En un artículo de opinión titulado “La corrupción revisitada”, publicado el pasado 6 de marzo en “El País”, Enrique Gil Calvo, catedrático de Sociología de la Universidad Complutense de Madrid, describía la corrupción no como un fenómeno puntual de nuestra historia más reciente, sino como un factor sintomático arraigado en el actual Estado constitucional. Y afirmaba que para las generaciones maduras que han vivido la Transición, el síndrome de la corrupción ya resulta fastidioso “por reiterado, redundante y archisabido”, hasta el punto de padecer la familiar sensación del déjà vu, del retorno de lo ya vivido en tiempos pasados.

Dice Gil Calvo, que la corrupción política desatada en España hace veinte años, causa del mandato terminal del presidente González y de la primera gran crisis del PSOE, fue anatemizada por todas las fuerzas opositoras con tres palabras definitivas: paro, despilfarro y corrupción. Una especie de jaculatoria malévola que hoy se podría parafrasear aplicándola perfectamente al primer año del mandato presidencial de Rajoy, marcado de forma parecida por el paro, el empobrecimiento y la corrupción.

Los elementos coincidentes entre las dos “recrecidas” de la corrupción (la vivida durante el “felipismo” y la actual del “marianismo”), son evidentes: mayorías parlamentarias absolutas, extremada concentración del poder, financiación ilegal de los partidos políticos, proliferación de “conseguidores”, opacidad contable, guerra de trincheras periodísticas… Pero, sobre todo, ambas manifestaciones del fenómeno han conllevado la misma falta de respuesta por parte del poder político, con una triple y reiterada cerrazón para reconocer las evidencias publicadas, ofrecer explicaciones y asumir responsabilidades; y con tácticas defensivas también parecidas, basadas en el victimismo y, a veces, en la desvergonzada denuncia de una conspiración contra el Gobierno absolutamente imaginaria, llegando incluso a calificar de “golpe de Estado” las legítimas protestas ciudadanas contra la corrupción y la política antisocial de Rajoy.

Pero, a pesar de la similitud de los factores que subyacen en las dos crestas más escandalosas de la corrupción, la actual es mucho más preocupante en la medida que se trata de una “repetición” del fenómeno (lo sucedido en la última legislatura presidida por Felipe González fue algo “sobrevenido” en el nuevo régimen). Y también es más perniciosa, porque el descrédito que conlleva condiciona muy seriamente la superación de la crisis económica, acompañada con una situación agónica de las instituciones públicas.

La primera embestida de la corrupción (la generada con el PSOE), podía tener remedio porque entonces existía un partido de recambio razonable en la oposición (el PP). Pero hoy, y a fuerza de mostrarse intensivamente, la corrupción se ha convertido en una adicción insuperable y en una lacra de muy difícil erradicación, sin que exista una alternativa política capaz de asumir tal responsabilidad con un mínimo de credibilidad…

LA CORRUPCIÓN ABRASA AL GOBIERNO DE RAJOY

Mariano Rajoy está afrontando su segundo año de mandato presidencial bajo el estigma de una corrupción pública que, debido a su impunidad efectiva, ha venido progresado de forma geométrica (por supuesto desde hace bastantes años) hasta instituirse como un derecho adquirido o una “licencia de corrupción”, cuya consecuencia es la fatal tolerancia ciudadanía. Estamos, pues, ante “la banalización de la corrupción” -sostiene el profesor Gil Calvo-, dicho como lo diría la filósofa alemana de origen judío Hannah Arendt, especialista en “teórica de la política”, partidaria de la democracia “directa” frente a la “representativa” y pensadora tan respetada como influyente en el siglo XX.

Claro está que esta banalización de la corrupción, hoy palpable en España, tiene su origen en el mal gobierno y no en la naturaleza de los gobernados. Dante Alighieri, “il Sommo Poeta” de Italia (el Poeta Supremo), ya lo advirtió en el tránsito del Medioevo al Renacimiento: “Tú ves que el mundo es mezquino porque está mal gobernado, no porque nuestra naturaleza esté corrompida”.

Y esa es una percepción muy asentada en nuestra actual y más denigrante realidad que se podría remarcar con otra afirmación de Ortega y Gasset no menos acertada: “El encanallamiento no es otra cosa que la aceptación como estado habitual y constituido de una irregularidad, de algo que mientras se acepta sigue pareciendo indebido”. Pues en eso estamos, encanallados en la corrupción.

La situación es tan cierta que, dentro de un marco general extremadamente tenso y explosivo, la corrupción y el fraude se han convertido de forma progresiva en la segunda gran preocupación ciudadana, superada sólo por el paro. Es más, para el 40 por 100 de la población encuestada por el CIS (Centro de Investigaciones Sociológicas) en su Barómetro del pasado mes de febrero (Estudio nº 2.978), esta lacra es “el principal problema que existe en España”. Una inquietud que se sitúa incluso por delante de las de índole económica, que ya es decir; y desde luego muy por delante de otras graves preocupaciones sociales relacionadas con el desgaste y la mala imagen de la clase política, con la asistencia sanitaria, el sistema educativo, la banca o la política de recortes…, que antes prevalecían sobre el fenómeno de la corrupción.

En línea con las preocupaciones ciudadanas más ciertas, el CIS aprecia también un aumento desbordante de quienes definen la situación política como “mala” o “muy mala” (un 85,7 por 100 de los encuestados, frente al 77,4 por 100 medido en enero). Con el añadido de que quienes la ven “buena” o “muy buena” ha bajado al 1,4 por 100, un porcentaje residual que prácticamente es la mitad del valor medido hace un mes, que ya era sólo del 2,6 por 100.

También crece el porcentaje de encuestados que perciben la situación económica como “mala” o “muy mala”, ya que ahora suman un 92,3 por 100, frente al 90,8 registrado en el mes de enero. Una percepción pesimista situada casi al límite de lo absoluto que se acompaña con el crecimiento progresivo de quienes ven el futuro económico igualmente sombrío, puesto que el 41,2 por 100 de los encuestados estiman que dentro de un año estaremos en peor situación económica (un 40,2 por 100 en enero), al tiempo que decrece el número de quienes opinan que mejorará, que rebaja el 19,2 por 100 del mes de enero al 14,5 registrado en el Barómetro de febrero.

LA NEFASTA PROYECCIÓN EXTERIOR DEL “CASO BÁRCENAS”

Nada más conocerse las revelaciones periodísticas que apuntaban al cobro por parte de la cúpula del PP de sobresueldos en negro durante al menos 20 años, el prestigioso “Financial Times” (03/02/2013) publicaba un durísimo editorial sobre el presidente Rajoy y la gestión del “caso Bárcenas”, titulado “Rajoy in crisis”, reclamando que se abriera al respecto “una investigación exhaustiva, transparente e independiente”.

El influyente rotativo de la City londinense señalaba con acierto que Rajoy “se enfrenta a la batalla de su vida”, considerando que “esta bomba [el ‘caso Bárcenas’] no podía haber detonado en peor momento”. Y añadía: “El gobierno tiene que llegar al fondo de todo este asunto, por ahora no probado, si quiere sobrevivir”.

Además, el diario británico calificaba de “insuficientes” la auditoria interna “superficial” que ya había presentado el PP y las propias explicaciones de Rajoy asegurando que todo lo publicado era “falso”. El editorial recordaba también que el extesorero del PP, Luis Bárcenas, ya estaba implicado en otro escándalo de financiación ilegal, el “caso Gürtel”.

El “Financial Times” cuestionaba la decisión del presidente del Gobierno español de publicitar su declaración de la renta y de patrimonio porque, en buena lógica, “no podrán probar los pagos secretos en efectivo”. Y concluía su llamativa editorial de forma ciertamente contundente: “España sigue luchando contra la crisis económica más desgarradora de la era democrática, en un momento en que casi todas sus instituciones, desde la monarquía hasta el poder judicial, muestran signos de putrefacción. Debe haber una investigación exhaustiva, transparente e independiente de las supuestas cuentas de Bárcenas. Ni el gobierno ni el país puede permitirse ninguna cosa inferior”.

Inmediatamente, el no menos prestigioso semanario internacional “The Economist”, publicaba otro editorial, titulado “Spain’s government: Another blow” (Otro golpe), centrado también en la ola de corrupción que sacudía España.

En él, se explicaban las diferentes acepciones de la palabra “chorizo” para aclarar a los lectores desconocedores del argot español que también designa a un “estafador o tramposo”, destacando que en las protestas en contra del gobierno de Rajoy muchos manifestantes blandían en sus manos barras de pan al tiempo que gritaban “There isn’t enough bread for so many chorizos!” (“¡No hay pan para tanto chorizo!”), frase que ha hecho fortuna entre los “indignados” españoles.

Este grito de protesta servía a “The Economist” para explicar el estado de shock de la sociedad española en relación al problema de la corrupción política. A continuación, recordaba las palabras de Rajoy negando de forma contundente haber “recibido o entregado dinero negro”, pero comentando también las declaraciones del exdiputado del PP Jorge Trias Sagnier en las que confirmaba la existencia de dichos pagos.

Después de explicar los pormenores del “caso Bárcenas”, el semanario se preguntaba si su escandalosa dimensión lograría “derribar al Gobierno de Rajoy”, señalando que la “lentitud” de la justicia española jugaría a favor del actual líder del PP. Para “The Economist”, ya no se trata de que pueda caer uno u otro partido en el Gobierno: el problema es que “los españoles han perdido el respeto a sus políticos”.

En ese sentido, el editorial recordaba los casos de corrupción que implican a CiU, al PSOE, al PSC o, incluso, a la Casa Real, con el “caso Urdangarin”. El semanario sostenía que “los indignados tienen más razones que nunca para estarlo” y pedía también “una investigación pública independiente” para restaurar la credibilidad del Gobierno, considerando que las explicaciones de Rajoy no eran “suficientes”.

“The Economist” remarcaba que “los españoles tienen el derecho a saber si las empresas de la construcción que inflaron la burbuja inmobiliaria financiaron al PP y, si es así, qué hubo a cambio”. Y concluía su editorial con esta recomendación: “El problema al que se enfrenta España es que la gente que puede acabar con este caos es la gente que lo creó. Junto a una investigación, Rajoy debería comenzar conversaciones con las demás formaciones para reformar el sistema de partidos. De otro modo, él y sus adversarios tradicionales pueden ahogarse en una ola de populismo”.

En ese marco proyectivo de la corrupción política en el exterior, el “caso Bárcenas” (que como siempre hemos sostenido en realidad es el “caso Gürtel-Bárcenas”) llegó de forma inmediata a las redacciones de los medios informativos de todo el mundo, difundiendo miles y miles de noticias de elaboración propia o “rebotadas” que transmitían una deplorable imagen de España, ciertamente tercermundista.

Así, la canallesca corrupción de España ha venido siendo noticia principal en los periódicos más conocidos de todos los continentes, como “The Wall Street Journal” y “Los Ángeles Times”; “Le Monde”, “Der Spiegel”, “The Guardian”, “Le Parisien” y “Público”; “Clarín”, “La Nación”, “El Tiempo”, “Excelsior”, “El Mercurio”, “Folha de Sao Paulo”… Y en multitud de cadenas televisivas (desde la CNN a la BBC, pasando por Euronews), o en las agencias de noticias (desde Reuters a TMNews), etcétera.

Por poner otro ejemplo de esta arrasadora contundencia informativa, baste recordar como el “Frankfurter Allgemeine Zeitung” (FAZ) denunciaba “el poco respeto por el servicio público” que tienen los políticos españoles, poniendo de ejemplo en contrario las recientes renuncias de la ministra de Educación de Alemania, Annette Schavan, por plagiar su tesis doctoral, y la de Benedicto XVI, al considerar que ya no tenía la fuerza necesaria para ejercer su mandato al frente de la Iglesia. El FAZ aprovechaba los últimos escándalos de corrupción que tan notoriamente afectan a la vida política española para lamentar la “falta de cultura de renuncia” que hay en nuestro país.

El prestigioso rotativo alemán señalaba que las dimisiones de Schavan y del Papa eran ejemplo de personalidades que han sabido poner “la estima por el servicio público" por encima del interés personal. Y, en contraposición, relataba lo que ocurre en España, donde los políticos se aferran al cargo y las dimisiones se ven “como un signo de debilidad”, recordando una frase muy utilizada en nuestro país: “Aquí no dimite ni Dios”.

El FAZ citaba de forma expresa el caso de la ministra de Sanidad, Ana Mato, salpicada por el escándalo de corrupción que, en relación con la “trama Gürtel”, afecta a su ya exmarido Jesús Sepúlveda. Y con cierta retranca irónica señalaba: “No piensa en dimitir. Dice que su exmarido llevaba la contabilidad”; considerando que esto sería, sin más, “causa de dimisión en un país democrático”.

A continuación, se señalaba que Ana Mato es “solo un pequeño elemento de un asunto de corrupción que amenaza con convertirse en el peor escándalo de la España democrática”, hablando de la evasión fiscal y de la financiación ilegal de partidos y afirmando que en España, durante años, “las relaciones de corrupción han sido práctica habitual”.

Con todo, el diario alemán denunciaba que el presidente del Gobierno había creado “una barrera” y que se envolvía en el “silencio oficial por el que Rajoy es célebre”. Y añadía al mismo tiempo que entre los españoles estaba creciendo la desconfianza hacia sus gobernantes y hacia la oposición, subrayando: “Nada es capaz de aclarar este escenario desolador”.

El artículo del FAZ citaba también las palabras del embajador de Estados Unidos en España, Alan Solomont, instando a que el “caso Bárcenas” se aclarara “agresivamente y rápidamente”. Dos conceptos que, según se decía en la información, “suenan raro” en España, donde prima el “después, despacio, sin agresividad”.

Pero el “Frankfurter Allgemeine Zeitung”, además de aludir a los políticos españoles, también hablaba de la Familia Real. El artículo recordaba la abdicación de la reina Beatriz de Holanda a favor de su hijo Guillermo, de 45 años (edad del príncipe Felipe), y se preguntaba si el rey Juan Carlos, “sacudido por los escándalos”, no debería “retroceder un poco” en favor de su hijo, “que ya no es un adolescente”.

LA CORRUPCIÓN EN ESPAÑA ALARMA A LA UNIÓN EUROPEA

Dando informativamente la vuelta al mundo, el caso de la corrupción en España también recaló en la Unión Europea, donde ha motivado un informe político interno de la Comisión en el que se advierte sobre las consecuencias negativas que puede tener el descrédito de los políticos, vinculándolo a la creciente ola de escándalos destapados en España, con especial referencia al “caso Bárcenas”.

El documento en cuestión, advierte: “Ese es solo el último de una serie de casos de corrupción de perfil alto, incluyendo uno contra el yerno del rey Juan Carlos. Como consecuencia, los españoles han perdido la confianza en su clase política”. Y aunque Bruselas considera “muy prematuro” aventurar si existen potenciales amenazas para la estabilidad del Gobierno, se señala que “la creciente frustración podría llevar a muchos españoles a una completa desconexión de la política”, subrayando como efecto colateral el retroceso en las encuestas de los dos grandes partidos, PP y PSOE.

Sobre todo, y al margen de las consecuencias políticas, el informe interno de la Comisión sostiene que “los inversores internacionales están siguiendo estrechamente la situación”, como también han venido constatando algunos Servicios de Inteligencia occidentales, incluido el CNI. “Junto con la reforma aún por concluir del sistema bancario y las incógnitas sobre la estructura institucional (reforma de la Administración local, reforma del Banco de España, creación de una autoridad fiscal independiente, división de poder con las comunidades e independencia de Cataluña) la corrupción es otro lastre para la confianza de los inversores en España”, señala de forma expresa el documento.

De hecho, y según han publicado algunos medios informativos españoles, el Gobierno admite que, sin haberse llegado a concretar de forma palpable, sí que existe en Europa una cierta inquietud por la estabilidad de España (que se refleja en la prima de riesgo) y de Italia (en este caso debido a su último proceso electoral).

No obstante, Bruselas ha mantenido hasta ahora un respetuoso silencio institucional, casi inexpugnable, sobre el estallido del “caso Bárcenas”. Así, se puede citar el ejemplo de una portavoz del presidente Durão Barroso, que en una rueda de prensa multitudinaria rehusó pronunciarse sobre el caso hasta en siete ocasiones distintas. Ante las insistentes preguntas de varios medios sobre si había preocupación en Bruselas o sobre la tensión social que pueden generar escándalos de ese tipo, la portavoz europea aseguró que la Comisión no ha mantenido contactos con España sobre esta cuestión, limitándose a responder, una y otra vez, que se trataba de “un asunto interno”, aunque otra alta fuente europea admitiera al respecto que “todo lo que eleve la inestabilidad es malo”.

Por su parte, el vicepresidente de la Comisión Europea y responsable de Asuntos Económicos, Olli Rehn, al ser preguntado también en Bruselas sobre el impacto de la corrupción en España (11/02/2013), manifestó con gran prudencia que el gobierno de Rajoy debía hacer “todo lo posible” para “aumentar la estabilidad” y seguir con los ajustes y las reformas. Dentro de esa línea, en Berlín, que es un centro emblemático del poder europeo, se reitera fielmente la letanía de Bruselas y se sostiene que el “caso Bárcenas” es un “asunto interno”.

Cierto es que Bruselas guarda silencio en público sobre los riesgos que entraña la situación. Pero, más allá de su escueto informe interno (uno más de los que se emiten “asépticamente” sobre la situación política de cada país) y de la prudencia con la que se pronuncian sus portavoces oficiales, es indiscutible que la corrupción política en España está generando una gran preocupación en las autoridades europeas.

Una alta fuente del Eurogrupo reconocía ante los periodistas destacados en Bruselas, de forma por supuesto un tanto discrecional, que “los riesgos políticos y sociales” (sin mayor concreción) podían considerarse el elemento más preocupante para la estabilidad del euro.

En París, esta preocupación se reflejaba de forma más abierta, apuntando incluso a cómo este tipo de fenómenos podían afectar a las negociaciones, entonces en marcha, sobre el presupuesto comunitario. Una fuente afecta al procedimiento afirmaba: “La negociación es más complicada por la situación interna en algún país, con todo lo relacionado con las elecciones en Italia y con el debilitamiento de la imagen de Rajoy en España”.

La realidad intrínseca del caso es que en los medios oficiales de Bruselas, y desde luego también en los más informales, el fenómeno español de la corrupción inquieta profundamente y genera una gran expectativa sobre su desenlace. En encuentros off the record con la prensa, fuentes europeas solventes admiten los riesgos que entraña la situación política española y cuestionan tanto la timorata defensa de Rajoy (afirmó que “todo es falso, salvo algunas cosas”) como la ausencia de dimisiones, indicando que “en cualquier país del Norte la situación sería diferente”. Y, además, lanzan esta significada denuncia: “Hace tiempo que los socios europeos ponen el énfasis en las obras faraónicas, en los kilómetros del tren de alta velocidad, en la inflación de aeropuertos: con ese tipo de escándalos es difícil ver cómo Madrid puede reclamar nuevos fondos regionales”.

EL EFECTO “RACIMO” DE LA CORRUPCIÓN POLÍTICA

El descrédito que conlleva esta situación de corrupción política insostenible, desmenuzado en su momento por el corresponsal de “El País” en Bruselas, Claudi Pérez, en una documentada crónica titulada “La Unión Europea alerta sobre los riesgos de la corrupción en España” (08/02/2013), se traduce en una serie de amenazas sobre el desdibujado proceso de salida de la crisis que se muestran de muchas formas y con el mismo efecto multiplicador de las “bombas  de racimo”. El análisis del periodista de “El País” concluía con tres párrafos bien ilustrativos al respecto:

Las fuentes consultadas advierten de dos consecuencias inmediatas de la corrupción: por un lado, la desconfianza de los socios hará que la tutela sobre España, que ha solicitado un rescate financiero de unos 40.000 millones, sea aún más exigente en adelante. Por otro, fuentes diplomáticas ponen en duda que el equipo de Rajoy pueda mantener el ritmo de las reformas: la corrupción pasará factura en forma de una mayor debilidad del Gobierno; el déficit de legitimidad puede dificultar el anuncio de los recortes pactados con Bruselas para 2014. El propio documento [el informe interno de la Comisión] advierte de que la corrupción quita fuerza a los primeros indicios de mejora --caída de la prima de riesgo, regreso de la inversión extranjera, alza de exportaciones y un cierto alivio en la situación fiscal--, que no se refleja aún en la economía real: “Los españoles siguen teniendo solo vagas e insatisfactorias promesas acerca de que las cosas van a mejorar en el último trimestre del año”.

Fuera de las fuentes oficiales, los analistas coinciden con el examen interno de Bruselas sobre los riesgos asociados a la escalada de corrupción. Daniel Gros, director del Centro Europeo de investigación Política, explica que el caso Bárcenas “llega en un momento muy malo”. “Si el proceso judicial confirma los indicios, cabe esperar dimisiones al más alto nivel por el bien del país. La cuantía de los ‘regalos’ no importa tanto como la mala impresión que causa todo lo relacionado con los sobres, y la sensación de que esto es solo la punta del iceberg”. En Berlín, Ansgar Belke, del influyente ‘think tank’ DIW, asegura que el caso “contribuye a aumentar la desconfianza creciente del Norte respecto a los Gobiernos y Parlamentos del Sur”, en lo que supone una especie de peligrosa confirmación de los peores prejuicios para con España. “Hemos visto lo mismo en Grecia, y en tiempos pasados lo vimos en Alemania. Pero en plena crisis, alimentar las percepciones negativas [respecto a la periferia de la eurozona] es un problema grave de cara a encontrar soluciones europeas. Además de las dimensiones internacionales, a nivel interno al Gobierno le va a costar mantener la velocidad de los ajustes, pese a que tanto Bruselas como Berlín son conscientes del gran esfuerzo que ha hecho España al respecto. De ahí que Merkel haya dado todo su apoyo a Rajoy”.

Javier Noya, investigador del Instituto Elcano y director del Observatorio de la marca España, considera que el caso Bárcenas es “devastador” para la imagen de España. “Llueve sobre mojado, y el hecho de que nadie espere una dimisión no hace más que alimentar ese tópico de los virtuosos del Norte y los pecadores del Sur. Tras el desastre que supuso el pinchazo de la burbuja, el deterioro de la marca España se había detenido últimamente: ahora vuelve hasta el punto de que hay quien traza paralelismos con la Italia de Berlusconi, algo inédito”. Noya habla de “crisis de legitimación” con los casos que afectan a la jefatura del Estado y a la presidencia del Gobierno: “Con estos escándalos se une a la prima de riesgo económica, por las dudas sobre la recuperación de la economía y la deuda, una prima de riesgo política que hasta ahora solo teníamos por el descontrol de las cuentas autonómicas y las tensiones nacionalistas”. Wolfgang Münchau, director de Eurointelligence, resume el embrollo con brillantez: “He visto muchos escándalos políticos. Este no es el peor, ni de lejos, pero probablemente es uno de los más peligrosos por las fechas y las circunstancias. No hay que subestimar la dimensión europea y financiera en todo esto. La historia aún no es lo suficientemente grande, pero lo será si salen más acusaciones a la superficie. Si Mariano Rajoy no puede aclarar el caso con rapidez, todo esto va a ser terriblemente duro”.

LA PERCEPCIÓN INTERIOR DE LA CORRUPCIÓN

Al inicio de esta Newsletter, y citando a Enrique Gil Calvo, advertíamos que, para las generaciones maduras, el síndrome de la corrupción ya resultaba fastidioso “por reiterado, redundante y archisabido”, habiéndose convertido en un auténtico déjà vu, una sensación de permanente retorno a lo vivido en tiempos pasados. Pero las nuevas generaciones también caminan por la misma senda perceptiva.

Los resultados de la 32 oleada del Barómetro del Real Instituto Elcano (BRIE), cuyo trabajo de campo se inició el pasado 31 de enero, es decir sin que todavía el “caso Bárcenas” hubiera “cuajado” mediáticamente, es bien significativo al respecto. Sobre todo porque nadie se atrevería a calificar al ente patrocinador como “anti-gubernamental”.

A la hora de valorar el nivel de corrupción existente en nuestro país, los encuestados en el BRIE creen que España es el país más corrupto de todos los incluidos en la lista referencial de siete, con una nota de 8,3 sobre un máximo de 10 y quedando por encima de Italia, Grecia, Marruecos, China, Francia y Alemania. Este dato revela cierta “distorsión de la realidad”, dado que los estudios internacionales señalan que España no es un país tan corrupto como Marruecos o China; corrección subjetiva que, como tal, evidencia el elevado grado de malestar social que produce el fenómeno de la corrupción.

Además, algo más de la mitad de los españoles (el 51,7 por 100) ven la corrupción política como el problema más grave para la imagen de España en el exterior. Un valor muy destacado frente al que en ese mismo sentido  el 19,1 por 100 de los encuestados asigna al paro y la pobreza; el 5,9 por 100  a los problemas del sistema financiero y el 4,1 por 100 a las huelgas y protestas ciudadanas.

Por otro lado, la edición del BRIE que comentamos señala también que el 47,9 por 100 de los españoles menores de 45 años (casi la mitad) se ha planteado seriamente la posibilidad de la emigración para mejorar sus condiciones de vida, alto porcentaje que incluso se eleva al 67 por 100 en el caso de los menores de 30 años. Pero, además de joven, la nueva emigración española también sería muy cualificada, dado que la disposición a salir al extranjero aumenta de forma significada a mayores niveles de formación (mientras que el porcentaje de los jóvenes con estudios primarios dispuestos a emigrar es del 35 por 100, entre los universitarios se incrementa hasta el 65 por 100).

LAMPONES Y SINVERGÜENZAS PARA DAR Y TOMAR

Hace tiempo, pero con el tema de la corrupción política ya en apogeo, Víctor  Lapuente Giné, profesor de Ciencia Política en el “Quality of Government Institute” de la Universidad de Gotemburgo (Suecia), explicaba en un artículo publicado en “El País” (27/03/2009), titulado “¿Por qué hay tanta corrupción en España?”, que la principal causa del fenómeno es el alto número de cargos de designación política existente en las instituciones nacionales, autonómicas y locales. Es decir, que, básicamente, la corrupción nace de las redes clientelares lampantes que lamentablemente viven, no de su propio esfuerzo, sino de que su partido gane las elecciones que vengan al caso.

De aquel acertado análisis, rescatamos un párrafo revelador, esencialmente coincidente con nuestra anterior afirmación de que la corrupción tiene su origen en el mal gobierno, más que en la naturaleza de los gobernados:

Como la literatura moderna sobre corrupción señala, las causas de la corrupción no hay que buscarlas en una "mala cultura" o en una regulación insuficiente, sino en la politización de las instituciones públicas. Las administraciones más proclives a la corrupción son aquéllas con un mayor número de empleados públicos que deben su cargo a un nombramiento político. Y aquí, el contraste entre España y los países europeos con niveles bajos de corrupción es significativo. En una ciudad europea de 100.000 a 500.000 habitantes puede haber, incluyendo al alcalde, dos o tres personas cuyo sueldo depende de que el partido X gane las elecciones. En España, el partido que controla un gobierno local puede nombrar multitud de altos cargos y asesores, y, a la vez, tejer una red de agencias y fundaciones con plena discreción en política de personal. En total, en una ciudad media española puede haber cientos de personas cuyos salarios dependen de que el partido X gane las elecciones.

Una percepción que en el transcurso de los últimos años se ha arraigado en la sociedad con enorme fuerza, incluso en sectores que pueden considerarse de militancia política. Sin ir más lejos, ahí está el artículo de Jesús López-Medel publicado esta misma semana en “El Mundo” (04/03/2013) con el título “Políticos honestos pero silentes”.

En él, este abogado del Estado, que fue diputado del PP en tres legislaturas (VI, VII y VIII) y colaborador cercano de Rajoy cuando este se encontraba al frente del Ministerio de Administraciones Públicas en el primer gobierno de Aznar (1996-1999), lamenta el deterioro que desde la Transición viene afectando a toda la clase política, pidiendo que quienes no están salpicados por la corrupción denuncien la situación. Y lanza este grito:

Ante tanto sinvergüenza, el pueblo, muy escandalizado y con muchos sacrificios, reclama urgentemente una regeneración. Más que hartazgo, siente ira. No pueden seguir los mismos dirigentes, mirando para otro lado o dando un titular o unas medidas que absolutamente nadie cree. Como un escándalo tapa al surgido dos días antes, la clave es aguantar.

¿CAMINAMOS HACIA UNA CATARSIS REGENERACIONISTA?

Y, por poner otro ejemplo de por dónde están yendo las cosas, el mismo día en que López-Medel publicaba su “lamento de parte”, el pasado lunes 4 de marzo, el conocido periodista y experimentado analista de la realidad política española Pablo Sebastián fue algo más allá en el digital que lidera personalmente, “República.Com”, colgando un artículo cuyo título lo decía todo: “El relevo de las tres ‘R’: Rey, Rajoy y Rubalcaba”. Tras describir el problemático panorama político y social del momento, incluida la crisis institucional, y señalar sus aspectos más conflictivos, apuntaba esta salida regeneracionista:

(…) En estas circunstancias la disyuntiva que se nos presenta es la siguiente: que siga todo como está, a riesgo de: que estallen otros y mayores escándalos en torno a la Corona o la figura del Rey, lo que nadie puede descartar; o que Bárcenas deje a los pies de los caballos a Rajoy ante los tribunales y la opinión pública; o que se produzca por la fuerza la ruptura del PSOE ante los ojos atónitos de Rubalcaba. O, por el contrario, que se retiren los tres por las buenas y den paso a renovados líderes que no tengan sobre sus espaldas pasados reprobables y que cuenten con prestigio y con la autoridad política y moral necesaria para pactar, reformar y sacar España de su actual postración.

Naturalmente, la decisión de estos relevos compete a cada uno de ellos y a sus entornos familiares, en el caso del Rey, y respectivos partidos, en el caso de Rajoy y Rubalcaba. Pero se está fraguando un sentimiento general de que ninguno de los tres está a la altura de las circunstancias. Y ese sentimiento no solo afecta a una gran mayoría de ciudadanos sino también a los electores de este país y de cada uno de los dos grandes partidos mencionados, tal y como lo revelan las encuestas actualmente.

Además, ninguna de las tres “R”, la del Rey, Rajoy y Rubalcaba, están hoy en condiciones de reconducir sus propias situaciones de crisis y conflicto en un tiempo récord, y corren el serio riesgo de aumentar los problemas para que incluso se pueda dar el caso de que los relevos hoy controlables sean, en un futuro no muy lejano, incontrolados y adornados de una grave desestabilización política general, lo que nos llevaría al escenario del temido gran rescate de España por parte de la UE, si es que la UE, en ese caso, soportara una crisis de semejante tamaño en España e Italia…

Como es natural, a muchos españoles estos relevos les pueden parecer cosa excesiva, y en particular a los afectados. Pero lo cierto es que ellos son, por su indiscutible autoridad y responsabilidad, los auténticos culpables de que la corrupción y la degradación política (y también la crisis) hayan llegado a donde han llegado, como sosteníamos en la Newsletter 43 (“La Corona, el Gobierno y la Oposición, corresponsables del actual desastre nacional”).

Viendo lo que estamos viviendo, un análisis prospectivo razonable tampoco debería desechar el supuesto de la catarsis regeneracionista, al corte del tan traído y llevado “caiga quien caiga”. Así es como se está poniendo el patio.

Nuestra anterior Newsletter (La artificiosa pantomima del debate sobre el “estado de la Nación”) concluía con una de las pocas apostillas impecables que Alfredo Pérez Rubalcaba incluyó en el debate parlamentario del pasado 20 de febrero sobre el “estado de la Nación”, que en nuestra opinión fue más bien un devaneo retórico sobre el “estado de la Nada”. El detalle de marras consistió en una pregunta dirigida a Rajoy de la que éste hizo oídos sordos: “¿Qué tiene que pasar para que rectifique su política económica…?”.

El presidente del Gobierno no se dignó contestar, pero la acertada pregunta del líder de la oposición no deja de realimentarse cruelmente, día a día y por muchas y significadas vías. A las pocas horas de que el presidente del Gobierno se pavoneara en el Congreso de los Diputados con afirmaciones tan cínicas y mendaces como “el barco no se ha hundido” o “España ya tiene la cabeza fuera del agua”, las previsiones de la Comisión Europea sobre la economía española (publicitadas el pasado 22 de febrero) apagaron la llamita de optimismo económico que había intentado trasmitir al país desde la tribuna parlamentaria.

Mariano Rajoy advirtió también desde ese devaluado púlpito del poder que “hay vida después de la crisis”. Pero sin concretar en modo alguno cuando tiene previsto que ésta acabe, o siquiera cuando dejará de progresar, y en su caso debido a qué actuaciones gubernamentales concretas, simplemente porque carece de criterio fundado al respecto o porque, como se desprende de la ausencia de una política económica adecuada al caso, sólo mantiene esperanzas pasivas de que el problema se resuelva con la reactivación de la economía internacional y el incremento de las exportaciones. Aunque según las previsiones de Bruselas siempre será mucho más tarde de lo que él viene medio aventurando, con continuos errores de cálculo y de tiempos.

LA ECONOMÍA A PEOR, MIENTRAS RAJOY QUEMA SU MANDATO

La Comisión Europea estima que la economía española caerá este año un 1,4 por 100, mientras que la tasa de desempleo continuará subiendo hasta el 26,9 por 100, lo que significa que en los próximos meses España llegará a los 6,5 millones de parados. Con ello, se contradicen obviamente las más alegres expectativas difundidas por el presidente del Gobierno.

Quizás, no forzar la intervención definitiva (cosa políticamente mala para Rajoy pero no tanto para España), sea la razón por la que en Bruselas parecen dispuestos a dar más tiempo para que prosigan los esfuerzos españoles de reducción del déficit público, que al cierre de 2012 se situó en el 7 por 100 del PIB, o incluso en el 10,2 por 100, mucho más escandaloso, si en esta estimación se consideran de forma ortodoxa las ayudas prestadas a la banca, que elevarían en 3,2 puntos el desfase presupuestario (cantidad no cerrada pero situada como mínimo en unos 32.000 millones de euros).

En relación con la crisis española, Olli Rehn, vicepresidente de la Comisión y titular de Economía, afirmó de forma cautelosa: “Si los datos reales para 2012 nos dan garantías de que el esfuerzo estructural acordado se está aplicando, la estrategia presupuestaria podría adaptarse para reflejar que este proceso de consolidación llevará tiempo y esfuerzo”. Pero no quiso comprometer ningún plazo extra para que España cumpla el objetivo de déficit, aunque parezca claro que Bruselas aceptará en efecto una prórroga de dos años para que nuestras finanzas públicas se puedan resituar dentro de los límites del Pacto de Estabilidad.

De esta forma, la rebaja del déficit público al 3 por 100 del PIB sólo se alcanzaría en el mejor de los casos a finales de 2016, teniendo como punto de partida el 7 por 100 del cierre del 2012, dado que al medir su exceso no se tiene en cuenta el déficit adicional derivado de las ayudas a la banca, algo sin duda discutible en una buen praxis contable. Por tanto, ese objetivo político se alcanzaría concluida ya la actual legislatura y sin que Rajoy pueda esgrimirlo en las próximas elecciones generales como éxito de la gestión del Gobierno: dicho de otra forma, con su renuencia en la toma de decisiones, y sobre todo con sus decisiones equivocadas, parece inevitable que le vaya a coger el toro.

La mala evolución económica durante el año 2013, que desmonta el frívolo optimismo mostrado por el presidente del Gobierno en el pasado debate sobre el “estado de la Nación”, o si se prefiere sobre el “estado de la Nada”, se deberá, según afirma la Comisión Europea y como vienen advirtiendo desde hace tiempo muchos y respetables economistas independientes, a una caída prolongada del consumo y al lento proceso que sigue el ajuste del endeudamiento privado. Ahora, las proyecciones fijan el comienzo de la recuperación en el último trimestre de este año, cuando quizás se estanque el PIB y, a partir de ahí, se pueda iniciar un crecimiento de ritmo muy moderado, cosa que en todo caso está por verse.

No obstante, frente a las estimaciones de la Comisión Europea que cifran el déficit público español del 2012 en un 7 por 100 sobre el PIB (siempre y cuando no se incluyan en esta evaluación las ayudas prestadas a la banca, que como ya hemos advertido deberían elevarlo nada menos que al 10,2 por 100 del PIB), el Gobierno acaba de cerrar sus previsiones de ese ejercicio con un déficit del 6,7 por 100. Un dato que, de momento, se ha establecido en términos de “Saldo de Caja” y no de “Contabilidad Nacional”, que deberá comprobar la oficina estadística comunitaria (Eurostat) y que el Ejecutivo ha presentado ya como un esplendoroso éxito, a pesar de que en cualquier caso supere en 0,4 puntos la exigencia previa de estabilidad presupuestaria situada en el 6,3 por 100 del PIB.

Sirva de aviso sobre el tema que en su “Informe de Previsiones para la Economía Española 2012-2013” (fechado en Diciembre de 2011), la CEOE vaticinó que las medidas de ajuste que deberían adoptarse (sobre todo en los capítulos de gastos corrientes del Presupuesto) contribuirán a mejorar las cuentas del Estado, “con lo que se prevé que el déficit de las Administraciones Públicas se rebaje hasta el -4,6% del PIB, con una desviación de tan sólo unas décimas al alza sobre la estimación oficial del Programa de Estabilidad 2011-2014”.

Por tanto, la realidad del déficit público es que supera negativamente y con creces las expectativas y objetivos previos de unos y otros, sin que haya lugar por tanto a triunfalismo gubernamental alguno. Es más, a tenor de los hechos, sorprende que Rajoy olvide con tanta rapidez sus propias palabras, previsiones y promesas, y siga empeñado en presentar cada fracaso de su política económica (que en realidad brilla por su ausencia) como un éxito sin precedentes y digno de alabanza mundial, práctica gubernamental del PP que lamentablemente ya se percibe como sintomática y que terminará explotándole en las urnas.

Baste recordar al respecto que en el apartado 3.3 del mismo Programa de Estabilidad citado por la CEOE y suscrito por el Gobierno de Rajoy, podía leerse, nada más y nada menos, lo siguiente: “El escenario central de este Programa de Estabilidad prevé una progresiva recuperación de la economía española que comenzaría a crecer en media anual en 2011, fortaleciéndose en los años posteriores. Como ya ocurrió en 2010, inicialmente el impulso provendrá de la demanda exterior, sumándose más adelante la demanda interna”.

En el mismo documento, acto seguido se añadía que “en concreto, tras restar la demanda nacional 1,2 puntos porcentuales al crecimiento en 2010, para el año 2011 se espera que se estabilice y que, ya en 2012, presente una contribución positiva de 1,3 puntos”. Y, finalmente, la inconsecuencia analítica del Gobierno llegaba a vaticinar de forma contundente: “Por su parte, la demanda exterior neta aumentará ligeramente su contribución al crecimiento en el año 2011, alcanzando los 1,3 puntos porcentuales, y, conforme la demanda final vaya ganando fortaleza, se irá reduciendo paulatinamente hasta situarse en 0,6 puntos porcentuales en 2014”…

Lo inapelable de la actual política económica es que el aumento del paro en 2013 conllevará una mayor caída del consumo, una menor producción y venta de bienes y servicios y, en consecuencia, menos ingresos fiscales. De ahí a que se fuercen más recortes y se acelere la espiral de desestructuración económica “marianista”, queda un paso (ya veremos con que nuevo artificio dialéctico nos sorprende Rajoy en el próximo debate sobre el “estado de la Nación”).

Otro dato alarmante de las previsiones sobre la evolución de la economía, es el nuevo incremento de la deuda pública, que en 2014 superará el 100 por 100 del PIB, situando uno de los pocos indicadores de los que Estaña podía presumir en un peor nivel que la media europea. En los últimos cinco años, el endeudamiento del conjunto de las administraciones públicas habrá aumentado en unos 500.000 millones de euros.

Con todo, el equipo económico de la Comisión Europea indica que la salida de la crisis en España se podrá lograr gracias a una mayor aportación del sector exterior en la composición del PIB. Es decir, sólo si se consolida la tendencia hacia el superávit por cuenta corriente gracias al aumento real de las exportaciones (no al relativo); porque es obvio que tal diferencial se podría deber no a una mayor competitividad de las empresas españolas, sino a la reducción de las importaciones, limitadas por el decrecimiento del consumo y en un marco de claro “encogimiento” económico.

De hecho, el Banco de España acaba de asegurar en su último Boletín Económico (del mes de febrero) que la economía española no despega por falta de consumo e inversión y que, de momento, seguirá cayendo en el primer trimestre de 2013, señalando que la información disponible apunta a “una prolongación del tono contractivo de la actividad, en un contexto de marcada atonía de la demanda interna”. Lo que, obviamente, induce que el empleo seguirá cayendo al ritmo actual.

El mismo órgano supervisor afirma también que el crédito no ayuda todavía a romper esta tendencia, siendo evidente que, como consta en la última encuesta sobre préstamos bancarios (de 2013), las entidades financieras españolas han endurecido las condiciones para prestar dinero. Todo ello en un contexto muy destructivo, caracterizado por un continuo crecimiento del desempleo aparejado a una recesión económica (crecimiento negativo) que se prolonga de forma sostenida desde hace quince meses: una combinación sin duda letal para el sistema que está campando a sus anchas, al parecer sin generar mayor reacción en el Gobierno y sin conturbar para nada la exultante euforia del presidente Rajoy ni desterrar sus periódicas alusiones a falsos “brotes verdes” de crecimiento económico.

Otro dato a tener en cuenta, es que la relativa contención observada en los mercados financieros durante los últimos meses de 2012 (que además puede desaparecer en cualquier momento), tampoco ha servido para enderezar el pernicioso balance anual entre las entradas y salidas del capital extranjero en España. La realidad es que este significativo indicador tuvo signo negativo por segundo año consecutivo, pero doblando de forma sobrada la fuga de 73.393 millones de euros en capital extranjero de 2011, elevándola hasta los 180.000 millones en 2012.

Y claro está que también hay “popes” del neoliberalismo económico más brutal y dogmático, como Hans-Werner Sinn, presidente del IFO (Institut für Wirtschaftsforschung), el poderoso think-tank de Münich que incluso acusa de blandengue a la propia Angela Merkel, y que curiosamente no deja de ser una de las fuentes inspiradoras del “marianismo” económico, que hacen predicciones tan abrumadoras como que “España tendrá diez años más de crisis y una devaluación interna del 30 por 100”. Y que sin complejo alguno aconseja germanizar España y adoptar el modelo económico alemán en toda Europa, lanzando un reto que ridiculiza el optimismo gubernamental y que pone los pelos de punta: “Rajoy debe volver a bajar los salarios aunque no gane las elecciones” (entrevista de Claudi Pérez publicada en “El País”, 02/03/2012).

Parece, pues, que la Economía no es una ciencia exacta y que los vaticinios sobre la profundidad y extensión de la crisis, y más todavía sobre su propia evolución, pueden llegar a ser perfectamente inexactos. Añádase a esta máxima que los economistas del Estado no son precisamente los más experimentados en la “economía real” ni tampoco los más listos de la clase (en otros cuerpos superiores de la Administración Pública la situación puede ser otra), y entonces quizás se comprenda mejor la poca confianza que ofrece el Gobierno de Rajoy y la nefasta senda de regresión económica por la que está llevando al país: para corroborarlo solo hay que contemplar la diferencia abismal que existe entre la predicción súper optimista sobre el crecimiento lanzada por el Ejecutivo para el 2013, un -0,5 por 100, y la del alejado -1,5 por 100 consensuado por los analistas independientes.

Lo evidentemente cierto es que, en cualquier caso, la eventual disminución del déficit público se está cargando básicamente sobre los costes sociales del Estado y no reformando el gigantismo de las administraciones públicas. Si por su mala gestión a Mariano Rajoy le termina cogiendo el toro de la crisis, cosa tan indeseada por todos como más que probable, las cornadas mortales, asestadas en corto y por derecho, serán para los sectores más débiles de la sociedad española, al margen de los vapuleos que ya están recibiendo, sin que el presidente del Gobierno haya hecho otra cosa que tratar de lidiarlo a base de mantazos mentirosos y “palos de ciego” sin cuento.

RAJOY NIEGA LAS REFORMAS PROFUNDAS

Porque otra cosa que quedó clara en la última pantomima del debate sobre el “estado de la Nada”, es la falta de cualquier intención gubernamental seria para acometer reformas estructurales profundas en la organización y administración del Estado que coadyuven a su necesario adelgazamiento, a eliminar sus absurdos solapamientos y sus muchas duplicidades funcionales y, por tanto, a disminuir el exceso de los gastos corrientes que lastran la Contabilidad Nacional. Rajoy sólo tocó el tema “de pasada”, para afirmar que el Estado de las Autonomías mantendrá su voraz existencia al menos mientras él siga al desmán de la nave. Aunque todavía más significativo al respecto es que ninguna de las reformas legislativas en marcha ofrece prueba fehaciente en contra de esta dañina pasividad del Gobierno.

Más bien, en lo que Rajoy y el PP parecen estar empeñados, además de en liquidar el Estado del bienestar, es en reforzar las competencias del aparato administrativo, aumentando con ello el poder omnímodo del Ejecutivo. Sin mover un dedo en favor de las reformas institucionales más necesarias (incluida la del texto constitucional), manteniendo la dependencia partidista de todos los altos organismos del Estado y forzando incluso el control político de algunos más allá de los límites establecidos en el Tratado de la Unión.

Una muestra de este intento encubierto de reforzar el poder del Ejecutivo, se ha dado con el Proyecto de Ley de creación de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencias (CNMC) en tramitación parlamentaria, que agrupará en un único regulador las funciones de los ocho que existen en la actualidad y sin las suficientes garantías de independencia. Así lo ha visto inicialmente la vicepresidenta de la Comisión Europea y responsable de Telecomunicaciones, Neelie Kroes, quien ha advertido que si el texto legal definitivo no se adapta a las normas europeas abriría un procedimiento de infracción contra España.

Bruselas ya había expuesto en reiteradas ocasiones al Ejecutivo español su disconformidad con la puesta en marcha de la CNMC, porque los proyectos legislativos conocidos en Bruselas “parecen violar la letra y el espíritu de la legislación comunitaria de telecomunicaciones”, según señaló un portavoz próximo a la comisaria Kroes. En concreto, la responsable comunitaria de Telecomunicaciones apunta hacia un debilitamiento de la independencia y de la efectividad del regulador, debido a un traspaso de competencias a los ministerios responsables de cada sector de actividad.

En una carta dirigida al ministro español de Industria, Energía y Turismo, José Manuel Soria, fechada el pasado 11 de febrero, la comisaria Kroes advertía que las primeras modificaciones introducidas por el Gobierno "todavía no garantizan la independencia de la autoridad nacional de reglamentación y la atribución de las necesarias competencias para que pueda asegurar una regulación efectiva e imparcial del sector de las comunicaciones electrónicas". Y afirma que, de mantenerse la reforma en los términos actuales, el regulador español sería uno de los que tendría menos competencias y funciones en la UE.

Por ello, Kroes advierte de que “salvo que la legislación ya adoptada y la legislación planeada sean enmendadas en lo relativo a estos aspectos, no veo otro camino a seguir que el de proponer a la CE la apertura de procedimientos de infracción”, invitando al Gobierno español a encontrar una “solución que sea compatible con el Derecho de la UE”.

El Gobierno, que no tendrá más remedio que modificar sus intenciones durante la tramitación parlamentaria del Proyecto de Ley ya en curso, ha defendido su iniciativa bajo el supuesto de que la agrupación de los ocho reguladores actuales en la nueva CNMC permitirá ahorrar alrededor de 28 millones de euros gracias a la reducción del número de altos directivos y a los menores gastos en gestión, consideración economicista que obviamente siempre se puede sustanciar por otras vías…

Pero donde el interés del Gobierno por fortalecer su poder autoritario se está manifestando de forma más contundente, es en el delicado ámbito de la Justicia, y de forma especial en la reforma de la Ley del Poder Judicial acometida por el ministro Ruiz-Gallardón. Aquí, como en otros terrenos de la economía y de la política, los torpes “palos de ciego” gubernamentales ya han sido objeto de rectificaciones forzadas (caso de las tasas judiciales), teniéndose que producir muchas más, no sin dejar unas lamentables y gratuitas secuelas ciertamente debilitadoras del sistema de convivencia.

Por poner un sólo ejemplo al respecto, es más que probable que el ministro de Justicia, que ha malversado con gran torpeza y rapidez todo el capital político con el que había accedido al Consejo de Ministros y puesto al estamento judicial y fiscal en un innecesario e indeseado pie de guerra contra el Gobierno, tendrá que rectificar también, entre otras cosas, su intención de coartar inconstitucionalmente la libertad de expresión de los jueces y el insólito requisito de que, tras acreditar sus méritos académicos y superar la oposición correspondiente, se hayan de someter a un examen de aptitud psicológica para evitar “que personas carentes del necesario equilibrio mental se integren en la judicatura”. Algo que, para empezar, no se exige a ningún miembro del Gobierno, incluido el propio ministro de Justicia, ni al titular de la Corona y la Jefatura del Estado…

Paréntesis: Otra muestra significativa de la incapacidad de Rajoy para acometer reformas de fondo en relación con los excesos autonómicos, es la “marcha atrás” que ha dado su ministro de Asuntos Exteriores y de Cooperación, José Manuel García-Margallo, en el tibio intento de controlar la proliferación de representaciones de las comunidades autónomas en el exterior. Ni siquiera ha sido capaz de integrarlas funcionalmente en las embajadas del Reino de España, con lo cual la competencia exclusiva del Estado en el ámbito de las relaciones internacionales establecida en el artículo 149.1 seguirá en entredicho, tras reconocer incluso que el Gobierno no sabe ni siquiera “cuántos funcionarios hay trabajando en el extranjero”…

EL CORTO RECORRIDO DE LA GESTIÓN POLÍTICA MENTIROSA

Por su absoluta obviedad, no parece necesario seguir recordando a nuestros lectores el desnorte que preside el programa de reformas estructurales y políticas profundas que tanto y tanto había prometido Mariano Rajoy, si es que en algún momento las ha llegado a plantear con un mínimo de sinceridad y honradez política, cosa que ahora hay que poner en duda.

Pero lo más lamentable de tal incumplimiento político, porque más allá de su lógico coste electoral conlleva graves daños añadidos en la credibilidad del PP y en la del propio sistema democrático, es la gestión “mentirosa” de la crisis en todos sus ámbitos y extensiones, con prácticas fuleras, cuando no mendaces o falsarias. Mentiras, activas y pasivas, con las que el presidente Rajoy y su partido están yendo tan lejos que les va a ser muy difícil regresar al territorio de la verdad y al reencuentro con la sociedad traicionada: baste recordar al respecto la máxima aristotélica de que el castigo del embustero es no ser creído, aun cuando llegue a decir la verdad.

En política, y a pesar de lo que se pueda pensar en contrario, nada hay más pernicioso que la mentira. Ella es el único arte conocido en la gente de escasa capacidad intelectual y humana y el principal refugio de los políticos mezquinos, entre los que no deja de ser extremadamente fácil identificar a los más tontos con los que más mienten.

No hay nada tan malsano para el individuo y para la sociedad como la mentira acreditada. Y, tristemente, el presidente del Gobierno ha llegado al punto observado por Lord Palmerston (Henry John Temple), perspicaz y pragmático primer ministro del Reino Unido a mediados del siglo XIX, en Napoleón III, otro liberal autoritario con no pocos reflejos en el perfil político del propio Rajoy: “Este hombre miente hasta cuando no dice nada”.

El apego del Gobierno al artificio contable, a usar la ingeniería estadística, al oscurantismo político y a la manipulación dialéctica (baste observar como sus portavoces suelen contestar a lo que no se les pregunta, en vez de responder directamente a lo que se les pregunta), tiene manifestaciones de auténtica aurora boreal en todos los ámbitos y terrenos de la política: desde el económico hasta el de las reformas de la Sanidad, la Educación y la Justicia, pasando por la cuestión soberanista (catalana o vasca) o por la excarcelación de presos etarras… Todo ello acompañado en el particular terreno del PP por el espectáculo tremebundo del “caso Gürtel-Bárcenas” o, nada más y nada menos, que con intolerables acusaciones de “golpistas” y asaltantes del Congreso de los Diputados a quienes ejercen su derecho constitucional de manifestación, es decir con los papeles políticos “perdidos” de medio a medio.

Lo más triste e incomprensible del caso, es que el PP, y sobre todo Mariano Rajoy, hayan olvidado cómo las innecesarias mentiras que vertieron sobre los atentados del 11-M en Madrid y la torpe gestión política de aquella crisis, les llevaron al impensable descalabro electoral del inmediato 14-M, teniendo como tenían la victoria bien cantada de antemano en todas las encuestas al uso.

El sagaz analista Miguel Ángel Aguilar, acaba de recordar tan inquietante precedente al presidente del Gobierno y del PP justo en un artículo de opinión titulado “La gestión de la mentira” (“El País” 26/02/2012), escrito a propósito del tratamiento que los populares vienen dando al “caso Gürtel-Bárcenas”. Lo concluye con esta cita de uno de sus autores de referencia: “Mi querido padre”, escribe Esterházy en Armonía Celestial, “representaba la rebelión de las masas. La rebelión se produjo cuando en una ocasión mi padre, que confiaba ciegamente en su talento, se cagó en los pantalones. Cuando intentó por todos los medios a su alcance contraer los músculos, ya era tarde. Este país huele que apesta, dijeron todos”. Atentos.

Una conclusión que sólo cabe apostillar con una sutil advertencia del mismo Péter Esterházy, aristócrata húngaro que además de excelente literato es un consumado matemático (y por tanto con un presumible buen coeficiente de inteligencia convergente), sobre lo difícil que es mentir sin conocer la verdad, algo que políticamente sólo puede conducir al caos.

En varias ocasiones hemos reflexionado sobre la conveniencia de conocer la realidad objetiva a efectos del buen gobierno político. Y siempre hemos sostenido que, en esencia, la razón depende de la verdad y que sólo cuando el gobernante o el opositor conocen y asumen las cosas como son en sí, alcanzan esa verdad, lo que les permitiría actuar con razón y no contra ella, mientras que de otra forma caerán en el error y, por tanto, en la acción política inútil, cuando no perniciosa.

Pero, reconocer la realidad objetiva, sobre la que siempre debería operar el buen gobierno, parece ser tarea imposible o vedada para buena parte de la actual clase política. Justo lo contrario de lo que sucedió en la Transición, durante la que primó el conocimiento objetivo de la comprometida realidad del momento, pudiendo arbitrarse, en consecuencia, compromisos sociales y políticos adecuados, entonces eficaces y con una envidiable proyección histórica. Y aun cuando algunos puristas de la democracia opinaran que el cambio de régimen no se afrontó de la mejor forma posible, o a pesar de que otros crean ahora que la causa de su indeseable desviacionismo tiene origen en las concesiones con las que se acompañaron ab initio algunos de sus aspectos básicos, como el sistema electoral y de partidos, la separación de poderes del Estado, la organización política del territorio o determinados artículos de la propia Constitución.

En el plano de la política, que básicamente es una práctica y no una teoría, el necesario acceso a esa realidad objetiva ha de ser igualmente práctico, y no retórico, porque es en la práctica donde el gobernante debe mostrar la verdad a los gobernados, es decir, la realidad natural sin maquillajes ni envolturas decorativas, junto a la fuerza y precisión de sus pensamientos.

Sólo cuando conocemos las cosas como son en sí, alcanzamos la verdad. De otra suerte caeremos en el error y, por tanto, en el gobierno pernicioso. El gobierno de la razón, frente a la razón del gobierno (que a menudo incluye la “sinrazón” y la falsa “razón de Estado” o supedita el interés partidista al interés general de los ciudadanos), se asienta en el conocimiento de la verdad objetiva, porque la razón, en esencia, depende de la verdad…

Sin embargo, hoy por hoy, el proceso electoral o la lucha partidista por acceder al poder, o mantenerlo, es otra cosa. Se acostumbra a revestir con excesos propagandistas, descalificaciones mendaces de los adversarios, ocultaciones interesadas de la realidad, anuncios legislativos cuya semántica no se compadece con lo que será su contenido real, programas electorales diseñados para engatusar a los votantes ofreciéndoles lo que “desean” pero muy distintos a lo que van a recibir después (en la “línea de gobierno” real prevista en la trastienda de los partidos), promesas falsarias o incumplibles (como la habitual de crear millones de puestos de trabajo y acabar con el paro), promesas manipuladoras …

La mentira política es un juego vergonzoso de reiterada traición a los votantes, perfectamente “asumible” porque, según establecen las reglas de nuestra ya más que discutible democracia, al final de cada legislatura todo el mundo tiene opción a que le siga engañando el mismo partido o que, si lo prefiere, vuelva a engañarle otro que hasta ese momento electoral estaba en la oposición… Claro está, pues, que el engaño político prevalecerá en nuestro país eternamente, mientras el sistema sea el que es y los electores hallen placer en ser engañados.

EL ABSURDO DEBATE SOBRE EL “ESTADO DE LA NADA”

Esto es de una evidencia absoluta, constatada con los muchos ejemplos que nos ofrece la degenerada política de hoy en día. El último de todos ellos es el del debate sobre el “estado de la Nación”, una artificiosa pantomima que, como tal, ya no tiene audiencia ni crédito social alguno, interesando sólo a los adictos partidistas, sectarios o beneficiarios de sus pesebres, y a quienes viven de la información política, que a menudo son sus mejores cómplices.

Su última versión, iniciada el pasado 20 de febrero, ha sido un “más de lo mismo” en toda regla. Porque ¿de qué debate estamos hablando si, para empezar, no se reconocen y valoran de forma precisa los auténticos problemas del país (que son los de sus ciudadanos) para poder afrontar, a partir de ellos, las soluciones reales que requieren…?

Pues se trata, ni más ni menos, que de un debate sobre “la nada” (o sobre el “estado de la Nada”), y más bien de un concurso de habilidades dialécticas y frases ingeniosas, de búsqueda de titulares periodísticos oportunistas, por no decir de chascarrillos diversos, para solaz entretenimiento del presidente del Gobierno y del jefe de la oposición, con los portavoces de las minorías parlamentarias fuera de juego, que infravaloradas por el ventajismo político de las mayorías pintan menos que un cero a la izquierda. En definitiva, de un ejercicio barato de la dialéctica política, donde termina ganando el más ocurrente o el más agudo, en opinión exclusiva de los medios informativos (muchos pagados como corifeos del sistema) y en la más interesada de los propios partidos en liza.

El debate sobre el “estado de la Nación” no es otra cosa que un gratuito enfrentamiento de pura fanfarria parlamentaria, en el que uno de los contrincantes gana al otro de forma contundente o a los puntos, o en el que ambos quedan en tablas, sin que ese resultado tenga nada que ver con lo que los ciudadanos podrían esperar de él, que sólo es el reconocimiento de sus problemas y los acuerdos para instrumentar las soluciones pertinentes. Lo más estrambótico del caso es que, gane quien gane el debate, esas soluciones nunca llegan, entre otras cosas porque la aprobación de las correspondientes “propuestas de resolución” carece de fuerza legal y jamás ha servido para nada.

En coherencia con esta evidencia, renunciamos a analizar y comentar con detalle la frívola intervención del presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, incapaz de reconocer siquiera la realidad que debe gobernar y de priorizar los graves problemas que soporta, remiso en la acción de gobierno (todo son intentos de escaso alcance y tardíos) y maestro consumado en la ocultación de las cifras y datos que más comprometen su nefasta gestión de la crisis económica, pero cínico, triunfalista y exultante ante la inocua palabra del líder socialista.

Ya se verá, más pronto que tarde, si las nuevas promesas realizadas por Rajoy en su discurso parlamentario del pasado 20 de febrero, responden, en corto y por derecho, a su ineludible compromiso político con los españoles, o sólo a los acuerdos adoptados en el Consejo de Europa y a las directrices marcadas por la Comisión Europea; si se instrumentan las necesarias reformas institucionales y en la medida adecuada; si se afronta con claridad y decisión la lucha contra la corrupción y contra el paro; si se reinstaura una economía productiva… y, en su caso, si concretado todo ello seguirá mereciendo o no el “¡cuán largo me lo fiais!” del electorado. Y si, dejando aparte sus cínicas habilidades discursivas, Rajoy remonta o perjudica más la pésima valoración social de su gestión política.

Y tampoco merece la pena comentar la intervención de Alfredo Pérez Rubalcaba en el mismo marco de debate, porque como perfecto “muerto viviente” de la política no merece más consideración que la de sparring-partner parlamentario; un “saco de patatas”, en lenguaje boxístico, con el que “hacer guantes” para conservar cómodamente el título de la categoría frente a la esperanza irremisiblemente perdida del aspirante. Lleva razón Mariano Rajoy cuando afirma que no le interesa la dimisión de Rubalcaba.

Eso sin considerar los enredos internos del PSOE, su desencuentro con el PSC (ganado a pulso por los torpes consentimientos previos de Rodríguez Zapatero), sus suicidas propuestas federalistas con las que pretende agrandar los problemas de la organización territorial del Estado, en vez de reducirlos, y, en fin, su contumaz negativa a afrontar la necesaria “catarsis” interna que permita a su partido, entre otras cosas sustanciales, poder desprenderse del letal lastre “zapateril”…

ROSA DÍEZ LE CANTA A RAJOY LAS VERDADES DEL BARQUERO

Cierto es que en el debate de marras Rajoy vapuleó retóricamente a Pérez Rubalcaba (una victoria pírrica más de políticos miopes), pero ¿qué valor tiene tal paliza dialéctica? ¿Acaso eso interesa a los españoles en la actual situación de crisis general, en la que PP y  PSOE deberían trabajar codo con codo para sacar el país adelante…?

La realidad del último debate sobre el “estado de la Nación”, es que sólo la portavoz de UPyD, Rosa Díez, puso el dedo en la llaga y cantó a Mariano Rajoy las “verdades del barquero”, sentando las bases objetivas de lo que debiera haber sido, y que no fue, un verdadero debate sobre la gravísima deriva social, política, económica e institucional por la que marcha el país. Una realidad esencial despreciada por el presidente del Gobierno y sólo utilizada por la oposición socialista a golpes muy perdidos de conveniencia electoral.

Por esa razón, sin ánimo propagandístico alguno y sólo como resumen de un análisis sobre la situación política que consideramos acertado, dedicamos el resto de esta Newsletter a reproducir íntegramente la versión escrita de la intervención principal de Rosa Díez en el debate sobre el “estado de la Nación” iniciado el pasado 20 de febrero, en la convicción de que fue lo más sensato y patriótico que se pudo escuchar en el mismo:

El Gobierno, en un nuevo intento de hurtar al Parlamento su función de centro neurálgico de la democracia, pretende mezclar el debate sobre el estado de la Nación con la dación de cuentas de lo que fue el último Consejo Europeo. Por mucho que lo intente, Sr. Rajoy, no podrá evitar que esta portavoz se centre en lo que es más urgente y más importante para España, un país sumido en una grave crisis política, económica y social cuya superación requiere de medidas de choque sin ningún tipo de dilación.

La situación es desoladora:

La pobreza progresa. En sólo un año se ha incrementado dos puntos el número de hogares que se sitúan bajo el umbral de la pobreza; tres niños de cada diez viven en España por debajo del umbral de la pobreza; casi tres de cada diez españoles se encuentran en riesgo de pobreza y exclusión social.

La igualdad, retrocede. España es hoy el país con mayor desigualdad de toda la Eurozona. El grupo que más gana multiplica por 7,5 los ingresos de los que menos perciben. Al inicio de la crisis el múltiplo era 5,3.

Avanza la corrupción. En el índice de Transparencia internacional nuestro país se sitúa en el puesto número 30, habiendo retrocedido nueve puestos en 18 años. Para vergüenza nuestra la calidad de nuestra democracia se deteriora día a día.

Retrocede la calidad de nuestro sistema educativo. El índice de desarrollo educativo en España está veinticinco puntos por debajo de la media OCDE y la calidad del sistema cincuenta y seis puntos por debajo de esa misma media.

Por si eso fuera poco, las diferencias de resultados educativos entre autonomías son tan grandes como entre países de la OCDE, y aumentan si se compara la calidad de la educación. Si las regiones españolas obtuvieran los mismos resultados en PISA que Finlandia, el país de la OCDE que tradicionalmente obtiene los mejores resultados, la renta per cápita española podría llegar a aumentar un 1% anual. En definitiva, que España es un país cada vez más pobre, cada vez más desigual, cada vez más injusto, cada vez más corrupto.

Pero a esta situación no hemos llegado de forma inevitable; ni la mala situación en la que se encontraba nuestro país cuando ustedes llegaron al Gobierno, ni la política de ajustes impuesta por Europa explica este deterioro. Las decisiones de su gobierno han agravado la crisis, han deteriorado la convivencia y han dilapidado la ya escasa confianza que existía entre los ciudadanos y las instituciones.

Cabe recordar que su primer año de gobierno ha sido:

1 – El año del rescate de las Cajas y banca nacionalizada o regalada a los bancos (como la CAM al Sabadell o Banca Cívica a La Caixa, pongamos por caso), a costa de un enorme aumento de la deuda pública (146.000 millones en un año, 400 millones diarios) y por tanto del endeudamiento de los ciudadanos, que en última instancia son los que pagarán todo este dispendio a costa de la educación, la sanidad, las inversiones y sus propios bolsillos.

2 – El año del inmovilismo político y las reformas ausentes. Pese a las proclamas de grandes reformas, éstas brillan por su ausencia salvo en aumento de impuestos directos e indirectos, flexibilización del despido sin verdadera reforma laboral -2.300 parados nuevos al día-, y mantenimiento tal cual de la estructura de Estado que tanto ha agravado la crisis por el coste derivado de duplicidades, ineficiencia, despilfarro e irracionalidad. Nada de reformar con fusiones municipales y supresión de diputaciones –eliminando estos entes no electos nos ahorraríamos 6.000 millones al año-, racionalización de las administraciones, etc. Y ni hablar de cambiar la Ley Electoral, por ejemplo.

3 – El año de la recaudación con fraude fiscal. Casi toda la política económica del Gobierno ha estado consagrada a aumentar la recaudación a costa de los salarios públicos (funcionarios sobre todo) y del aumento de tributaciones por doquier (tasas judiciales incluidas). No hay otro objetivo que recaudar más y más a costa del consumo privado y del ahorro. Y sin embargo, ha habido amnistía fiscal para grandes defraudadores.

4 – El año de la insensibilidad social. Ustedes han reaccionado tarde y mal a emergencias sociales como los desahucios; en esto, 2012 ha sido un año perdido. Lo mismo cabe decir del aumento de la pobreza y la exclusión social, especialmente la infantil, indicador de que les va peor a quienes debería irles mejor: familias jóvenes con niños. En este sentido también cabe señalar el fracaso que supone que se ofrezca a los jóvenes formados la emigración como toda solución al gigantesco paro juvenil y profesional.

5 – El año del mantenimiento del despilfarro. Pese a los drásticos recortes del Presupuesto y la bajada real de las pensiones, el ahorro se hace a costa de la I+D+i y la inversión productiva (ayudas a emprendedores, liquidación de la morosidad a pymes etc.), empeorando la situación y perjudicando la salida de la crisis con nuevas bases para otro modelo económico basado en la innovación y el alto valor añadido de la producción. Suprimiendo las Diputaciones (6.OOO millones de euros al año) se podría haber mantenido la inversión en Investigación. Pero claro, ustedes optan no sólo por mantenerlas sino por reforzar su papel en un intento desesperado por salvar el bipartidismo moribundo.

Porque si hay algo que tienen claro es que puestos a elegir entre el futuro de su partido o el futuro de España… el partido es lo primero.

6 – Por último, ha sido el año del auge del nacionalismo separatista. Secesionismo catalán subvencionado con rescate incondicional de la Generalitat, y vuelta de Batasuna a las instituciones en un clima de absoluta impunidad y triunfo político de las tesis de ETA.

El resultado de todas sus políticas es inapelable: El Estado común es más débil ahora que antes de las elecciones de 2011.

Capítulo aparte merece la corrupción política. La extensión de los casos y sospechas de corrupción en las principales instituciones del Estado y en los partidos de gobierno y oposición han convertido la profunda crisis política y económica en una crisis de confianza en el sistema democrático.

Hemos de reconocer que nuestra democracia ha degenerado, alejando a las instituciones de los ciudadanos y de sus problemas. Urge devolver la política a los ciudadanos, sus legítimos dueños, y restaurar la confianza en el buen funcionamiento del Estado. Regenerar la democracia no es otra cosa que las instituciones funcionen y cumplan con su obligación constitucional.

Combatir la corrupción exige aprobar de inmediato leyes eficaces para acabar con la impunidad de los responsables y castigar duramente los comportamientos que pervierten nuestra democracia. La ley ha de prohibir que las personas acusadas por delitos de corrupción política puedan ir en listas electorales; la ley ha de establecer el delito de financiación ilegal de los partidos políticos; la ley ha de perseguir el delito de enriquecimiento ilícito de todos los cargos públicos; la ley ha de poner coto a la discrecionalidad de los indultos otorgados por el Gobierno, excluyendo a los condenados por delitos de corrupción. Es la ley -y no la respuesta exculpatoria- la que ha de obligarnos a todos; sólo desde la ley acabaremos con la impunidad y con los privilegios; sólo desde el respeto a la ley recuperaremos el prestigio de las instituciones y la confianza de los ciudadanos.

Combatir la corrupción exige implantar una justicia independiente, acabando con el reparto vergonzoso entre partidos de los órganos de la justicia. Justo ese pacto que ustedes y ustedes [dirigiéndose a los bancos del PP y del PSOE] acaban de renovar –rompiendo una vez más su compromiso electoral- y que jueces, fiscales y abogados denuncian en toda España.

