Tras haber realizado un seguimiento informativo extremadamente puntual y de advertencia anticipada sobre la barbaridad que suponía el respaldo de la Unión Europea (UE) al golpe de Estado encubierto que el pasado 22 de febrero depuso al presidente constitucional de Ucrania, Víktor Yanukóvich, en la Newsletter 107 del pasado 30 de marzo ya incluimos un comentario sobre dicho suceso y su deriva de la adhesión de la región autónoma de Crimea a Rusia. Comentario que, con la evolución de los acontecimientos y las réplicas de esa misma actitud separatista en otras provincias orientales de mayoría ruso-parlante, hoy no puede calificarse sino de premonitorio.

Ahora, el preocupante cariz que está tomando el conflicto de Ucrania nos lleva a realizar un nuevo análisis, iniciándolo precisamente con aquel mismo comentario, aunque por ello se nos pueda tachar de auto complacientes. Una preocupación justificada porque el conflicto afecta directamente a la estabilidad política y económica general de Europa y, de forma particular,  por su incidencia en la defensa y la seguridad nacional de España.

Y es que, ante las tensiones entre Rusia y el binomio UE-OTAN en el plano militar, y con independencia de otras cuestiones políticas y económicas no menos sustanciales, no se puede olvidar que en Rota se ha emplazado la base operativa de los buques integrados en el ‘escudo antimisiles’ de la OTAN (en realidad es un sistema estratégico de defensa y ataque de Estados Unidos mal llamado ‘preventivo’), que, al margen de cualquier tratado bilateral, amenaza directamente a Rusia. Instalaciones que, a su vez, han sido declaradas oficiosamente por el Kremlin como objetivo directo de su eventual reacción de respuesta, junto a las bases OTAN de Polonia y Rumania, países con los que España -no otros países europeos- se iguala en su gratuito y hasta servil apoyo al ‘Gendarme Universal’.

Tal declaración, tomada por el Gobierno español a beneficio de inventario a pesar de su alarmante naturaleza, fue realizada el 23 de noviembre de 2011 por Dmitri Medvédev, entonces presidente de la Federación Rusa, con las imágenes de su intervención televisiva disponibles en nuestro archivo de videos (http://youtu.be/gje6xPBgN5k).

Ucrania: “Llegó el Comandante y mandó a parar…”

Dice un  proverbio turco que “quien no conozca el precio del trigo y de la sal es más despreciable que un perro”. Y claro está que ésta no es una cita falta de idealidad o elevación, es decir meramente prosaica, sino que, por su propio enraizamiento vital, por su afección a la vida cotidiana, tiene una lectura de alcance notable en el ámbito político; llama o avoca la acción de gobierno a la realidad de la convivencia social en su más amplio sentido.

Un principio básico de la realpolitik cuya ignorancia o desprecio, demasiado frecuentes, suele derivar en graves errores analíticos y en la toma de decisiones nefastas. Práctica bien evidente, por ejemplo, en la posición adoptada por la UE frente a la más que discutible ‘causa ucraniana’; una actuación política calificable de muchas formas (injeridora, anexionista, desestabilizadora…), pero antes que nada como inoportuna, incoherente y temeraria.

Inoportuna ante la propia situación interna de la ‘Europa de los 28’, inmersa en una profunda crisis de crecimiento desestructurado y desmedido, indigesto por demás y que no deja de realimentar el euroescepticismo. Incoherente ante el apoyo dado previamente a la proclamación unilateral de independencia de Kosovo frente a Serbia (17 de febrero de 2008) bajo la propia supervisión de Estados Unidos y la UE, con el antecedente de las graves consecuencias producidas por la anterior desmembración poco afinada de la antigua Yugoslavia. Y desde luego temeraria porque ha pretendido romper nada menos que el estatus geopolítico en la Europa Central y del Este de forma gratuita y sin considerar la realidad histórica, cultural, social y por supuesto económica de Ucrania.

