos.

Las oportunidades perdidas de la Corona

Hace más de un año, exactamente el 21 de abril de 2013, publicábamos una Newsletter (Nº 58) en la que llamábamos la atención justo sobre la miopía con la que la Corona estaba entendiendo el desarrollo normativo de la propia Institución Monárquica (a partir claro está de lo dispuesto en la Constitución), incluido el ordenamiento de las necesidades sucesorias. Y la iniciábamos con los siguientes párrafos sobre las oportunidades perdidas en favor de su consolidación:

El concepto de ‘oportunidad’, que esencialmente se identifica con la conveniencia de tiempo y de lugar, es fundamental en el desarrollo de cualquier actividad humana y, de forma muy especial, en el ejercicio de la política. Tiene lógicamente su contrapunto en lo ‘inoportuno’, es decir en lo que se muestra fuera de propósito y de esas condiciones de tiempo y lugar.

Los ingleses, que saben ir a lo suyo como nadie, sostienen que “hay que batir el hierro cuando está caliente” y, con un toque más ortodoxo, que “hay un momento para torcer los ojos y otro momento para mirar derecho”. En nuestro propio refranero también encontramos algunos proverbios ilustrativos de lo que significa el sentido de la oportunidad, como el de “ida la coyuntura, ida la ventura”.

En la antigua Grecia, Sófocles, experto en enfrentar la ley humana y la ley natural, ya advirtió que “la oportunidad es el mejor maestro de los hombres en toda empresa”; en tanto que Platón, alumno aventajado de Sócrates y maestro de Aristóteles, remarcaba a continuación que “la oportunidad es el instante preciso en que debemos recibir o hacer una cosa”. Ovidio, que fue desterrado de Roma hasta su muerte como autor del poema elegíaco Ars Amandi, urgía a sus contemporáneos: “Apresúrate, no te confíes a las horas venideras; el que hoy no está dispuesto, menos lo estará mañana”…

Pues bien, en los tiempos que nos ha tocado vivir, tenemos ejemplos muy significados de ‘inoportunidades’ políticas que, como es natural, han dejado en evidencia lo que en su momento fueron ‘oportunidades’, que, sin haberse aprovechado, ya serán de imposible recuperación. Porque, si cuando se puede obrar nada se quiere hacer, a donde se suele llegar es a no poder hacer cuando se quiera; al igual que, por ejemplo, la ausencia de una diagnosis prematura en una enfermedad invasiva, o su falta de prevención, llevan la salud natural a pérdidas irreparables, precisamente por la inoportuna ausencia del tratamiento más adecuado.

Los últimos gobiernos, el actual de Rajoy y sobre todo los de Rodríguez Zapatero, han sido bien generosos en desaprovechar oportunidades y en inoportunidades manifiestas, si consideramos el origen y evolución de la brutal crisis económica, política y social que estamos padeciendo. Y no digamos los sindicatos y otros entes de representación ciudadana intermedia, ya declaradamente incapaces de recuperar su prestigio y su olvidada función pública.

Pero en esa misma valoración también tienen cabida los altos organismos del Estado que, desde hace tiempo, han venido haciendo oídos sordos de muchas y sensatas recomendaciones para restaurar o actualizar la vigencia de sus principios y valores fundacionales y prevenir su agotamiento vital, sin que nadie haya prestado atención a las sabias llamadas reformistas. Aquí podríamos hablar de instituciones como el Senado, el Consejo General del Poder Judicial, el Consejo de Estado, el Tribunal de Cuentas, el Defensor del Pueblo… y hasta de los partidos políticos, ya convertidos en simple ‘adorno’ de una democracia cada vez más aparente que real y en instrumento para administrar el empleo y los favores públicos. De forma lamentable, hoy por hoy la realidad incluye también a la Corona en esa crítica concreta de desviacionismo funcional.

No vamos a insistir en los errores que la Casa Real ha podido cometer en el ámbito relacional más íntimo, aunque la egregia familia esté sujeta por definición a pautas y comportamientos subordinados al interés del Estado y de la propia Institución Monárquica. Pero la noticia de que “el Gobierno elabora la Ley Orgánica que regulará los actos de la Corona”, dada por El Mundo en su portada del 14 de abril de 2013, justo a los 82 años de proclamarse la II República Española, nos permite traer a colación algunos hechos desconocidos o desapercibidos por los actuales diputados y senadores [que ahora habrán de resolver en trámite parlamentario de urgencia una abdicación de la Corona de España esencialmente resquebrajada]; una iniciativa en tiempo tardío (in extremis) que ya obedece al agobio judicial y mediático y sobre todo a un creciente rechazo de la monarquía por parte de las bases más jóvenes y populares del país.

Para empezar, tendríamos que recordar que al amparo de otro aniversario significativo, exactamente cuando la Constitución cumplía 20 años, Julián Marías, profesor acreditado en diversas universidades de Estados Unidos, miembro de la Real Academia de la Lengua, sobresaliente ensayista y distinguido filósofo, ya advirtió que la Monarquía Parlamentaria transitaba por los impredecibles caminos de la política sin que la Corona, uno de los pilares fundamentales del actual sistema de convivencia democrática, tuviera el preceptivo ‘desarrollo legal’. Es decir, que, a diferencia de lo que de mejor o peor forma sucedía con el resto de los contenidos establecidos en la Carta Magna, todo lo concerniente a la Corona recogido en su Título II carecía de la necesaria (si no obligada) concreción normativa, quedando su interpretación al albur de la historia.

La afinada observación del profesor Marías, que también fue senador por designación real entre 1977 y 1979, se produjo durante la conferencia magistral que pronunció en el Congreso de los Diputados, integrada en los actos oficiales de aquel vigésimo aniversario de la Constitución. Sin que dejara de sorprender, al menos a los diputados más perspicaces, el hecho de que fuera guardada sin editar (es decir haciendo de la misma algo peor que ‘caso omiso’) por la secretaría general de la institución parlamentaria que había diseñado, organizado y financiado el evento, entonces presidida por Federico Trillo-Figueroa.

La cuestión planteada por Julián Marías no era en modo alguno inoportuna ni baladí, porque el vacío legal que afectaba a la Corona ya revoloteaba sobre la cuestión sucesoria, dado que, por ejemplo, el propio artículo 57.5 de la Constitución había dejado endilgado el desarrollo de la cuestión sucesoria a “una ley orgánica”, torpemente relegada ad calendas graecas. Pero ya en 2013, parecía que, a tenor de la noticia dada por El Mundo anunciando la elaboración de lo que podría ser una ‘Ley de la Corona’ [que a fin de cuentas seguirá inédita porque la de abdicación de Don Juan Carlos es ley de ‘caso único’, además de absurda], los oídos necios se abrían por fin a las palabras sabias, aunque en todo caso de forma más alarmada y urgente que precautoria…

El impropio ‘mando supremo’ de las Fuerzas Armadas

En aquella Newsletter también consideramos, como hemos venido haciendo en otras ocasiones, la necesidad, no menor, de que en el desarrollo legal que comentamos se aclarase la naturaleza y el alcance real del ‘mando supremo’ de las Fuerzas Armadas asignado constitucionalmente al Rey, que en pura racionalidad colisiona con la potestad del Presidente del Gobierno y que, con el tiempo, tendría que recaer naturalmente en persona distinta de Don Juan Carlos de Borbón, de origen, formación y vinculación castrense muy diferente. Incluso en el caso del Príncipe Felipe como actual Heredero de la Corona.

Este tema, desatendido con total despreocupación regia durante 35 años -desde 1978-, ya se mostró jurídicamente fundamental en el desarrollo del Consejo de Guerra seguido contra los encausados por el intento de golpe de Estado del 23-F. Básicamente en cuanto a la comparecencia del Rey como testigo de los hechos, según requirió alguna de sus defensas, y por el argumento que esgrimió el Tribunal que dictó en casación la sentencia definitiva para refutar el principio de ‘obediencia debida’ al que se acogían los condenados.

Porque, no estando la persona del Rey sujeta a responsabilidad alguna según el artículo 56.3 de la Constitución (lo que exige que todos sus actos como Jefe del Estado deban ser refrendados por el Gobierno), se produce una evidente incoherencia legal con el teórico ‘mando supremo’ de las Fuerzas Armadas; lo que, a su vez, choca con el hecho incontrovertido de que la caracterización del mando reside en su capacidad para decidir y en la responsabilidad derivada del mismo. Es decir, que en la concordancia de ambas circunstancias, el Monarca no podría ser mando supremo de las Fuerzas Armadas, ni éste titular de mando ser, al mismo tiempo, Rey de España.

El mando militar es indivisible y plenamente responsable, pero el Rey es irresponsable y sus actos (salvo los que afecten al gobierno de la Casa Real) requieren un refrendo responsable ajeno a su persona. Dicho de otra forma, quien no es responsable no puede mandar.

Por eso, durante el 23-F fue patético ver como los capitanes generales se ponían, finalmente, a las órdenes incondicionales de su ‘mando supremo’, en un tema desde luego delicado pero que tenía una respuesta democrática y una dependencia política inequívocas, sin necesidad de mayor consulta. Aunque no menos chocante para esa misma sensibilidad democrática fuera ver al propio Rey lanzando sus órdenes militares, que por fortuna fueron de reconducción constitucional, a la cúpula de nuestros ejércitos en la oscura madrugada del 24 de febrero de 1981.

Y prueba de toda esta incoherencia formal, se tuvo efectivamente con el pronunciamiento del Tribunal Supremo al fallar en casación las sentencias definitivas para los encausados del 23-F. En él, y para deslegitimar el pretexto de ‘obediencia al Monarca’ argumentado por los acusados (pero que también hubiera podido expresarse como ‘obediencia militar debida al mando’), se manifestaba: “Con el debido respeto al Rey, y aceptando, por supuesto, la inmunidad que concede al Rey la Constitución, si tales órdenes del Rey hubieran existido, no hubieran excusado de ningún modo a los procesados, pues tales órdenes no entran dentro de las facultades de Su Majestad el Rey y siendo manifiestamente ilegales no tendrían por qué haber sido obedecidas”…

Por otra parte, el juramento impuesto al Rey en su propia proclamación para que guarde y haga guardar la Constitución, la exigencia de que arbitre y modere el funcionamiento regular de las instituciones, la reiteración que de su condición de mando supremo de las Fuerzas Armadas se ha venido haciendo en muchos desarrollos normativos (ignorando la potestad que sobre ellas tiene el Poder Ejecutivo), las demandas sociales de una mayor transparencia en el entorno de la Institución Monárquica y otros aspectos técnicamente no resueltos en su orden funcional (como los honores y distinciones afectos a la figura de su Heredero que están sometidos a la discrecionalidad del gobierno de turno), aconsejaban en efecto un desarrollo legal urgente para clarificar y perfeccionar el Título II de la Constitución Española dedicado a la Corona.

Aunque mucho nos tememos que, tanto la Casa Real como el Gobierno, limiten su tardía reacción sólo a parchear el agujero más evidentes de la situación (dar un innecesario plácet parlamentario a la acelerada abdicación de Don Juan Carlos], perdiendo otra oportunidad histórica para afrontar sin complejos ni rodeos las reformas y el aggiornamento institucional más convenientes.

¿Se siega la hierba bajo los pies del Príncipe Felipe…?

De hecho, en la citada noticia de El Mundo (14/04/2013), Casimiro García-Abadillo no dudaba en definir la reforma en preparación como “una ley para proteger a la Corona”. Aunque advertía que “no se remitirá al Congreso hasta que se sustancie el proceso en el que están implicados las Infanta Cristina y su marido, Iñaki Urdangarin, con la apertura del correspondiente juicio oral”.

Y, a continuación, precisaba: “El Ejecutivo esperará porque quiere evitar las suspicacias que generaría la propuesta de una ley que implica mayor protección jurídica para los miembros de la Casa Real justo cuando uno de ellos puede sentarse en el banquillo”. ¿Se entiende mejor ahora lo de ‘las oportunidades perdidas de la Corona’…?

Al parecer, Alberto Ruiz-Gallardón comenzó a estudiar el tema desde su mismo nombramiento como ministro de Justicia (quizás eso forme parte de la confianza regia que, según se cuenta en los círculos más próximos al presidente del Gobierno, le encaminó directamente a ese cargo concreto). Según El Mundo, en primera instancia se pensó utilizar dos reformas legales sucesivas (otro barullo más) para introducir las modificaciones que ahora se podrían haber plasmado aún de forma sobrevenida en la ley orgánica de marras, pero que tampoco se consumarán dada su aplicación de caso único y artículo único sólo para emitir el ‘enterado’ del Congreso de los Diputados a la abdicación de la Corona (y no otra cosa aunque el Gobierno y Sus Señorías piensen de manera distinta).

De hecho, en ningún sitio está establecido que las Cortes Generales tengan que ‘aprobar’ la abdicación del rey titular de la Corona y ni siquiera ‘autorizarla’, porque obviamente no se puede obligar a nadie a ser Rey de España contra su voluntad. El acto de abdicación no es un acto ‘debido’, sino claramente ‘libre’, por lo que las Cortes Generales deberían actuar conforme a parámetros preestablecidos, que lamentablemente no lo están…

Paréntesis: A este respecto, conviene dejar constancia de cómo se ha liado el tema de la abdicación, que, siendo un acto y decisión exclusivamente dependiente del titular de la Corona, en la más lógica interpretación jurídica y política se tendría que haber solventado con una simple notificación de la Casa Real no al Gobierno sino a las Cortes Generales, donde reside la soberanía popular e institución responsable de la proclamación del Rey (artículo 61.1 CE). Con la vía de inmiscuir al Gobierno y asociar la abdicación a una absurda e innecesaria ley orgánica particular, la propia Casa Real (con asesores instalados en el limbo del Derecho Político) ha dado pie con la votación parlamentaria a que se pudiera negar esa especie de ‘venia’, obligando entonces al rey titular a reconsiderar su postura o, de forma alternativa, a la renuncia, que afectaría a sus herederos… La ley orgánica que se cita en el artículo 57.5 de la Carta Magna es otra cosa de mayor alcance que debería ordenar la abdicación y otras muchas cosas más (entre ellas el aforamiento y el nuevo estatus de Don Juan Carlos), y obviamente se entiende referida a la necesidad de desarrollar una ‘Ley de la Corona’ temática y no de caso singular.

En cualquier caso, la idea inicial del Gobierno era cambiar la Ley Orgánica del Poder Judicial para incluir a los miembros de la Familia Real en las competencias del Tribunal Supremo, al igual que ocurre con los diputados aforados; modificación que también implicaba cambios en la Ley de Enjuiciamiento Criminal, ahora en vía de reforma pero sin haber entrado todavía en tramitación parlamentaria. Sin embargo, al parecer se optó, como debía ser, por elaborar una ley orgánica temática de acuerdo con lo establecido en la Constitución, en orden a resolver “las abdicaciones y renuncias y cualquier duda de hecho o de derecho que ocurra en el orden de sucesión a la Corona”, con la presión derivada de su tardía consideración; aunque el caso sea, como hemos dicho, que todavía se mantiene inédita.

Perdido, pues, el Gobierno en la absurda intención de encajar los problemas de la Corona en leyes generales o particulares inútiles al caso (de la Carrera Militar, del Poder Judicial, de Enjuiciamiento Criminal, de Transparencia…), en vez de propiciar directamente una ‘Ley de la Corona’ de amplias miras que pusiera lo que tuviera que poner en su cabal sitio, todo apunta a que, de paso, al Príncipe Heredero se le ha hecho el flaco favor de segar la hierba bajo sus pies; no sabemos si por la torpeza de unos y otros, incluido el entorno de La Zarzuela, o de forma maquiavélicamente intencionada para dejar herida de muerte a la propia Monarquía Parlamentaria.