Combatir la corrupción exige reforzar la independencia y autoridad sancionadora de los organismos reguladores y de control público, como la Agencia Tributaria, el Tribunal de Cuentas o el Banco de España.

Combatir la corrupción requiere de una Ley de Transparencia que regule los lobbies e incluya a la Casa Real, a los partidos políticos, a los sindicatos, a las asociaciones empresariales y a cualquier institución que se financie de ayudas públicas.

Regenerar la democracia exige aprobar una Ley Electoral justa y proporcional, que favorezca la representación del pluralismo político existente, permitiendo la participación política real de todos los ciudadanos.

Sabemos que estas propuestas de regeneración democrática y de reforma del modelo de estado chocan con el pacto para que nada cambie –unas veces tácito y otras veces expreso- de los dos grandes partidos. Es ese pacto para mantener triunfante el bipartidismo el que nos ha llevado a esta situación; es ese pacto el que ha permitido que ustedes rechacen juntos (en esta y en la pasada legislatura) todas las propuestas de reformas estructurales que les hemos venido planteando desde Unión Progreso y Democracia.

Porque ustedes confunden alternancia con alternativa y pluralismo político con bipartidismo.

España no es el PP; España no es el PSOE; España no es UPyD. España no es sus medios de comunicación. España no es esta justicia politizada; ni los órganos supervisores politizados por los partidos políticos, que no los conciben sin sus siglas superponiéndose a las personas. España no es este Estado del Bienestar arruinado, esta injusticia creciente, esta pobreza abyecta, esta sensación de abandono. Como cualquier otro país, España no es más que el conjunto de las personas que lo habitan, que trabajan, viven y muere en él, y a veces por él. España no es otra cosa que los españoles.

Frente a toda esta ruina, a todo este retroceso, ustedes han optado por mantener el actual Estado de las Autonomías en vez de proteger y garantizar el Estado del bienestar.

Señor Presidente, señorías, ¿no creen que ha llegado la hora de que antepongamos nuestra condición de representantes de los ciudadanos a la de políticos de partido? ¿Cuántos parados más tiene que haber en España para que pensemos en los españoles como ciudadanos en vez de tratarles como a simples votantes? ¿Cuántos jóvenes más tienen que engrosar las listas de paro -casi siete puntos más en un año, más de la mitad de la población juvenil- para que pensemos en las futuras generaciones en vez de preocuparnos por las próximas elecciones? ¿Hasta dónde ha de llegar el número de parados sin prestaciones -más de dos millones- para que nos pongamos a trabajar todos juntos en la búsqueda de soluciones?

Aunque ahora pueda parecer difícil de creer, España tiene futuro. No tenemos por qué resignarnos a mantener un modelo de país que se ha mostrado incapaz de enfrentarse con los problemas que aquejan a nuestra sociedad. Ha llegado la hora de que nos atrevamos a decir alto y claro que es preciso refundar el Estado si queremos garantizar la libertad y la igualdad de todos los españoles. Porque a pesar de que lo que percibimos cada día es la durísima crisis económica y social, eso no es lo más grave de lo que ocurre en España.

Sólo si resolvemos la crisis política podremos enfrentarnos con éxito a las otras crisis, desde el paro dramático hasta la deuda o la recesión de nuestra economía. Por eso quiero insistir en que el verdadero problema, el que lastra nuestra capacidad de recuperación, es un modelo de Estado elefantiásico, inconexo, injusto, improductivo, que no responde a las necesidades de los ciudadanos y que, precisamente por eso, hemos de cambiar.

Refundar el Estado requiere promover un proceso de reforma de la Constitución que habrá de acometerse disolviendo las Cámaras y abriendo un proceso constituyente. Una fórmula jurídica, prevista en nuestra Constitución, que tiene por objeto dar respuesta a una exigencia política que no es otra que definir un Estado fuerte, viable y sostenible, con la dimensión y el presupuesto necesario para dar soluciones a los problemas de los ciudadanos.

Les proponemos abordar la reforma de la Constitución pero no para dar encaje a las reivindicaciones de los nacionalistas -nada más contrario al federalismo, que es igualdad, que el nacionalismo, que vive de reivindicar la diferencia- sino para resolver de forma satisfactoria los retos que nos plantea la sociedad española del siglo XXI, una sociedad muy diferente de aquella a la que se enfrentaron los constituyentes cuando elaboraron la Constitución de 1978; un pacto que sirvió para progresar desde la dictadura a la democracia pero que hoy está agotado y convive mal con la integración de España en la Europa política que todos reivindicamos. Abordemos esa reforma desde el reconocimiento de los indudables avances que se han producido en estos años de desarrollo democrático y autonómico; pero hagámoslo también desde el conocimiento de las disfunciones que ha generado el modelo abierto e indefinido del texto constitucional.

Las leyes no son divinas, y revisarlas a la luz de sus consecuencias es lo normal en cualquier democracia del mundo que merezca ese calificativo. Si reformaron ustedes la Constitución en cuarenta y ocho horas para garantizar que pagaremos la deuda, ¿cómo no se va a poder reformar para garantizar el cumplimiento efectivo de los derechos básicos de los ciudadanos que el texto proclama?

La reforma de la Constitución no es un drama…, ni tampoco una fruslería, lo sé. Somos conscientes de que requerirá un amplio consenso, como el que tuvo para elaborarla. La pregunta no es pues si es posible; la pregunta es si es necesaria. Nuestra respuesta es, rotundamente, SI.

Claro que para afrontar este reto es preciso que los partidos políticos mostremos altura de miras y seamos capaces de superar la lucha de trincheras de la política cotidiana para renovar el consenso constitucional, manteniendo claras las diferencias entre uno y otro ámbito.

La integración de distintas expresiones políticas, entre ellas las nacionalistas, no es sino un reto propio de cualquier sistema democrático. Y cuando digo “integración” y “sociedad española” no pienso en los sentimientos de los nacionalistas sino en los derechos de todos los ciudadanos, también de quienes viven en aquellas comunidades en las que los nacionalistas tienen una presencia y/o una responsabilidad institucional que utilizan para exacerbar sentimientos políticos identitarios, de difícil encaje en una sociedad moderna y democrática.

Nuestro reto no es otro que el de cualquier sociedad democrática, que en el caso de España es una batalla crucial que hemos de dar -y ganar- para todos, incluso en beneficio de los derechos cívicos de quienes en nombre de su religión nacionalista se opondrán a ello.

En suma, proponemos que se afronte la reforma constitucional asumiendo expresamente que el terreno de nuestro sistema autonómico es el de los sistemas federales. Proponemos una reforma que defina un modelo territorial que garantice la unidad e incluya la diversidad. Sólo así, garantizada la unidad, la diversidad se convertirá en un valor añadido para el progreso de nuestras libertades democráticas.

Esta es la propuesta de Unión Progreso y Democracia para refundar el Estado a través de un proceso constituyente. Presidente, señorías, insistir en fórmulas inmovilistas o fracasadas para preservar la vieja política viciada que nos ha llevado a esta crisis no hará otra cosa que alejar a los ciudadanos de la política e incrementar la frustración, la indignación y la desesperanza, poniendo en peligro al propio sistema democrático.

Les proponemos un Pacto de Legislatura en el que todos nos comprometamos a aprobar por la vía de urgencia las reformas legales que hemos señalado, incluida la Ley Electoral, para abrir a continuación un periodo constituyente que ponga a nuestra democracia a la altura de las exigencias del siglo XXI y permita la refundación del Estado según los procedimientos democráticos y con el protagonismo de los ciudadanos. Esto es lo que necesita España.

EL DIVORCIO DEL GOBIERNO DE RAJOY CON LOS GOBERNADOS

Lo dicho. Ofrecemos de forma excepcional esta Newsletter a la mejor gloria de Rosa Díez, sobre todo como evidencia del divorcio que el presidente Rajoy ha consumado con las bases sociales del país, incluyendo a quienes debe el haber llegado a La Moncloa, y que, mucho nos tememos, terminará de forma violenta, como los casos de maltrato conyugal, ahora a cuenta de un impresentable machismo político aplicado desde los púlpitos del poder nada menos que al pueblo soberano.

Una peligrosa forma de ejercer la política, en la que los españoles del hambre y la miseria, de la emigración y la desesperanza, de las estafas bancarias, del paro y de los desahucios con suicidios incluidos…, que ya son demasiados, habrían podido patear el alma de Rajoy de haber escuchado algunas de sus frases más desafortunadas y temerarias, por no decir falaces, durante la artificiosa pantomima -y, repetimos, extremadamente cínica- del debate sobre el “estado de la Nación”, en una situación tan dramática como la actual: “España ya tiene la cabeza fuera del agua”, “El barco no se ha hundido”, “Los españoles aceptan los sacrificios (…) sólo perciben la cara amarga de la reforma”… Pasando a describir después un panorama desolador de nuestra economía, aun en versión edulcorada y con significativos escamoteos estadísticos.

Y, todavía mucho más lamentable, insultando a la inteligencia del pueblo llano con una patética defensa de la más que discutible honradez política y un airado ataque a los que, en su hipócrita opinión “sin pruebas”, aplauden las denuncias de corrupción contra su partido, presumiendo de que nunca había sido condenado por financiación ilegal (el “caso Naseiro” no pudo prosperar al invalidarse judicialmente las comprometedoras conversaciones telefónicas que conoció toda España) o afirmando de forma casi soez que no puede permitir otra “leyenda negra”… Todo ello mientras en ese mismo momento el ecuánime Fiscal General del Estado, Eduardo Torres-Dulce, reiteraba públicamente que “la proliferación” de casos de corrupción, “algunos de extremada complejidad en la instrucción”, le había llevado a solicitar ante el ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, que “recabe los medios suficientes de refuerzo”…

Una de las pocas apostillas impecables de Alfredo Pérez Rubalcaba durante el que ya hemos calificad de debate sobre el “estado de la Nada”, fue esta pregunta dirigida a Rajoy, por supuesto sin respuesta: “¿Qué tiene que pasar para que rectifique su política económica…?”. Dejémoslo aquí, porque siendo Rajoy como es, sólo la historia próxima dejará las cosas en su sitio.

La Teoría Política y Constitucional considera que el poder constituyente es previo al poder constituido legalmente como entramado de instituciones, normas y reglas. Por tanto, su fundamento último no reside en ninguna legalidad positiva, sino en su legitimidad democrática, al entender que emana del pueblo soberano y que éste constituye la principal fuente de legitimidad política y jurídica del Estado.

Significativo al respecto es que el emblemático artículo 1 de la Constitución establezca que “la soberanía nacional reside en el pueblo español, del que emanan los poderes del Estado”.

El concepto de “poder constituyente” se utiliza de forma generalizada para defender el valor primario de la democracia constitucional, que, en este sentido, no es un sistema estático e inamovible, ni tampoco un estatus institucional fijo o permanente con el que sentirnos plenamente satisfechos, sino un instrumento institucional dinámico, sometido a la crítica y abierto por ende al cambio y, por supuesto, a la reforma política-constitucional…

Pero no es nuestra intención disertar a fondo en esta Newsletter sobre el poder constituyente y el poder constituido, sobre la legitimidad y la legitimación democrática, sobre la eficacia de la democracia y la satisfacción social con la democracia, ni, mucho menos, sobre el pacto constitucional. No obstante, considerando su sentido editorial y prospectivo sí conviene puntualizar alguno de estos conceptos de la mano de Pierre Rosanvallon (Blois, 1948), catedrático de Historia Moderna y Contemporánea de la Política en el “Collège de France” y reputado investigador de la historia de la democracia, el papel del Estado y la justicia social en las sociedades contemporáneas, materias sobre las que ha publicado más de veinte libros.

EN TORNO A LA LEGITIMIDAD DEMOCRÁTICA

En una de sus obras más revulsivas, “La contrademocracia – La política en la era de la desconfianza” (Manantial, 2007), el profesor Rosanvallon ya señaló una tendencia bidireccional en la dinámica de la realidad política: por un lado percibía la aparición de una “contra-democrática” y, por otro, el debilitamiento de la política institucionalizada, aparejado con un creciente desapego social y electoral. El haber constatado esa doble tendencia es lo que le llevó a plantearse la “falsa evidencia del principio mayoritario”.

Tras aquella publicación, Rosanvallon siguió buceando en los complejos recovecos de la democracia, considerada por muchos como el “menos malo” de los sistemas políticos, pero afectada en todo caso por una grave crisis con su correspondiente reflejo en el debate social de los últimos años. Su más reciente trabajo de investigación se concretó en una nueva obra, “La legitimidad democrática – Imparcialidad, reflexividad y proximidad” (Paidós Ibérica, 2010), que se convirtió de forma inmediata en un verdadero hito de la sociología política y en la que continúa criticando las mutaciones del sistema político de convivencia en el siglo XXI, teorizando de forma particular precisamente sobre el fenómeno de la legitimidad en el terreno de la democracia.

Cierto es que la legitimidad democrática se desprende en primera instancia de la voluntad del pueblo expresada en el sufragio universal. Pero, no obstante, determinados conflictos inter-sociales han demostrado que esa voluntad no siempre es “general” y que la mayoría, aun siendo dominante, no deja de representar más que a una parte de la ciudadanía. De hecho, en las grandes democracias, como la francesa y la de Estados Unidos, las virtudes del voto no son evidentes. Fenómenos como la denuncia de los partidos, las críticas del clientelismo político y el antiparlamentarismo, no hacen sino corroborar la crisis de la legitimidad electoral.

Pierre Rosanvallon ha demostrado que esas dificultades obligaron a las democracias a poner en órbita un “sistema de doble legitimidad”. La “elección” continúa siendo el principio clave, pero desde finales del siglo XIX, el poder de la administración pública ha registrado un crecimiento sustancial como respuesta a los fallos de la legitimidad electoral. Mientras que la “administración” fue creada en dependencia de “lo político”, los escándalos de corrupción y el nepotismo de los gobernantes han contribuido a conferirle la tarea de garantizar la imparcialidad desinteresada del “bien común”.

A partir de los años 80, el sistema entra abiertamente en crisis, debido a la evolución de la economía y de la sociedad que se orientó hacia un modelo más “individualizado”. La retórica del neoliberalismo contribuyó a socavar la idea de que el poder administrativo encarnaba el interés general. Pierre Rosanvallon sostiene que el pueblo es, ciertamente, la fuente de todo poder democrático; pero la elección no garantiza que un gobierno esté al servicio del interés general, ni vaya a estarlo en un futuro.

Para Rosanvallon, el veredicto de las urnas no puede ser el único patrón de legitimidad. Y así lo están percibiendo los ciudadanos, para quienes un poder no puede ser considerado plenamente democrático si no se somete a pruebas de control y de validación, a la vez concurrentes y complementarias de la expresión mayoritaria, mientras reclaman un “arte de gobierno” mucho más centrado en el individuo y en sus necesidades y demandas personales.

Ante las dificultades que enfrenta la democracia, Pierre Rosanvallon explica en “La legitimidad democrática” que el gobierno debe atenerse a un triple imperativo, que consiste en distanciarse de las posiciones partidistas y de los intereses particulares (legitimidad de imparcialidad), en tener en cuenta las expresiones plurales del bien común (legitimidad de reflexividad) y, finalmente, en reconocer todas las singularidades (legitimidad de proximidad). De ello se deriva el desarrollo de instituciones como las autoridades de control independientes o los tribunales constitucionales, así como la implantación de una forma de gobernar cada vez más atenta a los individuos y a las situaciones particulares.

“La legitimidad democrática”, y en general las últimas obras de Pierre Rosanvallon, nos proporciona las claves para comprender los problemas y las consecuencias de las mutaciones de la democracia en el siglo XXI, al tiempo que plantea los elementos necesarios para mejorar la democracia representativa y nos propone una historia y una teoría de esta necesaria “revolución de la legitimidad”. Cumplir con los tres requisitos de legitimidad democrática que propugna (imparcialidad, reflexividad y proximidad), ayudaría a rehabilitar nuestras democracias para vencer el malestar que producen en buena parte de la sociedad actual y que encuentren su nueva emancipación.

El veredicto, en palabras del propio Rosanvallon, no deja dudas acerca de las condiciones de salvaguarda de la democracia: “Es bajo la apariencia de afables comunicadores, de hábiles profesionales de la escena de una proximidad calculada que pueden renacer las antiguas y terribles figuras que vuelcan la democracia contra sí misma. Nunca la frontera ha sido tan tenue entre las formas de un desarrollo positivo del ideal democrático y las condiciones de su traición. Es allí en donde la espera de los ciudadanos se manifiesta con mayor agudeza y la conducta de los políticos puede mostrarse de la forma más grosera y devorante. De allí la necesidad imperiosa de constituir la cuestión en objeto permanente de debate público. Hacer que viva la democracia implica más que nunca, mantener una mirada constantemente lúcida sobre las condiciones de su manipulación y las razones de su incumplimiento”.

RAJOY TIENE SU “CHEQUE EN BLANCO” CADUCADO

No vamos a discutir, pues, que en democracia, la legitimidad política la confieren los ciudadanos con sus votos y las instituciones que, a través de mayorías, tienen la capacidad de otorgar el poder en nombre del pueblo. Pero, siguiendo el inteligente análisis sociopolítico del profesor Rosanvallon, si afirmamos que esa legitimación electoral no es, en modo alguno, un cheque en blanco permanente y sin más fecha de caducidad que la de la legislatura correspondiente. Por eso, la legitimación de origen se ha de revalidar día a día en el ejercicio del poder, sin olvidar que la ley establece mecanismos judiciales y parlamentarios para apartar a aquellos individuos o gobiernos que violen la norma o traicionen la confianza ciudadana.

La realidad evidencia que el discurso político se dramatiza a conveniencia y, por supuesto, que la praxis política está presidida por un sentido recurrente de “geometría variable”, que siempre tiende a considerar inadmisible en otros lo que uno mismo hace con toda naturalidad. Por poner un ejemplo, el criticado “¡váyase señor González!” de José María Aznar, tiene hoy su mejor contrapunto en el “¡váyase señor Rajoy!” de Pérez Rubalcaba.

También, en otros ejemplos de política “variable”, el acceso en su momento de Patxi López al gobierno en el País Vasco y el de José Antonio Griñan al de la Junta de Andalucía, sin que sus respectivos partidos fueran los más votados, alimentaron un discurso según el cual ninguno de los dos estaba legitimado para asumir el poder en la opinión respectiva del PNV y del PP. Los nacionalistas vascos fueron incluso más allá, llegando a afirmar que su partido (el PNV) es el líder político natural de Euskadi, posición que no dejó de recordar aquel lema de la dictadura que proclamaba a Francisco Franco “Caudillo de España por la gracia de Dios”.

Lo más curioso del caso, es que, tanto los peneuvistas como los populares, ya hicieron en el pasado (y si pueden seguirán haciéndolo en el futuro sin la menor duda) lo mismo que criticaron puntualmente cuando los pactos de gobierno y los apoyos de investidura no les favorecían. El PNV ha accedido al gobierno de muchas instituciones sin ser el partido más votado y el PP ha promovido prematuros relevos de quienes estaban al frente de gobiernos autonómicos y ayuntamientos emblemáticos sin planteárselo como una vulneración de las reglas del juego ni, mucho menos todavía, sentirse obligados a convocar elecciones anticipadas…

Pero todo tiene sus límites, especialmente cuando las promesas electorales han sido incumplidas de forma absoluta y flagrante, con resultado, además, de ruina total (política, económica, social, institucional…), o cuando las líderes políticos impuestos por las argucias partidistas (caso de la alcaldesa de Madrid, Ana Botella), no dan la talla y se muestran incapaces para asumir su responsabilidad con un mínimo de eficacia, aunque nadie repute sus nombramientos de “ilegales”. Los alemanes suelen admitir que cuando las cosas salen bien, “todo ha estado bien”; pero es que, cuando salen mal, se muestran implacables con quienes, a la postre, hubieran podido tener un comportamiento poco ortodoxo o incurrido en cualquier falta procedimental o reglamentaria…

Dicho lo que hemos dicho, y por mucho que cueste aceptarlo, el caso del presidente Rajoy es una muestra paradigmática de la “deslegitimación democrática” denunciada por Pierre Rosanvallon, por demás convicta y confesa. Tras vulnerar los tres requisitos de legitimidad (de imparcialidad, de reflexividad y de proximidad), que el profesor del “Collège de France” propugna para alcanzar la “doble legitimidad democrática”, todos los estudios demoscópicos vienen mostrado de forma contundente su pérdida de representatividad electoral hasta niveles sin precedente en nuestra democracia, tanto en términos de tiempo como cuantitativos.

De hecho, Rajoy, que gobierna en las antípodas de lo que demandan los ciudadanos, incluidos sus propios votantes, ha situado al centro-derecha político en sus mínimos históricos y con el resultado más bajo de uno de los dos grandes partidos desde 1978. Dispone de una mayoría parlamentaria absoluta, pero ha consumido su siempre limitada credibilidad personal a velocidad récord y su palabra de gobernante ya no tiene valor alguno ante los gobernados.

Al margen del “caso Bárcenas” (y en general de toda la corrupción política circundante), el presidente Rajoy es incapaz de dirigirse a los ciudadanos, mirarles a los ojos y explicarles con claridad qué es lo que está pasando y cómo piensa resolver la situación de extrema emergencia en la que estamos inmersos. Y, por tanto, no puede asumir objetivamente la dirección política del país en términos de “gobernanza” o de “buen gobierno relacional”; es decir, orientando con eficacia y calidad la intervención del Estado en línea con el “sistema de doble legitimidad” explicitado por Pierre Rosanvallon y sin apoyarse exclusivamente en la “falsa evidencia del principio mayoritario”.

Pero es que ese desajuste entre el resultado electoral inicial de Rajoy y su credibilidad presidencial, no ha tenido vaivenes, días buenos y días malos, ni sus rosas mezcladas con espinas: ha sido un proceso inequívoco y creciente prácticamente desde la investidura. Su credibilidad política ha desaparecido a la velocidad del rayo, sin que ninguno de sus predecesores en La Moncloa haya llegado a esa situación jamás, y menos todavía, claro está, al año de su nombramiento.

La alarma roja está encendida y la amenaza de implosión dentro del PP sigue presta y firme la senda marcada con anterioridad por el desastroso socialismo “zapateril”. Una situación espantosa que es urgente reconducir para bien del PP, del país y de la propia democracia, porque aferrase a gobernar con la credibilidad perdida y en el desencuentro con la ciudadanía, como está haciendo el presidente Rajoy, le sitúa peligrosamente al borde de la “dictadura legal”.

Quizás, a Mariano Rajoy le convendría observar cómo los manifestantes portugueses, mucho más comedidos que los españoles, piden ya una intervención militar en sus asuntos políticos, una reedición de la “Revolución de los Claveles” que el 25 de abril de 1974 provocó la caída de la dictadura salazarista. Y no propiciar con su torpeza política y su dogmática pasividad ejecutiva, el regreso al “ejercicio de tinieblas” que tan siniestramente ha marcado la historia de España, con su correspondiente “nuevo 23-F”, adaptado a las exigencias de la sociedad actual, sin Tejero ni Milans de por medio y sin una Corona prestigiada para reconducir las torpezas políticas del momento.

LA VOZ DEL PUEBLO EXPRESADA EN LAS ENCUESTAS

A principios del mes de febrero, el Barómetro de Metroscopia que periódicamente publica “El País”, ya señalaba que las expectativas del PP habían caído hasta su nivel histórico más bajo, con una pérdida de 20,7 puntos de apoyo electoral sobre la marca inicial del 44,63 por 100 de los votos obtenidos el 20-N, con una tendencia de continuo deterioro muy difícil de contener a tenor de la incapacidad del Gobierno para afrontar la crisis en cualquiera de sus variables: económica, política e institucional. Y situándose a solo 0,6 puntos de PSOE, partido que aun habiendo caído 5,2 puntos desde el 20-N (recogidos por IU) muestra una mayor estabilidad electoral que el PP, pudiendo resituarse muy pronto como partido con mayor expectativa de voto y aunque en modo alguno esté ofreciendo una imagen de fuerza de gobierno alternativa.

En realidad, según Metroscopia, un 77 por 100 de los españoles rechaza la gestión del presidente Rajoy, un 85 por 100 desconfía de él y un 79 por 100 suspende a su Gobierno de forma radical. Un balance de opinión pública que evidencia la inmensa brecha que separa al poder ejecutivo del poder soberano, anticipando también un debate sobre el “estado de la Nación” bastante comprometido, coincidiendo además con una justificada huelga de jueces y fiscales que dará mucho que hablar.

Esta es la lamentable situación en la que se encuentra Mariano Rajoy, tan negra como insólita dado que gobierna con mayoría absoluta, sin apenas control parlamentario y, sin embargo, con la estimación de voto de un partido gubernamental (el 23,9 por 100) más baja de la democracia, solo un año después de haber arrasado en las urnas. Y sin que, de momento, se atisbe la posibilidad de cambios en el Consejo de Ministros.

Y, por si alguien pudiera dudar de la veracidad del estudio realizado por Metroscopia, el propio Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) señala en su Barómetro de enero de 2013 (cuyo trabajo de campo es previo a la eclosión del “caso Bárcenas”) el enorme degaste del Gobierno del PP. Dicho de otra forma, el propio CIS, dependiente del Ministerio de la Presidencia, reconoce la tremenda pérdida de representatividad electoral del Gobierno y su correlativo alejamiento de la “legitimidad democrática” en términos del profesor Rosanvallon.

En dicho barómetro demoscópico se amortigua sospechosamente la caída paralela del PP y del PSOE, pero no deja de proclamar también el desgaste acelerado de Rajoy. Entre otras cosas porque éste viene siendo evidente tanto en la serie histórica de encuestas de Metroscopia que publica “El País” como en las de Sigma Dos de “El Mundo”, sobradamente trascendidas a la opinión pública.

Pero lo que más interesa destacar del Barómetro del CIS del pasado mes de enero (Estudio 2.976) son las reveladoras respuestas a sus preguntas 18 y 19, desapercibidas por quienes lo han resumido en los medios informativos.

En la pregunta número 18 (“Suponiendo que mañana se celebrasen elecciones generales, es decir, al Parlamento español, ¿a qué partido votaría Ud.?”), de extrema claridad y respuesta espontánea, el PSOE ya se sitúa en primer lugar con el 17,0 por 100 de los votos hipotéticos y el PP en segundo lugar con el 15,8 por 100.

En la pregunta 19 (“En todo caso, ¿por cuál de los siguientes partidos siente Ud. más simpatía o cuál considera más cercano a sus propias ideas?”), igual de reveladora, el PSOE se vuelve a situar en primer lugar con el 20,7 de las respuestas a su favor y el PP en el segundo con el 17,8 por 100.

Y, aún más, cuando se agrupan las respuestas a las dos preguntas, es decir cuando se miden de forma conjunta “Voto+Simpatía”, el PSOE prevalece también para el 21,7 por 100 de los encuestados frente al 19,0 por 100 que se inclina por el PP.

Esto es lo que hay al día de la fecha, sin trampa ni cartón. Lo que sucede es que después viene el “cocinado” de la encuesta, en el que, dado que los indicadores “intención de voto” e “intención de Voto+Simpatía” son datos directos de opinión y no proporcionan por sí mismos ninguna proyección de hipotéticos resultados electorales, el CIS aplica a los mismos un “modelo de estimación” (elegido de forma gratuita) para presentar unos resultados de “Estimación de Voto” más que discutibles. Este artificioso procedimiento conlleva la ponderación de los datos por recuerdo de voto imputado y una “corrección” que relacionan la intención de voto con otras variables, teniéndose que advertir que la aplicación a los mismos datos de otros modelos de estimación daría lugar obviamente a estimaciones diferentes.

De esta forma, el CIS transforma el “voto directo” asignado en su encuesta al PSOE (17,0 por 100) en una “estimación de voto” del 30,2 por 100. Y el “voto directo” asignado al PP (15,8 por 100) en una “estimación de voto” del 35,0 por 100. Y, de momento, se queda tan tranquilo.

En la misma dinámica de descrédito político que venimos comentando, una encuesta de Sigma Dos con trabajo de campo realizado ya del 6 al 8 de febrero, publicada por “El Mundo” (10/02/2013), rebaja esos porcentajes estimados de intención de voto al 33,5 para el PP y al 28,2 para el PSOE, con una diferencia porcentual entre ambos partidos de 5,3 puntos. Aunque lo más significativo de ella es que la caída de la valoración del Gobierno sigue su curso descendente, con una muy escasa valoración media de los ministros del 3,1 teniendo como referencia mínima el 1 y como máxima el 10, que en modo alguno se compadece con la medición de la intención de voto asignada al PP.

Un viaje de verdadera “capa caída” en el que un 66,4 por 100 de los españoles declaran tener una imagen mala o muy mala del Gobierno del PP y un 60,1 por 100 tenerla también mala o muy mala del propio Mariano Rajoy. Mientras otro alto porcentaje (casi el 22 por 100 del total) afirma que tanto uno como otro les trasladan una imagen “regular”.

Esta es, pues, la voz del pueblo soberano reflejada en las encuestas de opinión, sin equívocos posibles dada su expresión no puntual o coyuntural sino tendencial y las conclusiones coincidentes que firman institutos o empresas de investigación demoscópica distintas. Y sobre la que no caben más dudas que la de un eventual y prudente “maquillado”  del desastre para evitar una mayor convulsión política y social.

La situación es tan extrema y alarmante que el presidente Rajoy haría bien en enmendar su línea de acción política, propiciando al menos algunos cambios ministeriales, de titulares y de enfoques políticos, que manden señales de entendimiento con el electorado, incluido el que le otorgó la mayoría absoluta. Porque, de no ser así, en el futuro inmediato su cita con las urnas y su compromiso con la democracia serán mínimos, y de ahí a la revolución política y social quedan dos pasos.

LA URGENTE NECESIDAD DE UNA “CRISIS POLÍTICA POSITIVA”

La desmoralización ciudadana, motivada por la frustración y el desencanto que ha generado el “marianismo” tras el palo del “zapaterismo”, y recrecida por la imparable corrupción política que ya invade territorios hasta ahora impensables, exige una inminente “crisis política positiva”, valorando su utilidad incluso como salvavidas del propio Rajoy, de su gobierno y de la actual legislatura.

La verdadera situación del paro y del déficit público, la caída irreversible del consumo y de la economía productiva, la evasión fiscal y los enredos del ministro Montoro con las eléctricas, el tema de los indultos políticos y los desahucios apoyados por Ruiz-Gallardón, las broncas sectoriales en terrenos tan sensibles como la Sanidad, la Educación y la Justicia, las bochornosas prácticas delictivas imputadas a los propios directivos de la CEOE y a los prebostes de la banca, la permanente e interminable aparición de nuevos “chorizos” políticos, etcétera, etcétera, etcétera, conforman un rosarios de afrentas a la ciudadanía y a la propia democracia realmente impresentable, intolerable e insoportable.

Y todo ello sin considerar cosas mucho más graves en nuestra lamentable realidad cotidiana, como las connivencias delictivas de los miembros del Gobierno y de muchos ex altos cargos del PP (Mato en el “caso Gürtel”, Ruiz-Gallardón en el “caso Urdangarin”, Matas en el “caso Palma Arena”, Camps…), o el continuo “pringue” de la Casa Real en situaciones poco edificantes ante el más llano y humilde ciudadano español.

Alguien desde dentro del propio sistema (fuera ya se hace) debe gritar alto y fuerte que ¡ya basta! y mostrar la disposición cierta para cortar de raíz, a sangre y fuego, la sangría política y moral que está matando España.

De esta urgente necesidad se viene hablando desde hace meses y en círculos de opinión informados poco o nada “destructivos”, sino más bien todo lo contrario. Entre otras razones porque las encuestas al uso también reflejan que prácticamente la totalidad de los españoles no aguantan más el fenómeno invasivo de la corrupción ni el espectáculo de la inmoralidad establecida en todos los partidos e instituciones políticas, incluido el entorno de la Casa Real, el Consejo General del Poder Judicial, la banca, la patronal empresarial…

Según Metroscopia, el 97 por 100 de los españoles exige ya una ley de transparencia y el 88 por 100 que haya inspectores e inspecciones más eficaces; mientras el 94 por 100 da por hecho que la corrupción en la vida pública perjudica la imagen de España, el 90 por 100 considera que este fenómeno hace peligrar las inversiones y el 96 por 100 opina que, efectivamente, por su causa la desmoralización cala en la ciudadanía. Por otra parte, según Sigma Dos, hoy por hoy ningún líder político consigue la aprobación de los ciudadanos en el ítem de la honradez (los mejor valorados son Rosa Díez, portavoz de UPyD, con un 4, 2 sobre 10 y Cayo Lara, portavoz de IU, con un 3,9).

La situación es, por tanto, insostenible y Rajoy yerra profundamente en su pulso con sus votantes y el conjunto de la opinión pública, porque con él se está jugando mucho más que su partido. Su enfrentamiento con los estamentos profesionales que sostienen los tres pilares del bienestar y el propio modelo de Estado social y democrático de Derecho (Sanidad, Educación y Justicia), y no digamos su desprecio por lo social, exigen una inmediata crisis ministerial y por supuesto sacrificar la torpe soberbia político-partidista en beneficio no sólo del PP, sino también del país y de la democracia que tanto ha costado conseguir.  

El tiempo de la rectificación constructiva se acaba y el entorno del próximo 20 de febrero, fecha del debate sobre el “estado de la Nación”, que como ya hemos señalado coincide con una huelga de jueces y fiscales que sólo los políticos necios pueden infravalorar, será posible y lamentablemente una oportunidad perdida para poner en verdadero orden la dirección y la acción política del Gobierno.

Remover el Consejo de Ministros donde es evidente que debe removerse y devolver así al electorado, al menos en parte, la confianza y la esperanza perdidas, antes de que éste termine poniendo patas arriba el tenderete en el que los escribas y fariseos de la política han convertido el templo del Estado, es, hoy por hoy, la opción inaplazable de Rajoy, si no quiere sucumbir abrasado en su propia hoguera. No lo hará porque, más que un nefasto “rey prudente”, es un político sin agallas y “reservón” torpemente rodeado de alfombras y jarrones vivientes, un hombre público vestido de gris, más bien “cortito” y que, comportándose como tal, va exclusivamente a lo suyo. Con su pan se lo coma.

El valor social de la Justicia es tan significativo que los constituyentes no dudaron en consagrarla como principio determinante de la Carta Magna. De hecho, su propio preámbulo (texto que quizás sintetiza mejor que ningún otro el paradigma de la democracia) ya se inicia con estas palabras: “La Nación española, deseando establecer la justicia, la libertad y la seguridad y promover el bien de cuantos la integran, en uso de su soberanía, proclama su voluntad de…”.

Pero es que, además, en su emblemático artículo 1, apartado 1, la misma Constitución proclama de forma expresa que “España se constituye en un Estado social y democrático de derecho, que propugna como valores superiores de su ordenamiento jurídico, la libertad, la justicia, la igualdad y el pluralismo político”.

Se reafirma así constitucionalmente el concepto de Justicia como soporte vital de la libertad y la democracia, es decir del sistema de convivencia ciudadana, hasta el punto de otorgar a su organización formal la condición de ser uno de los tres poderes del Estado (el Legislativo, el Ejecutivo y el Judicial) descritos como “teoría de la separación de poderes” por el Barón de Montesquieu (Charles Louis de Secondat) en su obra “El espíritu de las leyes” (1748). Razón por la que la Carta Magna le dedica un título completo (el Título VI), que, como sucede en el caso de los otros dos poderes públicos, ha venido en generar posteriormente un desarrollo normativo sustantivo, encabezado por la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial.

DE MONTESQUIEU AL TRATADO DE LA UNIÓN EUROPEA

Dicha ley es una de las normas más extensa y más modificada de nuestro ordenamiento jurídico. Pero, para comprender su alcance político y social, no es necesario desmenuzarla ni acudir a los precisos argumentos de justificación incluidos en su Exposición de Motivos, porque basta para ello recordar la teoría ilustrada de Montesquieu:

Hay en cada Estado tres clases de poderes: el poder legislativo, el poder ejecutivo de los asuntos que dependen del derecho de gentes y el poder ejecutivo de los que dependen del derecho civil.

Por el poder legislativo, el príncipe, o el magistrado, promulga leyes para cierto tiempo o para siempre, y enmienda o deroga las existentes. Por el segundo poder, dispone de la guerra y de la paz, envía o recibe embajadores, establece la seguridad, previene las invasiones. Por el tercero, castiga los delitos o juzga las diferencias entre particulares. Llamaremos a éste poder judicial, y al otro, simplemente, poder ejecutivo del Estado.

La libertad política de un ciudadano depende de la tranquilidad de espíritu que nace de la opinión que tiene cada uno de su seguridad. Y para que exista la libertad es necesario que el Gobierno sea tal que ningún ciudadano pueda temer nada de otro.

Cuando el poder legislativo está unido al poder ejecutivo en la misma persona o en el mismo cuerpo, no hay libertad porque se puede temer que el monarca o el Senado promulguen leyes tiránicas para hacerlas cumplir tiránicamente.

Tampoco hay libertad si el poder judicial no está separado del legislativo ni del ejecutivo. Si va unido al poder legislativo, el poder sobre la vida y la libertad de los ciudadanos sería arbitrario, pues el juez sería al mismo tiempo legislador. Si va unido al poder ejecutivo, el juez podría tener la fuerza de un opresor.

Todo estaría perdido si el mismo hombre, el mismo cuerpo de personas principales, de los nobles o del pueblo, ejerciera los tres poderes: el de hacer las leyes, el de ejecutar las resoluciones públicas y el de juzgar los delitos o las diferencias entre particulares…

Durante todas las etapas históricas y en todas las culturas de la humanidad, los gobernados han sufrido del abuso de autoridad de sus gobernantes. Conocidos son el fenómeno de la esclavitud, los impuestos excesivos y caprichosos que caracterizaron la época feudal, los violentos desmanes del “Terror” en la Revolución francesa (la Terreur), el “Gulag” soviético… Estas experiencias sistémicas, que sólo son unos pocos ejemplos, evidencian excesos del poder político que han ido creando a través de los tiempos una cultura popular en contra de las acciones abusivas de los gobernantes, y no digamos ya en contra de las dictaduras, asentando en la sociedad, más allá de la defensa de la democracia, la idea de que el poder en manos de una sola persona o de un solo grupo no es conveniente ni tolerable.

Ésta, es una cuestión que motivó en grandes pensadores la necesidad de desarrollar teorías políticas que, por sí mismas, han terminado influyendo en hechos trascendentales para la humanidad.

Una de ellas, propia ya del Estado moderno, es, en efecto, la conocida como teoría o principio de “separación de poderes”, alentada por los filósofos de la Ilustración con la intención de limitar el poder político, bajo la suposición de que por su propia naturaleza tiende a desbordarse, requiriéndose por consiguiente ponerle diques de acotamiento o contrapesos para que no lesione los derechos de los individuos. El máximo exponente de esta filosofía es, desde luego, Montesquieu, quien con aportaciones previas de John Locke logró construir ese modelo de distribución del poder político, de modo tal que existan órganos especializados para el cumplimiento de las tres principales funciones del Estado (Legislar, Administrar y Juzgar), y a la vez  que entre ellas se ejerza un control reciproco.

El padre de la “separación de poderes” advertía ya antes de la Revolución francesa que “cuando los príncipes han querido hacerse déspotas, siempre han empezado por reunir todas las magistraturas en su persona; y varios reyes de Europa, todos los grandes cargos del Estado”. No muy lejos de esa apreciación se encuentra también la célebre sentencia acuñada más tarde por el historiador británico Lord Acton (1834-1902): “El poder tiende a corromper y el poder absoluto corrompe absolutamente”.

Y, en nuestros días, cuando, por ejemplo, el profesor Giovanni Sartori, reputado especialista en ciencia política comparada, utiliza el término “libertad política”, lo hace precisamente en línea con la misma protección de los derechos individuales propugnada por el Barón de Montesquieu. Así, advierte que “hablar de libertad política implica estar preocupado con el poder de los poderes subordinados; con el poder de los destinatarios del poder” y señala también que “el núcleo apropiado del problema de la libertad política está indicado en la pregunta ¿cómo puede protegerse el poder de estos poderes menores y potencialmente perdedores?”.

Para Sartori, la preservación de la libertad individual se relaciona con la división de poderes. Por ello, sostiene: “Tenemos libertad política, es decir un ciudadano libre, en la medida que se creen condiciones para que permitan que los poderes menores del ciudadano puedan detener el poder mayor que de otra manera (...) puede fácilmente abrumarlo. Por esta razón el concepto de libertad política tiene una connotación de resistencia. Es libertad ‘de’, porque es la libertad ‘del’ y ‘para’ el más débil (...). Lo que pedimos de la libertad política es la protección contra el poder arbitrario y despótico. Por una situación de libertad nos referimos a una situación de protección que les permita a los gobernados oponerse al abuso de poder por parte de los gobernantes”.

El artículo 117.1 de la Constitución, establece de forma simple e inequívoca: “La justicia emana del pueblo y se administra en nombre del Rey por Jueces y Magistrados integrantes del poder judicial, independientes, inamovibles, responsables y sometidos únicamente al imperio de la ley”. Y nada se dice de su mediatización por parte de otros poderes del Estado.

El poder judicial es, pues, el poder del Estado que, de conformidad al ordenamiento jurídico, es el exclusivo encargado de administrar justicia en la resolución de los conflictos planteados en la sociedad, mediante la aplicación de las normas jurídicas. Por “poder”, en el sentido de “poder público”, se entiende la organización, institución o conjunto de órganos del Estado, que en el caso del “poder judicial” son los órganos que ejercen la potestad  jurisdiccional (juzgados y tribunales) para administrar la Justicia y decir el Derecho, que han de gozar para ello de imparcialidad y autonomía.

Según la teoría clásica de Montesquieu (que es la que subyace en la Constitución española), la separación de poderes garantiza la libertad del ciudadano. Y bajo dicha separación nace el llamado Estado de Derecho, en el cual todos los poderes públicos están igualmente sometidos al imperio de la ley, requiriendo el poder judicial ser independiente para poder someter a los restantes poderes, en especial el ejecutivo, cuando estos contravengan el ordenamiento jurídico.

El poder ejecutivo y el legislativo son dos poderes que, en ocasiones, también se enfrentan, teniendo el segundo entre sus funciones la específica del control al Gobierno, en la que pueden aflorar naturalmente diferencias de criterio. Por ello, el papel arbitral entre ambos poderes requiere de uno judicial fuerte y respetado, cuya independencia es un valor a preservar porque de ella depende que el sistema político no deje de funcionar con normalidad y de forma que la democracia no de paso a la tiranía.

La estructura del poder judicial varía de un país a otro, así como su organización y los mecanismos usados en los nombramientos del ejercicio y la representación, incluido el gobierno interno. Generalmente existen varios niveles de tribunales, o juzgados, siendo las decisiones de los tribunales inferiores apelables ante tribunales superiores, acompañados además de una Corte Suprema o Tribunal Supremo que tiene la última palabra, sin perjuicio del reconocimiento constitucional de otros tribunales y órganos jurisdiccionales de naturaleza supranacional.

Todo ello supone una apelación social al principio de libertad democrática, tutelada por la justicia, incontrovertible. Por mostrar sólo un ejemplo de esta realidad, recordemos que cuando el Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) pregunta a sus encuestados habituales qué es, a su juicio, lo más importante o significativo de la Constitución española, un abrumador 41,7 por 100 contesta que dicha relevancia se centra en que “garantiza la libertad” (Barómetro del CIS, noviembre 2012).

Una pregunta crucial con otras respuestas que, en sentido de importancia descendente, avalan también los mismos principios y valores democráticos. Así, el 18, 5 por 100 de los encuestados destaca que la Constitución “se aprobó por acuerdo de todos/as”, el 11,6 por 100 que “permite resolver los conflictos por medios pacíficos” y el 7,9 por 100 que “limita los poderes del Gobierno”.

Quizás por esa evidencia no sea necesario profundizar más en la relación que existe entre los valores éticos de la libertad y la justicia. Pero, dándola por asumida, sí que conviene recordar a efectos de nuestro análisis sobre la actual situación de la Justicia en España y sus derivas de reforma, que el Tratado de la Unión Europea establece un “Espacio de Libertad, Seguridad y Justicia” (ELSJ) sin fronteras interiores que, más allá de lo establecido en cualquier texto constitucional nacional, impone un elevado grado de cooperación y coordinación política, policial y judicial a nivel comunitario que facilite la seguridad, una justicia eficaz y una fuerte protección de las libertades públicas para todos sus ciudadanos.

Por todo ello, el Gobierno de Rajoy, y mucho menos su devaluado ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, no pueden hacer de su capa un sayo imponiendo una reforma de la Justicia arbitraria que, además de traicionar las reiteradas promesas regeneracionistas necesarias para la perfección del sistema, conculque los principios constitucionales y los valores de respeto de la dignidad humana, libertad, democracia, igualdad, Estado de Derecho y respeto de los derechos humanos (incluidos los derechos de las personas pertenecientes a minorías), que fundamentan la Unión Europea.

Un conjunto de valores que, según establece el Tratado de la Unión, son comunes a los Estados miembros en una organización social caracterizada básicamente por el pluralismo, la no discriminación, la tolerancia, la justicia, la solidaridad y la igualdad entre mujeres y hombres.

RUIZ-GALLARDÓN INICIA SU DESMADRE CON EL “CASO DIVAR”

El pasado 19 de septiembre ya ofrecimos la primicia informativa de que las asociaciones profesionales de jueces y fiscales habían decidido plantar cara al Gobierno de Rajoy, en fondo y forma que no tenía precedentes desde la Transición, anunciando que sin una reorientación de las reformas previstas (algunas innecesarias y otras orientadas en sentido contrario al requerido) el conflicto terminaría generando problemas realmente graves. Además, junto a dicha información se desvelaban también las maniobras del ministro Ruiz-Gallardón para consolidar la politización de la Justicia tras su pésima gestión del escandaloso “caso Divar”, generando un fuerte malestar contra el PP en el conjunto de los estamentos profesionales afectados.

El relevo sobrevenido de Carlos Divar al frente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y del Tribunal Supremo (TS), saldado el pasado 23 de julio con la toma de posesión de Gonzalo Moliner como presidente de ambas instituciones, reconfirmó ante la ciudadanía (de la que democráticamente emanan todos los poderes del Estado) la necesidad de “despolitizar” el Poder Judicial, otorgando un mayor peso al pronunciamiento interno del estamento judicial en la elección de dichos cargos; es decir, tratando de independizarlo del Poder Ejecutivo y del Poder Legislativo, que en el fondo también se encuentran trabados entre sí por una suerte de omnímodo “poder bipartidista”, consensuado por el PP y el PSOE que, de facto, son las únicas formaciones políticas con opciones de gobierno.

Con el procedimiento seguido de nuevo en el nombramiento del presidente del CGPJ y del TS, que fue un “paso atrás” del ministro Ruiz-Gallardón en relación con sus previas promesas para cambiar el modelo politizado de designación, se generó un gran malestar en las bases de la “carrera judicial y fiscal” al considerar que su dependencia de los partidos políticos era insostenible, frustrante y, sobre todo, anacrónica y discordante con la separación de poderes propia del Estado democrático. A partir de ahí, el estamento profesional afectado, clamó contra la maniobra ministerial que reconducía las exigencias sociales de despolitizar el Poder Judicial, justo en sentido contrario a las promesas iniciales del PP de que la propia institución eligiera de forma mayoritaria a sus máximos representantes.

Un oscuro proceder en el que fue esencial el apoyo prestado por el PSOE a través de Soraya Rodríguez Ramos, portavoz socialista en el Congreso de los Diputados, y por Antonio Camacho, fiscal y sucesor de Pérez Rubalcaba al frente del Ministerio del Interior. Y que pasó, al parecer, por garantizar a Gonzalo Moliner su futura reelección como presidente conjunto del CGPJ y del TS en el próximo mandato institucional, apoyado por los dos partidos principales mediante pacto soterrado.

Un contubernio en el que también oficiaría el actual secretario de Estado de Justicia, Fernando Román, quien desde 1999 vino ocupando cargos de relieve en el CGPJ, incluido desde 2004 el de magistrado-jefe del Gabinete Técnico del TS, bajo las presidencias de Francisco Hernando y Carlos Divar. Es decir, un pacto asistido por todo un conocedor del sistema judicial de dependencia partidista.

En ese contexto, Gonzalo Moliner (quien a la postre no dejó de ser un candidato de Pérez Rubalcaba) se posicionó de inmediato y abiertamente a favor de una “elección parlamentaria” (política) de los cargos del CGPJ, aduciendo que éste es un órgano del Estado y lo tiene que elegir la ciudadanía (“Cadena Ser” 10/09/2012), afirmando de forma errada que “la elección por los jueces es una elección corporativa". Y añadiendo que una “elección corporativa” no parecía que fuera lo mejor en una democracia; proyectando hipócritamente el más que evidente “corporativismo” de la clase política y del propio estamento parlamentario, en unos jueces y fiscales que, bien por su razonable limitación para afiliarse a partidos políticos y sindicatos, o bien por su obligada dependencia jerárquica y disciplinaria del Ejecutivo, tienen bastante limitado ese posible ejercicio corporativista, más teórico que real…

Moliner se mostró, por tanto, decidido partidario de que los vocales del CGPJ tengan que seguir siendo elegidos espuriamente por el Poder Legislativo y no por los propios jueces (o de cualquier otra forma que garantice el principio de independencia conforme al reiterado compromiso previo del ministro Ruiz-Gallardón), y de seguir conculcando, en consecuencia, el principio de “separación de poderes” propugnado por Montesquieu y la propia esencialidad constitucional.

Esa nueva imposición del “poder bipartidista” (que conlleva un continuo “más de lo mismo”) es la que encendió la mecha de la reacción generalizada dentro de la Administración de Justicia, aflorando por distintos cauces y niveles funcionales otras motivaciones latentes y llevando a punto de explosión una situación totalmente insostenible. En definitiva, culminando un largo proceso de frustración contenido desde hace años y que, ahora, anuncia ya una respuesta contundente de difícil encaje político, incluyendo quizás una aplicación dura y ejemplar de la justicia en los casos con encausamiento de cargos públicos o que afecten a los partidos y sus áreas de influencia (ahí puede radicar el “meollo” de la cuestión, habida cuenta del nivel de corrupción en el que está inmersa la clase dirigente).

Dicho en términos de caza, y como ya apreciamos en otros análisis sobre el caso, parece que prescindir de las asociaciones de jueces y fiscales en el proceso electivo de la cúpula del Poder Judicial, o ningunearlas, está “marcando el muflón” de un nuevo “pim-pam-pum” nacional. Un ejercicio de desahogo profesional que acaso termine marcando el inicio de una vía reformista más que obligada, pero negada hasta ahora a cal y canto por la privilegiada clase política…

EL RECHAZO A LA MANIPULACIÓN POLÍTICA DE LA JUSTICIA

De hecho, recién abierto el Año Judicial (en septiembre de 2012) todas las asociaciones de jueces y fiscales radicalizaron su posición en contra del Gobierno, y en particular frente al Ministro de Justicia, quien al inicio de la legislatura había empezado a consolidar su imagen política como uno de los miembros del Consejo de Ministros socialmente mejor valorados. Punto de inflexión que se genera, como hemos dicho, en un clima de profundo malestar dentro del mundo de la justicia debido a las reformas legales proyectadas por Ruiz-Gallardón, supeditadas de forma clara a su exclusivo interés político y partidista, a su desentendimiento de las reclamaciones más sustantivas del estamento profesional implicado, al altísimo nivel de corrupción instalado en la vida pública y al malestar general que produce una política de grandes recortes socialmente desequilibrados.

Poco antes, a mediados del pasado mes de julio, Joaquim Bosch, portavoz de Jueces para la Democracia (JPD), ya aseguró que las cuatro asociaciones de jueces y las siete de fiscales estarían de acuerdo con la huelga judicial de jueces si el Gobierno no modificaba sus planteamientos en el ámbito de la Justicia.

Tras el paréntesis veraniego, y en paralelo con aquel inicio del Año Judicial, las reuniones masivas de las Juntas de Jueces celebradas el viernes 21 de septiembre en toda España, confirmaron el malestar larvado en el ámbito de la Administración de Justicia desde hacía tiempo, rebelándose contra las maniobras del ministro Ruiz-Gallardón y aprobando un “Comunicado” cuyo borrador (del 17 de septiembre) fue anticipado como primicia informativa por “El Espía Digital”.

En él, los jueces, magistrados y fiscales de siete asociaciones profesionales (APM, AJFV, JD, FJI, APIF, UPF y la Asociación de Fiscales), quisieron “dejar patente el malestar de la Carrera Judicial y Fiscal debido a la ausencia de voluntad política por la modernización del sistema judicial español, para impulsar una Justicia ágil y eficaz, dotándola de los medios personales y materiales necesarios, cuando, en realidad, no hay inversión más social que la que se efectúa en Justicia, pues una justicia ágil es un elemento fundamental para la reactivación económica y la inversión interna y extranjera, todo ello, en garantía de los derechos de los ciudadanos”.

Al mismo tiempo, frente a esa aspiración, destacaban “el manifiesto interés por el control político” de sus órganos de gobierno. Y denunciaron la actual situación, caracterizada, entre otras cosas, por un palpable abandono de las inversiones públicas en el ámbito de la justicia (mientras se saturaba el país de infraestructuras infrautilizadas e incluso inútiles), la congelación de las plazas judiciales y fiscales (sin convocar las oposiciones necesarias mientras aumentaban desmesuradamente los cargos políticos), la descoordinación en la gestión de la Administración de Justicia (ciertamente letal), los recortes salariales y estatutarios…

Finalmente, planteaban cuatro reclamaciones elementales:

Pero, más allá de aprobar este “Comunicado” del 17 de septiembre, algunas de las Juntas de Jueces (las celebradas en Baleares, Badajoz, Cáceres, Huelva, Málaga, Murcia, Toledo…) recogieron y destacaron la “indignación” que había provocado el nuevo presidente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Gonzalo Moliner, al “no defender los intereses de la carrera judicial” en sus negociaciones con el Ministerio de Justicia, tildadas de “personales” y para las que no se le considera legitimado.

En Madrid, la Junta de Jueces tomó cuatro acuerdos que situaron a sus bases en primera línea de la contestación al Gobierno.

Para empezar, aprobaron “adherirse por unanimidad al acuerdo alcanzado por la Comisión Interasociativa de fecha 17/09/2012 que propone como medidas el cumplimiento estricto de las horas de audiencia fijadas por la Ley, la autorregulación de la carga de trabajo de los Jueces y la participación en la concentración que se convoque a tal fin por la Comisión Interasociativa”. También analizaron con detalle varias medidas de presión, siendo aprobado por mayoría, con una abstención, el secundar la huelga si fuera necesaria como medida de presión.

En segundo lugar, se aprobó pedir la dimisión del presidente del CGPJ por “incumplir sus funciones como miembro de un órgano colegiado, deslealtad frente a la carrera y no garantizar la independencia judicial en las negociaciones y acuerdos privados que ha mantenido con el Ejecutivo, ocultando su verdadero alcance a la Carrera Judicial”.

En tercer lugar, aprobaron “recordar al Ministerio de Justicia que los Jueces somos Poder Judicial; que conforme a datos estadísticos hay un político por cada 106 habitantes y un Juez por cada 10.000 habitantes y que los proyectos legislativos por él auspiciados pretenden terminar con la independencia del Poder Judicial y tienen como finalidad el control de los Jueces”.

Por último, los jueces de Madrid también acordaron “solicitar formalmente la retirada del anteproyecto de reforma de la LOPJ”.

A raíz de esta reacción, fuentes del CGPJ sin concretar señalaron al diario “El País” (22/09/2012) que, en contra de las claras reivindicaciones de los jueces y fiscales para mejorar el deplorable funcionamiento de la Justicia, sus protestas encubrían en realidad “un intento de las asociaciones por seguir controlando la elección de los vocales del Poder Judicial”, que debía renovarse en 2013. Es decir, la perversidad del sistema es tal que, aun representando a los jueces, la cúpula del CGPJ prefiere supeditarse al Gobierno y a los intereses partidistas.

LA IMAGEN PÚBLICA DE RUIZ-GALLARDÓN, POR LOS SUELOS

Así, se consolidaban, por un lado, una actitud de manipulación política de la Justicia, con el anuncio de reformas normativas más que controvertidas y argumentos ministeriales insostenibles, y, por otro, una dura respuesta profesional del estamento judicial que dejaba perpleja a la clase política y entusiasmaba a la ciudadanía, viéndose directamente protegida por las bases del Poder Judicial en cuestiones tan sensibles como los desahucios, el “tasazo”, los indultos de interés político, etc… Un enfrentamiento que ha deteriorado la imagen pública del ministro de Justicia con una rapidez y un nivel de decaimiento sin precedentes.

Al principio de la legislatura, Alberto Ruiz-Gallardón era la “estrella” del Gobierno y el ministro socialmente mejor valorado. Incluso en el Barómetro del CIS de Octubre de 2012, cuando todo el Gobierno de Rajoy aparecía ya radicalmente “suspendido” (con valoraciones muy por debajo del 4 con un baremo establecido del 0 al 10), el ministro de Justicia era considerado como el “menos malo de todos los malos”, con una nota del 3,54.

Pero su actitud política real, perfectamente captada por los encuestados a través de sus propuestas de reformas normativas y de sus enfrentamientos con la Administración de Justicia, le llevó en enero de 2013 a descender de forma brutal en el Barómetro de Metroscopia, hasta ostentar un lamentable “saldo” de valoración social (diferencia entre el porcentaje de aprobación y el de desaprobación) de -46, sólo superado negativamente por el propio Rajoy (-53), Fátima Báñez (-50) y José Ignacio Wert (-56).

Nivel ínfimo que un mes más tarde, a principios de febrero, el mismo índice barométrico de Metroscopia le situaba ya como “farolillo rojo” dentro del desprestigiado equipo ministerial de Rajoy, meritorio título disfrutado ex aequo con el ministro Wert, ambos con un mismo “saldo” súper negativo de -54. Una medición realizada, además, antes de conocerse la Convocatoria de Huelga de jueces y fiscales para el próximo 20 de febrero, que, entre otras cosas, anuncia ya la “muerte política” de Alberto Ruiz-Gallardón.

UNA CONVOCATORIA DE HUELGA JUDICIAL, DEMOLEDORA

La pieza documental que convoca y razona la huelga judicial del próximo 20 de febrero y sus  contenidos reivindicativos, además de ser políticamente demoledora y de carecer de precedentes en el régimen democrático, es de muy difícil digestión gubernamental, mereciendo por tanto ser reproducida en su integridad:

CONVOCATORIA DE HUELGA

Las asociaciones abajo firmantes queremos transmitir a la opinión pública:

1. En el mes de octubre de 2012, la Comisión Interasociativa de Conflicto, constituida por todas las Asociaciones de Jueces y Fiscales, a la vista de los proyectos que el Ministerio de Justicia ponía en marcha a espaldas de los profesionales, de los ciudadanos y de su propio programa electoral, inició diversas medidas de conflicto solicitando del Ministerio:

A) Un incremento de la planta Judicial y Fiscal conforme a las previsiones establecidas por el Consejo de Europa. En España hay 10 Jueces por cada 100.000 habitantes, Moldavia y Albania cuentan con 12, Ucrania 14, Portugal 17, Grecia 20 y Alemania 25. Estamos en el puesto 36 del ranking europeo, sólo por delante de Armenia, Azerbaiyán, Georgia, Malta y Dinamarca, país este último con muy baja litigiosidad.

B) La paralización del Anteproyecto de Reforma del CGPJ, cuyo objeto poco disimulado era la asunción por parte del Ministerio de Justicia del Gobierno de los Jueces.

C) Que se mantuviera el presupuesto de Justicia en las previsiones del año 2013. Somos conscientes de la situación de crisis económica que por desgracia atravesamos. Sin embargo, en España, el presupuesto de Justicia no alcanza el 1% del PIB. La media europea está entre el 3 y el 4%.

D) La retirada del proyecto de Reforma de la LOPJ que afecta al Estatuto profesional de Jueces y Fiscales. Dicha reforma no sólo no se retiró, sino que se aprobó por Real Decreto-Ley y se publicó en el BOE de 28 de diciembre. Ello ha supuesto la supresión automática de entre 900 y 1000 jueces sustitutos y magistrados suplentes y 300 fiscales, con la correlativa obligación para los jueces y fiscales (ya tremendamente sobrecargados) de asumir el trabajo de otros órganos judiciales, lo que ya está provocando suspensiones y agrandando las terribles dilaciones que, por falta de medios, sufrimos hace años.

E) Que no se establecieran tasas judiciales que impidieran el acceso a la Justicia. Las tasas no sólo se implantaron, sino en unas cuantías de tal entidad que han impedido e impedirán que muchos ciudadanos puedan acudir a los tribunales para hacer valer sus derechos. De hecho, desde la entrada en vigor del “tasazo” hasta el momento presente se ha producido una disminución en torno al 25 % de litigios respecto al año pasado.

2. El Ministro de Justicia no sólo no ha atendido ninguna de las reivindicaciones que se formulaban, sino que ha declarado pública y reiteradamente que no lo va a hacer. Lejos de asumir su responsabilidad en la politización del órgano de gobierno de los jueces, el Ministro se ha limitado a culpar públicamente a las Asociaciones de tal politización; y paradójicamente, para justificar ante los ciudadanos el incumplimiento de su programa electoral, ha llegado a afirmar que la elección de los Vocales por las Cámaras despolitizará el CGPJ.

3. Determinados acontecimientos que hemos conocido pueden hacer sospechar el fundamento último de las reformas, el motivo oculto que las guía y el objeto que pretenden conseguir: dominar el Consejo General del Poder Judicial, suprimir de facto la independencia judicial (que, como la tutela judicial efectiva, se convertirá en una mera declaración carente de contenido) e imponer a los jueces y fiscales un trabajo inasumible que permita crear espacios de impunidad. Impunidad de la que, por una u otra vía, se han de beneficiar los diversos implicados en casos de corrupción extremadamente graves que estamos conociendo.

4. Y es que, siendo el indulto una medida de gracia excepcional, su concesión reiterada por parte del Gobierno en contra del criterio del Juez o Tribunal Sentenciador y Fiscalía a supuestos gravísimos (y especialmente a políticos condenados por corrupción) tiene un alto coste: el escándalo de la ciudadanía, que constata la existencia de esos espacios de impunidad. Precisamente por ello, la apuesta de nuestros gobernantes es reducir el presupuesto de Justicia, asumir el control de su órgano de Gobierno y reducir un 25% el número de jueces y fiscales del país que menos tiene en Europa; y a los pocos que quedan, ponerles a sustituir en varios órganos y con plena responsabilidad en todos ellos. Así se ralentizará todavía más la ya de por sí dificilísima investigación de los casos de corrupción (y también de todos los demás, aunque estos no importen tanto al Gobierno) y se multiplicará la posibilidad de que el juez y fiscal sobrecargado, estresado y presionado cometa un error que lleve a frustrar el fin del proceso. El objetivo que perseguimos es crear las condiciones para que la Justicia se aplique por igual para todos los ciudadanos sin excepción.

5. Expresamos nuestra preocupación por el drama social de las ejecuciones hipotecarias y pedimos soluciones efectivas para la protección de los afectados.

6. Nos oponemos a la privatización de los Registros Civiles para que se siga manteniendo como un servicio público y gratuito, ya que lo contrario perjudicará a la economía de los ciudadanos.

7. Lamentamos que el sistema preferido para arreglar los problemas de la justicia penal sea el endurecimiento de las penas a través de improvisadas reformas del Código Penal, colapsando así de manera recurrente fiscalías y juzgados. 

8. Las Asociaciones de jueces y fiscales llevamos meses intentando negociar con el Ministro de Justicia. Hemos tratado de adoptar medidas que no supongan quebranto alguno para el justiciable (concentraciones, paros de una hora...). Ante la incapacidad del Ministro de Justicia para gestionar la crisis, hemos solicitado ser recibidos por el Presidente del Gobierno, sin respuesta. Y por ello, sin desearlo pero sin tener otra salida, nos vemos obligadas a convocar una de huelga de jueces y fiscales, el próximo día 20 de febrero, invitando al resto de profesionales de la Justicia a secundarla, con las siguientes reivindicaciones:

1) Incremento de la inversión pública en Justicia para que los jueces y fiscales dispongan de los medios materiales y personales suficientes para poder desempeñar sus funciones de acuerdo con las elevadas atribuciones constitucionales que tienen asignadas y poder prestar un servicio público adecuado a la ciudadanía en defensa de sus derechos fundamentales.

2) Paralización inmediata del Proyecto de Ley para la reforma del Consejo General del Poder Judicial, órgano constitucional llamado a garantizar la independencia de los jueces que, con la proyectada reforma, pasaría a convertirse en un apéndice del Ministerio de Justicia.

3) Derogación de la LO 8/2012, a fin de garantizar la tutela judicial efectiva, y dotación inmediata de presupuesto suficiente para la designación de jueces y fiscales sustitutos, hasta que se incremente la planta judicial y fiscal.

4) Derogación de la Ley 10/2012, o modificación urgente de la misma, a fin de que las tasas judiciales no supongan vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva de los ciudadanos.

5) Reforma de la Ley del Indulto, porque en la actualidad incumple el deber de sujeción al derecho de todos los poderes, propiciando la discrecionalidad política de forma arbitraria, al no requerir explicación alguna para su concesión, y dejar sin efecto las condenas. 

No obstante, los gravísimos acontecimientos recientes hacen preciso, en interés de la Nación y de su imagen internacional, un fortalecimiento del Poder Judicial, como último garante del Estado. Pedimos el apoyo para esta convocatoria a la “Plataforma Justicia para Todos” y a los distintos sectores de la Administración de Justicia. Por ello, pese a que consideramos la huelga una medida de conflicto legítima y justificada, estamos dispuestos a desconvocarla siempre que el poder político abandone toda tentativa de recortar las competencias del Consejo General del Poder Judicial y que el Ministerio de Justicia empiece a actuar como un gestor competente, dotando realmente a la Administración de Justicia de los medios personales y materiales imprescindibles, que mejoren la paupérrima situación, en vez de recortar aún más los escasos medios con que contamos.

Madrid, 5 de febrero de 2013

ASOCIACIÓN JUDICIAL FRANCISCO DE VITORIA

JUECES PARA LA DEMOCRACIA

FORO JUDICIAL INDEPENDIENTE

UNIÓN PROGRESISTA DE FISCALES

ASOCIACIÓN PROFESIONAL INDEPENDIENTE DE FISCALES

Un aspecto destacable de este documento es que el sentimiento de jueces y fiscales que recoge, coincide plenamente con las aspiraciones ciudadanas, sin que se haya incluido en él ninguna reivindicación económica personal. Otro es que, por sentido de la responsabilidad y con objeto de no perjudicar a los ciudadanos de forma innecesaria, deja abierta la puerta del diálogo con el Gobierno y la posibilidad de desconvocar la huelga si se dieran las condiciones adecuadas.

Por otra parte, es significado el paralelismo de esta acción reivindicativa con la anterior (y hasta ahora única) huelga judicial, vivida en España el 18 de febrero de 2009. Su seguimiento fue mayoritario (alcanzó un 62 por 100), a pesar de haber sido convocada sólo por la Asociación Judicial Francisco de Vitoria (AJFV) y el Foro Judicial Independiente (FJI), y evidenció ante los ciudadanos, que entonces culpaban exclusivamente a los jueces del mal funcionamiento de la Justicia, las deficiencias estructurales del sistema judicial y la falta de los medios de trabajo más elementales (como un adecuado sistema informático compatible en toda España y una oficina judicial eficaz) que se arrastran secularmente con la responsabilidad compartida de todos los gobiernos del PP y del PSOE.

Aquella primera huelga judicial fue el golpe definitivo que llevó al polémico ministro de Justicia del momento (que había pretendido prohibir la huelga), Mariano Fernández Bermejo, a dimitir de su cargo cinco días después, el inmediato 23 de febrero de 2009.

LAS “RAZONES PERSONALES” DE RUIZ-GALLARDÓN

Con independencia del deterioro que esta segunda huelga producirá en la imagen del ministro Ruiz-Gallardón, y al margen también de que pueda forzar o no su dimisión, otro aspecto digno de consideración es el de cómo afectará a su campaña encubierta, pero continua, para sustituir a Mariano Rajoy en la Presidencia del Gobierno de la forma que fuere. Tras el “finiquito político” de Esperanza Aguirre y la previsión de que, tarde o temprano, el presidente Rajoy quede “abrasado” por la crisis económica, su interés más inmediato parece centrado en continuar tendiendo puentes y mantener buenas relaciones con el PSOE (que prudentemente no pide elecciones anticipadas pero si la sustitución de Rajoy) y en mantener una relación “diplomática” con los socialistas, por ejemplo “recomponiendo” con ellos la radicalidad de la reforma de la Ley Orgánica 2/2010, de 3 de marzo, de salud sexual y reproductiva y de la interrupción voluntaria del embarazo (Ley de Plazos), convenientemente “aparcada” por Ruiz-Gallardón a pesar de estar incluida en el programa electoral de su partido.

Más allá todavía, y según se ha rumoreado en medios informados de la Unión Europea tras los comentarios que el propio Ruiz-Gallardón habría deslizado ante algunos de sus mandatarios más significados, no cabe desechar la idea de que, en un momento crítico dado, aspire a postularse (o a que le postulen) como “el Monti español”; es decir, como un presidente de Gobierno transitorio y de consenso político, sin necesidad de convocar elecciones legislativas anticipadas. Caso en el que su particular relación con el PSOE allanaría el terreno y los pactos parlamentarios necesarios.