Y claro está que, tras promover el amenazador expansionismo de la UE hasta las fronteras rusas -con todo lo que eso representaría en el plano político y  geoestratégico-, alentar un acuerdo de asociación de Ucrania a la UE rechazado por el poder legítimo de la parte asociable e instigar el derrocamiento violento de su Gobierno constitucional por parte de grupos de ultraderecha con el respaldo de Estados Unidos (un Golpe de Estado en toda regla según la lectura rusa), las cosas tendrían que acabar torcidas. Recordando la canción del cubano Carlos Puebla ‘Y en eso llegó Fidel’, lo que ha pasado de forma bien previsible es que, llegada Merkel (la nueva Fürher europea) y sus secuaces a ese extremo, el verso revolucionario que celebró el derrocamiento del presidente cubano Fulgencio Batista en enero de 1959 ahora también se ha visto redivivo en Ucrania: “Se acabó la diversión, / llegó el Comandante / y mando a parar…”.

Toda una contrariedad para una lideresa de armas tomar que, además de dominar el idioma ruso y de haberse educado en la antigua Alemania del Este, adorna su oficina particular con una imagen de Catalina II La Grande, zarina de origen alemán conocida por haber ejercido el poder de forma autocrática y por promover un expansionismo territorial desmedido. Un dato que no se debe despreciar a la hora de considerar el posible interés de Angela Merkel, hoy considerada por la revista Forbes como la mujer más poderosa del mundo, en promover un IV Reich de corte económico, bien alejado de los tiempos en los que los países vencedores de la II Guerra Mundial decidieron mantener Alemania formalmente dividida hasta la caída del ‘Muro de Berlín’ en 1989.

En aquella contienda, Stalin se enfrentó al loco expansionismo de Hitler en la URSS y ahora Putin ha frenado en seco el de la UE tratando de catequizar Ucrania (por no decir ‘merendársela’), también bajo la bandera neonazi de frau Merkel (en el sentido no peyorativo que durante el III Reich tuvo el nacionalsocialismo). De entrada, el líder ruso se ha visto obligado a remover la situación propiciando la adhesión de Crimea a la Federación de Rusia, en perfecta línea con su incorporación al Imperio ruso en 1783 en tiempos de Catalina La Grande y hasta su artificiosa cesión a Ucrania en 1954 (en el marco de la antigua URSS), o con el antecedente de la independencia de Kosovo frente a Serbia.

Y hay que recordar que aquella declaración unilateral de la independencia kosovar, del 8 de octubre de 2008, se vio acompañado con la aprobación de una resolución de la Asamblea General de Naciones Unidas para que la Corte Internacional de Justicia se pronunciara sobre si la iniciativa era o no era compatible con el Derecho Internacional, concluyendo en su dictamen el alto tribunal de La Haya que no lo violaba y que también concordaba con la Resolución 1244 del Consejo de Seguridad de la ONU… 

Y, así, en ese torpe, gratuito y avasallador enfrentamiento con Rusia, hemos visto de nuevo una UE poco realista, políticamente inoperante y demasiado burocratizada, apoyada por unos Estados Unidos imperialistas y siempre empeñados en meterse donde no les llaman, enfrentada al Putin de la decisión y la acción conjugadas con la fuerza. En otras palabras, una patochada política sin duda extemporánea en el gallinero que hoy supone la Europa ‘a 28 bandas’, y que en pleno periodo electoral para la renovación de su Parlamento no ayudará en lo más mínimo a fortalecer su imagen institucional, sino más bien al desánimo y la abstención de los votantes.

Ya veremos en qué queda el embrollo ucraniano, sin olvidar los posibles efectos extensivos de ‘mancha de aceite’, dentro y fuera de Ucrania. Pero, de momento, un análisis muy superficial del caso indica que, amenaza por amenaza, Putin ganará; mientras Merkel y Obama (entrometido ‘Gendarme Universal’), dicho sea con todo respeto, se la tendrán que envainar. Y tener bien presente que donde las dan, las toman.