Porque, ¿con qué chapuza legislativa se van a resolver la abdicación y la inmediata sucesión de la Corona de España, planteadas ambas de forma tan precipitada, por no decir tan intempestiva…? ¿Acaso con el mismo cuento de ir ‘de la ley a la ley’ que en la Transición se aceptó a machamartillo sólo por conveniencia histórica…? ¿Abusando de un lamentable rodillo parlamentario ya penosamente deslegitimado ante la ciudadanía, pero todavía respetuoso con una monarquía que se debate entre la modernización y la decadencia…? ¿Y es esa la mejor forma de disolver, de verdad, las crecientes llamadas a una III República Española…?

No sería nada extraño que la abdicación a la Corona del rey Juan Carlos, en nuestra opinión políticamente injustificada y poco razonable frente a otras alternativas más convenientes, haya respondido, en el fondo, a un hartazgo regio de asesoramientos torpes, políticos sin fuste en el gobierno y en la oposición y no pocos pelotilleros de pacotilla. Lo cierto, y revelado por Su Majestad en varias ocasiones (“No quieren hablar”, dijo refiriéndose a Rajoy y Pérez Rubalcaba), es que en los últimos meses el Jefe del Estado se ha esforzado de forma evidentemente infructuosa en lograr un gran consenso (al menos entre PP y PSOE) que permitiera revitalizar la política nacional y apuntalar como fuere la palpable invertebración territorial de España: de eso al ‘ahí te quedas y el que venga detrás que arree’, queda muy poco.

Y también es posible que una abdicación tan sorpresiva haya respondido, dígase lo que se diga, a causas ‘acelerantes’ mucho más concretas. Tales como la descomposición del bipartidismo PP-PSOE (con toda su capacidad de mangoneo político a punto de volatilizarse); la previsible radicalización del partido socialista tras la debacle de los mandatos de ZP y Rubalcaba; la más que dudosa repetición de una mayoría parlamentaria absoluta del PP; el temor a que siga creciendo el rechazo social a la monarquía (existen encuestas barométricas no publicadas que así lo indican); el escándalo que podría suponer la resolución final del ‘caso Nóos’; el crecimiento de IU y de los movimientos sociales más transgresores (como Podemos)… Y todo ello, como decimos, sin la necesaria ‘Ley de la Corona’, como si la Casa Real fuera la Casa de la Troya o la de Tócame Roque.

Una abdicación, en definitiva, de ‘calentón regio’ que no deja de ser un regalo envenenado para el Príncipe Felipe. Durante la Transición, que en el fondo supuso aceptar en buena parte la herencia política de Franco, no faltaron quienes bautizaron al rey Juan Carlos I como ‘El Breve’, de forma equivocada porque, de haber querido, fallecería con la corona puesta, que a nuestro entender sería la mejor opción para la propia Institución Monárquica. Ya veremos si ahora esta sucesión en la Jefatura del Estado, que insistimos en considerar poco afinada políticamente y al menos inoportuna, convierte a Don Felipe en un rey breve o, si aguanta el tirón (que no sería poca cosa), en un rey duradero.

De entrada, la sociedad real -o una parte considerable de ella-, la más viva y pujante que se manifiesta en la calle y en la Red porque ya no se siente representada en el Parlamento, recibe a Felipe VI en contra de su voluntad, pidiendo un referéndum sobre ‘República o Monarquía’, que al fin y al cabo es una opción prevista constitucionalmente para validar “decisiones políticas de especial trascendencia” (artículo 92.1 CE). Mientras que la posición de la mayoría presente actualmente en el Congreso de los Diputados es cosa hoy por hoy bien distinta y distante de esa realidad social.

Segundo paréntesis: ¿Qué problema real existe en coger el toro por los cuernos y convocar un referéndum, incluso a instancia del propio Heredero de la Corona, para despejar de una vez por todas las dudas sobre las preferencias sociales en torno a la República y la Monarquía…? Reafirmada por esta vía la actual forma política del Estado español -hoy todavía con mucha ventaja-, el debate quedaría agotado a futuro y la Corona más fortalecida que nunca; y en el improbable caso contrario, se aclararía una situación que no iba a dejar de explotarle a Don Felipe más pronto que tarde y con daños irreparables para justos y pecadores… ¿Es que acaso compensa a un político o a un monarca honrado y en verdad entregado al servicio de su país prevalecer supuestamente en contra de la voluntad ciudadana…?

El oficialismo político y los portavoces del poder claman contra este tipo de propuestas ‘desvergonzadas’ y en defensa de una legalidad parlamentaria que nadie les puede discutir. Pero, habiendo alcanzado el sistema político el nivel de desprestigio social que ha alcanzado, semejante pataleta no parece indicar el buen camino para llegar a ningún entendimiento nacional ni, en su caso, para amortiguar el rechazo de la monarquía…

Recordando la historia de unas enmiendas despreciadas

Que esta abdicación, un tanto pánica o de última instancia, no se plantea en el momento más conveniente ni con la oportunidad debida, también se ilustra con lo sucedido hace ahora quince años, durante la tramitación parlamentaria de la Ley 17/1999, de 18 de mayo, de Régimen del Personal de las Fuerzas Armadas, generadora del cambio del modelo de Defensa Nacional, que pasó a ser plenamente profesional. Una reforma desarrollada en momentos paralelos al menosprecio del sabio mensaje lanzado por Julián Marías sobre el error que suponía no haber desarrollado una ‘Ley de la Corona’ en las legislaturas más inmediatas a la aprobación de la Carta Magna.

Aquella norma legal (17/1999) terminó incluyendo la siguiente Disposición Adicional Primera: “El Gobierno, mediante real decreto aprobado en Consejo de Ministros, regulará la carrera militar de Su Alteza Real el Príncipe de Asturias, en la actualidad Capitán del Cuerpo General de las Armas del Ejército de Tierra (Infantería), Teniente de Navío del Cuerpo General de la Armada y Capitán del Cuerpo General del Ejército del Aire, quedando facultado para adaptar los preceptos de la presente Ley a las singularidades que se estime oportuno han de concurrir en su regulación y desarrollo, estableciendo un régimen propio y diferenciado, teniendo en cuenta las exigencias que Su alta representación demanda y las circunstancias que concurren en Su persona como Heredero de la Corona de España”.

En el trámite parlamentario del Proyecto de Ley, el diputado canario Luis Mardones, poco sospechoso de plantear veleidades sin sentido de Estado, propuso una enmienda de adición extraordinariamente oportuna y sensata, para que se añadiera al texto gubernamental un segundo párrafo redactado de forma literal en estos términos: “(…) Por ley ordinaria específica se establecerá y regulará el rango militar, con sus honores y distinciones, propio del Heredero de la Corona de España, diferenciado del régimen del personal profesional de las Fuerzas Armadas”.

En la argumentación básica de aquella enmienda, se sostenía que era necesario distinguir con claridad la persona de Su Alteza Real Don Felipe de Borbón, de la figura del Heredero de la Corona de España como alta institución y fuera quien fuere su titular, hombre o mujer, y militar o no, en cada momento. Al mismo tiempo, y considerando el nivel y las exigencias de tan alta representación, también se advertía que el precepto normativo para establecer y regular sus atributos militares (cuando existieran), con sus honores y distinciones, requería obviamente un rango jurídico de reconocimiento y estabilidad superior al real decreto, cuya promulgación es potestad exclusiva del Gobierno de turno; estimando, por tanto, que esa norma de rango menor era del todo inapropiada en relación con el carácter de la Corona como institución permanente.

Lo que políticamente subyacía en aquel lenguaje parlamentario, de forma obvia y oportuna, era la exigencia de desarrollar en efecto una ‘Ley de la Corona’. Una sabia consideración, como la previa de Julián Marías, que, más que ser desoída, enervó a los entonces torpes asesores de la Corona y del Ministerio de Defensa.

El ministro del ramo, Eduardo Serra, pidió de forma infructuosa al diputado Mardones que retirase su enmienda, que, tras no ser aceptada en Comisión, éste mantenía ‘viva’ para su defensa ante el Pleno de la Cámara. Acto seguido, sería el presidente del Congreso de los Diputados, Federico Trillo-Figueroa, quien intentó lo mismo con idéntico resultado. Y, en tercera instancia, fue el propio presidente del Gobierno, José María Aznar, quien descendiendo del olimpo de La Moncloa y personalmente, que ya es decir, pidió el mismo y equivocado ‘favor’, alegando para ello sugerencias de más alta instancia; circunstancia que llevó a Mardones, escéptico ante tanta miopía política y con una excelente relación personal con Su Majestad, a responder más o menos “que me lo pida quien puede pedírmelo”.

De esta forma, sería el mismo rey Juan Carlos quien, durante la celebración de una cena de Estado en el Palacio de Oriente, comentó con Mardones la conveniencia de que retirara su enmienda antes de la votación final del Proyecto de Ley con argumentos infundados -provenientes de asesores en efecto poco avezados- que no es prudente comentar, requerimiento que fue atendido de forma disciplinada e inmediata. Pero aquí no termina la historia, que es bien reveladora en relación con las ‘oportunidades perdidas de la Corona’ que hemos comentado.

Al día siguiente, Su Majestad recibía una larga misiva del diputado y leal servidor del Estado Luis Mardones en la que, además de notificarle el inmediato cumplimiento de su petición, le desgranaba toda una serie de argumentos justificativos de su proceder, señalando el significado político de la enmienda, su largo alcance histórico y los recursos de consenso parlamentario que, en aquellos momentos, hubieran llevado a la aprobación de la enmienda sin oposición de ninguna fuerza política presente en la Cámara (los dos diputados electos de HB en aquella legislatura no llegaron a tomar posesión del escaño). Ante tales explicaciones, la contestación de Su Majestad no dejaría en buen lugar a quienes habían muñido aquella torpeza mayúscula (algo más o menos como “Estoy mal asesorado…”).

Para no hacer la historia más larga de lo necesario, digamos que ocho años más tarde, al tramitarse en el Congreso de los Diputados la Proposición de Ley que terminaría convertida en la desastrosa Ley 39/2007, de 19 de noviembre, de la carrera militar, el mismo Mardones volvió a presentar una enmienda para suprimir el artículo 2.2, devenido de la Disposición Adicional Primera de la Ley 17/1999, al que el Gobierno socialista había dado esta redacción literal: “El Príncipe de Asturias podrá desarrollar la carrera militar y tener los empleos militares que, mediante real decreto, determine el Gobierno, que queda facultado para establecer un régimen propio y diferenciado teniendo en cuenta las exigencias de su alta representación y su condición de heredero de la Corona de España”.

Esta nueva forma de ‘orientar’ la carrera militar del Príncipe de Asturias (básicamente sus ascensos), evidenciaba que, tras ocho años de vigencia, la anterior fórmula se había mostrado totalmente inoperante… Pero, no obstante, los redactores del nuevo intento, y la propia Corona, contumaces en el error, recaían en la misma instrumentación a través de un mero real decreto, y perdiendo otra oportunidad para desarrollar calmadamente la necesaria ‘Ley de la Corona’.

Por ello, tras solicitar la supresión del artículo 2.2, Mardones presentó también una enmienda de modificación al texto de la Disposición Adicional Primera, recogiendo, nuevamente de forma infructuosa, la fórmula más adecuada para establecer los atributos militares del Heredero de la Corona, por supuesto mediante norma de rango legal. El texto propuesto, era el  mismo que ya había defendido ocho años antes en la tramitación de la Ley 17/1999: “Por ley ordinaria específica se establecerá y regulará el rango militar, con sus honores y distinciones, propios del Heredero de la Corona de España, diferenciado del régimen del personal profesional de las Fuerzas Armadas”.

Pero, además, dada la insistencia del Gobierno y de La Zarzuela de querer desarrollar de forma tan inapropiada la vana carrera militar del Príncipe de Asturias, quien en la práctica y por razones obvias ni ejerce la profesión ni se puede equiparar tampoco con un militar convencional (jamás tuvo ningún destino concreto dentro de las Fuerzas Armadas, es decir que está en permanente situación de ‘no se sabe que’), Mardones tuvo que advertir en su justificación, aunque fuera desoído, las inconveniencias que podrían derivarse de sus posibles ascensos extraordinarios, no regulados por norma de rango legal. “Bien conocida [se decía en la enmienda] es la sentencia firme dictada en contra del ascenso al generalato de un coronel del Cuerpo Jurídico Militar, promovido de forma irregular por el Gobierno en el Real Decreto 1116/95, de 2 de julio, acompañada del bochorno personal e institucional que supuso la posterior degradación del afectado”…

Ahora, la cuestión es saber si, tras su entronización, Don Felipe de Borbón lucirá en sus uniformes militares los entorchados de Capitán General, los mismos que su padre heredó del Generalísimo Franco de forma más que discutida. Y en tal caso, ¿en razón de qué o en base a qué disposición legal…? ¿Gracias a un decreto gubernamental que habrá de agradecer de por vida como un gratuito ascenso de cancamacola…?

¿Y por qué no puede ser proclamado Rey vestido de gala civil, dado que en todo caso el ‘mando supremo’ de las Fuerzas Armadas carece de distintivos militares como sucede en Estados Unidos…? ¿Es que acaso el Emperador de Japón, el Rey de Malasia o el de Holanda, por poner algunos ejemplos, no han sido entronizados como civiles sin que nadie cuestione su condición regia ni su ascendencia moral sobre las Fuerzas Armadas…?

Y lo evidente es que convendría haber instrumentado otra solución más lógica y aceptable, porque la innecesaria vinculación del nuevo Rey a la milicia nada dice en favor de la modernización y aceptación social de la Institución Monárquica. ¿Qué inconveniente hay para que un rey moderno y constitucional deje ese artificial y anacrónico ‘mando supremo’, que en realidad sólo sirve para dar una imagen de comisariado militar y de ciertas aspiraciones represivas propias de regímenes dictatoriales o de monarquías absolutistas…?

Y, visto el problema desde otro ángulo, ¿por qué entonces no se nombra también a Don Felipe Defensor del Pueblo o ‘jefe supremo’ del Poder Judicial, por decir algo…? ¿Es que al Rey no le basta con ser Rey y Jefe del Estado…?).

Si la política llega tarde, llega mal y a merced de lo imponderable

Con lo dicho, no parece necesario aportar más ejemplos de ‘oportunidades perdidas’ para desarrollar, conforme a sus propias exigencias, el Título II de la Constitución dedicado a la Corona, que a partir de esa norma suprema ha venido cumpliendo su alta función institucional manteniendo en el limbo legal muchos aspectos determinantes para su afianzamiento social y su proyección histórica.

Y lo cierto es que las ‘inoportunidades’ protagonizadas en los últimos tiempos por miembros de la Familia Real (de la que ahora se pretende desgajar la llamada ‘familia del rey’), algunas ciertamente escandalosas, han sido gestionados con escaso acierto, tanto en su vertiente política y jurídica como en la informativa. Con el agravante de que, además, se hayan producido en medio de una crisis global, con múltiples y graves afecciones económicas, políticas, sociales e institucionales; es decir, en tiempos de un malestar ciudadano colmatado y sin precedentes en el nuevo régimen.

Ahora, y en razón de sus ‘oportunidades perdidas’ y sus ‘inoportunidades manifiestas’, todo enseña también a la Corona su peor cara, de forma que lo que antes era tolerable (e incluso jaleado), se ha tornado en crítica y hasta en exasperación social. Ahora, todo lo relacionado con la Corona se mira con lupa y a todo se le saca punta. El polvo de otros tiempos se ha convertido en lodo, las cañas en lanzas punzantes y los pecadillos veniales en faltas mortales de necesidad, con amenaza de excomunión. Por eso estamos ante una abdicación regia resquebrajada.