De esta forma se entiende también que fuera un candidato del PSOE, Gonzalo Moliner, el que se alzara con la presidencia común del CGPJ y el TS, nombramiento muñido, como hemos dicho, por dos peones de Alfredo Pérez Rubalcaba (Soraya Rodríguez Ramos y Antonio Camacho) y el “segundo” de Alberto Ruiz-Gallardón en el Ministerio de Justicia (Fernando Román)...

Por otra parte, parece que en el cuartel general del PP (Génova 13) ya se ve con recelo la especial relación de “confianza” que Ruiz-Gallardón mantiene con “El País”, y en concreto con algún redactor de lo publicado sobre las “fotocopias de Bárcenas” (dos días antes de dicha explosión informativa se les vio comiendo juntos en un restaurante navarro muy próximo a la sede central del PP, “La Manduca de Azagra”, en la calle Sagasta 14), lo que hace pensar que, cuando menos, el ministro de Justicia sabía lo que se estaba cociendo periodísticamente, guardándolo para sí.

Además, en la alta dirección del PP también se ve con gran preocupación la posible implicación de Ruiz-Gallardón con el “caso Urdangarin”, a propósito de la investigación realizada en Madrid los días 7 y 8 de febrero por el juez-instructor José Castro, y el fiscal anticorrupción de Baleares, Pedro Horrach, durante la que interrogaron a varias personas, todas vinculadas a la “Fundación Madrid 2016” impulsada por Ruiz-Gallardón para promocionar la frustrada candidatura de la capital como sede de los Juegos Olímpicos. El entonces alcalde de Madrid ordenó el pago de 144.000 euros al duque de Palma por unos trabajos presuntamente ficticios, de los que el juez Castro no encuentra el menor rastro…

La realidad es que manteniendo en Justicia a Ruiz-Gallardón y alentando por tanto sus ambiciosas “razones personales”, que vienen de antiguo y son perfectamente conocidas, el PP parece irremediablemente condenado a sufrir, también por el flanco de la Justicia, un gran deterioro electoral y, sobre todo, una irreparable pérdida de credibilidad democrática.

LA CONSOLIDACIÓN DE LA “DICTADURA DE LOS PARTIDOS”

Para muchos observadores perspicaces, el tema de las tasas judiciales, es una buena muestra instrumental de por donde lleva realmente las cosas el avezado Ruiz-Gallardón. Para ellos, el “tasazo” no deja de ser un tema que, para empezar, puede funcionar perfectamente como cortina de humo lanzada con el doble objetivo de sondear la fuerza y cohesión interna en la Administración de Justicia y distraer la atención sobre algo mucho más importante para consolidar la supremacía política del Poder Ejecutivo: la reforma profunda (y en pro de una “dictadura de los partidos”) de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, cuyo contenido ya ha comenzado a modificarse con la Ley Orgánica 8/2012, de 27 de diciembre, de medidas de eficiencia presupuestaria en la Administración de Justicia.

No obstante, sobre la conocida como “Ley de Tasas” (Ley 10/2012, de 20 de noviembre), que, como sabe perfectamente Ruiz-Gallardón, supone una vulneración grave del derecho a la tutela judicial efectiva de los ciudadanos establecida en el artículo 24 de la Constitución, conviene informar a la opinión pública que durante el proceso de redacción, el entorno ministerial mantuvo conversaciones con los órganos de gobierno de la judicatura y con las asociaciones profesionales, asegurándose en ellas que las nuevas tasas serían “algo testimonial, sobre unos 50 o 60 euros de incremento”, lo que en principio a todos los colectivos les pareció algo asumible. La inadmisible realidad posterior del “tasazo” que supone la Ley 10/2012, es cosa muy distinta y, en el fondo, acorde con la fama de político ingrato que tiene Ruiz-Gallardón incluso dentro de su propio partido (Esperanza Aguirre se dirigía a él de forma reservada como “el hijo de puta”).

A pesar de que los edecanes ministeriales y el propio Ruiz-Gallardón habían prometido por activa y por pasiva que las tasas no entrarían en vigor hasta 2013, las impusieron aceleradamente el 20 de noviembre, forzando a los despachos jurídicos a meter por Decanato a todo correr cuantas demandas y querellas tenían pendientes, convirtiendo los juzgados en un auténtico patio de monipodio. Hasta el punto de tener que rebajar la tensión generada dejando en suspenso las tasas “por problemas de implantación técnica” (se carecía de formularios y de procedimientos para que los funcionarios pudieran implantar las tasas en el Sistema de Gestión Procesal “Minerva NOJ”).

Un errático proceder sin precedentes conocidos en la Administración de Justicia y totalmente incomprensible salvo que, en vez de tratarse de una “chapuza” legislativa, el propio ministro se fabricara una vacatio legis a su particular medida y perfectamente planificada para testar la capacidad de reacción del estamento judicial ante lo que verdaderamente pretende el Gobierno de Rajoy…

Porque el objetivo político que se va cocinando “a puerta cerrada”, no es otro que el ya comentado de la reforma del Poder Judicial y del propio funcionamiento de la Justicia bajo la tutela del Ejecutivo y de las fuerzas políticas que le sustentan alternativamente (PP y PSOE), consumando así la invasión partidista en todos los ámbitos de la vida pública y la impunidad de la corrupción política. Es decir, transformando sutilmente la democracia en una “dictadura de los partidos” o, expresado de otra forma, en una vergonzosa “satrapía partitocrática”.

No hace falta ser juez ni fiscal, y ni siquiera abogado, sino tan sólo buen observador de la realidad social, para ver la senda por la que encauza sus peligrosos pasos el actual ministro de Justicia, sobre el que todavía caben muchas sospechas de falso demócrata. De momento, y dispuestos a que expertos juristas nos enmienden la plana, ahí quedan para nuestros lectores algunas llamadas de atención que no son poca cosa:

• • ¿Pretende o no pretende el ministro Ruiz-Gallardón despojar al Juez Instructor de todas sus competencias, dejando en manos de la Fiscalía las diligencias de los sumarios…? ¿Es que acaso ese traspaso competencial no significa que el sumario deja de ser controlado por un juez independiente, al menos en teoría, y pasa al control de un fiscal que se rige por el principio de “obediencia jerárquica”, y cuyo jefe supremo es el propio ministro de Justicia…?

• • Finalmente, la “guinda” de las reformas que se trae entre manos Ruiz-Gallardón consiste en implantar los “Jueces de Distrito”, aunque para justificarlos primero tenga que colapsar totalmente la Justicia. En pocas palabras y bien entendibles, este tipo de jueces dependen de un nombramiento político “a dedo”, parecido al Cuarto Turno pero más cutre, si cabe…

¿ES RAJOY “EL REFERENTE DE LA REGENERACIÓN DEMOCRÁTICA”?

Con todas estas gloriosas iniciativas in mente, está claro que el ministro Ruiz-Gallardón o se hace el amo de la “satrapía partitocrática” o termina en la cuneta política: “Camina o revienta” como diría Manuel Benítez “El Cordobés”, afamado matador de toros inventor de la suerte denominada “el salto de la rana”. Claro está que con un padrino de alternativa bien notorio: Mariano Rajoy, presidente del Gobierno y del PP.

Ruiz-Gallardón tiene a su favor el entusiasta apoyo de toda la clase política, porque sus reformas judiciales, teniendo bien sujeto al Poder Judicial, garantizan la impunidad de la corrupción partitocrática. Y en su contra la ética política, la dignidad personal y los principios y valores que, de verdad, inspiran la democracia.

Estos días, y precisamente en el marco de la polémica suscitada con el “caso Gürtel-Bárcenas”, paradigma de la corrupción política, Alberto Núñez Feijóo, uno de los pocos políticos que todavía pueden ser escuchados por los ciudadanos, ha afirmado con contundencia: “El referente de la regeneración democrática es Rajoy”. Pero, sin embargo, las reformas mangoneadas por el ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, suponen todo lo contrario, porque requieren el aval solidario del Consejo de Ministros; obviamente, eso es lo que piensan los jueces y fiscales independientes que entienden la Justicia al servicio de los ciudadanos y como soporte vital de la libertad y la democracia.

En newsletters anteriores ya hemos reflexionado sobre la conveniencia de conocer la realidad objetiva a efectos del buen gobierno político. Dijimos, y seguimos diciendo, que, en esencia, la razón depende de la verdad y que sólo cuando el gobernante o el opositor conocen y asumen las cosas como son en sí, alcanzan esa verdad, lo que les permitiría actuar con razón y no contra ella, mientras que de otra forma caerán en el error y, por tanto, en la acción política inútil, cuando no perniciosa.

Un ejemplo bien próximo de cómo el PP y el PSOE se suelen estrellar contra este sencillo razonamiento, es el de la lectura que hicieron de las elecciones celebradas el pasado 25 de noviembre para renovar anticipadamente el Parlamento de Cataluña y, en consecuencia, para decidir la Presidencia y el nuevo Gobierno de la Generalitat. Una cuestión política sustancial resuelta finalmente como vaticinamos incluso antes de conocer la adjudicación de escaños (con un Gobierno de CiU apoyado y radicalizado por ERC), junto con todas las previsibles consecuencias políticas ya consumadas, como la “Declaración Soberanista” aprobada en el Parlamento de Cataluña el pasado 23 de enero, y las que quedan por venir.

Entonces, y como suele suceder, los partidos perdedores realizaron una lectura interesada y absurda de los resultados, hasta el punto de pedir algunos la dimisión de Artur Mas, cuando CiU había doblado en diputados con mucha holgura tanto al PSOE como al PP (obtuvieron 50, 20 y 19 escaños respectivamente), sólo porque no alcanzó la “mayoría absoluta”. Es decir, negando la realidad más evidente y sin que los dos grandes derrotados en aquellos comicios catalanes, el PP y el PSOE, realizasen la más mínima “autocrítica” sobre su propiay errada estrategia electoral autonómica.

 LA REALIDAD INDEPENDENTISTA DE CATALUÑA SIGUE ADELANTE

Dada la importancia política de los comicios del 25-N, en los que se medía claramente la temperatura del independentismo catalán y, de forma contrapuesta, la relativa fortaleza o debilidad del actual modelo de Estado, lo primero que demostró la victoria electoral de CiU, a pesar de perder 12 escaños sobre su posición anterior, fue la incapacidad del PP para recogerlos, aun cuando representaran votos de la derecha catalana no secesionista.

El PP se quedó atascado en una cuarta posición electoral con 19 diputados y el apoyo de un 12,97 por 100 de los votantes, lo que a tenor de la bandera “españolista” que arrió en su campaña y de ostentar la mayoría absoluta en el Congreso de los Diputados y en el Senado, presidiendo por supuesto el Gobierno de la Nación, es una derrota sin paliativos, no reconocida pero realmente grave a efectos del problema secesionista de fondo que subyacía en estos comicios. Y esto es lo que hay, lo vean o no lo vean los gerifaltes de la política nacional, desde el Jefe del Estado para abajo.

Pero si el PP y Mariano Rajoy fracasaron sin paliativos al defender su opción “autonómica” en Cataluña, algo similar hay que decir de los socialistas. Alfredo Pérez Rubalcaba, secretario general del PSOE,y el líder del PSC Pere Navarro, representantes de la otra gran alternativa de gobierno en España, y que por tanto habríamos de identificar también con una defensa política del “Estado español”, perdieron nada menos que ocho escaños.

Dicho con otras palabras, el PSC-PSOE sigue compitiendo“ciego, sordo y cojo”en el maratón político catalán, como en el vasco o en el gallego, sin soltar el lastre de su absurda propuesta “federalista”, empeñado en realimentar, en vez de solucionar, el actual frangollo autonómico; es decir promoviendo“taifas sobre taifas”. Claro está que, alzando esta bandera, la valoración social del PSOE seguirá bajo mínimos, e incluso por detrás del resto de los demás partidos políticos.

En realidad, lo que subyace en toda la interpretación equivocada que se ha hecho de los resultados electorales del 25-N, y también en las rabietas de la oposición “españolista” contra Artur Mas, acompañadas con una exigencia paralela ciertamente necia de que renunciase al liderazgo de CiU, es su trasfondo secesionista. Liderando la eclosión ciudadana en favor del independentismo (quizás antes que promoviéndolo), palpable a más no poder, CiU se atrevió a encabezar por primera vez su programa electoral con esta aspiración política, de forma tan arriesgada como rotunda.

El “pulso” que Artur Mas lanzó al Gobierno de la Nación (y a la oposición socialista) el 25-N fue total, y en el análisis objetivo de la situación hay que reconocer que lo gano en toda regla, por mucho que se quiera ocultar o no reconocer.Y, más grave si cabe, con la evidencia de que, por primera vez en el nuevo Estado democrático, los votantes de CiU han asumido con plena consciencia, y expresándolo sin ambages en las urnas, sus exigencias de independencia, porque los votos de quienes piensan de forma distinta, o se han querido distanciar del “secesionismo”, han emigrado obviamente hacia otras formaciones políticas (por ejemplo, los casi 170.000 votantes que han incrementado la base electoral de Ciutadans y que le han permitido obtener seis escaños más de los que tenía). Por tanto, a partir del 25-N ya no cabe duda alguna sobre las “señas independentistas de CiU”.

 Por otra parte, el gran refrendo de esta aspiración separatista es mucho más palpable con el éxito electoral obtenido por ERC, partido que ha doblado sus escaños (21 frente a los 10 precedentes) convirtiéndose en la segunda fuerza política de Cataluña, a pesar del fracaso que cosechó participando en el llamado Gobierno “tripartito”. Dato realmente destacado y significativo del 25-N.

Es decir, el problema de fondo (el pulso de la secesión) se agravó de forma sustancial para los partidos “españolistas” (y para el Estado) una vez que el éxito de CiU se ha visto flanqueado también con el de ERC, partido bastante más radical al respecto.

El 25-N consolidó una mayoría “independentista” catalana neta de 74 escaños (CiU, ERC y CUP) frente a una oposición formalmente“españolista” de 61 escaños (PSC, PP, ICV y C’s), que, además de estar menos cohesionada, no comparte una misma idea del Estado ni tiene las cosas claras al respecto, lo que, por otra parte, evidencia su incapacidad para defenderlo. Una aritmética parlamentaria que muestra la división real de la sociedad catalana en relación con el concepto de España y su sistema de convivencia, con una posición secesionista que se anuncia irreversible, tanto por efecto de la acción política cotidiana, autonómica y municipal, como por la falta de capacidad del PP y el PSOE para contrarrestarla.

 LA “DECLARACIÓN SOBERANISTA” DEL PARLAMENTO CATALÁN

La dinámica de los hechos ha demostrado de forma inmediata que ese “frente parlamentario independentista” no sólo existía, sino que va a más. Así, apenas transcurridos dos meses desde el 25-N, la diferencia aritmética inicial entre las dos posiciones básicas (74 escaños frente a 61) se disparó el pasado 23 de enero al votarse la “Declaración Soberanista” del Parlamento Catalán en el primer pleno de la legislatura, con 85 votos a favor y 41 en contra (el resto fueron abstenciones o ausencias); es decir con más del doble de votos a favor que en contra.

Una resolución parlamentaria que se las trae, que se las traerá más a partir de ahora y que arrastra una larga historia reivindicativa cuyos hitos más próximos ni el PP ni el PSOE (y sus sucesivos gobiernos) quisieron tomarse en serio y, mucho menos aún, cortar por lo sano de consuno.

Por ejemplo, después de recordar las aspiraciones de transformar el marco político y jurídico de Cataluña a través del proceso de reforma del Estatuto de Autonomía iniciado por su Parlamento en el año 2005, en el preámbulo de la “Declaración Soberanista” se afirma: “Las dificultades y negativas por parte de las instituciones del Estado español, entre las que cabe destacar la Sentencia del Tribunal Constitucional 31/2010, suponen un rechazo radical de la evolución democrática de las voluntades colectivas del pueblo catalán dentro del Estado español y crean las bases para una involución en el autogobierno, que hoy se expresa con total claridad en los aspectos políticos, competenciales, financieros, sociales, culturales y lingüísticos”.

A continuación, se manifiesta también: “El pueblo de Cataluña ha expresado de varias formas su voluntad de superar la actual situación de bloqueo dentro del Estado español. Las manifestaciones masivas de 10 de julio de 2010, con el lema ‘Somos una nación. Nosotros decidimos’, y de 11 de septiembre de 2012, con el lema ‘Cataluña, nuevo estado de Europa’, son expresión del rechazo de la ciudadanía hacia la falta de respeto a las decisiones del pueblo de Cataluña”.

Y, finalmente, se concluye: “El 27 de septiembre de 2012, mediante la Resolución 742/IX, el Parlamento constató la necesidad de que el pueblo de Cataluña pudiese determinar libre y democráticamente su futuro colectivo por medio de una consulta. Las últimas elecciones al Parlamento de Cataluña, el 25 de noviembre de 2012, expresaron y confirmaron esta voluntad de forma clara e inequívoca”.

Pero, al margen del preámbulo y centrados en la declaración expresa aprobada en sede parlamentaria dentro de la Resolución 5/X, de 23 de enero de 2013, dicho de otra forma aprobada “por la voluntad democrática del pueblo catalán”, lo primero que se debe destacar es su título específico, desde luego poco divagante: “Declaración de soberanía y del derecho a decidir del pueblo de Cataluña”. Bien claro está letra por letra.

Sin necesidad de tener que comentar, uno por uno, los nueve “principios” que incorpora la “Declaración Soberanista” por la que el Parlamento de Cataluña acuerda iniciar el proceso para que sus ciudadanos puedan ejercer el derecho de decidir su futuro político colectivo, su alcance queda de manifiesto en el primero de ellos dedicado expresamente al concepto de “soberanía”:“El pueblo de Cataluña tiene, por razones de legitimidad democrática, carácter de sujeto político y jurídico soberano”.

Por si eso fuera poco o alguien no alcanzara a ver todavía por dónde van los tiros, el segundo “principio” aclara también la “legitimidad democrática” del caso en los siguientes términos:“El proceso del ejercicio del derecho a decidir será escrupulosamente democrático y garantizará especialmente la pluralidad y el respeto de todas las opciones, mediante la deliberación y el diálogo en el seno de la sociedad catalana, con el objetivo de que el pronunciamiento que se derive sea la expresión mayoritaria de la voluntad popular, que será el garante fundamental del derecho a decidir”.

Y, para terminar de dejar claro que la cosa va en serio, otro principio del mismo documento advierte el nivel de “interlocución” con el que los catalanistas piensan afrontar su provocador empeño:“Se dialogará y se negociará con el Estado español, con las instituciones europeas y con el conjunto de la comunidad internacional”. Ahí es nada…

LA RESPUESTA FRÍVOLA Y DESPRECIATIVA DE MARIANO RAJOY

Pues bien, lo más lamentable del caso es que a Mariano Rajoy, nada menos que presidente del Gobierno, le parece que esta “Declaración Soberanista” del órgano política y legítimamente representativo del pueblo catalán“no sirve para nada”. Afirmación que nos muestra una faceta de su personal “galleguismo” hasta ahora poco visible, la de la frivolidad política, que le sitúa en la misma senda de irresponsabilidad por la que transitaba el ex presidente Rodríguez Zapatero.

Adoptando una posición ciertamente despreciativa de la Resolución 5/X del Parlamento de Cataluña, manifestada en Lima durante una comparecencia conjunta con el presidente Ollanta Humala en la que no se admitieron preguntas de la prensa, Rajoy sentenció con cierta ligereza: “Aprobar resoluciones que no están en el marco constitucional no sirve para nada”. Una forma bastante ligera de entender el problema y de anticipar el criterio gubernamental de que, en su cuestionable opinión, la resolución no tiene efectos jurídicos y que, por tanto, no sería recurrida al Constitucional, dando por inocuo lo que realmente tiene una gran carga de nocividad política.

Al parecer, Rajoy ha dedicado más tiempo del que parece a estudiar la resolución, anunciada hace semanas, hasta el punto de seguir analizando su texto definitivo incluso en el avión que le trasladó a Lima, aunque el resultado haya sido banal. Así, el Gobierno habría podido tener previsto de antemano no recurrirla ante el Tribunal Constitucional, aunque no se sepa exactamente cuál sería el motivo de esa actitud; como es conocido, las opiniones y decisiones políticas del presidente del Gobierno suelen ser tan poco accesibles como comprensibles.

¿Teme Rajoy que, llegado el caso, el Constitucional no se pronuncie en contra de la “Declaración Soberanista”…? ¿Acaso ha recordado que el recurso de inconstitucionalidad interpuesto por el PP contra el llamado “Plan Ibarretxe” (aprobado en el Parlamento vasco el 30 de diciembre de 2004) ni siquiera fue admitido a trámite…? ¿Ha valorado el presidente del Gobierno que, sin erradicarlas de plano, este tipo de declaraciones pueden tener réplicas miméticas en ayuntamientos y diputaciones catalanas que seguirían“calentando” el independentismo por una peligrosa senda de deterioro político y cada vez de más difícil retorno…?

Quizás, las “cabezas pensantes” del Gobierno consideren más adecuado esperar a que el problema llegue al Congreso de los Diputados para enfrentarlo democráticamente a la voluntad nacional, no la catalana, y “disolverlo” entonces ganando la batalla “con los votos de todos”, como terminó sucediendo con el “Plan Ibarretxe”. Un camino de dudosa eficacia, porque las circunstancias y la naturaleza que rodean el problema vasco y el catalán no son exactamente las mismas (véanse, por ejemplo, la posición soberanista asumida por ICV y la disensión aflorada dentro del PSC).

Lo cierto es que Mariano Rajoy no parece tener clara la diferencia que existe entre la realidad jurídica y la realidad sociopolítica; porque si los efectos jurídicos de la “Declaración Soberanista” de Cataluña fueran de hecho inexistentes o intrascendentes, su efecto político puede ser demoledor.

Alguien debería advertir al Gobierno que, en temas tan “sensibles” como el de la “cuestión catalana” (que quiérase o no tiene su historia), sentencias marianistas como la del “no sirve para nada” son, además de infantiles, una pura boutade. Y hablar de que llegado el caso “se aplicará la ley”, como también dijo Rajoy en Lima, es casi un chiste: ahí está, sin ir más lejos, la victoria política de ETA sin que esa misma ley haya impedido que se siente en todas las instituciones de representación democrática… y todo lo que termine viniendo por ese flanco.

No vamos a insistir en las erradas interpretaciones que por activa o por pasiva están dando el Gobierno y la Oposición (y hasta la Corona) sobre la Resolución 5/X, del 23 de enero de 2013, del Parlamento de Cataluña, y sobre las lecturas miopes del caso que han proliferado por los medios informativos, ni a dar tampoco más pistas aclaratorias de por dónde están yendo los tiros secesionistas; aunque no dejemos de reafirmar que la aprobación de la “Declaración Soberanista” de marras ha constituido un auténtico éxito para sus promotores, un verdadero descalabro para sus antagónicos detractores y un brutal navajazo más para la “vertebración del Estado”. Asunto éste eternamente pendiente, como Su Majestad el Rey reconoció al periodista Jesús Hermida durante la entrevista concedida con motivo de su 75 cumpleaños (TVE 04/01/2013), sin mayor preocupación y ya tras 37 años de reinado.

¿POR QUÉ QUIERE EL PSOE “DESVERTEBRAR” EL ESTADO?

Lo que sí nos parece imprescindible en esta reflexión sobre el “problema catalán” (que no deja de ser un “problema de España”) es destacar, por su intrínseca gravedad, el empeño del PSOE en “desvertebrar” el Estado aún más de lo que ya está, tratando de insuflar en su actual modelo político y territorial, objetivamente “terminal”, nuevas dosis de letalidad en vena, no con “más de lo mismo” sino con “mucho más de lo peor”. Una chafarrinada política de marca mayor, propuesta por algunos socialistas a los que se les podía suponer todavía cierta sensatez después de padecer su partido la orgía autodestructiva del “zapaterismo”, proyectada además a través de la acción gubernamental sobre el conjunto de la vida nacional.

Porque la “reforma federal” del Estado de las Autonomías que el secretario general del PSOE se sacó de la manga el pasado mes de septiembre para afrontar “estratégicamente” las elecciones del 21-O en Galicia y el País Vasco y las del 20-N en Cataluña, recuerda demasiado al electorado el desafortunado estilo “ocurrente” de su antecesor en el cargo: el ínclito ZP.

Antes de que la realidad hiciera saltar por los aires la escasa perspicacia electoral del PSOE (que perdió 7 escaños en Galicia, 9 en el País Vasco y 8 en Cataluña), Pérez Rubalcaba, se despachó así de iluminado:“Asimetría existe en la Constitución española, lo que se trata es de ver si podemos reflejar mejor las singularidades. Cataluña plantea dos problemas, uno es la financiación, y el segundo es cómo se siente en el conjunto de España”. Y con la guinda añadida de que “el modelo federal es una mejora sobre el Estado autonómico”, porque, entre otras cuestiones, “permite mecanismos de cooperación más claros”.

Eso sin dejar de salpicar por diversos medios informativos otras ideas falsarias como la de que hay que avanzar hacia el modelo federal porque  “garantiza la igualdad y preserva la diversidad”, o la de que a España le faltan cosas de un Estado federal y “hay que completarlo”... Por cierto, asegurando también entonces que el PSC “no es un partido soberanista”, siendo bien evidente que, poco después, cinco de sus diputados en el Parlamento de Cataluña (el 25 por 100 del total) se negaron de forma expresa a votar en contra de la “Declaración Soberanista” que tanto nos complica la vida…

Pero es que, en paralelo, otros miembros de la “vieja guardia” socialista (antes “españolistas” de pro) acompañaban la peregrina reorganización territorial “federal” propuesta por Pérez Rubalcaba con afirmaciones del mismo corte equívoco e inoportuno.

Felipe González declaraba que “la mejor estructura de Estado es la federal”, sin explicar porque razón no era entonces, por ejemplo, la más usual en nuestro entorno europeo. El ex presidente socialista, que más o menos siempre tuvo a las autonomías debidamente “embridadas”, se muestra ahora (a la vejez viruelas) partidario de “una estructura territorial federal” con dos componentes claros, “el mantenimiento de la cohesión” y “el reconocimiento de la divergencia”, en función de “razones claras”, como la lengua, puntualizando: “Por lo tanto, puede haber asimetrías, pero no en los derechos de los ciudadanos”. Pero, ¿cuál es, entonces, la diferencia entre el actual Estado de las Autonomías y el nuevo Estado Federal propuesto por los socialistas…?

Más desairados aún son los intentos de Ramón Jáuregui por maquillar el actual modelo autonómico con una inoperante “solución federal” que, en realidad, sólo es una nueva versión, o un “paso de tuerca” más, del mismo timo político, sabiendo, como sabe cualquier aprendiz de ciencia política, que lo “federal” sólo puede ser una solución cuando no se dan asimetrías territoriales, desigualdades insolidarias ni exigencias soberanistas. En un artículo titulado precisamente “Reformas federales”, publicado en el digital “Diario Crítico” (07/11/2012), propone “una auténtica renovación del pacto territorial” conjugando básicamente estas cuatro materias:

Una extraña amalgama compatible, según Jáuregui, con el establecimiento de unos principios constitucionales que desarrollen mejor los consabidos valores de la Solidaridad, la Igualdad y la Singularidad. Y, en definitiva, otra reiteración manida de lo ya conocido, con nuevos ataques al Estado y que, además, tiene el peligro de abrir la puerta a un federalismo real que terminara dando la puntilla a la realidad histórica de España: ¡vaya broma!

La realidad es que la “reforma federal” del Estado de las Autonomías que ahora nos propone el nuevo “zapaterismo” socialista, no deja de ser, de forma paradójica, una auténtica “mascarada” para intentar disfrazar la total inoperancia de la “solución federal” en el caso español. Sin olvidar que, hoy por hoy, el país es un “reino” sustancialmente imposible de “federalizar”.

Con todo, no deja de llamar la atención el hecho de que, inmediatamente antes de que el Parlamento de Cataluña aprobara su polémica “Declaración Soberanista”, el PSC pusiera su granito de arena en el patio de monipodio catalán proponiendo una propuesta de resolución, por supuesto sin mayor recorrido parlamentario, en la que abogaba por una reforma constitucional para que España se convierta en un “Estado federal” y Cataluña pueda ejercer el derecho a decidir su futuro. En el texto se defendía la necesidad de impulsar las reformas necesarias a fin de que los ciudadanos de Cataluña “puedan ejercer su derecho a decidir a través de un referéndum o consulta acordado en el marco de la legalidad”.

La reforma constitucional propuesta por el PSC tendría como objetivo federalizar el actual Estado de las Autonomías para garantizar el máximo de autogobierno para Cataluña, asegurando un trato fiscal justo, reconociendo la identidad y cultura propias y estableciendo un “sistema de soberanías compartidas”, que, según los socialistas, “es la mejor forma de gestionar las interdependencias existentes en el mundo global”…

EL PSOE SE ESTRELLA CONTRA EL MURO DE LA OPINIÓN PÚBLICA

Lo cierto y al parecer desconocido por el PSOE, que cada vez lee y escucha menos, es que el Barómetro del CIS del pasado mes de noviembre ya señalaba que sólo un 12,4 por 100 de los españoles encuestados se mostraba favorable a que las Comunidades Autónomas tengan mayor autonomía que en la actualidad y que sólo un 9,9 por 100 es partidario de un Estado en el que se les reconociese la posibilidad de independizarse, sumando entre ambas posibilidades “extremas” un 22,3 por 100 de la población, identificada obviamente con los votantes del nacionalismo radical y no del PSOE.

Por el contrario, el mismo Barómetro señalaba que un 24,9 por 100 de los españoles consultados (más que el total anterior) se declaraba partidario de un Estado con un único Gobierno Central sin autonomías, a los que tampoco habría que presuponer aversión alguna ante opciones electorales socialistas. ¿Por qué insiste entonces la cúpula del PSOE en una “solución federal” sin el respaldo de su propio electorado…?

A mayor abundamiento, Pérez Rubalcaba, González, Jáuregui y los demás “federalistas”del PSOE, se enfrentan también políticamente con un 13,4 por 100 de los españoles que, según el CIS, prefieren un Estado en el que las Comunidades Autónomas tengan menos autonomía que en la actualidad. Y, sobre todo, desprecian la opinión del 32,5 de los mismos encuestados que, de momento, prefieren un Estado de las Autonomías como el actual.

Total, que frente a un 70,8 por 100 de la población posicionada en contra de más desmanes autonómicos, el PSOE, ni corto ni perezoso, promueve un Estado federal tan inconsecuente como absurdo y, por supuesto, enfrentado sustancialmente con la Corona. Algo, en efecto, propio del más acendrado “zapaterismo”.

Así, con tanta confusión sustancial, tampoco es de extrañar que en “El debate de la 1” (emitido en la madrugada del pasado 18 de enero) Elena Valenciano, vicesecretaria general del PSOE y “número dos” de Rubalcaba, defendiera un “Estado federalizante” antes que un “Estado federal”; hablara de un proceso de reforma de la Constitución, que no sería “constituyente”, y de que, en relación con el secesionismo, el PSOE defiende el derecho a votar de todos los españoles mientras que, contradictoriamente, el PSC defiende sólo el de los catalanes… Visiblemente confusa y nerviosa, porque no era para menos, terminaría proponiendo algo así como un camino intermedio entre no hacer nada y chocar con los nacionalistas, digamos que por no hablar de “la cuadratura del círculo”.

En paralelo, y por poner otro ejemplo de “movida” no menos curiosa, los socialistas canarios se afanaban para proteger las singularidades insulares ante la reforma constitucional propugnada por el propio PSOE. Su principal objetivo en ese sentido sería constitucionalizar aún más el REF (Régimen Económico y Fiscal de Canarias) de forma que su cumplimiento quedara blindado en los términos estrictos que recoge la actual ley, que al no ser una ley orgánica lo deja al albur de la voluntad de los gobiernos centrales (“laprovincia.es” 16/01/2013); es decir, una especie de “fin del paganismo y principio de lo mismo” recuperando una celebrada expresión del profesor Jesús Fueyo sobre el último cambio de régimen político…

EL LASTRE DE LAS AUTONOMÍAS Y EL HUNDIMIENTO NACIONAL

En nuestra Newsletter 20, editada el 29 de julio de 2012, nos pronunciamos sobre el origen, las debilidades y la “España sin futuro” a la que nos ha conducido el frangollo político del Estado Autonómico (leer “El insostenible descalabro de las Autonomías”). Un modelo evidentemente fracasado pero protegido a cal y canto por la actual clase política como instrumento que ampara el pesebrismo partidista y la corrupción general del sistema.

Con anterioridad, y comentando los componentes de irreversibilidad que alimentan la crisis actual, todavía encubiertos en el debate político, ya habíamos advertido: La cuestión de fondo es que los constituyentes de 1978, educados en el franquismo por activa o por pasiva, dejaron el problema de las Autonomías “atado y bien atado”, ámbito en el que fueron tomando cuerpo creciente los desmanes presupuestarios y se gestó el despropósito político-financiero de las cajas de ahorros; dejando además vías abiertas para que en las legislaturas sucesivas el “café para todos” inicial, se acompañara de puros, licores y pastelería al gusto, en régimen de “barra libre”…

Esta es una desagradable cuestión que tendrá un recorrido inevitable, duro y con consecuencias impredecibles, aunque los actuales dirigentes políticos no quieran apearse de la burra autonómica, ni suprimir los pesebres donde alimentan a la canalla partidista, salvo contadas excepciones que tampoco se plantan como tendrían que plantarse. Incluso hay quienes, como hemos visto, todavía quieren más y más de lo mismo.

Hoy, se admita o no políticamente, la reforma del Título VIII de la Constitución, dedicado a la Organización Territorial del Estado, es una obligación ineludible para evitar la quiebra del Estado, sin la que España volverá a su ancestral “ejercicio de tinieblas”.

Apoyado o no por la Corona y el PSOE, Mariano Rajoy tiene dos poderosas razones para afrontar y liderar ese proceso: una situación de crisis nacional letal (no sólo económica) y una mayoría parlamentaria absoluta de difícil repetición, otorgada con meridiana claridad por los españoles precisamente para acometer esa trascendental tarea. Él sabrá, ya lo hemos dicho en otra ocasión, si quiere pasar a la historia como un líder de altura (incluso a costa de morir políticamente en “acto de servicio”), o como un presidente de Gobierno cobarde, tolerante con la corrupción del sistema y culpable del hundimiento nacional.

De momento, el “caso Gürtel-Bárcenas” y cualquier posición timorata ante las declaraciones soberanistas (la del Parlamento de Cataluña y las que vengan de otras instituciones catalanas y vascas), no dejan de recortar sensiblemente la capacidad de decisión y acción de Rajoy. Él puede pensar que el tiempo corre a su favor, pero en realidad quizás corra en su contra.

Leer: “Declaración de Soberanía del Parlamento de Cataluña”

En nuestra anterior Newsletter (“El Gobierno y la Oposición, en caída libre”), señalábamos que el “caso Bárcenas”, puesto a sangre y fuego en la picota informativa por “El Mundo” y “El País”, era una de las muchas minas explosivas del “caso Gürtel” con efecto retardado que Rajoy no ha sabido desactivar en tiempo y forma. Advertíamos también que su gran capacidad destructiva, encastrada bajo la línea de flotación del PP y de muy largo alcance, generaría graves problemas añadidos para el Gobierno de difícil superación en la actual situación de crisis general. Y augurábamos, además, un estropicio partidista con secuelas tan perniciosas e irreparables como las sufridas por el PSOE tras la particular corrupción política que acumuló en los estertores del “felipismo”.

Tiempo atrás, en febrero de 2012, cumplidos ya tres años desde que el diario “El País” comenzara a desvelar la trama del espionaje que enfrentó a los dirigentes madrileños del PP asentados en el Ayuntamiento y en la Comunidad, y algo menos desde que el juez Garzón iniciara la investigación colateral del “caso Gürtel”, bastante más rico en entresijos delictivos de hondo calado, Fernando J. Muniesa publicó en esta misma web un incisivo artículo de opinión sobre el trasfondo profundo de toda esa corrupta maraña. Ahora, su análisis merece ser recordado, justo en el momento en que los hechos posteriores vienen a corroborar sus tesis y las consecuencias que apuntaba a futuro.

EL VAIVÉN DE UNA JUSTICIA CON “GEOMETRÍA VARIABLE”

De hecho, aunque las primeras conclusiones judiciales del “caso Gürtel” anunciaran que todo podría quedar en “agua de borrajas”, con el juez Garzón herido de muerte profesionalmente, la cosa ha dado, como estamos viendo, para mucho más. Y ello con independencia del deterioro añadido que ya produjo en la cuestionada imagen pública de la clase política y del descrédito de la actual justicia de “geometría variable”, que confunde a los ciudadanos con sus continuos vaivenes, criterios territorialmente distintos, condicionantes del Ministerio Fiscal, aforamientos, indultos, excarcelaciones, criterios de instrucción sin estandarizar y hasta tribunales profesionales versus jurados populares…

El espejismo legal que supuso la “no culpabilidad” judicial del Presidente de la Generalitat Valenciana, Francisco Camps, y su inmediata amortización política aun cuando mantuvo a su partido con mayoría absoluta en las últimas elecciones autonómicas del 22 de mayo de 2011, incluso con la evidencia de las regalías quizás disfrutadas desde el cargo, no dejaron de sorprender al observador perspicaz. Al margen de cualquier consideración ética, que al día de hoy nada cuenta ya en el sistema político.

Porque, si Camps era “inocente” (no fue condenado por los tribunales de justicia) y había estado tan arropado por Rajoy, ¿a santo de qué vino su defenestración política…? ¿Acaso tenía el presidente del PP y del Gobierno información pertinente y más comprometedora que la aflorada hasta entonces en juzgados y medios de comunicación social…?  

Esa misma sorpresa se produjo también con la exoneración de otros implicados del PP en el “caso Gürtel” (el ex senador por Cantabria Luis Bárcenas, el ex diputado por Segovia Jesús Merino y el ex eurodiputado Ricardo Galeote) por parte del juez del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, Antonio Pedreira, rectificada más tarde por el nuevo instructor Pablo Ruz que decidió su “re-imputación” por supuestos delitos fiscales y evasión de capitales… Sin olvidar las agrias declaraciones de algunos dirigentes populares acusando al Gobierno socialista de haber manipulado a la Policía y a la Fiscalía General del Estado en su contra, que ciertamente fueron palabras mayores.

Lo significativo de toda esta tramoya de grave corrupción política, es que el enredo inicial, nacido sin más de un enfrentamiento entre la tesorería nacional del PP y la homóloga de su organización madrileña, alentado por el favor de las adjudicaciones públicas y las compensaciones empresariales para la financiación ilegal del partido (mordidas de los “conseguidores” aparte), condujo de inmediato a desvelar toda la trama organizativa de “Gürtel” (que en alemán significa “cinto” o “cinturón” en alusión a “Correa”, apellido del principal imputado del caso). Un corto recorrido en el que tampoco faltarían las luchas personalistas vinculadas al poder interno del partido, ni, por supuesto, todas las lealtades y deslealtades que suelen conllevar.

Asunto, pues, de profundo trasfondo partidista y gran interés ciudadano que, más allá de lo que pueda suponer para la mala imagen pública del PP, ha terminado impactando por elevación en los cimientos del propio sistema democrático, dejando en evidencia la debilidad de alguna de las vigas maestras que soportan el Estado de Derecho. Algo que se produce, además, en línea de continuidad con el “caso Naseiro”, estallado en 1990 cuando José María Aznar ya presidía el PP, y del que, según parece, nadie en el partido sacó la menor enseñanza.

Las advertencias para que el PP “delimitara daños” al inicio del problema, que las hubo, cayeron en saco roto y, así, las refriegas políticas y judiciales entre dirigentes populares de la CAM (Aguirre/González) y del Ayuntamiento de Madrid (Ruiz-Gallardón/Cobo), más las victimas heridas en el combate, siguieron vivas y retroalimentando peligrosamente un esperpento que ya anunciaba la autodestrucción del PP. Y manteniendo por tanto el “fuego amigo” en la guerra abierta entonces por el control de Caja Madrid, un importante bastión de apoyo financiero al que tampoco fueron ajenos intereses tan dispares como los de FAES, la fundación-juguete de José María Aznar, y los del Grupo Prisa, patrocinador de una de las partes enfrentadas (la municipal liderada por Ruiz-Gallardón) y encargado de asistirla en el terreno mediático.

LA FINANCIACIÓN ILEGAL DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS

Pero la afección más preocupante del caso, porque sobrepasando esa pelea fratricida arrastra prácticas sintomáticas que deterioran gravemente la precaria salud de nuestra joven democracia, se centra en las vías ilegales utilizadas para la financiación de los partidos políticos. Llegar desde esas iniciativas al blanqueo de capitales, al fraude fiscal, al cohecho y al tráfico de influencias, es prácticamente irremediable. Incluyendo, por supuesto, la deriva delictiva del lucro personal de quienes intermedian en ese proceloso menester, que es el peligroso flanco por el que siempre terminan estallando los escándalos de la corrupción política.

Ese apadrinamiento espurio de la democracia, absolutamente generalizado en la actual sistema político y de partidos, tomó rápida referencia en las ayudas prestadas en 1984 por el sector de las empresas constructoras al Partido Reformista Democrático (PRD), organizado por Miquel Roca, Antonio Garrigues Walker y Florentino Pérez tras la debacle electoral de la UCD en las elecciones generales de 1982 (pasó de 168 escaños a 11). Los grandes empresarios del momento, básicamente los de la construcción, aportaron a las arcas del PRD unos 1.500 millones de las antiguas pesetas en dinero “negro” como compensación a las adjudicaciones de obra comprometidas por el Gobierno de la Generalitat de Catalunya, dirigido por CiU, formación política que apadrinaba la denominada “Operación Reformista”, y que ya se tasaron en un 3 por 100 del volumen de obra adjudicada mediante concurso público (manipulado) y en el 5 por 100 de las adjudicadas “a dedo”.

Aquella financiación “extra” o complementaria de los créditos bancarios oficiales prestados al PRD, supuso un éxito de captación ilegal de fondos, ocultación fiscal y negocios fáciles, que se convirtió de inmediato en el modelo a imitar por los demás partidos políticos. Conformó la “hoja de ruta” a seguir para financiar sus excesos presupuestarios, práctica emergente que ya proporcionó los primeros disgustos al PSOE al cobrar comisiones ilegales por la adjudicación de concesiones en el  Ayuntamiento de Madrid en 1981 (a las empresas Semat y Selberg) y por la financiación recibida del Grupo Flick a través de la Fundación Friedrich Ebert, próxima al SPD alemán.

El “escándalo Flick”, que en Alemania supuso el soborno de todos los partidos representados en el Bundestag (democristianos, socialdemócratas y liberales), tuvo una deriva española que proporcionó al PSOE un millón de marcos alemanes antes de ganar las elecciones de 1982 que permitieron a Felipe González alcanzar la presidencia del Gobierno.

En España se tuvo conocimiento de esta “donación” secreta cuando en 1984 el diputado socialdemócrata Peter Struck declaró en la prensa de su país que otro diputado de su propio partido, Hans Juergen Wischnewski, habría entregado aquella sustanciosa cantidad proveniente de la misma trama alemana de corrupción al propio Felipe González, lo que provocó una célebre frase del entonces presidente del Gobierno español: "No he recibido ni un duro, ni una peseta, ni de Flick ni de Flock".

Personas vinculadas entonces al Grupo Flick facilitaron la disolución del caso, prácticamente como “un azucarillo en un vaso de agua”, recordando discretamente al entonces secretario general de Alianza Popular, Jorge Verstrynge, muy beligerante con el PSOE, que similares subvenciones habrían llegado también a manos de Manuel Fraga. Un año después se prohibiría de forma expresa a los partidos políticos recibir donaciones extranjeras…

ENTRAR A SACO EN LA CORRUPCIÓN POR ACTIVA O POR PASIVA

La ligereza con la que se engrasó la tesorería de la “Operación Reformista”, marcó un antes y un después en la financiación ilegal de los partidos políticos con cuotas de poder que les permitiera comprometer contratos y concesiones “contra comisiones”. El modelo se extendió rápidamente, corrompiendo de forma absoluta la adjudicación de obras y servicios públicos, falseando las contabilidades oficiales (con el consiguiente quebranto para el erario público) y, finalmente, generando una nueva clase de “delincuencia-recaudadora” auspiciada, de forma sin duda paradójica, por las personas y entes políticos que más debían respetar y proteger la legalidad del Estado de Derecho.

Aún a pesar de haberse convertido en una práctica de connivencia entre toda la clase política (sin que ningún partido la denunciara), los llamativos e inexcusables excesos que produjo concluyeron en casos judiciales tan sonoros como el de la “construcción de Burgos”, que explosionó en las manos del PP en 1988, y el de “casinos de Cataluña”, desvelado en 1989 y que afectó de lleno a la financiación de CDC. A ellos siguieron un creciente listado de escándalos de corrupción política que eclosionaron en 1990, afectando de forma generalizada al PSOE (“caso Juan Guerra” y “caso Ceres”), al PP (el ya citado “caso Naseiro”) y al PNV (“caso Tragaperras”).

En 1991 explotó la trama de Filesa, Malesa y Time-Export, en 1993 el “caso del AVE” y en 1996 el procedimiento que implicó a Gabriel Urralburu y Javier Otano, todos ellos protagonizados por el PSOE. A continuación, la misma corrupción política ya indiscriminada abarcó en su impresentable desmesura casos como el de la Diputación de Zamora (PP), el expolio degenerativo de Marbella protagonizado por el entorno de Jesús Gil, el escándalo judicialmente “hibernado” del Ayuntamiento zaragozano de La Muela (PAR), el “caso Pallerols” (UDC), el “caso Palau”, el “caso Pretoria”…

Una corrupción política masiva recrudecida día a día con latrocinios que ya irrumpen en cualquier ámbito político, como el de los ERE falsos propiciados en la Junta de Andalucía (PSOE) y el del caciquismo laboral implantado por la familia Baltar en la Diputación de Ourense (PP), afectando incluso a instituciones antes “intocables”, como el Consejo General del Poder Judicial y la Casa Real, emporcadas respectivamente por el “caso Divar” y el “caso Urdangarin”…

Es cierto que en 1994 se intentó reconducir la ya imparable oleada de delincuencia política nacional, creándose en el Congreso de los Diputados una Comisión de Estudio para la Financiación de los Partidos Políticos (V Legislatura), aunque con más intención de tranquilizar al electorado que interés en resolver el problema de fondo. A pesar de la imparcialidad con la que fue presidida por el diputado Luis Mardones, de sus metódicos análisis y de las razonables propuestas redactadas por la Comisión, que incluso fueron concertadas con las entidades financieras del país afectadas por los continuos “pufos” de los partidos políticos, la mentalidad y el arraigo de sus intereses impidieron la reforma del sistema a todas luces corrompido, sin que el consenso entre PP y PSOE permitiera siquiera dar carta de naturaleza a las conclusiones del trabajo realizado.

También hay que reconocer la promulgación de una nueva normativa, más avanzada, sobre Contratos del Sector Público (Ley 30/2007) y sobre Financiación de los Partidos Políticos (Ley Orgánica 8/2007), e incluso la modificación de la Ley Orgánica 5/1085, de 19 de junio, del Régimen Electoral General. Pero ni estas actualizaciones ni el propio Tribunal de Cuentas, con funciones específicas (fiscalizadora y de jurisdicción contable) para ejercer el control externo de la actividad económico-financiera del sector público, han podido llegar al meollo del asunto, ni reconducir, por tanto, la permisividad del sistema con el que se financian realmente los partidos políticos.

Un mecanismo de “pago por favores políticos” que afecta a todo tipo de concesiones y contrataciones públicas (estatales, autonómicas, municipales y de diputaciones provinciales o cabildos insulares) y, más allá todavía, a la propia ordenación urbanística del territorio nacional (con las tentadoras “recalificaciones” de suelo sólo contenidas por su propio exceso). Es decir, a toda una extensa trama de intereses económicos y prácticas políticas espurias que acumula cifras ingentes de negocio, y que, reconózcase o no, pasa por las arcas caudinas de la clase política, antes de Bárcenas, con Bárcenas y después de Bárcenas.

LOS ENRIQUECIDOS GANAPANES DE LA POLÍTICA

Esto es, ni más ni menos, lo que controlan y administran los gerentes y tesoreros de los partidos políticos, con las consiguientes derramas entre intermediarios y aprovechados de turno. Y esto es lo que también subyace profundamente en el “caso Gürtel” y en sus numerosos precedentes y subsiguientes: la versión “democrática” de la corrupción de cuello blanco, envuelta, si se quiere, en papel de celofán.

Los ingredientes novedosos del sistema, que conlleva una dinámica propia e incontenible, incluyen la implicación de personas como instrumentos puente o vehiculares del sistema, devenidos en sinvergüenzas de primera clase, que en su descarado papel utilizan procedimientos bastos y rudimentarios coherentes con su escasa formación personal y su sentido de la impunidad, asentado sin duda alguna por la incoherencia democrática y la continua deslegitimación del sistema político.

Son los consabidos Correa, “Bigotes”, Juan Guerra o Aída Álvarez; sin olvidar, claro está, la recua de meros “sospechosos” o imputados de mayor porte y calado como los “Pujolitos”, los Baltar, Bárcenas, Urdangarin, Torres… y otros muchos personajes verdaderamente notables pillados “con las manos en la masa” como Félix Millet, Lluis Prenafeta, Maciá Alavedra, Bertomeu Muñoz, Fidel Pallerols, etcétera. Todos muy alejados y distintos del Florentino Pérez de la “Operación Reformista” que, siendo pionero del sistema, nada metió en bolsillo propio durante su función de ecónomo partidista, por incómoda que parezca la comparación.

En segundo lugar, el deterioro de la vida política y la regresiva calidad de sus protagonistas ha ido llevando a que la confusa amalgama de “gerentes”, “tesoreros” y “recaudadores” de los partidos, que en todo caso deberían ser meros empleados o colaboradores sin cargos ni responsabilidades políticas, hayan accedido a sus órganos de gobierno e incluso a cargos de elección pública, buscando quizás alguna suerte de protección personal ante eventuales imputaciones judiciales. A nadie se le escapa la diferencia sustancial que existe entre procesar a un simple intermediario o a quienes ocupan escaño parlamentario o cargo político en algún nivel de gobierno.

EL PROCELOSO PAPEL DE LAS EMPRESAS DE SEGURIDAD

Y, en tercer lugar, no es menos preocupante que en estas manifiestas prácticas de corrupción política hayan podido entrar empresas de seguridad y detectives privados que, en vez de facilitarlas, tienen la obligación de informar inmediatamente a las autoridades competentes sobre cualquier conocimiento indiciario que tengan de actos delictivos. Las investigaciones de “El Mundo” apuntan en directo también a empresas de seguridad.

El despecho de este tipo de compañías o profesionales, con grandes medios de investigación propios y relacionados con free-lancers de la Seguridad del Estado, ante tratos políticos que consideren “desfavorables”, es capaz de generar una cadena de venganzas soterradas que, como se pudo apreciar en la trama del espionaje político desatada en Madrid hace ya cuatro años como antesala del “Gürtel”, más allá de intentar llevarse por delante a partidos y líderes políticos, también producen un daño colateral demoledor para la imagen del sistema democrático.

De hecho, la antigua SERYGUR (empresa convenientemente transformada en ALIUM Seguridad), vinculada en su origen al aparato nacional del PP y muñida por un personaje ciertamente peculiar, Álvaro de la Cruz Gil, tuvo mucho que ver en las batallas por la adjudicación de contratos que iniciaron la “guerra del espionaje” entre el Ayuntamiento y la Comunidad de Madrid y que finalmente conllevó al “caso Gürtel”. Fue una compañía de seguridad impuesta por la Gerencia del PP en su entorno de influencia y proveedora referencial de servicios en la corporación municipal presidida por Alberto Ruiz-Gallardón.

En medios informativos  restringidos, Álvaro de la Cruz llegó a ser conocido como la “garganta profunda” de las interioridades del PP cuando en tiempos de la V Legislatura desempeñaba el cargo de jefe del Gabinete de su entonces secretario nacional, Francisco Álvarez-Cascos. En pleno embrollo del “Gürtel”, también mantenía una estrecha relación con Jesús Sepúlveda Recio, implicado en el caso, marido de Ana Mato y entonces alcalde de Pozuelo, a través de la Fundación “Pozuelo Siglo XXI”.

De forma colateral al tema que nos ocupa, no dejaría de ser interesante realizar un análisis de la correlación existente entre determinadas empresas de seguridad (sus accionistas, asesores y cargos directivos) y sus clientes institucionales y del sector público, así como de los detectives privados y consultores de Información/Inteligencia que trabajan en el entorno ilegal del “tráfico de influencias”. Algo extremadamente fácil para los responsables del CNI que tanto pontifican sobre la crisis como “amenaza a la seguridad nacional”.

El “caso Gürtel” (que ahora es el “caso Gürtel-Bárcenas”) se nos muestra, pues, como la viva imagen de un moderno Saturno, pero no devorador sino devorado por sus propios hijos. Un espectáculo poco edificante en un contexto democrático, que desde el consenso político se debería atacar manu militari, incluyendo un auténtico control por parte del Ministerio del Interior de las compañías de seguridad, los detectives privados y los agentes de los Cuerpos de Seguridad del Estado entrometidos en las cloacas de la corrupción política y las luchas partidistas.

LA TENDENCIA CAINITA DE LA DERECHA POLÍTICA

Pero, puestos en trance de general preocupación, lo que más debería temer Rajoy en relación con el “caso Gürtel-Bárcenas” es su posible deriva hacía el reconocido comportamiento cainita de la derecha española. Rodolfo Martín Villa, auténtico animal político y testigo excepcional de lo que ha sido la vida pública española durante el último medio siglo, que no es poco, hizo célebre en su día una frase ciertamente expresiva al respecto: “¡Cuerpo a tierra, que vienen los nuestros!”.

Una precaución que no debieron olvidar Esperanza Aguirre ni Ignacio González tras obtener el PP la mayoría parlamentaria absoluta en los comicios legislativos del 2011, cuando la crecida “marianista” decidió “ir a por todas” dentro del partido, “calentando” la dimisión de la presidenta de la CAM hasta conseguirla el pasado 17 de septiembre. Un acoso fratricida que, en el momento oportuno, tendrá con toda seguridad nueva edición en la persona de su sucesor.

La instigación de este tipo de ataque intramuros del propio PP es más que evidente, sin otro objeto que el de arrebatar un clan a otro clan del mismo partido cualquier atalaya o cuota emblemática de poder, en una afanada satrapía impropia del sentido común más elemental y rayana en el suicidio político. Si el PP tiene la suerte de contar con bastiones electorales tan referenciales y consolidados como ha sido el de la Comunidad de Madrid, déjenlo estar. Y si, en todo caso, alguien aspira a dirigirlo de forma legítima, trabájese la sucesión por vías más naturales y democráticas, sin prácticas dinamiteras que, además de descalificar a sus ejecutores, también señalan a la cúpula partidista que las tolera, lo que es casi tanto como alentarlas.

Todos los analistas políticos saben que tras cuestionarse el liderazgo del PP en su XVI Congreso, celebrado en Valencia en junio de 2008, y sobre todo a raíz de que en enero de 2009 explotara el “caso del espionaje” que enfrentó a la Comunidad de Madrid con el Ayuntamiento capitalino, quien más y quien menos tomó posiciones próximas o afines al entorno de Esperanza Aguirre, por un lado, o al de Mariano Rajoy por otro. Las tensiones entre ambos, y el “tira y afloja” con el que se posicionaban los personajes con futuro político más expectante (desde Alberto Ruiz-Gallardón a Lucía Figar), propició un peligroso clima de deslealtades y arribismos interesados de pésima lectura ciudadana y peores consecuencias internas.

Pero más torpe todavía ha sido la actitud triunfalista del “marianismo”, en parte atiborrado de conversos, que decidió desalojar precipitadamente del poder a Esperanza Aguirre, intentando eliminar antes a quien ejercía como su jefe de Estado Mayor, Ignacio González, y colocando en el disparadero sucesorio a Lucía Figar, casada con el mismo Carlos Aragonés que ya ofició de enredador en otras importantes tramas hereditarias dentro del PP. Es decir, en un “quitaros vosotros para ponernos nosotros”, sin reparar en medios ni formas y, si hiciera falta, destruyendo (como se intentó) en los prolegómenos del último Congreso Regional del PP, celebrado el 28 y 29 del pasado mes de abril, todo el prestigio y el capital político del partido a nivel autonómico, ganado merecidamente con gran esfuerzo y dedicación desde hace muchos años.

Sí. Primero quisieron cargarse a Ignacio González y después desplazar a Esperanza Aguirre de forma más o menos “dulce”. Pero no con prácticas democráticas, previo debate congresual y con votaciones ad hoc, sino con una operación de persecución mediática mecida por los propios compañeros del PP (“los suyos” sobre los que afinadamente advertía Martín Villa), y amagando con acusaciones de corrupción al margen de cualquier denuncia presentada ante los tribunales de justicia; batalla que continúa sin que nadie haya reparado inteligentemente que en sus inicios propició la peligrosísima eclosión del “caso Gürtel”, hoy, como hemos dicho, convertido en el “caso Gürtel-Bárcenas” y en arma propiciatoria para la destrucción del PP.

Porque el acoso al tándem Aguirre/González no partió de la oposición política, que se ha mantenido prudentemente distanciada del tema, sino de “El País”, entonces padrino mediático y protector de Alberto Ruiz-Gallardón, y después de un periódico como “El Mundo” que se mueve a golpes de intereses divergentes, con extrañas directrices editoriales y con amigos y enemigos de “oportunidad” muy variables...

No es el momento de seguir analizando la situación y los enfrentamientos del PP en Madrid, pero sí de tomar el ejemplo como una referencia, clara y sintomática, de hasta dónde puede llegar el “caso Gürtel-Bárcenas”.

EL PELOTEO MORTAL DEL “CASO GÚRTEL-BÁRCENAS”

Si alguien tiene información sobrada para hacer saltar por los aires al PP ese es, sin duda alguna, Luis Bárcenas, ex senador del PP por Cantabria y ex miembro de su Ejecutiva Nacional. No en vano, como gerente y/o tesorero del partido durante 28 años (Rajoy le ascendió a tesorero) ha guardado --y guarda todavía-- las llaves de su santabárbara contable, ha “chuleado” al partido cuanto ha querido y no aparenta tener la menor intención de ir a dar con sus huesos en la cárcel así como así: sus amigotes de la trama “Gürtel” parecen referirse a él, según consta sumarialmente, como “Luis el Cabrón”, que ya es decir.

De ahí a filtrar de forma directa o indirecta veneno en rama o a poner en marcha el ventilador de la corrupción interna del PP queda muy poco. Una posibilidad ya de muy difícil control y viable también para otros muchos francotiradores vengativos más o menos “maltratados” y metidos en el ajo, e incluso para fuentes internas de segundo o tercer nivel interesadas honradamente en la regeneración política, investigaciones periodísticas y judiciales aparte.

Para empezar, “El Mundo” inició su fuego informativo graneado sobre este escandaloso tema el pasado 17 de enero, una vez que el juez que investiga la trama del “caso Gürtel” en la Audiencia Nacional, Pablo Ruz, comprobó que el verdadero titular de cuatro cuentas bancarias de la fundación panameña “Sinequanon” abiertas en el Dresdner Bank de Ginebra (Suiza), que llegaron a resguardar más de 22 millones de euros, era el imputado Luis Bárcenas. Pero a continuación siguió metiendo el cuchillo en la herida del PP con titulares de afilado e incisivo corte.

Por ejemplo, el pasado domingo 20 de enero, y bajo un paraguas en efecto bien orientado (“El ‘caso Bárcenas’ reabre la guerra en el PP”) lanzaba toda una batería de contenidos informativos claramente en línea con la tradición cainita del partido: “Los dirigentes más próximos a Rajoy temen que las denuncias del extesorero acerca de sobresueldos sean parte de una ‘operación interna’ para debilitarle”; “Las denuncias de los sobres se ven entre el chantaje y la voladura controlada”; “Dirigentes cercanos al presidente ven ‘muy sospechosa’ la actitud de Aguirre” (presidenta del PP de Madrid que se había apresurado a pedir responsabilidades “caiga quien caiga”)…

Contenidos que también miraban afinadamente hacia la actual secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal: “El papel de Cospedal es determinante para interpretar esta operación”; “Sus palabras de que ‘cada palo aguante su vela’ indignaron a sus antecesores”…

Pero previamente, nada más estallar la noticia-bomba de la fortuna oculta de Bárcenas, Jorge Verstrynge, ex secretario general de la antigua Alianza Popular (hoy PP) y profesor de Ciencia Política, concedía una entrevista al periodista Andrés Gil, publicada en “ElDiario.Es” (18/01/2013), en la que se despachaba con no pocas bárbaras verdades:

Verstrynge: "A Bárcenas le darán algo para que se calle y si se le condena, se le indultará"

Jorge Verstrynge fue secretario general de Alianza Popular entre 1979 y 1986, el partido fundado por Manuel Fraga, que en 1989 se transformó en Partido Popular. En aquellos años de la reinstauración democrática comenzaron las primeras prácticas ilegales de financiación de los partidos, y coincidió con el inicio de la carrera de Luis Bárcenas en el partido del que terminaría siendo tesorero y senador. Unos años en los que supuestamente el PP pagó sobresueldos en dinero negro a parte de su cúpula y en los que Bárcenas ha acumulado hasta 22 millones de euros en Suiza.

¿Cuándo conoció usted a Luis Bárcenas? 

Era un empleado que trajo un tesorero del partido cuando yo era secretario general. Poco a poco fue haciéndose con la gerencia del partido. Él ya estaba cuando me fui, en 1986. Llegó con Ángel Sanchís, en 1980, era su empleado. Y por lo visto siguen con una relación profesional y comercial.

¿En su época se pagaban sobresueldos en sobres? 

No ocurría por varios motivos. Primero, porque no era tolerable. Y, además, porque el partido era pobre hasta que llegó a los 106 diputados [1982]. Si querías premiar a alguien, lo que hacías era subir el sueldo.

Pero ¿se hacían trampas con cursos de formación? 

Ahí no había fraude a Hacienda, todos declarábamos, nosotros y los que los pagaban. Pero si se decía que a un curso asistían 120, sólo se remuneraba a 80 y el dinero restante iba al partido. Otra cosa es el dinero B, que también llegaba, a todos. Eléctricas, bancas, particulares, industria pesada, empresas... Por ejemplo, en un momento faltaban 40 millones para una campaña en Galicia. Fraga me dice, “vaya usted a tal compañía eléctrica y hable con Fulanes”. Llamo a Fulanes y me dice que mandemos una secretaria con escolta y una maleta. Y me dice que necesita un informe sobre una cuenca hidrográfica, pero no lo teníamos. Así que, me dice: “Coge el último número de Interviú y ábrelo por la página X”. Allí había un reportaje de un crimen en Albacete: ‘La maté porque era mía’. A continuación, me pide: “Le dices a tu secretaria que copie el artículo y arriba ponga Confederación Hidrográfica del Duero”. Esto funcionaba así, ‘La maté porque era mía’ como un informe de la Confederación Hidrográfica del Duero. Sacar dinero a las eléctricas entonces... Tenían mucho.

¿Y las facturas falsas? 

El Tribunal de Cuentas te pedía las cuentas de la campaña. Presentabas las facturas y el gasto total, pero a veces no cuadraban las cifras porque el gasto era superior. Entonces, te llamaba el Tribunal de Cuentas y te decía que te inventaras unas facturas: lo que querían era que cuadraran las cuentas. Y te las inventabas para que cuadraran. La vida es así.

¿Ve posible que en el PP se paguen sobresueldos en dinero negro? 

No tengo la prueba, pero el rumor es fuerte desde hace años. Con Sanchís lo de los sueldos se convirtió en un arma para premiar y castigar. Cuando me peleo con Fraga en 1986, a mí me quita el sueldo, el coche y los escoltas. Se empezó a castigar a los díscolos con el dinero, por lo que es lógico que a los que hay que contentar también se les pase el sobre. Usas el dinero para sancionar y premiar.

¿De dónde sale ese dinero?

Son retro-comisiones. En mi época, contratabas una empresa para hacer una campaña electoral, pagabas el 75% y arrastrabas el 25% que debías de campaña a campaña. Con 106 diputados, ya tienes dinero. Pagas el 100% al proveedor y a cambio te inflan la factura y te devuelven un dinero bajo cuerda.

¿Cómo conoce este sistema?

Esto empieza en 1988. Entre 1986-88 se fue pagando el dinero que se debía, y sólo puedes pagar retro-comisiones cuando estás sin deudas. Entonces la ley era muy laxa y había que buscarse la vida. Yo no me quería ocupar de los temas económicos. En aquella época si venía alguien que quería donar dinero y no quería figurar, o se lo tomas en B para que no figurara, o no te lo daba. Ahora, quien cobra un sobresueldo no puede declararlo a Hacienda. El partido comete un fraude, y el que lo recibe también. Lo que ha ocurrido aquí es que un equipo se ha hecho con el poder económico del partido y lentamente ha ido poniendo la cúpula del partido para su mantenimiento. Los políticos no son corruptos, pero las cúpulas de los grandes partidos, sí. Es ‘Corrupistán’.

¿La actual secretaria general del partido, María Dolores de Cospedal, desconocía lo que pasaba?

No lo sé. Es muy difícil. Lo cierto es que tiene un problema que es Bárcenas, que sabe del partido más de lo que sabe el partido sobre sí mismo. Allí están agarrados o esperando a que corra el escalafón. Aquí ha pringado hasta el apuntador.

¿Cuál es el origen de estas informaciones? 

Está claro que beneficia al ex tesorero. Es un caso como el de David Torres, ex socio de Iñaki Urdangarin: “Si dejáis que me manden a la cárcel, vuelo la casa”. Bárcenas lo apuntaba todo y lo sabe todo. Igual que Torres. El PP está en un callejón de muy difícil salida. Es un caso de sociología política para analizar: cómo un tesorero se hace con un partido. En mi época había cuatro personas que estaban al tanto de las finanzas: el presidente, el secretario general, el tesorero y el gerente. A partir de 1986, no veo por qué debía de dejar de funcionar así. Con Fraga, Hernández Mancha, Herrero de Miñón, etc...

¿De dónde sale el dinero de Suiza? 

No todo eso viene de Gürtel, viene de más sitios. Estoy seguro que no es todo de Bárcenas, actúa como banquero propio y de otros. Hay más gente implicada, sin ninguna duda. Actúa de componente currante, aunque también crece y se convierte en poseedor de capital. Son casi 4.000 millones de pesetas [22 millones de euros]. No se puede sacar de un partido tanto dinero sin que se note, y menos un tío solo. No lo puedo demostrar, pero no se saca de un partido sin que el partido se entere. Un ayudante mío se quedó un millón de pesetas de una campaña y a los cuatro días lo habíamos detectado y estaba devolviendo el dinero. Pero es que ahora no se puede decir nada, porque los que lo hacen saben mucho de los demás.

¿Cómo se está viviendo todo desde dentro? 

Los que han cobrado están acojonados; los que han pagado, como Bárcenas, se defienden como pueden; y los que miran para otro lado, esperando que corra el escalafón. Si a Bárcenas no se le resuelve el tema, que ya me dirás cómo, va a seguir sacando cosas: la próxima será una Corinna. La situación del PP es endemoniada, explosiva. Incluso la declaración de Soraya: “El Gobierno está sorprendido”. Es como el ‘asunto Flick, que estaba untando al PSOE en 1984. Le pregunto al PSOE en el Congreso y me dicen "”que yo sepa no”. Igual que Soraya, el Gobierno no, o sea que fuera del Gobierno, puede que sí. Aunque yo esté cada día más rojo, me preocupa, porque esto puede ser la voladura de un partido. Bárcenas tiene capacidad para volar el partido, igual que el socio Torres tiene la capacidad de volar la monarquía española.

¿Qué pasará? 

El PSOE no va a buscar la voladura del PP, porque no se sabe qué vendría después. Se creará una comisión de investigación, se le dará a Bárcenas algo para que se calle y si se le condena, se le amnistiará. Ahora, las intenciones de voto de los dos grandes partidos están en caída libre.

Por si lo del “revoltoso” Verstrynge fuera poco, Jorge Trias Sagnier, ex diputado a Cortes del PP en la VI Legislatura (1996-2000) y colaborador de la Fundación FAES, presidida por José María Aznar, tampoco perdió mucho tiempo para largar lo suyo y motu proprio. Siendo un abogado de prestigio y consciente de lo que dice y de su alcance legal, publicó de forma inmediata en “El País” (21/01/2013), medio informativo que también se ha volcado en el tema, un clarificador artículo titulado “¿Sombras o certezas?”, con párrafos tan jugosos como demoledores:

¿Sombras o certezas?

Todo son lugares comunes pero nadie, ni desde el Gobierno o los partidos afectados, ha dado una explicación convincente de lo que está ocurriendo. Quizás, la vicepresidenta Santamaría: “A mí, que me registren”. Porque ella, y algún otro u otra ministra o ministro, sí que están limpios de polvo y paja. Este asunto viene de lejos y no se ha querido --porque se pudo-- resolver. Ahora ya no es tiempo de lamentos sino de explicaciones. Y rápidas.

(…) Recuérdese que estaban permitidas entonces las donaciones anónimas. Así se financiaban, además de las asignaciones públicas, prácticamente todos los partidos, lo cual daba lugar a todo tipo de corruptelas, enjuagues y corrupciones. No fue posible entonces acabar con ese sistema. No se quiso poner el cascabel al gato. Y, desde luego, había gato encerrado. CiU, de quien dependía el PP para poder gobernar, se opuso rotundamente. Si mi memoria no me falla, las donaciones anónimas terminaron en la etapa de Zapatero, que no todo lo hizo mal, ni mucho menos.