La verdad es la primera víctima de la guerra

En su libro ‘La falsedad en tiempo de guerra: Las mentiras de la propaganda de la Primera Guerra Mundial (1928)’, el político pacifista Arthur Ponsonby (1871-1946), que fue el primer Barón Ponsonby de Shulbrede, exponía la forma en la que los países beligerantes aprendieron a mentir tanto al enemigo como a sus propios ciudadanos para hacer de la guerra una causa justificada, incluyendo un Decálogo de los principios propagandistas usados en aquel conflicto:

• “Nosotros no queremos la guerra”
• “El enemigo es el único responsable de la guerra”
• “El enemigo es un ser execrable”
• “Pretendemos nobles fines”
• “El enemigo comete atrocidades voluntariamente. Lo nuestro son errores involuntarios”
• “El enemigo utiliza armas no autorizadas”
• “Nosotros sufrimos pocas pérdidas. Las del enemigo son enormes”
• “Los artistas e intelectuales apoyan nuestra causa”
• “Nuestra causa tiene un carácter sagrado, divino o sublime”
• “Los que ponen en duda la propaganda de guerra son unos traidores”

Y Ponsonby nos dejó también un conocido corolario de esos principios de la beligerancia armada, bien contrastado por los historiadores y analistas de defensa y seguridad: “Cuando se declara la guerra, la verdad es la primera víctima”. Aunque el político republicano Hiram W. Johnson anticipara la misma idea en 1917, año en el que se incorporó al Senado de Estados Unidos como representante de California, justo en referencia a la entrada de Estados Unidos en la Primera Guerra Mundial: “The first casualty when war comes is truth”.  

Es evidente que las ideas de Arthur Ponsonby y de Hiram Johnson sobre la información en tiempo de guerra han seguido vigentes hasta nuestros días, si bien ahora hablaríamos de desinformación y de intoxicación mediática en un marco mucho más abierto de defensa y seguridad mundial, incluyendo el terrorismo, la geopolítica y la geoestrategia. Aunque su gran eclosión no se produjo hasta la Guerra del Golfo Pérsico, cuando los mass media ya tenían una dimensión global.

Vuelta a la desinformación y la intoxicación mediática

Si repasamos la historia -ejercicio siempre recomendable-, aquella Guerra del Golfo (2 de agosto de 1990 al 28 de febrero de 1991), conocida también como ‘Operación Tormenta del Desierto’, fue un conflicto bélico entre Irak y una gran fuerza de coalición internacional autorizada por Naciones Unidas y liderada por Estados Unidos, como respuesta a la invasión y anexión de Kuwait por Irak. Y sin necesidad de profundizar en sus causas, su desarrollo y sus consecuencias, rápidamente se pudo comprobar que este suceso supuso, más allá de la victoria de una parte sobre otra, el triunfo de las comunicaciones globales vía satélite, con un ganador indiscutible: la ‘Cable News Network’, más conocida como CNN, la cadena de noticias del magnate Ted Turner.

El enfrentamiento fue relatado entonces en tiempo real con la estética de los videojuegos. La CNN mostró en vivo y en directo cómo se atacaban y destruían los objetivos más sensibles del enemigo, pero sin evidencias de sangre, gritos o primeros planos del terrible dolor provocado, mostrando sólo el lejano lanzamiento de los misiles que cruzaban el cielo, señales trazadoras y el estruendo de los impactos y las siluetas de los edificios afectados o los cráteres de los bombardeos… Y así se inauguraba un nuevo modo de relatar la guerra usando la tecnología de la información más avanzada, en el que el público podía ver en las pantallas de sus televisores casi lo mismo que veían los atacantes desde sus centros y sistemas de combate.

Los grandes avances en el bombardeo de precisión, marcaron la diferencia entre las contiendas anteriores y la guerra del Golfo de 1990-1991, y la seguirían marcando en el futuro. La importancia del uso guiado de los misiles tácticos y de bombas inteligentes no vino dada sólo por su capacidad para alcanzar exitosamente los objetivos concretos seleccionados, sino también por limitar los daños colaterales y el nivel general de destrucción, razón por la que, a pesar de la brutal insistencia de los ataques, las ciudades iraquíes no se devastaron como se devastaron Londres, Berlín o Dresde en la Segunda Guerra Mundial.