Como ya hemos comentado en otras Newsletters, el presidente del Consejo de Estado, José Manuel Romay Beccaria, afirmó en una entrevista concedida al diario “ABC” (21/05/2012) nada más tomar posesión del cargo: “No hace falta hacer ninguna ley sobre la Familia Real; la Corona está muy bien”. Una opinión que debería haberse reconsiderado, porque, en apenas un año, esa supuesta ‘buena salud’ derivó en un cuadro clínico a punto de insuficiencia orgánica, pasando desde la España ‘Corinnata’ a la petición de perdón del rey Juan Carlos (“Lo siento mucho. Me he equivocado y no volverá a ocurrir”) y desde las bromitas de “El duque em…Palma…do” a que éste se pueda sentar en el banquillo de los acusados.

De hecho, también en este sentido de deriva vuelve a ser significativo lo que continuaba escribiendo García-Abadillo en El Mundo el pasado 14 de abril:

(…) Hay un debate abierto. Por primera vez desde la muerte de Franco. Los republicanos están haciendo su agosto con el desgaste de la Corona (hoy se cumplen 82 años de la proclamación de la Segunda República).

Entre los monárquicos hay división entre los que opinan que hay que dejar a Don Juan Carlos en paz hasta su muerte y quienes creen que lo mejor para la institución es que el Monarca abdique ya en el Príncipe Felipe.

El pasado miércoles, el ex presidente Felipe González dijo en un almuerzo organizado por la Asociación para la Defensa de la Transición: “De la crisis económica estoy seguro que saldremos... de la crisis política e institucional ya no estoy tan seguro que vayamos a salir”. En el centro de esa crisis institucional está la Monarquía.

Hay algunas ventajas respecto a la situación que vivía España a medidos de los 70 (fundamentalmente más nivel cultural y mayor renta per cápita), pero existe un gran inconveniente. Hace 40 años los políticos (la mayoría de ellos en la ilegalidad durante el franquismo) y la figura del Rey de España eran percibidos como la solución para llevar a buen término el proceloso tránsito de la dictadura a la democracia. Ahora, para muchos ciudadanos, los políticos y las instituciones son precisamente el problema...

Dijera lo que dijera Romay Beccaria, es innegable que cada día se ha venido hablando más y más, y sobre todo en las bases sociales populares que son los de mayor dimensión, de crisis institucional, de abdicaciones forzadas, de alternativas republicanas y de que de los 15.706.078 españoles, y no más, que el 6 de diciembre de 1978 decidieron votar a favor de la Monarquía Parlamentaria establecida en la Constitución Española, quedan cuatro y el de guitarra: un melón de agrio sabor ya abierto y que el joven Felipe VI tendrá que comerse sí o sí. Y todo porque, jugando y jugando, la propia Corona no se ha tomado lo suyo verdaderamente en serio.

Sea como fuere, con tanta torpeza institucional por medio (no sólo analítica y estratégica sino también en el día a día operativo), lo realmente triste del caso es tener que volver a recordar que, como siempre ha sucedido en relación con las grandes cuestiones nacionales, la hora de la política también llega tarde para la Corona, prácticamente cuando ha comenzado su embalsamamiento social, previo, en la cultura cristiana, a la sepultura o la cremación de la persona ya muerta.

A este respecto, nos parece especialmente acertado el artículo de opinión de Josep Ramoneda publicado en El País (26/09/2013), precisamente con el título ‘La política llega tarde’:

Los Gobiernos tienden a ser conservadores. Las inercias del ejercicio del poder generan alergia a los cambios. Estos solo llegan bajo presión, es decir, en el peor momento. En política, el principio más vale prevenir que curar tiene pocos adeptos. Por eso en tiempos inciertos como el nuestro cunde la sensación de que la política siempre llega tarde. Y a remolque del poder del dinero. ¿Es esta “la evolución natural del mundo” a la que se refiere Mariano Rajoy? Mientras el sistema político se cae a trozos, las únicas reformas que Rajoy emprende son aquellas destinadas a recortar las condiciones de vida de los que tienen menos (salarios, pensiones, subsidios) y aumentar los privilegios de los que tienen más, con la transferencia masiva de dinero de todos a los bancos y la privatización de servicios públicos básicos.

El régimen surgido de la Transición -treinta y cinco años ya- hace tiempo que da muestras de desgaste. La propagación de la corrupción, la evolución del sistema autonómico hacia formas de caciquismo posmoderno, la crisis de l’Estatut, que culminó con la decisión del Constitucional de enmendar el voto de los ciudadanos de Cataluña, la ceguera (o complicidad) de la política ante los disparates financieros que llevaron a la crisis, y el escándalo Bankia, icono de la promiscuidad entre política y dinero, son algunas de las señales que desde hace tiempo nos iban recordando que este régimen no funciona. Nadie hizo nada. El resultado es que el deterioro institucional se ha hecho imparable. Estos días, son noticia la cúspide del régimen y el soporte físico-histórico del Estado: la Corona y la estructura territorial. Rubalcaba, por fin, habla de reforma de una Constitución que la mayoría de españoles no tuvieron ocasión de votar porque no tenían 18 años. Rajoy, como siempre, no ve “razón alguna” para los cambios. Siempre me han fascinado estos miedos inefables que algunos parecen sentir: temor de Dios, temor de la Monarquía, temor de la nación, temor del dinero, temor de la Constitución. Demasiados intocables para una sociedad democrática.

La Monarquía, un anacronismo evidente, se funda en la legitimidad de sangre y no en la de los votos. Sus bazas son el carisma del Rey, como portador de lo atávico, de lo permanente, del cuerpo de la nación, y la familia, que es la vía de transmisión del poder. El Rey está enfermo, atrapado además en una cadena de errores reconocidos, en parte, por él mismo; la familia está en crisis, con asuntos de dominio público; y el agrio aroma de la corrupción ha alcanzado a la Casa del Rey. La única certeza que tenemos es que el Rey no tiene la menor intención de abdicar, según se proclamó en la primera conferencia de prensa de la historia de la Zarzuela, con escenografía propia del politburó de la URSS. Y el Gobierno dice que no hay nada que reformar. En treinta y cinco años, nuestros representantes han sido incapaces siquiera de regular la abdicación del Rey. “Reflexión pausada y prudencia”, pide de Cospedal. ¿Treinta y cinco años más? Siempre hay una excusa para que nada cambie. Unos dicen que cualquier movimiento sería precipitado antes del desenlace del caso Nóos. Otros, que la situación de Catalunya desaconseja cualquier mudanza. ¿Alguien cree realmente que, en las circunstancias actuales, el Rey puede ejercer alguna función arbitral? La norma de nuestros políticos aconseja no afrontar nunca las situaciones hasta que se hacen insostenibles. Y cuando eso ocurre, por lo general, ya es tarde.

Es lo que está pasando en relación con Cataluña. Al PP y al PSOE les cuesta enormemente construir una respuesta alternativa a la secesión. Primero, perdieron mucho tiempo negando la realidad, en parte porque para ellos el problema entraba en el ámbito de lo impensable. Después se han enrocado en la legalidad, convirtiendo un problema político en jurídico, forzando de esta manera enormemente las costuras de las instituciones. El Tribunal Constitucional es una víctima evidente de esta dejación de responsabilidades de la política. Y finalmente, cuando algunos, como Rubalcaba, asumen que algo hay que cambiar (Rajoy sigue en lo suyo: vivimos en el mejor de los regímenes posibles), hay quien sospecha que el momento adecuado ya pasó. El eterno pánico al cambio lastra el atrevimiento necesario para las soluciones audaces que requieren los problemas estructurales. Ante esta parálisis selectiva del régimen, no es extraño que cunda la idea de que la política llega tarde a todo menos a defender los intereses del dinero. Si la política fuera capaz de prevenir, nos ahorraríamos muchos tratamientos dolorosos a la hora de curar. El buen político es aquel que es capaz de anticipar. Y obrar en consecuencia.

Claro está que esa seriedad planteada por el columnista Ramoneda, significa subordinar la mezquindad y la pachanga a la grandeza política y que quienes titulan la Corona, el Gobierno y la Oposición se muestren como auténticos estadistas. Algunos reyes españoles lo fueron, y ahora, en tiempos bien que mal mucho más confortables, Don Juan Carlos de Borbón ha preferido no seguir sus pasos hasta el final y trasladar esa gran responsabilidad al Príncipe Heredero sin necesidad, con el peligro de desenterrar en muy mal momento el debate sobre ‘Democracia, Monarquía y República’ y cosas algo más indigestas. Está claro que el Rey no gobierna, pero reina, y eso tiene un recorrido que se puede andar hacia oscuras épocas del pasado o hacia la gloria; y parece que en esas estamos.

Fernando J. Muniesa

Concluidas las Guerras Yugoslavas de Secesión que tuvieron lugar entre 1991 y 2001, dando existencia sucesiva nada menos que a seis Estados nuevos o repúblicas ex yugoslavas (Bosnia-Herzegovina, Croacia, Serbia, Montenegro, Macedonia y Eslovenia), la organización político-territorial de Europa todavía siguió abierta al fenómeno atomizador del secesionismo. De hecho, la propia Unión Europea, junto con Estados Unidos, también avalaría a continuación la proclamación unilateral de independencia de Kosovo fuera de Serbia del 17 de febrero de 2008, a pesar de contravenir la Constitución que vinculaba a las partes (como sucedería en España con una iniciativa de similar naturaleza).

Con todas aquellas experiencias, se reafirmó el término ‘balcanización’, que surgió a raíz de los dos conflictos bélicos de principios del siglo XX en la Península Balcánica (el primero entre octubre de 1912 y mayo de 1913 y el segundo en junio-julio de 1913), todos del mismo corte, con el significado geopolítico de describir el proceso de fragmentación o división de una región o Estado en partes o entes más pequeños, por lo general mutuamente hostiles y que no cooperan entre sí. De hecho, la RAE ha definido la ‘balcanización’ como desmembración de un país en varias comunidades o territorios enfrentados…

La nefasta y progresiva balcanización de Europa 

Pero no muy lejos de producirse la independencia de Kosovo, Europa volvió a conocer la eclosión de otra aventura independentista, entre las muchas latentes. El 12 de diciembre de 2012, Artur Mas, recién investido como presidente de la Generalitat tras las elecciones autonómicas anticipadas del 25-N, cuyos resultados fueron mal interpretados en términos políticos por el Gobierno de Rajoy y la oposición socialista (ver El “problema catalán” y las falsas lecturas del 25-N), anunció la intención de celebrar un referéndum sobre la independencia de Cataluña fuera de España, con fecha incluida (el 9 de noviembre de 2014).

Iniciativa política lógicamente controvertida que se acompañó de forma inmediata con una ‘Declaración Soberanista’ del Parlamento Catalán en el primer pleno de la legislatura (23 de enero), aprobada con 85 votos a favor y 41 en contra -el resto fueron abstenciones o ausencias-, es decir con más del doble de votos a favor que en contra (ver El PP y el PSOE yerran ante el “problema catalán”). Un pronunciamiento parlamentario que, aun siendo reputado de inconstitucional, no dejaba de señalar la preocupante deriva que tomaba el desacomodo de Cataluña en el Estado español.

Y poco después, en marzo de 2013, el Ministro Principal de Escocia, Alex Salmond, anunciaba con año y medio de antelación la celebración el 18 de septiembre de 2014 de un referéndum para independizar el territorio del Reino Unido; decisión apoyada por el Partido Nacional Escocés (SNP) al que pertenecía y que controla el Parlamento de Edimburgo con mayoría absoluta tras las elecciones del 5 de mayo de 2011. Una aspiración de muchos escoceses que se ha venido manteniendo con más o menos viveza desde la misma aprobación del ‘Acta de Unión’ de 1707, cuando el Reino de Escocia se unió con el de Inglaterra para establecer el Reino Unido, que en su actual configuración también incluye a Gales e Irlanda del Norte.

Algo más tarde, los sucesos vividos en la Plaza de la Independencia de  Kiev (Ucrania), la Maidán Nezalézhnosti, a partir del 21 de noviembre de 2013 y prolongados durante tres meses (hasta el 23 de febrero), que conllevaron el derrocamiento del presidente constitucional ucraniano, Vícktor Yanukóvich, seguido de la proclamación de un gobierno interino, abrieron otro frente separatista imparable. De hecho, aquellos violentos disturbios surgidos en torno a la firma del Acuerdo de Asociación con la Unión Europea (y con la Comunidad Europea de la Energía Atómica, EURATOM), que anunciaban la subsiguiente incorporación de Ucrania a la OTAN, afloraron una situación latente de división irreconciliable entre dos grandes posiciones ciudadanas.

Según un estudio del Instituto Internacional de Sociología de Kiev, recogido por Pilar Bonet en una crónica titulada ‘Las dos Ucranias frente a Europa’ (El País 29/11/2013), la iniciativa europeísta chocaba con la realidad social del país que había ‘renacido’ en 1991 al amparo de la disolución de la Unión Soviética. Mientras un 38,0% de los ucranianos apoyaba una ‘asociación con Rusia’, el 37,8% prefería una ‘asociación con Europa’, siendo cierto que el mayor apoyo hacia la integración con la UE se situaba en Kiev (alrededor de 75%) y en el oeste de Ucrania (81%), pero se reducía al 56% en el centro del país, al 30% en el sur y en Crimea (base concertada de la flota rusa) y al 18% en el este.

Con todo, la situación desatada en Ucrania, básicamente por la imprudencia con la que la Unión Europea ha planteado su política expansionista y su relación diplomática con Rusia, llevó rápida e inexorablemente a que el 11 de marzo de 2014 la República Autónoma de Crimea y la Ciudad de Sebastopol, que se mantenían como parte de Ucrania pero con un régimen administrativo especial, proclamaran su independencia; y a que siete días después, el 18 de marzo, se incorporaran conjuntamente a la Federación de Rusia como sujetos federales con un periodo transitorio que concluye el 1 de enero de 2015. El proceso, extremadamente rápido, estuvo precedido de un referéndum en el que 1.233.002 crimeos, que representaban al 96,77% de los votantes, se pronunciaran a favor de la reunificación con Rusia.

Pero la ruptura de Ucrania no quedará ahí. Ya son bien evidentes otros levantamientos secesionistas que se extienden en forma imparable por la mitad oriental del país (Donetsk, Lugansk, Járkov, Odesa, Mykolaiv…), en un fenómeno extensivo de ‘mancha de aceite’ que con toda probabilidad terminará abarcando a todas las provincias orientales de ascendencia étnica y cultural rusa…

Y todo ello sin olvidar otros movimientos europeos de corte similar, no adormecidos precisamente con la situación establecida a finales del siglo pasado por las Guerras Yugoslavas de Secesión. Ahí, además de tener que añadir a la ‘cuestión catalana’ la ‘causa vasca’, más preocupante si cabe y con afectación contaminante en Navarra y el sur de Francia, hay que contemplar otros muchos escenarios de independentismo en diferentes estados de agitación: la Isla de Córcega en Francia; Padania y la Isla de Cerdeña en Italia; Gales en Reino Unido; Flandes y Valonia en Bélgica; Baviera en Alemania; las Islas Feroe en Dinamarca; Silesia en Polonia; Osetia del Sur en Georgia; Transnitria en Moldavia…

Relación que sería ciertamente interminable si además incluyéramos en ella todas las comunidades más o menos ‘autonómicas’ ya existentes en los países integrados en la Unión Europea. Exigencias de autogobierno que van más allá de la mera descentralización administrativa y que, como relata la historia, poco a poco tienden a desembocar en el nacionalismo, luego en esa cosa extraña llamada ‘soberanismo’ y, finalmente, en el secesionismo.

Una senda, en fin, que, como hemos señalado en otras Newsletters (ver por ejemplo El insostenible descalabro de las Autonomías), apunta directamente a la balcanización de Europa, justo en un inconcebible proceso antagónico o de reversión de la idea generadora de la actual Unión Europea, que es una comunidad política de derecho constituida para acoger la integración y gobernanza en común de los estados y los pueblos de Europa. Principio integrador que choca con la progresiva división de sus miembros, o con la de otras naciones europeas potencialmente integrables, hasta convertir la idea fundacional en una triste parodia de la Torre de Babel, incluida en el imaginario judeocristiano como origen del caos y la confusión y símbolo de la destrucción de ambiciones infinitas.