(…) Hace aproximadamente un año publiqué un artículo en este diario que tuvo una enorme repercusión en el que contaba algunas cosas que sabía por haber intentado ayudar al juez Pedreira, enfermo y sin medios materiales en el juzgado, que intentó realizar una investigación clara. Pudo a medias. En el PP sentó muy mal ese artículo mío. Afortunadamente, ahora, el juez número 5 de la Audiencia Nacional, Pablo Ruz, siguiendo la estela de lo que había iniciado su antecesor Baltasar Garzón, intenta aclarar el escándalo de la financiación del Partido Popular. Confiamos muchos en que ni la Fiscalía Anticorrupción ni el juez se arredrarán ante las presumibles presiones que van a sufrir. El fiscal general es hombre cabal y con arrestos, y el juez es hombre lento, pero seguro.

¡Vaya historia!: el juez que inició la investigación, honrado en toda Hispanoamérica y en la Corte Penal Internacional, Baltasar Garzón, fue apartado y condenado por unas escuchas que, a mi juicio, fueron muy limitadas y estaban más que justificadas. Y el juez del Tribunal Superior de Justicia, Antonio Pedreira, quedó postrado en el lecho del dolor y olvidado. La dignidad tiene su precio. Pero la verdad se va abriendo paso.

(…) Por lo que yo pude saber, y ya conté en estas páginas de forma sucinta, sí se entregaban sobres con dinero en efectivo que servían como complemento del sueldo que percibían algunos dirigentes. Creo que la cantidad máxima eran unos 10.000 euros al mes o su equivalente en pesetas antes de la moneda única. De ahí hacia abajo se percibían cantidades menores, según los cargos y responsabilidad. La mayoría de diputados y dirigentes del PP no percibía nada de esas cantidades. Y es por ellos, y especialmente por quienes les votaron, por lo que deberían dar una explicación, tanto Cospedal como Rajoy, que son quienes ahora dirigen el partido.

Es posible que ellos acabasen con esas malas prácticas, es posible, pero también deberían explicar si al principio de sus mandatos respectivos percibieron alguna cantidad de esa opaca procedencia. En resumen: queremos saber la lista de donantes y la de receptores. Nos la deben quienes fueron nuestros dirigentes, amigos algunos de ellos, e incluso aquellos que, pase lo que pase, lo seguirán siendo.

(…) El sistema constitucional español es lo suficientemente fuerte para soportar una crisis política de esta magnitud. Hay personas muy cualificadas, tanto en el Gobierno, en el PP, y en el PSOE, para sustituir a quienes deban caer, con delito o sin delito, por este monumental escándalo. “Que cada palo aguante su vela”, afirmó la secretaria general, María Dolores de Cospedal. Efectivamente, y ella la segunda. Pues el primero que nos debe una explicación es el jefe del PP, Mariano Rajoy. Es una cuestión de patriotismo y de ejemplaridad, como diría el filósofo Javier Gomá. Y de honor. Si no creemos en quienes gobiernan la nación, ¿cómo podrán soportar los ciudadanos tantos sacrificios como se les están exigiendo?

Unos elocuentes “recados” del ex diputado popular Trias Segnier que tuvieron su complemento en la noticia publicada también por “El País” (24/01/2013) desvelando que Alberto López Viejo, ex consejero de Deportes de la CAM en el Gobierno de Esperanza Aguirre y ex diputado regional, había regularizado el año pasado ante el Ministerio de Hacienda 1,6 millones de euros que ocultaba en Suiza, a espaldas del juez Ruz que le mantiene imputado en el “caso Gürtel”. La propia Aguirre ha manifestado, según cuenta el mismo diario, que cuando, tras sentirse engañada, exigió a López Viejo la dimisión como consejero, éste se rebotó y le advirtió de que tenía mucha información sobre la financiación ilegal del PP de Madrid…

De inmediato, el contrapunto informativo de “El Mundo” (25(01/2013) se concretó en otra revelación de portada políticamente mortal: “El número 2 de González [Salvador Victoria], era el ‘mediador’ para la trama Gürtel”. Precisando, claro está, que “el imputado Pablo Crespo asegura, en una grabación, que Salvador Victoria oficiaba de intermediario para que la red de Correa cobrara actos del PP a la Comunidad de Madrid”. Y recordando también que, apenas veinticuatro horas antes de publicarse esta noticia, el nuevo implicado (actual Consejero de Presidencia, Justicia y Portavoz del Gobierno de la Comunidad de Madrid) había expresado en rueda de prensa su deseo de que la Justicia “vaya más rápido” en la investigación del “caso Gürtel” y “caiga quien caiga”…

Pues ya se sabe: ¡Ver para creer!

¿TENDRÁ EL PP SU “NOCHE DE LOS CUCHILLOS LARGOS”?

La expresión alemana “Noche de los cuchillos largos” (Nacht der langen messer) es muy antigua y se refiere a cualquier acto intensivo de venganza. Pero también se identifica de forma especial con la “Operación Colibrí”, que fue una purga política realizada en Alemania entre el 30 de junio y el 2 de julio de 1934, cuando Adolf Hitler llevó a cabo una auténtica masacre que según fuentes oficiales del momento alcanzó a 85 víctimas, aunque otras hablaron de cientos de asesinatos y del arresto de miles de oponentes al régimen del Führer.

En aquel victimario fratricida se incluyeron muchos miembros de las SA (Sturmabteilung) o “secciones de asalto” del Partido Nacionalsocialista Obrero Alemán (NSDAP), más conocido como Partido Nazi, ejecutados en su mayoría por las SS (Schutzstaffel), un cuerpo de élite hitleriano, y por la Gestapo (acrónimo de la Geheime Staatspolizei o “Policía Secreta del Estado”). La purga reforzó y consolidó el apoyo prestado a Hitler por la Reichswehr (la organización militar de Alemania desde 1919 rebautizada como Wehrmacht en 1935), fuerzas que despreciaban, igual que temían, a las SA, también conocidas como “camisas pardas”.

De hecho, la principal víctima de la “Operación Colibrí” fue el comandante de las SA, Ernst Röhm, entonces detenido y asesinado en prisión, tras haber pretendido que bajo su liderazgo éstas “camisas pardas” absorbieran a la Reichswehr. Su ambición de poder llevó al Führer a considerarle su rival más directo y peligroso dentro del partido y una “amenaza” para su hegemonía política, culminada con el lanzamiento de una nación entera a la aventura más calamitosa del siglo XX.

Salvando lógicamente la distancia que nos separa de la “Operación Colibrí”, pero considerando la lucha por el poder que supuso dentro del Partido Nazi, habría que valorar si el “caso Gürtel” y el propio Luis Bárcenas pueden terminar o no en una particular “Noche de los cuchillos largos” del PP. Lo cierto es que “cuando el río suena, agua lleva” y que la derecha española más dura y reaccionaria siempre ha sido de faca afilada, ligera de gatillo y aficionada a no dejar heridos ni prisioneros en el campo de batalla.

“La Codorniz” fue un exitoso semanario humorístico fundado en 1941 por Miguel Mihura (director de la publicación en su primera etapa) que subsistió hasta 1978 bajo las sucesivas direcciones de Álvaro de Laiglesia (1944-1977), Manuel Summers (1977-1978) y Carlos Luis Álvarez (1978). Fue, por tanto, una publicación coetánea del franquismo, régimen que no dejó de sufrir sus mordaces críticas.

Se autoproclamaba “La revista más audaz para el lector más inteligente” y también, posteriormente, “Decana de la prensa humorística”. Fue una de las más longevas publicaciones de humor, sirviendo de inspiración a muchas posteriores: “El Papus”, “Hermano Lobo”, “Por Favor”, “El Jueves”…

Tuvo varios problemas con la censura en aplicación de la Ley 14/1966, de Prensa e Imprenta, sufriendo numerosas “llamadas al orden”, multas y, de forma irremediable, suspensiones en 1973 y 1975, sobre todo en relación con el artículo 2 que limitaba la libertad de expresión, derogado en abril de 1977. También fue víctima, o quizás se benefició, de no pocas leyendas urbanas referidas a contenidos (portadas, chistes y artículos) que nunca publicó y que, aun sin existir realmente, se hicieron famosos.

En 1951, el genio desbordante de Álvaro de  Laiglesia alumbró una sección sin firma titulada “La Cárcel de Papel”. En ella se ponía en solfa a figuras del mundo de las letras y, más adelante, a periodistas, deportistas y personajes famosos, hasta incluir a miembros de la autoritaria clase política del momento, por las faltas sintácticas, prosódicas, de opinión o de cualquier otro tipo, publicadas bajo su autoría en caracteres de imprenta, bien en libros, bien en periódicos y revistas o en soportes similares.

“La Cárcel de Papel” apareció publicada por primera vez en el número 521 del semanario, editado el 4 de noviembre de 1951, dedicada en aquella primera ocasión al escritor y biógrafo alemán, de origen judío, Emil Ludwig. La caricatura era doble: por un lado se denunciaban las “coladuras” del autor “encarcelado” y, por otro, se analizaba el aspecto formal de la redacción crítica, adoptando para ello el estilo de los documentos forenses al uso, con sus considerandos, su exposición de las presuntas faltas, sus resultandos y la conclusión final condenando siempre al encausado a la prisión correccional de una semana y un día en la imaginaria Cárcel de Papel.

A lo largo de los años, en aquella cárcel simbólica dieron con sus huesos infinidad de figuras relevantes, que raramente admitían con buen espíritu su “encarcelamiento” virtual. Llamativa fue, por ejemplo, la respuesta de un sector de la sociedad valenciana cuando en los años 50 fue “encarcelada” la Fallera Mayor de su “Fiesta Josefina”, llegando a arrojar al fuego todos los ejemplares de “La Codorniz” que sus irascibles defensores tuvieron a mano.

Más notable todavía sería la reacción de los últimos políticos del franquismo cuando fueron a parar a la humorística Cárcel de Papel (por ejemplo, Laureano López Rodó, “Los Noventa Ministros de Franco”, Torcuato Fernández-Miranda…). Esto desencadenaría una serie de expedientes y sanciones que, a la larga, determinaron la desaparición de “La Codorniz” por asfixia económica.

EL RECHAZO CIUDADANO AL GOBIERNO DE RAJOY

De existir en nuestros días una Cárcel de Papel ciudadana, y habilitada sólo para la actual clase política, a buen seguro que no tendría capacidad suficiente para acoger a todos los “encarcelados” por decisión popular. Aunque por vía de la justicia ordinaria tengamos visto que las imputaciones delictivas, las eventuales sentencias condenatorias y las penas señaladas a los políticos serían muy distintas y apenas relevantes, con el deleznable punto y aparte de los “indultos” que suponen una vergonzosa burla del Estado de Derecho.

Las faltas cometidas por Rajoy al incumplir sus promesas electorales, combatir la crisis económica con recortes y tijeretazos antisociales, proteger de forma contumaz los intereses de los mismos sectores del poder que la propiciaron y posponer por conveniencia partidista las decisiones políticas imprescindibles para atajarla, serían sin duda alguna merecedoras de purgarse con arrestos muy superiores a los de una semana y un día que imponía “La Codorniz” en su Cárcel de Papel.

Lo merecido en este caso flagrante de “traición” a la base electoral y de “compadreo” con el establishment político del sistema, hoy como es obvio absolutamente asentado en la corrupción, sería un “encarcelamiento” de legislatura completa. Dicho de otra forma, una condena equivalente a la convocatoria anticipada de elecciones, que, con el atenuante de disponer de mayoría parlamentaria absoluta, quedaría reducida a una crisis de Gobierno con cambio total de titulares y claro compromiso de rectificar su acción política.

La realidad es que el propio Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS), que es un organismo autónomo dependiente del Ministerio de la Presidencia, ha dejado bien patente en su Barómetro de Octubre de 2012 (Estudio 2.960) el continuado declive de la valoración de los miembros del Gobierno y del jefe de la Oposición por parte de la ciudadanía, hasta llegar a mínimos inéditos e intolerables. El “suspenso radical” se manifiesta con las siguientes puntuaciones establecidas de 0 a 10 (todas por debajo del 4):

En efecto, la secuencia de encuestas “barométricas” del CIS desvela la continua reprobación social del Gobierno en pleno, con una progresión a la baja que ahora ni siquiera llega a otorgarle una nota media de 3 puntos sobre 10. Y también muestra que Rajoy alcanzó ya en el mes de octubre la peor valoración jamás otorgada por la ciudadana a un presidente del Gobierno desde la Transición, con un 2,78 (muy por debajo del aprobado estricto de los 5 puntos y menor incluso que la media del conjunto del Ejecutivo). 

El record en valoración negativa la ostentaba hasta entonces José Luis Rodríguez Zapatero, con el 3,07 que alcanzó un mes antes de perder las elecciones, nota todavía superior al 2,78 que ahora tiene Rajoy en un claro décalage electoral con el apoyo que obtuvo hace un año en los comicios del 20-N. La peor valoración de José María Aznar fue de 3,99 puntos; la de Felipe González de 3,86 en septiembre de 1995, poco antes de perder el Gobierno, y la de Adolfo Suárez de 3,99 en octubre de 1981, al hundirse UCD.

Pero lo más significativo de estas mediciones “oficiales” del CIS, es que el propio Pérez Rubalcaba, actual jefe de la Oposición y candidato socialista que perdió las últimas elecciones legislativas frente a Rajoy, todavía tenía en el mismo mes de octubre una mejor valoración ciudadana (un 3,70 frente al 2,78 del presidente del Gobierno), a pesar de sus escasos méritos políticos. Y esto es lo que hay, respaldado con el marchamo demoscópico del Ministerio de la Presidencia; una proyección negativa de imagen ante la sociedad sin precedentes y realmente bochornosa para el PP.

Paréntesis: En términos comparativos, el record alcanzado por la valoración negativa del Gobierno de Rajoy, significa que en el supuesto de unos comicios legislativos anticipados (posibilidad latente y quizás fuera del control gubernamental), el PP estaría electoralmente hundido. De hecho, y sin considerar otros aspectos del problema, la tendencia alcista que en los sondeos de intención de voto registran partidos como IU y UPyD es bien significativa al respecto, doblando con mucho los porcentajes que obtuvieron el 20-N (Barómetro de Metroscopia con trabajo de campo realizado el 9 y 10 de enero de 2013)…

Claro está que desde la instauración del nuevo régimen democrático ningún presidente del Gobierno, incluido Rodríguez Zapatero, estuvo peor valorado que Mariano Rajoy (lo que ya es mucho decir). Pero es que, en la presente legislatura, dos ítems como “la corrupción y el fraude” y “los políticos, los partidos y la propia política”, superan con mucho en la lista de las máximas preocupaciones de los españoles a los de la sanidad, la educación, los recortes o los bancos, siendo calificados socialmente como los “mayores problemas”, detrás sólo del paro y de la situación económica (Barómetro del CIS de Diciembre de 2012, Estudio 2.972).

LA DESAFECCIÓN POLÍTICA Y EL DESBORDAMIENTO DEL SISTEMA

El grado de desafección política es cada vez mayor y más peligroso, aunque el interés por la política (o “contra” la política) sea alto. A nivel de calle, que también es el de la Red, slogans como “no les votes” y “no nos representan” han dado paso a otros más agresivos como “rodea el Congreso” y a cuestionar en su integridad el sistema político establecido y a reclamar cada vez con más insistencia un proceso constituyente: dinámica social que puede desembocar en un movimiento de desestabilización y ruptura social con el sistema ante la pasividad conjunta de la Corona, el Gobierno y la Oposición.

Como ha recogido con acierto la periodista María Fabra en un reportaje titulado “Objetivo: lavar la cara de los políticos” y publicado en “El País” (14/01/2013), “los índices de confianza de los ciudadanos sobre las instituciones y los partidos políticos no viven su mejor momento y tan solo el 2,8 por 100 de la población pertenece y participa activamente en un partido político”.

En su trabajo, la periodista introduce la opinión de José Ramón Montero, catedrático de Ciencia Política en la Universidad Autónoma de Madrid (ha ocupado la subdirección general del CIS), sosteniendo que la situación es propia de una “democracia joven” que vive las consecuencias de una época en la que ha habido “engaño, abuso y persecución” y en la que varias generaciones aprendieron que en política era todo negativo y eso es lo que ha trasladado a sus hijos. “Eso ocurre desde los años 80 de forma clara y con muchos indicadores”, señalaba el profesor Montero.

Esa creciente desafección provoca el rechazo del sistema, porque, cosa grave, “se piensa que está todo amañado y que por mucho que se intente no se va a conseguir nada”, afirmaba el experto politólogo. Pero al mismo tiempo, como también ha recogido el CIS, en España se vienen registrando niveles de interés por la política muy elevados, de más del 25 por 100, propios, según Montero, “de países comunistas”. A continuación advierte: “Y los ciudadanos, enfadados, empiezan a querer participar en las decisiones políticas y se desencadena una ola de protestas intensísima”.

A partir de esa situación, para Montero caben dos posibilidades: que los políticos reciban el mensaje y cambien esa realidad o que no se cambie nada, caso en el que se produciría algo desastroso, “el hundimiento de la moral política de la gente”. El ejemplo que pone es el de las intensas protestas generadas por la privatización de la sanidad en la Comunidad de Madrid, augurando una tragedia democrática: “Después de tanto esfuerzo, tanto tiempo invertido, si no se mueve nada, la desafección puede prolongarse durante generaciones”.

Por otra parte, el reportaje de María Fabra incorpora también la opinión de la politóloga Marta Romero, ex investigadora del CSIC y ex analista de la Presidencia del Gobierno, quien en un estudio realizado para la Fundación Ideas (vinculada al PSOE) ha expuesto que “el profundo descontento que siente la ciudadanía con los políticos y los partidos se ha convertido desde hace meses en una especie de ‘trending topic’ diario [tema más repetido del momento]”.

Marta Romero señala que una de las causas del enquistamiento del problema es la falta de reacciones de la clase política y argumenta que “el inmovilismo podría acabar desbordando al Gobierno de Rajoy”. Y agrega sin complejo alguno que “la falta de contundencia o de iniciativa también podría acabar desbordando, como principal partido de la oposición, al PSOE”.

En paralelo con este reportaje de advertencia sobre la deriva que está tomando la desafección política de la sociedad española, el artículo de Carlos E. Cué publicado en “El País” (13/01/2013) con el título “La crisis política se recrudece en 2013”, arrancaba de esta forma: “En público no se habla mucho de este asunto, no está en la gran agenda. Pero en privado, buena parte de las conversaciones entre políticos versan sobre la misma cuestión: ¿Hasta dónde puede llegar el deterioro de la política y las instituciones? ¿Cómo frenarlo? Un arranque de año explosivo, con varios escándalos de corrupción, sobre todo el de José Luis Baltar (PP) y el ‘caso Pallerols’ (Unió), la crisis de imagen del Banco de España, nuevos escándalos del ‘caso Urdangarin’ que afectan al prestigio de la Corona, el fichaje de Rodrigo Rato por Telefónica, dimisiones en Interior, la deriva independentista catalana y un sondeo del CIS que vuelve a señalar, cada vez con más gravedad, a los políticos como tercer problema del país, tras paro y crisis, han devuelto al primer plano la sensación de crisis política e institucional generalizada…”. 

Además, veremos que resulta del “caso Bárcenas”, que es una de las muchas minas del “caso Gürtel” con explosión retardada que Rajoy no ha sabido desactivar en tiempo y forma, reabierto ahora a sangre y fuego por “El Mundo”. La naturaleza del escándalo, su alta capacidad destructiva incrustada en la línea de flotación del PP y su largo alcance, anuncian problemas añadidos para el Gobierno de muy difícil superación en la actual situación de crisis, posiblemente con secuelas políticas tan definitivas e irreparables como las producidas por la degenerativa corrupción socialista en los estertores del “felipismo”.

EL BARÓMETRO DE METROSCOPIA, UNA “BEAC” POLÍTICA

Nuestros lectores iniciados en temas de Defensa y Seguridad conocen la naturaleza y efectos de la “BEAC” (Bomba Explosiva Aire-Combustible). Un arma táctica de invención y fabricación española “clasificada”, incorporada hace años a la dotación del Ejército del Aire, que bien pudiera considerarse “excesivamente nociva y de efectos indiscriminados” y, en consecuencia, estar prohibida por el Derecho Internacional a tenor de la Convención de 1980.

La enorme potencia destructora de la “BEAC” y la relativa simplicidad y bajo costo de su fabricación, llevaron a bautizarla como “bomba atómica de los pobres”. Esta súper-bomba se lanza desde el aire y hace explosión antes de llegar a tierra, dispersando pequeñas gotas de combustible líquido que, al mezclarse con el aire, producen una intensa onda de presión expansiva que destroza de forma indiscriminada a cualquier ser vivo que encuentre a su paso.

El Gobierno español siempre ha sido remiso a reconocer la disponibilidad de este tipo de armamento perfectamente “incivilizado”, aunque el Mossad y la CIA hayan filtrado a los medios informativos que, junto a sus propios países, el nuestro también lo fabrica y almacena. Un hecho que el Ministerio de Defensa admite de forma oficiosa, aunque toda la información técnica sobre el mismo sea “secreta”.

Pues bien, al igual que la efectividad devastadora de la “BEAC” es total en núcleos de población o grandes concentraciones de tropas, provocando en sus víctimas asfixia, estallidos pulmonares, embolias cerebrales y quemaduras letales, la sucesión de sondeos de opinión de Metroscopia publicados por “El País”, demuelen irremisiblemente el actual sistema político “bipartidista” y en particular al Gobierno del PP presidido por Rajoy. No en base a fotogramas puntuales de la realidad social, sino en una proyección demoscópica de continuidad que marca tendencias definitivas.

LA INTENCIÓN DE VOTO, ¿FIN DEL BIPARTIDISMO?

Así, la serie prolongada del Barómetro de Metroscopia sobre intención de voto evidencia, por ejemplo, no sólo el declive electoral progresivo del PP y del PSOE, sino también un crecimiento galopante y paralelo de opciones políticas antes casi “marginales”, como IU y UyPD, que ahora apuntan de forma clara a una desaparición del “bipartidismo”.

Los resultados previstos para el supuesto de unas elecciones generales que se celebrasen en estos momentos con una participación esperada de entre un 60 y un 62 por 100 del electorado, con su evolución a lo largo del último año (enero 2012 a enero 2013) arrojan el siguiente resultado:

PP……………  Del 46,4 baja al 29,8 por 100

PSOE………    Del 28,7 baja al 23,3 por 100

IU……………  Del 07,7 sube al 15.6 por 100

UyPD………   Del 04,6 sube al 10,1 por 100

En esta evolución de la intención del voto, cabe destacar la brutal pérdida de un 16,6 por 100 de apoyo electoral registrada por el PP, con un nivel resultante que nunca ha permitido a ningún partido ganar unos comicios legislativos. Y también es llamativa la pérdida de un 5,4 por 100 de los votos del PSOE, acaso más significativa que la del PP (aunque no se quiera ver así) porque parte de un nivel inferior de votos y el porcentaje de caída sobre el punto de partida es muy superior.

Por otra parte, en sentido inverso aparecen el gran crecimiento del respaldo popular a IU, que sube un 7,9 por 100, porcentaje superior al 100 del obtenido en el punto de partida, y el arrollador avance de UyPD, que incrementa en 5,5 puntos su nivel inicial del 4,6 por 100 de los votos, es decir que aumenta nada más y nada menos que en un 120 por 100. Una vez sobrepasado el 10 por 100 de los votos, ambas formaciones deberían quedar liberadas del castigo que supone para las minorías políticas aplicar el sistema D’Hondt al reparto de escaños electorales.

Ambas tendencias, la tremenda caída de apoyo electoral que registran PP y PSOE, definitoria del fortísimo rechazo social que provocan ambos partidos, y el no menos significado ascenso de IU y de UyPD, sin duda alguna en mayor sintonía con el electorado, muestran un nuevo mapa de reparto de votos (a completar básicamente con las opciones nacionalistas) que señala una ruptura del “bipartidismo imperfecto” existente desde la Transición (cuyo establecimiento fue objetivo encubierto de sus inspiradores más conspicuos) y abre la puerta a inéditas combinaciones y formas de gobierno cuando menos “revulsivas” y con efectos impredecibles.

EL DESPRESTIGIO TOTAL DEL GOBIERNO Y LA OPOSICIÓN

Pero si la infravaloración social del Gobierno y la Oposición detectada por el propio CIS en su Barómetro del pasado mes de octubre no fuera bastante expresiva, el Barómetro de Metroscopia, con su trabajo de campo realizado el 9 y 10 de enero, también corrobora la misma descalificadora realidad.

Mientras el 21 por 100 de los encuestados “aprueba” la gestión de Rajoy, el 74 por 100 la “desaprueba” (saldo -53). Mientras el presidente del Gobierno sólo inspira “mucha o bastante” confianza al 16 por 100, al 84 por 100 le inspira “poca o ninguna” (saldo -68). Mientras el 27 por 100 opina que el Gobierno “sabe lo que hace”, el 68 por 100 opina que “improvisa sobre la marcha” (saldo -41). Mientras que el 20 por 100 cree que el Gobierno “sí” está sabiendo hacer frente a la situación económica de forma adecuada, el 74 por ciento cree que “no” (saldo -54)…

La conclusión sobre el conjunto de la acción gubernamental, es que sólo el 19 por 100 de los encuestados cree que es “positiva” y el 76 por 100, cuatro veces más, que es “negativa”. Todo ello define un cuadro sintomático de opinión sobre la gestión del Gobierno del PP en el que la valoración positiva ha venido decreciendo mes a mes y la negativa avanza en continuo crecimiento…

Además, el mismo Barómetro ya muestra también un descalabro similar para el jefe de la Oposición. Mientras el 12 por 100 de los encuestados aprueba la gestión desarrollada al efecto por Alfredo Pérez Rubalcaba, un 81 por 100 la desaprueba (saldo -69) y, mientras el mismo personaje inspira “mucha o bastante” confianza sólo a un 8 por 100, a un determinante 91 por 100 lo que le inspira es “poca o ninguna” confianza; es decir, que ni siquiera la mitad de quienes todavía se muestran dispuestos a votar al PSOE creen en sus propios dirigentes, lo que, dicho de otra forma, significa que les votarían con “los dedos apretando la nariz”.

La descalificación global del Gobierno y la Oposición ya comentada en base a los datos ofrecidos por el CIS en octubre de 2012, resulta corroborada en enero de 2013 también por el Barómetro de Metroscopia, con un criterio de valoración en el que el saldo entre el porcentaje de los encuestados que aprueban o desaprueben a cada ministro del Gobierno siempre resulta muy negativo, comportando por tanto el mismo “suspenso radical” (se incluye la valoración de Rajoy y de Pérez Rubalcaba):

En esta medición resultan significativas las caídas de valoración de Alberto Ruiz-Gallardón, que baja muchos puestos desde el pasado mes de octubre, y la de Alfredo Pérez Rubalcaba, que ahora llega a ser el peor valorado de todos.

LA CORRUPCIÓN, PUESTA EN LA PICOTA

Claro está que los factores más determinantes de la frustración social y de la desacreditación del actual sistema democrático de convivencia, son, sin la menor duda, el de la corrupción política y el de la prevalencia de los intereses partitocráticos. Una realidad claramente certificada por el Barómetro de Metroscopia.

Entre todos los ítems que avalan esta convicción ciudadana, baste destacar que un 96 por 100 de los españoles cree que la corrupción existente en la vida política española es “mucha o bastante”, frente a un 3 por 100 que cree que es “poca o ninguna”; o también que un 95 por 100 de los encuestados están “de acuerdo” en que los partidos tienden a tapar y proteger a aquellos de sus militantes corruptos en vez de denunciarles y expulsarles, frente a un exiguo 3 por 100 que se muestra “en desacuerdo”. Además, un 92 por 100 está igualmente de acuerdo en que la lentitud de la Justicia a la hora de investigar y juzgar los casos de corrupción, hace muy difícil conseguir luchar contra ella de forma eficaz.

Por otra parte, existe una mayoría también desbordante de encuestados que, en efecto, cree que los políticos actuales están más preocupados por sus propios problemas e intereses que por resolver los de nuestra sociedad (el 88 por 100 frente al 9 por 100). Otra creencia firmemente asentada entre los encuestados es que, en esencia, los políticos actuales crean problemas en vez de resolverlos (el 81 por 100, frente a un 15 por 100 que no lo cree)…

En definitiva, la percepción social sobre la política y los políticos españoles es tan brutalmente negativa, que pone en cuestión el sistema en toda su integridad. Dicho de otra forma, la democracia española está quebrada, de forma que plantear disquisiciones aisladas o puntuales sobre alguno de sus aspectos en apariencia más urgentes o importantes, que además suelen ser los que retroalimentan el problema de base, parece gratuito e inoperante.

Condenar a la Cárcel de Papel a los responsables del desaguisado, aunque fuera de por vida, ya no sirve de nada. Está claro que va siendo hora de dejar de “remendar” el sistema sin ton ni son, que es lo que parecen tener in mente la Corona, el Gobierno y la Oposición, y comenzar a definir y promover alternativas verdaderamente revulsivas, cueste lo que cueste y caiga quien caiga; porque, de no pararle los pies a la actual clase política y de no cortar por lo sano la corrupción que genera, podemos encontrarnos de la noche a la mañana con una auténtica revolución.

De nuevo, las palabras pronunciadas por Su Majestad el Rey durante la celebración de la Pascua Militar han vuelto a reiterar los mismos y manidos mensajes que, con el mismo motivo y año tras año, viene lanzando al estamento castrense. En concreto, resaltar su cercanía con las Fuerzas Armadas, de las que ostenta constitucionalmente el “mando supremo”; mostrar su reconocimiento a los militares caídos en acto de servicio y su solidaridad con las familias afectadas; destacar el cumplimiento del deber en las misiones exteriores, siempre en condiciones difíciles, y, por supuesto, enaltecer los principios y valores propios de la Institución Militar: la profesionalidad y la eficacia, la humanidad, el rigor, el valor y la disciplina…

Tras esta escueta y obligada manifestación, y junto a dos referencias circunstanciales a la labor de las Fuerzas Armadas en la lucha contra los incendios forestales veraniegos y a la tardía concesión de la Laureada Colectiva al Regimiento de Caballería Alcántara (dos temas sin duda respetables pero no prioritarios en estos cruciales momentos), el Rey se adentró en esta ocasión en el terreno de la “crisis económica” como una “amenaza a la seguridad”, a nuestro entender extremadamente errado. A pesar de que tenga su origen en la Directiva de Defensa Nacional (DDN) que le fue presentada en el Consejo de Defensa Nacional celebrado el pasado 31 de julio.

Más que un “apunte” estrictamente castrense, lo afirmado por el Rey en este sentido, no deja de ser un comprometido brindis a la política del Gobierno, profundamente equivocada también en esta materia. Tras recordar que la DDN reconoce la actual crisis económica como una amenaza a la seguridad, Su Majestad precisó: “Por ello, resulta primordial priorizar el esfuerzo para mantener las capacidades militares que garanticen una disuasión verosímil en defensa de los intereses de España…”.

Porque, queriendo o sin querer (contemporizando de forma gratuita con la política gubernamental o aceptando consejos desleales y desinformados), lo que subyace obviamente en estas palabras regias, es una justificación de la organización presupuestaria de la Defensa, que no se sostiene ni por su filosofía (al servicio ante todo de intereses industriales impropios) ni por sus aplicaciones (ajenas en gran medida a la estricta necesidad de la defensa nacional), y de unos recortes y tijeretazos extremos en materia logística y de personal que no se compadecen con el despilfarro sostenido en otros ámbitos de la política. Por ejemplo, en el de la obesidad y el gasto de las estructuras institucionales y el sistema administrativo.

LA CRISIS ECONÓMICA COMO “AMENAZA A LA SEGURIDAD”

Respecto a la consideración que la DDN 2012 hace de la crisis económica como “amenaza a la seguridad nacional”, ya nos pronunciamos en la Newsletter Nº 22 (12/08/2012), calificando dicho documento como “un bodrio político de primera magnitud”.

De hecho, y valorando su irresponsable redacción y el desbarajuste interpretativo que provocó al hacerse pública, ya planteamos la posibilidad de que el Gobierno de Rajoy, motu proprio o por consejo del CNI, quizás hubiera querido disponer de una DDN expresamente inconcreta, a modo de “cheque en blanco” para hacer y deshacer al caso lo que le venga en gana, como suele convenir a la clase política. O que, siendo ésta esencialmente un documento ejecutivo, aunque en parte también lo sea doctrinal, se dispusiera de una versión pública “maquillada”, casi imperial y propia de una gran potencia que no es España, resguardando en otro documento expreso y “clasificado” su total libertad de acción y su falta de compromiso ejecutivo.

Una maniobra política (el disponer de dos versiones diferentes de la DDN, una “publicitaria” y otra operativa y reservada) que queda muy a desmano del Ministerio de Defensa y que --decíamos entonces-- habría que situar por tanto cerca del Servicio de Inteligencia, probable redactor oculto de la DDN de marras y sus precedentes; todas redactadas con el mismo estilo y retocadas con un característico “corta y pega” de andar por casa (o mejor dicho por “La Casa”), dicho sea con todo respeto.

La tesis de que el CNI había sido el redactor de la DDN 2012, como de las anteriores, tomó cuerpo precisamente con la novedosa advertencia, nada menos que en el primer párrafo del documento, de que la crisis económica “también actúa como una amenaza a la seguridad”. Esta era una señal emitida claramente por Félix Sanz, máximo responsable del Servicio de Inteligencia que viene tomando desde hace tiempo el ámbito económico como escenario estrella de su actividad, quizás porque con este artificioso “descubrimiento” (que no es gran cosa pero que le ha servido para engatusar a la vicepresidenta del Gobierno de la que depende el CNI) pretenda compensar el terreno de sus competencias más genuinas perdido por la nueva realidad histórica, o arrebatado por otros organismos de Seguridad Nacional integrados también en la Comunidad de Inteligencia.

Curiosamente, con esa corta y única referencia a la amenaza de la “crisis económica”, algunos medios informativos, apoyados en una noticia de la agencia oficial (EFE), emitida a raíz de que el Consejo de Defensa Nacional ratificara la DDN 2012 y antes de su presentación pública, fueron algo más allá, como ahora ha ido el rey Juan Carlos. Por ejemplo, “Intereconomía” (01/08/2012) sacaba la siguiente punta del tema tras el título “La nueva Directiva de Defensa focalizará por primera vez la atención del Estado en las amenazas financieras”:

“… La mayor novedad de este documento, que servirá de referencia al Gobierno a la hora de marcar las prioridades de las Fuerzas Armadas y las Fuerzas de Seguridad del Estado durante los próximos años, será la consideración, por primera vez, de las amenazas económicas, incluidas las derivadas de la grave crisis que atraviesa España, como un riesgo de primer orden para la integridad del país. Los problemas financieros, que ya han provocado la creación de una división en el Centro Nacional de Inteligencia (CNI) dedicada en exclusiva a combatir sus efectos, serán considerados oficialmente a partir de ahora una amenaza para España, que se unirá al resto de riesgos.”

Sin embargo, la realidad es que la DDN 2012 no tiene desarrollo razonable, como tantas cosas mal cocinadas en el Ministerio de Defensa (la carrera militar, los derechos constitucionales de los miembros de las Fuerzas Armadas, sus propias dotaciones materiales, la cultura de defensa…). Prueba de esta afirmación es que, una vez consagrada la “amenaza económica” como nuevo elemento de interés prioritario para la seguridad nacional, las directrices de la DDN 2012 para la presente legislatura no recogieran la más mínima actuación al respecto.

Quizás porque, identificándose verdaderamente el riesgo y la amenaza económica con los políticos “salteadores” de las cajas de ahorros y con los que desde su responsabilidad de gobierno dilapidan el dinero público, las Fuerzas Armadas y la Comunidad de Inteligencia en pleno, tendrían que dedicarse a su puntual aniquilación. Porque ellos son la verdadera amenaza, no sólo de la seguridad nacional, sino del país en su concepción integral.

Una exigencia nada desdeñable, porque con una nueva división del CNI dedicada al tema en exclusiva, con sus sistemas súper avanzados de interceptación de las comunicaciones, su enorme capacidad para adquirir información y su impunidad operativa (“secreta”), desenmascarar a los delincuentes de turno en activo y evitar al país los desagradables tragos de mayores rescates económicos y recortes sociales, sería cosa poco menos que de “coser y cantar”. La sociedad española, incluyendo a la Policía Nacional, la Guardia Civil y la Judicatura (que entonces podrían dedicarse a otras tareas como redactar las DDNs y dirigir la defensa nacional con más coherencia que el propio Ministerio de Defensa, por ejemplo), estaría sinceramente agradecida, aunque no tanto los miembros de la clase política en su caso afectados, detenidos y enjuiciados, que serían bastantes.

Pero, lo más absurdo y ridículo del tema es que, además, la DDN 2012, incluso en la mínima expresión del cuento relatado en su momento a los periodistas por el ministro de Defensa, Pedro Morenés, es inabordable con la dotación presupuestaria del ministerio que regenta. El Objetivo de Fuerza Conjunto (OFC), que en puridad debería derivarse de la DDN, es pura fantasía y el subsiguiente Plan Estratégico Conjunto (PEC), el hazmerreír de quienes saben verdaderamente del tema.

La crisis económica no es en modo alguno una “amenaza” específica en términos de defensa nacional, sino un factor o componente del “marketing-mix” de la política, del “politing-mix”, que afecta al país de forma integral (en la Educación, la Sanidad, la Justicia, el desempleo…). Es más, de alguna forma es un elemento corrector de determinadas amenazas a la seguridad nacional ciertas, como el “efecto llamada” a la inmigración masiva y descontrolada, con una preponderancia peligrosa del islamismo radical e incluso del yihadismo, o la escasa incentivación para cubrir las plazas de Clase de Tropa y Marinería en un modelo de Fuerzas Armadas que real y lamentablemente es más “ocupacional” que “vocacional”.

Tratar de recolocar la crisis económica como una “amenaza a la seguridad nacional”, equivale a comparar la velocidad con el tocino, cosa que, por otra parte, no es políticamente inusual. Enfrentarla con seriedad no es en modo alguno competencia de las Fuerzas Armadas, a las que Su Majestad dirigía el mensaje de la Pascua Militar, ni tampoco del Ministerio de Defensa, sino de los responsables gubernamentales de la política económica y fiscal, de los sectores agroalimentarios, industriales y de servicios, del empleo, etc…; es decir, del área económica que el propio presidente del Gobierno ha asumido bajo su incompetente dirección y que, ahora, no se sabe bien hacia donde la quiere derivar.

En definitiva, esta proclamación de la “crisis económica” como enemigo a batir desde el ámbito de la seguridad nacional (con o sin el CNI de por medio) es un absurdo categórico, un frangollo de marca mayor, en gran parte resultado de la deplorable legislación, organización y terminología afectas al sistema de defensa nacional y por la forma en que los dirigentes políticos confunden sus propias aspiraciones con fines, objetivos, medios y responsabilidades. Y es, también, un instrumento dialéctico más para seguir manipulando las partidas presupuestarias de defensa como les venga en gana y enmascarar la incompetencia personal de los cargos de libre designación sin la capacitación debida para desarrollar las funciones que tienen asignadas.

“EL REY DESNUDO” Y LA NECEDAD HUMANA

El papanatismo con el que se acepta la crisis económica como “amenaza a la seguridad nacional”, no deja de recordarnos el cuento de “El rey desnudo” publicado en 1837 por Hans Christian Andersen, maestro de la literatura infantil, que es la que mejor viene al caso. En esencia, la fábula nos enseña que sólo porque todo el mundo crea que algo es verdad, no significa que lo sea; o también, como advierte el “Eclesiastés” (Capítulo I), uno de los libros sapienciales o de enseñanza del Antiguo Testamento, que “Infinito es el número de los necios”.

Nuestra particular versión de este cuento universal, posiblemente inspirado en una historia ya narrada en el siglo XIV por el magistral infante Don Juan Manuel en su libro “El Conde Lucanor” (Capitulo XXXII), adaptada a la realidad política del momento, comienza con la selección por parte del presidente Rajoy del mejor “sastre” del reino para que revistiera el Servicio de Inteligencia con nuevos ropajes a fin de asegurar la rápida solución de la crisis, que él mismo había prometido a sus votantes con más gratuidad que fundamento. De entre todos los sastres disponibles para abordar tan utópica tarea, el más listillo de todos, dotado de gran labia y una personalidad embaucadora, madurada a la sombra del “zapaterismo”, convence a Rajoy y a su dignataria más sobresaliente (la vicepresidenta Sáenz de Santamaría) para que se le adjudique el encargo presidencial.

El nuevo CNI, el “traje a medida” solicitado por el Gobierno “marianista”, sería, según el sastre seleccionado, verdaderamente mágico; pero con una condición especial: su obra no podrá ser apreciada por gente necia, de forma que solamente las personas inteligentes podrán ser capaces de valorarla en su justa medida.

En el día señalado para la prueba, el presidente Rajoy contempla la mirada imperturbable y sonriente de todos sus ministros y asesores, ninguno de los cuales quiere parecer necio, aunque nadie vea de forma alguna un CNI “milagrero”. Entonces, se pregunta: “¿Seré yo un necio…?”. Y, como, al igual que sus ministros, tampoco quiere parecerlo, premia y felicita al sastre por la maravilla del “traje invisible” que ha confeccionado, y con el que la crisis económica será cabalmente perseguida, desarticulada y encarcelada de por vida.

Llega la celebración de la Pascua Militar y Rajoy y su ministro de Defensa, Pedro Morenés, un clasista “negurítico” sin gracia ni fuste, también de cuento de hadas, ofrecen al Rey el obsequio del aparato de la defensa nacional, al parecer con la División de Inteligencia Económica del nuevo CNI puesta de montera para combatir la crisis económica como “amenaza a la seguridad nacional”. Un regalito que Su Majestad, disciplinado tras sus últimos batacazos personales y confiado en sus necios asesores, acepta haciendo suyo también el “traje invisible” de marras.

Acto seguido, nadie quiere parecer necio y todos aplauden las palabras con las que el Rey pretende rebotar a las Fuerzas Armadas la bromita del sastre listillo. Hasta que un cabo furriel, el más sencillo de todos los presentes, clama honestamente: “¡Pero si el Rey va desnudo!”.

El pueblo, que no los numerosos políticos necios implicados, empieza a cuchichear la frase que evidencia la realidad, hasta que la multitud allegada grita y corrobora la desnudez regia. Entonces, el Rey escuchó la verdad, se dio cuenta de la superchería y supo que sus súbditos tenían razón…

En nuestra particular versión del cuento, hay dos finales distintos para que los lectores opten por el que crean más adecuado. En uno, el Rey levanta la cabeza, majestuoso, y termina su discurso como si tal cosa; y, en otro, el Rey, sonrojado y bonachón, repite aquello de “Lo siento mucho, no volverá a repetirse”.

LA CONNIVENCIA CON LA DILAPIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Pero puestos a vender el baratillo institucional nada menos que en la celebración de la Pascua Militar, el ministro Morenés aprovechó para justificar el trato preferente que, en plena crisis económica y en detrimento de otras necesidades más perentorias, el Gobierno de Rajoy da al pago de las facturas pendientes con las empresas que han suministrado nuestros costosos lujos armamentistas de última tecnología. En realidad, inútiles por exceso en el marco de las necesidades más racionales de nuestra defensa nacional.

En concreto, hablamos de los cerca de 300 carros de combate “Leopard” 2A4 adquiridos al inventario alemán en 1995 y los 219 “Leopard” 2E (más 16 “Leopard” 2ER de recuperación) cofabricados por la estadounidense General Dynamics y la alemana KraussMaffei. A los que hay que añadir la friolera de 87 aviones de combate “Typhoon” (con 20 unidades opcionales más) fabricados por el consorcio europeo Eurofighter GmbH, radicado en Hallbergmoos (Múnich), en el que España tiene una participación del 13 por 100.

Unos excesos, añadidos a otros anteriores, sobre los que el anterior secretario de Estado de Defensa, el socialista Cándido Méndez, ya advirtió en octubre del 2011 en el Congreso de los Diputados: “No deberíamos haber adquirido sistemas [de combate] que no vamos a usar; para escenarios de confrontación que no existen y con un dinero que no teníamos entonces ni ahora”. El SEDEF socialista precisó  que “de los 27.000 millones de deuda”, a las legislaturas del PP “corresponden “23.000 y pico millones” y a las dos últimas del PSOE “3.000 y pico” (“El País” 13/08/2011)…

La gran paradoja de esta dilapidación presupuestaria en la dotación de los sistemas de armas de las Fuerzas Armadas, se dio justo en los estertores de la IX Legislatura, cuando después de años y años “tocando el violón” y acumulando, por ejemplo, los aviones y carros de combate inoperantes ya citados, el propio Méndez se vio obligado a comprometer de forma urgente la adquisición de nuevos vehículos blindados antiminas para proteger a las tropas españolas desplegadas en zona de conflicto (Afganistán y Líbano), que al día de la fecha superan holgadamente el centenar de bajas mortales. El pedido  incluía 76 MLV “Lince” italianos de escuadra (cinco ocupantes) y 20 RG-31 “Nyala” sudafricanos de pelotón (nueve ocupantes), con un importe insignificante  en términos comparativos de 42,6 millones de euros.

No menos sorprendente es el desparpajo del ministro Morenés para mezclar y confundir los intereses de la industria nacional de defensa, prácticamente inexistente, con los de la misma industria internacional, que es la principal beneficiaria de nuestros gastos armamentistas: “Como muchos de los países de nuestro entorno, consideramos que la industria de defensa es una capacidad fundamental para nuestra seguridad y nuestra soberanía. Una capacidad esencial que hemos creado con el esfuerzo de todos los españoles, que ha requerido muchas décadas de esfuerzo y que debemos apoyar y dimensionar para garantizar su existencia”.

Una actitud que la continuidad de su discurso hace todavía más palpable: “Para ello, para garantizar su existencia, hemos hecho frente a los compromisos contraídos por sucesivos Gobiernos con la industria de defensa. Ha sido una decisión difícil y responsable para mantener la indispensable credibilidad de la acción de Gobierno tanto internacional como internamente. Una decisión, por otra parte, de justicia hacia las Fuerzas Armadas y hacia la industria que procura su dotación de equipos y sistemas. Y una decisión de buena administración política que nos permitirá renegociar, ante las dificultades económicas a las que nos vemos sometidos, los compromisos a futuro adquiridos con dicha industria”.

Claro está que el interés por la industria de defensa y el celo pagador que el ministro Pedro Morenés y el actual SEDEF Pedro Argüelles (el dúo “P&P”) prestan a la misma (sobre todo a la más poderosa de ámbito internacional), se comprende mejor si recordamos que ambos han vivido holgadamente de sus nóminas, como volverán a vivir con toda probabilidad cuando cesen en sus cargos políticos.

El primero, ha estado vinculado a Instalaza (empresa que tiene al Ministerio de Defensa como cliente referencial) y ha presidido en España la empresa paneuropea de misiles MBDA, cuyos pedidos dependen del mismo Departamento; todo ello después de haber ocupado en el primer Gobierno de Aznar el cargo de SEDEF, que lleva aparejado el control de las compras de Defensa.  El segundo ha presidido la filial española de Boeing, empresa estadounidense cuya División de Defensa, Espacio y Seguridad depende del presupuesto del mismo ministerio, en el que personalmente dirigió el gabinete del ministro también bajo la presidencia de Aznar. Dejando a un lado la estética política, porque desde luego el caso carece de ella, ¿queda entendida la cuestión de fondo…?

EL VARAPALO DEL GENERAL PITARCH AL MINISTRO MORENÉS

Pero si nuestros comentarios sobre el discurso pronunciado por el ministro Morenés con motivo de la Pascua Militar pudieran parecer demasiado agresivos, léase el acertado varapalo que el teniente general Pitarch le pega al mismo respecto en su blog habitual (edición del 06/01/2012 titulada “Pascua Militar 2013: la primera en la frente”), accesible desde la portada de esta web.

Tras calificar el discurso ministerial de algo “larguis huevis” (generalidades y obviedades en el argot naval), criticó severamente las cinco tareas más destacadas en el mismo:

“(…) La primera tarea era ‘garantizar la preparación y operatividad de las FAS’. Resultado: el mayor de los fiascos. Es triste tener que expresarlo así, pero en esto no se puede ser complaciente. Se trata de la médula de la defensa. Son las unidades y su operatividad la razón de ser todo el tinglado del ministerio de Defensa. Si no hay operatividad sobra todo lo demás, empezando por el ministro. Y, ciertamente, con los vehículos sobre polines, con enormes restricciones en la instrucción y el adiestramiento, con un consumo de munición híper-tasado, con pilotos de insuficientes horas de vuelo y con buena parte de los buques amarrados, en definitiva, con la preparación bajo mínimos ¿qué otra podría ser la valoración? La primera en la frente.

La segunda tarea, ‘revisar la estructura orgánica del ministerio y de las FAS’, sigue siendo una incógnita. Poco se ha hecho, más allá de anunciar la intención de elaborar un proyecto de ley de bases de la organización militar, y —se suponen—algunos estudios más. La nonata ‘Visión 2025’ encargada al JEMAD (y sin embargo descrita por el propio Ministro como ‘un informe más’) es el ejemplo paradigmático del conocido juego de ‘marear la perdiz’. Juego en el que se han visto encapsulados los estados mayores de los Ejércitos y la Armada. La reciente ‘creación’ de dos mandos, Vigilancia y Seguridad Marítima, y Defensa y Operaciones Aéreas, mencionados como logros por el ministro en el discurso de hoy, se inscriben inicialmente en otro juego: el de las dobles y triples gorras. Al Almirante de la Flota y al Jefe del Mando Aéreo de Combate les han añadido, respectivamente, una gorra más a las que ya portaban. Aunque, de hecho, las llamadas ‘operaciones permanentes’ ya estaban, en cuanto operaciones, en la férula del JEMAD en lo que a la conducción estratégica se refiere. Si esto de ahora significase que se quiere ir hacia la subordinación al JEMAD de los jefes de Estado Mayor de los Ejércitos y la Armada (modelo italiano), habría que modificar la Ley Orgánica de la defensa nacional. Y eso no se puede hacer con una mera orden ministerial.

La tarea de ‘definir las capacidades militares a conservar, a redefinir y a suprimir’ ha resultado en 2012 otro ‘ya veremos’. Pero después de un año ya se podría haber visto algún movimiento. De momento sigue en modo desiderátum. Seguro que los concernidos saben que desarrollar cualquier escenario de reestructuración pasa por abrir esa caja fuerte, que el Sr. Montoro custodia con particular cicatería.

Tampoco hay mucho a resaltar por lo logrado en la cuarta tarea, ‘perfeccionar y completar el sistema de enseñanza militar’. Se aborda 2013 con la misma enorme contestación al sistema de enseñanza que en 2012. Tanto dentro (en todas las escalas) como fuera de las FAS. En resumen: impasible el ademán, que decían aquéllos.

La quinta tarea era, en la visión del bloguero, la refundición de tres: ‘financiación de los programas de armamento’; ‘consolidar el nivel tecnológico de la industria de defensa’; y ‘facilitar el desarrollo de la industria de defensa’. Son facetas de un único objeto. En esto sí que hubo una notable ‘movida’: dinero extra (no hablo de la extra que voló). Fue un crédito extraordinario de 1.782 millones de euros, aprobado por el Real Decreto-ley 26/2012, de 7 de septiembre. Se corrigió así al alza, ¡en un 28 por 100!, el presupuesto de defensa aprobado por las Cortes solo tres meses antes. De esa millonada, ni un euro para cualquiera de las otras tareas. Caramba, si ese compromiso ministerial de ‘buscar solución a la financiación de los programas especiales de armamento’ significa ese ‘senti, però pagant’, del catalán del chiste, no es que esté mal. Pero no parece un invento especialmente meritorio (…)”.

Pitarch concluía su varapalo a Morenés de esta guisa: “El señor ministro lleva razón en algo: ante las provocaciones ‘los militares cumplen calladamente con su deber’. Pues que dure”.

UN MINISTRO DE DEFENSA CON POCO TACTO POLÍTICO

Falto de visión política, el ministro de defensa incluyó efectivamente en su discurso el siguiente párrafo: “Los militares están preparados, mantienen el ánimo firme y sereno, sin atender a absurdas provocaciones, y cumplen calladamente con su deber. Quieren ser ejemplo de unidad, honestidad, generosidad y valentía para la sociedad a la que sirven”. Lo que pasa es que, caldeada como está en estos momentos la controversia territorial, la utilización del término “provocaciones” se debería haber concretado con rotundidad o, en caso de no querer determinar su naturaleza, haberse eliminado.

De hecho, la alusión “indeterminada” de Morenés no se compadece para nada con la claridad política que se espera de un ministro de Defensa o, en su defecto, con la prudencia de no meterse en camisas de once varas, sobre todo cuando se dirige expresamente a las Fuerzas Armadas en un acto institucional tan relevante como la Pascua Militar y presidido por el Jefe del Estado quien, además, es su “mando supremo”.

De esta forma, hubo diferentes interpretaciones sobre la intencionalidad con la que Morenés utilizó el término en cuestión, todas inconvenientes en términos políticos. Se podía referir, quizás, a las provocaciones de algunos sectores independentistas catalanes a la Institución Militar, pero también a la provocación que la opinión publicada de algunos militares en relación con el secesionismo catalán supone para sus mentores o, incluso, a la agitación que estos mismos comentarios de miembros de las Fuerzas Armadas provocarían en el ámbito castrense.

Enric Juliana escribía en “La Vanguardia” (07/01/2013): “Titular enmarcado. El ministro de Defensa denuncia ‘absurdas provocaciones’, se supone que provenientes de la levantisca Catalunya. Esa fue ayer la suposición general, aunque las palabras de Morenés también podrían interpretarse como un rechazo a aquellas voces que han reclamado o sugerido una intervención militar en Catalunya para atajar la corriente soberanista. Han invocado el recurso a las armas algún director de periódico, numerosos columnistas, el eurodiputado del Partido Popular Aleix Vidal-Quadras y, en el ramo de las variedades, uno de los presentadores de la reciente noche de Fin de Año en Telecinco. No parece que las palabras del ministro estuviesen destinadas a expresar su disgusto por estas opiniones, hoy objetivamente marginales en la sociedad española”.

Y, a continuación, explicitaba la interpretación acaso algo más ajustada a la intención de Morenés. “El texto subyacente era otro: el difuso malestar en las Fuerzas Armadas por la dinámica política abierta en Catalunya y por algunos gestos que la han acompañado estos últimos meses (la discutida apelación a los Mossos d'Esquadra por parte del exconseller de Interior Felip Puig en el fragor del debate sobre la hipotética consulta, o la denuncia de cuatro eurodiputados catalanes en el Parlamento de Estrasburgo contra las personas que habían amenazado con una posible intervención militar en Catalunya)”.

Por su parte, Núria de Gispert, presidenta del Parlament de Catalunya, respondía al ministro Morenés afirmando: “Desde Catalunya hay pocas provocaciones”, añadiendo que “intentamos hacer ver que tampoco las recibimos”. Con esta contestación, la destacada militante de CiU entendía que las “provocaciones” citadas por el ministro de Defensa en su discurso de la Pascua Militar se referían al grito soberanista lanzado desde Catalunya y que tanto ha escocido dentro del estamento castrense; considerando al mismo tiempo que si las palabras de Morenés iban dirigidas a Catalunya, sí que constituirían, por su parte, una “cierta provocación”.

El desliz de Morenés al decir en su discurso de la Pascua Militar que las Fuerzas Armadas no caen en “absurdas provocaciones”, ha generado también la crítica de Josu Erkoreka, consejero de Administración Pública y Justicia y portavoz del Gobierno Vasco, quien en una entrevista concedida a ETB, la televisión pública vasca, manifestó: “Me parece una referencia innecesaria. No sé si lo que quería con esas palabras era articular él mismo una provocación, pero yo las he encontrado fuera de lugar”.

Además, aprovechando la polémica del caso, Erkoreka comentó que no vio la entrevista concedida por el Rey al periodista Jesús Hermida emitida  en TVE (04/01/2013), afirmando, no obstante, que no se siente concernido por las referencias regias a las “políticas rupturistas” y a “las intransigencias que conllevan maximalismos”, ya que políticamente él no es partidario “ni de las estridencias ni de las rupturas, sino del ejercicio de los derechos individuales y colectivos”.

En ese mismo sentido, afirmó: “Como creo que sobre eso no ha dicho nada y como supongo que las situaciones jurídicas activas que yo considero derecho en lo individual y lo colectivo serán también objeto de aceptación por la clase política española, no tiene por qué existir discrepancia política profunda”. Erkoreka también deslizó su esperanza de que las experiencias catalana y escocesa sobre las consultas soberanistas “sirvan para abrir un camino que definitivamente pueda ser utilizado por aquellos pueblos que quieran hallar su propia ubicación en el concierto de las naciones”. Ahí queda, pues, a lo que ha llevado la imprudencia de Morenés.

MORENÉS, “UN BOMBERO PIRÓMANO” SEGÚN EL PSOE

Como es obvio, el lío montado por la falta de tacto político de Morenés en su discurso de la Pascua Militar, no ha sido poca cosa. De hecho, el secretario de Organización del PSOE, Óscar López, le acusó de haber actuado como “un bombero pirómano”, ya que, según el dirigente socialista, con sus palabras el ministro de Defensa sólo ha conseguido que aumente la tensión en el debate soberanista en Cataluña.

“El primero que tiene la obligación de no calentar más el asunto es el que lo calienta más”, denunció López, para quien las Fuerzas Armadas, por contra, se están mostrando “más sensatas” que el ministro que las dirige ante el desafío independentista lanzado por el presidente catalán, Artur Mas (“El Mundo” 09/01/2013).

Lo cierto es que las “provocaciones”  indeterminadas de Morenés, fueran en origen las que fueren,  no han dejado de generar reacciones poco convenientes, hasta verse forzado a aclarar su significado ante los micrófonos de RNE, explicando con la debida exactitud a qué se refería. Según manifestó, en los últimos meses “se han hecho una serie de interpretaciones de actividades militares” rutinarias que “no obedecen a la convicción democrática de la familia militar ni a su acatamiento del sistema constitucional”, como, por ejemplo, “maniobras que han provocado comentarios, como que las Fuerzas Armadas tratan de amedrentar...”.

Es decir, que, como bien había intuido el periodista Enric Juliana, al hablar oscuramente de “provocaciones”, Morenés se refería concretamente a las acusaciones vertidas en los últimos meses contra las Fuerzas Armadas por varios políticos catalanes nacionalistas, asegurando que existe una amenaza militar contra Cataluña y que el Ejército del Aire había realizado vuelos de cazas intimidatorios sobre pueblos catalanes.

Acto seguido, el ministro de Defensa precisó que este tipo de declaraciones son “muy injustas con una institución que ha demostrado permanentemente su servicio a España y a su norma fundamental”, porque, frente a las insistentes insinuaciones de algunos, “las Fuerzas Armadas han asumido su rol democrático y su posición en una sociedad moderna”. Una aclaración que debió hacer con toda rotundidad y suficientes agallas políticas en el momento oportuno, nada más producirse aquellos ofensivos comentarios, en vez de empurar a militares como el general Pontijas que, más o menos, manifestaron el lógico malestar que ahora ha tenido que denunciar él mismo; es decir, teniéndosela que “envainar” reglamentariamente.

Con la vocación de “bombero pirómano” que le reconoce el PSOE, no es de extrañar que el ministro Morenés incorpore a su gabinete técnico algún especialista de la Unidad Militar de Emergencias. Y con boca de riego a pie de despacho.

Dejando a un lado la controversia entre Monarquía y República y las formas en las que ambos sistemas políticos han prevalecido en la agitada historia de España, con legitimación jurídico-formal o sin ella, sabido es que en nuestro país abundan quienes desde la muerte del general Franco se han venido proclamando “juancarlistas”. Unos adhiriéndose a la figura del rey Juan Carlos I más que a la propia institución monárquica y, otros, hasta compartiendo incluso esa misma adhesión con profundas convicciones republicanas.

Los “juancarlistas” son personas con sensibilidades políticas diversas que, por distintas razones, han aceptado la actual monarquía parlamentaria de forma muy identificada con el actual titular de la Corona: desde los militares que lo hicieron en base al “Testamento de Franco” y por su singular condición de “mando supremo” de las Fuerzas Armadas, hasta quienes en el ámbito civil vieron en él la vía más adecuada para transitar hacia el nuevo régimen democrático, más que el “motor” del cambio, logro que en modo alguno debemos considerar de adscripción “unipersonal”.

Y también ha habido partidarios sobrevenidos de Don Juan Carlos bien por su simpatía personal, bien por cubrir con acierto las expectativas de lo que debía ser un Jefe del Estado en los cruciales momentos de la Transición, o sencilla y llanamente porque su figura alejaba el temor de que se repitiera una experiencia similar a la de la precedente II República.

Claro está que en ese “juancarlismo” prevalece ante todo un reconocimiento ad personam, más que una aceptación formal de la monarquía, dijera lo que dijera la Ley 62/1969, “por la que se provee lo concerniente a la sucesión en la Jefatura del Estado”, (conocida como “Ley de Sucesión” franquista), o la propia Carta Magna, aprobada mediante referéndum del 6 de diciembre de 1978 por el 87,78 por 100 de los votantes y un muy disminuido 58,97 por 100 del censo electoral. Es decir, una Constitución respaldada por el resto de un macizo generacional que, con el transcurso del tiempo, ha desaparecido en su mayoría o ya es mínimamente representativo (menos del 20 por 100)…

EL PROGRESIVO DESENCUENTRO CON LA CORONA 

Pero si el “juancarlismo” ha sido lo mejor o lo más atractivo de la actual institución monárquica, su USP (la “Unique Selling Proposition” de la Corona dicho en términos mercadotécnicos, que son los que actualmente maneja la Casa Real), ¿qué futuro tiene la monarquía española…? Así como el franquismo no pudo sobrevivir a Franco, parece difícil que a Don Juan Carlos le sobreviva la institución que titula, al menos en los mismos términos en que fue instaurada a su particular imagen y semejanza y refrendada constitucionalmente en momentos políticos muy comprometidos.

Cierto es que el Rey “reina pero no gobierna”; pero a tenor del artículo 56.1 de la Constitución no es menos cierto que “el Rey es el Jefe del Estado, símbolo de su unidad y permanencia, arbitra y modera el funcionamiento regular de las instituciones…”. Es decir, que en su excepcional magistratura reside una “responsabilidad aquiliana” (así denominada al haberse establecido en Roma por la Lex Aquilia), la “culpa in vigilando” existente cuando entre el autor material de un hecho y el que queda responsable hay un vínculo tal que fundadamente se puede presumir que el daño derivado, si lo hubiere, debe atribuirse, más que al autor material, al descuido o al defecto de vigilancia de la otra persona.

Porque, ¿acaso no es el Rey quien refrenda con su firma las tropelías políticas del gobierno de turno, muchas de ellas poco éticas, de dudosa legalidad o incluso hasta reputadas formalmente de inconstitucionales…? Pero, ¿qué sentido tiene, como establece el artículo 56.3 CE, que la persona del Rey sea inviolable y no esté sujeta a responsabilidad alguna…? ¿Y qué salvaguarda moral o política aporta entonces su firma a los textos legales, más allá de la pura pantomima…?

La realidad, adórnese el tema como se quiera, es que para ese recado regio, el de sancionar leyes que al firmante ni le van ni le vienen y que en su mayoría sólo interesan a quienes las redactan y a los grupos de presión que las inspiran, y que casi nunca responden a demandas sociales ciertas, no se necesita alforjas.

Porque hablamos de una responsabilidad vigilante del Jefe del Estado muy concreta, violentada de forma sistemática por el desbarajuste autonómico y su exigente exceso de transferencias competenciales, “vaciadoras” del propio Estado; por la escandalosa politización del Poder Judicial; por la invasión partitocrática del sistema político general; por la negación de los derechos electorales de las minorías... Y, en definitiva, por una forma de opresión política encubierta, establecida de consuno por el PP y el PSOE (que de forma irremisible se turnan en el Gobierno y la Oposición) con la silenciosa y lamentable complicidad de la Corona.

Sólo desde esa connivencia tripartita se pueden entender casos tan flagrantes de manipulación política como los del aplauso continuado al errado papel jugado por el Rey en el golpe de Estado del 23-F, o la inaudita tolerancia de la masiva corrupción pública que invade España por sus cuatro costados, tocando en lo que ha tocado --esa es la realidad-- a la propia Familia Real. Acompañados por la inmoralidad de los indultos políticos (a los amigos del poder), la de los desahucios que se enmascaran de forma vergonzante (con su secuela de suicidios que tampoco cesan), la de cargar el saqueo de las cajas de ahorro o la dilapidación del dinero público a los estratos sociales más débiles, la de la pobreza de solemnidad que asalta los comedores benéficos cuando no los cubos de basura…

E incluyendo por supuesto en ese débito social conjunto de la Corona, del Gobierno y de la Oposición, la contumacia de no querer reformar un sistema político y una estructura institucional cuya podredumbre hiede a muy larga distancia y desde hace mucho tiempo.

El sistema se resiste a la reforma, al igual que todas las satrapías del mundo se resisten a la conversión democrática. Su declive se acelera de forma progresiva por falta de inteligencia y/o humildad para rencauzarlo, aunque envuelto y protegido por el aplauso permanente de sus beneficiarios y servidores más allegados, verdaderamente esperpéntico para quienes conocen y viven la realidad social del país tal cual es. Para corroborarlo baste echar una mirada a la actual y desaforada campaña propagandista de la Corona.

Frente a los corifeos del poder que han ensalzado el contenido del último Mensaje de Navidad de Su majestad el Rey, la realidad es que su cuidada puesta en escena responde a una teatralidad que poco o nada importa a los televidentes y que su contenido (o mejor su falta de contenido) no llegó ni de pasada a lo esperado por el pueblo, que era entrar a fondo en la grave problemática que le acongoja, en la dura realidad que padecen los más desfavorecidos y no contemporizar con los más acomodados, quienes, además, son los cómplices de la crisis. Está claro que en estos difíciles momentos, la Corona va “a lo suyo” (a mejorar su imagen como sea para asegurar la sucesión monárquica en la persona del Príncipe Felipe) y que lo único que se puede esperar de la Casa Real es “más de lo mismo”: lo que, torpemente, cree como más conveniente para su futuro.

Días antes de emitirse el mensaje regio, Jesús López Medel, abogado del Estado y ex diputado del PP, publicaba en “El Mundo” (13/12/2012) un artículo de opinión titulado “Monarquía y ejemplaridad” en el que decía: “… Ojalá se produzca una regeneración de la Corona que asuma los errores. Sueño con una Monarquía regenerada que pida disculpas, llame a su despacho especialmente a Rajoy y Rubalcaba (y otros como los de CiU) y, como jefe del Estado, les pida u ordene el fin de tanta corrupción o encubrimiento. Eso es un cáncer creciente y corrosivo de nuestra democracia y cada vez más el pueblo expresa, con razón, su indignación. Nos falta ejemplaridad. Su Majestad tiene una ocasión única no ya para un mero discurso navideño sino para regenerar la Corona desde su actuación ejemplar en este caso podrido [Urdangarin] y aprovechar para exigir lo mismo a los dirigentes políticos. De un mal, sacaría un bien la Monarquía. Siempre que no sea muy tarde”.

Pero es que, la falta de ejemplaridad regia es tan evidente que hasta cuando se programa una acción publicitaria para mejorar la imagen del Rey, como la del Magazine de “El Mundo” de fin de año titulado “Toda una vida” (30/12/2012), a sus editores solo se les ocurre incluir como apoyo a su categoría personal una columna con los “Romances que quizá tuvo”. Es decir una lista de seis “querindongas” más o menos oficiales (se dejan unas cuantas en el tintero) impropias de una persona de su rango y realmente humillante para la reina consorte, para el conjunto de la Familia Real y para otras muchas gentes simplemente comedidas en la exhibición pública de sus debilidades más íntimas.

Un compendio propagandístico (el del Magazine de “El Mundo”) en el que, por poner otro ejemplo de lapsus grotesco, a Luis María Anson, uno de los monárquicos que a fuerza de argumentaciones empalagosas y consejos retorcidos más daño hace a la Corona, sólo se le ocurre soltarnos esta gran patochada: “Los últimos acontecimientos han dañado a la Monarquía, ¡pero la figura del Rey se ha agigantado!”…

Y en el que el sociólogo Carlos Malo de Molina desliza también que la mayoría de los encuestados entre el 28 y 29 de noviembre (antes del mensaje navideño) por la empresa que preside, Sigma Dos, creen que Don Juan Carlos ya no está en condiciones de cumplir su papel de Jefe de Estado (47,4 por 100 frente al 46,8 por 100); o, algo todavía más significativo, que no le consideran imprescindible en el difícil momento en el que vive España, con graves problemas económicos y de separatismo (el 54,4 por 100 frente al 40,3 por 100). Una encuesta cuyos resultados también contradicen sospechosamente esta absurda afirmación del mismo Malo de Molina que la ha dirigido: “La imagen de la que goza el Rey Don Juan Carlos es excepcional, sin duda producto de su buen hacer, de su trayectoria y del estricto ajuste a las reglas del juego así como al papel que se espera de su figura”…

Poco ha de extrañar, pues, que la audiencia del tradicional tele-mensaje navideño de la Corona, venga decayendo de forma continuada desde hace quince años: ahora apenas interesa a un 10 por 100 de la población, a pesar de la propaganda y el gran esfuerzo de difusión con el que se acompaña.