La ‘Operación Tormenta del Desierto’ transformó radicalmente la percepción pública de las guerras modernas y la forma de contextualizarlas, y por tanto su ‘naturaleza’, siendo desde entonces ‘participadas’ socialmente gracias a un nuevo actor fundamental: los medios informativos. En aquel suceso histórico, Estados Unidos necesitaba evitar los sentimientos de culpabilidad y las reacciones críticas que se produjeron en la Guerra de Vietnam, tomando las medidas para crear en la opinión pública un clima de confianza y apoyo ante la decisión de enfrentar una asoladora guerra contra Irak como un último recurso por el bien de la humanidad, presentándola como una ‘acción limpia’ y con bajas limitadas.

Y la forma de conseguirlo no fue otra que la utilización táctica de los medios de comunicación social y la tergiversación de la información, tomando como novedoso aliado del Gobierno estadounidense a la CNN, que de esta forma se convirtió en la fuente de información más primada por el Departamento de Defensa de  Estados Unidos (conocido como ‘El Pentágono’ por el diseño de su sede central en el condado de Arlington, Virginia). Así, la victoria  en la Guerra del Golfo y la liberación de Kuwait fueron registradas por la CNN urbi et orbi como una acción conjunta de la información periodística y del valor y heroicidad de las fuerzas triunfadoras

De hecho, el gran efecto producido por la cobertura informativa de aquella guerra en el sistema político, se llamó ‘efecto CNN’. Término que pasó a significar la concentración de la atención no sólo por el canal de noticias estadounidense, sino por los medios informativos en general, inicialmente sólo en relación con los desastres de índole humanitaria pero subsumiendo en él después casi todas las posibles influencias que se derivan de la cobertura de cualquier conflicto armado.

Al visitar Bagdad en 1993, Tom Johnson, presidente ejecutivo de la CNN durante once años tras tomar posesión del cargo el 1 de agosto de 1990 (justamente un día antes de iniciarse la Guerra del Golfo), declaraba en una entrevista concedida a Ramón Lobo para El País (01/02/1993):

“La guerra del Golfo ha supuesto el despegue absoluto para la CNN. Desde entonces no hemos parado de subir y subir. En audiencia y en suscripciones. Cuando comenzaron los bombardeos sobre Bagdad, en enero de 1991, teníamos un gran equipo en la ciudad y logramos retransmitir en directo los primeros ataques, llevarlos a todos los rincones del mundo. Después, Peter Arnett fue el único periodista norteamericano en Bagdad durante muchas semanas. Esto y la cobertura general de la guerra nos dio un enorme prestigio internacional. Demostramos ser lo que decimos ser: una televisión global. Nos ganamos el respeto de todos por nuestra fiabilidad, rigor y honestidad al tratar los temas y por la calidad de nuestro trabajo. Siempre damos los dos puntos de vista. No tomamos partido, pues nosotros no hacemos editoriales. Por eso estamos en Bagdad otra vez, sin problema alguno”...

Con todo, el llamado ‘efecto CNN’ despertó a cientos de críticos y analistas de las guerras modernas coincidentes en reconocer que la ‘Operación Tormenta del Desierto’ evidenció dos hechos de gran importancia. Uno, que el frente de guerra se convirtió en el gran laboratorio para el ensayo real de los nuevos sistemas de armas de alta tecnología (y en la mejor forma de destruir y renovar los stocks bélicos obsoletos), y otro reconocer y asumir el poder que tienen los medios de comunicación social para manipular la información que ofrecen al mundo.

Algunos autores más perspicaces incluso llegaron a llamar la atención sobre los efectos nocivos que los medios de comunicación generaban en la vida política democrática, argumentando que, más que ampliar y clarificar la información disponible, en realidad la limitan y reconvierten en propaganda de parte. Cosa que en esencia es lo que pretende la propia industria de las relaciones públicas, cuyo compromiso no es otro que ‘controlar la opinión pública’ (práctica muy expandida en Estados Unidos desde la década de 1920).