La unión hace la fuerza y la división debilita

Porque, ¿acaso tiene algo que ver esta comunidad europea divisionista y frenéticamente expansiva con la construcción de una potencia supranacional basada en el supuesto acervo común, moral y cultural, coherente y sólida en el concierto de las naciones…? ¿Y, con esa deriva disgregadora, es útil frente a los grandes países unitarios como Estados Unidos, China, Rusia… o frente a las alianzas y asociaciones cohesionadas de cualquier otro orden…? ¿No está incurriendo la Unión Europea en una gran contradicción que disuelve su propio sentido fundacional de fortalecimiento común…?

Lo cierto es que el proyecto europeo ha crecido territorialmente de forma descontrolada hasta conformar la actual realidad comunitaria nada menos que a ‘veintiocho bandas’, sin haber tramado antes la urdimbre o cimentado los pilares de todo tipo (sociales, jurídicos, bancarios…) capaces de sostener una configuración ya tan diversa y complicada, con la misma carencia de límites que, sin ir más lejos, está llevando a que nuestro desbocado Estado de las Autonomías disuelva la idea de España…

Y, entonces, uno puede preguntarse con cierto realismo y preocupación si el proceso de balcanización de Europa (por no decir el de la Unión Europea) es de casual afloramiento, responde a premisas razonables y coherentes o está instigado por intereses superiores ocultos a los ojos del ciudadano de a pie. ¿Para qué tanta disgregación de países evolucionados y tanta regresión a épocas medievales, o incluso precristianas, marcadas por la esclavitud, las desigualdades sociales, la falta de conocimientos, las guerras vecinales…?

Al observador perspicaz no se le puede escapar que una mayor atomización política y social se corresponde con una mayor fortaleza del poder fáctico mundial, hoy esencialmente identificado con el poder económico, y con una mayor tiranía de sus dirigentes. Por eso, hay que observar cuidadosamente el papel que en el mundo moderno desempeña el creciente fenómeno de la disolución nacional y particularmente en Europa, incluidos sus paraísos fiscales (Suiza, Luxemburgo, Liechtenstein, Andorra, Gibraltar, Chipre, Malta, Mónaco, Isla de Man…). O el interés último de Estados Unidos por dividir y atomizar la organización político-territorial del mundo entero, mientras refuerza su poderío imperial y su insólita condición de ‘Gendarme Universal’.

Por la vía de la balcanización, Europa no podrá disponer de una economía productiva sólida, de una industria competitiva, de un desarrollo tecnológico avanzado, de suficiente capacidad educativa y de investigación, de ejércitos eficientes…, todo ello dentro de un sistema de progresiva globalización en el que la acción individualista imposibilita apalancar los recursos sociales en conjunto. Y sabido es que cuando el tejido social se fortalece en todas sus expresiones la sociedad se hace más próspera.

Quizás por ello, la conocida expresión de que ‘la unión hace la fuerza’ (que conlleva implícitamente su contraria del ‘divide y vencerás’), con raíces ancestrales y reasumida de diversas formas por notables pensadores de todos los tiempos, ha inspirado los lemas emblemáticos también de muchos países. Ahí están, por poner algunos ejemplos, los de Alemania (‘Unidad y Justicia y Libertad’ o ‘Un Pueblo, un Imperio, un Líder’ durante el Tercer Reich), Estados Unidos (‘E pluribus unum’), Bélgica, Bolivia, Bulgaria, Georgia, Malasia, Suiza…, resumiendo la necesidad unionista de los grupos humanos.

Sin olvidar que el lema oficial de la propia Unión Europea (‘Unidad en la Diversidad’) mantiene implícitamente la prevalencia de la unidad sobre las diferencias y particularidades de sus miembros (y no diversificar para unir), al igual que hacen los de otros países como Indonesia o Sudáfrica.

Que la unión hace la fuerza (y la división debilita), es una realidad evidente que se reconoce desde la época de los ‘Reinos Combatientes’ previos a la unificación de China, reflejada magistralmente en la obra de Sun Tsu, o desde la Grecia precristiana de Esopo. Por eso, antes que una frase de autor, es un sabio proverbio presente en todas las culturas del mundo.

Y a este respecto, no queremos dejar de aportar los comentarios que Javier Rupérez, político y diplomático experimentado, recogía en un artículo de opinión publicado en ElImparcial.Es (09/01/2014), destacando precisamente la honda preocupación que debería provocarnos la re-balcanización de la vieja Europa:

La balcanización de Europa

El que fuera Ministro británico de Defensa y Secretario General de la OTAN, Lord George Robertson, acaba de publicar en el ‘Washington Post’ un alarmado y dolorido artículo sobre la posibilidad de que el referéndum relativo a la pertenencia de Escocia al Reino Unido produzca la ruptura de lo que con razón define como “una de las uniones claves en el Occidente y la segunda por su capacidad defensiva”. Para Robertson la eventual disolución del Reino Unido traería consigo “profundas consecuencias internacionales” además de una “grave pérdida de credibilidad y de peso global” para lo que denomina “el Reino Unido residual”. Apunta directamente al hecho de que la base de los submarinos nucleares británicos se encuentre precisamente en las costas escocesas y los secesionistas hayan dejado saber su aversión a cualquier armamento nuclear. Se pregunta Robertson cómo es posible que los tales que predican la independencia y quieren mantener los lazos con la OTAN se pronuncien al mismo tiempo de manera tan radical contra la política nuclear de la Alianza.

Los secesionistas escoceses han expuesto sus tesis sobre las consecuencias de la ruptura de la integridad territorial británica en un largo memorial de 670 páginas en el cual afirman que nada sustancial se verá alterado: mantendrían a la Reina, seguirán perteneciendo al mercado común insular y al mismo sistema regulatorio, retendrían la misma moneda y la pertenencia a la Unión Europea. Lord Robertson pone en duda todas y cada una de esas afirmaciones y las rebate de manera contundente: “Los nacionalistas escoceses dicen ahora que toda cambiará pero que en realidad todo seguirá igual. Eso no convence a nadie. La secesión es la secesión y eso es lo que significa un estado separado”. El panfleto secesionista afirma que con la separación Escocia seria “más rica, más saludable, más influyente y más justa”. Robertson arroja una cruda luz de escepticismo sobre ello y se pregunta cual es realmente lo que se ofrece, que él teme sea “gato por liebre”.

Cierto es que hasta el momento el sentimiento secesionista en Escocia no ha superado el 30% de la población pero Robertson alerta contra cualquier complacencia: “Los separatistas van en serio, están bien organizados y bien financiados”. Al tiempo avisa de los efectos contagiosos que el referéndum escocés podría tener en otras partes del continente, y menciona específicamente Cataluña y el País Vasco en España y Flandes en Bélgica, mostrando las eventuales consecuencias del proceso: “La re-balcanización de Europa debe ser motivo de honda preocupación. En un mundo frágil e inestable, donde los problemas y sus soluciones tienen una dimensión global, volver al localismo no beneficia a nadie. La secesión no traerá ninguna tranquilidad para las preocupaciones de las gentes. Promete más enfrentamiento y disensión”. Y urge a sus coterráneos escoceses para que no se dejen seducir por el “paso a ciegas” al que les invitan los separatistas.

La oportunidad del texto de Robertson es innegable y tiene el mérito de sumar argumentos domésticos e internacionales, recordando los graves aspectos geopolíticos que las secesiones traen consigo. Tiene para los españoles un mérito adicional. Y es que, con las evidentes diferencias en las configuraciones respectivas, el artículo se podría leer de la misma manera poniendo España donde se habla del Reino Unido y Cataluña o el País Vasco donde se habla de Escocia. Un buen aviso para navegantes en aguas turbulentas.

Pendientes del ‘donde dije digo, digo Diego’

Pero, si tanto han de preocupar a los europeístas declarados los fenómenos secesionistas de Escocia o España, por ejemplo, ¿por qué extraña razón la propia Unión Europea alienta de una u otra forma la ruptura de Serbia o de Ucrania…?

Y aquí es donde surge la incoherencia -reconocida especialidad de nuestra inoperante diplomacia- de catalogar cada proceso secesionista a golpes de coyuntura y conveniencia política (o de clara inconveniencia). Firmemente agarrada a la utilización de la paranomasia como recurso retórico: “Donde dije digo, digo Diego”, o viceversa.

Las comparaciones han sido muchas y tan alocadas como una ‘ruleta rusa’ (el juego mortal de dispararse en la sien con un revolver cuyo tambor está azarosamente cargado de balas). El ministro español de Exteriores, José Manuel García-Margallo (un genio de la diplomacia que bien podría dejar el cargo sin haber llegado a saber exactamente en qué consiste) aseguró, por ejemplo, que los casos de Crimea y Cataluña son idénticos (en nuestra modesta opinión no lo son). Y acto seguido metió en el mismo saco las consultas independentistas de Donetsk y Lugansk (que tampoco tienen nada que ver con la ‘cuestión catalana’), quizás porque las ve bajo un estricto prisma legal despreciando el aspecto político, que es el sustancial al respecto.

¿Y qué decir comparativamente de Escocia y Cataluña…? ¿Por qué razón allá habrá consulta, y sólo a los escoceses, y acá no puede haberla, más allá de lo establecido en los textos legales, que tampoco son inamovibles dogmas de fe…? Pues tendremos que esperar -nosotros junto con toda la Unión Europea- hasta ver cuáles son los resultados del referéndum del próximo 18 de septiembre para que se nos diga, según convenga a los políticos que carecen de criterio previo, si el fenómeno escocés es o no asimilable a la demanda consultiva de los independentistas catalanes o si sus resultados van a ser reconocidos o rechazados por el Gobierno español…

Mientras tanto, lo impactante es lo que ha sucedido en Crimea (y todo lo que queda por ver en el entorno), donde la población ha votado casi en bloque por formar parte de Rusia cuando legalmente pertenecía a Ucrania, país que estaba siendo atraído con cantos de sirena al ‘paraíso’ euro-occidental (UE, OTAN…). Y, en otro orden más próximo e inquietante, también el hecho de que los comicios europeos del pasado 25 de mayo han sido ganados de forma abrumadora en el País Vasco y Cataluña precisamente por sus partidos independentistas, utilizando además esa reivindicación de forma expresa en sus respectivas campañas electorales.

Y sobre ese lio de comparaciones (Kosovo, Cataluña, Escocia, País Vasco, Crimea…) y de apoyos o repudios de criterio variable por parte de nuestros políticos, analistas y columnistas habituales de los medios informativos (que hay para todos los gustos), lo único irrefutable es que el fenómeno de la balcanización europea avanza, mientras los teóricos del caso se entretienen en debatir si los independentistas son ‘galgos o podencos’, legales o ilegales (cosa que en el fondo da lo mismo). Y algunos, como los ideólogos del PSOE dispuestos a huir hacia adelante, atizando el fuego con torpes propuestas federalistas; es decir como quien pretende apagarlo con gasolina…

Como ejemplo de que todo este embrollo del independentismo tiene mal color, y cada vez peor olor, veamos el artículo de opinión publicado por Lluis Bassets en El País (14/05/2014), en el que advertía sobre la desbandada que se podría producir en la UE si Escocia se fuera del Reino Unido:

Cataluña, Escocia, Ucrania

De cerca, son como un huevo y una castaña. Pero de lejos, desde la Asamblea General de Naciones Unidas por ejemplo, la semejanza es notable. Lo sabe el ministro de Exteriores, José Manuel García-Margallo, que comparó en su día la secesión de Crimea con la catalana y ahora ha vuelto a hacerlo respecto a las consultas independentistas en Donetsk y Lugansk. Sabe que al final, para la llamada comunidad internacional, que es la que reconoce la existencia de nuevos Estados independientes, lo que importan no son los detalles sino la visión en perspectiva.

Y ahí Cataluña se aleja de Escocia y se acerca a Ucrania, aunque las diferencias sean más que obvias. Nada que ver si tenemos en cuenta la gran potencia amenazadora, la violencia en las calles, los militares de verde rusos sin insignias, las milicias nacionalistas de uno y otro bando, el ausente Estado de derecho, la debilidad de una democracia secuestrada por los oligarcas… Para el ministro de Exteriores español lo que cuenta son las semejanzas: un derecho que se plantea como superación de la legalidad, una consulta convocada unilateralmente, la fecha y las preguntas ya fijadas…

También avala dicha visión el candidato del Partido Popular Europeo, Jean-Claude Juncker, para incomodidad de sus amigos democristianos de Unió que votaron en favor del luxemburgués en la conferencia de Dublín el pasado marzo. La reivindicación del soberanismo catalán ha sido acogida hasta ahora con un clamoroso silencio en las instituciones europeas. Pero tras las elecciones, suponiendo que Juncker sea presidente de la Comisión, cabe incluso que Europa vaya más lejos. Hay argumentos para sospecharlo. Empieza a abrirse paso la teoría de que si Escocia se va del Reino Unido, también el Reino Unido se irá de la Unión Europea, y que entonces será la desbandada. Lo sostiene Hugo Dixon, comentarista político del International New York Times, respecto a los efectos en cadena que puede tener la victoria del Sí en el referéndum de independencia de Escocia el próximo 18 de septiembre.

La salida de Escocia, además de liquidar a Cameron, dejaría al laborismo con dificultades para obtener o sostener una mayoría de Gobierno en Westminster y facilitaría en cambio la llegada al poder de un conservador más euroescéptico que el actual primer ministro. Si Escocia se va, aumentan las posibilidades de que se celebre el referéndum para salir de la UE y el No tendrá más probabilidades, puesto que la ausencia de los escoceses, mayoritariamente europeístas, restará entre dos y tres puntos que pueden ser el margen decisivo. Finalmente, la única baza de Cameron sería la renegociación del estatus de Reino Unido en la UE antes del referéndum, pero se le complicaría enormemente si debe renegociar a la vez la continuación de Escocia en la UE a la que se ha comprometido.

Si las cosas se complican hasta tal extremo, será difícil entonces que desde Europa no se vea el caso catalán como una contribución más a la desbandada europea, que en los sueños de los más optimistas del lugar corresponde a la Europa de los Pueblos y no de los Estados y las multinacionales.

El desmadre independentista, sin respuesta

El galimatías del independentismo europeo es tan complicado que no faltan opinantes pretendiendo sacarle punta incluso por donde no la tiene, dado que, en esencia, se trata de un fenómeno más emotivo que racional.

Así, en otro artículo correlacionado, publicado en El País (18/05/2014) con el título ‘Cataluña, Escocia y las políticas sociales’, Francesc Valls confronta algunas políticas desarrolladas en Cataluña y Escocia, sujetas claro está a la coyuntura de crisis, con el fenómeno secesionista, y no se sabe bien si para justificarlo o rechazarlo. Afirma, y será cierto, que el partido independista escocés, el SNP, apuesta por las políticas sociales que en Cataluña recorta el Gobierno de CiU; pero eso poco tiene que ver con el problema de fondo y con la voluntad general de independencia que, repetimos, suele devenir de causas mucho más profundas y arraigadas en la historia.

En otros casos, como el de Manuel Medina Ortega, catedrático jubilado de Derecho Internacional y Relaciones Internacionales y diputado socialista en el Parlamento Europeo durante más de 25 años, el empeño consiste en tratar de demostrar -a nuestro juicio sin conseguirlo- que el propio proyecto europeo es el mejor freno del independentismo. En un libro reciente y de visión un tanto parcial (‘El derecho de secesión en la Unión Europea’, Marcial Pons 2014), lanza el mensaje de que tanto la eventual separación de Escocia como la de Cataluña acarrearían irremisiblemente su salida de la Unión Europea, recordando que, desde su establecimiento en 1945 y fuera de los casos de descolonización, Naciones Unidas no ha admitido a ninguna ‘secesión unilateral’ o nuevo Estado ante la oposición del Estado-matriz.