LA MONARQUÍA, BAJO MÍNIMOS

Lo curioso y revelador de por dónde van las cosas realmente, es que apenas tres días más tarde, el mismo periódico “El Mundo” (03/01/2013) se despachaba comentando otra encuesta posterior de Sigma Dos, cuyo trabajo de campo se hizo entre el 21 y el 28 de diciembre, con este rotundo titular de portada: “El apoyo a la Monarquía cae a un mínimo histórico del 54%”. Además, incluía tres subtítulos no menos llamativos: “El respaldo baja 6 puntos en un año mientras el rechazo sube 8 puntos hasta el 41%”; “La imagen de Don Juan Carlos sigue siendo positiva pero cae 26 puntos; la del Príncipe sólo 7” y “Un 45% es partidario de que abdique en su hijo y un 40% de que continúe reinando”…

Tengan en cuenta nuestros sagaces lectores el habitual “maquillado” de las encuestas políticas (generalmente a instancia de quien las paga o del medio que las publica) y la “reconfiguración” de las estadísticas de afección institucional, y saquen entonces sus propias conclusiones de hasta dónde llega en realidad el desencuentro de las bases sociales con la Corona.

Todo ello con el dato añadido de que, tras el primer “suspenso” histórico de los españoles a la Monarquía, registrado por el Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) en octubre de 2011, en el concluido año 2012 dicho organismo, dependiente de la Vicepresidencia del Gobierno, optó por eliminar de sus sondeos de opinión los temas más comprometedores. Es decir, que el Gobierno ha optado por la manipulación omisible (no hacer preguntas con respuesta popular inconveniente para la Corona), antes que por conocer la verdadera opinión de la sociedad española.

Paréntesis: La entrevista concedida por Su Majestad al periodista Jesús Hermida con motivo de su 75 cumpleaños, retransmitida por TVE (04/01/2013), tampoco ha podido ser más empalagosa y vacua. Con todo, el Rey reconoció que, cumplidos ya 37 años de su reinado, todavía “falta la vertebración del Estado” (¡ahí es nada!); sin apuntar, ni por asomo, cuando se acometerá tan esencial tarea. ¿Cabe, acaso, hacer más comentarios al respecto…?

SOBRE EL AGOTAMIENTO DEL RÉGIMEN POLÍTICO

Pero dejemos a la Corona con la supuesta “buena salud” que no hace mucho le ha diagnosticado gratuitamente José Manuel Romay, presidente del Consejo de Estado, y con las inexistentes dificultades detectadas por el Príncipe Felipe cuando afirma, con escaso ojo clínico, que “Cataluña no es un problema”. Dios quiera que esto sea así; pero incluso el propio Anson, prototipo de los defensores de la Monarquía más tópicos y contumaces, no ha podido dejar de vaticinar recientemente: “Desde hace varios años vengo diciendo que el régimen está agotado. O hacemos una reforma constitucional de fondo o tendremos revolución”. 

Por su parte, y como ya resaltamos en otra Newsletter, el profesor José Manuel Otero Novas sostiene, y no precisamente a partir del 25-N sino desde mucho antes, que España se desmiembra. A diferencia de otras voces críticas que en este sentido sólo señalan sectariamente culpas de un partido político (bien el PSOE o bien el PP), también asegura que la responsabilidad de esta desmembración es compartida por todos los gobiernos del actual régimen democrático.

La razón es que, desechándose torpemente un pacto entre los dos grandes partidos (que la Corona se muestra incapaz de propiciar), poco a poco se ha ido caminando hacia un Estado confederal a base de acuerdos con los nacionalistas, que después han ido teniendo su reflejo en el resto de las autonomías. Pero Otero Novas también advierte, porque sabe de nuestros traumas históricos y sus reiteraciones, que España se ha desintegrado en varias ocasiones, aunque el problema siempre se haya solucionado… con sangre de por medio.

LA DECEPCIONANTE RESPUESTA POLÍTICA DE RAJOY

Pero si el “cucamonas” navideño del Rey ha sido, a nuestro entender, extremadamente decepcionante, la frustración se queda sin superlativos para calificar la desastrosa respuesta “anti-crisis” de Mariano Rajoy.

En estos momentos cruciales, poco añade a la desesperación social repetir por enésima vez el descrédito político del Gobierno Rajoy y del partido que le sustenta (es decir el desprestigio personal de Rajoy como presidente del frustrante “tinglado popular”), cuya negativa valoración social ha alcanzado mínimos históricos en un tiempo verdaderamente record, sin precedentes en la reciente historia de España.

De hecho, y dejando aparte sus mentiras y promesas electorales incumplidas, Rajoy cabalga inconsecuente a la grupa del mismísimo Rodríguez Zapatero y en su misma senda de despropósitos, ante la perplejidad del electorado que le puso en la mano una inteligente mayoría absoluta justo para hacer todo lo contrario.

Con independencia de esa evidente descalificación política generalizada, lo que no debemos dejar de destacar es la insistente dureza con la que se critica la gestión del presidente Rajoy, incluso por personas que no se identifican para nada con la oposición socialista. Coincidiendo con el balance de su primer año al frente del Gobierno, hemos podido leer invectivas tan atroces como la recogida en el artículo de opinión titulado “Rajoy, decepción” publicado por Melchor Miralles en el diario ultra conservador “ABC” (26/12/2012):

Sí. Decepción. Porque esperábamos más. Incluso bastante más. Vale que la herencia recibida del zapaterismo fue nefasta. Es verdad. Vale que Europa manda e impone, porque hemos cedido soberanía. Es verdad. Vale que no es fácil iniciar la recuperación en un entorno comunitario en recesión. Es verdad. Vale que ha adoptado decisiones reconocidas como positivas que, esperemos, den sus frutos pronto, como la reforma laboral. Es verdad. Vale que un sistema financiero tan tocado por la mala cabeza de tantos no se arregla en un año, y pasos interesantes se han dado. Es verdad. Pero la capacidad de triturar, masacrar su programa electoral y sus promesas de tantos meses en asuntos políticos de primera magnitud contaminan todo lo demás. Ha incumplido, y por lo tanto ha engañado a todos en materia fiscal de modo insoportable. Ha superado líneas rojas como las pensiones. No tendría espacio para enumerar en esta columna todos sus incumplimientos. En materia de regeneración democrática no ha dado casi ninguno de los pasos que se esperaban. Nos ha impuesto sacrificios máximos a los ciudadanos y sigue pendiente reformar lo suyo, la Administración. Y más. Mucho más. Pero lo que ha terminado por rematar el asunto es la decisión de dejar en manos de los partidos el Poder Judicial. Hay que tener poca, o ninguna vergüenza. Así de sencillo.

Han sido años en la oposición exigiendo al PSOE  que fueran los jueces quienes eligieran a esos 12 vocales del Consejo General del Poder Judicial. Se han llenado la boca. Han hecho declaraciones, comunicados, ruedas de prensa, discursos, mítines, documentos internos, reflexiones sesudas en fundaciones que pagamos todos, un programa electoral. Se han puesto estupendos tantas veces garantizando que cuando el PP gobernara esto iba a cambiar que es una guinda inaceptable para un pastel incomible.

¿Cómo vamos a creer nada de lo que nos digan Rajoy y sus secuaces? ¿Cómo vamos a otorgarles ya ni el beneficio de la duda? Van a lo suyo, que casi nunca es lo nuestro. Ya era insoportable asistir a la amnistía fiscal mientras Montoro masacra a los que pagamos. O los indultos a los colegas corruptos y hasta a los polis catalanes torturadores. O…

Pero esto es el entierro definitivo de la esperanza en que, políticamente, este Gobierno vaya a dar un paso en la democratización y mejora de un sistema que o se regenera o va a pagar las consecuencias. Y aquí no valen ni la herencia, ni la recesión, ni la Merkel ni la madre que los parió. Aquí son ello, Rajoy, Gallardón y el PP quienes tienen la única culpa. Prefieren su pactito con el PSOE, su parte del botín. No tienen palabra. Se quedan con la última palabra respecto a quien llegará al CGPJ. Y así controlan los nombramientos. Se van a seguir repartiendo el pastel. Es una infamia. Son infames. No se pueden incumplir más compromisos en menos tiempo. Ha quedado claro. Poder tienen. Mucho. Palabra, ninguna. Decencia, poca. Una decepción. Y las que nos quedan.

LA VENA FRANQUISTA Y AUTORITARIA DE RAJOY

Por su parte, Javier Marías, escritor reconocido y miembro de la Real Academia Española, enviaba a Rajoy esta advertencia sobre sus maneras antidemocráticas, recogida en el artículo “Los que mandan”, publicado en “El País Semanal” (30/12/2012):

… Hace ya muchos meses, al poco de ocupar Rajoy la Presidencia, dije aquí que su estilo de gobernar y escabullirse era claramente heredero del de Franco, a buen seguro su mayor maestro. Lamento que el tiempo me haya dado la razón con creces, porque, tras tanto decreto-ley y tanta imposición de su mayoría absoluta, tanto menosprecio del Parlamento y de la oposición, tanta amenaza poco velada a los medios críticos y tanto incumplimiento de sus promesas y de su programa, tanto atropello a los derechos de los españoles arduamente adquiridos, a este Gobierno sólo le queda de democrático la manera en que fue elegido. No hay que remontarse a Hitler para recordar que a un Gobierno no le basta con eso para ser democrático: el timbre ha de ganárselo a diario, en sus formas y en sus fondos. Rápidamente, en sólo un año, nuestro país se va pareciendo --algo o bastante-- a la Venezuela de Chávez, a la Italia de Berlusconi, a la Rusia de Putin y a la Argentina  de Cristina Fernández, es decir, a pseudo-democracias o regímenes más bien despóticos, aunque salidos de las urnas. Los máximos responsables no son los subordinados, por selváticos y desagradables que sean los actuales ministros. Ellos cumplen, sobre todo, lo que les exige el que manda, sea éste Rajoy o --aún más grave-- el “consejo pensante” de FAES, al que nadie nunca ha votado.

Una deriva hacia pasados tiempos dictatoriales que, de no reconducirse con presteza, terminará generando de forma irremediable una respuesta social de consecuencias peligrosas. Porque ya sabemos cómo se rebelan los españoles contra la opresión y cómo, en tiempos revueltos, los extremismos maximalistas se exacerban hasta posiciones ciertamente lamentables, incluidas las del secesionismo servido en bandeja de plata por la Corona, el Gobierno y la Oposición.

EL RAPAPOLVO TÉCNICO INFORMADO

Aunque quizás sean los economistas independientes los que vapulean a Rajoy de forma más intensa y consistente, y por supuesto más preocupante para el conjunto de la sociedad. Desde el más mediático José María Gay de Liébana al demoledor Roberto Centeno, pasando por el no menos incisivo Juan Laborda. De éste último no queremos dejar de incluir, por definitorio, el artículo titulado “Rajoy, el ariete de las élites extractivas”, publicado en “Vozpópuli” (05/12/2012), a pesar de haberse reproducido ya en nuestra sección de Tribuna Libre:

El proceso de globalización impulsado hace tres décadas por las élites financieras y empresariales ha colapsado. Pero en vez de corregirlo y subsanar el daño causado, las élites extractivas no quieren perder un ápice de lo acumulado. Quieren más, son insaciables. Y en nuestra querida España cuentan con el apoyo inestimable del gobierno de Rajoy, rodeado de economistas vacuos, cuyo diagnóstico de los males de nuestra economía es erróneo, y sus propuestas peligrosas para nuestra salud.

En realidad, todos aquellos economistas, académicos, empresarios y financieros que aún siguen defendiendo la austeridad, como auténticos inquisidores; o jaleando el abaratamiento del despido y los recortes de derechos, lo que en última instancia están protegiendo son los privilegios de una élite que aún no ha asumido las consecuencias de sus acciones.

Objetivos del pensamiento único, Bancos Centrales y académicos 

Dos eran los objetivos fundamentales del pensamiento único, dentro de lo que genéricamente se denomina el Consenso de Washington. Por un lado, abaratar el coste del factor trabajo, y, por otro, mediante desregulaciones, especialmente en el sector financiero, generar riqueza de la nada a favor de unas élites extractivas. ¿Cómo? Mediante un brutal endeudamiento del resto de la economía. Para ello contaron con la ayuda inestimable de los Bancos Centrales, la auténtica semilla negra del proceso. Era todo un plan programado para la acumulación de renta y riqueza en favor de una minoría.

Sin embargo, no fueron los Bancos Centrales los únicos responsables de lo ocurrido. Las élites extractivas contaron con la inestimable ayuda de parte del mundo académico, todos aquellos que, desde sus lobbies y previo talonario, justificaron la fe ciega en la eficiencia de los mercados de capitales y en la perfecta racionalidad de los inversores. Las autoridades económicas y financieras a lo largo del mundo utilizaron sus argumentos para legitimar decisiones económicas y políticas, que acabaron por generar una superabundancia de bienes de consumo, una sobreoferta de productos agrícolas, desempleo, pobreza, y stress medioambiental, y que en el fondo han constituido el germen de la actual crisis económica y financiera.

Se defendió a toda costa la desregulación, especialmente del sector financiero. Se justificó toda una familia de teorías que predecían que el riesgo de los mercados financieros era muy pequeño, completamente valorable y manejable. Se validó intelectualmente los extremadamente peligrosos niveles de endeudamiento privado. Se refrendaron unos modelos de remuneración salarial de los ejecutivos absolutamente ineficientes, injustos, y que favorecieron un masivo fraude contable. Las consecuencias ya las conocemos todos: la mayor crisis económica sistémica desde la Gran Depresión, la Gran Recesión.

Austeridad y reestructuración bancaria 

Si los bancos occidentales quebrados se hubieran disuelto, el 80% de los ciudadanos no habrían perdido casi nada. Por el contrario, el 5% habría perdido la gran mayoría de su riqueza, y por lo tanto su poder. Por ello las élites extractivas decidieron al margen de la ciudadanía que los bancos fueran rescatados. A diferencia de nosotros, la élite bancaria y empresarial tiene la mayor parte de su riqueza financiera en activos de deuda y derivados de todo tipo, que se evaporarían si se dejasen caer a los bancos.

No estaban dispuestos a asumir un proceso de reestructuración bancaria global, donde gerencia y acreedores corrieran con los costes del mismo. Por eso espolearon, desde su poder económico y mediático, toda una serie de medidas de política económica, que ha acabado con la riqueza neta acumulada por las clases medias y bajas en los últimos 20 años.

Austeridad y sector público 

Pero ahí no queda todo. Son insaciables. No les bastaba con haber protegido su riqueza a costa de la miseria de los demás. Querían más, mucho más. Como demuestra la teoría económica y la realidad, la austeridad no está funcionando, al revés está empeorando la crisis. Sin embargo, algunos persisten en la idea. Básicamente porque quieren, por un lado, deslegitimar y desmantelar el sector público, y, por otro, promover un cambio el modelo social, de privatizar, de ganar pasta.

Para ello en nuestro país están contando con la ayuda inestimable de una élite política mediocre, acostumbrada a desviar la atención de los problemas reales del país, a mentir de manera descarada, a tratarnos como niños, a no asumir sus responsabilidades, a dejarse embaucar. Les da igual todo, son insensibles a la desesperación.

Rajoy, el ariete de las clases extractivas 

El gobierno Rajoy tenía distintas alternativas de política económica y libremente decidió inmolar a nuestra querida España, siguiendo sus principios ideológicos y ciertos intereses de clase. De manera consciente o inconsciente, da igual, se ha implementado una política de austeridad que además de hundir el ciclo económico, desmantela el sector público, que se lo repartirán, como siempre, los amigos de pupitre.

Si a eso añadimos una reforma laboral encaminada a abaratar el despido, que en realidad está acelerando la destrucción de empleo; y un rescate bancario, a costa de los contribuyentes, donde nadie asume ninguna responsabilidad, el coctel explosivo estaba servido. Nuestra querida España, si nadie lo remedia, se encamina inexorablemente a una quiebra de deuda soberana.

Las medidas adoptadas además de ser ineficientes desde un punto de vista económico, reavivan una brutal lucha de clases en nuestro país. De un lado, los protegidos, que no son otros que los acreedores que tomaron riesgos excesivos, la élite bancaria insolvente, y la clase empresarial que siempre ha jugado con las cartas marcadas. De otro, los perdedores, la ciudadanía en su conjunto, representada por los trabajadores, los emprendedores y los empresarios industriales.

RAJOY, A LAS PATAS DE LA INTELIGENCIA FORMAL

Otro buen paquete de afinadas críticas a la política de Rajoy en el ámbito de las necesarias reformas institucionales, capítulo en el que radica el meollo del actual desastre nacional, nos lo han venido ofreciendo durante todo el pasado año profesores tan solventes y tan poco amigos de veleidades intelectuales como el ya citado Otero Novas, o Jorge de Esteban, o Manuel Jiménez de Parga, o Javier Redondo…

Otro paréntesis: Santiago Muñoz Machado, miembro de la Real Academia Española, catedrático de Derecho Administrativo de la Universidad Complutense,  profundo conocedor de la organización territorial del Estado y autor, entre otras muchas obras, de “Informe sobre España - Repensar el Estado o destruirlo” (Crítica 2912), sintetizaba la cuestión de esta forma en una entrevista concedida a “El Mundo” (05/01/2012): “La Constitución se ha convertido en un mito, no modificarla sería una actitud suicida”…

Una línea reformista en la que militan, además, todo un sinfín de analistas enraizados en terrenos pro gubernamentales, como Miguel Ángel Quintanilla Navarro, politólogo y director de publicaciones de FAES, el think tank presidido por José María Aznar.

En un artículo titulado “La pregunta pendiente”, publicado en “El Mundo” (23/08/2012), Quintanilla sostenía que un país es mucho más que su economía y que es imprescindible marcar otros objetivos, reivindicando la política con “liderazgo moral” para fijar metas que permitan mantener la “ambición nacional” y reclamando, por tanto, lo que no está haciendo el Gobierno de Rajoy, aunque en su confusa disertación al autor le pudiera parecer todo lo contrario. En la parte menos divagante de su artículo  afirmaba:

… En lugar de preguntarnos por el país que debemos ser nos hemos preguntado por el país que nos podemos pagar, y hemos fluctuado entre el lamento más o menos cierto por cada restricción presupuestaria y la acomodación a una moral ligera formulada para la coyuntura. O bien hemos manifestado pena por hacer lo que estamos haciendo, o bien hemos generado modos de hacer parecer justo lo que estamos haciendo, cuando en realidad, lo sea o no, lo que estamos haciendo no nace de una deliberación acerca de la justicia sino de una adaptación traumática a una reclamación financiera apremiante.

Es necesario que seamos conscientes de ello, porque de lo que estamos haciendo puede nacer un país transitoriamente más ordenado en lo contable -y eso es importante-, pero no necesariamente un país mejor, puesto que no es esa ambición la que nos guía.

En ese proceso, la pregunta sobre la sociedad que debemos ser, sin la que ningún país puede sostenerse mucho tiempo, queda sometida a un reformismo de extrema urgencia -ineludible, seguramente- que no puede entrar en el fondo de las cuestiones y que agota las energías que debieran emplearse en un reformismo de lo vertebral.

Que una sociedad deba adaptar sus usos y costumbres a lo que pueda pagarse es razonable, pero es insuficiente. Es razonable como recurso ante una amenaza cierta de colapso financiero inmediato. E incluso es razonable como hábito público y privado (aunque esto exija alguna reflexión sobre dónde queda la utilidad social del crédito, que, cabe suponer, no se niega de plano; o sobre el emprendimiento, más allá del de quienes gozan de patrimonio propio que arriesgar). Pero es insuficiente, porque ese recurso de corto plazo o ese hábito no constituyen un discurso político de fondo capaz de hacer progresar una sociedad. Sin más que eso, se pierde la ambición nacional y se aboca a la resignación, se priva al país de cosas importantes que puede permitirse y que necesita. Se le priva sobre todo de la única fuerza que le va a permitir sobreponerse a la crisis que padece: el deseo colectivo de ser algo mejor y posible, algo elegido, de buscar los recursos necesarios para serlo y de no desfallecer hasta encontrarlos…

Claro está que, de no rectificar, cada vez serán más quienes se pronuncien públicamente en contra de la nefasta política de Rajoy y sus reformas anti-sociales, incluso dentro de las filas del PP. Esto es algo evidentemente inevitable, porque a nadie le gusta escaldare en olla ajena, y menos aún ser objeto de las iras populares cuando, a no mucho tardar, se terminen desatando y yendo, uno por uno, contra todos los corresponsables del actual desastre nacional o contra los que se tenga más a mano.

El PSOE está pagando electoralmente los platos rotos del “zapaterismo” y el PP pagará los del “marianismo”, en cuanto se dé ocasión para ello. Ambos partidos políticos deberían tener bien presente el incontestable refrán castellano que, salvando la distancia expresiva, advierte: “A todo cerdo le llega su San Martín”.

LA CONTUMACIA AUTODESTRUCTIVA DEL PSOE

Pero la gran decepción que ha producido el Rajoy encaramado en la cresta del poder, orientado de forma servil (y a veces hasta ruin, como en el caso de los desahucios) en la estela del gran poder económico y de los intereses partitocráticos, no es nada comparada con el desgalichado espectáculo que ofrece la oposición socialista.

Antes que reconducir las desviaciones “zapateristas” que le han llevado a sus mínimos electorales, el PSOE parece disfrutar persistiendo en actitudes y propuestas de autodestrucción, dignas de tratamiento psiquiátrico. Sin ir más lejos, ahí está su pretensión de reformar el desastre del Estado de las Autonomías nada menos que con una reafirmación del Estado Federal, no del unitario-descentralizado, que, a la luz del fiasco en el que malvivimos, sería lo razonable; es decir huyendo hacia adelante, enarbolando la fuerza bruta frente a la fuerza de la inteligencia, como hacen los toros bravos que indefectiblemente terminan en el desolladero.

Así lo anunciaba, por ejemplo, cual meritorio “zapaterín” de andar por casa, Diego López Garrido, catedrático de Derecho Constitucional y portavoz del Grupo Parlamentario Socialista en el Congreso de los Diputados entre 2006 y 2008, en un artículo “sondeador” titulado “Necesitamos una reforma constitucional” publicado en “El País” (05/12/2012). Una razonable tentativa del socialismo español a favor de modificar la Constitución, pero no en la dirección correcta, que sería la del repliegue hacia la consolidación nacional que actualmente se promueve en países como Alemania e Italia, sino en la dirección contraria y después de haber llegado a donde ha llegado en las últimas elecciones autonómicas de las comunidades “históricas” (Galicia, País Vasco y Cataluña).

Quizás, López Garrido esté influenciado por Víctor Lapuente, profesor en el Instituto para la Calidad de Gobierno de la Universidad de Gotemburgo, quien en otro artículo precedente casualmente publicado también en “El País” (04/12/2012), titulado “Por un reino federal de taifas”, concluía:

… El objetivo de una reforma federal de España debería ser fomentar Finlandias, no Campanias. Y la inspiración histórica para la reforma no debería venir de los modelos más populares (dependiendo de tus inclinaciones), como la España imperial, la Catalunya de los “segadors” o en sacrosanto pacto de la Transición. Sino del modelo histórico quizás más impopular de todos: los reinos de taifas. Efectivamente, en una época en la que se competía con ejércitos, los reinos de taifas fracasaron. Pero, cuando se compite con políticas económicas eficientes en una economía globalizada, unidades políticas pequeñas autónomas y bien comunicadas presentan grandes ventajas. Así que, ¿por qué no reinventar un reino de taifas?

Cuentan que cuando un inexperto camarero le vertió una botella de champaña sobre la chaqueta al tratar de descorcharla de extraña forma, Eugenio D’Ors le recriminó: “Los experimentos, con gaseosa, joven”. Lamentablemente, en los últimos tiempos, sobre todo desde que la estupidez política del PP franqueó las puertas del poder al inmaduro y ocurrente Rodríguez Zapatero, abundan politiquillos, opinantes de ocasión y medios de información empeñados de forma tenaz en inyectar al país basura divisoria, a los que cabría espetar exactamente lo mismo.

Lo malo es que, en esta deleznable tarea, el PSOE cuenta con dos entusiastas ya instalados de forma tenaz en la práctica más que en el experimento: Patxi López y Pere Navarro, nada menos que secretarios generales de los socialistas vascos y catalanes, respectivamente. Y con el agravante de tener mando en plaza sobre dos comunidades “secesionistas” que en el Congreso de los Diputados acumulan 65 escaños, casi un 20 por 100 del total nacional, y de que su torpe contemporización con señas de identidad política ajenas harán que esa representación electoral vaya cambiando de partido en busca de propuestas más genuinas, convincentes y radicales que la socialista.

De momento renunciamos a dar clases de patriotismo y de honradez a un partido como el PSOE que ha presumido de ello hasta la saciedad, aunque hoy sean sus valores más perdidos; y también a desperdiciar el tiempo con argumentaciones de reconducción incompatibles con su sordera política. Allá ellos, con Pérez Rubalcaba a la cabeza, que ya es mayorcito para saber lo que se trae entre manos.

Nosotros, simplemente reafirmamos que el actual desastre nacional tiene tres corresponsables inequívocos: la Corona, el Gobierno y la Oposición. Bueno sería que las tres instituciones se fueran dando por enteradas.

“La salida de la crisis: cómo y cuándo”. Éste es el título de la conferencia que Jesús Fernández-Villaverde, catedrático de Economía en la Universidad de Pensilvania, pronunció el pasado 21 de septiembre durante un encuentro de comunicación organizado en Madrid por el Club Empresarial ICADE y patrocinado por la Fundación Wellington.

El profesor Fernández-Villaverde, licenciado en Derecho y en Ciencias Económicas y Empresariales por ICADE (promoción de 1996), es, además, doctor en Economía por la Universidad de Minnesota y miembro de FEDEA (Fundación de Estudios de Economía Aplicada), de la NBER (The National Bureau of Economic Research), del denominado “Grupo de los Cien” y del consejo editorial de varias publicaciones acreditadas en el ámbito de la economía.

En su intervención, Fernández-Villaverde hizo una diagnosis perfecta de la crisis, tanto desde la perspectiva socioeconómica como desde la financiera y, en el fondo, más o menos similar a la que en los últimos tiempos han venido haciendo otros profesores y analistas especializados, proponiendo aplicar recetas de política económica “clásicas” y técnicamente contrastadas (por ejemplo, la reforma de la estructura institucional y  la reactivación de la economía productiva). Algo que, sin embargo, no parece estar de momento al alcance del Gobierno español.

Pero ante tan interesante exposición (se adjunta el documento original), que, como decimos, no deja de converger con la opinión de un gran número de profesionales independientes de reconocido prestigio, lo primero que cabe plantearse es la razón de su antagonismo con la posición gubernamental. Una política sobre la que, después de todo un año de recortes y tijeretazos mal medidos, inacción en lo fundamental y, en su caso, retrasos y decisiones contradictorias, es decir dando “palos de ciego” a diestro y siniestro, sólo cabe concluir que el equipo responsable “no sabe de la misa la media”.

El significado de este dicho popular no es otro que desarrollar un trabajo malamente por desconocimiento del oficio. Su origen se encuentra en el medievo, cuando la gran expansión de la religión cristiana obligaba a emplear en los oficios religiosos a sacristanes y monjes que, sin dominar el latín como los sacerdotes, mascullaban la misa para disimular su ignorancia, dando lugar al comentario jocoso del “no saber de la misa la media”.

Mucho ha evolucionado desde entonces el conocimiento humano y la propia realidad social, pero la expresión es perfectamente aplicable de forma generalizada a nuestros políticos actuales, sin duda con algunas honrosas excepciones. Hoy es habitual que los cargos ministeriales sean ocupados por personas carentes de la más mínima preparación para ejercer su labor específica, e incluso que cambian de responsabilidad de un día para otro por grande y complicada que esta sea; es decir, por personas de poca monta profesional que parecen y creen servir igual “para un roto que para un descosido”.

Del mismo modo que la religión se sirvió de “medios sacerdotes” para llegar con sus liturgias a todos los rincones posibles y expandir su poder espiritual, a pesar de la jocosidad con la que se les veía como ignorantes monaguillos venidos a más, los partidos políticos se sirven ahora de ministrillos de medio pelo que de vez en cuando celebran algún que otro acierto como si de su escasa sabiduría hubiera surgido el milagro. Pero no debemos olvidar que la mayoría de ellos realmente no saben de la misa la media y a veces son tan negados que, en vez de rodearse de colaboradores más preparados que les saquen las castañas del fuego, no permiten que nadie les haga sombra, porque la fama y el poder invaden su ego personal.

Una de las responsabilidades profesionales de Fernández-Villaverde que le mantiene muy vinculado a la realidad española, es la dirección de la Cátedra de FEDEA (auspiciada por Luis Ángel Rojo hace 25 años), en la que, según sus propias palabras, se intenta hacer un análisis objetivo, lo menos partidista posible, sobre la situación económica. En concreto, una de las tareas de su equipo consiste en elaborar un índice sobre la evolución de la economía, manejando muchas series econométricas distintas y utilizando métodos estadísticos modernos que permiten diagnosticar la situación y realizar análisis prospectivos.

Pues bien, vaya por delante que la conclusión más interesante de esos trabajos tiene un componente político evidente, hoy por hoy negado de forma práctica y contumaz por el Gobierno: “La crisis de España no es sólo el problema de la burbuja inmobiliaria. Más allá de la crisis coyuntural está una crisis estructural e institucional que requiere de cambios más profundos”.

MÁS PAÑOS CALIENTES PARA EL 2013

Pero es que, en paralelo, el balance macroeconómico del Ejercicio 2012 que han anticipado diversos medios de comunicación (por ejemplo “El País” 24/12/2012), no hace sino acreditar la conclusión del profesor Fernández-Villaverde. De hecho, la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, deslizaba el 12 de diciembre en el Congresos de los Diputados el mensaje de que la economía puede ir a peor, tras un año plagado de recortes y reformas sin una acertada dirección política (“El Mundo” 13/12/2012): “Nos enfrentamos a un debilitamiento global de la economía, a una recesión importante en la zona euro y a una gran inestabilidad e incertidumbre de la que España no es ajena, habida cuenta de su difícil situación de partida”.

Cinco días más tarde, en una reunión Interparlamentaria del PP celebrada en Toledo, Rajoy ponía más paños calientes sobre la complicada situación socio-económica, tratando de buscar datos positivos realmente inexistentes ante la crudeza de la preocupante realidad del país. Reconociendo que 2013 será un año “muy complicado”, y con un nuevo paquete de reformas en ciernes sin especificar, alardeó de que “por fin” será “el año de la estabilización de nuestra economía; que terminará mejor de como va a empezar, y en el que tendremos fundadas esperanzas de creación de empleo para 2014”…

Interprétense sus palabras en la habitual clave “marianista” de promesas falsas, mentiras ciertas, acciones timoratas y, en el fondo, falta de control de la crisis y de criterios para superarla, y pónganse en relación con la ausencia de los “cambios más profundos” necesarios en el análisis de Fernández-Villaverde (y en el de otros muchos especialistas prestigios) y saque el lector perspicaz sus propias conclusiones sobre lo que realmente nos va a deparar el próximo año. Con toda probabilidad más de lo mismo y en ración doble.

La realidad es que durante el 2012 el PIB ha seguido decreciendo (-1,6%), el número de parados ha pasado en cifras redondas de 5 a 6 millones (del 21% a más del 25% sobre la población activa), los parados registrados en el INEN han subido también aproximadamente de 4,4 millones a 5 millones, el déficit público previsible permanece en el -7%, la prima de riesgo se mantiene en la media de los 400 puntos básicos, la inflación continúa situada en torno al 3%, la deuda aumenta a cerca del 80%, etc…

Todo ello tras haber arremetido fiscal y laboralmente contra las clases menos favorecidas de la sociedad y “desmontando pieza por pieza el Estado social”, como ha reprochado Rubalcaba también en sede parlamentaria, hecha omisión por supuesto del mal gobierno previo socialista. En definitiva, y sin necesidad de mayor argumentación que la cantada por las cifras, sin saber, ni el Gobierno ni la Oposición, de la misa la media.

EL VERDADERO ORIGEN DEL PROBLEMA

El profesor Fernández-Villanueva advierte de forma tan sensata como ignorada por nuestra clase política que “el problema de la burbuja” no fue el dedicarse, por ejemplo, a construir casas innecesarias en mitad de Teruel, sino olvidar que España había llegado al límite de sus instituciones y de su modelo de crecimiento económico y que era necesario cambiar el país de una manera muy profunda.

En la época de la bonanza económica y el gasto desmesurado, no se tuvo la precaución (ni por parte del PP ni por la del PSOE) de sentar las bases del crecimiento a largo plazo, con lo que ahora hay que acometer una doble tarea: primero salir de la crisis coyuntural y, segundo, intentar sentar las bases del crecimiento a medio/largo plazo. Y esto, además, en una situación en la que el mundo ha cambiado y está cambiando de manera sustancial y a una gran velocidad, como argumenta Fernández-Villaverde, mientras los políticos españoles siguen mirándose el ombligo.

Las preguntas esenciales que plantea son estas: ¿Cuál es nuestra posición ante esta grave crisis coyuntural, pero también de agotamiento de nuestro modelo productivo en el largo plazo? ¿Qué va a hacer España ante una dinámica de cambio tan radical…?

Tras analizar algunas “ventajas” de España como país, básicamente que “somos capaces de hacer las cosas bien” (obviamente se refiere al ámbito empresarial y ciudadano más que al de la política), el profesor Fernández- Villaverde enumera una relación de problemas serios que condicionan la salida real de la crisis, no exhaustiva sino básica y que desde luego es imprescindible asumir y afrontar. Reproducidos literalmente en sus propias palabras, son estos:

1. Tenemos una estructura institucional que no funciona. Es un poco fuerte decirlo y quizás me hace ser un poco radical (algo que no va con mi personalidad, pues soy una persona muy conservadora, en el sentido tradicional del término, siempre un poco reacia a los cambios y a la idea de no seguir la tradición), pero creo que realmente en estos momentos estamos en una situación en la que hay que cambiar nuestra estructura institucional.

2. Tenemos un creciente dualismo de nuestra estructura económica. Era a lo que me refería antes con Zara: tenemos unas grandes empresas punteras, pero tenemos muchísimas empresas de baja productividad.

3. Tenemos un agudo envejecimiento demográfico, que es extraordinariamente grave.

4. Tenemos un fortísimo problema de endeudamiento privado.

5. Tenemos un altísimo déficit público, alrededor del 5% estructural. Este año cerraremos alrededor del 8%, pero estamos en medio de una recesión.

6. Tenemos lo que voy a llamar “una generación perdida”: 750.000 españoles que ni estudian ni trabajan ni hacen nada con su vida, excepto ver la televisión.

7. Y (personalmente creo que es lo más grave) un alto segmento de la población no ha interiorizado lo grave de nuestra situación y seguimos sin tener un gran consenso nacional acerca del profundo conjunto de reformas que necesitamos para solucionar los problemas de España.

A nuestro modo de ver, el primero de estos problemas (la necesidad de un cambio radical de la estructura institucional), representa justamente el “nudo gordiano” de la cuestión. Fernández-Villaverde señala al respecto: “España ha sufrido un abismal problema de liderazgo (de acción y conceptual) durante la última década. No es casualidad, sino la consecuencia de un mecanismo de selección de élites horrendo en los partidos políticos, en la alta Administración del Estado y en las distintas estructuras de la vida social y económica”.

La falta generalizada de preparación y conocimientos técnico-profesionales de la clase política (el no saber de la misa la media), asentada en una “partitocracia” radical, excluyente y anti social (en el fondo un sistema que encubre la “dictadura de los partidos” y, aún más, la de sus aparatos), dificulta como es evidente, cuando no lo impide, superar la crisis en sus afecciones del corto plazo, en sus aspectos de coyuntura. Pero la falta de liderazgo social, condicionado en esencia por las estructuras y el propio  funcionamiento de la política, es sin duda alguna el gran obstáculo para superar todos nuestros previsibles males futuros.

Un problemático horizonte de pobres perspectivas y graves amenazas, entre otras cosas por el gap (la “brecha”) diferencial que se está abriendo en todos los órdenes entre nuestro país y los más desarrollados, e incluso con otros muchos de economía emergente, maquillado por las fuerzas políticas ante la sociedad civil (quizás más por pura ignorancia que por malicia). La masiva emigración del empresariado más emprendedor y del capital humano más cualificado del país, no deja de ser una buena medida de su inmediata desertización económica e intelectual (la degradación política es todavía más evidente).

En las reformas estructurales e institucionales negadas de consuno por el PP y el PSOE (incluyendo la ley electoral, la ley de partidos y los reglamentos de las Cortes Generales), es donde radica la imposibilidad cierta de salir del grave atolladero en el que nos encontramos, sin perspectiva alguna de futuro. El actual sistema de partidos políticos “apalancados”, omnímodos y omnipresentes, pero en modo alguno omnisapientes, en una deriva brutal de falta de calidad y desprestigio social, es el “Maligno”, el “Gran Satán”, el origen causal de la actual espiral de deterioro general del país.

EL LIDERAZGO Y LA ESTRUCTURA INSTITUCIONAL

No es nuestra intención pontificar sobre el concepto de “liderazgo”, pero sí que conviene extraer de la mucha documentación existente sobre el tema alguna definición generalista.

Por ejemplo, la de Richard L. Daft, profesor de la Vanderbilt University (Nashville, Tennessee), quien define el liderazgo como: “La relación de influencia que ocurre entre los líderes y sus seguidores, mediante la cual las dos partes pretenden llegar a cambios y resultados reales que reflejen los propósitos que comparten. Los elementos básicos de esta definición son: líder, influencia, intención, responsabilidad, cambio, propósito compartido y seguidores” (La experiencia del liderazgo, Thomson Paraninfo, 2007).

Un apunte interesante sobre el tema sería considerar la diferencia entre el líder “legítimo” y el “ilegítimo”. En stricto sensu, el primero es aquella persona que adquiere el poder o la condición de líder de acuerdo con los procedimientos establecidos legalmente, mientras que el líder “ilegítimo” sería el que adquiere su autoridad a través del uso torticero de dicha legalidad o conculcándola directamente.

Sobre éste último cabe decir que ni siquiera se le debería considerar líder, puesto que una de las características del liderazgo es precisamente la capacidad de convocar y convencer y porque un “liderazgo por medio de la fuerza” o impuesto de cualquier forma indirecta no es otra cosa que la carencia del mismo. De hecho, el líder “ilegítimo” es inexistente en sí mismo, una pura contradicción, porque lo esencial  del “líder” es que tenga “seguidores”: sin seguidores no hay líder.

Ahora bien, ¿podemos considerar líder “legítimo” a quien no ha sido elegido directamente por sus seguidores; a quien, per se, no tiene seguidores…? Como es natural, no vamos a cuestionar frontalmente la democracia española, pero está claro que ni Rajoy ni sus predecesores en la Presidencia del Gobierno fueron elegidos directamente por quienes tendrían que ser soporte de su liderazgo: si no hay “elección específica” no hay “seguidores” y, como hemos dicho, sin estos no hay líder.

Cuando el votante de una circunscripción electoral concreta vota una lista cerrada e impuesta por el aparato de un partido para que, mediante una elección de segundo grado, todos los diputados elegidos de esa misma forma en el territorio nacional otorguen la Presidencia del Gobierno a persona ajena a su expresa decisión, es evidente que su “legitimidad” como “líder” queda en entredicho. Y más todavía si, además, el presidente en cuestión ha sido investido con los votos de otras formaciones políticas impropias.

¿Y qué decir de personas como Ana Botella (y otras muchas), que presiden una corporación de representación política al margen de la voluntad popular y como gratuita herencia del poder partitocrático…? ¿Es acaso este el tipo de liderazgo con el que vamos a afrontar nuestro problemático futuro…? ¿Son este tipo de personajes impuestos por la oligarquía política capaces de inspirar esperanzas y sueños y de asociar a los españoles en busca de un futuro mejor…? ¿Lo será, acaso, una Corona empeñada en que el sistema político y sus instituciones rechacen el menor proceso reformista…?

Zapatero, Rubalcaba, Chacón, Rajoy, Sáenz de Santamaría, Arenas y los demás… son absolutamente incapaces de ponerse en el lugar de las personas a las que teóricamente representan, aunque no de imponer a estas sus opiniones hueras y su falta de criterio. Como sabe cualquier experto en liderazgo, las personas se consideran y respetan entre sí conforme a un tratamiento recíproco: esa, y no otra, es la causa del desprestigio social que soporta nuestra actual clase política.

Pero sigamos la idea que Fernández-Villaverde tiene de la estructura institucional española. En su intervención, que ahora estamos comentando, pudimos escucharle este significativo lamento, que compartimos sin reserva alguna:

Si hay algo que me ha enfadado, en un sentido profundo de la palabra, durante los últimos cuatro años es que creo que hay un abismal problema de falta de liderazgo en España.

Hemos tenido dos Gobiernos, uno de un lado y otro del otro, que no han sabido afrontar los problemas, que se les han dicho las cosas una y otra vez y siempre se han pospuesto para el día siguiente. Las culpas son exactamente iguales para un lado y para el otro.

Y no solo es un problema de falta de acción; es un problema mucho más profundo, conceptual, de no entender realmente los problemas en los que estamos inmersos y de creer que con paños calientes esto se soluciona.

Y no es una casualidad que nos hayan tocado los Presidentes de Gobierno que hemos tenido. Es una consecuencia del proceso de selección de las élites políticas y sociales que es horrendo, que hay que cambiar. Es un proceso de selección en el cual tenemos unos partidos políticos muy cerrados, en los que lo que importa es la lealtad a los jefes y no el haber demostrado en algún momento una capacidad intelectual o profesional.

Tenemos una Alta Administración del Estado (y lo siento por aquellos de ustedes que sean funcionarios) que tiene un sistema de selección de personas que no es el que España necesita en el 2012. Y tenemos una estructura en la vida social y económica que ha sido capturada por los partidos políticos y que ha destrozado por completo nuestra capacidad de reaccionar ante nuestros problemas.

ANTEPONER EL INTERÉS PARTIDISTA AL INTERÉS DEL ESTADO

Realizando un análisis crítico de la forma ultra politizada en la que en España se eligen, por ejemplo, los gestores de entes tan puramente “administrativos” como los Ayuntamientos y los Rectorados de Universidad, y de la escasa profesionalidad con la que por esa causa se mal administran, Fernández-Villaverde llegaba a un caso concreto y sintomático:

Ayer miré la noticia del nombramiento de Elvira Rodríguez. Cuando uno pone el nombre de Elvira Rodríguez en Google Images, el hecho de que la primera imagen salga con un fondo del PP creo que ya lo dice todo.

Licenciada en CC Económicas por la Universidad Complutense de Madrid y Auditora del Estado, lo cual es un cargo importante, pero no está relacionado directamente con el Mercado de Valores; ha sido Directora General de Presupuestos en 1996, Secretaria de Estado de Presupuestos y Gastos, Ministra de Medio Ambiente, Consejera de Transportes, Presidenta de la Asamblea de Madrid y Senadora.

Todo muy bonito y fantástico. No sé si fue buena o mala Consejera de Transportes, o buena o mala Presidenta de la Asamblea de Madrid; lo que sí sé es que uno puede ser Presidente de la CNMV cuando cumple uno de los tres siguientes requisitos:

Es un jurista con experiencia en el mercado de valores;

Es un economista que sabe de mercados financieros;

Es una persona de la industria que lleva muchos años trabajando para los servicios financieros.

Elvira Rodríguez no cumple ninguna de las tres características. Y lo que es más importante: es una persona con una connotación política tan profunda que cómo le voy yo a explicar a un inversor extranjero, en Alemania o en EE.UU., que, si va a haber una OPA y la CNMV tiene que decidir si es adecuada o no, va a poner los intereses de los inversores por encima de los intereses de Cristóbal Montoro.

UN MENSAJE DE ESPERANZA

Después de pronunciarse sobre el resto de los “problemas” esenciales que conforman la “crisis global” de España, el profesor Fernández-Villaverde lanzaba este mensaje de “esperanza”:

España necesita básicamente tres cosas:

Si tenemos fortaleza, si tenemos determinación y si tenemos sacrificio ¿vamos a ser capaces de salir de esta situación? Sí; otros países han sido capaces de salir de situaciones mucho más difíciles.

Inglaterra cuando Margaret Thatcher gana las elecciones el 5 de mayo de 1971 está en una situación límite. Sin embargo Margaret Thatcher entiende que el Reino Unido tiene que ser la solución y acomete lo que hay que hacer. Un solo ejemplo brutal de la diferencia entre Rajoy y Margaret Thatcher:

¿Necesita alguien decir algo más?

Otros países que han tenido crisis muy profundas han sido Suecia y Holanda.

Mencionaba Alfredo Arahuetes que mis intervenciones públicas en la prensa, en las que intento ganar el mayor número posible de amigos (como ven) suelo hacerlas con Luis Garicano, que es profesor en el London School of Economics. Llamé ayer a Luis y le enseñé por Skype las transparencias. Me dijo: “Jesús, está muy bien la presentación, estoy de acuerdo con todo lo que dices, pero tienes que terminar con una idea positiva; tienes que decir que si hacemos lo que hay que hacer, se puede solucionar, pero hay que hacerlo”. Entonces, yo que soy un admirador del Reino Unido y de los británicos, pensé en un poema de Kypling, “IF”, que dice que, si tú eres capaz de una serie de cosas, “poseerás la tierra y todo lo que hay en ella”.

Y esto es lo que debemos tener en cuenta para España: que, si hacemos lo que hay que hacer, vamos a poder salir de esta; pero haciendo cambios simplemente cosméticos no vamos a poder salir, porque no es una crisis coyuntural, sino que se trata de algo mucho más profundo: es una crisis estructural de nuestra nación y de nuestro ordenamiento institucional.

Concluida la intervención del profesor Fernández-Villaverde con una cita de Joseph Rudyard Kypling, no parece ajena a sus comentarios, ni a los nuestros, esta otra de Platón, maestro de Aristóteles y fundador del la Academia de Atenas (el antecedente de las Universidades): “Marcharían mejor las cosas si cada cual se limitara a ejercer el oficio que le es conocido”.

Claro está que si la recomendación platónica fuera un mandato inapelable del destino, ni Rajoy ni Rodríguez Zapatero habrían sido presidentes del Gobierno; ni España tampoco sería el país de Europa con mayor número de políticos por cada mil habitantes. Según el estudio manejado por la propia Presidencia del Gobierno, del total de los 445.468 “cargos políticos” existentes en el conjunto de las administraciones públicas (funcionarios y personal facultativo o laboral aparte), más de 300.000 son “asilvestrados” por designación directa de los gobernantes: el triple que en Alemania, con el doble de población, y el doble que en Francia o Italia.

Esto es lo que hay.

(Leer: “La salida de la crisis: cómo y cuándo”)

La conmemoración del bicentenario del nacimiento de D. Juan Prim y Prats (1814-1870) comienza con un primer acto significativo promovido por la SBGP 2014 (Sociedad Bicentenario General Prim 2014), programado para el próximo 27 de diciembre. Esa es la fecha del atentado que sufrió en 1870 en Madrid, en la antigua calle del Turco (hoy Marqués de Cubas), que le condujo a la muerte tres días después.

El acto se iniciará con la presentación del libro “Juan Prim y Prats. Discursos Parlamentarios”, editado por el Congreso de los Diputados, y será seguido con el descubrimiento de una Placa Conmemorativa, obra del escultor Ramón Ferrán, colocada en la fachada del edificio del Banco de España, a la altura del lugar en el que se produjo aquel desgraciado atentado.

PRIM COMO PARADIGMA DEL LIDERAZGO POLÍTICO

La frase incorporada en la placa-homenaje (“No olvidéis la sangre derramada por nuestras discordias políticas”), fue pronunciada por el general Prim el 11 de noviembre de 1862 durante un discurso parlamentario. Este noble deseo rememora hoy el propio asesinato del entonces presidente del Gobierno, y nos recuerda también los de otros gobernantes que le siguieron en ese trágico final, así como todas las guerras civiles españolas vividas desde el siglo XIX.

En especial, y salvando las diferentes circunstancias políticas, la muerte del general Prim presenta un singular paralelismo con la del almirante Carrero Blanco. En ambos casos se produjo un magnicidio anunciado que no se quiso prevenir, perseguir ni juzgar, con complicidades soterradas dentro del aparato del Estado que supusieron un hito más en la lamentable historia de “inseguridad” de la propia Seguridad Nacional.

Pero lo más llamativo del bicentenario que ya comienza a celebrase es que, tanto la figura del general Prim como la frase seleccionada para quedar señeramente vinculada a la pieza escultórica de su homenaje público, se ponen de relieve en un momento ciertamente preocupante por la deriva que en los últimos meses viene siguiendo el sentimiento independentista catalán: antes, durante y después de las elecciones para la renovación anticipada del Parlamento de Cataluña, celebradas el pasado 25 de noviembre.   

Como ha destacado la SBGP 2014, Prim es una de esas figuras cuya fuerte personalidad e intensa vida (marcada por la heroicidad militar y el liderazgo político), truncada prematuramente por un impactante atentado instigado intramuros del poder, han sido capaces de generar un notable interés y admiración social sobre sus circunstancias, incluso muchas generaciones después de fallecido. Cierto es que con escaso apoyo de la actual clase política, quizás porque, en el fondo, ésta reconoce en el general catalán unos valores patrióticos y de decencia política con los que no se identifica.

D. Juan Prim fue un liberal, un espíritu políticamente inquieto, un demócrata esencial; leal a sus principios, a su origen catalán y a su amor por España, a la que engrandeció internacionalmente. No en vano fue el político y militar español más conocido en el mundo civilizado durante la segunda mitad del siglo XIX. Prim fue, en definitiva, un catalán y español universal.

Nacido en la localidad tarraconense de Reus en 1814, Prim fue un valeroso soldado, presente en las más importantes campañas militares en las que participó España, desde las Guerras Carlistas hasta la Guerra de Crimea, la Guerra de África o la Expedición a Méjico. Siempre en primera línea de fuego.

Alcanzó honores y el máximo rango militar y social, llegando a Capitán General y obteniendo por sus actos heroicos los títulos nobiliarios de Vizconde del Bruch, Conde de Reus y Marqués de los Castillejos con Grandeza de España. Pero también fue un gran político, asociado al Partido Progresista desde muy joven; diputado y senador en innumerables legislaturas y un incuestionable defensor de las libertades democráticas y decidido valedor de la monarquía parlamentaria.

Comprometido con la decencia política (un valor democrático irrenunciable que hoy parece obligado recuperar), el general Prim se sublevó varias veces contra el reinado de Isabel II, a la cual guardaba tanto afecto personal como rechazo a la corrupción generalizada de su reinado. Ello le lleva numerosas veces al exilio y a convertirse en el líder de la ‘Gloriosa Revolución’ de 1868, causante del derrocamiento de la reina. Entre 1868 y 1870, Prim se convierte en el árbitro de la política española como ministro de la Guerra, presidente del Gobierno, promotor de la Constitución de 1869 (que fue la más liberal hasta su tiempo) y artífice de la elección de Amadeo I de Saboya como nuevo rey constitucional de España, después de su famosa y lapidaria condena de los Borbones: “¡Jamás, jamás, jamás!”.

Su magnicidio, un auténtico golpe de Estado tramado por sus enemigos en las más altas esferas del poder, truncó en 1870 su brillante proyecto político y cerró a España la posibilidad del gran cambio liberal que auguraba el nuevo reinado. La historia de España, con Prim vivo, hubiera sido diferente sin la menor duda.

Francisco José Orellana, primer biógrafo de Prim (“Historia del General Prim”, Empresa Editorial La Ilustración, tres tomos, 1871-1872), escribió: “Todos los partidos políticos condenaron el crimen; y, sin embargo, éste no pudo ser obra de una venganza personal ni menos un asesinato pagado. No se ejecuta una venganza recurriendo a diez, o doce, o veinte o más hombres, que fue el número de los que probablemente intervinieron en aquel acto. No hay nadie que pudiendo pagar tantos criminales pueda comprar su secreto y se exponga de ese modo a la eventualidad de un arrepentimiento o de una indiscreción. No; el asesinato de Prim fue obra de muchos, concertado en algún conciliábulo político, en alguna sociedad secreta o en algún centro de malvados enemigos de España”.

EL GENERAL PRIM EN EL PARLAMENTO

En su profesión militar, iniciada a los 19 años al alistarse como voluntario en el Primer Batallón “Isabelino” al mando de Manuel de Llauder, Capitán General de Cataluña, Prim brilló verdaderamente como pocos han brillado en los campos de batalla, entrando por primera vez en combate contra las tropas carlistas el 7 de agosto de 1834. Baste señalar al respecto que al concluir la denominada “Guerra de los siete años”, es decir con 26 años de edad, había participado en 35 acciones de guerra, alcanzado el grado de coronel por méritos contraídos en lucha contra el enemigo (incluyendo ocho heridas) y condecorado por dos veces con la preciada Cruz Laureada de San Fernando: un comienzo de su excepcional carrera militar acorde con sus posteriores y más relevantes méritos.

Pero, además, en paralelo con su actividad castrense, Prim desarrolló una intensa vida política y parlamentaria, culminada como presidente del Gobierno hasta sufrir su mortal atentado. Adherido al Partido Progresista desde 1840, y su líder absoluto desde 1866, fue diputado por Tarragona (1841, 1843, 1857, 1869), por Barcelona (1843, 1850, 1851, 1853, 1854) y por Madrid (1869), así como Senador vitalicio (1858-1868).

Los discursos parlamentarios del general Prim, editados por el Congreso de los Diputados en el marco de la celebración auspiciada por SBGP 2014, son hoy el material básico, su voz original, para conocer su pensamiento, sus ideales y su transformación desde el político joven e impetuoso, recién llegado de su Cataluña natal, al gran hombre de Estado, pragmático y sosegado, que llegó a ser hacia 1870, justo cuando el magnicidio truncó su gran proyecto de conseguir una España más moderna y democrática.

Hoy, el general Prim es también una referencia del compromiso militar con la España constitucional de la que fue singular defensor. Una realidad histórica, apoyada con el ejemplo de otros militares liberales y demócratas desde las propias Cortes de Cádiz (algunos llamados “Espadones”), como para avergonzar a no pocos políticos incultos (algunos hay en las actuales filas del gobierno y de la oposición) que de forma lamentable debajo de cualquier uniforme militar sólo ven golpistas.

EL MAGNICIDIO DE UN PATRIOTA

El 27 de diciembre de 1870, Prim hacía sus últimas gestiones en Madrid antes de partir al día siguiente hacia Cartagena, con el fin de recibir al nuevo rey Amadeo I de Saboya. El general tuvo noticia de los rumores que corrían sobre un atentado contra su persona, desoyendo las advertencias que se le hicieron, como en ocasiones anteriores (caso idéntico al del almirante Carrero Blanco).

Esa misma tarde asistió a la última sesión anual del Congreso de los Diputados, como presidente del Consejo de Ministros y ministro de la Guerra. Tras lograr la aprobación de los nuevos presupuestos destinados a la Casa Real, decidió marchar a su cercana residencia oficial en el Palacio de Buenavista (hoy sede del Cuartel General del Ejército), rechazando a última hora la invitación para una celebración en su logia masónica.

Eran cerca de las 19:30 horas cuando, bajo una intensa nevada y con la luz menguante de la anochecida, subió a su berlina, acompañado de sus ayudantes habituales, el coronel Moya y el comandante González Nandín. El carruaje emprendió la ruta habitual desde el Congreso, enfilando la calle del Turco para tomar después las de Alcalá y Barquillo hacia la entrada lateral del Palacio de Buenavista.

En la confluencia de la calle del Turco con la de Alcalá, otras dos berlinas le cerraron el paso, mientras ocho hombres rodeaban su carruaje para acribillarle a tiros. El general Prim no murió en aquel momento, pero sufrió tres graves heridas: en el codo y el hombro izquierdo (de dónde se le extrajeron hasta siete balas), y en la mano derecha, de la que le tuvieron que amputar varios dedos.

Malherido, subió por su propio pie las escaleras del Palacio de Buenavista. Sus heridas no parecían mortales, pero el general Prim falleció tres días después, el 30 de diciembre de 1870, probablemente por una septicemia.

Los indicios sumariales señalaron al Duque de Montpensier y al propio general Serrano, regente en aquel entonces, como instigadores del magnicidio; y al republicano José Paul y Angulo como ejecutor, junto a otros nueve hombres. No obstante, la causa abierta por el asesinato de Prim se cerró en falso en 1878, siendo todavía un caso histórico por resolver…

Aquí dejamos estas primeras notas sobre la vida y la obra del general Prim, porque la labor de la propia SBGP 2014 va a generar en los dos próximos años una importante actualización histórica de su figura y de los valores sociales y políticos que representa, a través de numerosas actividades culturales e institucionales, como las ya iniciadas.

LA MUERTE DE PRIM Y EL PERIODISMO AMARILLISTA

Pero lo que sí queremos destacar en esta Newsletter especial como homenaje a la figura del general Prim y respeto al rigor histórico, es el lamentable papel jugado por la Universidad Camilo José Cela fomentando una deplorable tesis amarillista de su muerte que la descalifica en el ámbito de la investigación y, sobre todo, en el mundo intelectual y de la docencia.

El caso se centra en la difusión de una teoría morbosa e indocumentada por parte de Francisco Pérez Abellán, periodista y “criminólogo” vinculado a dicha Universidad, que sostiene y ha difundido de forma irresponsable por los platós televisivos un asesinato del general Prim por ahogamiento. Sin mayor argumento probatorio que unas marcas detectadas en el cuello momificado del militar (a la altura del cierre de la casaca), curtido en mil batallas y con el cuerpo plagado de heridas de guerra, y en contra de los testigos y partes oficiales de su muerte.

La SBGP 2014 se vio obligada a emitir el pasado 21 de noviembre una nota de repulsa señalando que “académicos e historiadores deploran el trato sensacionalista y carente de rigor histórico que se está dando a la figura de D. Juan Prim y Prats a través de noticias sobre estudios inconclusos”. También lamentaba la frivolidad con que se difunden teorías diversas sobre su muerte, sin el rigor científico y pericial exigibles.

Después de defender la aplicación del máximo sentido de la responsabilidad documental a todas las actividades desarrolladas en torno a la figura del prestigioso militar que murió siendo presidente del Gobierno, y también de  exigir el máximo respeto debido a su memoria, la SBGP 2014 afirmaba en su nota: “Por ello, se  observa con gran preocupación el lamentable trato periodístico que se ha dado especialmente por parte de la Universidad Camilo José Cela  a la figura del gran estadista, en la filtración de los estudios forenses que se están llevando a cabo en su momia, aún sin concluir”.

A continuación, se recogía el siguiente comentario del profesor Emilio de Diego, catedrático de Historia Contemporánea y autor de una de las biografías más importantes de Prim (“La forja de una espada”, Editorial Planeta 2003): “Hace apenas un mes se aseguraba que Prim había muerto, de forma inmediata, a consecuencia de las heridas causadas por sus agresores con lo que graciosamente se cambiaba la fecha de su fallecimiento del 30 de diciembre al 27, mientras el país permanecía ignorante de esta operación. Ahora los mismos descubridores de la “verdad histórica” han decidido certificar su óbito por estrangulamiento. ¿De qué morirá el general Prim el mes próximo?”.

Finalmente, la SBGP 2014 precisaba que “la publicación ilícita incluida de fotografías de la momia, que se promueve desde dicha Universidad Camilo José Cela no es digna de la memoria que merece conservar España de un presidente de Gobierno de España, víctima de uno de los magnicidios que cambiaron la historia contemporánea de nuestro país”.

EN DEFENSA DEL RIGOR HISTÓRICO

Por su parte, el mismo historiador y socio de la SBGP 2014 ya citado, profesor Emilio de Diego, difundió un artículo clarificador del tema, titulado “Sobre la muerte del general Prim”, que reproducimos literalmente:

Recientemente se han publicado en algunos periódicos varios artículos relativos al análisis criminológico y forense que se está realizando en Reus sobre los restos del general Prim. En ellos, fuentes de la investigación apuntan la posibilidad de que el entonces presidente del gobierno de España muriera a las pocas horas de sufrir el atentado que acabó con su vida; y no a los tres días, como mantienen numerosos especialistas.

Si bien la citada investigación se encuentra aún en curso, y no se han publicado sus conclusiones oficiales, cabe recordar que son muchas las evidencias que sustentan la idea de que Prim murió el 30 de Diciembre de 1870, en sus aposentos del Palacio de Buenavista, tres días después de recibir los disparos.

Entre ellas se encuentran los testimonios de algunos de los médicos que le atendían —De Losada, Lledó, Estevan y León—, así como el del Dr. Melchor Sánchez de Toca, médico de gran prestigio en Madrid que visitó al general durante su agonía. En el ámbito clínico figuran también el parte del momento de la muerte, y, con fecha de 31 de diciembre, el acta de defunción (en la parroquia de San José de la calle de Alcalá) y los documentos de la autopsia.

Están además los testimonios personales del Sr. Moreno Benítez, íntimo amigo de Prim, que le visita la noche del 28 al 29; y el del Diputado Mata, también amigo del estadista, quien, en sesión de las Cortes del 30 de diciembre, a las 10’15 de la noche, afirma haber estado con Prim el día anterior.

Conviene recordar, asimismo, que había demasiada tensión entre el regente Serrano y Prim para que otros nombres relevantes de la política del momento se hubieran prestado a tamaña farsa: Moret o Topete no lo hubieran consentido.

Y, por supuesto, la familia de Prim todavía menos. Su mujer, Paca Agüero, que no se separó un momento de su lado, fue la única que se atrevió a hablar con Amadeo de Saboya sobre la “cercana” presencia de los asesinos. Y su profundo desconsuelo quedó reflejado en la prensa de la época —muy activa y voraz en aquel entonces, tozudamente independiente y diversa, imposible de controlar— a través del testimonio de los muchos que la visitaron durante la agonía de su esposo. Además, la familia publica la esquela de Prim con fecha de 30 de diciembre, que es también la que figura en los documentos de transmisión de títulos nobiliarios.

Muchas evidencias en contra para aventurar la enmienda de un hecho histórico, sin datos concluyentes, en una investigación aún por finalizar.

LA RECONCILIACIÓN BORBÓNICA CON EL GENERAL PRIM

Aclarada esta lamentable incidencia amarillista sobre la muerte de Prim, no queremos dejar de señalar la oportunidad que ofrece la conmemoración de los 200 años de su nacimiento para asumir su figura como emblema de lo que ha significado Cataluña en la historia de España.

Bueno sería, e incluso puede que políticamente obligado, que en el transcurso de la celebración del Bicentenario del General Prim, la Corona instaurada por el régimen franquista y consagrada en la Constitución de 1978 a través de la monarquía parlamentaria, aunque fuera legítima heredera de la dinastía histórica de los Borbones, se reconciliara con la figura del gran estadista que más luchó en su tiempo precisamente en favor de esa forma política del Estado.

Prim criticó a la monarquía borbónica de su época, con el argumento, poco refutable, de la corrupción en la que entonces se desenvolvía. Pero hoy la Corona de España se enmarca en una realidad política distinta, también necesitada, dígase lo que se diga, de reposicionar su imagen ante la sociedad española y de remarcar con gestos prácticos sus habituales discursos institucionales de “cámara”, como el reiterado de la reconciliación y la unidad de todos los españoles.

Unos signos especialmente convenientes, por no decir necesarios, en un marco como el actual, caracterizado por el creciente agotamiento y debilidad del sistema institucional y por las tensiones generadas en torno al sentimiento independentista catalán. Porque, ¿acaso no es el Rey símbolo de la unidad y permanencia del Estado…?

El general Luis Alejandre, miembro destacado de la SBGP 2014 y entusiasta admirador de Prim en su doble faceta de militar y estadista, ya lanzó en 2009 una aguda observación sobre la cuestión catalana en relación con este personaje histórico. Al presentar su libro “La aventura mexicana del General Prim” (Edhasa, 2009), Alejandre destacó: “Su asesinato [de Prim] dejó abierto un gran interrogante: si las relaciones en España entre Cataluña y Madrid serían las mismas hoy con un presidente del Gobierno como Prim si se hubiese asentado...”.

Recuérdese lo que políticamente supuso en su época la figura de D. Juan Prim y Prats. Y téngase en cuenta lo que, hoy por hoy, todavía supone, con el acelerón secesionista de Cataluña.

El entorno de la Corona debería tomar nota y obrar en consecuencia, procurando que al menos el Príncipe Felipe presidiera alguno de los actos de homenaje al general Prim. Mientras el PP y el PSOE, los partidos de la triste alternancia en el poder, continúan degradando la España institucional en su miserable beneficio partidista.

“Quien habla siembra, y quien escucha recoge”. Este es un sabio proverbio atribuido al pueblo persa, aunque, en realidad, ha tenido muchas versiones desde que el mundo es mundo.

Aristóteles sostenía que el oído, en el hombre, es camino para aprender; es, podríamos decir, el sentido que más alimenta el intelecto y, por tanto, el que más enriquece al homo sapiens, sobre todo al zoon politikon, al animal social y político que subyace en todo ser humano. Plutarco advertía después que sí sabemos escuchar sacaremos partido, incluso, de los que hablan mal, mientras su coetáneo Epicteto afirmaba, según la tradición estoica, que saber escuchar es todo un arte…

Lo que pasa es que esa disposición humana, el saber escuchar y el aprender escuchando, es de difícil asunción. Se escucha poco y, de hecho, hasta muchos de los que escuchan suele hacerlo mal: cuando dos personas conversan, a solas una con otra, casi no escuchan otra cosa que sus propias palabras.

¿DEMOCRACIA SIN PARTICIPACIÓN SOCIAL ACTIVA?

Pero, curiosamente, donde la tara de la sordera selectiva se da con mayor evidencia es en la vida política, lo que no deja de ser paradójico considerando que su objeto principal es el liderazgo social. Porque ¿cómo se puede representar eficaz y éticamente a alguien si no se le escucha?

Claro está, que no es fácil escuchar a todos los ciudadanos, uno por uno, ni tampoco representarlos en su infinita particularidad. Pero para superar ese problema existen instrumentos perfectamente fiables de sobra conocidos por las clases dirigentes y que se aplican de forma intensiva, por ejemplo, en la actividad comercial, que es la que termina sustanciando el conjunto de la economía.

El “marketing”, que tiene aplicación en todas las actividades humanas, incluida por supuesto la política, no tiene más objeto que correlacionar las demandas de los ciudadanos (el mercado) con las capacidades productivas que han de satisfacerlas. Sus expertos preguntan a los consumidores o usuarios qué necesitan, qué quieren o qué rechazan, obteniendo un cuadro estadístico que refleja fielmente la realidad sociológica y motivacional del momento. Así de sencillo.

Además, en el ámbito más específico y profundo de la política, la sociedad moderna cuenta con órganos de representación intermedia muy informados en sus respectivos entornos de actividad, legitimados constitucionalmente junto a las patronales y los sindicatos: hablamos de colegios profesionales, reales academias, organizaciones de consumidores y usuarios, fundaciones y sociedades científicas, asociaciones sectoriales… Un amplio conjunto de entes socio-profesionales totalmente compatibles con los partidos políticos, que deberían ejercer como contrapeso de estos y como instrumentos para perfeccionar el sistema de convivencia democrática.

En su libro Pour une république moderne (Gallimard, 1962), Pierre Mendès France los describió como auténticos pilares de la democracia, necesarios para su funcionamiento más allá del papel de los partidos políticos. Y lo hizo con la noble intención de estimular al ciudadano para que participe en la vida pública, sin lo que, en su opinión, no hay democracia posible.

A lo largo de su inteligente ensayo, el estadista francés reitera de diversas formas esta síntesis conceptual: “No ha de olvidarse nunca que la democracia no es un arte de agencia, un mecanismo ingenioso de instituciones exteriores a los ciudadanos, aun en el caso de que éstos se hayan adherido a ellos más o menos pasivamente e incluso los hayan aprobado. Ella [la democracia] debe penetrar la actividad colectiva en todas sus manifestaciones y en todos sus niveles. Reclama una participación del mayor número bajo todos los aspectos y en todos los momentos posibles”.

Antes de acometer su trabajo, Mendès France, que ya había sido Primer Ministro de Francia en 1954/55 (durante la IV República), añadió a su ya notable saber y experiencia el fruto de un gran esfuerzo de observación específica sobre los temas que quería abordar, con objeto de adquirir un conocimiento “propio” de esa realidad.

De hecho, empezaba el capítulo primero del libro advirtiendo: “Durante un año he visitado un gran número de villas y departamentos. No se trataba de correr de una capital a otra para dar una representación por la tarde y partir al alba siguiente. Los mítines que he tenido no eran jamás el objeto del viaje. Iba, principalmente, a encontrar, individualmente o por pequeños grupos, a los hombres que por sus funciones, su vocación, sus actividades, se hallaran adscritos a los negocios de la región o del país”.

Y, a continuación, seguía explicando sus conversaciones “con los dirigentes de las más importantes formaciones y asociaciones profesionales, sindicales y culturales, los representantes de las centrales obreras, organizaciones agrícolas y patronales, grupos de juventud, movimientos de estudiantes, cuadros de los sectores públicos y privados, artistas y universitarios, médicos, magistrados, periodistas, funcionarios, militantes políticos, hombres de izquierda y de derecha… de Grenoble a Lille, de Rennes a Clermont-Ferrand, de Bordeux a Strasbourg…”.

En esa misma obra, Mendès France también preconizaba una lúcida innovación política: la necesidad de una segunda Asamblea que representase a los grupos sociales y los intereses profesionales, “fuerzas nuevas a las cuales el Estado debe reconocer un papel y que deben participar en su funcionamiento”…

Paréntesis: Hoy, la Asamblea de Francia se conoce coloquialmente como “Alta Asamblea”, pero en su origen (la Constitución Termidoriana de 1795 que estuvo vigente hasta 1799) se creó con el significativo nombre de “Consejo de Ancianos”, es decir personas experimentadas a las que se debía escuchar).