Paréntesis: Los seguidores del tema pueden leer la conferencia pronunciada por Thierry Meyssan, presidente-fundador de la Red Voltaire, en un curso magistral sobre ‘Las guerras, el 11 de septiembre y el efecto CNN’ que se celebró en la Villa Malfitano de Palermo el 15 de mayo de 2003, promovido por la Accademia Nazionale della Politica, accesible en el siguiente enlace: www.voltairenet.org/article125917.html.

Tras la Guerra del Golfo vinieron las Guerras Yugoslavas de Secesión (1991-2001), los acontecimientos del 11-S (2001) y la Guerra de Afganistán que se inició el inmediato 7 de octubre de 2001, la Guerra de Irak (2003-2011), las de Libia y Siria iniciadas en 2011 como consecuencia de la ‘Primavera Árabe’… Todas ellas con un mismo patrón derivado de la Guerra del Golfo, tanto en los planteamientos de estrategia militar como en el tratamiento informativo, maridando perfectamente los objetivos geopolíticos con la acción bélica y las modernas técnicas de desinformación y manipulación mediática (apoyadas en nuevas tecnologías de la comunicación audiovisual) ya definitivamente incorporadas a las relaciones entre los gobernantes (el Estado) y los gobernados (la opinión pública).

Y en ese devenir, hay que recordar, sin ir más lejos, la permanente angustia de la Alianza Atlántica con cada pérdida de civiles serbios causada por sus ataques aéreos en Kosovo o la contaminación general producida por los bombardeos masivos con municiones de uranio empobrecido (el llamado ‘síndrome de los Balcanes’), incluyendo la de sus propias fuerzas militares. Lo que conllevó sucesivas investigaciones -especialmente manipuladas por el Ministerio de Defensa español- para poder ofrecer alguna explicación plausible ante la opinión pública, más allá de la lacónica y certera frase pronunciada por el general William Sherman en 1980: “La guerra es el infierno”.

O las patrañas lanzadas por el aparato propagandista de Estados Unidos sobre las ‘armas de destrucción masiva’, cuya falsa existencia justificó la invasión de Irak en 2003. Una operación paradigmática de desinformación e intoxicación mediática escandalosamente apoyada entonces por el Gobierno de José María Aznar…

Las nuevas mentiras en torno a la ‘cuestión ucraniana’

Pero la Guerra del Golfo y las innovaciones incorporadas en su tratamiento informativo, traídas hasta nuestros días, debió enseñar a la clase política, y no lo hizo, una verdad que la historia ha terminado mostrado irrefutable: el hecho de que incluso las guerras ganadas conllevan consecuencias que no se agotan con el cese de hostilidades, sino que perduran en la paz. Que se tardase un año en extinguir los incendios de los 630 pozos de petróleo entonces afectados en Kuwait, o la posterior aparición del ‘síndrome del veterano’ de aquel conflicto (seguido del ‘síndrome de los Balcanes’ ya citado), deberían haber servido de alarma suficiente.

Todo ello sin valorar la peligrosa consolidación de las guerras ‘asimétricas’ como consecuencia de los excesos imperialistas de Estados Unidos y sus comparsas occidentales. Algunos -como es el caso de España- torpemente enfrentados a pueblos con los que ha compartido una cultura común secular y mantenido una amistad de largo recorrido histórico.

Doce años más tarde, el nuevo conflicto del Golfo (la invasión de Irak en 2003) se justificará ya en una atmósfera de ‘cruzada contra el terrorismo’, orquestada mediáticamente por el Gobierno de George W. Bush a nivel mundial, generando al mismo tiempo un creciente antiamericanismo en casi todo el mundo árabe y posteriores efectos ‘boomerang’ contra algunos de sus aliados (como la incidencia que pudo tener en la derrota electoral del PP en 2004). La CNN perdió la exclusividad de la manipulación informativa, complementada o contrarrestada de forma sucesiva por otros medios de comunicación (el caso más significativo fue el de la cadena televisiva qatarí Al-Jazeera, que comenzó a emitir en 1996 vía satélite y durante 24 horas al día dando una versión alternativa de los hechos).