Pero, con todo, eso no hace imposible la secesión, ni mucho menos. ¿O piensa el profesor Medina que la Unión Europea es el ombligo del mundo que garantiza la supervivencia vital de la humanidad…? ¿Y es que acaso existe una organización supranacional más manipulada y desprestigiada que la ONU…? Afortunadamente, y aunque él no lo crea, sigue habiendo vida, y hasta felicidad, fuera de la burocracia interesada que pretende gobernar el universo al amparo de esos organismos.

Y olvida, en segundo término, que los catalanes o los escoceses jamás votaron directamente su integración en lo que hoy es la Unión Europea (es decir que nunca mostraron un interés expreso por ella); y que hay países europeos que viven tan ricamente fuera de la eurozona, e incluso fuera del tinglado unionista… El libro de Manuel Medina, que pretende vendernos la teoría de ‘la secesión imposible’, intenta advertir nada más y nada menos que en el delicado tema del separatismo europeo quienes quieren engañar a otros (como los Artur Mas o los Alex Salmond de turno) se engañan a sí mismos; sin embargo, lo cierto es que también se engañan, y quizás más, aquellos que pretenden frenar ese fenómeno sólo con dudosos argumentos legalistas y elevados por encima de la voluntad política de los pueblos.

En la misma línea amenazante de Manuel Medina hay quienes advierten incluso a los secesionistas españoles, sean vascos o catalanes, que sus eventuales territorios ‘independientes’ quedarían fuera del paraguas de la OTAN. Cosa ciertamente chusca cuando Ceuta y Melilla (que es donde España podría tener una guerra de fronteras y en su caso necesitar ayuda militar) se encuentran fuera de la Alianza Atlántica. Con independencia de que dicha organización tampoco sirva para solucionar el contencioso de Gibraltar…

En cualquier caso, no negamos que cuando alguien vota por independizarse de un Estado espera algún tipo de beneficios, incluso económicos. Y si nos centramos en el caso de Escocia, bien puede ser que esas consideraciones económicas (si el país será más o menos pobre o rico dentro o fuera del Reino Unido y si le conviene o no el espacio de la libra esterlina o del euro), estén en la mente de los ciudadanos llamados a votar en el referéndum del próximo 18 de septiembre.

Pero cuando lo que se debate y demanda es la ‘independencia’ (algo tan sagrada como la libertad o la justicia), eso no es todo, e incluso puede no ser lo esencial. Y la prueba está en cómo dentro de un mismo país, Ucrania, y ante una misma realidad socioeconómica, su población toma opciones radicalmente opuestas, lo que quiere decir que no todos los Estados ni todos sus ciudadanos contemplan el independentismo de la misma forma. De hecho, cuesta mucho creer que crimeos, escoceses, catalanes o vascos, por poner solo algunos ejemplos, contemplen sus aspiraciones separatistas de la misma forma o con idénticos referentes…

¿Qué es entonces lo que se puede aprender de un caso en relación con otro…? ¿Qué relación ha podido existir entre la independencia de Kosovo y la adhesión de Crimea a Rusia…? ¿Es que la lucha por la independencia de Euskadi, con ETA de por medio, no ha sido radicalmente distinta en medios y formas de la que se está viviendo en Cataluña…?

Y, sobre todo, ¿por qué razón están creciendo de forma tan llamativa las fuerzas políticas antieuropeas…? De hecho, en las recientes elecciones del 25-M ya han alcanzado una gran popularidad en Francia, Inglaterra e Italia, obteniendo también buenos resultados en otros cinco países…

El tema del secesionismo o de la balcanización de Europa es ciertamente complicado, y responder sobre las causas que le han dado origen y cuerpo creciente, en efecto difícil.

En todo caso, y sin llegar a aceptar al pie de la letra la advertencia bíblica de que “todo reino dividido contra sí mismo, es asolado” (Mateo 12, 25 y Lucas 11, 17), sí que hemos de convenir que el fenómeno está ahí, que existe y que cada vez se muestra con mayor firmeza. Y que su desmadre, con los exponentes catalán y vasco en primera línea, hoy por hoy todavía carece de respuestas políticas adecuadas.

Quizás la más eficaz fuera hacer las reformas necesarias dentro de la Unión Europea, y en sus Estados-miembro, para que el espacio de convivencia sea más auténtico, igualitario y sostenible. Pero la actual Europa de los mercaderes camina por otros derroteros muy distintos y lamentables.

Fernando J. Muniesa

La política española ha llegado a límites tan deplorables que en los comicios europeos del 25-M, y por primera vez en el nuevo régimen democrático, se ha generado una respuesta electoral en la que, aun habiendo ganado el PP en strictu sensu, también puede decirse en lato sensu que los partidos nacionales más votados han perdido y que los menos votados (y otros emergentes) han ganado. Es decir, que junto a una lectura ajustada y clásica de los resultados existe otra más amplia que los reinterpreta de forma restringida o contrapuesta.

Claro está que en cualquier proceso electoral hay forzosamente un partido o una candidatura ganadora, aunque sea por la mínima diferencia, frente al conjunto de alternativas perdedoras. Eso es cierto e incuestionable.

Pero las circunstancias en las que se ha producido la victoria del PP con 16 eurodiputados, seguido del PSOE con 14, no deja de cuestionar su victoria (pírrica) y también su futuro electoral más inmediato, situación paradójica que afecta también al PSOE como primer partido de la oposición, que ya venía situado en posición de ‘empate técnico’ con el PP en los sondeos electorales previos más solventes y que al fin y al cabo tendrá que digerir su mismo desmerecimiento político y social.

Por el contrario, partidos hasta ahora minoritarios a nivel nacional y con muchos menos recursos de todo tipo, que en el cómputo global de los resultados han quedado en posiciones más retrasadas, pueden considerarse auténticos ganadores al haber emergido con fuerza, rompiendo la previa hegemonía política PP-PSOE. Mientras algunos otros -sólo con implantación autonómica- han ganando de calle las elecciones europeas en su ámbito territorial, con el handicap de haber identificado plenamente su campaña con la aspiración independentista, que desde luego son palabras mayores.

La reversión de la representatividad política

Esta es la realidad del 25-M, anticipada desde hace tiempo en nuestras habituales Newsletters, hagan las lecturas interesadas que hagan cada uno de los partidos en liza y sobre todo el PP y el PSOE, que, como decimos, son los auténticos derrotados, cada uno de por sí, también en su conjunción y sin que quepan al respecto dudas ni paños calientes paliativos.

La primera gran evidencia de la derrota PP-PSOE (partidos que patrocinan el llamado ‘bipartidismo imperfecto’), es la bajísima participación electoral a la que se ha llegado de forma evolutiva, reflejada en el cuadro adjunto: un 44,7% (cifra oficial del Parlamento Europeo). Porcentaje tan exiguo que invalida los resultados en términos no sólo estadísticos, sino también éticos y políticos, porque como es obvio deja sin representación al 55,3% del censo electoral, que constituye la mayoría absoluta del país. Puede decirse, por consiguiente, que, aun como ganador, el PP –que es el partido en el Gobierno- ahora sólo representa a poco más del 12% de los españoles con derecho a voto (o representables), sin que como es lógico pueda aducirse nada mejor en defensa de los resultados aún más negativos del PSOE. Y punto.

ELECCIONES EUROPEAS

Por ahora, la verdadera representación de España en el Parlamento Europeo, y por extensión en la Comisión Europea, sigue siendo la abstención: la de la España real que abomina de la clase dirigente y de los partidos políticos en general (la política en sí misma sería otra cosa), y no la irreal que subyace en la España oficial. De esta forma, en puridad estadística, incluso los dos partidos mayoritarios -PP y PSOE- que han logrado 30 escaños de los 54 asignados a la circunscripción española, sólo se representan a sí mismos, con su  cada vez más escasa afiliación de andar por casa y sus intereses estrictamente grupales.

¿A qué trabajadores, a qué familias, a qué jóvenes, a que organizaciones de representación social… van a defender esa falsa mayoría de eurodiputados españoles, si sus teóricos representados les han negado el voto y retirado la confianza política de forma masiva…? ¿Y quiénes van a escuchar sus manidos discursos europeístas y sus falsas promesas de reformas políticas regeneracionistas…? ¿Acaso han reconocido siquiera en sus campañas electorales el fenómeno de la corrupción política o se plantean seriamente su erradicación…?

Antes al contrario, todo indica que, por ahora, la sociedad española en su conjunto -la real y estadísticamente mayoritaria- visualiza a sus europarlamentarios como cómplices de la tiranía económica muñida en Bruselas, o al menos de su incompetencia política, y enemigos declarados del Estado llamado ‘social’, razón por la que han sido elegidos con tan poco respaldo ciudadano… Volcado el PP en la lucha contra el euroescepticismo y en la defensa del actual modelo europeo de desarrollo, es obvio que se ha desentendido de la realidad española, mientras las posiciones timoratas del PSOE le hacen navegar también por derroteros muy parecidos.

Y ello con independencia de que, además, la participación general en las elecciones europeas, es decir la registrada en el conjunto de la Unión Europea (sólo un 43,11%), sea igual de pobre y siga estancada también de forma evidente bajo mínimos de representatividad social. Aún peor es que ese déficit esté todavía más lastrado democráticamente con el crecimiento de los partidos euroescépticos, xenófobos y sobre todo de la ultraderecha.

Paradoja: los ganadores decrecen y los perdedores crecen

Obviamente, esta argumentación o especie de ‘regla de tres’ aplicada a la participación y/o abstención electoral, que deslegitima la representación política resultante, también es aplicable al resto de los partidos y coaliciones presentes en la pugna electoral. Lo que sucede es que, aun siendo así, mientras unos (los relativamente más votados PP y PSOE) han perdido apoyo electoral de forma muy significada, otros (los teóricos perdedores menos votados) lo han ganado y están en línea de crecimiento, al margen de otros partidos nuevos que también han obtenido representación en el Parlamento Europeo.

En relación con la situación preexistente, o sea con los resultados obtenidos en las elecciones europeas de 2009, el PP ha perdido un 16,26% de votos (pasando del 42,3% al 26,04%) y el PSOE un 15,57% (pasando del 38,6% al 23,03%). Mientras que IU ha ganado un 6,29% (pasando del 3,7% al 9,99%) y UPyD un 3,57% (pasando del 2,9% al 6,47%). Con el añadido de los tres nuevos partidos que acaban de obtener escaños europeos: Podemos con el 7,94% de votos y 5 escaños, Ciutadans con el 3,16% de votos y 2 escaños y Primavera Europea con el 1,9% de votos y 1 escaño.

Y vistos los resultados del 25-M en su conjunto, es evidente que las dos fuerzas políticas mayoritarias (PP y PSOE) han tirado por la borda un importante respaldo social del 31,83%. Mientras que otras dos fuerzas también nacionales hasta ahora muy minoritarias (IU y UPyD) han ganado un respetable 9,86% de electores y los tres partidos emergentes (Podemos, Ciutadans y Primavera Europea) otro 13% aún más considerable.

Y este es un dato directo sobre votos emitidos y válidos sin desviaciones de representatividad porque el reparto de escaños se realiza con criterios de proporcionalidad, no afectado por la aplicación de la Ley D’Hont que en las demás elecciones españolas prima a los partidos más votados y castiga a los menos votados (así el PP ha obtenido 16 escaños, el PSOE 14, IU 6 y UPyD 4, frente a los 24 escaños, 23, 2 y 1 que obtuvieron en las anteriores elecciones de 2009).

Paréntesis: Si el PP y el PSOE son tan europeístas como dicen, ¿por qué no sustituyen en España la Ley D’Hont utilizada en la adjudicación de escaños para primar a los partidos mayoritarios a costa de los minoritarios, por un sistema directamente proporcional a los votos obtenidos, como sucede en las elecciones europeas…? Pues porque, antes que verdaderos europeístas, son partidarios a ultranza del españolísimo ‘yo a lo mío y el que vega detrás que arree’, que tanto peso tiene en el desprestigio general de nuestra clase política.

Pero la caída del PP y del PSOE y su tremenda pérdida conjunta de votos en comparación con el crecimiento de IU y UPyD, y la sorprendente aparición rompedora de Podemos junto a la nueva presencia también de Ciutadans y Primavera Europea, se ha visto acompañada de otro vapuleo electoral políticamente mucho más significado y problemático si consideramos la débil o frágil vertebración territorial del Estado. Ahí quedan, en posición bien amenazante, los claros resultados obtenidos por el independentismo radical de L’Esquerra pel Dret a Decidir (ERC y Nova Esquerra Catalana) y Los Pueblos Deciden (Bildu y BNG), partidos que flanqueados por la ‘Coalición por Europa’ (CiU, PNV, CC y Compromiso por Galicia), de corte si se prefiere menos radical pero con el mismo objetivo ‘soberanista, han barrido tanto en Cataluña como en el País Vasco dejando en minoría a los partidos españolistas.

Si de forma conjunta o cada uno por su lado el PP y el PSOE -Rajoy y Rubalcaba- esperaban que el 25 de mayo el electorado respaldase el proyecto europeo a nivel global y la unidad nacional a nivel de Cataluña y el País Vasco, la realidad es que el tiro les ha salido por la culata, fracasando en ambos intentos. Con su masiva abstención, los electores le han dado la espalda a Europa por un lado, al tiempo que, por otro, quienes en mayor o menor medida han ejercido el sufragio en las comunidades autónomas con vocación secesionista, han confirmado su firme deseo de independizarse de España. Y ahí queda el problema, se mire como se mire.

La caída del bipartidismo y las próximas contiendas electorales

El resultado de los comicios europeos del 25-M, ha levantado acta notarial de la caída del bipartidismo PP-PSOE anunciada desde hace tiempo por la demoscopia política. Y, en consecuencia, abren un futuro electoral incierto para ambas formaciones políticas, que se verá agravado en cada caso por las inevitables reacciones internas en contra de sus directivas, señaladas como responsables de un declive partidista que viene de lejos y que en ningún momento han querido atajar seriamente.

Superadas o no las críticas internas, que serán muchas, muy duras y algunas con efectos o consecuencias imprevisibles, la próxima prueba de fuego se corresponde con las elecciones municipales y las de al menos los parlamentos de las 13 comunidades autónomas que tienen prevista una convocatoria coincidente. La fecha para su celebración debería ser el 24 de mayo de 2015 (cuarto domingo del mes), es decir a un año vista, plazo que en términos políticos no da mucho de sí para que la acción de gobierno pueda enmendar errores de legislatura, siendo cierto que también en este ámbito es más difícil construir que destruir.

La cuestión subyacente, y que por supuesto intranquiliza sobre todo al aparato y las direcciones del PP y del PSOE, es que los resultados de los comicios municipales y autonómicos (aparejados con los de diputaciones provinciales y cabildos insulares) suelen encauzar los resultados de las elecciones legislativas subsiguientes, que es donde se juega el poder definitivo del Gobierno de la Nación. Dicho de otra forma, el acceso previo al control político de los ayuntamientos y comunidades autónomas, con todo el clientelismo y la gran disposición de medios de apoyo electoral afectos, es vital para poder ganar a continuación las elecciones generales, que son el magro de la política.

Por ello, ante el temor de perder la próxima confrontación electoral, y por tanto el poder territorial desde el que impulsar la acción propagandista del partido, el PP, que actualmente controla la mayor parte de ese ámbito político, se tiene que plantear dos cuestiones verdaderamente esenciales para su futuro.

La primera y más urgente es la de reconsiderar y relanzar toda su política municipal y autonómica en términos o con pautas más sociales (o si se quiere más electoralistas), planificando en paralelo las candidaturas y los programas correspondientes para asegurar su permanencia en esos centros de poder, ahora amenazada con los resultados del 25-M y con el desgaste natural del ejercicio político, que se acrecienta en situaciones de crisis y que en algunos casos se está mostrando definitivo.