LA SORDERA SELECTIVA DE LA CLASE POLÍTICA

Sin embargo, la actual clase política española pasa olímpicamente de esta realidad social no partidista y mucho más representativa, desoyendo de forma sistemática a los ciudadanos de a pie, tanto si se pronuncian de forma individual como colectiva. Sólo se escucha a sí misma, dentro de cada partido o, cuando lo impone la aritmética parlamentaria, en el marco pactista exigido para prevalecer en el poder; aunque el país sea, como es obvio, mucho más que sólo partidos políticos y también algo bastante más trascendente.

Todavía peor, el Gobierno desoye de forma sistemática incluso a su más alta institución consultiva, el Consejo de Estado. O la ignora, sin más, como ha hecho en la última reforma del modelo de Fuerzas Armadas.

Eso al margen de que el Parlamento no preste la menor atención a ninguno de sus dos órganos delegados: el Tribunal de Cuentas, responsable de fiscalizar la gestión económica del Estado y del sector público, y el propio Defensor del Pueblo, instituido precisamente para defender las libertades y derechos fundamentales que establece la Constitución.

Un ejemplo palpable de esta capacidad de “audición selectiva”, o de escucha “clasista”, es la atención que en plena crisis económica e institucional Rajoy acaba de prestar al presidente de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), Íñigo de la Serna, que también es alcalde de Santander por el PP, para “madurar” la idea previa del Gobierno de reducir concejales y municipios, algo que al parecer ya estaba perfectamente dibujado en el borrador de una nueva ley de administración local.

En este tema (la racionalización de las administraciones), en el que jamás se escuchó la opinión ciudadana, sí parece que PP y PSOE se han escuchado entre ellos y que, a su vez, han sido escuchados por Rajoy, según cuenta “El País” (05/12/2012); aunque es de temer que tratándose, como se trata, de un posible entendimiento entre los partidos políticos mayoritarios, al final tendrá un resultado corporativista y reñido con el interés general. Es decir, que muy probablemente no habrá reducción significativa de municipios ni de concejales, y tampoco ningún otro adelgazamiento razonable de la obesidad administrativa, sino más bien algún tejemaneje político-financiero para que las cosas sigan más o menos como están.

LAS REFORMAS ENFRENTADAS A QUIENES HAN DE APLICARLAS

Hoy el Gobierno, como hace la clase política en su conjunto, sólo escucha su propia voz y sólo procesa sus propias ideas (las directrices de Bruselas son “fuerza mayor” y cosa aparte), desoyendo a las bases sociales por muy razonables y numerosas que sean, y aunque, como tal Gobierno, les deba su propia posición. E incluso tenga la obligación de gobernar para todos los ciudadanos: los que le hayan prestado su voto y los que no, en una exigencia de respeto democrático que nuestros políticos suelen ignorar de forma lamentable.

Y, claro está, también desoye a las corporaciones y entidades profesionales más emblemáticas y enraizadas con la realidad vital del país. Las que, por su gran penetración en el tejido social y capacidad de auscultación, se han considerado siempre “pulsadoras” o “termómetros” de la buena o mala praxis política y de la esencialidad democrática.

Se trata de lo que en tiempos anteriores a la dictadura franquista ya se consideraba como el grupo de ciudadanos socialmente más influyente, cierto es que en una sociedad menos informada y libre que la actual. Entonces se conocía políticamente como la gran “M”, a la que convenía escuchar con especial atención y respeto ante cualquier plan de propaganda o proceso electoral, considerando su gran capacidad como prescriptores del voto: maestros, médicos, magistrados y militares…

EL DRAMA DE UN SISTEMA EDUCATIVO SIN CONSENSO

Con larga experiencia de gobierno y de oposición, el PP ha tenido tiempo más que suficiente para analizar el Sistema Educativo del país, estudiar sus deficiencias y diseñar las reformas que estimara pertinentes, incluso antes del 20-N. Y también para conocer las opiniones “generalizadas” de los usuarios (discentes con mayoría de edad o, en su caso, las familias responsables) y, sobre todo, la de los profesionales de la enseñanza que habrían de aplicar las reformas subsiguientes en todos sus niveles, para establecer los acuerdos necesarios más allá de la propia ideología conservadora; porque la educación es una cuestión de Estado y no de partido. Tan simple como eso.

Sin embargo, el camino recorrido por el PP no ha sido precisamente el del consenso. Bien al contrario, lo primero que ha hecho el Gobierno de Rajoy ha sido enfrentarse de forma radical y gratuita al conjunto del estamento docente, desoyéndole sin mayor explicación y tratando de imponerle unos criterios económicos interesados, en algunos aspectos demasiado ideologizados y en otros simplemente erróneos o mejorables, incluyendo al profesorado más afín al propio PP en todos los niveles de la enseñanza y poniéndose en contra, por ejemplo, de todos los rectores de universidades públicas.

El ministro del ramo, José Ignacio Wert, que es un perfecto advenedizo del sector educativo y también un político inexperto, ha tenido la mala habilidad de situarse rápidamente como “farolillo rojo” en la escala de la valoración social del Gobierno, con un saldo muy negativo entra la aprobación y la desaprobación de su gestión de -51 (según el Barómetro de Metroscopia). Algo estará haciendo mal, o rematadamente mal, para alcanzar tan deprisa este demeritado puesto.

UN MODELO DE SANIDAD REGRESIVO Y POCO TRANSPARENTE

Pero en otro ámbito todavía de mayor dimensión social, el de la Sanidad, que es “universal” y afecta al cien por cien de la población (no sólo a alumnos y profesores como sucede en el ámbito de la Educación), tampoco se ha tenido en cuenta la opinión de los facultativos del sector. Unas ramas profesionales en las que no hay razón para presumir, ni mucho menos, mayores discrepancias ideológicas con el PP ni mayor animosidad contra la clase dirigente, y que también han sido desoídas “técnicamente” en relación con la reforma del modelo asistencial, dándose la circunstancia de que ellas son las encargadas de desarrollarla en la práctica de forma exclusiva, tras la oportuna sanción política.

Una circunstancia ciertamente absurda y dramática, porque, a la postre, ese estamento profesional es el que puede hacer fracasar la reforma y el conjunto del sistema si se encuentra radicalmente en desacuerdo con la imposición gubernamental. Dicho de otro modo, no deja de ser aberrante que quienes han de combatir día a día la enfermedad y la muerte, tengan que hacerlo, no como mejor sepan y aconseje su exclusivo conocimiento profesional, sino como les sea impuesto por políticos ajenos a esa realidad y sin atender realmente las consideraciones propuestas en trámite de audiencia por sus órganos colegiados más representativos.

Con el problema añadido de que, en realidad, el Estado como tal (no las Comunidades Autónomas) hoy carezca de competencias al respecto y la reforma se tenga que imponer de forma “asimétrica” (recurso maldito de la política disolvente) en cada una de las comunidades y ciudades autónomas. La ministra de Sanidad, Ana Mato, notablemente indocumentada en la materia, también alcanza un saldo negativo en la valoración de su gestión de -37 (diferencial entre la aprobación y la desaprobación).

La falta de transparencia con la que se expone y los estudios comparativos de otros países, dejan en entredicho el modelo “privatizador” del PP. De hecho, durante las últimas semanas se ha registrado un auténtico aluvión de opiniones realmente informadas y muy críticas con la reforma sanitaria impuesta por el Gobierno con sus recortes presupuestarios y a través de las autonomías políticamente afines.

En este sentido, podemos citar desde el artículo de Diego S. Garrocho, profesor de Ética y Filosofía Política de la Universidad Autónoma de Madrid, titulado “Ética, enfermedad y eficiencia”, en el que critica la privatización de la gestión sanitaria y considera “perverso” justificarla con el criterio de la rentabilidad (“El Mundo” 05/12/2012), hasta el publicado por el doctor José Manuel Ribera Casado en “El País” (09/12/2012) con el significado título “Sanidad, regreso al pasado”.

Este catedrático emérito de Geriatría de la Universidad Complutense, que también es un respetado miembro de la Real Academia Nacional de Medicina, resumía perfectamente en su artículo, que no tiene desperdicio, el estado de la situación:

Escribo cargado de nostalgia, pero, sobre todo, de desesperación. Desde antes incluso de la Ley General de Sanidad del 1986, presumimos de tener uno de los sistemas sanitarios más envidiados y más equitativos del mundo. A que fuera así contribuyeron muchos factores. Entre otros la confluencia en la España de los 70 de dos circunstancias muy positivas: la creación de una red amplia y dotada de nuevos hospitales públicos y la implantación del sistema MIR. Sobre todo, creo que fue decisiva la voluntad colectiva de personas y partidos políticos para dotarnos de un sistema de salud de cobertura total y alcance universal. La Ley General de Sanidad no hizo sino oficializar el sistema.

Hoy todo ello se desmorona. Con el pretexto de los recortes se apuntan argumentos que juegan al equívoco por no calificarlos de falaces. Lo que está ocurriendo en la Comunidad de Madrid resulta demostrativo y merece unos comentarios. No me referiré a las formas, carentes del más mínimo respeto al ciudadano, donde el lógico diálogo con las partes interesadas previo a cualquier decisión de un calado como las que se están tomando, se ha sustituido por el ordeno y mando de épocas pretéritas. Tampoco a la inequidad y desprecio al colectivo de más edad que representan medidas como las del euro por receta. Ni siquiera comentaré la aberración de querer cerrar el hospital de La Princesa.

Me centraré en el tema de la privatización, una palabra que parece quemar a nuestra Administración. La primera reacción es negar la mayor: no se privatiza, se externaliza. Curioso que todo el mundo lo entienda de otro modo. Lo confirman los profesionales que salen masivamente a la calle o se declaran en huelga, las asociaciones, todos los sindicatos del sector, las sociedades científicas, las firmas de más de 600 jefes de servicio y de cerca de un millón de ciudadanos madrileños, y hasta el propio Colegio de Médicos en una de las más duras declaraciones que se recuerdan. ¿Estaremos todos confundidos? Así lo afirman por activa y por pasiva el presidente de la Comunidad y su equipo de gobierno. Negar la evidencia resulta muy difícil. No hace mucho tiempo el anterior Consejero de Sanidad requería públicamente a las entidades privadas del sector para comentar lo que según la propia convocatoria denominaba “oportunidades de negocio” en el campo de la sanidad madrileña.

Si hay negocio -y lo de “externalizar” la gestión debe serlo, porque en caso contrario no interesaría a ninguna entidad privada-, ¿por qué renunciar a él? Aplíquense los beneficios a mejorar el sistema y no al lucro ajeno. Descartada por inmoral -y por delictiva- la hipótesis de querer favorecer a amigos o a determinados grupos empresariales, apenas quedan dos interpretaciones posibles. Confesión palpable de incompetencia manifiesta, o asunción consentida de una peor calidad, bien por reducirse las prestaciones ofrecidas, bien por hacerlo el alcance de las mismas.

Lo de la incompetencia parece que se asume sin ningún rubor. Sólo así se entiende que el Consejero de Sanidad critique las nóminas de los empleados públicos y hable de rigidez en la gestión. A partir de ahí no debería llamarle la atención que estos mismos empleado se rebelen contra sus propuestas. Sus afirmaciones sugieren el deseo de quitarse de encima personas y sueldos y dejar que sean las nuevas empresas gestoras quienes lleven la voz cantante en este terreno. En todo caso los datos nos indican que tanto a nivel hospitalario como en atención primaria el número de profesionales por habitante está bastante por debajo de la media europea. Además, la Administración tiene recursos funcionales suficientes para exprimir el rendimiento de sus empleados y modificar en sentido positivo horarios, prestaciones, etc. en la medida en la que lo considere más adecuado para lograr esa mágica eficiencia a la que tanto se invoca. Las grandes diferencias existentes en el propio sistema en cuanto a rendimientos comparados de unos y otros centros pueden ser utilizadas como instrumento.

Renunciar a actuar representa una dejación de funciones, se mire como se mire. Ya es curiosa la referencia a Zapatero de Fernández-Lasqquety. Zapatero nunca ha tenido competencias sobre la sanidad de Madrid, ni fue a él a quien se le ocurrió la peregrina idea de sacar votos llenando la periferia de Madrid de unos hospitales que ahora parecen no hacer falta. Y si la alusión es para decir que “no hizo nada”, esa es la vía escogida por el Gobierno regional. Los políticos están para resolver los problemas no para quitárselos de encima.

Si con la “externalización” se pretende resolver un problema de costes y ello va a generar beneficios económicos a terceros, caben muy pocas interpretaciones. Todas malas para el devenir del sistema: reducir personal y sueldos, limitar prestaciones, y/o establecer criterios de exclusión total o parcial en el acceso a la salud para determinados colectivos que, por cierto, siempre suelen ser los más desfavorecidos: pobres, emigrantes o pensionistas.

Un par de comentarios finales. Argumentar con el peso de los votos no es de recibo. No lo es tanto por el hecho de que las decisiones propuestas se oponen a las que aparecían en el programa del partido gobernante, cuanto por el desprecio hacia esos votantes cuando se hace oídos sordos a una protesta que alcanza niveles de clamor. Por último llama la atención el silencio de la Administración central. Un silencio que sólo cabe interpretar como cómplice de quien observa los resultados de un experimento que, previsiblemente, pretende generalizar en todo el Estado.

LA FALTA DE COMPROMISO GUBERNAMENTAL CON LA JUSTICIA

¿Y qué decir sobre la Administración de Justicia? Aquí la sordera política se está mostrando en todo su esplendor, hasta el punto de que el ministro del ramo, Alberto Ruíz-Gallardón ha pasado en menos de un año de ser el miembro del Ejecutivo inicialmente mejor valorado a ser el penúltimo, detrás de José Ignacio Wert.

En su primera comparecencia parlamentaria como ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón anunció su intención de reformar la Ley Orgánica 2/2010, de 3 de marzo, de salud sexual y reproductiva y de la interrupción voluntaria del embarazo, aprobada por el Gobierno socialista de Rodríguez Zapatero, que es una ley de plazos similar a la que existe en la mayoría de los países europeos, para volver al modelo antiguo contemplado en la ley de 1985, con la que las mujeres tenían que alegar motivos para justificar su decisión. Se trata, pues, de abolir una ley que fue muy contestada por la Iglesia Católica y por el propio PP (especialmente en el tema de las menores con edad entre 16 y 18 años que podían abortar aunque no tuvieran el consentimiento de sus padres), por supuesto escuchando sólo a una parte de su propio electorado y desoyendo prácticamente al resto de la sociedad española, y menos que a nadie a las propias afectadas.

Ruíz-Gallardón también anunció su propósito de cambiar la forma de elección de los doce vocales magistrados del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), volviendo al antiguo sistema de elección directa por parte de los jueces, que se abandonó en 1985 (con una ligera modificación aprobada en 2001 por el Gobierno de Aznar gracias al consenso alcanzado con el PSOE y que establecía la elección por las Cortes a partir de una lista de 36 candidatos presentadas por las asociaciones de jueces), debido a que con la fórmula anterior todas las vocalías eran copadas por una única organización, mayoritaria y de signo conservador: la “Asociación Profesional de la Magistratura”.

En cuanto a la Ley 13/2005, de 1 de julio, por la que se modifica el Código Penal en materia de derecho a contraer matrimonio, conocida como Ley del matrimonio homosexual, aprobada por el anterior gobierno socialista, Ruiz-Gallardón afirmó, como no podía ser menos, que el Gobierno esperaría a que el Tribunal Constitucional se pronunciase sobre el recurso presentado por el PP cuando la ley fue aprobada en el Parlamento. Pronunciamiento que ha sido favorable al texto legal, a pesar de que también fue muy contestado por la Iglesia Católica y por el PP, partido que se unió de forma significada a las manifestaciones convocadas en “defensa de la familia”.

Por otra parte, el pasado 30 de marzo, el Gobierno aprobó un explosivo Anteproyecto de Ley, elaborado por el Ministerio de Justicia, con el objeto de subir las tasas judiciales. El argumento sustentador de esta medida, en colisión esencial con el Estado social y democrático de Derecho consagrado en la Constitución, es, según el ministro Ruíz-Gallardón, paliar la saturación de los juzgados, objetivo que, como es obvio, se puede alcanzar de forma más fácil, justa y estable modernizando la Administración de Justicia, algo imprescindible en cualquier caso, para que sea más rápida y eficiente.

Al respaldar públicamente a su ministro de Justicia, el presidente del Gobierno afirmó que el usuario sólo tendrá que pagar el 10 por 100 del importe de ese derecho ciudadano constitucional, apoyado en el ejemplo extremo de Alemania donde se paga el 43 por 100. Pero ocultando al mismo tiempo el alto nivel de rentas personales y el bajo índice de paro existentes en ese país en relación con España y también el hecho de que, en este, la Justicia gratuita se haya instituido no por voluntad gubernamental sino constitucionalmente.

De hecho, conforme a la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos y de nuestro Tribunal Constitucional, el Estado es el responsable del recto funcionamiento de la Administración de Justicia por la obligación constitucional de proveer a la defensa de quienes carezcan de recursos. Esta jurisprudencia ha establecido claramente la responsabilidad pública en tal sentido, como deber positivo del Estado de garantizar el acceso a la tutela judicial efectiva, que es un derecho fundamental recogido en el artículo 24 de la Constitución…

UNA RESPUESTA PROFESIONAL COLECTIVA, DEMOLEDORA

También podríamos recuperar aquí el lamentable “caso Dívar” y la forma, ciertamente deplorable, en la que fue gestionado por el ministro Ruiz-Gallardón; la alarma social y judicial generada por una Ley Hipotecaria antisocial (con suicidios masivos), que el Gobierno mantiene a ultranza en su política de protección preferencial a las entidades prestamistas); los indultos gubernamentales; la cadena perpetua revisable… Pero quizás el mejor resumen de la presente falta de compromiso gubernamental con la Justicia lo haya hecho el propio presidente de la Abogacía Española, Carlos Carnicer, en una extensa entrevista concedida a la periodista Isabel Velloso y publicado en “El Mundo” (11/12/2012).

Se trata de una de los muchas declaraciones informadas que evidencian cómo se ha encendido la llama en el mundo de la Justicia, siguiendo la senda establecida por el Gobierno con las reformas del Sistema Educativo y de la Sanidad, sólo escuchándose a sí mismo, de fácil seguimiento cotidiano en los medios de comunicación social. No obstante, su valor testimonial y su plena coincidencia con la esencia temática de esta Newsletter, aconsejan reproducirla íntegramente a pesar de su amplitud:

JUSTICIA | Entrevista al presidente de la Abogacía Española

“Gallardón no es nuestro interlocutor válido en este conflicto, sólo lo es Rajoy”

Isabel Velloso | Madrid

Los abogados están en pie de guerra contra la Ley de Tasas del ministro de Justicia, al que ya no consideran su interlocutor en este pulso que mantienen, junto con jueces y fiscales, contra las reformas impulsadas por Alberto Ruiz-Gallardón. El presidente del Consejo General de la Abogacía, Carlos Carnicer, explica los motivos de una serie de medidas de protesta que podrían acabar en una huelga en enero, la segunda en Democracia, por la última reforma concretada en la Ley de Tasas Judiciales. Una ley que, en su opinión, establece una Justicia para ricos y otra para pobres al fijar unas tasas excesivas y, en definitiva, disuasorias para acudir a los tribunales.

Es algo insólito, sin precedentes, ver a jueces, fiscales y abogados, juntos, manifestarse ante las sedes judiciales y el Ministerio de Justicia

Sí, es algo sin precedentes. Se ha olvidado usted de los sindicatos, las asociaciones de consumidores y usuarios a pesar de que el ministro sigue diciendo que esto es una cosa corporativa de unos cuantos abogados, que la ciudadanía no juega en este partido, que la ciudadanía no está en contra de las tasas judiciales.

¿El rechazo a pagar tasas por acceder a la justicia en los órdenes social, civil y contencioso administrativo les ha unido a todos?

No es un problema sólo de las tasas sino que es un problema de la Administración de justicia, que es mala por falta de medios y organización. Es cierto que ya hace muchos gobiernos que no mejora porque yo creo que políticamente no interesa que mejore la Justicia y se han conjugado muchas cosas. Si todos nos ponemos a ello, todos los que trabajamos en Justicia, jueces, fiscales, abogados, procuradores, forenses, peritos, notarios, registradores, etc., podríamos sentar las bases para crear una estructura capaz de albergar una Justicia democrática acorde con la realidad social que estamos viviendo.

¿Qué se ha conjugado?

Los indultos, la legislación del aborto, la cadena perpetua revisable, la habilidad del mes de agosto, las tasas... y creo que merece la pena reflexionar que han sido las tasas las que nos han unido absolutamente a todos. Y ninguno tenemos especial interés personal sino que estamos actuando por conciencia profesional. Las tasas suponen la violación de los derechos fundamentales para miles y miles de personas.

“Menos Gallardón y más Constitución” o “Queremos tutelar todos los derechos, no sólo de quiénes pueden pagarlos” ¿Qué pancarta lleva usted en esta protesta?

La pancarta que me pasó un magistrado ponía “stop a las tasas” ante una ley injusta que es una de las peores leyes de nuestra Democracia.

¿Qué medidas de presión van a adoptar?

Hemos constituido una plataforma que se llama Justicia para Todos, con sindicatos, consumidores y usuarios, que se une espontáneamente a la plataforma de los jueces y fiscales, la interasociativa.

¿Qué protestas van a llevar a cabo?

Asistiremos todos a la concentración, que será masiva, en todos los juzgados de España, a las 12 horas del día 12 del 12 en protesta por la ley de tasas. Será una semana y media de acciones, que continuarán, sin duda, en tanto en cuanto el Gobierno no ceje de dictar normas... en este caso la ley de tasas que son un verdadero escándalo. Tenemos la obligación como profesionales del Derecho de intentar adecuar las normas a la realidad social y que respondan a sus necesidades.

Creo que también están dispuestos a ir a la huelga.

La última reunión de la interasociativa de jueces y fiscales acordó que si el ministerio no se avenía a nuestras reivindicaciones en enero se convocaría una huelga. Si se convoca realmente, lo más seguro es que nos sumamos o también podemos convocarla desde la plataforma Justicia para Todos.

¿Se han sumado ustedes al colectivo de indignados de este país?

Sí, estamos indignados y nos encanta acompañar en la indignación a una ciudadanía que está cada vez más pobre y con menos recursos de todo tipo. Además de los indignados, algunos ya están excluidos y otros han sufrido la exclusión, pero la gran mayoría de los demás también la sufrirán. Cada vez hay más conciencia de que otra justicia social es imprescindible.

El PP, en campaña, prometió que iba a someter a consulta todos sus proyectos legislativos ¿Ha sido este el caso?

Esta norma no se nos ha pasado a informe, no se nos ha permitido opinar sobre ella... ¡Bueno! ni a nosotros ni a los partidos políticos ni a nadie. Se ha tramitado deprisa y corriendo, con notabilísimos errores y con unas determinaciones económicas que van a hacer que la mayoría de los ciudadanos no se acerquen a los juzgados.

Así las cosas, ¿van a pedir la dimisión de Gallardón?

Sí, como presidente de la Abogacía plantearé al Consejo General solicitar su dimisión. Es muy difícil poder resolver los problemas con el señor Ruiz-Gallardón. Nos prometió muchísimas cosas que no ha cumplido, nos ha engañado y, en este momento, está cada vez más desautorizado para negociar prometiendo, comprometiendo, una realidad que es poco creíble. Necesitaríamos hablar con el presidente del Gobierno.

¿Dice que el ministro no es su interlocutor en este conflicto?

El interlocutor válido sólo puede ser el presidente del Gobierno.

Se ha rectificado algo... Ha excluido de pagar las tasas a las víctimas de violencia de género, del terrorismo, discapacitados y trata de mujeres al margen de su renta y está pendiente la Ley de Justicia Gratuita.

La última ha sido prometer unos arreglos a través de la Ley de Justicia Gratuita... En estos momentos, este ministro es peligrosísimo. Es capaz de con la Ley de Justicia Gratuita enmendar los errores de la Ley de Tasas y estos errores son de difícil enmienda. La Ley de Tasas se olvida de las necesidades de las víctimas de violencia de género en el ámbito civil y laboral. El ministro Gallardón tiene complejo de rey absolutista pero él sólo no puede hacerlo porque primero ha de aprobarlo el Consejo de Ministros en un proyecto de ley y luego llevarlo al Parlamento. Es verdad que él puede conceder indultos, aunque socialmente no caigan muy bien, pero lo que no puede hacer es cambiar las leyes y sobre todo de hacerlo de forma improvisada. Esto exige una verdadera reparación.

¿Qué hay de la solicitud al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) para que instase a presentar un recurso de inconstitucionalidad a la Ley de Tasas?

La contestación ha sido algo frustrante al decir que el CGPJ no es competente. Ha perdido una gran oportunidad para acercarse a esa ciudadanía que no la tiene muy cercana precisamente.

¿La Defensora del Pueblo?

Le pedimos desde esta casa y se lo vamos a volver a pedir por escrito formalmente, con una base jurídica, que interponga el recurso de inconstitucionalidad.

Ha dicho que el ministro Ruiz-Gallardón les ha engañado ¿por qué?

Las tasas estaban destinadas únicamente a sufragar los gastos en la apelación. La primera instancia era gratuita para todos y lo dijo en esta casa y lo dejó sentado. También dijo que no habría ninguna reunión de la sectorial en materia de Justicia Gratuita en la que no hubiese un miembro de esta casa para aportar nuestros conocimientos sobre este servicio público. Y a partir de ahí se olvidó absolutamente de cualquier promesa. Tiene mi respeto pero creo que no tiene legitimidad en este momento para seguir en el ministerio.

Cuándo fue nombrado por Rajoy no se imaginaban este desencuentro

En absoluto. Teníamos en esta casa una ilusión generalizada por este ministro. Es más ha sido el único que hemos invitado a asistir a un pleno para que nos explicase cuál iba a ser su línea de actuación.

Ustedes insisten mucho en que la Ley de Tasas es disuasoria para los ciudadanos

Si hay una ley que más puede violar la tutela judicial efectiva es esta. Hay disposiciones increíbles, que no sé a quién van dirigidas. Pues para recurrir una multa de 100 euros hay que abonar antes 200. Se nos menosprecia a los españoles. ¡No sé a quién se le puede ocurrir que eso se pueda dar! Y de esas, hay varias en las que las tasas suponen el 225% de la multa. Es absolutamente disuasorio. Sea cual sea la decisión final, estaremos perdiendo enteros socialmente. Es muy importante que podamos ofrecer a la ciudadanía una solución del conflicto, civilizada, en un plazo razonable y, sobre todo, con todas las garantías para que haya absoluta igualdad entre pobres y ricos para acceder a toda la Justicia.

Usted es totalmente contrario a las tasas o sólo a estas por considerarlas excesivas

Se debe ser contrario a cualquier tipo de tasa porque añade una dificultad para acceder a este derecho de acceso a la Justicia que es un derecho fundamental. La tutela judicial efectiva debe ser inmaculada. Creo que el Tribunal Constitucional se equivoca al considerar las tasas siempre que no supongan una cantidad excesiva.

¿Fomentará la mediación y arbitraje privados?

No lo fomenta porque tampoco se ponen los medios, sobre todos económicos, para que la mediación y el arbitraje funcionen. Es verdad que se ha publicado la Ley de Mediación pero con solo una ley no funciona. El arbitraje que quitaría carga a los juzgados sigue sin funcionar. En la Justicia siempre nos encontraremos con que hacen falta medios.

No hay dinero.

Hay dinero para lo que se quiere que haya dinero.

Precisamente el ministro asegura que la recaudación por las tasas se va a destinar a la Justicia Gratuita

Eso sencillamente es indignante y se lo dije al ministro por carta. No se puede poner en un platillo de la balanza las tasas y en otro, la Justicia Gratuita. Ésta es un derecho de la dignidad de la persona, un derecho constitucional, y la debe sufragar el Estado con sus Presupuestos. Se ha buscado esta excusa de la justicia gratuita para imponer unas tasas absolutamente desmedidas.

Otro argumento es que es un servicio público que se usa de forma esporádica, muchos ciudadanos no lo usan nunca, y por ello deben pagar sus usuarios

A eso se llama paz social. Si usted no quiere que la violencia impere tendrá que hacer algo para dirimir los conflictos.

¿Sugiere que nos va a llevar a una justicia paralela, fuera de los tribunales?

No le quepa a usted ninguna duda. La Ley de Tasas es tan perversa que no sólo impone tasas en la primera instancia sino en la segunda y en la tercera. Si usted no tiene a disposición el dinero del recurso y no puede pagar la tasa en los cinco días, o en los tres o diez, un plazo perentorio, que le dan para recurrir usted va a perder el derecho definitivamente. Los abogados vamos a tener que advertir a nuestros clientes que acopien esa cantidad de dinero que, en muchos casos, va a ser una cantidad muy importante. Si usted tiene que gastar 10.000 euros por instancia acopie usted 30.000 euros porque si queremos recurrir hasta el final y no tenemos el dinero y tal como están los bancos de ágiles... La ley no prevé ningún sistema de aplazar la tasa y si no se paga la tasa en el plazo del recurso se pierde el recurso.

En el ministerio dicen que se paga más por el abogado y procurador que por estas tasas.

Llevamos ya varios días soportando que diga eso, que se paga más a los abogados.

Hagamos cuentas.

El importe de los honorarios profesionales de los abogados es libre. No me cabe ninguna duda de que la minuta de los abogados, en muchos casos, va ser muy inferior a las tasas. Las tasas del señor Gallardón van a hacer que los abogados paguen el pan de sus hijos con ese esfuerzo en sus minutas. Me parece indignante que el ministro haga referencias, otra vez, de menosprecio hacia los emolumentos que cobran los abogados.

¿Por qué un menosprecio?

Seguro que conocerá a pocos abogados con muchos lujos y conocerá, sin duda, muchísimos más, miles, que están en los servicios sociales jurídicos de los niños, de las mujeres agredidas, maltratadas, de las asesorías a inmigrantes y extranjeros, de la orientación penitenciaria, de los discapacitados, ahora para mediar en los desahucios a causa de las hipotecas.

¿Se van a perder empleos?

Lo más importante es que se está obligando a los ciudadanos a comprar Justicia cuando los derechos fundamentales los tenemos amortizados hace muchísimo tiempo.

¿Habrá que dar una solución al exceso de pleitos?

En los juzgados que están bien dotados, que tienen medios, van al día. Y hay muchos juzgados que van al día, aquellos que están bien dotados, tienen un juez concienzudo y un personal adecuado y preparado. Y no hace falta más. Si hacen falta más jueces y formar mejor a los profesionales.

LOS MILITARES, “AMORDAZADOS” MÁS QUE DESOÍDOS

La cuarta “M” de la influencia social, es la de los militares, a pesar de que los gobernantes mediocres (como los actuales) intenten desprestigiarlos a menudo por activa o por pasiva, sin duda por la capacidad coercitiva que tienen como institución depositaria de la fuerza, garante de la soberanía e independencia de España y defensora de su integridad territorial y del ordenamiento constitucional. Una altísima misión, exigente hasta la entrega de la propia vida y políticamente desagradecida, que tampoco nace de la voluntad de ningún gobierno ni de ningún partido, sino de la del pueblo soberano al que sirven, del que forman parte inseparable y con el que se sienten plenamente identificadas.

Aunque la Institución Militar no es exactamente otro colectivo profesional también desoído por el Gobierno (por ejemplo en las continuas reformas del modelo de Fuerzas Armadas que le atañen per se). Se trata de lo que en democracia se ha de considerar como “ciudadanos de uniforme”, pero que los acomplejados ministros del ramo (García Vargas ha sido una excepción) mantienen intelectualmente “amordazados” hasta para pronunciarse en cuestiones históricas o en la defensa de sus misiones constitucionales específicas; algo que nada tiene que ver con su indiscutible e indiscutida neutralidad política o sindical.

No vamos a profundizar en una lamentable realidad de sobra conocida por nuestros lectores habituales, calificadora por sí misma de una enfermiza clase política que debajo de cualquier uniforme militar sólo ve golpistas, porque en esta web venimos haciendo una defensa constante de los derechos constitucionales de los militares. Quienes así les denigran con una visión tan deformada, razones tendrán para ello, pero desde luego injustas e indignas.

Lo que sí conviene, es concluir esta reflexión sobre la capacidad de los políticos para escucharse a sí mismos y desoír a los demás, tomando su mandato de representación electoral como un “cheque en blanco” para hacer y deshacer a su personal antojo, con una frase especialmente ajustada al caso: “Con suma frecuencia la política consiste en el arte de traicionar los intereses reales y legítimos, y crear otros imaginarios e injustos”.

Se debe al poeta italiano Arturo Graf. Tiene más de un siglo de vida pero parece pensada para definir literalmente la política de Rajoy.

En plena digestión de la mayoría independentista asentada en Cataluña tras sus recientes elecciones autonómicas, cuyos resultados han sido leídos de forma torpe y hasta cobarde por la mayoría de la clase política (ver nuestra anterior Newsletter titulada El “problema catalán” y las falsas lecturas del 25-N), el ex presidente del Gobierno José María Aznar ha levantado la voz y puesto el dedo en su propia llaga.

De hecho, ha reconocido el angustioso calado del problema “político” de España, poniendo en evidencia, de forma implícita, la incapacidad de Rajoy para comprender y afrontar la crisis en su realidad global.

Aznar se ha manifestado con inusual generosidad en una extensa entrevista concedida a la aguda periodista Victoria Prego y publicada en el diario “El Mundo” (02/12/2012), con respuestas sobre un amplio abanico de temas que no tienen desperdicio. Pero lo más llamativo del caso es que, en el fondo, la mayoría de sus mensajes parecen estar destinados a quien él mismo designó como sucesor político hace más de ocho años y que, ahora, habríamos de entender que le ha defraudado como presidente del Gobierno.

Valiente, un tanto engreído y nada auto crítico (ni por cuenta propia ni por la de su partido), el ex presidente Aznar se muestra dispuesto a “tirar del carro” (atentos a su posible reaparición política); lúcido en algunos análisis y en otros desmemoriado, reparte leña a todo el mundo menos al PP y siente la agonía de España sobrevenida en sus propias carnes.

La entrevista lleva a portada un titular puesto en boca del propio Aznar tremendo y revelador, “Sufro observando a España”, y se inicia con otra afirmación que, a modo de subtítulo, envuelve una demoledora crítica tácita de la miopía con la que Rajoy pretende atajar la metástasis autodestructiva del país, de forma ciertamente infructuosa: “Es imposible afrontar la crisis económica sin afrontar la crisis política”.

Y, a partir de ahí, destacan en ella muchas opiniones del entrevistado, todas interesantes y algunas, además, bastante sorprendentes, que, sin mayor ánimo crítico, no queremos dejar de apostillar en la acostumbrada línea de independencia editorial propia de esta web:

Apostilla: Cierto. Pero porque los dos partidos mayoritarios, PP y PSOE, así lo quieren ahora y así lo han querido con todos y cada uno de sus presidentes de partido y de Gobierno. La verdad parece que no está reñida con la hipocresía.

Apostilla: Incuestionable. Pero, entre otras cosas, haciendo pivotar la economía sobre el ladrillo y la burbuja inmobiliaria (en 1998 Aznar “liberalizó” el suelo), con sus posteriores y nefastas consecuencias, y vendiendo el patrimonio del Estado más productivo (“las joyas de la Corona”).

Apostilla: Indiscutible. Cuando crees, como Rajoy, que hacer política es cargarle el muerto de la crisis a la clase trabajadora mientras la red clientelar de los partidos, la banca, las grandes empresas, los grandes capitales y los evasores de impuestos se van de rositas, sin atacar los problemas de fondo, el precio es todavía mayor.

Apostilla: ¿Disponible para qué? ¿Para dar un golpe de mano en el PP…? ¿Para erigirse en el “Monti español” y presidir el Gobierno como comisionado europeo…? ¿Para propiciar un gran pacto de Estado con el PSOE…? No parece que este sea el momento más oportuno para especular sobre el sexo de los ángeles.

Apostilla: La mayor deslealtad con el país se produce cuando se traiciona el interés del Estado por un puñado de escaños y cuando se corrompe la democracia “colonizando” desde los partidos políticos sus instituciones más emblemáticas, como han hecho y hacen el PP y el PSOE.

Apostilla: ¿Incluidos los del PP, que hoy gobiernan España de forma mayoritaria…? ¿Incluida Ana Botella, que es alcaldesa de Madrid sin mérito alguno…?

Apostilla: El PP también ha pactado con esos mismos que “quieren cargarse a España”, cuando le ha convenido.

Apostilla: Los acuerdos suscritos por Aznar al comienzo de la VI Legislatura (1996) con los partidos nacionalistas, no fue, en modo alguno, una “culminación” del Estado Autonómico, sino un verdadero exceso de transferencias competenciales y de otras dejaciones institucionales interesadas para obtener un apoyo de estabilidad parlamentaria políticamente indigno, que marcó el punto de “no retorno” en el debilitamiento del Estado español.

Zapatero fue un político inmaduro y sin sentido de Estado que transitó de forma todavía más irresponsable por la senda del “pactismo” franqueada previamente por Aznar, sin que el PP tuviera la inteligencia de ofrecerle un pacto de gobernabilidad generoso para evitarlo.

Apostilla: Cierto. Pero ¿por qué no se lo puso el propio Aznar cuando gobernó con mayoría absoluta en la VII Legislatura, sin entender que los votantes se la otorgaron precisamente para que cumpliera sus promesas de “regeneración política"? ¿Y por qué no se lo pone ahora el Gobierno de Rajoy, también con mayoría parlamentaria absoluta…?

Apostilla: Eso fue en 1996. Y esa oferta de participación en el Gobierno, no aceptada por Pujol, se cambió por un paquete de cesiones estatales que ya sobrepasaban los límites del Estado Autonómico de forma temeraria e irreversible, abriendo una senda hacia el Estado Confederal que sin duda también podría conducir fácilmente al secesionismo.

Apostilla: El insulto catalanista es injusto y reprobable. Pero lo del “mal gobierno nacionalista” es otra cosa. Más o menos la misma que el mal gobierno de cualquier autonomía y no peor que el de los consentidores gobiernos centrales.

Apostilla: De acuerdo. Pero de ello tendría que pedir cuentas a personas muy concretas de su propio partido, como Mariano Rajoy y Jorge Fernández Díaz, y no lamentarse ante la opinión pública que ha reprobado sin límite la política antiterrorista del PP y, menos todavía, ante las víctimas de ETA que pueden considerarlo, cuando menos, como un chiste de mal gusto.

Apostilla: Hoy por hoy, ni en el PP ni en el PSOE hay quienes puedan acometer esa tarea. Lo prioritario e imprescindible, y también desoído por Rajoy, es abordar de forma urgente la reforma institucional del Estado, entre otras cosas para abrir la política activa a la participación de la sociedad civil.

Apostilla: Aznar acierta en la reflexión. Pero olvida que él ha sido el presidente del Gobierno que más alas ha dado al PNV (como reconoció en su momento el propio Arzallus) y que Rajoy es el que más ha apoyado al PSOE para, entre ambos partidos, sentar a Bildu en las instituciones políticas del País Vasco.

Apostilla: De lo dicho por Aznar, se entiende que considera la decisión del Tribunal Constitucional sobre Bildu equivocada, injusta y hasta antidemocrática. Pero ¿quién se ha empeñado en que dicha institución sea lo que lamentablemente es? ¿Y quién se empeña en que siga siendo lo que es? Pues, uno por otro, el PP y el PSOE.

Apostilla: Aznar debería repasar la historia de España más reciente y comprobar que esa “ruptura” no sería, ni mucho menos, cosa nueva. Quizás debería haber expuesto con algún detalle los argumentos de esa afirmación o los mecanismos que podrían evitarla.

Apostilla: Aznar cree firmemente que “salimos de esta”, pero no dice cómo ni cuándo (más o menos lo mismo que Rajoy). Y apela a la “obligación de los líderes” para conseguirlo, aunque previamente ha sostenido que no existen: “Hoy la política no es atractiva para la gente capaz (…). No me gusta cómo está la vida política; los políticos se han convertido en un problema grave para el país”…

Apostilla: ¿Y por qué Aznar no defiende simplemente el Estado unitario y descentralizado por regiones, que es el más natural, viable, ordenado y seguro, y también el más extendido en el mundo…?

Apostilla: Y si el ‘caso Bolinaga’ era “rechazable”, ¿por qué Aznar no se lo dijo en su momento a Rajoy, que, con todos sus atributos de presidente del PP y del Gobierno, fue quien lo propició…?

Apostilla: Enigmático. Y digamos que, a tenor de lo leído en la propia entrevista, la cosa no está precisamente para plantear acertijos ni adivinanzas.

OPTAR POR LA “ALFOMBRA” FRENTE A LA “CAPACIDAD”

También en nuestra última Newsletter, nos inclinábamos con respeto ante la honestidad intelectual y la capacidad analítica del profesor José Manuel Otero Novas, precisamente en relación con la misma “crisis política” que ahora tanto preocupa a José María Aznar.

Estuvieron muy cerca uno del otro durante los años de oposición del PP en los que se fraguó su programa “reformista”. Pero bastó que Aznar alcanzara la Presidencia del Gobierno en la VI Legislatura, para que esa proximidad y las ideas de regeneración política compartidas se fueran al traste; del mismo modo que se volatilizaron todas las expectativas de reformas institucionales esperadas de Mariano Rajoy, junto con todas sus promesas electorales, más o menos al cuarto de hora de su investidura presidencial.

Claro está que el caso de Aznar es muy distinto del de Rajoy. Para empezar, el primero hizo sus deberes en la oposición, supo montar equipos técnicos adecuados, escuchó, en lo que más necesitaba, a quienes sabían de banca, de economía, de empresas…, trabajó duro y controló con mano férrea el Gobierno y el partido que le sustentaba (con Álvarez-Cascos al frente de la guardia pretoriana). De hecho, y aunque no llegó a sustanciar sus promesas “regeneracionistas”, ganó unos segundos comicios legislativos por mayoría absoluta.

Sin embargo, Rajoy, por su parte, se dedicó a “vegetar” durante los ocho años que fue jefe de la oposición, sin llegar a tomar conciencia exacta (dijera lo que entonces dijera) del drama que ya en la IX Legislatura (2008-2011) estaba asolando España, incluyendo el de las autonomías y los ayuntamientos gobernados por el PP, y, menos aún, de su verdadera causa.

Cuando tuvo que formar Gobierno, se rodeó de un equipo de poco peso específico, con escasa capacidad de diagnosis y, por tanto, sin la de generar ideas resolutivas para afrontar la situación; marginó a quienes, siendo más capaces, no iban a servirle de alfombra e ignoró, olímpicamente, la vertiente política de la crisis, soslayando por tanto las reformas necesarias…

Y, gravísimo error, Rajoy también asumió en persona la dirección económica del Gobierno sin tener formación ni experiencia para ello, lo que además condiciona por efecto de imagen su capacidad de remover a los cargos implicados. Con la inconveniencia añadida de dejar la supervisión de la acción política en manos de una vicepresidente todavía “verde” (basta observar cómo maneja el CNI y el desastre viviente del Ministerio del Interior).

No merece la pena dar nombres, porque los profesionales de la economía, la empresa, las finanzas y hasta los funcionarios de prestigio (que de todo hay en el país) son perfectamente conocidos, con carnet o sin carnet del PP. Esos expertos reconocidos deberían haber sido, como sucedió en la época de Aznar, los consejeros técnicos e inmediatos de Rajoy al menos en esa materia económica que él, obviamente, no es capaz de digerir, pudiendo dedicarse entonces de forma sin duda más productiva a impulsar todas las reformas políticas necesarias, estructurales e institucionales, para las que, por su propia carrera política, parece más preparado.

NADIE PUEDE DAR LO QUE NO TIENE

Sabido es que, vitalmente, Rajoy no puede soportar mucha carga de trabajo ni atender demasiados problemas a la vez (que son los que son). Su experiencia como vicepresidente del Gobierno y ministro de Interior (2001-2002) en ejercicio simultáneo, fue definitiva al respecto, hasta el punto de que este último sería dirigido en la práctica por su subsecretaria “machaca”, Ana Pastor, con gran habilidad, incluso, para que firmara el día a día sin aparecer por su despacho ministerial, ejercicio que para él debía suponer un esfuerzo ímprobo.

Rajoy es, sobre todo, un político pasivo, al que desagradan profundamente los cambios, las broncas y las tensiones, tanto como la acción y las ideas rompedoras (necesarias en momentos de crisis total).

Es una especie de nihilista gallego empeñado en el “no ser” y en el “no hacer”, acostumbrado a la mera espera contemplativa y a que alguien le de las cosas hechas, como exige a sus colaboradores más inmediatos; a que otros le gestionen benéficamente “lo suyo”, como sucede con el Registro de la Propiedad de Torrevieja…

Es un inmovilista por naturaleza y una auténtica “ave fría” de la política, que sólo confía en un entorno servil y que aplica la despiadada “cicuta del silencio” a todo el que ose contrariarle o simplemente le reitere cualquier cosa que no le guste escuchar. Un hombre que, en fin, hasta vive “pasivamente” su única afición conocida, el deporte, repantingado en una buena poltrona ante la “caja tonta”, con copa y puro de por medio.

Eso es lo que hay y ese es el “buey grande” que esta tirando del carro de la España más problemática desde el 23-F: el “regalito” que la incompetencia de Rodríguez Zapatero nos ha dejado envuelto en el papel-celofán de la mayoría absoluta. Que nadie se llame a engaño, y menos que nadie Aznar, esperando que Rajoy vaya a darnos lo que no tiene o que cabalgue a lomos del viento, sable en mano, para defender de verdad la España “una, grande y libre”, porque semejante cosa es metafísicamente imposible.

OTRA TORPEZA: NEGAR LAS “VÍAS DE AGUA” DEL SISTEMA

Quizás, esa “insuficiencia” orgánica o vital de Rajoy para posicionarse y actuar en varios planos a la vez y su incapacidad para analizar la crisis bajo una perspectiva múltiple, cosa que requiere una “inteligencia divergente” más propia del “creativo” que del “opositor”, sean las circunstancias que le impiden diagnosticar y afrontar el problema de España en toda su amplitud. Porque, estando atrapados, como estamos, en una espiral de caída libre ad limitum, lo sustancial no es establecer prioridades de políticas excluyentes, que en cualquier caso son insuficientes, sino combatir el estrangulamiento económico por todos los frentes y con todas las armas posibles.

Sin discutir para nada la necesidad de cumplir el objetivo de reducción del déficit público, siempre que se plantee en plazos razonables y sin entrar en una dinámica con “efecto boomerang” (en la que ya se ha entrado), existen otras “vías de agua” por debajo de la línea de flotación del sistema con la misma capacidad de hundirlo. Y que, de hecho, a pesar del achique del déficit, lo están hundiendo. Es decir, de nada vale centrar la guerra en una única batalla falsamente “decisiva”, mientras el enemigo ataca por veinte frentes distintos, en los que, uno a uno, es necesario aplicar la respuesta adecuada.

Porque, ¿a dónde nos conduce el contumaz exclusivismo “anti-déficit” de Rajoy con una economía de crecimiento negativo? Sencillamente a esta correlación letal: Mayores impuestos, menos sueldos y más incrementos del IPC, generan de forma indefectible menos consumo, menos producción, menos empleo, menos cotizantes a la Seguridad Social y menos aportación al Tesoro, aumentando el importe de las prestaciones de desempleo, el déficit público (con un mayor coste de financiación)… y vuelta a empezar con un menor consumo, menos producción…

Una encadenado perverso de acciones y reacciones que destruye el sistema económico y amenaza con volar también el sistema de pensiones, lo que, dicho llanamente, no supone otra cosa que la quiebra económica total del Estado, que ya tocamos con la punta de los dedos por mucho que el Gobierno quiera ocultarlo.

Cualquier persona, y decimos exactamente “cualquiera”, incluidos los padres de la criatura, puede entender que intentar conjugar el déficit público prácticamente sólo a costa del paro, es nefasto; que mientras la economía siga decreciendo, el paro seguirá aumentando y que, mientras el Gobierno no rectifique su política de lucha contra la crisis, cada vez nos hundiremos más en ella, sin esperanza ni posibles milagros.

“TAPONAZOS” PARA EVITAR EL HUNDIMIENTO GLOBAL

Por ello, y haciendo los deberes que exige Bruselas, en tiempo y forma que no supongan, como están suponiendo, llevarnos al suicidio económico colectivo, hay que asumir y taponar ya con extremada urgencia todas las vías de agua del sistema, empezando por las que más inciden en el paro y más deterioran la economía productiva. Un “trabajo en línea” propio del sentido común que ya tuvo un precedente, aun de signo distinto, cuando los recortes y tijeretazos impuestos por el Gobierno se compaginaron con una reforma laboral cuya necesidad era más que evidente.

El primer “taponazo” es el de fomentar la creación de empleo. Ninguna economía moderna puede sobrevivir con un índice de paro continuo superior al 25 por 100 (vamos a por el 30 por 100), porque, en el mejor de los casos, se reconvierte en una economía sumergida, generando, a su vez, más fraude fiscal, más déficit público y, otra vez, más paro. Para ello, bastaría incentivar seriamente a las pymes (3.243.185 censadas en 2012), como se incentivan otras cosas, para que, por término medio, cada una de ellas contratase a un nuevo empleado.

El segundo consiste en recuperar para el Estado todas las competencias que constitucionalmente le son propias o que, en cualquier caso, éste puede ejercer de forma unitaria con mayor eficiencia y economía de recursos. Para empezar las más razonables de Sanidad, Justicia y Educación.

El tercero significa adelgazar el aparato de las administraciones públicas, evitando duplicaciones de servicios y dilucidando con claridad y sentido común las necesidades reales de la proximidad administrativa al ciudadano, racionalizando la organización y el funcionamiento de todos los entes locales (ayuntamientos, comarcas, diputaciones, cabildos insulares…) mediante una ordenación legal de nuevo cuño.

El cuarto supone “repensar” el Estado de las Autonomías, fijando sus límites con claridad y condicionando su funcionamiento en términos de justificación social y viabilidad económica, de forma que las que no puedan o prefieran no existir, se integren en otras autonomías o reviertan su gobierno a la Administración Central.

El quinto conduce a revaluar de forma imperiosa y progresiva las altas instituciones del Estado y sus organismos más emblemáticos, con el Poder Judicial en primer lugar, garantizando la independencia y la funcionalidad necesarias para el fiel cumplimiento de sus misiones, y a que las mismas recuperen la dignidad democrática inherente.

El sexto tendría que establecer un régimen impositivo menos antisocial y más solidario, persiguiendo de verdad la evasión fiscal tanto de las personas físicas como de las jurídicas y convirtiendo las empresas instrumentales establecidas en paraísos fiscales en sujetos delictivos o gravados con cargas extraordinarias. Y empezando por las 80.000 sociedades domiciliadas en Gibraltar vinculadas a ciudadanos españoles…

Pero dejémoslo ahí, porque no es nuestro objetivo enseñar a nadie cómo debe gobernar (sí lo es criticar a quienes no lo sepan hacer). Y porque, siendo los problemas de España tan evidentes, cualquier ciudadano sensato podía ampliar fácilmente este listado básico de sugerencias, en verdad poco matizables, para empezar a sacar al país del grave embrollo en el que se encuentra.

EL PACTO DE ESTADO PARA LA REFORMA CONSTITUCIONAL

Aunque, debido a los errores acumulados, gobierno tras gobierno, con la sanción de los distintos Estatutos de Autonomía, todo lo que es necesario corregir en el actual desmadre competencial, ha de pasar de forma obligada por una reforma de la Carta Magna, y ésta por un pacto de Estado de muy amplia mayoría, al igual que cualquier rectificación fundamental del sistema institucional consagrado en su redacción original.

Hablamos de un texto constitucional ya lastrado que, en realidad, se está conculcando día a día y cuya necesaria adecuación al mejor ejercicio de la democracia se obstaculiza, no por la ley ni por la razón, sino por un torpe y egoísta antagonismo entre el PP y el PSOE, del que, como hemos escrito en tantas ocasiones, el grueso de la ciudadanía está cada vez más harta (y también por el temor de la Corona, quizás justificado, a que en dicha reforma se perjudique su futuro).

El malestar ciudadano contra la temeraria política “zapateril” practicada por el PSOE, es enorme, como demuestra su reflejo en las urnas, y de difícil reconducción. Pero el malestar contra el PP y su timorato presidente, que utiliza la mayoría parlamentaria absoluta para divagar en lo fundamental y hundir a las bases sociales del país, sin plantear, ni por asomo, políticas económicas y fiscales más justas y eficaces, lleva camino de ser todavía mayor, a pesar de su éxito electoral previo, o precisamente por el fiasco que supone no saber gestionarlo.

Y mucho mayor, si cabe, es el malestar social que se proyecta de forma conjunta contra la “clase política”, por sus connivencias en beneficio de la partitocracia y por la corrupción política que auspicia y practica de forma generalizada con las mismas y comunes malas artes. Cuando Aznar y algunos otros políticos todavía no alienados por la podredumbre del sistema se pronuncian en ese preciso sentido, sólo están reconociendo la realidad que fluye en todas las encuestas de opinión, sean realizadas o patrocinadas de la forma que fuere.

Poco más cabe decir ya sobre las posiciones antagónicas del PP y del PSOE en relación con la reforma constitucional, claramente expuestas por cada partido justo en el marco del 34 Aniversario de la Constitución Española.

El PP la niega con miserable rotundidad, salvo que España entera se someta a su expresa proposición textual y en el momento que considere oportuno (el típico “que me lo den hecho” de Rajoy). Y el PSOE, roto y perdido en sus veleidades políticas, se embarca en una trágica huida hacia adelante no menos mísera, proponiendo un Estado Federal que, con otro nombre, es el que ha marcado el origen del actual desbarajuste institucional…

Los líderes de ambos partidos sabrán lo que hacen. Pero hay una realidad sociológica profunda que emerge trágicamente cuando, en los momentos más difíciles de nuestra historia, prevalecen el interés y la lucha partidista frente a la integración nacional: la salida lleva a la revolución o al pacto constitucional.

En nuestra anterior Newsletter reflexionábamos sobre la conveniencia de conocer la realidad objetiva a efectos del buen gobierno político. Decíamos que, en esencia, la razón depende de la verdad y que sólo cuando el gobernante o el opositor conocen y asumen las cosas como son en sí, alcanzan esa verdad, lo que les permitiría actuar con razón y no contra ella, mientras que de otra forma caerán en el error y, por tanto, en la acción política inútil, cuando no perniciosa.

Este es un razonamiento muy sencillo, pero de difícil sustanciación a tenor de los muchos ejemplos que nos ofrece la política española. Uno bien próximo es el de las elecciones celebradas el pasado 25 de noviembre para renovar anticipadamente el Parlamento de Cataluña y, en consecuencia, para decidir la Presidencia y el nuevo Gobierno de la Generalitat.

En esta ocasión, y como suele suceder, los partidos en liza han realizado una lectura interesada, lo más positiva posible para ellos mismos y del todo negativa para los demás. De esta forma, llegamos al absurdo de siempre: considerando el conjunto de las opiniones partidistas, parece que nadie ha perdido las elecciones, porque a todos les ha ido muy bien; sin que en ningún momento aflore la más mínima “autocrítica” razonable en quienes, efectivamente, han sido los grandes derrotados en Cataluña: el PP y el PSOE.

PERO, ¿QUIÉN HA GANADO LAS ELECCIONES CATALANAS?

Algunos niegan, incluso, la evidencia de que las elecciones del 25-N las ha ganado quien las ha ganado, que ha sido Convergència Democràtica de Catalunya (CiU), y de forma inapelable, obteniendo 50 escaños (con el 30,68 por 100 de los votos válidos emitidos) mientras la segunda fuerza política solo alcanzaba 21 escaños (con el 13,68 por 100 de los votos), es decir bastante menos de la mitad. Pero, si la victoria de CiU ha sido tan abrumadora, ¿a que viene el absurdo de algunos portavoces de los partidos competidores empeñados en deslegitimar esa clara victoria, demandando, incluso, la dimisión del presidente de CiU, Artur Mas? ¿Y, en todo caso, qué derecho tienen estos políticos “perdedores”, para inmiscuirse, además, en las decisiones internas de una organización que les es ajena…?

Cierto es que Artur Mas había pedido a los electores que votaran a CiU de forma masiva para conseguir una mayoría absoluta (algo que siempre es un resultado extraordinario), lo que, además de ser legítimo y tácticamente conveniente, debería pretender cualquier líder que se precie. Pero lo que está clarísimo es que si a quien ha ganado las elecciones se le pide que dimita por no haber conseguido mayoría absoluta, quienes habiéndolas querido ganar aun con mayoría simple (que es lo suyo) las han perdido, tendrían que aplicarse la misma exigencia que reclaman a otros y, con mayor motivo, ser los primeros en dimitir de sus cargos partidistas.

Dada la importancia política de estos comicios, en los que se sin duda alguna se medía la temperatura del independentismo catalán y, por tanto, la fortaleza o debilidad del actual modelo de Estado, lo primero que demuestra la legítima victoria electoral de CiU, que en efecto ha perdido 12 escaños respecto de su posición anterior, es la incapacidad del PP para recogerlos, entendiéndose que representan votos de la derecha catalana no secesionista. El PP se ha quedado atascado en los 19 escaños y el 12,99 por 100 de los votos, lo que a tenor de la bandera “españolista” que arriaba en la campaña y de ostentar la mayoría absoluta en el Congreso de los Diputados y en el Senado, presidiendo por supuesto el Gobierno de la Nación, es un derrota sin paliativos, extremadamente grave justo a efectos del problema secesionista de fondo que subyacía en estos comicios. Y punto pelota.

Pero es que, todavía peor, este flagrante fracaso político del PP en Cataluña se ha visto acrecentado por el éxito de Ciutadans, que ha incrementado su peso parlamentario con seis escaños más sobre los tres que ya tenía; es decir creciendo en escaños un 200 por 100 y consolidándose como fuerza política directamente competidora del PP. David le ha robado la posición política a Goliat y Goliat-Rajoy se fuma un puro, que es lo que mejor sabe hacer, aunque esto pueda marcar el principio del fin del PP en Cataluña.

Pero si el analista sensato puede preguntarse por qué extraña razón los resultados electorales del 25-N han de provocar la dimisión de Artur Mas y no la de la popular Alicia Sánchez-Camacho, que a pesar del lío en el que se ha metido parece encantada de haberse conocido, o la del propio Rajoy, que ha fracasado totalmente en su defensa del Estado español, también podría mirar hacia el PSOE y plantearse algo parecido. Pere Navarro, líder del PSC, y su padrino político Alfredo Pérez Rubalcaba, se muestran razonablemente satisfechos porque, como gran alternativa de gobierno en España, sólo han perdido ocho escaños, tres o cuatro menos de los que les vaticinaban los sondeos demoscópicos previos… (¡Vaya tropa!).

Dicho de otra forma, el PSC-PSOE también se muestra encantado de seguir compitiendo a la “pata coja” y con el brazo en cabestrillo en el maratón político catalán, como en el vasco o en el gallego, sin soltar el lastre de su estúpida propuesta “federalista” que todavía va más allá de la barbarie autonómica: taifas sobre taifas. Con todo, que es mucho y francamente lamentable, a este par de “figuras” políticas, perdedores de tercera categoría, sólo se les ocurre criticar a quien, además de haber ganado las elecciones del 25-N con toda claridad, también les ha “mojado la oreja” más que doblándoles en votos y escaños. Claro está que, con estos personajes de por medio, la valoración social de la clase política, y en particular la del PSOE, seguirá bajo mínimos.

EL “PROBLEMA CATALÁN”: GANA CiU y ERC, PIERDEN PP Y PSOE

Lo que subyace en toda esta interpretación equivocada de los resultados electorales del 25-N y en las rabietas de la oposición contra Artur Mas, acompañadas con la absurda exigencia paralela de que renuncie al liderazgo de CiU, es su trasfondo secesionista. Abanderando la eclosión ciudadana del independentismo, palpable a más no poder, CiU se ha atrevido por primera vez a encabezar su programa electoral con esta atrevida aspiración política, de forma tan arriesgada como rotunda. Su “pulso” frente al Gobierno de la Nación (y también frente a la oposición socialista) fue total, y en el análisis objetivo de la situación hay que decir que ha sido ganado en toda regla, por mucho que se quiera ocultar o no reconocer.

A este respecto hay que tener presente tres consideraciones sustanciales que tanto el PP como el PSOE quieren ignorar, o que simplemente ignoran por su escasa capacidad analítica.

La primera de ellas es que por primera vez en el nuevo Estado democrático, los votantes de CiU han asumido con plena consciencia, y expresándolo sin ambages en las urnas, la exigencia independentista, porque los votos de quienes piensan de forma distinta o se han sentido más “españolistas” han emigrado obviamente hacia otras formaciones políticas (caso, por ejemplo, de los casi 170.000 votantes que han incrementado la base electoral de Ciutadans y que le han supuesto seis escaños más). Por tanto, a partir del 25-N ya no cabe suposición alguna sobre las “señas independentistas de CiU”.

En segundo término, el gran refrendo de esta exigencia de independencia es mucho más palpable con el éxito obtenido por ERC (Esquerra Republicana de Catalunya), partido que ha doblado sus escaños (21 frente a los 10 precedentes) convirtiéndose en la segunda fuerza política, a pesar del fracaso que cosechó recientemente participando en el llamado Gobierno “tripartito”; un dato que sin duda es el más significativo de las elecciones. Es decir, el problema de fondo (el pulso de la secesión) se agrava para los partidos “españolistas” (y para el Estado) una vez que el éxito de CiU se ha visto flanqueado con el de ERC, partido bastante más radical al respecto.

En tercer lugar, y por si lo dicho sobre “ganadores” y “perdedores” no fuera suficiente, las elecciones del 25-N han dado juego también para que una plataforma independentista todavía mucho más radical, CUP (Candidatura d’Unitat Popular) haya obtenido más de 126.000 votos y tres escaños. Una irrupción en la arena política en modo alguno menor o accesoria, dado su activismo y su conexión con los movimientos sociales de base municipal.

EL INDEPENDENTISMO SIGUE SU CAMINO

La aritmética del caso es bien simple: en el Parlamento de Cataluña se acaba de consolidar un frente “independentista” mayoritario de 74 escaños y una oposición minoritaria “españolista” de 61, que, además estar menos cohesionada, no comparte una misma idea del Estado ni tiene las cosas claras al respecto, lo que, por otra parte, evidencia su incapacidad para defenderlo. Ese reparto de posiciones antagónicas, además de mostrar una división real de la sociedad catalana en relación con el propio concepto de España y su sistema de convivencia, tiene todas las trazas no sólo de que una de ellas (la “independentista”) ya sea irreversible, sino de que irá creciendo a costa de la otra (la “españolista”), tanto por efecto de la acción política cotidiana, autonómica y municipal, como por la incapacidad de los partidos nacionales para contrarrestarla.

Uno de los comentaristas políticos más clarividentes al respecto, quizás por su independencia personal, Federico Jiménez Losantos, lo afirmó nada más conocerse los resultados electorales del 25-N. En su columna habitual de “El Mundo” (Comentarios Liberales) publicada un artículo titulado “Lo de menos era Mas” (26/11/2012) en el que, despegado incluso de la línea editorial del periódico, afirmaba acertadamente que si bien Artur Mas había perdido 12 escaños y fracasado en su aspiración de alcanzar una mayoría hegemónica, su proyecto secesionista había vencido, sin duda. Y explicaba:

“¿A quién ha vencido? Evidentemente, a todos los que se oponían al referéndum y a la independencia, bien para mantener la España autonómica -PP y Ciudadanos-, bien para reconvertirla en una España federal ‘con derecho a decidir’, o sea, a separarse -PSC-. Leales y desleales, coherentes e incoherentes han sido igualmente derrotados, si bien Ciudadanos puede presumir de un gran resultado como partido. Los partidarios de defender el Estado Español actual no llegan a 30 escaños e incluso sumando a los que quieren una España en porciones y desechable no llegan a 50. Sobre 135”.

A continuación, Jiménez Losantos se hacía una doble pregunta de respuesta obvia: “Pero ¿alguien cree que el PSOE se ofrecerá al Gobierno de Rajoy para constituir un frente español que dé la batalla política y mediática al frente separatista catalán? ¿Y alguien cree que el Gobierno del PP, con toda su mayoría absoluta, será capaz siquiera de intentarlo?”.

La conclusión del articulista era fiel expresión de la realidad objetiva y, por ello, bien contraria a las falsas lecturas del 25-N realizadas por sus dos grandes perdedores, el PP y el PSOE: “Lo de menos era Mas. El separatismo sigue adelante”.

¿Y DE QUÉ VALIÓ EL “JUEGO SUCIO” DE LA CAMPAÑA ELECTORAL?

Lo advertimos en nuestra anterior Newsletter (“La realidad objetiva y la manipulación política”). El marcado tinte de “guerra sucia” electoral que tuvo la reactivación mediática-policial del “caso Palau” en plena campaña del 25-N, con graves acusaciones personales contra Artur Mas (todavía sin probar judicialmente), no evitaría la clara victoria de CiU que cantaban los sondeos demoscópicos previos. Sin embargo, sí que pudo desplazar el voto independentista hacia posiciones más radicales que las de CiU y, por supuesto, generar un enfrentamiento con el PP difícilmente “reconciliable” bajo la presunción de que su entorno amparaba tan torpe estrategia política, como ha sucedido.

Algunas circunstancias posteriores no han dejado de avalar la hipótesis “conspirativa” del caso. Para empezar, el hecho de que, una vez concluidas las elecciones catalanas, “El Mundo” y sus apoyos satelitales hayan dejado de tratar el tema, es bien significativo al respecto. Lo que antes se presentó como una vergüenza nacional y objeto de persecución inquisitorial, después ha desaparecido de sus páginas disuelto como un azucarillo en un vaso de agua.

Al mismo tiempo, otro caso importante de supuesta corrupción política, el investigado en la “Operación Mercurio”, pero que afecta básicamente a políticos socialistas y populares, sólo fue publicitado tras haber concluido las elecciones del 25-N, permaneciendo en prudente hibernación informativa hasta ese momento.

De hecho, el “caso Palau”, reconvertido electoralmente en el “caso Mas”, ya ha comenzado a generar un efecto “boomerang” contra sus promotores. Tres Juzgados de Instrucción de Barcelona, el 33, el 31 y el 24, han emitido autos en los que admiten a trámite las querellas presentadas contra “El Mundo” e imputando a los periodistas Eduardo Inda y Esteban Urreiztieta por un posible delito de calumnia e injurias, presentadas respectivamente por Artur Mas, presidente en funciones de la Generalitat de Catalunya, por su Departamento de Interior y su titular (Felip Puig) y por el ex presidente de la misma institución, Jordi Pujol.

Al mismo tiempo, la Policía ha abierto un expediente informativo al líder del Sindicato Unificado de la Policía (SUP), José Manuel Sánchez Fornet, por difundir el “borrador de informe policial” que, en expresión del diario “El País”, enfangó las elecciones catalanas. Este mismo medio informativo ha resaltado el “embrollo” en el que se ha metido el Ministerio del Interior, que sigue sin aclarar el origen del “borrador” de marras…

Si la corrupción política está destruyendo España, como es cierto, persígase allí donde se produzca de forma inmediata, con todos los medios legales disponibles y, en su caso, con sentencias firmes verdaderamente ejemplarizantes. Lo demás es basura y ponzoña política de la peor clase, con la que nuestra democracia hiede a kilómetros de distancia, amparada en una politización institucional intolerable y con una invasión partitocrática de los altos organismos del Estado que los convierte en una pura comparsa, al corte de las repúblicas bananeras.

OTERO NOVAS Y LOS “MITOS DEL PENSAMIENTO DOMINANTE”

José Manuel Otero Novas es, entre otras cosas, un ensayista que sabe correlacionar el pensamiento teórico con la acción de gobierno; y también valiente porque, sin desprenderse de su reconocida afabilidad y sus buenas maneras, suele sobrepasar la línea de lo “políticamente correcto”. Es, por tanto, en esa faceta de escritor y analista de la realidad política, un autor especialmente recomendable. De hecho, en un ensayo titulado “Asalto al Estado: España debe subsistir” (Biblioteca Nueva), publicado en 2005, ya advertía acertadamente de la errada y peligrosa deriva por la que discurría el Estado de las Autonomías.

En su opinión, y aunque se hayan venido manteniendo las apariencias, una vez concluida la Transición el Estado español no ha dejado de mostrar su extrema debilidad, en poderes y en voluntad de sobrevivir, creciendo su inoperancia día a día por voluntad generalizad de los sucesivos gobiernos del PP y del PSOE. Por supuesto que con grave perjuicio para el conjunto de los ciudadanos, que de esa forma están perdiendo su capacidad de progreso y su propia fuerza vital, de forma ciertamente arriesgada porque “la historia enseña que las naciones se crean con sangre y se desintegran con sangre”.

Otero Novas, que se confiesa corresponsable del diseño del Estado de las Autonomías (fue entre, otras cosas, ministro de Presidencia y estrecho colaborador del presidente Adolfo Suárez durante el proceso constituyente), explica en aquel ensayo cómo la Constitución ha sido violentada de forma subrepticia y continuada por querer jugar a todo, a la igualdad y, al mismo tiempo, a la diferenciación. Y lo cierto es que, pese a la esencia federal contenida en la Constitución, inmediatamente se comenzó a transitar por la senda confederal, lo que ha supuesto ir negando de forma progresiva la Nación española y entender el Estado como un mero instrumento al servicio de las Comunidades Autónomas, lo cual es mucho más lamentable y crítico cuando sus pocas funciones aún no transferidas, ya no son estrictamente suyas sino de la Unión Europea…

Más tarde, en 2011, Otero Novas publicó otro libro, “Mitos del pensamiento dominante” no menos lúcido y revelador, que incluso se podría catalogar como transgresor a tenor de como están hoy las cosas. Desde entonces, ha venido difundiendo sus análisis y propuestas políticas en los círculos de opinión informada cada vez más distanciado del PP, partido con el que, tras la desaparición de UCD, colaboró activamente hasta que en la VI Legislatura el Gobierno de José María Aznar optó por reimpulsar las transferencias a las autonomías en materias netamente estatales.