Segundo paréntesis: El 22 de noviembre de 2005 el diario británico Daily Mirror reveló la existencia de un memorándum con la transcripción de una conversación entre Tony Blair y George W. Bush, en la que el primero trataba de persuadir al segundo de que no bombardease las oficinas centrales de Al-Jazeera en Qatar, un país incluso aliado de Estados Unidos (en él mantiene bases militares de gran interés estratégico). Noticia que reabrió la polémica sobre los bombardeos con bombas inteligentes a las oficinas de la cadena qatarí en Kabul en 2001 y en la ciudad de Bagdad en 2003, justo antes de que las tropas de Estados Unidos entraran en ella, que hasta entonces se supusieron accidentales…

A partir de esta reversión del fenómeno informativo (en noviembre de 2006 se lanzó Al-Jazeera en inglés y su red crece continuamente con objeto de poder llegar a todo el mundo árabe y musulmán), Estados Unidos sufre las consecuencias de su propia política de desinformación e intoxicación mediática, alcanzando un nivel de desprestigio y una falta de credibilidad enormes. Fenómeno que arrastra a sus acomodaticios aliados occidentales, y en particular a los actuales dirigentes de la UE, acaso influidos por la crisis comunitaria, como se está evidenciando con la fijación de posiciones políticas y declaraciones relativas a la ‘cuestión ucraniana’.

En el caso proverbial de Ucrania, la información oficialista de su Gobierno golpista y la de las autoridades europeas y estadounidenses con las que actúa en connivencia, presentando al Estado ruso y a Vladímir Putin como herederos del antiguo expansionismo soviético y de la crueldad stalinista (nada más ajeno a la realidad), que es la que se recoge de forma preferente en la mayoría de los medios de comunicación occidentales, choca con la realidad gráfica y literaria que circula intensamente por la Red y con las crónicas y artículos de opinión que ‘cuelan’ los analistas independientes en los medios convencionales. Un mundo paralelo que muestra la reacción patriótica y verdadera de una histórica región ‘rusa’ (mucho más que pro ‘rusa’) que se rebela de común acuerdo y con total firmeza contra el neofascismo violento que pretenden su entrega (por no decir su ‘venta’) a los países socios de la OTAN, para satisfacer sus oscuros intereses políticos y económicos.

Poner los puntos sobre las íes

Esa es la realidad informativa generada en torno a la ‘cuestión ucraniana’. Así, y mientras ahora El País arremete editorialmente en tono victimista contra la política de Putin en el conflicto ruso-ucraniano, en sus propias páginas se han podido leer, por ejemplo, artículos sin duda clarificadores como el de José Ignacio Torreblanca, justamente titulado ‘Pobre Rusia’ (24/04/2014):

Las acciones de Rusia no son más que la respuesta legítima y, por cierto, sumamente contenida, a las constantes humillaciones sufridas por ese país desde que en 1991 decidiera abandonar el comunismo. Depuestas las armas por el eterno rival ideológico y seguro de su supremacía económica y militar, Occidente se ha dedicado a someter y humillar a Rusia de tal manera que nunca pueda volver a resurgir. Este programa se habría ejecutado valiéndose de una doble pinza formada, en primer lugar, por instrumentos económicos como las inversiones en sectores clave de la economía rusa (materias primas e hidrocarburos), pero de forma más profunda y dañina aún mediante la imposición por parte del FMI de un programa de privatizaciones que habría destruido el Estado social ruso, socavado las perspectivas de una democracia real y creado una clase de oligarcas corruptos sin más principios que el enriquecimiento y el servilismo a Wall Street y la City.

En paralelo al sometimiento económico, Occidente habría seguido una lenta pero inexorable política de aislamiento geopolítico de Rusia. En lugar de disolver la OTAN, que hubiera sido lo lógico teniendo en cuenta la disolución del Pacto de Varsovia, Occidente no cejó hasta que logró que todos los ex socios europeos de la URSS, desde Estonia hasta Rumanía, se integraran en la OTAN. La ambición de la UE no habría sido menor, pues inmediatamente después de la caída del muro absorbió a nada menos que 16 países, muchos de ellos históricos aliados de Rusia, como Bulgaria, o tradicionalmente neutrales, como Austria o Finlandia, creando un mercado interior de 500 millones de habitantes inmensamente rico desde el que imponer las normas y estándares que Rusia debe cumplir si quiere participar en la economía mundial. Y para rematar la jugada, Occidente no sólo machacó al único aliado ruso en la región, Serbia, sino que se dedicó a promover las llamadas “revoluciones de colores” en todo el espacio exsoviético, desde Ucrania hasta Kirguizistán, con el objetivo de lograr aún más aliados para su causa de mantener a Rusia rodeada y sometida.