La segunda, menos urgente pero más decisiva, es prever el momento más adecuado para convocar las próximas elecciones generales, considerando la libertad que tiene el presidente del Gobierno para agotar o no agotar la legislatura. Decisión que puede tomarse en tres sentidos: hacerlas coincidir más o menos con el aniversario de las celebradas previamente (en fecha aproximada al 20 de noviembre de 2015); adelantarlas para que coincidan con las elecciones municipales y autonómicas (teniendo a favor la actual posición de poder territorial y aún pendientes de la evolución de la crisis) o, finalmente, alargar la legislatura lo más posible, entendiendo el mandato de las cámaras parlamentarias iniciado con la proclamación de los resultados electorales sino el 13 de diciembre de 2011, fecha de su constitución formal, o -de manera mucho más extrema e ilusoria- incluso el de la toma de posesión del Gobierno (tratando de capitalizar al máximo la esperada recuperación económica del país)…

Toda una trapisonda derivada directamente de los resultados registrados en los comicios europeos, que podrá modularse con la evolución del apoyo electoral, positiva o negativa, que a partir de ahora vayan proporcionando las encuestas al uso. Y un tipo de maniobra también accesible al PSOE para convocar elecciones autonómicas en Andalucía haciéndolas coincidir, o no, con las municipales de mayo de 2015.

Posibilidad ésta última que el PSOE ya ha manejado a conveniencia en otras ocasiones, tratando con ello de arrastrar su voto local mayoritario en favor de la elección de diputados y senadores a Cortes Generales. Algo que se entiende fácilmente al considerar que la comunidad andaluza es la que tiene más escaños asignados en el Congreso de los Diputados (nada menos que 60 sobre 375).

Y precisamente ese desigual reparto de diputados nacionales por provincias y comunidades autónomas, hace que la estrategia de esfuerzos electorales se plantee también con intensidades muy diferentes en cada caso. De hecho, sólo en cuatro autonomías se concentra la mayoría absoluta de 176 diputados: los 60 ya comentados por Andalucía, 47 por Cataluña, 36 por Madrid y 33 por Valencia.

Así se entiende mejor la trascendencia política de esos cuatro territorios y la importancia que tanto el PP como el PSOE dan a su control electoral. Y si ambos partidos ya se encuentran desplazados socialmente en Cataluña, y también en el País Vasco -que cuenta con 18 diputados nacionales-, es normal que su enfrentamiento en las otras tres comunidades más decisivas genere una lucha brutal, en la que las decisiones y las acciones de partido deben sopesarse con especial cuidado.

Ahora, la batalla electoral PP-PSOE y la búsqueda de respaldo social en el ámbito municipal y autonómico, junto con el juego de posibles entendimientos sobre todo con IU y UPyD -que ya podrían ejercer de ‘bisagra’-, pasan a ser cuestiones decisivas para hacerse con el Poder Ejecutivo en la próxima legislatura. Y ese es un marco en el que el PP parece estar perdiendo las ventajas preexistentes: el acuerdo PSOE-IU ya vigente en el Gobierno de Andalucía y el pacto a tres bandas (PSOE-IU-UPyD) que también se da discretamente por entendido para desplazar al PP del poder en Madrid y Valencia, son indicativos de por dónde podrían ir los tiros (pendientes de ver la orientación política de Podemos, que ha sido la revelación del 25M).

Las primarias del PSOE versus el dedazo de Rajoy

Lo cierto es que dentro del berenjenal que se monta en todos los partidos políticos para decidir sus candidaturas, sobre todo las más multitudinarias de las elecciones municipales y autonómicas (las generales o legislativas son cosa distinta y más fáciles de resolver operativamente), el creciente juego de las primarias permite organizarlas mucho mejor y transmitir una imagen de democracia interna muy conveniente en el plano mediático. Y en eso el PSOE y los otros dos partidos con representación nacional, IU y UPyD, parece que le sacan una notoria ventaja al PP.

Por poner un ejemplo, cuando bien que mal se da este proceso interno, en el que se pueden pactar y cerrar también las cuotas de poder dentro de las distintas corrientes del partido y del propio aparato, lo normal tras el debate y las votaciones correspondiente es cerrar las filas del partido en apoyo de las candidaturas elegidas, evitando las discusiones y críticas públicas que tanto daño hacen a ojos de los electores. De esta forma, con unas primarias transparentes y abiertas a cualquier posible candidatura y con el respaldo final de la organización, puede aplicarse aquel dicho de que ‘muerto el perro se acabó la rabia’, sabiendo que las intrigas internas por hacerse con el mando del partido ya tendrán muy poca justificación en cualquier instancia.

Y así, siendo buena o mala, mejor o peor, la candidatura prevalente tendrá un apoyo sin fisuras o, cuando menos, la tranquilidad de que no recibirá ‘fuego amigo’, aunque alguien dentro del partido estime que no sea una opción ganadora. Y también supone un reconocimiento del poder de los afiliados frente a sus representantes, que es el mismo que tendrían que tener los gobernados frente a sus gobernantes…

Sin embargo, la preparación del PP para encarar las próximas elecciones municipales y autonómicas, en las que según proclaman sus dirigentes la victoria es “un objetivo inexcusable”, está muy lejos de admitir un sistema de primarias real y al margen del ‘dedo divino’ de Rajoy y de los intereses de la camarilla marianista. Así que, por mucho que se diga y se trabaje en las escuelas de verano del PP, que se van a centrar en la cuestión municipal y autonómica, o por mucho que analicen y programen los Arriola y Floriano de turno, el dedazo de Rajoy seguirá siendo capaz de dar al traste con las opciones de mayor éxito e imponer las peores.

Y dos ejemplos bien elocuentes al respecto serán con toda seguridad los de Madrid y Valencia, como ya lo ha sido el de Andalucía con el nombramiento ‘dedocrático’ de Juan Manuel Moreno como presidente del PP autonómico (tierno que un lechazo), pasando para ello Rajoy incluso por encima de la secretaria general del partido, María Dolores de Cospedal. Comunidad en la que Rajoy ya fracasó al imponer en las anteriores elecciones a Cristóbal Montoro como candidato estrella, también brillante en su papel de espantar a la propia derecha andaluza con un PSOE ya agonizante.

En Valencia, comunidad en la que Rajoy apañó directamente y sin el menor debate o contraste interno la sustitución de Camps -comprometido en el ‘caso Gürtel’- por Alberto Fabra, ya se verá si Rita Barberá sigue siendo, o ya no, la candidata para frenar el avance de la oposición en la capital autonómica. Lo sabido es que no es persona especialmente grata en el entorno marianista, clan que preferiría colocar en su lugar a alguien de mayor confianza personal, aun asumiendo el riesgo electoral del caso.

Pero donde se va a poder comprobar claramente la prevalencia del sistema ‘dedocrático’ del PP frente al sistema de primarias, será en Madrid, y tanto en la candidatura del Ayuntamiento como en la de la Comunidad. Alguien que conoce muy bien a Mariano Rajoy, sostiene que su callada pero irrenunciable inquina contra el tándem Aguirre-González (el caso de Ana Botella tiene otra lectura distinta en razón de su matrimonio con el expresidente Aznar) le llevará a imponerlas con su ‘dedo divino’, nominando personas de su máxima confianza, “aunque sea para perder con ellas las elecciones” antes de que las pudieran ganar quienes tiene como enemigos mortales. Práctica difícil de entender en cualquier ejercicio razonable del poder.

Si en el desprestigiado mundo de la política existieran el mismo tipo de apuestas que existen en el mundo del deporte, lo más adecuado sería jugar en contra de esos compañeros de Rajoy que él ha puesto en su particular y resentida ‘lista negra’, aunque tuvieran más votos que Santa Claus o los Reyes Magos en un parvulario. Así que otra tarea urgente para el PP es la de ir señalando y acreditando en lo posible a sus principales candidatos para las próximas elecciones municipales y autonómicas; no sea que al final pase lo que ha pasado con Miguel Arias Cañete, a quien el ‘dedo divino’ lanzó al combate electoral tarde, bajo de forma (aunque él se considerara ‘sobrado’) y sin tiempo para ‘calentar’ como se hace en las competiciones deportivas.

Y lo de Madrid es sintomático porque, quiérase o no, es la capital del Estado y sede de la centralidad política e informativa, desde donde se irradia urbi et orbi la acción del Gobierno. Y siendo así, parece mentira que también en el municipio capitalino el PP siga empeñado en espantar a sus votantes sin eliminar de raíz el esperpento de la alcaldesa Botella, prescindiendo de las agonías de última hora y señalando cuanto antes una candidatura capaz de mantenerlo como reducto electoral emblemático, decisivo al mismo tiempo para no perder el gobierno autonómico.

La cuestión añadida es que, quizás por su condición de ‘ciudad abierta’ e integradora, Madrid capital aprecia poco las siglas partidistas en el ámbito del gobierno municipal, valorando mucho más la personalidad, la entrega y el perfil representativo de su regidor (un candidato/a presentable), aunque los partidos políticos crean otra cosa. Ahí están los casos del reconocimiento mayoritario y sin prejuicios ideológicos que llegaron a tener en el cargo tanto Tierno Galván como Rodríguez Sahagún, e incluso Ruiz-Gallardón (en su primitiva y olvidada versión de político centrista y liberal), o el rechazo personal que por el contrario terminó teniendo Álvarez del Manzano (no el PP) hasta el punto de tener que ser apeado de la candidatura en 2003 a punta de bayoneta para evitar una debacle electoral, que es lo mismo que se tendría que hacer cuanto antes con la actual alcaldesa.

Aspecto este del especial perfil personal que los madrileños reclaman para quien vaya a presidir su ayuntamiento, que también han de entender los demás partidos políticos. Porque al margen de las siglas con las que se presenten los distintos candidatos, el más ‘presentable’ de todos ellos es el que, incluso con marchamo de independiente o no profesional de la política -pero acreditado por sí  mismo-, podría ser el más votado, sin que por tanto les convenga empeñarse en colocar como cabeza de su candidatura a los consabidos cargos oficiales, a meros validos de sus líderes nacionales o a maniobreros del aparato.

De momento, en el supuesto de que se mantenga la tendencia que vienen indicando las encuestas y sin que aparezcan candidatos ‘sorpresa’, parece que la capital madrileña se podría gobernar con un mayoritario acuerdo PSOE-IU, quizás acompañados de Podemos. Mientras que UPyD podría tener otra posición de ‘bisagra’ en el gobierno de la Comunidad.

De líderes, candidatos y ‘superhombres’

Pero esa consideración de candidatos políticos ‘razonables’ con los que los electores se puedan identificar más, es, por supuesto, una visión de la estrategia política y electoral inasumible en el actual sistema partitocrático, alejado de la realidad social a la que debe servir y a punto de voladura por su continua degradación. Ya es hora, pues, de que, entre otros muchas reformas internas, los partidos políticos superen la pobre ignorancia de no distinguir siquiera entre las candidaturas, incluidas las del Congreso de los Diputados que deben acoger al aspirante a presidir el Gobierno, y el propio liderazgo del partido.

Líder puede haber uno solo, pero los candidatos son forzosamente muchos, sin necesidad de que aquél sea o no sea uno de éstos. Realidad que, por poner un ejemplo, se vio obligado a entender Carlos Garaikoetxea cuando por sus discrepancias con la dirección de su partido (el PNV que lideraba Xabier Arzallus) en marzo de 1985 fue sustituido de la noche a la mañana al frente del Gobierno Vasco por José Antonio Ardanza. Un político ‘gris’, que desde luego no fue líder de su partido ni buscó el poder interno, pero que encabezó de forma sabia los gobiernos de coalición con los socialistas vascos (el PNV definió aquél entendimiento como el “espíritu de Arriaga” y como una búsqueda de “la comodidad dentro de España”), promoviendo el ‘Plan Ardanza’, que fue un propuesta seria de paz dialogada con ETA, y el ‘Pacto de Ajuria Enea’ para la erradicación del terrorismo…

Ahora, el líder de un partido político exige ser también, y de facto lo es, el candidato indiscutido a la Presidencia del Gobierno y además auténtico ‘dedo divino’ para componer más o menos como le venga en gana el resto de las candidaturas, que es lo que hace Rajoy en el PP. Aunque se carezca de condiciones para alguna de esas funciones o para todas ellas.

Y sin necesidad de tener que profundizar en la teoría del liderazgo político ni precisar su caracterización y la de las candidaturas avaladas por el partido, que siempre serán un signo externo definitivo de sus señas de identidad (como sus siglas, logotipo, filosofía, lemas, programas…), conviene tener bien presente que las famosas primarias deberían aplicarse en primer lugar a la dirección de cada formación política, y después a sopesar y decidir las candidaturas electorales de forma separada.

Así, los candidatos conocerían y aceptarían de forma expresa las ideas programáticas del partido, respetarían su organización y democracia interna y defenderían inequívocamente sus programas electorales. Sin que todo ello suponga inconveniente alguno para que el líder se postule también como candidato en el ámbito que estimo oportuno. ¿Es que acaso el líder de un partido tiene que aspirar forzosamente a ser presidente del Gobierno y no de su Comunidad Autónoma o de su Ayuntamiento…?

Porque, si se quiere que las figuras del líder (hablamos de partidos y no de la Nación) y del candidato presidencial coincidan, cosa innecesaria, no cabe ignorar el criterio esencial de su solvencia para dirigir el Gobierno. Dicho de otra forma, una cosa es, por ejemplo, liderar el PP o el PSOE, otra dirigir esos partidos en la Comunidad de Madrid o en su capital y otra, ciertamente distinta, ser candidato electoral para presidir órganos de gobierno de las instituciones concretas que pudiera corresponder (de naturaleza, dimensión y alcance muy diferentes entre sí) o, en caso de derrota electoral, dirigir la oposición.

Esas diferencias funcionales y organizativas (con necesidades de mando distintas), propias de instituciones muy alejadas entre sí, se ven reflejadas perfectamente en el mundo empresarial, donde el omnímodo Superman, el falso ‘superhombre’ propio de la política española, tiene poca cabida. Baste analizar en ese sentido los organigramas y staffs de las multinacionales más exitosas y el puesto no exactamente ejecutivo que a menudo mantienen sus fundadores, sus líderes o incluso sus propietarios.

¿Y es que acaso los candidatos y candidatas que andan de boca en boca por los mentideros políticos tienen maravillosas capacidades para pilotar de forma indistinta e igualmente eficiente un trasatlántico, un submarino nuclear, un trasbordador espacial o un bólido que compita en Fórmula 1…? Decididamente no; con la agravante de que a veces no saben ni cómo avanzar en un bote de remos.

Cosa distinta es, por supuesto, el caso de quienes tienen sentido común y experiencia vital y profesional acreditada, y el de los más jóvenes que ya se han formado y desenvuelto en el mundo de la globalidad, alejados del provincianismo político español. Pero ¿es ese el caso de ‘candidatos’ como Eduardo Madina o Patxi López por un lado, y de José Manuel Moreno o Cristina Cifuentes por otro…? ¿O el de la alcaldesa Botella, el inefable ZP y tantos y tantos ministrillos como nos han hecho tragar de forma indistinta el PP y el PSOE…?

¿Y qué decir de esa absurda manía de identificar forzosamente el natural relevo generacional y la necesaria modernización de un partido en todos los sentidos con convertir en líderes, ministros, candidatos para todo -hasta para la Presidencia del Gobierno- a personas inmaduras y manifiestamente incapaces, poco menos para que ‘vayan aprendiendo’…?

La política es cosa suficientemente seria (¿o no?) como para que a ella se llegue con las lecciones que correspondan bien aprendidas y no pendientes de aprobar en la convocatoria de septiembre, si es que se aprueba... Eso sería admisible para becarios y asistentes, que en un país serio es el rango apropiado por lo menos para la mitad de los altos cargos que nombró el ínclito ZP y para otros muchos de los amiguetes nombrados por Rajoy (de sobra conocidos).