Al amparo de aquel ensayo, concedió una entrevista a la periodista Blanca Torquemada publicada por el diario “ABC” (16/10/2011), cuyo contenido ha ido adquiriendo más sentido día a día. La amenaza del secesionismo catalán aconseja volver a leerla:

Otero Novas: “La Constitución no dice que España se divida en comunidades autónomas”

El hombre que convenció a Suárez del Estado de las Autonomías clama hoy contra sus excesos y desafía a la corrección política con su libro “Mitos del pensamiento dominante”

BLANCA TORQUEMADA

ABC 16/10/2011

Otero Novas (Vigo, 1940) es un erudito afable, un lúcido y ameno conversador. Sabe trasladar la solidez intelectual de sus escritos a la llaneza del lenguaje hablado y salpimenta sus exposiciones con retazos vibrantes de la etapa crucial que le tocó vivir. Y también gestionar, porque fue uno de los cocineros de la Transición, en fogones donde cualquier ingrediente mal medido podía arruinar el guiso y envenenar el milagroso equilibrio de la convivencia. Alejado de la política activa desde 1996, continúa ejerciendo la abogacía y preside el Instituto de Estudios de la Democracia de la Universidad San Pablo-CEU, atalaya desde la que aporta perspectiva y reflexión. Ahora publica un nuevo libro (“Mitos del pensamiento dominante. Paz, democracia y razón”, editado por Libros Libres), en el que desmonta lugares comunes enquistados en la sociedad y en el debate político.

-Admonición de su nuevo ensayo: craso error creer que nuestro sistema de valores es inmanente y eterno.

-Ya lo decía en mi libro anterior: que nadie crea que esto es lo definitivo. No. Los hechos no se repiten, pero sí las tendencias. De lo de hoy vamos a pasar a lo que vino antes, y luego lo de ahora volverá otra vez. Y estudiando eso me metí a ver cuáles son las características de la etapa presente, y ahí estaban la paz, la democracia y la razón que subtitulan el libro, para ver hasta qué punto hoy son verdad. Porque mitificamos la tendencia, y nos creemos que la tendencia es la realidad. Y no lo es.

-¿De modo que la democracia entendida como poder de las mayorías es un mito?

-Hoy somos más demócratas que en 1960, y más que en 1990, pero no somos demócratas. Solo estamos más cerca de la democracia. En los sistemas occidentales contenido democrático claro que lo hay, algo pesa el pueblo, pero no más de un veinte por ciento.

-Porque entre el voto y la toma real de decisiones hay una distancia abismal...

-¿Qué es el voto? Si yo voy el día de las elecciones y quiero votar al vecino del quinto, no puedo hacerlo. En la mesa te ponen una docena de nombres, y de esa docena, de verdad tienes que elegir entre tres. Pero yo no elijo el Gobierno. Voto por uno de los tres, pero no entre los 44 millones de españoles. Quien manda de verdad es quien selecciona esos tres nombres.

-En otra vertiente, estima que aquel sector franquista de 1975 (amplio, sociológicamente) que aceptó la llegada de una democracia ordenada no habría transigido si hubiera visto el problema territorial que tenemos ahora.

- Yo me comprometí con Suárez a trabajarme a sesenta procuradores, y les dibujaba cómo iba a ser el futuro. Y no les engañé. Les dije: “Lo lógico es que nosotros ganemos ahora y que luego llegue a gobernar un partido socialista...”. Pero si hubieran supuesto lo que es hoy la España autonómica, no lo habrían aceptado.

-¿Y por qué hemos llegado a esto?

-Yo convencí a Suárez de la España de las Autonomías, y él deseaba ser convencido. Me llamaba “el separatista del Gobierno”. Y, llegado el momento, le propuse: “Transferimos el sistema educativo, pero nosotros nos quedamos con los planes de estudios, con los currícula (y no se dará el título si no lo cumplen) y con la alta inspección educativa dentro de las escuelas. Eso es más que suficiente”. ¿Y qué pasó? Pues que a partir de entonces no se cumplió la Constitución, porque en lo que estamos hoy no es lo que dice la Constitución. La Constitución no dice que España se divida en comunidades autónomas. Eso no lo dice. Y la Constitución dice que los puertos de interés general son competencia exclusiva del Estado. Y se han transferido. Los transfirió Aznar la noche que ganó las elecciones. De modo que si tuviéramos que desembarcar marinos en Barcelona necesitaríamos el consentimiento de la Generalitat.

-¿Se transige con esos incumplimientos en busca del apaciguamiento?

-El error nuestro (y de ese error participé yo) fue una razón utilitaria. Lo que nos preocupaba entonces era ETA, y el argumento era: “Si les damos una razonable autonomía, desaparecerá la violencia”. Yo me acuso de haberme equivocado en ese punto. Luego ya no me acuso de las cesiones, porque cuando empezó la deriva yo estuve en contra dentro del Gobierno y fuera del Gobierno. Siempre. Pero el error inicial de creer que se darían por satisfechos sí lo cometimos. Y por eso clamo ahora contra las políticas de apaciguamiento.

-¿El deterioro de la unidad territorial al que hemos llegado tiene aún arreglo?

-Cada vez es más difícil.

-Se apunta en su nueva obra que para una solución sería necesaria la gran coalición de las dos fuerzas mayoritarias.

-Yo sería partidario de la gran coalición y trabajaré para convencerles, pero me hago pocas ilusiones. Si no se hace esa gran coalición, la solución dentro del sistema pacífico y democrático tendría que ser la de constituir una fuerza política cuyo único objetivo sea ese, que no se meta en derechas ni izquierdas, y que sepa que a lo mejor tienen que pasar quince años hasta que tenga fuerza de verdad. Eso puede ser el polo que atraiga al ochenta por ciento de la población española para arreglar el desmadre. Luego, hay otra posibilidad. La solución de esto puede venir también por algún drama.

-¿No es descartable que acabemos en guerra por esta cuestión nacional?

-No lo es.

-También relaciona nuestra entrada en la UE con los problemas económicos que tenemos ahora. Suena provocador.

-Yo ya escribí sobre eso en ABC un año o dos después del ingreso de España en la Unión Europea. Era crítico, y decía que “esta manera de entrar no me parece bien, por ahí vamos a perder”. Pero es un tema tabú también, y yo lo toco muy poco en el libro. Eso necesitará un libro aparte.

-Pero sí esboza una cosa: que el ingreso en la Europa comunitaria ha contribuido a deshacer el tejido productivo español, al habernos convertido en una sucursal de vacaciones de nuestros socios...

-Es así. España hasta 1986 tenía balanza comercial positiva con Europa. No ganábamos mucho dinero, pero todos los años ganábamos algo. Pero ingresamos en 1985 y en 1986 ya perdemos. Poquito, pero algo. Llegamos a los años 90 y ya perdemos un billón y dos billones de pesetas al año. Hablando en pesetas, hemos llegado a perder siete y ocho billones de pesetas anuales, mientras que en los años más gloriosos de ayudas comunitarias a España de saldo positivo (porque nosotros también damos dinero a Bruselas del IVA o de impuesto de aduanas), en el año que más recibimos obtuvimos 1,1 billones de pesetas. En este momento la ayuda es prácticamente cero, ya no tenemos saldo positivo. Así que como balance de esta etapa, si nos han dado 1,1 para autopistas, hemos perdido 5,5 en el comercio con Europa. ¿Qué significa eso? Que para pagar hemos tenido que vender nuestras empresas. Y como ya nos quedan pocas, pues nos hemos dedicado al endeudamiento. Un endeudamiento que, neto, es igual al PIB de España. Luego, decimos “los años del bienestar”... Sí, pero con un billón de euros que debemos.

-Ha hecho fortuna la percepción de que ustedes los políticos de la Transición estaban hechos de otra pasta, y que ahora tenemos dirigentes bastante más ramplones. ¿Es una apreciación justa?

-Yo creo que hay una diferencia notable. La clase política de la Transición no era una clase política profesional. No éramos profesionales. No ibas ahí a hacer carrera, porque la carrera la tenías en otro sitio. La dedicación política era más bien un honor. Ibas y volvías.

SOBRE LA RUPTURA DE ESPAÑA

José Manuel Otero Novas sostiene, y no precisamente a partir del 25-N sino desde mucho antes, que España se desmiembra. A diferencia de otras voces críticas que sectariamente sólo señalan en este sentido a un partido político (bien al PSOE o bien al PP), también asegura que la responsabilidad de esta desmembración es compartida por todos los gobiernos del actual régimen democrático.

La razón es que, desechándose torpemente un pacto entre los dos grandes partidos, poco a poco se ha ido caminando hacia un Estado confederal a base de acuerdos con los nacionalistas, que después han tenido su reflejo en el resto de las autonomías. Pero Otero Novas también advierte, porque sabe de la historia y sus repeticiones, que España se ha desintegrado varias veces y siempre se ha solucionado, pero con sangre.

En su opinión, la sociedad española actual es mucho más hedonista que la de la Transición, con una clase política acorde. Antes, los políticos sabían de su temporalidad, pero ahora son profesionales, cosa que no plantea como una crítica sino como una realidad.

El Estado de las Autonomías ha llegado a ser un gran problema, pero Otero Novas no se muestra partidario de hacerlo desaparecer, sino de volver a lo que está realmente escrito en la Constitución. Y de afrontar una reforma constitucional aclarando todo lo que se ha interpretado mal en estos años.

Confía en que se pueda reconducir esta crisis institucional. Su esperanza es que, viendo que vamos a chocar contra un muro, seamos capaces de frenar a tiempo, admitiendo las reformas necesarias y evitando políticas suicidas, como la Ley de Memoria Histórica o las veleidades independentistas, que, despreciando la Historia, pueden reavivar odios peligrosos o repetir graves traumas ya vividos.

Dicho queda por boca ajena y recuperado a propósito del “problema catalán” y las falsas lecturas del 25-N. Un análisis de la situación basado en la realidad objetiva, que compartimos plenamente en lo fundamental.

Conocer la realidad objetiva, sobre la que siempre debería operar el buen gobierno, no es tarea fácil. No en vano, muchos filósofos ilustres han convenido en sostener de distintas formas que en relación con un mismo objeto o sujeto pueden existir tantas realidades como puntos de vista, e incluso no existir ninguna. Nietzsche, por ejemplo, afirmaba que detrás de la realidad en la que existimos, hay otra completamente distinta y que, por consiguiente, la primera no es sino una “apariencia”.

Pero en el plano de la política, que básicamente es una práctica y no una teoría, el necesario acceso a esa realidad objetiva ha de ser igualmente práctico, y no filosófico, porque es en la práctica donde el gobernante debe mostrar la verdad a los gobernados, es decir, la realidad natural, el poder y la precisión de sus pensamientos.

Sólo cuando conocemos las cosas como son en sí, alcanzamos la verdad. De otra suerte caeremos en el error y, por tanto, en el gobierno pernicioso. El gobierno de la razón, frente a la razón del gobierno (que a menudo incluye la “sinrazón”, la “razón de Estado”, el “secretismo” y tantas otras formas espurias de ejercer el poder), se asienta en el conocimiento de la verdad objetiva, porque la razón, en esencia, depende de la verdad…

El proceso electoral o la lucha partidista por acceder al poder, es otra cosa. Se acostumbra a revestir con excesos propagandistas, descalificaciones mendaces de los adversarios, promesas falsarias, manipulaciones de todo tipo y hasta con programas distintos a la “línea de gobierno” prevista en la trastienda de los partidos, a veces desconocida incluso por los directores de campaña, ocupados en ofrecer a los votantes lo que estos “desean” y no lo que en realidad van a recibir después.

LAS MENTIRAS POLÍTICAS: “PROMETER HASTA METER…”

La mentira electoral es un juego vergonzoso de reiterada traición a los votantes, perfectamente “asumible” porque, según establecen las reglas de la democracia, al final de cada legislatura todo el mundo tiene opción a que le siga engañando el mismo partido o que, si lo prefiere, vuelva a engañarle otro que hasta ese momento electoral estaba en la oposición… Claro está, pues, que el engaño político prevalecerá mientras los electores hallen placer en ser engañados.

Y esa es una situación difícilmente reversible en razón de la “dinámica rotacional” del electorado. Cierta es la dificultad de engañar continuamente a las mismas personas y de la misma forma; pero la realidad es que el censo electoral está sujeto a continuas “entradas y salidas” de ciudadanos que van alcanzando la condición de votantes o por los propios fallecidos, al margen de los muchos que, desengañados, van renunciando a su derecho de sufragio, con lo que los “huecos” en el núcleo participativo son ocupados de forma automática por las nuevas generaciones ingenuamente ilusionadas con transformar el mundo a través de esa misma política. Así, la práctica electoral engañosa puede prevalecer perfectamente “inmutable” frente a una ciudadanía “mutable”, es decir engañando siempre aunque no siempre a las mismas personas.

Un ejercicio mentiroso que, además de ser propio de políticos de escasa capacidad, como la mayoría de los actuales, también es el refugio de los más mezquinos y de los más tontos, quienes, si uno se detiene en tal observación, no dejan de ser los que más mienten. Y en el que, según clamaban los socráticos, el peor engaño es el de los que, careciendo de méritos para ello, se hacen pasar sin pudor alguno ante sus conciudadanos por hombres capaces de gobernar el país.

El último capítulo de esta reconocida historia es el protagonizado por Mariano Rajoy, plenamente identificado con el chascarrillo popular del “prometer hasta meter y, una vez metido, nada de lo prometido”, que a pesar de su intención sexual no en vano se identificó con la habilidad política y electoral de Francisco Romero Robledo, un ministro prácticamente “vitalicio” que además de ocupar la cartera de Gobernación durante todo el reinado de Alfonso XII (1874-1885), también se sentó en el Consejo de Ministros, antes y después, sin solución de continuidad, con el rey Amadeo I y durante la regencia de María Cristina de Habsburgo-Lorena.

Prometer hasta meter… porque el político no pretende otra cosa, al menos en el marco de la escasa cultura democrática española. Para comprobarlo, sólo hay que observar nuestra realidad, rebosante de promesas, pasadas o presentes, perfectamente equivalentes a mentiras futuras. Y también de obsequiosas “golosinas” (la antigua “compra” del voto en práctica excelsa del ministro Romero Robledo) convertidas, según la tipología de la clientela del momento, en promover ayudas y subvenciones, movidas, botellones, mamandurrias clientelares, peonadas, expedientes ilegales de regulación de empleo, transferencias competenciales, viajes del Imserso, suspensión de la “mili”, barra libre para saquear las cajas de ahorro..., es decir dándole a cada uno la suya.

El “viejo profesor” (Enrique Tierno Galván) entendió bien el fenómeno. En términos académicos afirmó: “La política ha dejado de ser una política de ideales para convertirse en una política de programas”. Y en la práctica, haciendo rugir a sus jóvenes votantes durante la celebración de un festival de música en el Palacio de los Deportes de Madrid en 1984, más temerario que corto o perezoso, propuso: “¡Rockeros: el que no esté colocado, que se coloque... y al loro!”.

Rajoy también estuvo, como todos, al loro del oportunismo político, aguantando a trancas y barrancas dos grandes derrotas electorales y desplegando sus propias mentiras del “prometer hasta meter…”, oportunamente acompañadas por el descalabro “zapateril” vivido durante las dos legislaturas precedentes, hasta llegar a donde ha llegado. A dirigir el Gobierno de la Nación durante un año sin lograr el menor alivio de la crisis (más bien consolidándola), abrasado por el incumplimiento de sus promesas electorales y por una política de tijeretazos y recortes sociales salvajes (sin reducir el déficit público ni reactivar la economía productiva), dando continuos palos de ciego, promoviendo reformas de fondo timoratas y nuevas promesas “para no cumplir”, e incluso hasta llevando no pocas cuestiones de vital importancia por la misma senda ya transitada por Rodríguez Zapatero de forma desastrosa.

Aunque lo más dramático del momento no sea la timorata torpeza de Rajoy al frente del Gobierno, ni tampoco su reflejo en las autonomías y en los ayuntamientos también gobernados por el PP, sino el hecho de que la oposición socialista (la teórica “alternativa”), políticamente arruinada tras la frívola orgía del “zapaterismo”, prepare ahora un nuevo catálogo de promesas engañosas al alza para intentar su reposición en el poder, por supuesto de forma demagógica antes que asentada en la razón: la defensa a ultranza del Reino de Jauja (el “gratis total”), la utopía de la “alianza de las civilizaciones”, el clientelismo partidista… y, sobre todo, la barbaridad del Estado Federal.

Alentando con ello de nuevo, como es lógico, la mentira creciente del “y yo más” (o los dos huevos duros de postre) que, sea cual sea el menú, siempre demandan los neo-caciques nacionalistas en su gran engaño de la España “asimétrica” (y no digamos el del independentismo). Es decir, el consolidado “más de lo mismo”, enmarcado en el permanente “prometer hasta meter…”.

“CASO PALAU”: EL COLMO DE LA MANIPULACIÓN POLÍTICA

En el marco de esta reflexión crítica sobre la dinámica de engaños, falsas promesas y vergonzosas manipulaciones políticas de la realidad objetiva,  es decir sobre la degradada vida pública española, con su correspondiente espejo de representaciones institucionales socialmente desprestigiadas, el “caso Palau”, sobre cuyo trasfondo político se acaba de levantar la veda, es sin duda paradigmático.

Se trata de una reactivación sobrevenida o de una “eclosión” inducida porque, en realidad, su escandaloso contenido era de sobra conocido por la opinión pública desde hace más de diez años, aunque por voluntad política permaneciera hibernado o en fase disolutiva (hasta el punto de que muchos de sus flecos delictivos han podido prescribir). Y no en razón de la justicia, sino sólo por el interés común de quienes se alternan en las poltronas del poder (PP y PSOE), manejan sus resortes y controlan los medios coercitivos del Estado, ahora amenazado por los planteamientos secesionista de la izquierda abertzale en el País Vasco y, más preocupante si cabe,  por el “pancatalanismo” que lidera Artur Mas.

El “caso Palau” (también conocido como “caso Millet” y como el “saqueo del Palau de la Música”) y sus conexiones con la corrupción política, saltaron a la palestra informativa con el desfalco confeso realizado por Fèlix Millet i Tusell, presidente de la “Fundació Palau de la Música-Orfeó Català” (que él mismo creó en el año 1990), de forma continuada durante toda la primera década el siglo XXI. El suceso originó una gran consternación en la sociedad civil catalana por la importancia simbólica de la institución implicada y porque sus ramificaciones afectaban a partidos políticos que, bien de forma directa o indirectamente, fueron financiados por Millet con fondos detraídos de la misma y cuyo origen siempre estuvo bajo sospecha.

Ya en el año 2002, una nota anónima dirigida a la Delegación de Hacienda de Cataluña advertía que parte del dinero de la Fundación presidida por Millet se desviaba para fines privados. También el Síndic de Comptes de la Generalitat de Catalunya detectó anomalías en la gestión del año 2002, informando a la Administración responsable.

Esta denuncia anónima de 2002, archivada y con registro oficial de entrada, no generó en aquel momento investigación alguna por parte de ningún organismo competente, alegándose que no aportaba datos concretos. Ni siquiera abriendo un simple expediente de investigación para evitar la prescripción de los presuntos delitos denunciados (como sucedió).

No obstante, el 23 de julio de 2009 se realizó un registro policial en la sede de la “Fundació Palau de la Música-Orfeó Català”, entidad que gestionaba los recursos del Palacio y de su propietaria, el Orfeón Catalán, en base a la sospecha sobrevenida y “fundada” (dicho de otra forma, porque entonces ya así lo quiso la autoridad competente), de que existieran irregularidades económicas en su gestión. Ese fue el momento en el que se evidenció que sus responsables durante más de 30 años, Fèlix Millet y Jordi Montull, junto a otros colaboradores, resultaron ser los autores del mayor expolio jamás conocido en una entidad cultural de la Unión Europea.

De hecho, dicha Fundación fue creada para actuar libremente sin que los responsables del Orfeó o del Palau pudieran intervenir, dándose la paradoja de que, mientras aquella obtenía grandes sumas de dinero, los fondos no llegaban a estos otros destinatarios primordiales. Sin recursos económicos, el Orfeó tenía que suspender algunas de las giras programadas, mientras el Palau ofrecía una programación de calidad pero a unos precios mayores que en otros auditorios, porque los ingresos obtenidos por otras vías (como el patrocinio) no eran suficientes (luego se descubriría que sí lo eran, aunque en vez de llegar a su destino se quedaran en el bolsillo de los “gestores”).

Tras la investigación realizada por la Fiscalía de Barcelona a finales del mismo mes de julio de 2009, Millet intentó aclarar sin éxito un presunto desvío de dos millones de euros realizado durante 2003 y 2004 por el Patronato de la Fundación que presidía, siendo destituido de su cargo y también de la presidencia del Banco de la Pequeña y Mediana Empresa (Bankpyme). El ministerio público presentó entonces una querella contra Félix Millet y otro tres responsables y directivos del Palau de la Música Catalana por apropiación indebida y falsedad documental.

Dada la evidencia delictiva, y siguiendo el consejo de sus abogados, Félix Millet reconoció el desvío de fondos a sus cuentas y patrimonio personal, confesando la comisión de un desfalco por importe de 3,3 millones de euros que destinó, entre otros usos, a reformar edificaciones de su propiedad y pagar viajes turísticos a destinos de lujo como Maldivas y Dubai. También sostuvo, de forma indocumentada y controvertida, que había pagado comisiones y realizado pagos en dinero “negro” a artistas que actuaban en el Palau, sin que constaran en la contabilidad oficial.

A finales de 2009, seis meses después del registro policial instado por la Fiscalía de Barcelona, que permitió consumar la imputación de Millet, y de que el abogado y gestor cultural Joan Llinares se hiciese cargo de la dirección de la institución, las auditorias practicadas bajo su coordinación acreditaban un desfalco de más de 34 millones de euros, de los que en esa misma fecha se habían podido recuperar poco más de seis.

Millet ha sido un personaje omnipresente en la vida pública de Cataluña durante los últimos treinta años, con un considerable poder económico y político reforzado por la información “sensible” que supuestamente posee, sobre todo en lo que se refiere a la financiación de partidos políticos catalanistas realizada con fondos desviados del propio Palau. En agosto de 2010 se dio a conocer, por ejemplo, que Ferrovial pagó comisiones del 4 por 100 sobre obras realizadas con destino final en Convergència Democràtica de Cataluya (CDC), entonces aupada en el Gobierno de la Generalitat y contando con Jordi Pujol como Presidente y con Artur Mas como Secretario General (hoy esos mismos cargos están ocupados respectivamente por Artur Mas y por el hijo de Jordi Pujol, Oriol Pujol i Ferrusola).

LA MANO OCULTA QUE MECE LA CUNA

La realidad es que la “desidia judicial”, por sí misma o alentada por el poder político connivente a conveniencia, ha contribuido de forma decisiva a que los autores del desfalco del Palau hayan eludido la cárcel, a que algunos de sus presuntos delitos hayan prescrito y, probablemente, a que también eludan buena parte de la responsabilidad civil del caso, ya que durante años han gozado de libertad para poder transferir sus fortunas a cuentas ocultas o cambiar la titularidad de sus propiedades.

Con todo ello, sorprende sobremanera, no el fondo de las últimas denuncias mediáticas, cuyo trasfondo de corrupción política está más que asumido y descontado políticamente, sino la artificiosa forma y el momento puntual de su reactivación. Sobre todo atendiendo al principio aristotélico (cristianizado por San Agustín de Numidia) de que “no hay efecto sin causa”.

Algunos medios de comunicación social, que con mayor o menor sutileza apoyan al Gobierno del PP, sostienen, sin el debido contraste periodístico, que la reactivación del caso y la filtración a la prensa que lo anima (de momento poco probatorio y en realidad “inexistente” porque en la práctica policial y judicial el “borrador” no deja de ser pura entelequia), están motivadas por la “inacción” del tribunal competente, sin plantearse, ni por asomo, que para informar del caso existen vías institucionales más apropiadas. Y llamando además la atención sobre el hecho de que una Fundación relacionada con el juez que entiende del caso, Joan María Pijuan, había recibido subvenciones de la Generalitat de Catalunya.

Una tendenciosidad que ha sido rápidamente atajada por el portavoz de Jueces para la Democracia, Joaquim Bosch, aclarando que la fundación a la que pertenece Pijuan es una ONG sin ánimo de lucro, dedicada a “una finalidad de interés general” como la reinserción social de presos, por lo que recibe ayudas públicas “como muchas otras entidades cívicas, culturales o deportivas”, recalcando que Pijuan es miembro de honor de la fundación y “no obtiene ningún beneficio económico de la misma”. Además, recordó que se trata de “un magistrado de reconocido prestigio y dilatada trayectoria”, que a lo largo de su carrera profesional “ha investigado numerosas causas, entre ellas algunas relacionadas con personalidades vinculadas a diversas fuerzas políticas, en las que ha aplicado rectamente la ley, sin ningún tipo de excepciones o favoritismos”, insistiendo en que “no existe ningún vínculo que pueda afectar a su independencia e imparcialidad y cualquier indicación en sentido contrario carece de base objetiva”.

Los mismos medios informativos han arremetido también contra el fiscal afecto al caso, que parece no haber visto con buenos ojos la filtración de marras, altamente “sospechosa” tanto por la forma en que se produce como por su coyuntural trascendencia electoral. Capitalizando, además, de forma interesada la supuesta indicación de la Fiscalía General del Estado para que su representante en el caso fuera más comedido en sus manifestaciones públicas a tenor, precisamente, de su posible efecto en la liza política.

Lo cierto es que ningún policía a título personal, ninguna unidad policial encubierta o no, ni ningún sindicato policial, tienen como misión “azuzar” al poder judicial en su ejercicio jurisdiccional, y menos todavía actuar como “justicieros”, de forma independiente o asociada a otros “justicieros” mediáticos. Esa no deja de ser una desviación impropia dentro del Estado de Derecho, en el que se distinguen claramente las funciones y los poderes institucionales, debiéndose haber recriminado inmediatamente tal proceder por los ministerios de Justicia e Interior y por el propio Consejo General del Poder Judicial, sin que ello impidiera otras actuaciones de los organismos competentes sobre cualquier eventual mala praxis o irregularidad judicial.

Pero otros medios de comunicación, quizás más independientes, no han dejado de situar el origen de esta oscura filtración, ciertamente oportunista, en el entorno de “monclovita”, y con más precisión en la Vicepresidencia del Gobierno. Una posibilidad ciertamente irresponsable que, aun en el caso de que las acusaciones concretas contra Artur Mas, firme candidato a presidir la Generalitat de Catalunya, fueran ciertas (cosa que aun está por ver), sería altamente reprobable por su instrumentación política, dado que ese mismo supuesto “borrador” se podría haber vehiculado por cauces mucho más éticos, legítimos y eficaces legalmente. Aunque tal vez esa razonable vía habría dejado en rápida evidencia su eventual naturaleza artificiosa, de mero “borrador de corta y pega” que no aporta nada nuevo salvo apoyo interesado en el detrimento electoral de un partido y en favor de otros (sin nada que ver con el interés general).

En plena vorágine del caso, “El Confidencial Digital” (20/11/2012) publicó esta reveladora noticia:

¿De dónde ha salido la filtración al diario El Mundo sobre las cuentas en Suiza de Artur Mas y de Jordi Pujol? ¿Quién facilitó el documento de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) a Eduardo Inda y Esteban Urreiztieta? Dentro de la Policía apuntan en una dirección: ha salido de La Moncloa.

Según explican a El Confidencial Digital fuentes policiales, en el cuerpo están convencidos de que la filtración del borrador sólo puede provenir directamente del Gobierno, que ha querido “parar los píes” a la deriva separatista de Artur Mas con esta información.

En la Policía creen que Moncloa ha buscado lanzar este mensaje contundente a CiU: “Hasta aquí habéis llegado”.

Una especie de “aviso a navegantes” diseñado desde la presidencia del Gobierno para frenar en seco a los nacionalistas catalanes, explican las fuentes policiales.

Al menos dos copias

Moncloa disponía desde hace semanas del informe de la UDEF sobre las cuentas en Suiza de la familia Pujol y de Artur Mas, dentro de la investigación del ‘caso Palau’. Las fuentes consultadas por ECD explican que el ministerio del Interior eleva a Presidencia todos los documentos, ya sean confidenciales o reservados, que considere delicados. Y esta investigación lo es.

Había otras dos copias, al menos. Una está en posesión de Jorge Fernández Díaz, remitida desde la dirección general de la Policía. Sin embargo, altos cargos del ministerio del Interior han comentado a mandos policiales que de allí no ha salido ninguna filtración. “Nosotros no hemos sido”, ha asegurado una persona del entorno de Fernández Díaz.

Otra copia se encuentra en manos del juez instructor. En la Policía descartan radicalmente que la filtración provenga del juzgado. De hecho, ayer mismo, Josep María Pijuan, el magistrado del caso, citó al comisario jefe de la UDEF para que le diera “cuenta sobre las informaciones publicadas estos días”.

LA TRAPACERA ACTITUD DEL GOBIERNO

El hecho de que nadie haya desmentido de forma expresa lo publicado por “El Confidencial Digital”, y la falta de una reacción consecuente desde el Ministerio de Justicia o los balbuceantes pronunciamientos del ministro del Interior sobre el caso, no dejan de avalar la “tesis conspirativa”. De hecho, el mismo medio informativo publicaba de forma inmediata (21/11/2012) un artículo no menos interesante dedicado los “espías de Soraya”, como se les conoce en los medios de la Seguridad Nacional: una unidad policial conocida como BOA (Brigada Operativa de Apoyo) adscrita al CNI funcionalmente y orgánicamente dependiente del Ministerio del Interior (su sueldo corre a cargo de la Dirección Adjunta Operativa de la Policía), pero vinculada de forma directa a la Vicepresidencia del Gobierno.

Esta Brigada Operativa de Apoyo del CNI cuenta ya con casi 100 efectivos y ahora se verá potenciada con 30 policías más por el impulso que le ha dado la vicepresidenta del Gobierno, que además filtrará su selección. Se da la circunstancia de que, siendo Pérez Rubalcaba vicepresidente y portavoz del Gobierno al final de la “etapa Zapatero”, y con el propio Félix Sanz al frente del CNI, se planteó la eliminación de la BOA, que, al parecer, no deja de ser una unidad redundante, y con toda probabilidad dispersante, dentro del sistema de Seguridad Nacional.

No es el momento de analizar el funcionamiento de la BOA, pero sí de tener presente la sutil continuidad con la que “El Confidencial Digital” hila el origen “monclovita” de la reactivación del “caso Palau”, en medio de las elecciones catalanas y especialmente orientada contra Artur Mas. Si este supuesto fuera cierto, la torpeza de la inexperta vicepresidenta Sáenz de Santamaría no dejaría de ser clamorosa, al igual que, de cualquier forma, también lo es la forma en la que el Gobierno afronta (o no afronta) la clara amenaza rupturista de los nacionalismos vasco y catalán.

Para empezar, con la victoria de Convergència Democràtica de Catalunya (CiU) en las elecciones catalanas cantada por los sondeos previos, el fuego graneado contra Artur Mas por la vía elegida de “guerra electoral sucia”, tenga origen donde lo tenga, ha sido un error político de carácter monumental, porque sólo podía concluir de dos formas: alimentando el “victimismo” (con balance electoral casi siempre favorable a la “víctima”) o, de otra forma, evitando la mayoría absoluta de CiU, que así se vería convertida en una mayoría absoluta “catalanista” con otro socio dentro del eventual gobierno secesionista aun más radical y problemático (Esquerra Republicana de Catalunya).

En segundo término, los alegres promotores de este retorcido “convoluto” político-mediático también tendrían que haber valorado otras consecuencias sin duda graves, como la presumible actitud “irreconciliable” de quienes se sientan perjudicados por el malicioso procedimiento seguido (el fomento del odio ad aeternum), y sobre todo el último efecto “boomerang” que tendrá la más que probable exoneración judicial de Artur Mas…

Hemos dicho en esta misma Newsletter que no hay efecto sin causa. Pero es que, además, el efecto siempre es, a su vez, causa de otro efecto, en una suerte de acción/reacción de mala digestión política. En el caso que nos ocupa parece claro que la inoportuna bromita del “caso Palau”, que siempre se habría podido reimpulsar al margen de la contienda electoral, va a ser desastrosa precisamente en la controversia del secesionismo que ha querido combatir, de forma torpe y engañosa, ignorando una vez más la realidad objetiva.

PÍO BAROJA, CLARIVIDENTE Y LAPIDARIO

Relacionada con el contenido de esta Newsletter, no queremos dejar de recoger la conocida anécdota-comentario que nos ha hecho llegar un lector habitual de esta web y que últimamente circula de forma profusa por la Red.

En la tarde-noche del 13 de mayo de 1904, cuando en la tertulia habitual que Valle-Inclán presidía en el madrileño “Nuevo Café de Levante”, a la que asistían los intelectuales más prominentes de la denominada “Generación del 98”, se discutía sobre los españoles y sus distintas clases, Pío Baroja sorprendió a los presentes con una definición al respecto que sin duda ha prevalecido en el tiempo:

La verdad es que en España hay siete clases de españoles... Sí, como los siete pecados capitales:

los que no saben;

los que no quieren saber;

los que odian el saber;

los que sufren por no saber;

los que aparentan que saben;

los que triunfan sin saber, y

los que viven gracias a que los demás no saben.

Estos últimos se llaman a sí mismos “políticos” y a veces hasta “intelectuales”.

Escrito queda por oportuno y conforme al compromiso que mantenemos con nuestros lectores habituales.

Ocho años de oposición, una victoria electoral con mayoría parlamentaria absoluta y un año gobernando el país, con todos los resortes y capacidades del poder a su disposición, para llegar, al cabo del tiempo, poco más o menos que a esto: filosofar sobre el “chocolate del loro” y sobre la pajarería que, poquito a poquito, está montando la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, para superar la crisis económica que ahoga a la sociedad española.

Suena a cuchufleta grotesca y a burla gubernamental de los ya millones de españoles que han perdido el empleo, han consumido sus ahorros y su patrimonio y han sobrepasado el umbral de la pobreza, viéndose incluso despojados de su vivienda por el sucio juego hipotecario de la misma banca que, siendo corresponsable de la actual crisis económica, utiliza además dinero público a mansalva para tapar los agujeros de su deplorable gestión profesional. Una chanza intolerable de la España acongojada que, incluso, se está viendo obligada a emigrar en desbandada como en los momentos más duros de la posguerra civil, ahora con gente cualificada en primera línea de la huida.

UN GOBIERNO SIN PESO ESPECÍFICO

Porque eso es lo que, a estas alturas de la legislatura, está alimentando realmente el “contemplativo” Consejo de Ministros que preside Mariano Rajoy. Un equipo político de tercera categoría que no está a la altura de las circunstancias, que se toma su trabajo con pasmosa tranquilidad, quizás porque carece de ideas y de capacidad para asimilar y desarrollar las que se les proponen fuera de su camarilla gubernamental, y que arrastra de forma lastimosa un ejercicio del poder torpe y con algunas derivas realmente inhumanas.

En definitiva, un Gobierno insolvente en el que, por faltar, tampoco faltan regates, vaivenes, callejones sin salida y despistes (no tan manifiestos como las “ocurrencias” del ex presidente Rodríguez Zapatero pero igual de perjudiciales), que le sitúan bajo mínimos históricos de valoración social. Con algún “pisacharcos”, como el ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, que luce un meritorio record de despropósitos a sus espaldas; un ministro de Defensa, Pedro Morenés, afanado día a día en usurpar funciones impropias como agente comercial de la industria bélica mientras apuntilla la operatividad de las Fuerzas Armadas; una invisible ministra de Empleo y Seguridad Social, Fátima Báñez, convertida en “ángel exterminador” de los trabajadores, y una ministra de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, Ana Mato, incapaz siquiera de poner de acuerdo a las distintas comunidades autónomas gobernadas por el PP sobre el modelo asistencial español…

Dijimos hace tiempo que el equipo económico del Gobierno, al margen de otros valores personales, carecía del peso específico necesario para sacar al país del profundo túnel en el que se encuentra, en base a criterios y diseños estratégicos propios. Máxime cuando la dirección económica del Gobierno fue asumida directamente por Mariano Rajoy (Registrador de la Propiedad sin la menor formación económica), asistido por una vicepresidenta aún “sin cuajar”, Soraya Sáenz de Santamaría (Abogada del Estado con la misma carencia formativa), y acompañado por dos economistas “teóricos”: Cristóbal Montoro, catedrático de Hacienda Pública, y Luis de Guindos, un Técnico Comercial del Estado alejado también de la dura realidad empresarial y cuyo mayor mérito profesional es haber dirigido el banco de inversiones Lehman Brothers en España y Portugal hasta llevarlo a la quiebra en 2008…

Poco ha de extrañar, pues, que, cumplido un año desde que la sociedad española se creyera aquello de “se lo que hay que hacer” y “esto lo arreglo yo en tres patadas”, votando el 20-N una generosa mayoría absoluta a favor del PP precisamente a esos efectos, sigamos “viéndolas venir”. Y, peor todavía, soportando más y más despidos, recortes salariales, incrementos del IPC y una subida brutal de impuestos sin que se reduzca el déficit público…

EL SÍNDROME DE “DON TANCREDO”

Como hemos dicho también en otras ocasiones, el conjunto de las medidas adoptadas por Rajoy durante su primer año de presidente electo, han carecido de la inteligencia y la planificación adecuadas, se han generado a remolque de acontecimientos imprevistos (y ni siquiera atisbados) y han sido, de cualquier forma, escasas, tardías, poco transparentes y socialmente muy desajustadas, por razones evidentes de incomprensión de la realidad, incompetencia política e ineptitud en materia económica. Atributos todos ellos propios del “tancredismo” político más irresponsable, plenamente compartido por la oposición socialista.

No se ha hecho, no se hace, y parece que con Rajoy al frente del Gobierno jamás se hará, lo que, habiendo entrado desde hace años los indicadores socio-económicos en la alarmante dinámica que han entrado, tendría que haberse hecho ya sin miramientos ni vacilaciones: reformar la organización político-institucional del Estado, origen real del actual desastre nacional (y también de la “burbuja inmobiliaria” que en realidad ha sido una “burbuja política”), aplicar una dieta radical de “pan y cebolla” a la mórbida obesidad de las Administraciones Públicas (imponiendo a saco en todas ellas una mayor eficiencia) y acabar de raíz con la gangrena infecciosa del Estado de las Autonomías. Es decir, haber atajado de forma urgente, al inicio mismo de la actual legislatura, el desmadrado consumismo del Estado con todas las reformas estructurales necesarias.

Una estrategia de reacción bien comprensible desde el sentido común que tanto predica el propio Rajoy, sin necesidad de manejar otra cosa que la aritmética más elemental, que es el soporte de cualquier contabilidad nacional. Y una política de éxito seguro si los recursos rescatados de la orgía en la que sigue inmersa el aparato del Estado se hubieran ido aplicando al desarrollo de la “economía productiva”, en vez de arremeter contra las bases sociales y esquilmarlas, que además de no tener culpa alguna de la quiebra de las cajas de ahorros ni del escandaloso déficit público, se han convertido en sus víctimas propiciatorias hasta el mismo agotamiento.

LA TRAMPA/MENTIRA DEL “POQUITO A POQUITO”

El Gobierno de Rajoy tenía que haber acometido la reforma urgente del sistema empezando por sanear su debilitada estructura y sus carcomidas vigas maestras, y no perder el tiempo en aplicaciones “cosméticas” a un sistema en gravísima situación terminal, ni arremeter como ha arremetido en primera instancia contra quienes, ajenos al drama político subyacente, han confiado en las instituciones del Estado, aceptado las consignas de los políticos y cumplido con todas sus obligaciones ciudadanas. La realidad es que los partidos mayoritarios y rotatorios en el poder (PP y PSOE) han ido sólo “a lo suyo”, sin bajarse de la burra, endosando los platos rotos a los demás e iniciando los recortes y los sacrificios necesarios no por donde se debía, sino por donde se tendrían que haber concluido.

Ahora, la quiebra política, económica y social del Estado es una amenaza objetiva, aunque la acomodada clase política no lo quiera reconocer. Y de ello sólo es culpable la inepta y contumaz clase política que soportamos, amparada por un sistema de protección inexpugnable, diseñado a la exclusiva medida de sus intereses. Claro está que tamaño abuso no deja de generar nuevas derivas políticas que los desesperantes efectos sociales de la crisis político-económica, están convirtiendo en letales.

Ahí están el explosivo secesionismo catalán y el acceso del independentismo abertzale al gobierno de las instituciones vascas, alentados por la debilidad del Estado y por la falta de credibilidad de sus más altas instituciones, incluida la Corona, y ahora acelerada también por un creciente “malestar social” (la inversa situación de “bienestar” aguanta más la tropelía política). Un panorama imposible de reconducir “poquito a poquito”, como quiere hacer la vicepresidenta del Gobierno con sus tramposos y demagógicos ahorros del “chocolate del loro”, intentando montar toda una pajarería, no sabemos con que objeto: si para que cotice en bolsa, para que fluya el crédito bancario, para que baje el tipo de interés en la financiación de la deuda pública o para engatusar a la opinión pública…

La anécdota se define por sí misma y define al tiempo la torpe disposición y las escasas luces del Gobierno para afrontar la crisis de verdad. Pero si algún lector iluso piensa que “algo es algo”, o que este es el buen camino a seguir, tómese nota de lo que sucedió, sin ir más lejos, en el mismo Consejo de Ministros del 8 de noviembre en el que se aprobó a “bombo y platillo” la nimiedad de suprimir 204 coches oficiales de la inmensa flota existente en España, “esperando” ahorrar con ello a las arcas públicas unos diez millones de euros en dos años (¿y por qué no en uno solo?), algo que suena a mascarada contable porque los conductores seguirán en nómina hasta su jubilación y porque, en definitiva, se trata de eliminar coches “amortizados”.

Si por una parte se pretendía ese ahorro nimio a dos años vista, por otra, y sin dar cuenta de ello en la misma rueda de prensa en la que se presentó la reducción de coches oficiales, el Gobierno aprobaba también, por ejemplo, nuevas subvenciones a las Comunidades Autónomas (casi 37 millones de euros) para un inconcreto desarrollo de programas agrícolas y ganaderos y otras líneas de actuación relacionadas con la alimentación y la pesca. Entre ellas figuraba una “tacada” de 17,6 millones de euros para la mejora en un solo ejercicio del sector de frutos de cáscara y de algarrobas: es decir, fomentando más mamandurrias y ayudas autonómicas de dudosa aplicación sin nada que ver con la economía productiva real.

Aunque lo más llamativo del caso es que el Gobierno haya limitado la reforma del parque móvil al ámbito de sus altos cargos, quedando al pairo el resto del aparato del Estado, periférico, departamental, de empresas públicas y organismos dependientes, altas instituciones, Cortes Generales… y toda la administración local (ayuntamientos, diputaciones y cabildos insulares) y autonómica.

Paréntesis: De lo dicho por su vicepresidenta Sáenz de Santamaría, se desprende que el Gobierno tiene control sobre un total de 1.409 “coches oficiales” (840 del llamado “parque móvil” y 569 en las Delegaciones y Subdelegaciones territoriales). No obstante, la orgía del “coche oficial” es tal, que nadie puede dar una cifra concreta de todos ellos a nivel nacional, aunque Sandra Mir y Gabriel Cruz, autores del libro “La casta autonómica”, sostienen a esos efectos la existencia de “40.000 vehículos de alta gama”, parque sobre el que los 204 que se van a amortizar “poquito a poquito” suponen tan sólo un 0,5 por 100.

El PSOE calificó la tardía medida del Gobierno (y evidentemente escasa) como “el chocolate del loro” y la vicepresidenta respondió, punzante, que en este país “empiezas a sumar loros y te encuentras una pajarería”; siendo lo cierto y verdadero que la obesidad existencial del Estado se debe reducir ya a base de machetazos y sin anestesia ni más paños calientes. Esperemos a ver que otras chorradas inventa ahora el Gobierno, o que otras “golosinas del loro” suprime, claro está que para “no-sacarnos” de la crisis…

EL “TIKI-TAKA” POLÍTICO Y LA TRAGEDIA DE LOS DESAHUCIOS

Con el punto al que se ha llegado en materia de desahucios, nadie, puede negar que la crisis esta ahogando a las clases medias, que son las garantes de la estabilidad social. Por eso, el Gobierno debe exigirse muchísimo más a sí mismo y dejar de jugar al “tiki-taka”, organizando pajarerías y pintando la mona en Moncloa semana tras semana, si no quiere que se le monte una algarada de auténtica traca.

La vicepresidenta del Gobierno, alter ego de Rajoy que, como él, también se pasa bastantes cosas por la faja, ya sostuvo, por recordar uno sólo de sus muchos desplantes displicentes, que “los mercados suben y bajan…”, sin encontrar mejor forma de tranquilizar al personal ante el insostenible coste con el que se financia la deuda pública española: un lamentable “¡ahí me las den todas!” cuando el déficit presupuestario del Estado se encuentra en una senda de crecimiento irreversible. Pero aplicar ese mismo desenfado a “no-resolver” el trágico problema de los desahucios, cerrado en falso por el Consejo de Ministros del 15 de noviembre con unas medidas que, además de tardías (“marca de la casa” del Gobierno Rajoy), han sido expresamente calificadas de “insuficientes y arbitrarias” por los propios magistrados encargados de juzgarlos, es harina de otro costal.

Cuando ya han sido desahuciadas 400.000 familias y nadie se atreve a pronosticar hasta donde puede llegar esta barbarie bancaria y política, cuando los jueces y el propio Consejo General del Poder Judicial han tenido casi que poner “pies en pared” sobre el tema, y cuando una abogada general del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TUE), Juliane Kokott, ha dictaminado que la legislación española sobre desahucios vulnera la normativa comunitaria, porque no garantiza una protección eficaz de los consumidores frente a posibles cláusulas contractuales abusivas en las hipotecas, la vicepresidenta del Gobierno sigue aplicando al caso cataplasmas y paños calientes sin pudor alguno. Y, peor todavía, en connivencia con una banca felona de corte decimonónico, adicta a las prácticas usureras y a ejercer de “gobierno fáctico” o de “cuarto poder” en la sombra.

Paréntesis: El dictamen del TUE se hizo público el 8 de noviembre de 2012 y establecía que la legislación española sobre desahucios viola la Directiva 93/13 de la Unión Europea, dado que la práctica española permite introducir cláusulas consideradas abusivas en los contratos de préstamos hipotecarios establecidos por los bancos y que, en caso de incumplimiento, conllevan la ejecución forzosa del desalojo. Dicho informe tiene origen en la demanda presentada por Mohamed Aziz contra la entidad bancaria CatalunyaCaixa, después de que se le expulsara de manera forzosa de su vivienda en el año 2011.

Ya remiso, el Gobierno aprobó hace siete meses el Real Decreto-ley 6/2012, de 9 de marzo, de medidas urgentes de protección de deudores hipotecarios sin recursos, en el que se incluye un “Código de Buenas Prácticas para la restructuración viable de las deudas con garantía hipotecaria sobre la vivienda habitual”, redactado a medida de la banca (aunque para ella fuera voluntario) y fracasado en la práctica de forma estrepitosa por su exigente umbral de exclusión, como es obvio.

UNA NORMA IMPERMEABLE PARA SUS DESTINATARIOS

De hecho, se trataba de otra muestra del “poquito a poquito” que practica la vicepresidenta Sáenz de Santamaría, de otro “chocolate del loro” con el que ir dando cuerpo a su inefable “pajarería anti-crisis”, y del que no se podían beneficiar los deudores de viviendas hipotecadas con un precio de compra-venta superior a 200.000 euros si se ubicaban en grandes poblaciones y a 120.000 si se encontraban en municipios de menos de 100.000 habitantes, con un escalado intermedio igual de arbitrario. Precios, claro está, por debajo de los reales en la época del “boom” inmobiliario previo a la crisis.

Pero es que, para situarse en el umbral de exclusión y serle de aplicación el Código de Buenas Prácticas de marras, el hipotecado para adquirir en su día “su única vivienda habitual” tenía que cumplir, además, todo un catálogo de condiciones que, por supuesto, no le fueron exigidas cuando solicitó la hipoteca. Entre ellas, y como primer filtro, el que todos los miembros de la unidad familiar “desahuciable” carecieran de rentas derivadas del trabajo o de actividades económicas, incluyendo al cónyuge del deudor no separado legalmente (o pareja de hecho inscrita) y a los hijos con independencia de su edad que residan en la vivienda. Y el segundo que la cuota hipotecaria resultase superior al 60 por 100 de los ingresos netos percibido por el conjunto de los miembros de la unidad familiar…

Por tanto, y como han denunciado especialistas en la materia, la normativa en cuestión era impermeable para cualquier familia sin ingresos a las que sus padres hubieran avalado (situación que lleva a la pérdida de ambas casas en muchas ocasiones), familias con y sin hijos en las que algún miembro ingrese el salario mínimo sin otras entradas de renta, familias a cargo de personas dependientes que puedan tener algún ingreso por pequeño que fuere, personas que compraron casas de 200.001 euros en grandes ciudades o de menos según municipio, etc…

Y uno se puede preguntar, entonces, por qué razón una familia que por causa de la crisis actualmente sólo ingrese 700 euros mensuales y pague 800 de hipoteca no podría tener derecho a algún tipo de facilidad hipotecaria, por ejemplo. O por qué se excluyó del procedimiento a quienes compraron un euro por encima de los parámetros fijados, pese a no tener ingresos de ningún tipo. La respuesta, claro está, es que el condicionado (la consabida “letra pequeña”), absolutamente arbitrario, fue redactado por la propia banca y asumido, sin más, por el Gobierno. Así de simple…

RAJOY VUELVE A TROPEZAR EN LA MISMA PIEDRA

Pero es que el Gobierno, enmendando como hemos señalado de forma vergonzosa por unos y por otros, tampoco ha querido parar en segunda instancia los miles y miles de nuevos desahucios que van a seguir su implacable curso fuera del novedoso Real Decreto-ley 27/2012, de 15 de noviembre, de medidas urgentes para reforzar la protección a los deudores hipotecarios.

De hecho, a los pocos meses de no haber querido afrontar la más que pertinente reforma de la Ley Hipotecaria (que en realidad es un Decreto de 8 de febrero de 1946, franquista e inconstitucional), lo que ha hecho es volver a tropezar por segunda vez en la misma piedra, sacudirse el polvo de la alarma social creada por los casos de desalojos mediáticamente más llamativos (incluidos los seis que han conllevado suicidios “conocidos”), y maquillar de nuevo la situación con una especie de “gracia anti-desalojo” de dos años a contar desde la publicación de la norma, que paraliza los “lanzamientos judiciales” de colectivos que, de nuevo, han de situarse dentro de un umbral de exclusión social establecido con criterios subjetivos y obviamente filtrados por la banca.

También hay que dejar claro que no se concede ninguna moratoria a los hipotecados con problemas, ya que el banco seguirá iniciando el procedimiento de ejecución hipotecaria como antes, llevará el piso a subasta y se lo podrá adjudicar en propiedad por el 60 por 100 de su actual valor de tasación. Llegado a ese momento sólo tiene que espera hasta el 15 de noviembre de 2014 para desahuciar a la familia si ésta no abandona el inmueble por propia voluntad.

Con el nuevo Real Decreto-ley ya no se limita el acceso en base al precio de la vivienda habitual, sino a una amalgama de criterios, más que discutibles, que combinan el no tener unos ingresos familiares superiores a 1.597 euros, con otros referidos al porcentaje que la cuota hipotecaría sobre los ingresos (ha de ser superior al 50 por 100), en un colectivo que ahora se denomina de “especial vulnerabilidad”, y que nadie ha comprobado si hubiera podido acoger o no a los deudores suicidados, sin ir más lejos. Los supuestos que lo identifican son, de nuevo, arbitrarios, como ser “familia numerosa”, integrar una unidad familiar monoparental con dos hijos a cargo o con un menor de tres años, o en la que uno de sus miembros tenga declarada una discapacidad superior al 33 por 100 o una situación que le incapacite laboralmente de forma permanente…, y a sensu contrario, claro está, excluyentes de una extensa base social.

Aunque la característica de afectación a la norma más curiosa sea la de que en la unidad familiar correspondiente exista una víctima de violencia de género, en el caso de que la vivienda objeto de lanzamiento constituyan su domicilio habitual.

Con independencia de la peligrosidad que conlleva este último apartado, porque ante la desesperación del desahucio no deja de incentivarse la violencia de género para obtener de forma supletoria el periodo de gracia en el desalojo de la vivienda desahuciada (no olvidemos los casos en que se ha llegado al suicidio), aunque no el desahucio en sí, hay que cumplir, también, otras circunstancias económicas no menos extrañas y artificiosas.

Entre ellas, destaca por incomprensible la de que el conjunto de los ingresos de los miembros de la unidad familiar no supere el límite de tres veces el Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples. Y, por igual de arbitraria, la necesidad de que, exactamente en los cuatro años anteriores al momento de la solicitud, la unidad familiar haya sufrido una alteración significativa de sus circunstancias económicas, en términos de esfuerzo de acceso a la vivienda…

Es decir, que la nueva norma sigue imponiendo criterios subjetivos de restricción y, en todo caso (porque no se puede entender de otra forma), por los servicios jurídicos de la propia institución bancaria. Así, por ejemplo, quedan excluidas de esta paralización de dos años de los desalojos los miles de familias en las que todos sus miembros están en el paro si tan sólo uno de ellos cobra el desempleo, si no tienen hijos, o bien si los tienen de tres o más años. Por otra parte, y como ya se ha señalado, se incluye casi como “incentivo” el caso de la violencia de género, que puede tentar a familias en la ruina a “forzar”, en casos extremos, este tipo de hechos.

Una familia sin posibilidad de pagar la hipoteca de su única vivienda habitual, cuya situación sobrevenida se debe a una crisis económica que a todos afecta, se mire como se mire, está en la ruina. No se trata en modo alguno de defender que los que no pagan las hipotecas mantengan la propiedad de sus casas, pero sí de que al menos puedan seguir viviendo en ellas durante un tiempo razonable a un precio posible de pagar y sin que la deuda se dispare por los intereses de demora o que la adjudicación se produzca al 60 por 100 del bien inmueble. Y esto, tan simple, es lo que de momento no ha querido resolver el Gobierno.

EL VERGONZOSO DRAMA DE LOS SUICIDIOS POR DESAHUCIOS

Es obvio que marcar unos criterios tan restrictivos, en lugar de modificar la normativa hipotecaria en profundidad, no soluciona el problema social, en absoluto. La alienante solución del suicidio seguirá viva, después de haberse llevado por delante a cinco personas sólo en lo que va de año. La última consumada en Córdoba precisamente al día siguiente de conocerse el inoperante Real Decreto-ley aprobado por el Gobierno el pasado 15 de noviembre.

Una auténtica vergüenza nacional a la que hay que añadir miles y miles de situaciones que, sin llegar al extremo de consumar el suicidio, no dejan de ser también tremendamente dramáticas. Como el caso del padre de familia (M.G.B.) que el pasado 25 de octubre se lanzó al vacío en su casa de Valencia después de besar a su hijo, con la comisión judicial que iba a desahuciarle llamando a su puerta, sobreviviendo a la caída.

Rajoy y su vicepresidenta deben abandonar la perniciosa fórmula de gobernar “poquito a poquito” también en esta sangrante materia y acometer, con la máxima urgencia (como hace cualquier gobierno cuando le conviene), las modificaciones legales necesarias para mitigar de verdad la situación de desprotección a la que se ven sometidos los afectados. Implantando con ellas la más que justa dación en pago, el alquiler social y el aumento del porcentaje de valoración del inmueble en caso de ejecución hipotecaria.

España tiene la normativa hipotecaria más injusta y abusiva de Europa. Su crueldad es tal que, puesta en primer plano por efecto de la crisis, su victimario tiene ya una dimensión social insoportable, mucho más allá de los dramáticos suicidios consumados (los conocidos y los no conocidos) que está produciendo. Llegados a este punto, hay que decir que el descuento electoral de la tragedia humana que conlleva, se cargará, quiérase o no, al “debe” del Gobierno de Rajoy, incluyendo el tributo por las muertes que ha acarreado y que seguirá acarreando con toda probabilidad.

Lo que más puede descalificar al Gobierno de un Estado como el nuestro, proclamado “social y democrático de Derecho”, es sin la menor duda el suicidio de los gobernados por causa política. Tome nota particular de ello la joven y expeditiva vicepresidenta Sáenz de Santamaría.

Una de las pocas cosas que afortunadamente permanecen invariables en la España eterna, son los atributos que conforman la base y la razón de ser de nuestras Fuerzas Armadas: el amor a la Patria, la entrega al servicio, la disciplina y el sentido del deber. Un preciado conjunto de virtudes que se adornan con otros principios y valores castrenses (la generosidad ante el riesgo y en la entrega de la propia vida, el compañerismo, la dignidad personal…), en orden al cumplimiento de las trascendentales funciones que le encomiendan la Constitución y el desarrollo normativo dimanante.

En esa permanente actitud institucional y personal, otro soldado de España, el comandante Ángel Álvarez Reigada, ha causado baja mortal en acto de servicio el pasado 2 de noviembre. Era un instructor del Ala 23 del Ejército del Aire con base en Talavera la Real (Badajoz) y nadie en esa unidad, como jamás sucedió en ninguna otra de ninguno de los tres Ejércitos, se lamentará de las condiciones en que se produjo el suceso ni reprochará nada al respecto.

La gran familia militar (Fuerzas Armadas y Guardia Civil), al igual que otros servicios públicos de riesgo, acepta y sufre en silencio la tragedia de la muerte, como consecuencia de un “deber” querido, irrenunciable y siempre cumplido. El dolor por los cientos y cientos de compañeros que han entregado su vida sirviendo a las necesidades de la convivencia democrática, se guarda, silente, en el corazón.

El cuerpo yacente del comandante Álvarez, recibió los honores debidos en una ceremonia fúnebre celebrada en las instalaciones de Talavera la Real que acogen la base operativa del Ala 23. En el acto, que estuvo presidido por el ministro de Defensa, Pedro Morenés, acompañado por el Jefe del Estado Mayor del Aire, general del Aire Javier García Arnaiz, junto a otras autoridades civiles y militares, se impuso sobre el féretro del fallecido la Cruz del Mérito Aeronáutico con distintivo amarillo.

EL RESPETO DEBIDO A LOS CAIDOS EN ACTO DE SERVICIO

El acto se celebró protocolariamente como correspondía, pero no siempre tragedias militares similares se han visto acompañadas con el mínimo de la dignidad oficial requerida en todos los órdenes. Recuérdense a los soldados destacados en la antigua Yugoslavia que sufrieron el “síndrome de los Balcanes”; la tragedia del accidente del “Yakolev-42” en Trabzon (Turquía), en el que murieron sus 75 ocupantes, 62 de ellos militares españoles; la masacre de siete agentes del CNI en Irak; las mentiras oficiales sobre el abatimiento del “Cougar” en Afganistán, con 17 víctimas mortales; las bajas de militares en Líbano y en el propio Afganistán derivadas de la ausencia de medios de protección adecuados, etc…

En esos y otros muchos casos, la respuesta política no estuvo, en modo alguno, a la altura de las circunstancias. Pero es que, a menudo, la actitud y el comportamiento del Gobierno ante sucesos de esta trágica naturaleza han sido de una indignidad clamorosa, sobre todo con Federico Trillo- Figueroa al frente del Ministerio de Defensa…

Pero las Fuerzas Armadas, sujetas a una disciplina ante el poder político a veces rayana en la sumisión, tienen que saber que la sociedad española las respeta profundamente (los agravios de los independentistas no cuentan), que agradecen sus servicios y que las admira. Sentimientos que se agrandan cuando la ciudadanía comprueba algunas de las misiones que se les asignan de forma políticamente inconsecuente (como las de seguidismo estadounidense en las guerras de Irak), que han de aceptar sin rechistar, y la precariedad de medios con las que se acompañan, en obvia contradicción con el puro y duro despilfarro oficial en terrenos de menor interés y trascendencia nacional.

Por eso, conviene que desde la sociedad civil se diga a la clase política lo que los miembros de las Fuerzas Armadas han de callar, no sólo por la disciplina que les imbuye, sino porque la creciente politización de la institución (grave torpeza de peligrosas consecuencias) también amenaza su propio futuro profesional. Recuérdese que a partir de la nefasta Ley 39/2007, de la Carrera Militar, el ascenso al empleo de coronel o capitán de navío se realiza por “elección” del Jefe de Estado Mayor correspondiente, a su vez elegido “políticamente” por el gobierno de turno, mientras que los empleos sucesivos, de generales y almirantes, ya venían siendo todos de designación política, con independencia, muy a menudo, de los méritos personales de los militares promovidos.

UN DELEGADO DEL GOBIERNO IRRESPONSABLE

Para empezar, en relación con la situación en la que se encuentra el Ala 23 y con su último accidente, hay que llamar seriamente la atención del delegado del Gobierno en Extremadura, Germán López Iglesias, quien, metido en camisas de once varas, se permitió opinar sin suficiente conocimiento de causa sobre los accidentes de los aviones F-5 basados en Talavera la Real y dedicados al adiestramiento de los pilotos de combate. Según recogió EFE, en una rueda de prensa celebrada el mismo día del desgraciado acontecimiento afirmó que los accidentes de los aviones F-5 eran “excepcionales”, porque en Extremadura “sólo” se habían producido cuatro en los últimos doce años (con resultado de cinco pilotos fallecidos)…

Aparte de que manipulase el periodo de tiempo al que hizo alusión (2003 a 2012), que en realidad es de nueve años, la desvergüenza de López Iglesias, exhibida con el cadáver del comandante Álvarez insepulto y con el alférez Sergio Santamaría, su compañero de vuelo, ingresado con diagnóstico grave en la UCI del Hospital Infanta Cristina de Badajoz, es de sonrojo ajeno. Los numerosos accidentes afectos al Ala 23 fuera de Extremadura, y por supuesto sus bajas, le debían traer, al parecer, sin cuidado.

Puesta a protagonizar el suceso, la autoridad gubernativa de Extremadura tendría que haberse informado con mayor precisión de los incontables accidentes sufridos por los aviones F-5 del Ala 23. Y tratar de comprender su sistemática siniestralidad, sin duda relacionada con su antigüedad, su extremo agotamiento y con la carencia de presupuesto para someterlos al mantenimiento necesario, antes que apresurarse a conjurar cualquier crítica posible del caso, jugando de forma irresponsable con las estadísticas.

Ese ha sido el mismo comportamiento cobarde y vergonzante seguido siempre por la clase política cuando intuye responsabilidades propias. Como, por ejemplo, acaba de suceder también en la tragedia del “Madrid Arena”, que concluyó con el lamentable fallecimiento de cuatro jóvenes (otra más permanece grave) y que, por sus características, pudo provocar muchas más víctimas. Un caso en el que la delegada del Gobierno en la Comunidad Autónoma, Cristina Cifuentes, especialmente diligente en disolver las manifestaciones ciudadanas, siquiera abrió la boca aun tratándose de un tema de “inseguridad” ciudadana que la compete de forma muy directa.

De momento, el mismo día del accidente que le costó la vida al comandante Álvarez Reigada, el diario digital extremeño Hoy.es (02/11/2012) ya señalaba el penoso balance cierto de “14 muertos y 12 aviones F-5 caídos desde el año 1984”, sin contabilizar otros accidentes de ese mismo tipo de avión en los que sus tripulantes pudieron salvar la vida, registrados el 19 de septiembre de 1972, el 3 de julio de 1974, el 7 de mayo de 1975… Un índice de atrición sobre el parque inicial de este modelo de avión del Ejército del Aire (pérdidas de aviones sin entrar en combate) que no tiene parangón a nivel mundial.

Algunos de esos F-5 se estrellaron de forma sorprendente, incluso sobre el mar, sufrieron parada de motores o se incendiaron y estallaron en pleno vuelo. Pero, los correspondientes informes de la Comisión de Investigación Técnica de Accidentes de Aeronaves Militares (CITAAM), orientados precisamente hacia la seguridad en vuelo y clasificados como “secretos” con arreglo a una ley de 1968 inconstitucional, jamás llegaran a ser conocidos siquiera por el Congreso de los Diputados (en el “caso Cougar” el Ministerio de Defensa obligó incluso de forma ignominiosa a que la CITAAM “rectificara” su informe inicial).

EL ALA 23 Y EL CAUDAL PROFESIONAL DEL EJÉRCITO DEL AIRE

Porque, entre otras cosas, la labor de enseñanza y adiestramiento para el combate desarrollada en el Ala 23, es altamente relevante para la Defensa Nacional y un centro colector del mejor capital profesional de la Fuerza Aérea, tanto en lo referente a sus instructores (los “protos”) como a su alumnado.

Las plazas disponibles en el Ala 23, son ocupadas sólo por los jóvenes alféreces procedentes de la Academia General del Aire (AGA) de San Javier (Murcia) que obtuvieron las mejores calificaciones de su promoción. Cada curso, llegan a la Base Aérea de Talavera la Real apenas una docena de alumnos, que han de superar un duro y costoso curso de caza y ataque a bordo de los F-5B, lo que para ellos significa prácticamente aprender a volar de nuevo. De hecho la parte inicial del curso se dedica exclusivamente a su adaptación al nuevo tipo de aeronave, dado que las características de estos aparatos son muy diferentes de las del C-101 que aprendieron a pilotar en la AGA, además con pocas horas de acreditación.

Ser “proto” del Ala 23 es una alta distinción profesional, además de un honor, que conlleva muchas horas de duro trabajo para formar con éxito a todos los alumnos de cada curso, compaginando esa tarea con las misiones paralelas encomendadas a una unidad que no deja de ser plenamente operativa dentro del Ejército del Aire. Los “protos”, que son seleccionados entre los alumnos del curso de adiestramiento con mejores calificaciones, también son conocidos como los “pata negra”, en referencia a la calidad gastronómica de los jamones extremeños.

Con cierta frecuencia, el Ala 23 recibe la visita de unidades de la OTAN, o realiza ejercicios con otras unidades de Fuerza Aérea nacionales o extranjeras en los que siempre prevalece la alta cualificación de sus “protos” y su profundo conocimiento del avión con el que operan, siendo capaces de superar en ejercicios de combate a otros aparatos con mayores prestaciones que el F-5B. Un modelo de avión brillante en sus orígenes, pero al que en cierta desenfadada ocasión un piloto de “Phantom” (el mítico F-4 de McDonnell Douglas que logró quince plusmarcas mundiales y que en la Base de Morón se acreditaron como los “gallos”) calificó de "bicicleta", nombre que se conserva en la jerga aeronáutica.

Los “pata negra” adoptaron como lema una máxima de Manfred von Richthofen (el “Barón Rojo”), héroe alemán durante la I Guerra Mundial profundamente respetado por sus enemigos, que encierra toda una filosofía de compromiso y esfuerzo para cualquier piloto: “La calidad del aparato importa muy poco: el éxito de la misión, depende del piloto que lo maneje”.

Figura en el cuadro de números “uno” de cada curso desde la creación, en diciembre de 1953, de la “Escuela de Reactores” (denominación original que con el tiempo se transformó en “Ala 23”).

Incluso hoy en día, el “corazón” de los aviones de combate de última generación sigue siendo su piloto. Las decisiones que éste debe tomar en décimas de segundo durante el desarrollo de un ataque o en una interceptación, dependen exclusivamente de él y del entrenamiento que ha recibido.

Cada año, los alumnos abandonan la Base de Talavera la Real, siendo ya pilotos de combate, la élite del Ejército del Aire. Atrás queda un año de su vida, muchos camaradas y una evolución personal probablemente tan grande como la que han experimentado a nivel profesional.

El nuevo avión de combate “Eurofighter” de tecnología súper avanzada (ahora denominado “Typhoon”) equipa ya a las unidades operativas de la Fuerza Aérea española. Todas sus capacidades quedan bajo la gran responsabilidad profesional del piloto que lo maneja, formado precisamente en el Ala 23 de Talavera la Real. Un centro referencial de formación para el combate aéreo que no merece maltrato alguno, humano o presupuestario, por parte del Ministerio de Defensa.

LOS F-5, MAGNÍFICAS RELIQUIAS DEL PASADO

El F-5 “Freedom Fighter” es un avión de caza y ataque a tierra diseñado por la compañía estadounidense Northrop Corporation que tuvo su primer vuelo nada menos que el 30 de julio de 1959 y que se introdujo en el mercado a partir de 1962, dejándose de fabricar en Estados Unidos en 1972, aunque algunas unidades, auténticas “reliquias” aeronáuticas, todavía continúen en servicio. La compañía española CASA construyó 70 aviones F-5 bajo licencia Northrop, incluida la versión para entrenamiento de combate F-5B biplaza, que se comenzaron a entregar en 1969, estando hoy todavía adscritos al Ala 23 como los más longevos del Ejército del Aire con 43 años de servicio.

Se da la circunstancia de que el F-5 Northrop-CASA que hizo el primer vuelo del modelo el 22 de mayo de 1968 (matrícula AE.9-001), terminó en el Ala 23 en 1994, entonces ya con 26 años de vida, es decir prácticamente “agotado”. El tercero de la serie se estrelló tras 34 años de servicio en Santa María de los Barros (Badajoz) el 22 de enero de 2003, accidente en el que perdió la vida su piloto, el teniente instructor Davíd Martínez Laborería…

Cierto es que los aviones F-5 del Ala 23 han sido objeto de varias modernizaciones, tanto para actualizar su aviónica como para realizar cambios estructurales incluso sustituyendo sus alas, como no podía ser menos. Pero llevan funcionando casi medio siglo de forma intensiva y eso es un record tan admirable como intolerable, cuando la vida útil integral de un avión (motores y fuselaje) se sitúa en torno a los 20 años.