Lo visto en Ucrania estos últimos meses no sería sino el último hito en esta perversa estrategia. ¿Qué más hace falta para unir con una línea recta los tres puntos que constituyen la oferta europea de un acuerdo comercial a Ucrania, el ensalzamiento como héroes a los derechistas del Maidán y el engaño a Yanukóvich por parte de los ministros de exteriores de la UE, que le prometieron una transición mientras por detrás organizaban un derrocamiento? ¡No es de extrañar que Putin haya dicho basta! ¿De qué nos sorprendemos? ¿De que los demás pueblos del mundo también quieran un trocito de dignidad?

Aunque seguro que hay quien considera este relato un ajustado reflejo de la realidad, está íntegramente formado por falsedades y prejuicios ideológicos. Lo peor: que dando por buena esta versión, hacemos imposible desarrollar una política coherente hacia la Rusia de Putin. En el blog Café Steiner en elpais.com rebato esos argumentos. Les invito a visitarlo y continuar allí la discusión.

Pero es que en periódicos más conservadores, por no decir ‘reaccionarios’, como el ABC, varios columnistas también han publicado análisis y artículos de opinión sobre el caso enfrentados a la manipulación informativa anti-rusa. Uno de ellos -se podrían citar algunos más- es este del escritor Juan Manuel de Prada (21/04/2014):

La tradición rusa

Basta volver la vista atrás veinte años para entender cuál era la Rusia que anhelaba el NOM.

Con su habilidad característica para la intoxicación, el Nuevo Orden Mundial y sus corifeos presentan a Putin (¡horreur!) como una suerte de zar protervo entreverado de chulo profesional, dispuesto a pisotear el Derecho y a atizar guerras con tal de imponer su megalomanía imperialista. Para evitar que la pobre gente cretinizada se entregue a la nefasta manía de pensar, el NOM mantiene bien provistos de tópicos burdos los diversos comederos donde hociquea la «ciudadanía»: en el comedero conservador, conviene repetir a cada poco (¡paveur!) que Putin fue un agente del KGBrrrrr; en el comedero progresista, que Putin es (¡espanteur!) un tremendo homófoborrrrr. Parece increíble que tales caracterizaciones grotescas puedan resultar efectivas; pero el NOM sabe que las meninges de sus súbditos fueron arrasadas hace mucho tiempo; y que las especies más zafias pueden arraigar en los cerebros reducidos a fosfatina.

Basta volver la vista atrás veinte años para entender cuál era la Rusia que anhelaba el NOM. Arrasada por el bolchevismo que había tratado de exterminar hasta el último vestigio de la Rusia tradicional, había caído en manos de gobernantes ineptos, títeres de intereses extranjeros que, con la excusa de desmantelar el comunismo, se dedicaron a poner Rusia en almoneda. En aquel desmantelamiento de la Unión Soviética, la Rusia tradicional fue sometida a todo tipo de vejaciones, entre ellas la declaración de independencia de Ucrania, con regiones que, allá en la noche de los tiempos, habían sido fundadas y pobladas por rusos, o que habían sido ganadas por rusos en combate contra el turco (como Crimea, que luego sería el último reducto blanco frente al bolchevismo). Pero aquella Rusia puesta de rodillas, resignada a convertirse en lupanar, vomitorio o chatarrería del NOM, recupera su dignidad con Putin, que hace suyo el proyecto de revivificación de la tradición rusa impulsado por hombres como Solzhenitsyn, que habían sufrido (¡y cómo!) en sus propias carnes el comunismo y que, sin embargo, no consideraban que la alternativa a aquella ideología criminal que había triturado el alma de Rusia fuese el deletéreo liberalismo occidental (que Solzhenitsyn, por cierto, condenó con igual acritud que el comunismo). Esta revivificación de la tradición rusa exigía, en primer lugar, una recuperación de su fe y cultura milenarias, acompañada de un renacimiento demográfico que combatiese el estado de desmoralización y desencanto que postraba a la sociedad rusa. También de un restablecimiento de las fronteras de Rusia que, a la vez que rechazase los abusos imperialistas de la Unión Soviética, reintegrase pacíficamente parte de Ucrania y Bielorrusia, que son cunas históricas de Rusia. Todo este vasto plan de revivificación de la tradición rusa (tal vez el mayor desafío con que se ha tropezado el NOM) ha tratado de hacerlo realidad Putin, con las limitaciones y las interferencias de intereses espurios propias de todas las empresas humanas, aun de las más nobles.