Si tanto Rajoy como Rubalcaba fueran verdaderos líderes políticos (puede ser muy válidos asumiendo otras responsabilidades), tendrían abiertos sus partidos no a los clanes y camarillas de misacantanos, coleguillas y toda suerte de ganapanes recomendados, sino a personas con verdadera valía personal y profesional, que es lo necesario para la buena gobernación general del país. Y esta falta de cuadros y asesores profesionales bien preparados y solventes, unos con auténtico futuro político y otros como meros técnicos de gabinete, es una deficiencia del sistema partitocrático que, en el fondo, también ha tenido gran incidencia en la derrota conjunta y sin paliativos cosechada por el PP y el PSOE en las recientísimas elecciones europeas del 25 de mayo.

Ante la señal de alarma del 25-M, esperemos que sobre todo PP y PSOE empiecen a distinguir entre líderes y reyezuelos de partido, entre candidatos y alfombrillas menesterosas del dedazo de turno, entre política y caciquismo, entre ética y mangancia… Porque todo eso es lo que confunde nuestro sistema de convivencia, corrompido y al borde de la enajenación, y lo que por varios y muy peligrosos caminos está llevando al estallido político y social. Ya veremos si el batacazo del 25-M se reconoce, se reencauza o aumenta (conocido el paño de la política española lo más probable es que vaya a más): las elecciones municipales y autonómicas previstas a un año vista certificarán el caso.

Fernando J. Muniesa

“Alea jacta est” (La suerte está echada) es la frase que, según cuenta la historia, pronunció Julio César al franquear el pequeño río Rubicón que separaba la Galia Cisalpina de Italia para marchar hacia Roma al frente de la Legio XIII Gemina, unidad militar que él mismo había creado en el año 57 a. C. iniciada ya la Guerra de las Galias.

La expresión era acertada porque, previamente, y para impedir la llegada de tropas procedentes del Norte que pudieran representar una amenaza para la República Romana, el Senado había declarado rebelde y sacrílego a todo aquel que se atreviera a cruzar el Rubicón con fuerzas militares, siquiera fuera una simple centuria. Sin embargo, Julio César, a quien una mayoría de senadores instigados por Pompeyo había rehusado nombrarle Cónsul y ordenado dejar el mando y licenciar a todas sus tropas, decidió atravesarlo con su Legio XIII para llegar a Roma y derribar a sus enemigos; dicho de otra forma, apostando ‘el todo por el todo’.

Y cierto es que, aún en otra dimensión más nimia, en algún momento de nuestra vida todos nos hemos encontrando en la necesidad de pasar algún Rubicón personal y advertir el instante preciso en el que ‘la suerte estaba echada’. Usando un lenguaje más cercano, como el de la jerga taurina, también nos hemos podido sentir enfrentados a ‘la hora de la verdad’, de forma insoslayable, en un último y decisivo momento en el que, dejando atrás el toreo de salón y los adornos gratuitos, hay que ponerse delante del toro a pecho descubierto, sabiendo que en la suerte suprema te juegas algo esencial o definitivo.

La hora de la verdad para PP y PSOE

Pues bien, a muy pocos días vista, el 25 de mayo, tanto Rajoy como Pérez Rubalcaba se van a enfrentar a su ‘hora de la verdad’ política. ‘La suerte está echada’, y poco o nada les queda ya por hacer para favorecer los resultados de su confrontación electoral, muy comprometedora de su futuro político y del de sus propios partidos.

Claro está que en esos comicios compiten 39 formaciones políticas, pero apenas media docena tienen posibilidad de alcanzar representatividad. De hecho, en las últimas elecciones europeas de 2009 los 54 escaños en juego para España se distribuyeron sólo entre seis partidos (PP 24, PSOE 23, Coalición por Europa 3, La Izquierda 2, Europa de los Pueblos-Verdes 1 y UPyD 1); reparto que ha fijado prácticamente la atención sólo en el pulso PP-PSOE, en consonancia también con su posición en la política nacional.

Y por ello, lo razonable es que la atención de lo que pueda acontecer el 25 de mayo se centre a priori en la bipolaridad PP-PSOE (Arias Cañete versus Valenciano o Rajoy versus Rubalcaba). Sin embargo, las circunstancias del momento, que conjugan una crisis económica brutal con niveles de corrupción política sin precedentes, con serias amenazas  independentistas, con ruina funcional declarada en muchas instituciones públicas… y, en definitiva, con el agotamiento del modelo de organización y convivencia social, abren su lectura en otras direcciones.

PP y PSOE: Ganar sin quorum y gobernar para sí mismos

La primera será la de la participación electoral, que se tendría que analizar tanto al nivel conjunto de la Unión Europea (UE) como al concreto de la circunscripción española. Y que, de no superar la mayoría absoluta del censo, seguirá marcando la deslegitimación del sistema, bien globalmente o de forma particular en España.

Como se aprecia en el cuadro adjunto, la participación general en las elecciones europeas ha venido decayendo sin cesar en cada convocatoria desde su institución en 1979 y hasta límites desde luego alarmantes (el 43% en 2009), consagrando así el denominado ‘euroescepticismo’ social. Una tendencia no-participativa a la que España se incorporó tardíamente (en 2004) y que, según las encuestas al uso, no parece que vaya a remitir (más bien la abstención seguirá creciendo), sin que el Gobierno hayan hecho nada por combatirla, por ejemplo destacando que en esta ocasión también se elige de facto al presidente de la Comisión Europea a tenor de lo establecido en el Tratado de Lisboa de 2007.

ELECCIONES EUROPEAS

¿Y qué decir de aquellas otras formaciones políticas minoritarias que sólo lleguen a obtener un 3% de los votos (incluso con uno o dos escaños) en un supuesto de participación del 40%…? Pues prácticamente al 1% del censo electoral…

Se suele decir que, en democracia, quien no vota no cuenta. Pero una cosa es la legitimidad y otra la legitimación de los proclamados, y muy distintas también las abstenciones derivadas de la apatía o la falta de identificación con las candidaturas presentes y, en otro caso, las motivadas por el rechazo del sistema, que no tienen otra forma posible de expresión que la de dejar de votar (el voto en blanco tampoco expresaría exactamente ese rechazo).

Y si el 25 de mayo el electorado español se abstiene por ejemplo en un 60% (es decir de forma muy mayoritaria), ¿qué consecuencias sacará la clase política, y en particular Rajoy y Pérez Rubalcaba como líderes de las dos formaciones en esencia responsables del mal funcionamiento del sistema…? ¿Se reconocerá entonces la pobreza -por no decir pudrimiento- de la vida política española? Y si así fuera, ¿cambiarán por fin unos y otros sus comportamientos políticos y habilitarán la reforma del propio entramado institucional que los sostiene…?

Está claro que quien gane las próximas elecciones europeas (las gane como las gane), lo celebrará por todo lo alto y ‘ahí me las den todas’. Sin admitir ni por asomo el poco valor de su victoria, ni plantearse necesidad alguna de perfeccionar el modelo existente en un sentido más democrático: nuestros partidos políticos son así de impresentables y así van a seguir funcionando mientras puedan, mal gobernando o gobernando sólo para sí mismos…

En consecuencia, la desafección hacia lo político, justo ante una grave y duradera situación de crisis global (económica, política y social), seguirá ahí, imponiendo la abstención de la mayoría, el castigo electoral (del tipo que fuere) y el incremento de los euroescépticos, del anti-europeísmo y el anti-sistema, es decir desorganizando la sociedad y alentando la ruptura del modelo establecido. Con el grave problema añadido de que el tratamiento político y económico de la crisis a nivel europeo, e incluso la previa creación del euro, vienen dibujando una Europa cada vez más desigual en todos los terrenos.

Por ello, el gran reto de las elecciones europeas del 25 de mayo no debería ser otro que conseguir un nivel de participación ‘salvable’, especialmente en los países más afectados por la crisis, como España. Objetivo difícil de alcanzar porque lo único que preocupa a nuestros dos partidos mayoritarios, PP y PSOE, es movilizar sólo a sus respectivos ‘fieles’ (antes que promover el voto en general).

Un despertar de la ‘conciencia europea’ por tanto difícil de conseguir, y que, de no lograrse, conllevará en efecto la deslegitimación social del Parlamento Europeo y la desvinculación entre los representantes y los representados, con unos eurodiputados fuera del interés y del control ciudadano sin que nadie les exija una rendición de cuentas de su función política. Problemas de gestión política aparte.

Y algo que, como prospectiva o pre-análisis de los resultados electorales del 25 de mayo, también conviene contrastar o complementar con alguna otra percepción ajena de la situación. Una de las más afinadas de los últimos días es la publicada por Miguel Ángel Aguilar en El País (13/05/2014), en la que, con su habitual toque de ironía, señala un cierto y curioso consenso entre los partidos más importantes algunos para desmovilizar al electorado:

Elecciones, mejor sin votantes

Después del café sin cafeína, del té sin teína o de la cerveza sin alcohol, ahora nos encaminamos en el caso de las elecciones al Parlamento Europeo, mediante un extravagante consenso forjado entre algunos de los grandes partidos, hacia una nueva modalidad de elecciones sin votantes o con cuantos menos votantes mejor. Desde luego en esa actitud desmovilizadora del electorado parecen estar concordes el Partido Popular, el PSOE y, por ejemplo, Convergència i Unió.

La razón de esa sinrazón procedería del convencimiento anticipado de que las urnas van a depararles por igual un severo castigo con pérdida significativa de papeletas y alguna merma de escaños. Entonces, han dado en pensar que la mejor manera de restar valor a ese resultado adverso sería la de rebajar todo lo posible la participación. Estiman que, cuanto menor resultara ser el porcentaje del censo que acudiera a votar en la jornada del domingo 25 de mayo, más se reduciría el daño recibido.

Con un 80% de votantes sobre el censo, hasta los líderes máximos ajenos a las listas europeas quedarían afectados, mientras que si la participación registrada se mantuviera por debajo del 40% se impondría la argumentación de que las elecciones en modo alguno habían sido consideradas cruciales por el público, que los resultados habían carecido de significación y que por falta de base habían dejado de ser extrapolables a otros escenarios municipales, autonómicos y generales.

El rastro de este proceder de los partidos que desalienta la participación se ha traducido en el retraso descarado del PP a la hora de proclamar sus candidatos, en la renuncia a convocar mítines en lugares de gran aforo, en la negativa a contratar publicidad exterior que ambiente el llamamiento a las urnas, en la desaparición del temario de la campaña de aquellos asuntos de calado europeo, reemplazados por los que se inscriben dentro del penoso perímetro de los hispano-españoles.

Que estemos abrumados por los Bárcenas, los Gürtel, las simulaciones de Cospedal, los sobresueldos, el descaro, el dontancredismo, la espantada, las ruedas de prensa sin preguntas, las comparecencias en plasma, el recurso al “y tú más” y la desvergüenza descarada, a la espera de que caduque la actitud de exigencia cívica acuciante hacia quienes deberían dar cuenta permanente del uso del poder, en absoluto debería desviar de la campaña la definición de la Europa que queremos. Porque es ahora cuando deberíamos hablar del modelo social de educación, sanidad y pensiones desguazado por exigencias del guion austericida; de la opción necesaria entre difundir derechos y libertades o importar esclavitudes; de la función a cumplir por la UE en el ámbito de su vecindad y en toda la esfera internacional. Pero de todo eso, ni palabra. Sólo caña al adversario hasta que hable inglés.

Los fusilamientos políticos del 26 de mayo

Otro aspecto sustancial de nuestro pre-análisis del 25-M es el de la propia victoria o derrota de los dos contendientes principales (PP y PSOE), en sí mismas o sin más consideraciones, es decir con independencia de cualquier posible deslegitimación social del sistema.

Aquí, la cuestión será comprobar cómo se resuelve el ‘empate técnico’ entre los dos partidos mayoritarios que han venido anunciado las encuestas más razonables, aún dentro del desastre general que pueda suponer la escasa participación electoral. Y este es un punto que, sin interesar al electorado de forma especial, conllevará bronca, e incluso sangre, dentro del partido  perdedor.

En nuestra anterior Newsletter (nº 113), ya advertimos que una eventual derrota del PP, que hoy por hoy dentro del propio partido no se considera impensable, sería ciertamente demoledora estando como está en mayoría parlamentaria absoluta y teniendo como oponente a un verdadero ‘muerto político viviente’ como Rubalcaba, y con graves consecuencias internas. En tal caso, se anunciaría con bastante claridad la debacle electoral que puede producirse a continuación en las elecciones municipales y autonómicas, se podría forzar la crisis de Gobierno hasta ahora no deseada por Rajoy -ya con encaje político muy negativo como situación forzada o exigida por las circunstancias-, e incluso se empezarían a contemplar unas elecciones generales anticipadas para afrontarlas antes de la pérdida en avalancha del poder territorial, sobre todo en comunidades clave como Madrid y Valencia y también con pocas posibilidades de ‘tocar pelota’ en otras comunidades como Cataluña, País Vasco, Canarias, Andalucía, Aragón…

Total, que, de la noche a la mañana, Mariano Rajoy podría verse maniatado ante el paredón de fusilamiento de su propio partido. En el que, como mal menor, tendría que aguantar durísimos ataques de sus sectores críticos, y no sólo dentro de la Ejecutiva Nacional, sino también de las organizaciones territoriales asustadas con la posibilidad de tener que abandonar a corto plazo el pesebre y las prebendas políticas.

Claro está que, si el PP gana las elecciones europeas al PSOE, aunque sea por la mínima, la pérdida del respaldo electoral desde las elecciones previas de 2009 o desde el propio 11-N, y aunque fuera enorme, sería defendible dialécticamente en razón de los peores resultados del oponente socialista.

Pero igual de clara estará la definitiva defenestración de Pérez Rubalcaba si el PSOE se muestra incapaz de ganar al PP unas elecciones marcadas por los recortes sociales, la destrucción del Estado de bienestar, un nivel de paro insostenible y unas desigualdades sociales sin precedentes en el nuevo régimen democrático. Su fusilamiento político debería ser tan inmediato como en el caso alternativo de Rajoy, o incluso más inmediato al no estar condicionado por una posición de gobierno.

Y ello con independencia de que el PSOE ya se encuentre roto con la ‘cuestión catalana’, agotado en el País Vasco tras el apoyo prestado por Patxi López al mundo pro-etarra durante su mandato como lehendakari, acosado también por multitud de graves escándalos de corrupción (como los falsos ERE de Andalucía o el sobrecosto del AVE Madrid-Barcelona), desde luego perdido en materia de reformas políticas e institucionales y sin ofrecer el menor atisbo de una renovación interna razonable a corto plazo. Con el problema añadido de las presiones a las que le somete IU allí donde dicha formación ya puede oficiar de bisagra política, crecida además a costa del chorreón de votos que de forma previsible va a quitarle en las propias elecciones europeas… 

La posible ruptura del bipartidismo PP-PSOE

En las últimas semanas e incluso meses hemos insistido en cómo la demoscopia política viene anunciando la caída del bipartidismo PP-PSOE, cuestión ciertamente trascendente que también se verá dilucidada, o al menos aclarada, el 25 de mayo. Siendo hoy por hoy el fenómeno que más preocupa al establishment, hasta el punto de que algunos analistas no descartan un reciente acuerdo encubierto de los dos partidos mayoritarios para asegurar o afianzar el actual modelo bipartidista (incluso enterrando los escándalos de corrupción que les afectan de forma más llamativa a ambos), antes que para corregir sus muchas derivas antidemocráticas o perfeccionarlo en puridad constitucional.