De hecho, la doctrina de Airbus establece: “La vida útil de un avión de pasajeros moderno suele ser de, al menos, quince años. Gracias a EFW [una filial de EADS especializada en la conversión de aviones de pasaje en cargueros], un Airbus puede gozar después de una segunda vida como avión de carga. Con un rango de 1.500 horas al año, los aviones de carga pasan aproximadamente una tercera parte menos de tiempo en el aire que las versiones de pasajeros”.

Para establecer la vida útil de los aviones, lo más importante no es la obsolescencia de la aviónica y ni siquiera la de la motorización, que también son de consideración, sino su “estructura” o su “esqueleto”. Según cálculos técnicos, un avión tiene una vida útil “máxima” de 30 años, a partir de los cuales su estructura molecular sufre cambios importantes, y mayores aun cuando se trata de aviones supersónicos de entrenamiento para el combate, “quemados” por el exceso en horas de vuelo y forzados a menudo con maniobras al límite.

Para medir esa “vida útil”, también se recurre a las horas de vuelo y tipo de servicio del avión, de naturaleza intensiva en el Ala 23, contemplando sus SMOH (Since Major Overhaul), que son inspecciones técnicas periódicas en las que se realizan pruebas de fatiga de materiales, se revisan los motores y se determina su aeronavegabilidad. Bajo estos parámetros, los F-5 del Ala 23 han acumulado un record incomparable de servicios próximo a las 200.000 horas de vuelo y una serie de “modernizaciones” tan reiteradas como insólitas, por supuesto con una acumulación de costes muy superior a la del precio inicial de los aviones y también mayor que el de adquisición de otros modelos más modernos y adecuados para la misma misión.

A lo largo del tiempo, los F-5 han requerido continuas “actualizaciones” integrales, incluidas las del fuselaje y alas. Las primeras intervenciones importantes se remontan a los años 80, cuando se le cambiaron los sistemas de comunicaciones y de navegación, vitales en términos de seguridad y necesarios para un entrenamiento compatible con el manejo del resto de la flota de combate.

Más tarde, en los años 90, cuando el F-5 llevaba 20 años en operación y prácticamente ya estaba “amortizado”, el Ejército del Aire se vio obligado a ampliar su tiempo de vida en servicio hasta un máximo de 40 años también superado en 2010, solicitando una primera inspección para averiguar su estado general, que le condujo a las imprescindibles modificaciones estructurales y también de la aviónica. Una práctica que ha seguido hasta nuestros días con nuevas reformas del fuselaje y las alas para “garantizar” la seguridad en la operación de los aviones y arrastrar su utilidad, de nuevo, hasta el 2015…

UN MINISTERIO INCAPAZ DE PONDERAR LOS PRESUPUESTOS

En relación con el último accidente de un F-5, el propio ministro Morenés, perfecto conocedor de la falta de recursos destinados a la operatividad de las Fuerzas Armadas, y en particular de la precariedad material con la que se adiestra a nuestros pilotos de combate, se ha limitado a declarar de forma escueta que “la investigación sobre el accidente está aún en marcha” (El Mundo 05/11/2012). Respondiendo en el mismo medio informativo a una pregunta sobre la posible incidencia de los recortes presupuestarios en el ámbito de la seguridad, también advirtió, divagante, que “no se verá mermada, pero todo tiene su límite…”.

La realidad es que la aplicación presupuestaria del Ministerio de Defensa, que es una decisión política y no militar, siempre ha sido, y sigue siendo, lamentable. Baste recordar a este respecto las declaraciones realizadas en el Congreso de los Diputados por Constantino Méndez, SEDEF del anterior gobierno socialista, en octubre de 2011, poco antes de concluir su mandato: “No deberíamos haber adquirido sistemas [de armas] que no vamos a usar; para escenarios de confrontación que no existen y con un dinero que no teníamos entonces ni ahora” (El País 13/08/2011).

En aquella misma comparecencia parlamentaria, Méndez precisó que “de los 27.000 millones de deuda”, a las legislaturas del PP “corresponden 23.000 y pico millones” y a las dos últimas del PSOE “3.000 y pico”. La realidad es que el mal uso de los presupuestos del Ministerio de Defensa ha constituido una irresponsabilidad plenamente compartida por el PP y el PSOE, primando siempre intereses industriales ajenos a las prioridades de la Defensa Nacional y, por supuesto, menospreciando también siempre las necesidades en recursos humanos.

El caso es que España se incorporó al “Programa Eurofigther–Typhoon”, el más costoso de todos, en septiembre de 1985 (con el PSOE en el Gobierno), adquiriendo la friolera de 87 unidades del súper avión de combate EF-2000, cuyo importe, incluyendo las fases de Definición, Desarrollo y Producción ascendió a 10.795,4 millones de euros. Por si eso fuera poco, el propio Méndez rubricó el 31 de julio de 2009 un nuevo pedido de otros 20 aviones (1.400 millones más), que un año más tarde consideraría “innecesario”.

Además, aquella dotación de lujo se vio precedida por la adquisición de 72 aviones polivalentes F/A-18 “Hornet” fabricados por McDonnell Douglas (EF-18 “Hornet” en la versión española), aprobada definitivamente el 31 de mayo de 1983 también por un gobierno socialista, ya que la extinta Unión de Centro Democrático sólo comprometió un acuerdo previo revocable. Un programa cuyo importe, sin incluir partidas importantes de armamento y apoyo logístico, ascendió a 1.821 millones de dólares del momento, siendo quizás el más discutible y discutido por el modelo seleccionado, incluso por amplios sectores del PSOE, desde que el gobierno de Adolfo Suárez iniciara la modernización material de las Fuerzas Armadas tras el franquismo.

Por otra parte, el desarrollo de las fragatas F-100 nació a principios de los años 1990 tras la cancelación del programa NFR 90, también con copyright socialista, aprobando además el Gobierno de Rodríguez Zapatero en mayo de 2005 la adquisición de la quinta unidad (la F-105, que ha sido la más costosa), junto con 4 BAM (Buques de Acción Marítima), 45 helicópteros NH-90 y una importante dotación de misiles para el Ejército de Tierra.

Aunque  la gran paradoja de la política socialista en cuanto a dotaciones materiales de las Fuerzas Armadas, se ha dado justo en los estertores de la IX Legislatura, cuando después de años y años “tocando el violón” y acumulando, por ejemplo, sofisticados carros de combate inoperantes, el propio Méndez se vio obligado a comprometer la adquisición de nuevos vehículos blindados antiminas para proteger a las tropas españolas que ya estaban desplegadas en zonas de conflicto (Afganistán y Líbano). El pedido incluía 76 MLV “Lince” italianos de escuadra (cinco ocupantes) y 20 RG-31 “Nyala” sudafricanos de pelotón (nueve ocupantes), con un importe de 42,6 millones de euros.

Está claro que el momento de analizar la racionalidad o irracionalidad con la que se vienen modernizando materialmente las Fuerzas Armadas, o sus costosas intervenciones en misiones de proyección, no es otro que el del correspondiente debate parlamentario, a menudo soslayado. Y del que el PSOE sustrajo también el despropósito presupuestario que ha supuesto la Unidad Militar de Emergencias (UME).

Pero, ahora, sí que merece la pena destacar el contraste de estas adquisiciones, injustificadas en su conjunto y en cualquier caso mal dimensionadas, con muchas de las deficientes partidas económicas destinadas a la formación profesional avanzada y al mantenimiento de los medios operativos, como sucede en el Ala 23.

Los recortes presupuestarios que el SEDEF, Pedro Argüelles, ha impuesto en el mantenimiento de las Fuerzas Armadas, aplicando a menudo criterios de prioridad inconsecuentes, son bien conocidos y lamentados en los cuarteles generales de los tres Ejércitos. Como ejemplo de sus proyectos de inversión preferente, ciertamente inadecuado en la presente situación de crisis, aunque acorde con el personal estilo “aristocrático” de los actuales altos responsables políticos de Defensa, es el contrato súper millonario de mantenimiento de aviones VIP, los que usan habitualmente los miembros del Gobierno y la Familia Real.

Asciende, de momento, a 86,5 millones de euros, que es el doble de lo que, por ejemplo, cuestan el centenar de blindados necesarios para salvaguardar la vida de los soldados desplazados a escenarios de guerra como Afganistán y Líbano. Cifra justificada con la siguiente coletilla en los acuerdos del Consejo de Ministros del pasado 3 de agosto que aprobaban el gasto: “Los servicios de revisión y reparación de aviones y de sus componentes, el suministro de materiales y repuestos, así como la prestación de servicios de ingeniería son imprescindibles para garantizar la disponibilidad operativa de estos aviones, cuyas misiones son consideradas elemento esencial de la seguridad nacional”.

Esta apelación genérica a la “seguridad nacional” en la utilización de los “aviones VIP”, contrasta con la precaria forma en la que se han venido trasladando las tropas españolas durante su misión en Afganistán, que dio como resultado el ya citado accidente del “Yak-42” de la UKM (Ukranian Mediterranean Airlines) del 26 de mayo de 2003, en las proximidades del aeropuerto turco de Trabzon, en el que murieron sus 75 ocupantes, 62 de ellos militares españoles. Y choca también con el uso discrecional de dichos aviones que suelen hacer algunas de las personalidades autorizadas al respecto, a veces escandaloso.

Pero, ¿acaso es que no se deben mantener también los F-5B del Ala 23 para que no se estrellen cada tres por cuatro…? ¿Es que la penosa situación de esos medios vitales de entrenamiento se compadece con la extrema calidad y cantidad de los medios de transporte utilizados por los miembros del Gobierno y el conjunto del oficialismo institucional…? ¿Y cuándo se iniciará, no ya la compra, sino la simple “planificación” de un programa para renovar los preciados F-5 del Ala 23…?

Al margen de su idoneidad inicial como avión de entrenamiento avanzado, el paralelismo del caso “F-5” con la necesaria modernización de los medios de transporte blindados del Ejército de Tierra, arrastrada durante años hasta tener que realizar las últimas adquisiciones a “punta de bayoneta”, es más que evidente, aunque no se quiera poner encima de la mesa para “ir tirando” como se pueda, sin previsión alguna de futuro. La realidad es que, convertidos en los “Dorian Gray” de la aeronáutica militar, el día menos pensado se les echan los años encima y caen como moscas rociadas con DDT…

Otro ejemplo de la mala ponderación presupuestaria de Defensa, se dio el pasado mes de julio, cuando el SEDEF abortó el despegue de la “Patrulla Águila” para sobrevolar Madrid dibujando los colores de la Bandera Nacional durante la fiesta de homenaje a la selección española de fútbol ganadora de la Eurocopa, que reunió a un millón de personas y que fue objeto de seguimiento televisivo en todo el mundo.

La orden para suspender aquella exhibición aérea, que contradecía la decisión ministerial previa sobre el cumplimiento de los compromisos mínimos de la “Patrulla Águila”, se presentó como un indispensable “recorte de gastos” (un poco de combustible gastado en lo que además no dejan de ser prácticas de vuelo), contradictorio con el derroche habitual que suponen los servicios de transporte aéreo prestados al Gobierno por el Grupo 45 de Fuerzas Aéreas, cuyo uso en desplazamientos partidistas, y por tanto no gubernamentales, es sólo una pequeña muestra.

En honor a la verdad, y según consta en los archivos del Ejército del Aire y de la propia Presidencia del Gobierno, que autoriza y coordina todo este tipo de vuelos, quien en el pasado alcanzó el record de usos y abusos de estos vuelos VIP fue precisamente otro gobierno del PP, ostentado gracias a los desplazamientos de interés particular a Cartagena del entonces ministro de Defensa Federico Trillo-Figueroa, yendo y viniendo varias veces al día o dejando retenido a su exclusiva disposición  el “Falcón” de turno en la Base Aérea de San Javier.

Paréntesis: El Tribunal de Cuentas ha pedido a los partidos que regulen el uso de los medios públicos de transporte en las campañas electorales. Una medida que el PP defendió cuando estaba en la oposición y que este año, ya situado en el Gobierno, rechazó olímpicamente.

LA MEZQUINDAD DE LA CLASE POLÍTICA

Insistiendo en la mezquindad política con  la que demasiado a menudo se tratan las bajas mortales de militares en acto de servicio, hay que citar como ejemplo de reciente resolución judicial el caso del alférez Juan Manuel Villa, otro soldado de España condecorado con la Cruz al Mérito Militar en 1999 tras participar en una misión de estabilización (SFOR) en la antigua Yugoslavia, encuadrado en la Brigada Española X.

El 25 de noviembre de 2004, el alférez Villa, entonces destinado en la Unidad de Operaciones Especiales de la Brigada de Infantería de Marina (BRIMAR), desapareció al precipitarse al agua a unas 25,5 millas náuticas de Cádiz mientras realizaba un descenso rápido desde un helicóptero a un submarino en el marco del ejercicio “Gruflex” de la Armada. Según se relataron los hechos, “la posición anormal de la aeronave obligó al piloto a realizar una maniobra de emergencia, con lo que perdió la verticalidad sobre el submarino”, quedando entonces el alférez suspendido por el mal funcionamiento del helicóptero hasta caer y recibir un fuerte impacto, desapareciendo de forma inmediata sin que se le pudiera rescatar.

En una primera instancia, los juzgados militares no detectaron ninguna responsabilidad penal entre el personal que debía mantener aquel medio de transporte, de forma que el Gobierno concedió a la viuda y a la hija del militar desaparecido una pensión y una indemnización de 19.230 euros derivada del seguro contratado por Defensa, pero sin reconocer en ningún momento su responsabilidad patrimonial obvia. Tras recurrir el caso, la familia del alférez Villa ha obtenido, ocho años después, una sentencia favorable del Tribunal Supremo en la que entiende que había existido la responsabilidad patrimonial del Estado, dado que el helicóptero presentaba deficiencias detectadas hacía tiempo sin ser subsanadas por el Ministerio de Defensa, y acordando en consecuencia una indemnización de 30.000 euros para su viuda y la misma cantidad para su hija.

Dice la sentencia que “la protección de la vida de los funcionarios” es una de las exigencias que se debe hacer a la Administración, algo que a los políticos del Ministerio de Defensa les suele traer al pairo. Porque, ¿cuánto vale para ellos la vida de un militar muerto en acto de servicio a los 34 años de edad…? ¿La pensión legal de la viuda, que es un derecho propio cotizado, y una indemnización de 19.230 euros…?

Otro ejemplo vergonzante de la misma mezquindad política, es el hecho de que, frente a la existencia de diversas asociaciones de víctimas del terrorismo, todas ellas subvencionadas históricamente por su proyección electoralista, apenas hace dos años que se produjo la Orden Ministerial 71/2010, de 15 de diciembre, por la que se crea la Unidad de apoyo a heridos y familiares de fallecidos y heridos en acto de servicio de las Fuerzas Armadas…

Algo es algo, aunque no deje de ser pura semántica. Y muy alejada, por ejemplo, del “dorado” juego de pensiones y complementos de jubilación que se han trajinado los parlamentarios españoles, diputados y senadores, para sí y para todo su entorno familiar, solo por calentar sus escaños unos pocos años.

El pasado mes de mayo se inició una encendida polémica, alentada sobre todo por el diario “El País” y el periódico digital “Público”, en torno a la biografía del general Franco incorporada por el historiador Luis Suárez en el “Diccionario Biográfico Español”, proyecto editorial de la Real Academia de la Historia con varios autores que, una vez concluido, constará de 50 tomos (ya se han presentado los 25 primeros en uno de los cuales se incluye la biografía de Franco).

Según sus críticos, lo más repudiable de dicho texto es que tan sólo dedica un párrafo a la Guerra Civil (de la que libremente se han escrito millones de páginas) y que incluye la afirmación de que “montó un régimen autoritario, pero no totalitario”. En ese mismo marco de discusión, también adujeron que la Real Academia Española (RAE) había cometido, si cabe, un mayor pecado de manipulación histórica en su definición del “franquismo”, al que calificaba simplemente como movimiento “de tendencia totalitaria”.

Ahora, los incansables perseguidores del Franco muerto hace casi 40 años (algunos de ellos muy respetuosos con su persona mientras vivía) parecen estar de enhorabuena. Sus airadas exigencias han conseguido que la RAE rectifique su valoración política del término “franquismo” y pase a calificarlo como una “dictadura de carácter totalitario”, definición que se incorporará en su próxima edición.

ANSON, EL MONÁRQUICO ENREDADOR

El reconocido periodista y escritor Luis María Anson, monárquico confeso (durante el franquismo fue miembro del Consejo Privado del Conde de Barcelona, padre del actual Monarca), ha celebrado el cambio de criterio con gran entusiasmo. Contó de forma inmediata en un artículo de opinión titulado “Franco, ‘dictadura de carácter totalitario’, según la RAE”, publicado en “El Mundo” (30/10/2012), que, tras un largo e interesante debate, el pleno de la citada Academia de la Lengua, de la que es miembro eminente, aprobó la redefinición del vocablo “franquismo” redactada en estos términos: “Dictadura de carácter totalitario impuesta en España por el general Franco a partir de la Guerra Civil de 1936-1939 y mantenida hasta su muerte”.

La satisfacción de Anson ha sido tan grande que no sólo dio personalmente la  primicia informativa, sino que en su artículo se explayó subrayando el carácter de “dictadura militar dura y pura” del franquismo, al que en su opinión, por fin, se le “ha definido científicamente, de forma independiente y objetiva, al margen de manipulaciones y tendenciosidades”. Incluso adujo detalles rebuscados de las “maldades” del aquel régimen político, como el comienzo del texto del Fuero de los Trabajadores, que fue la primera Ley Fundamental de la ahora reconocida por la RAE con su inestimable ayuda como “dictadura totalitaria”: “Renovando la tradición católica de justicia social y alto sentido humano que informó nuestra legislación del Imperio, el Estado nacional en cuanto es instrumento totalitario al servicio de la integridad de la Patria…”.

No es nuestra intención polemizar sobre el fondo de la cuestión o realizar comparaciones conceptuales odiosas e inútiles. Ni, mucho menos, descubrir pasados personales vergonzantes de “franquistas” transformados de la noche a la mañana en “demócratas de toda la vida”, ni de “antifranquistas” que ni siquiera habían nacido con Franco vivo o que vivieron bajo su régimen político de forma confortable como hijos o nietos de entusiastas colaboradores del “dictador totalitario” en cuestión…

Pero sucede que, puestos a remover la historia para poner a cada cual en su sitio (personas e instituciones) como ahora hace la RAE, el reconocimiento del franquismo como “dictadura totalitaria” (que según Anson es científico, independiente y objetivo), arrastra la necesaria revisión histórica de la figura del rey Juan Carlos I y de la propia Corona, con origen declarado en esa “dictadura totalitaria” en la que el entonces Príncipe de España (designado como tal por el “dictador”) presidió incluso algún que otro Consejo de Ministros…

Veamos, pues, los hitos de la biografía del rey Juan Carlos más relevantes al respecto, que los entusiastas revisionistas del lenguaje y de la historia deberían tener bien presentes tras haber logrado consolidar su concepto del franquismo.

EL ORIGEN DICTATORIAL-TOTALITARIO DE LA CORONA

Don Juan Carlos de Borbón y Borbón, primer hijo de Don Juan de Borbón y Battenberg y de Doña María de las Mercedes de Borbón y Orleáns, nació el 5 de enero de 1938 en Roma. Fue bautizado en la iglesia del palacio magistral de la Soberana Orden Militar de Malta por el entonces secretario de Estado del Vaticano, cardenal Eugenio Pacelli, quien un año después sería investido Papa con el nombre de Pío XII.

Antes de trasladarse a España en el año 1948, como consecuencia del pacto establecido entre su padre y el general Franco, y por tanto connivente con la “dictadura totalitaria” del momento, su infancia discurrió en Roma, Lausana y Estoril. En estas dos últimas ciudades inició sus estudios preparatorios de Bachillerato, que completaría en Madrid y San Sebastián.

Al acabar dichos estudios, Don Juan Carlos inició su formación castrense bajo la tutela del general Martínez de Campos, duque de la Torre, asistido por otros militares de relevante biografía (los “ocupantes de España” por cuenta de la “dictadura totalitaria” franquista como recuerda Anson). Entre ellos cabe destacar a Nicolás Cotoner (quien tras ser Jefe de la Casa del Príncipe Juan Carlos, y acceder éste a la Corona de España, sería nombrado primer Jefe de la Casa Civil de Su Majestad El Rey), Emilio García-Conde (que llegaría a ser Jefe de Estado Mayor del Ejército del Aire) y Joaquín Valenzuela (que pasaría a ser caballero mutilado permanente tras el atentado etarra que sufrió el 7 de mayo de 1981, cuando ocupaba la jefatura del Cuarto Militar del Rey).

La biografía militar de Don Juan Carlos de Borbón comienza al ingresar en el servicio el 14 de julio de 1955. A partir de ese hito, permaneció dos años en la Academia General Militar de Zaragoza hasta alcanzar el empleo de alférez de Infantería. A continuación, en 1957, se trasladó a la Escuela Naval Militar de Marín, realizando su primer viaje de prácticas por el continente americano a bordo del buque escuela “Juan Sebastián Elcano”. Finalizado este periodo de formación específica en la Armada, y alcanzado el grado de alférez de Corbeta, el 16 de julio de 1958 abandonó la Escuela Naval para pasar, en septiembre de ese mismo año, a la Academia General del Aire de San Javier (Murcia), donde obtuvo el título de piloto militar.

El 10 de diciembre de 1959, recibió simultáneamente sus despachos de teniente de Infantería, alférez de Fragata y teniente de Aviación. Ocho años después, en 1967, ascendió a capitán de Infantería, obteniendo más tarde, en 1969, el titulo de piloto de helicópteros del Ejército del Aire.

Todo ello en el marco de una “dictadura totalitaria” como ahora aclara la RAE, preparado por militares activos en la misma y convirtiéndose en oficial del mismo Ejército, que entonces --cuenta Ansón-- “ocupaba España”.

Este académico de la Lengua, a veces lenguaraz, ferviente partidario de un Juan III que sólo existió en su imaginación, se apoya en una afirmación de Pedro Sainz Rodríguez hecha cuando se encontraba auto exiliado en Lisboa por discrepar de forma puntual con Franco sobre la reposición de la monarquía borbónica, con quien mantenía una estrecha amistad desde su juventud: “España era un país ocupado por su propio Ejército”. Claro está que eso no impidió que Sainz Rodríguez regresara en 1969 a la misma España “ocupada militarmente” para ocupar él (y manu militari) una cátedra en la Universidad de Comillas.

Paréntesis: Anson oculta, además, que Sainz Rodríguez fue, junto con Víctor Pradera y José Calvo Sotelo, impulsor del “Bloque Nacional”, un efímero intento de aglutinar las distintas facciones de derecha, y colaboró activamente en el Alzamiento Nacional de 1936, actuando como enlace con el general José Sanjurjo. Y también que formó parte del Primer Gobierno “franquista” (1938-1939) como ministro de Instrucción Pública, denominación que cambió por la de “Educación Nacional”, de semántica más acorde con la “dictadura totalitaria” a la que servía...

Una vez concluida su formación militar (de “dictadura totalitaria”), Don Juan Carlos cursó estudios de Derecho Político e Internacional, Economía y Hacienda Pública en la Universidad Complutense de Madrid (1960-61). En su formación global fue asistido por profesores de gran talla intelectual como Enrique Fuentes Quintana, Pedro Laín Entralgo, Torcuato Fernández-Miranda, Segismundo Royo-Villanova, Carlos Ruiz del Castillo, Martín de Riquer… Una tutela docente de incuestionable altura en la que también figuraron algunos destacados miembros del Opus Dei, como Florentino Pérez Embid, Laureano López Rodó, Antonio Fontán y, sobre todo, el profesor Ángel López-Amo, fallecido en accidente de tráfico el 20 de diciembre de 1956 en Washington, donde había acudido a pronunciar unas conferencias.

Es decir, recibiendo Don Juan Carlos una solvente formación de auténtico “espíritu nacional”, impregnada por los cuatro costados de las esencias “dictatoriales y totalitarias” del franquismo. En esa misma época formativa, el “aprendiz de rey” realizó diversos viajes de estudio por España con objeto de conocer en detalle sus distintas regiones y, según se deriva de lo escrito por Anson, impávido ante la “ocupación militar” de las mismas y la aplicación de las malvadas políticas impuestas por el perverso general Franco, que era, obviamente, su padre espiritual.

El 14 de mayo de 1962, Don Juan Carlos contrajo matrimonio en Atenas con la princesa Sofía Schleswig-Holstein Sönderburg-Glücksburg (quien después adoptaría el nombre de Sofía de Grecia), hija de los reyes Pablo I y Federica de Grecia; casamiento por supuesto “tutelado” por Franco, por no decir supeditado a su expresa aprobación. Una ceremonia en la que estuvo presente como invitado excepcional el entonces capitán Emilio Alonso Manglano.

Segundo paréntesis: Emilio Alonso Manglano y Don Juan Carlos se conocieron cuando, estando el primero destinado en el Regimiento de la Guardia de Su Excelencia el Generalísimo, Don Juan Carlos se entrevistaba con Franco en El Pardo de forma asidua como joven educando de la “dictadura totalitaria” franquista. Más tarde, tras los sucesos del 23-F, Emilio Alonso Manglano sería puesto al frente del CESID con el respaldo personal de aquel mismo joven consorte ya convertido en Rey de España.

De la unión matrimonial entre Don Juan Carlos y Doña Sofía nacieron en Madrid las infantas Doña Elena (el 20 de diciembre de 1963) y Doña Cristina (el 13 de junio de 1965) y el infante Don Felipe, heredero de la Corona, alumbramiento que tuvo lugar el 30 de enero de 1968. Éste, tendrá que arrastrar también de por vida el estigma original del franquismo que alentó la nueva dinastía monárquica, redefinido ahora por la RAE como “dictatorial y totalitario”.

EL QUID DE LA CUESTIÓN: UNA MONARQUÍA FRANQUISTA

En virtud de la Ley de Sucesión de 26 de julio de 1947 (franquista y por tanto “dictatorial y totalitaria”), Su Excelencia el Generalísimo propuso a Don Juan Carlos de Borbón y Borbón como su sucesor en la Jefatura del Estado a título de Rey ante las Cortes Españolas, en su sesión plenaria extraordinaria del 22 de julio de 1969, siendo aprobada en ese mismo acto la Ley 62/1969, “por la que se provee lo concerniente a la sucesión en la Jefatura del Estado”. Esta nueva Ley de Sucesión, publicada al día siguiente en el Boletín Oficial del Estado, establecía que “al producirse la vacante en la Jefatura del Estado, se instaurará la Corona en la persona del Príncipe Don Juan Carlos de Borbón y Borbón”.

En la mañana de ese mismo 23 de junio de 1969, Don Juan Carlos aceptó la sucesión en un acto celebrado en el Palacio de la Zarzuela. Ya por la tarde, en otro acto ante el pleno extraordinario de las Cortes Españolas, uniformado como capitán de Infantería, juró “en nombre de Dios y sobre los Santos Evangelios, lealtad al jefe del Estado y fidelidad a los Principios del Movimiento Nacional y demás leyes fundamentales del Reino”, recibiendo el título “franquista” de Príncipe de España. Dos días después fue ascendido, también por decreto “franquista”, a general de brigada de los Ejércitos de Tierra y Aire y a contralmirante de la Armada, atribuyéndosele los honores de Capitán General. A partir de entonces ocupó en todos los actos oficiales el puesto inmediato al Jefe del Estado (que era el “dictador totalitario” Francisco Franco). 

El 2 de noviembre de 1975, ejerciendo por segunda vez la Jefatura del Estado de forma interina en razón de la enfermedad padecida por su titular (jefatura de un régimen político estrictamente “dictatorial y totalitario” según la RAE), el Príncipe de España (que desde ese nombramiento ya ostentaba el grado de general del Ejército franquista) se desplazó a El Aaiún, girando una visita oficial a los territorios del todavía Sahara español. Aquel gesto fortaleció su relación con el estamento militar (el que “ocupaba España” como describe Anson), moralmente afectado por la amenaza de la “marcha verde” que había impulsado el Gobierno marroquí aprovechando la agonía de Franco.

Tras la muerte del Caudillo, ocurrida el 20 de noviembre de 1975, con su  cadáver todavía insepulto y sin que ninguna autoridad política, civil o militar, señalara pauta o directriz oficial al respecto, el Príncipe de España, entonces sucesor in pectore en la Jefatura del Estado, decidió motu proprio que su ayuda de cámara, Blas Leyva, le cosiera en sus uniformes militares los distintivos de capitán general efectivo, sólo portados hasta ese momento por el Generalísimo (el “dictador totalitario”). Las decisiones tomadas en aquel momento histórico, fueron en algunos  detalles tan apremiantes que el propio Don Juan Carlos reconocería, por ejemplo, que nadie llegó siquiera a comunicarle de forma oficial la muerte de Franco, que era su protector y padrino político.

De hecho, cuando el Príncipe de España compareció ante el Pleno conjunto de las Cortes y del Consejo del Reino, celebrado el 22 de noviembre de 1975, para ser proclamado Rey, lo hizo con uniforme de capitán general sin que en aquel momento tan solemne nadie discutiera su formalidad: una aceptación silente, sin duda de excesiva y cuestionable prudencia, que nadie llegaría a remover jamás. A continuación, en ese mismo acto, el ya Rey de España volvería a prestar de nuevo juramento a las siete Leyes Fundamentales del régimen franquista (“dictatoriales y totalitarias” a tenor de lo interpretado por Anson), pronunciando tras ello su primer “Discurso de la Corona”, que por su corte “aperturista” anticipaba el inevitable camino del perjurio regio.

El mismo 22 de noviembre, nada más ser proclamado Rey y antes de su exaltación al trono, sustanciada el inmediato 27 de noviembre en una ceremonia de unción denominada “Misa del Espíritu Santo” (comparable de alguna forma a una coronación), celebrada en la histórica iglesia madrileña de San Jerónimo el Real, Don Juan Carlos lanzó una clarísima señal de lo que quería heredar y no heredar de Franco en el ámbito militar. Dando por hecho que había asumido de forma selectiva el mando supremo de las Fuerzas Armadas, pero no los títulos de Caudillo de España y Generalísimo de los Ejércitos, que podían no convenirle en su inmediata reconversión a la “democracia”, envió este expresivo mensaje al estamento militar:

En estos momentos en que asumo la Jefatura de las Fuerzas Armadas, me dirijo a todos vosotros con profunda ilusión y fundadas esperanzas.

Sois los depositarios de los más altos ideales de la Patria y la salvaguardia y garantía del cumplimiento de cuanto está establecido en nuestras Leyes Fundamentales, fiel reflejo de la voluntad de nuestro pueblo.

Expreso mi reconocimiento y gratitud a nuestro Generalísimo Franco, que con tanta dedicación y entrega os ha mandado hasta ahora, dándonos un ejemplo único de amor a España y sentido de la responsabilidad. Mi recuerdo emocionado se dirige hoy a las Fuerzas destinadas en África, las que por su patriotismo, disciplina y entrega están haciéndose acreedoras del agradecimiento de todos los españoles.

Debemos mirar el futuro con serena tranquilidad, pues hemos adquirido un alto grado de madurez política que ha cumplido lo que nuestro pueblo y sólo él desea.

España confía plenamente en sus Fuerzas Armadas. Sé que tenéis un alto concepto del amor a la Patria y que no escatimaréis vuestro esfuerzo para lograr una España cada vez mejor.

Quiero renovar hoy el juramento de fidelidad a nuestra bandera, símbolo de nuestras virtudes y de nuestra raza, y prometeros, una vez más, servirlas y defenderlas, a cualquier precio, de los enemigos de la Patria.

Mandar es servir, y quiero estar en el mando muy unido a vosotros. Sé que cumpliréis con vuestro deber como siempre lo habéis hecho. Como español, como soldado y como Rey, me siento orgulloso de contar con vuestra adhesión y lealtad. Estoy seguro de que, trabajando todos unidos, alcanzaremos lo que España se merece por imperativo de la historia y su papel en el mundo de hoy.

¡Viva España!

JUAN CARLOS, REY

Especial significado tuvo también para el entorno de la milicia el párrafo de elogio y agradecimiento con el que distinguió la figura del general Franco en el denominado “Discurso de la Corona”, pronunciado ante las Cortes Españolas y el Consejo del Reino tras ser proclamado rey y prestar juramento, como hemos dicho, al ideario jurídico-normativo del franquismo (las siete leyes fundamentales). En él afirmaba literalmente:

Una figura excepcional entra en la Historia. El nombre de Francisco Franco será ya un jalón del acontecer español y un hito al que será imposible dejar de referirse para entender la clave de nuestra vida política contemporánea. Con respeto y gratitud quiero recordar la figura de quien durante tantos años asumió la pesada responsabilidad de conducir la gobernación del Estado. Su recuerdo constituiría para mi una exigencia de comportamiento y de lealtad para con las funciones que asumo al servicio de la Patria. Es de pueblos grandes y nobles el saber recordar a quienes dedicaron su vida al servicio de un ideal. España nunca podrá olvidar a quien como soldado y estadista ha consagrado toda la existencia a su servicio...

Además, otro gesto político-militar del Rey de España, entonces jefe no constitucional pero efectivo de sus Fuerzas Armadas, consistió en la firma de un inmediato Real Decreto (3269/1975) que reiteraba su demostración de afecto al Generalísimo y por el que se le colocaba permanentemente en el primer puesto de todos los escalafones militares. Algo que hoy no deja de ser curioso en relación con el desmantelamiento de la simbología franquista que, con más o menos intensidad, han perseguido desde entonces todas las fuerzas políticas. Su texto establecía:

Francisco Franco, Jefe del Estado Español, Caudillo de España y Generalísimo de sus Ejércitos, fue a lo largo de su esforzada vida acendrado exponente de todas las virtudes militares en su más alto grado.

Por el elevado valor ejemplarizador de su limpia conducta, por cuanto ésta debe tener de ejemplo permanente para todos los miembros de las Fuerzas Armadas, en la firme voluntad de prestar un homenaje eficaz y permanente a la memoria de Franco, a propuesta de los ministros del Ejército, Marina y Aire, y previa deliberación del Consejo de Ministros en su reunión del día cinco de diciembre de mil novecientos setenta y cinco.

DISPONGO:

Artículo único. En todos los escalafones de los Ejércitos de Tierra, Mar y Aire figurará en cabeza, en lo sucesivo y a perpetuidad, el excelentísimo señor don Francisco Franco Bahamonde, Generalísimo y capitán general de los Ejércitos, seguido de la frase “Caudillo de España”.

Así lo dispongo por el presente decreto, dado en Madrid a cinco de diciembre de 1975.

JUAN CARLOS, REY

EL CORDÓN UMBILICAL ENTRE LA CORONA Y EL FRANQUISMO

De esta forma quedó establecida “políticamente” la sutil continuidad del franquismo y la selección de los atributos militares de Franco más convenientes al interés de la Corona. Es decir, basándose en la legalidad “dictatorial y totalitaria” del momento según la sesuda opinión de la RAE, apenas “cogida con alfileres” y en sí misma aceptada por el estamento castrense sólo en base al “Testamento de Franco” que, como tal, respetaría en plenitud aun siendo militarmente inespecífico.

De su escueto contenido, leído por el presidente del Gobierno, Carlos Arias Navarro, ante las cámaras de Televisión Española de forma inmediata a la muerte del testador, el mismo 20 de noviembre de 1975, destacaba este llamamiento general al pueblo español: “Por el amor que siento por nuestra Patria, os pido que perseveréis en la unidad y en la paz y que rodeéis al futuro Rey de España, don Juan Carlos de Borbón, del mismo afecto y lealtad que a mí me habéis brindado y le prestéis, en todo momento, el mismo apoyo de colaboración que de vosotros he tenido…”.

En relación con la inquebrantable lealtad que los militares del momento profesaban al Generalísimo, más allá de su muerte, conviene advertir que era un sentimiento desde luego unánime, incluyendo a quienes podían considerarse como más liberales o demócratas, e incluso a los más significados valedores de la monarquía. En la biografía autorizada de Sabino Fernández Campo escrita por Manuel Soriano (“Sabino Fernández Campo: La sombra del Rey”, Editorial Temas de Hoy, 1995) queda patente: “El Ejército, a su vez, había recibido la orden de Franco de obedecer al Rey después de que él muriera. Y eso fue lo que hizo. Se puso a su servicio como antes lo estuvo al de Franco. Para la mayoría de los militares, incluso Sabino, el cambio consistió en sustituir uno por otro”.

En esa misma interpretación sobre la sucesión del rey Juan Carlos en la absoluta lealtad profesada a Franco por el estamento castrense, actitud en la que se entendía implícito el reconocimiento de su liderazgo institucional, también estaba naturalmente el ex general Armada, monárquico radical que en su libro “Al servicio de la Corona” (Editorial Planeta, 1983) afirma: “El último mensaje de Franco a los españoles constituye una orden permanente para los militares. Nos dice que apoyemos al futuro rey de España”…

LOS DAÑOS COLATERALES DEL REVISIONISMO HISTÓRICO

Cierto es que los maquinadores de la política, han aducido que, tras cuatro años de “franquismo legal”, con Franco muerto, la Constitución de 1978 habría legitimado al rey Juan Carlos y a la propia Corona “franquista”. Idea harto discutible que se reforzó cuatro años después con otra todavía de peor encaje: la reconducción “democrática” del intento de golpe de Estado del 23-F atribuida a Su Majestad, cuando hay quienes le han acusado precisamente de todo lo contrario.

Sobre la “legitimación constitucional” de la monarquía franquista, hay que recordar la situación de “pánico escénico” surgida con la muerte de Franco y las manipulaciones y “trágalas” políticos con los que se redactó y aprobó la Carta Magna de 1978 (se votaba “sí” o “sí”, y la alternativa a no votar era el caos). Una Constitución “transicional”, que hoy se muestra esencialmente transgredida, disgregadora y agotada incluso para muchos de los constituyentes, y que de no reformarse ya con cierta premura amenaza con hacer saltar por los aires la convivencia democrática.

Y sobre la “legitimación monárquica del 23-F” lo más prudente sería olvidarla. Quizás la opinión más reveladora y concluyente publicada sobre el 23-F, sea la de Sabino Fernández Campo, quien a la sazón era secretario general de la Casa de Su Majestad y por tanto persona excepcionalmente informada sobre aquel dramático suceso. Justo con ocasión del XXV Aniversario del reinado de Juan Carlos I escribió con tanta prudencia como sabiduría: “Por mi parte, renuncio a intentar descubrir las piezas que me faltan del rompecabezas. Dejémoslo como está, sin agitar la historia ya calmada... En ocasiones, el que busca afanosamente la verdad, corre el riesgo de encontrarla”…

Aceptemos el sabio consejo que nos brindó Fernández Campo y dejémoslo aquí… Todo: lo del 23-F y lo de la “dictadura totalitaria” del franquismo, aguas pasadas que no mueven molino y que, razonablemente, convendría dejar en su curso natural hasta que se diluyan en el océano de los tiempos.

Nuestra reflexión no pretende, en modo alguno, poner patas arriba la historia ni la política de España, pero sí advertir de lo inconvenientes que pueden llegar a ser sus reinterpretaciones vengativas en tiempos en los que todavía pueden producir daños colaterales innecesarios, como la apadrinada por Luis María Anson en la RAE. En el fondo, la Guerra Civil tuvo, como tienen todas las guerras, un bando vencedor y un bando vencido, hoy perfectamente irreconocibles en esa concreta diferencia. Y punto.

Porque, metidos en ese berenjenal, ahora la RAE y sus maniobreros de oficio (alguno como Anson adicto a la polilla histórica) tendrían que redefinir al menos los cuatro años del “franquismo existencial” vigente con el rey Juan Carlos como Jefe de Estado (1974-1978), edulcorar su pasado “franquista” y reinventar el origen dictatorial de la nueva dinastía borbónica. Todo por ponerse a pontificar en materias más que opinables y no dejar a Franco en paz, como hoy se deja en paz (y hasta elevada a los altares) a la España vencida por el franquismo, con todas las responsabilidades culposas que también tuvo.

La concreción práctica del “desgobierno” (que significa falta de gobierno y también perturbación o desorganización del orden establecido), es bien conocida en el mundo entero y desde tiempos inmemorables, al igual que sus nefastas consecuencias. Pero quizás sea en la España de los siglos XIX y XX donde esta praxis se enraíza más con la acción política, a veces de forma ciertamente ruinosa, hecha, claro está, la salvedad de no pocas dictaduras, que en ocasiones no dejaron de ser un recurso para reconducir la situación del “desgobierno nacional” llevado al límite.

Otra deriva característica de ese mismo desgobierno y de la mala práctica política que comporta, es la “corrupción” (sinónimo de “degradación” o “putrefacción”), que aquí queda referida como es lógico al ámbito político o de la vida pública, aunque el término también sea aplicable a otras muchas actividades humanas. Y, sin ser ambos ejercicios biunívocos (el desgobierno y la corrupción), la historia no deja de evidenciar que suelen caminar juntos, alternándose en la función locomotora o de arrastre del uno con el otro, y casi siempre imbuidos por una acción política deplorable.

Así, parece inevitable que, tarde o temprano, la política mal entendida conduzca al desgobierno y a la corrupción, o que la corrupción y/o el desgobierno terminen transformándola en despótica, dictatorial y hasta en pura “cleptocracia”, que es un término de nuevo cuño para designar “el gobierno de los ladrones”, basado en abusos hoy tan cotidianos como el saqueo del capital en los asaltos políticos a las cajas de ahorro o el cobro de comisiones ilegales anejas a las adjudicaciones de las licitaciones oficiales. De esta forma, se institucionaliza un sistema degradante y al mismo tiempo todas sus derivas inmorales o delictivas (nepotismo, malversación de fondos públicos, prevaricación, clientelismo político…), bajo la protectora capa de impunidad que proporciona la creciente podredumbre de todos los sectores del poder, desde el judicial al parlamentario, pasando por el administrativo y los demás estamentos del sistema público.

La noble demanda de Tulio Marco Cicerón, cónsul de la República de Roma, de que “sea la ley suprema el bien del pueblo”, se transmuta por la vía del desgobierno y la corrupción en lo que Arturo Graf definió como “el arte de traicionar los intereses reales y legítimos, y crear otros imaginarios e injustos”.

No obstante, también es cierto, y hemos de sostenerlo con toda energía, que de la política bien entendida, hoy lamentablemente ausente en la vida nacional, siempre dimana un gobierno justo, es decir, intolerante con la corrupción.

UN VIAJE GRATUITO DEL FRANQUISMO A LA DEMOCRACIA

Cuando se analiza nuestra historia más reciente, siempre en constante vaivén, es fácil concluir que tras el régimen franquista, sufrido por muchos, aplaudido por otros tantos y tolerado por los demás, España ha oscilado desde una democracia ilusionante y con aspiraciones de ejemplaridad hasta un engendro híbrido con cabeza de reino bananero y cuerpo de dictadura “partitocrática”. Quizás, ese continuo “recorrido de ida y vuelta”, esté convirtiendo la anterior España franquista, hoy anatemizada como “una, grande y libre” por quienes políticamente ni siquiera saben dónde están posicionados, ni tampoco hacia dónde van, en una España en apariencia “democrática” pero “desgobernada y corrupta”: un viaje para el que no se necesitan alforjas.

Alejandro Nieto, que, entre otras cosas, ha sido catedrático de Derecho Administrativo en la Universidad de La Laguna, en Alcalá de Henares, en la Complutense de Madrid y en la Autónoma de Barcelona, presidente del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) entre 1980 y 1983 y Premio Nacional de Ensayo en 1997, analizó el fenómeno del desgobierno público y sus consecuencias con gran perspicacia y clarividencia en su libro “La corrupción en la España democrática” (Ariel, 1997).

En síntesis, el profesor Nieto puso en negro sobre blanco ya hace quince años el sentimiento nacional de que la corrupción lo estaba invadiendo todo y que la política y la administración (como la economía y la propia sociedad) resultaban corrompidas hasta la médula. Situación que nos desconcierta y agita sin que se pueda asumir fácilmente lo que está pasando.

Tras el cambio de régimen, el ciudadano de a pie no puede entender que tal cosa suceda en una democracia (teórica) con Parlamento vigilante, prensa libre y justicia independiente. Y percibe, cada vez con más claridad e intensidad, que, si bien es cierto que un régimen democrático cuenta con mecanismos de auto-defensa, también es portador de elementos corrumpentes, empezando por los partidos políticos y los sindicatos, que se mueven con excesiva ligereza en una sociedad lastimosamente tolerante con las prácticas políticas más perversas.

El “oficio público” se ha vuelto más que “sospechoso” y el Estado aparece como un instrumento de depredación en provecho de una “casta” (la clase política). Eso es lo que hay.

En su libro, Alejandro Nieto no pretendió, ni mucho menos, relatar una vez más los casos que cada día ruedan en periódicos y juzgados. Desentrañaba, eso sí, los hilos que mueven este gigantesco y cotidiano negocio de desviar los poderes públicos en beneficio privado. ¿Quiénes están abusando de la democracia? ¿Quiénes son sus cómplices y encubridores? ¿Cómo se las arreglan para que no funcionen los mecanismos de prevención y represión? ¿Cómo operan? ¿A qué manos van a parar los frutos de la extorsión…?

Paréntesis: Nieto es autor de otros dos libros “de culto” en el ámbito de las Administraciones Públicas: “La organización del desgobierno” (durante los años ochenta) y “La nueva organización del desgobierno” (durante los noventa). No obstante, su ácida descripción y crítica de las patologías letales que padece la “cosa pública” han culminado en un recomendable último libro, serenamente transgresor, titulado “El desgobierno de lo público” (Ariel, 2008). En su introducción advierte: “El lector no encontrará en este libro una sola afirmación que le sea desconocida puesto que en él deliberadamente nada nuevo se dice, se queda corto en sus denuncias y hasta resulta excesivamente comedido en sus acusaciones. Su única novedad consiste en decir en voz alta lo que todos conocen a través de simples murmuraciones y, sobre todo, en asumir abiertamente las eventuales tachas sociales y legales que puedan sobrevenir”.

EL DEDO EN LA LLAGA: LA CORRUPCIÓN COMO PACTO DE ESTADO

Que el profesor emérito y notable ensayista Alejandro Nieto nunca tuvo pelos en la lengua (que hoy sobran en las de muchos “prohombres” españoles), quedó bien patente también en la entrevista que concedió a la periodista Lucía S. Naveros para el diario ovetense “La Nueva España” (27/01/2007), con motivo de pronunciar una conferencia en la capital del Principado sobre corrupción urbanística (la razón última del “ladrillazo”). Así de grave y así de claro fue lo que dijo:

“Hay un pacto de Estado para fomentar la corrupción con la que se financian los partidos políticos” 

-Su conferencia se titula “¿Existe un pacto de Estado sobre la corrupción urbanística en España?”. ¿Existe?

-Sí, pero un pacto no para combatir la corrupción urbanística, sino un pacto político para tolerarla, silenciarla y fomentarla.  

-Es una afirmación muy dura. ¿En qué se basa?

-Me remito a los hechos y a las consecuencias. Existe prácticamente en todos los municipios de España, y esta corrupción es sabida, tolerada. No hay nadie que ignore los disparates urbanísticos y el dinero que está corriendo. Esto hace suponer que hay un pacto para tolerarlo y también para fomentarlo. Esto sucede porque los partidos políticos necesitan de la corrupción para financiarse, es algo también sabido que gastan diez o veinte veces más de lo que legalmente ingresan.

-Su tesis implica que los controles internos de la Administración, los funcionarios que deben vigilar la legalidad, no lo hacen.

-Legalmente se les encomienda que vigilen, pero hay mecanismos de presión para evitar que cumplan con su deber. El sistema más sencillo es comprarlos, se les paga más de lo que se debe. A los buenos, a los dóciles, por unos caminos u otros se les aumenta el sueldo. Pero hay otro mecanismo que es más importante, que es la desmoralización: sus vetos, sus reparos, no se cumplen. Antes, cuando un secretario se oponía a una resolución administrativa, su veto era decisivo. 

-¿Cuándo cree que se inicia esta situación?

-También es duro decirlo, pero creo que con la democracia. Desde Calvo Sotelo, en 1924, hasta la transición, los ayuntamientos no tenían autonomía. Un reparo de un interventor paralizaba la actuación sospechosa en horas o días. Cuando la democracia consagra la autonomía municipal, surge también su cara oscura: no hay un poder central que pueda intervenir ante estos casos, sólo queda la justicia, que es carísima y lentísima. Claro que hay funcionarios que quieren cumplir con su deber, pero no tienen fuerza para hacerlo. Sólo los funcionarios muy rigurosos y muy tercos siguen intentándolo, y así les va. 

-Dice que hay un pacto secreto para silenciar la corrupción, pero empieza a ser frecuente en España ver a concejales y alcaldes procesados o en la cárcel. ¿Se ha roto?

-El pacto ha funcionado hasta el año pasado [2006], pero en determinado momento saltó un caso, y han seguido otros en cascada. Hay muchos factores, pero destaco dos. Por un lado, surge un juez, un francotirador, que decide hacer justicia, algo poco frecuente. Dice, en mi Juzgado están pasando cosas horrorosas, por ahí no paso. Como en Marbella. El caso salta a la televisión y se monta un gran escándalo. Hay también una crispación política enorme, y alguno de los partidos puede llegar a la conclusión de que es más rentable políticamente romper el acuerdo. Eso está ocurriendo ahora, hay gran crispación política y los dos grandes partidos han roto el pacto, están como en un partido de fútbol: tu tienes tantos alcaldes procesados, tu tantos otros. Ahora sabemos que hay alcaldes socialistas corruptos, y también que hay alcaldes populares corruptos. El descrédito es enorme. Volverá a imponerse el acuerdo, porque les será más rentable. Harán las paces, y se volverá a tapar todo. Hay un caso muy bonito de pacto de corrupción en Cataluña. 

-¿A qué se refiere?

-¿Se acuerda del 3 por ciento de Maragall? Saltó en todas las televisiones, pero no se ha vuelto a hablar de ello. Alguien le dijo, ¿de verdad quieres tirar de la manta? Y volvió el silencio. En las elecciones catalanas se habló de todo, pero no de corrupción.

-Considera, entonces, que es un mal endémico, del sistema.

-Sí, siempre lo ha habido, pero cada vez hay más, porque la moral pública tolera esto y lo que haga falta. Los grandes corruptos y corruptores son héroes populares, desde Gil y Gil a Julián Muñoz, gente de la prensa rosa. No hay reproche social ante esta conducta. Eso y la impunidad disparan el fenómeno. 

-¿Y el papel de los jueces? ¿Hay independencia judicial ante esta situación?

-Tengo un libro entero sobre ese asunto. Digo que hay jueces independientes y honestos, pero mirando el colectivo creo que el poder judicial no es independiente. Todos los días hay peleas políticas para nombrar a tal o cual juez, en el Supremo, en el Consejo General del Poder Judicial... quien tiene al juez, tiene la sentencia. 

-¿Qué solución ve?

-No doy ninguna receta.

-¿Ocurre en otros países europeos?

-Es un mal endémico, y claro que hay en todos los países de nuestro entorno, pero es como la epidemia de sida, que no afecta lo mismo a Dinamarca que en Camerún.

Acertaba plenamente el profesor Nieto al denunciar la existencia de un “pacto de Estado” para fomentar la corrupción con la que se alimentan los partidos políticos, falsamente identificada por algunos como “financiación de la democracia”. Y, de igual modo, nosotros acertamos también cuando decimos que, justo en esa misma práctica política de corrupción urbanística, está el origen del famoso “ladrillazo”, tolerado por todos los organismos públicos de control (desde el Banco de España hasta el Tribunal de Cuentas, pasando por el propio Parlamento) en base a una deplorable conveniencia partidista del fenómeno.

Dicho de otra forma, si cabe más áspera, los máximos culpables del descalabro urbanístico que nos ha conducido de hoz y coz a la insostenible crisis económica actual, son los partidos políticos (de forma especial los mayoritarios PP y PSOE), que, para financiarse, se agarraron sobre todo a las comisiones generadas por las recalificaciones y plusvalías urbanísticas, enriqueciendo, de paso, a los intermediarios y “conseguidores” de turno. En una espiral enloquecida de auténtico “desgobierno y corrupción”, las nuevas y cada vez mayores ambiciones y exigencias económicas de unos y otros, llevaron también a su máximo extremo la concesión de créditos insolventes para seguir financiando nuevas promociones que pudieran consumir más y más recalificaciones de suelo…

LA INGENIERÍA DE LA CORRUPCIÓN POLÍTICA “DEMOCRÁTICA”

Por supuesto que este “apadrinamiento espurio de la democracia” (por no definirlo como “mangancia política organizada”), generalizado en el actual estamento “partitocrático”, no se ha limitado al ámbito de la corrupción urbanística. Tomó rápida referencia inicial en las ayudas prestadas en 1984 por las empresas constructoras al Partido Reformista Democrático (PRD), liderado tras la desaparición de la Unión de Centro Democrático (UCD) por Miquel Roca, Antonio Garrigues y Florentino Pérez. Los grandes empresarios del momento, básicamente los del sector de la construcción, aportaron a las arcas del PRD unos 1.500 millones de las antiguas pesetas en dinero “negro” como compensación a la adjudicación de obras comprometidas por el Gobierno de la Generalitat de Catalunya (pionero en la ingeniería de la corrupción política “democrática”), entonces dirigido por CiU, partido que apadrinaba la denominada “Operación Reformista”.

Aquella financiación “extra” o complementaria de los créditos bancarios oficiales, supuso un éxito de captación de fondos, ocultación fiscal y negocios fáciles, que se convirtió de inmediato en el modelo a imitar por las demás formaciones políticas. Conformó el procedimiento ilegal a seguir, que, por otras vías, ya había generado algún disgusto al PSOE tras la debacle electoral de la UCD, primero con el cobro de comisiones ilegales por adjudicación de concesiones en el Ayuntamiento de Madrid en 1981 (a las empresas Semat y Selberg) y, a continuación, con la ayuda económica que el grupo alemán Flick prestó a su campaña electoral de 1982, desvelada en 1984.

La ligereza con la que se engrasó la tesorería de la “Operación Reformista”, marcó un antes y un después en la financiación ilegal de los partidos políticos con cuotas de poder que les permitiera adjudicar “contratos y concesiones contra comisiones”. El modelo se extendió a la velocidad del rayo, corrompiendo como es obvio el sistema de contrataciones públicas, falseando las contabilidades oficiales (con el consiguiente quebranto para el erario público) y, finalmente, generando un nuevo tipo de “delincuencia-recaudadora” auspiciada, de forma sin duda paradójica, por los medios políticos que más debían respetar y proteger el Estado de Derecho. 

Aún a pesar de haberse convertido en un modelo connivente entre toda la clase política, los excesos con los que se acompañó concluyeron en casos judiciales tan sonoros como el de la “construcción de Burgos”, que explosionó en las manos del PP en 1988, y el de “casinos de Cataluña”, desvelado en 1989 y que afectó de lleno a la financiación de CDC (Convergencia Democrática de Cataluña). A ellos siguieron un creciente listado de ilegalidades que eclosionaron en 1990, afectando de forma generalizada al PSOE (“caso Juan Guerra” y “caso Ceres”), al PP (“caso Naseiro”) y al PNV (“caso Tragaperras”).

En 1991 explotó la trama de Filesa, Malesa y Time-Export; en 1993 el “caso del AVE” y en 1996 el procedimiento que implicó a Gabriel Urralburu y Javier Otano, todos ellos protagonizados por el PSOE. A continuación, la corrupción política indiscriminada abarcó en su desmesura casos como el de la Diputación de Zamora (PP), el del ayuntamiento zaragozano de La Muela (PAR), el expolio degenerativo de Marbella protagonizado por el entorno de Jesús Gil…

UNA RECONDUCCIÓN IMPOSIBLE: DIRECTOS AL POZO NEGRO

Cierto es que en 1995 se intentó reconducir aquella imparable oleada de delincuencia nacional “fehaciente” (la oculta queda bajo las tupidas alfombras de la política), creándose en el Congreso de los Diputados una “Comisión de Estudio para la Financiación de los Partidos Políticos” (V Legislatura), aunque con más intención de tranquilizar a la ciudadanía que interés en resolver el problema de fondo. A pesar de la imparcialidad con la que fue presidida por el diputado Luis Mardones, de su acertado análisis de la situación y de sus metódicas propuestas, concertadas incluso con las entidades financieras afectadas por los continuos impagos de los créditos concedidos a los partidos políticos (“pufos” encubiertos contra el bolsillo de los accionistas), la mentalidad y el arraigo de sus intereses impidieron la reforma del sistema. De hecho, y con el vergonzoso acuerdo común de todos los Grupos Parlamentarios presentes en la Cámara, nunca se llegó a dar siquiera carta de naturaleza a las conclusiones del trabajo realizado.

Para mantener la objetividad del comentario, también debemos reconocer la promulgación de una nueva normativa, más avanzada, sobre Contratos del Sector Público (Ley 30/2007) y sobre Financiación de los Partidos Políticos (Ley Orgánica 8/2007), e incluso la modificación de la Ley Orgánica 5/1085, de 19 de junio, del Régimen Electoral General. Pero ni estas actualizaciones normativas ni el propio Tribunal de Cuentas, con funciones específicas (fiscalizadora y de jurisdicción contable) para ejercer el control externo de la actividad económico-financiera del sector público, han podido llegar al meollo del asunto, ni reconducir, por tanto, la permisividad del sistema con el que, en un puro régimen de “desgobierno y corrupción”, se financian realmente los partidos políticos (ahí está el último gran esperpento del “caso Gürtel”).

España se sumergió en un mecanismo de “pago por favores políticos” que afecta a todo tipo de concesiones y contrataciones públicas (tanto estatales como autonómicas, municipales y de diputaciones provinciales o cabildos insulares). Y, según hemos advertido, vinculado sobre todo al ordenamiento  urbanístico del territorio, con las tentadoras “recalificaciones” de suelo como norte y guía del comportamiento partidista.

Es decir, conformando toda una trama económica ilegal con cifras ingentes de negocio, y que, admítase o no, ha pasado y pasa por las arcas caudinas de la clase política. Arrastrando sintomáticamente el blanqueo de capitales, el fraude fiscal, el cohecho y el tráfico de influencias, como prácticas anejas irremediables y peligrosamente dinamiteras de nuestra todavía joven y frágil democracia.

DESGOBIERNO Y CORRUPCIÓN A MANSALVA 

Con lo dicho, no parece necesario rebozar esta España “del desgobierno y la corrupción” en harinas de mayores escándalos. Pero, si alguno de nuestros lectores desea hacerlo, le basta consultar en Internet el “Corruptódromo” alimentado por el movimiento ciudadano “NoLesVotes” con cientos de casos encabezados por una acertadísima cita de Montesquieu: “La corrupción raramente empieza por el pueblo”.

(Ver http://wiki.nolesvotes.org/wiki/Corrupt%C3%B3dromo).

Otras muchas webs relacionan más y más casos de corrupción política en España, reproduciendo listados igual de reveladores con cientos y cientos de miembros de todos los partidos condenados por los tribunales de justicia (también los hay de procesados que fueron absueltos y de condenados privilegiados que han sido indultados por el Gobierno). Claro está que, en todo caso, hablamos de la “punta del iceberg” y no de la corrupción ingente que subyace oculta bajo la línea de flotación del sistema…

Este recurso a lo que Manuel Castells, prestigioso catedrático de Sociología y Urbanismo de la Universidad de Berkeley (California), ha definido como la “sociedad red”, es imprescindible porque, hoy por hoy, la mayoría de los medios informativos convencionales se limitan a defender o combatir los estrictos intereses partidistas, alineados casi siempre con una u otra de las dos formaciones mayoritarias con posibilidad de acceder al gobierno de la Nación. Un papel reiterado hasta la saciedad y anclado en el “quítate tú para ponerme yo”, a menudo rayano en el sectarismo y cada vez más alejado, como la propia política, de los intereses ciudadanos y de la nueva sociedad de la “globalización”.

Ese es un triste escenario en el que las cuestiones de Estado realmente sustanciales (las garantías constitucionales, la división e independencia de poderes, la justicia social, la política exterior, el juego “soberanista”…), se reconducen de inmediato al interés más villano y circunstancial sin grandeza política alguna. En él, cualquier debate sobre la perfección del modelo de convivencia y sobre la necesidad de afrontar una reforma institucional, se ha venido tachando de “transgresor”, siendo sometido en consecuencia a la censura más implacable. Y así nos va…

ENTRE EL PASOTISMO Y LA MANIPULACIÓN INFORMATIVA

No se puede negar que hubo tiempos próximos en los que el contenido crítico y los recursos dialécticos llenaban la vida pública, hasta el punto de que el rencor o la soberbia arruinaban a menudo la perspectiva política. Ahí están la historia del parlamentarismo anterior a la guerra civil, algunas voces admonitorias alzadas incluso en plena dictadura franquista y hasta el debate periodístico propio de la Transición Española, durísimo precisamente con quienes más hicieron por afianzar el nuevo modelo democrático.

Pero hoy la situación es bien distinta. Y sonroja comparar, por ejemplo, las aguerridas crónicas políticas y las columnas de opinión publicadas durante la presidencia de Adolfo Suárez, cuando la sociedad española en pleno procuraba un mejor modelo de convivencia para todos, con la mediocre realidad periodística de hoy en día. Hoy, es significativo, por poner un sólo ejemplo, el cerco institucional que se cierne sobre Federico Jiménez Losantos, cuya voz independiente y verdaderamente crítica con la profunda golfería de la actual clase política tiene muchas posibilidades de terminar enterrada en la cuneta del sistema…

¿Qué vestigios quedan, en la prensa actual, de la tercera página del diario “Pueblo” dirigido por Emilio Romero y de sus propios “Gallos”, redactados a modo de explosiva opinión editorial…? ¿Alguien ha heredado acaso el espíritu liberal-combativo que caracterizó al demolido periódico “Madrid”…? ¿Cómo olvidar la razón política y humanista promovida por Joaquín Ruiz-Giménez en sus “Cuadernos para el Diálogo”…? ¿Dónde podríamos recuperar hoy los fundamentos reformistas perdidos de “El País” o del Grupo 16…?  ¿Acaso alguien ha vuelto a lanzar dardos tan envenenados contra los poderes establecidos como los que a menudo dirigió la propia Prensa del Movimiento a personalidades bien significadas del franquismo…?

En el nuevo contexto de conformismo informativo, sostenido sobre todo por el adocenamiento y el pasotismo empresarial, instalado en la subvención y el favor económico generalizado, la sociedad civil soporta una peligrosa degradación intelectual más allá de la pérdida de sus principios éticos y de los referentes de la convivencia democrática. Una senda que conduce al progresivo ocaso nacional, contaminado por la extrema inmoralidad política circundante y el ahogamiento de las voces críticas, cuya reconducción sólo será posible mediante una revisión global del sistema de interacción social.

¿ES POSIBLE QUE DESPIERTE EL PERIODISMO?

Si la ciudadanía diese por bueno el pancismo vergonzante que caracteriza la política del momento y aceptase sin más sus mecanismos de manipulación social, quizás no merecería la pena plantear siquiera las razones de la crítica, el valor del intelectualismo o la esencia de nuestra propia libertad. Pero sucede que hay grupos de personas, silenciosas pero seguramente muy numerosas en España, que no se acomodan, ni tiene por qué hacerlo, al dominio de la “partitocracia” y de los denominados “poderes fácticos”; realidad por la que también debemos reconocer y destacar las muestras, aunque sean escasas, del periodismo crítico.

A tal efecto, traemos a colación un artículo de opinión de Josep Ramoneda titulado justamente “El desgobierno” y publicado en “El País” (18/04/2012), en el que, hace ya seis meses, describía con acierto una realidad política e institucional lamentable y progresivamente decadente:

“La foto de Botsuana acompañará al Rey como símbolo de la caída del prestigio de la Corona”

La foto del rey Juan Carlos con un compañero de caza al lado y un elefante abatido detrás, quedará para siempre como el icono del día en que se rompió definitivamente el tabú de la monarquía en España. Si el vídeo del Rey vestido de capitán general dirigiéndose al país, la noche del 23-F, ha perdurado como imagen que legitimó a los ojos de los españoles a un monarca que tenía sus raíces en el régimen de Franco, la foto de Botsuana acompañará a don Juan Carlos el resto de sus días como símbolo del desmoronamiento del prestigio de la Corona.

Durante los últimos meses daba la sensación de que el Rey había perdido el control de la familia, ahora ha perdido el control de su propia función. A partir de aquí, todo es posible: que la crisis le salve, porque la gente no quiera añadir otro problema a los muchos que tenemos, o que la avalancha de informaciones que puede seguir al levantamiento del tabú convierta su situación en insostenible.

Como si Marx tuviera razón, el desbarajuste en la infraestructura económica está provocando un descontrol creciente en la superestructura política. Así estamos viendo cómo a una crisis económica a la que no se le ve salida se han ido sumando una crisis de desconfianza política generalizada; una crisis del modelo territorial que ha hecho que, desde puntos de vista opuestos, se dé el Estado de las autonomías por agotado; una crisis moral y cultural profunda; una crisis institucional de primer orden --que afecta a la Jefatura del Estado--; y una crisis diplomática con Argentina que ha evidenciado los límites del peso de España en el mundo. Es tal el clima psicológico de precariedad que vive el país, que es legítimo preguntarse cuánto tiempo tardará el malestar en convertirse en irritación y después en acción.

Durante la campaña electoral [comicios del 20-N], Mariano Rajoy tuvo la ridícula ocurrencia de repetir que toda la culpa de lo que ocurría en España era de Zapatero y que con su llegada al poder todo cambiaría. Vanidad de vanidades. Han bastado cuatro meses de Gobierno del PP, para que se perdiera la pista del caudal de confianza que Rajoy decía poseer. La sensación de desgobierno, con un Ejecutivo que presenta un Presupuesto imposible de cumplir y a los pocos días lo invalida con nuevos recortes todavía más fantasiosos, se extiende a toda velocidad en un país que ve cómo le van apretando las clavijas hasta lo insoportable, sin que nada indique que las cosas irán mejor.

Sensación de desgobierno de la economía, corriendo detrás de las señales de los mercados sin orden ni concierto. Este Gobierno debía preparar el futuro y ha recortado en inversiones, educación y salud. Eso sí, ha guardado dinero para el corporativismo. Sensación de desgobierno diplomático: después de que Rajoy prometiera que volvería a España al lugar que le corresponde en el mundo, sufre el sonoro fracaso de ver cómo Argentina nacionaliza YPF dos días después de que un ministro dijera que todo estaba encarrilado. Sensación de descontrol institucional: ¿cómo es posible que ante el desafío de Cristina Fernández y las amenazas de los mercados nadie impidiera el viaje del rey Juan Carlos a Botsuana? Sensación de descontrol territorial, en un momento en que aparecen señales por todas partes de que el Estado de las autonomías no ha resuelto los problemas por los que fue creado y que, de algún modo, hay que volver a empezar. Sensación incluso de pérdida de la hegemonía ideológica en la que el PP había asentado su retorno al poder: hoy en España reinan el desconcierto y el miedo. La amnistía fiscal ha venido a consolidar un sentimiento de crisis moral del sistema, ya ampliamente extendida por una estrategia anticrisis, la inútil “pastilla milagrosa” de Angela Merkel, que socializa las pérdidas de los bancos, aprieta especialmente a los asalariados y deja a la ciudadanía sin el poder soberano que se le supone.

Este es el panorama, sobre el que solo cabe la ilusión de una reacción democrática de la ciudadanía y de un frente político capaz de forzar cambios en las exigencias europeas y devolver la dignidad perdida a la política. Pero no se ven señales de ello por ninguna parte, con un Gobierno que ha quedado sonado al primer golpe y una oposición que sigue sin dar señales de vida. Ya no cabe seguir esperando que el adversario se la pegue. Porque el día que esto llegue puede que ya no estemos a tiempo de evitar las cosas peores.

Por su parte, Miguel Ángel Aguilar, otro analista inteligente de la realidad nacional, poco dado a la descalificación institucional, acaba de dar también un paso adelante señalando la alarmante deriva tomada por la España del “desgobierno” (la corrupción se acompaña de oficio). En un artículo de opinión que demandaba en su propio titulo un “Cambio de Gobierno y de oposición” publicado por “El País” (23/10/2012), concluía:

(…) Va a cumplirse un año de la investidura y las líneas de desgaste exigen rectificaciones inaplazables. Sería mejor hacerlas antes incluso de las elecciones de Cataluña del 25 de noviembre. Pero, además de nuevas caras en el entorno ministerial, es preciso un cambio de actitud, una nueva dialéctica parlamentaria. Porque de la destrucción sistemática del adversario es imposible obtener ya ventajas adicionales, una vez que los desafíos comunes cobran dimensiones pavorosas. Se impone como tarea prioritaria la reconstrucción de las instituciones dañadas por el bloqueo suicida al que han estado sometidas. España necesita ser liberada del vértigo de la desesperanza y del pesimismo que invade y paraliza a todos. Repetimos que la razón no puede prosperar sin esperanza. El silencio que comentaba Iñaki Gabilondo puede transmutarse en estruendo ininteligible. Cuidado con la España sin pulso de Silvela si cundiera la sensación de que están cerradas todas las salidas. Atentos.

Lo dicho: descrédito político e institucional por los cuatro costados. Si esta de ahora no es la España “del desgobierno y la corrupción”, que venga Dios y lo vea.