Y lo cierto es que el fin del sistema de alternancia en el poder de los dos partidos hegemónicos abriría nuevas vías bipartitas o tripartitas de gobierno que forzarían pactos y consensos hasta ahora repudiados tanto por el PP como por el PSOE. Con el corolario implícito de una mayor transparencia y mayor control de la vida pública, más atención a las demandas de un espectro social más amplio, más capacidad de lucha contra el fraude y la corrupción, más posibilidades de reformar la ley electoral y generar más democracia, menos soberbia gubernamental…

Un escenario completamente novedoso que ya obliga a plantear hipótesis de sumas y restas post electorales y de consensos políticos e ideológicos más complicados que los conocidos hasta ahora. Porque ¿qué consecuencias tendría para el país, por ejemplo, una mayoría absoluta alcanzada por la suma de PSOE + IU o viceversa…? Evidentemente no estaríamos hablando de políticas socialdemócratas ni de ningún tipo de ‘frente popular’, sino de una verdadera política de izquierdas sin tapujos, con todos sus desarrollos implícitos, dura con las veleidades separatistas, abrasiva para la Corona, etcétera.

¿Y acaso este entendimiento post electoral de gobierno PSOE-IU sería más difícil de alcanzar que el de PP-UPyD, el de PP-PSOE o el de alguno de estos dos partidos hasta ahora mayoritarios con los del llamado ‘nacionalismo histórico’ ya situados en la vía del separatismo…? ¿Y alguien puede pensar que un consenso PP-PSOE sólo para perpetuar el bipartidismo no llevaría al estallido social…? Y, en todo caso, ¿qué precio tendrían cada uno de los pactos posibles para la propia democracia…?

Con esa caída del bipartidismo y la apertura del teatro político a coaliciones de gobierno, surgen cuestiones importantes, porque, en el fondo, también cuestiona de forma intrínseca la continuidad del actual sistema político y, en consecuencia, el propio ‘régimen’. Por ello, a nadie puede extrañar que, una vez asumida esta posibilidad -sin duda preocupante para el establishment-, se pretendan camuflar sus previsibles derivas estratégicas y tácticas para mantener el statu quo (es decir un gran pacto interesado PP-PSOE) con desmentidos públicos que no descubran la tostada, sobre todo antes del 25 de mayo.

Uno de estos desmentidos es el expresado por Rubalcaba en plena campaña electoral, tratando de evitar con él una mayor fuga de votos socialistas hacia la izquierda dura y pura, que ya parece dispuesta a asestar el zarpazo de la radicalidad. Baste recordar en este sentido cómo IU acaba de leerle la cartilla primero a la presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz, y acto seguido al presidente del PSOE de Extremadura, Guillermo Fernández Vara.

Tema, pues, interesante que el 25 de mayo se verá despejado o al menos orientado, considerando sobre todo que el enfrentamiento electoral entre PP y PSOE ha alcanzado ya su nivel más deplorable. Así lo vio Juan José Millás siguiendo los debates electorales ofrecidos por TVE -el de los candidatos para presidir implícitamente a la Comisión Europea y el patético ‘mano a mano’ entre Miguel Arias Cañete y Elena Valenciano-, y así lo escribió en un aplaudido artículo publicado en El País (16/05/2014): 

No somos lo mismo

Los candidatos, lógicamente exhaustos tras los mítines y la sucesión insensata de acuerdos, desacuerdos, suspensiones y aplazamientos, aparecieron en la pantalla poco frescos, como si los hubieran sacado del congelador dos horas antes. Y aunque cada uno ocupaba un extremo de la mesa, muchos espectadores los veíamos enredados como dos trepadoras vecinas. Un juicio previo consecuente a ese sinfín de negaciones: No somos lo mismo, habían venido pregonando en los mítines. No somos lo mismo. No somos lo. No somos. No.

No eran lo mismo, excepto que Schulz, el candidato socialdemócrata a la presidencia de la Comisión Europea, cuya sombra advertíamos detrás de Valenciano, gobernaba con Merkel. No eran lo mismo, excepto que Juncker, el candidato conservador, cuya silueta se dibujaba detrás de Cañete, hacía campaña con un cartel de Merkel. No eran lo mismo, excepto que González Pons había mostrado un tuit -no desmentido- de Schulz apoyando las reformas de Rajoy. No eran lo mismo pese a que a la hora del debate nadie ignoraba el rumor -bastante fundado- de que el PP y el PSOE podrían estar pergeñando un gobierno de concentración para el futuro. No eran lo mismo, excepto que según Willy Meyer, eurodiputado de IU, el PSOE y el PP venían votando juntos en Europa en el 73% de los casos. La cifra se disparaba al 78% en asuntos de Justicia e Interior y al 81% en cuestiones de agricultura. En proyectos de política exterior, coincidían en el 68% de las veces.

A quien más daño hacía la mismidad era a Valenciano, porque la mismidad en la izquierda tiene mala prensa. Valenciano intentó entonces no ser la misma, mientras que Cañete se ensimismó. Daba, en efecto, la impresión de que le costaba salir de sí mismo. Nos encontrábamos ante un Cañete disminuido que se aferraba con manos temblorosas a los papeles, a los gráficos, a los datos que le habían proporcionado. Un Cañete que leía y leía sin rubor, sin entonación, sin ganas. Un Cañete serio, casi asustado, con la seriedad y el susto de quien acabara de recibir un diagnóstico médico alarmante. Un Cañete que, por primera vez desde que lo conocemos, no estaba cómodo en su cuerpo.

La lucha se presentaba desigual porque Valenciano, pensaba uno, tenía que pelear contra Cañete y contra sí misma. Cañete no le presentó problemas. Tal vez eso desarmó a la candidata, que hubo de pelearse con el formato que ella misma había pactado y que era un disparate, pues no estaban permitidas las interrupciones. Dos minutos de reloj para cada uno en los que resultaba imposible tanto el encuentro como el desencuentro.

No eran lo mismo, que es a lo que íbamos, y ahí estaban, dispuestos a demostrarlo a la hora de las series de televisión, en un horario, pues, de máxima audiencia, bajo la cobertura que les daba una televisión pública en fase de desmantelamiento moral y económico. Y bajo la batuta moderadora de Maria Casado, que repartió el tiempo entre cinco bloques temáticos, cinco asaltos, cabría decir, que se ganarían o perderían a cara o cruz, quizá a los puntos (el K. O. estaba fuera de toda posibilidad). El público asistente, suponemos que irresoluto, rebañaba en el interior de su alma los restos de ingenuidad política de que aún disponía para no parecer cínico delante de los hijos, que exigían el cambio de canal bajo la amenaza de retirarse a su habitación (es un suponer) a masturbarse.

Bueno, algo de onanismo desfallecido había también en las intervenciones ordenadas y mortalmente aburridas de los contendientes. Significa que, pese a las apariencias, no interactuaban, si interactuar quiere decir lo que quiere decir. Tras la pausa, y quizá por el consejo de sus asesores, hubo tal vez un par de minutos estimulantes, pero el antidebate comenzó enseguida a agonizar de nuevo. Hubo un momento en el que Valenciano, quizá consciente de la pesadilla en la que se habían instalado ella misma, Cañete y la moderadora, la pesadilla que estaban haciendo vivir a la audiencia, debió de acordarse de que no eran lo mismo y soltó la frase: “Usted y yo no pensamos lo mismo”.

Pero el problema era ese: la falta de pensamiento. Había pautas, sí, y repeticiones, y lugares comunes, todos los lugares comunes que llevamos escuchando desde hace meses, años, pero el pensamiento brillaba por su ausencia. Como Europa, por cierto, que solo aparecía cuando se acordaban de súbito de que estaban allí para hablar de la Unión. Fue duro, muy duro, asistir a ese encuentro, o lo que quiera que fuese. Lo dejó a uno deprimido, hundido en la miseria, tirado en el sofá, sin fuerzas para irse a la cama, como si se hubiera tomado una de las píldoras que daba la impresión de haberse metido Cañete y que también le hicieron efecto, increíblemente, a Valenciano.

Y es que, ante un Arias Cañete empeñado en leer sin rubor, sin entonación y sin ganas las chafarrinadas preparadas por los sabios Arriola y Floriano, y una Valenciano que, además de tener que pelear con su oponente, también tenía que pelearse con ella misma, en un insulso y hasta grotesco debate propio de marmolillos, sin tocar ni por asomo los temas de interés esencial para los electores -incluido el de la corrupción-, no se puede dejar en mayor evidencia la pobre situación de la política española.

Un debate que ha sido fiel reflejo de la vacuidad de la vida pública, sin vigor alguno y carente de ideas hasta extremos insoportables, y del egoísmo personal que hoy lleva a la mayoría de los políticos a comparecer ante los medios informativos sin decir nada realmente apropiado, a reprocharse de forma sistemática y sintomática las herencias recibidas y a replicarse entre ellos sin oírse ni entenderse, obviando todo lo que de verdad interesa a sus electores. Políticos que no entienden ni a los ciudadanos que quieren representar ni al país que quieren gobernar, probablemente porque hace tiempo que ni siquiera se entienden a sí mismos.

Transcurrido algo más de un siglo desde el fallecimiento de Joaquín Costa, cada vez parece más necesario volver a discernir, pues, entre la España real y la España oficial, hablar de burgos podridos y de regeneracionismo y rescatar lemas como el de ‘Escuela, despensa y siete llaves para el sepulcro del Cid’ (ver El ‘Manifiesto Regeneracionista’). De no hacerlo, fácil será que la pobre y atormentada política española termine como el rosario de la aurora, con gamonales e imperdonables inquinas asesinas a mansalva…

La consolidación de los partidos independentistas

Por otra parte, el nuevo escenario político, en el que dos partidos de ámbito nacional hasta ahora minoritarios (IU y UPyD) están creciendo de forma significada a costa del PP y del PSOE, presenta otros fenómenos mucho más preocupantes para la estabilidad del sistema. Al margen de otras novedosas irrupciones que se pueden considerar no transgresoras -caso de Ciutadans-, estas amenazas se concretan en la dimensión social que están adquiriendo las fuerzas netamente independentistas tanto en Cataluña como en el País Vasco y en su creciente presencia formal dentro de las instituciones de gobierno electivo, incluidos el Congreso de los Diputados y el Senado.

En este sentido, habrá que considerar y analizar con suficiente rigor el nivel de votos que alcancen en sus respectivas circunscripciones los partidos que, además de declararse antiespañoles, en sus campañas electorales han alzado de forma expresa y exclusiva la bandera del independentismo. Y ahí están en primera línea las coaliciones ‘L’Esquerra pel dret a decidir’ (ERC y Nova Esquerra Catalana) y ‘Los Pueblos Deciden’ (Bildu y BNG), seguidas o flanqueadas por la ‘Coalición por Europa’ (CiU, PNV, CC y Compromiso por Galicia), todavía camuflada bajo el paraguas del soberanismo (tanto monta monta tanto), junto a otros partidos más bien anecdóticos pero también de signo independista como el MPUC (Movimiento para la Unidad del Pueblo Canario) o ANV (Accio Nacionalista Valenciana)…

La cuestión es que, ante la manifiesta e irremisible debilidad de los dos partidos nacionales mayoritarios (PP y PSOE) justo en Cataluña y el País Vasco, sin que se pueda vislumbrar para ellos la menor posición de gobierno en el ámbito autonómico, la reversión del nacionalismo al independentismo también pone en alerta roja la viabilidad del actual sistema político o, dicho de otra forma, evidencia su precariedad. Señal que podrá medirse de forma bien precisa analizando el balance electoral del 25 de mayo en dichos territorios. 

¿Ganarán las elecciones europeas en Cataluña y el País Vasco el conjunto de las fuerzas políticas antiespañolas…? Todo parece indicar que va a ser así, y eso significaría -cosa ciertamente grave- que las perderían el conjunto de los partidos españolistas.

¿Y realizarán en todo caso PP y PSOE el análisis adecuado al respecto tras el recuento de votos por partidos y provincias…? Seguramente no, porque su intención en esta delicada materia no es otra que aguantar como sea en el poder y esperar a que quien venga detrás arree con él. 

¿Marcarán los resultados del 25-M el fin de una época política?

De cualquier forma, el próximo 25 de mayo no solo IU y UPyD podrán poner en jaque al PP y al PSOE, cuestionando con su anunciado crecimiento el futuro del bipartidismo y del propio sistema político. Otros partidos también pequeños e incluso de mero ámbito autonómico, claramente anti-españoles y cuya campaña electoral se ha centrado en sus demandas separatistas, van a dejar constancia de su respaldo social. ¿Anunciarán unos y otros, por separado o de forma convergente, el fin de una época que ha dejado de ser políticamente representativa…?

Esta es la cuestión de fondo. Y los dos partidos hasta ahora hegemónicos (PP y PSOE) así lo intuyen, a pesar de su total incapacidad para asumir la situación con claridad y tratar de reconducirla. De ahí sus intentos poco claros de entendimiento interesado, que en todo caso llega tarde, y sus tímidas demandas de voto para una Europa fuerte o para una Cataluña española, por ejemplo.

Javier Pérez Royo, catedrático de Derecho Constitucional en la Universidad de Sevilla y habitual comentarista político de El País, planteaba en ese diario (17/05/2014) justo la siguiente pregunta-clave: “¿Puede ser el resultado electoral del 25-M, a pesar de su previsible baja participación o tal vez como consecuencia de ella, el indicador de que se abre una nueva etapa política, en la que nada va a ser igual que antes en el sistema político español?”.

Y acto seguido el propio articulista se contestaba a sí mismo con esta apretada pero concluyente reflexión:

“El sistema político en este momento ha dejado de proporcionar la legitimidad necesaria para gobernar. El Gobierno dispone de mayoría absoluta, pero los ciudadanos lo suspenden de manera abrumadora. Y lo mismo ocurre en todos los escalones de la fórmula de gobierno. Y con los partidos que están en la oposición. El sistema político español es un sistema político formalmente representativo, en el que los gobernantes son elegidos periódicamente en elecciones competitivas, pero materialmente ha dejado de serlo, en la medida en que los ciudadanos no se sienten reconocidos en las políticas que se ponen en práctica. Se está viendo venir desde hace tiempo, pero es en esta consulta del 25-M en la que la contradicción entre el carácter formal y materialmente representativo de nuestro sistema político puede tal vez resultar inocultable”.

Lo cierto es que, en contra de lo que puedan argumentar PP Y PSOE ante una eventual debacle electoral el próximo 25 de mayo, intentando salvar los muebles de su creciente rechazo social, si bien todas las elecciones del sistema político están perfectamente compartimentadas desde el punto de vista jurídico-legal, políticamente se integran en un sistema común de vasos comunicantes. De forma que, dígase lo que se diga, los resultados de cada convocatoria electoral afectan directamente tanto a la organización interna de los partidos y a su proyección pública como a la sucesiva cadena de comicios, sean éstos del ámbito que fueren.

Y baste recordar al respecto cómo a menudo unas elecciones del ámbito que fuere se proyectan de forma plebiscitaria sobre otro distinto, o cómo el voto en un ámbito de elección arrastra el de otro cuando se hacen coincidir ambas votaciones. Hoy, la realidad política también es global, como lo es la comunicación humana, y los electores visualizan perfectamente la acción de los partidos y de los gobiernos a través de todo tipo de medios de información, mediatizados y no mediatizados. Rajoy y Rubalcaba lo saben, aunque no lo reconozcan públicamente, y por ello afrontan el 25-M sin que les llegue la camisa al cuello. 

Un momento, pues, definitivo (su ‘hora de la verdad’), en el que PP y PSOE podrían sufrir las consecuencias de aquel proverbio árabe que advierte: “No desprecies a un rival por pequeño que sea; el mosquito puede dañar los ojos del león”.

Quedemos, pues, atentos, a los resultados de las elecciones del 25 de mayo y al previsible fracaso que pueden suponer para Rajoy y/o Rubalcaba; y sobre todo pendientes de ver cómo, en su caso, se asumen o dejan de asumirse ética y políticamente los fracasos correspondientes. 

Fernando J. Muniesa