Imaginemos (pero no es preciso tener demasiada imaginación) que el día de mañana una España hundida en la bancarrota, convertida en carroña para la pitanza de los especuladores globalistas, se desmantela y varias de sus regiones se segregan. Imaginemos que, desde el condado de Treviño o desde el cinturón industrial de Barcelona, surge un movimiento hispanófilo que se rebela contra la opresión de un régimen que trata, bajo máscara democrática, de arrasar sus raíces. Me gustaría que entonces hubiese en Madrid un gobernante valiente como Putin, que no mire para otro lado (aunque, bien lo sé, para esto último es preciso tener demasiada imaginación).

Volviendo al fenómeno de la política mentirosa con el que Estados Unidos y la UE están envolviendo el conflicto ucraniano (con la complicidad silente de España), es bien evidente que la región autónoma de Crimea se ha adherido de forma voluntaria y unánime a la Federación de Rusia. Pero sólo después de que el legítimo Gobierno de Ucrania (el del depuesto Víktor Yanukóvich) fuera derrocado por un golpe de Estado apoyado entre bastidores por los países miembros de la OTAN, cuando no convenido por la propia Angela Merkel, y de que los nuevos dirigentes inconstitucionales pretendieran arrastrar a los crimeos al mercado de la UE y al redil estadounidense de la Alianza Atlántica y enfrentarles con sus raíces históricas.

Cierto es también que los sublevados prorrusos de Slaviansk (y no ningún ruso emboscado) retuvieron a siete observadores de la OSCE (Conferencia sobre la Seguridad y la Cooperación en Europa), ya liberados. Pero tras comprobar que todos ellos eran militares (tres alemanes, un polaco, un danés, un sueco y un checo) y que podían encubrir algún espía del Gobierno de Kiev, sin que nadie se hubiera molestado en incluir en ese equipo algún observador de la Federación de Rusia o de los muchos países de Asia Central que también pertenecen a dicha organización, y advirtiendo que los intercambiarían por los prorrusos detenidos en su provincia y trasladados a Kiev.

E igual de cierto es el hecho de que, tras la adhesión de Crimea a Rusia, la sublevación de otros territorios orientales de Ucrania, particularmente y de momento las provincias de Luganst y Donetsk, se ve apoyada tanto por la población civil como por las fuerzas militares y policiales locales. Y con independencia de que el propio ministro de Defensa ucraniano, Mijail Koval, tuviera que desmentir la noticia difundida por el Pentágono sobre la intrusión de unidades militares rusas en su territorio, por poner alguno de los muchos ejemplos de desinformación que se podrían poner.

Tercer paréntesis: Tras declarar el coronel Steven Warren, portavoz del Pentágono, que aviones rusos habían entrado en el espacio aéreo ucraniano -sin ningún apoyo documental-, el propio ministro Koval rectificó la noticia aclarando en rueda de prensa que “cuatro aviones de transporte Il-76 volaron junto a nuestra frontera, pero en ningún momento la cruzaron”, añadiendo que las tropas de tierra rusas sólo se acercaron en territorio ruso hasta 2-3 kilómetros de la línea de demarcación fronteriza…

¿Busca Rajoy su propio ‘contubernio de las Azores’…?

Acudiendo de nuevo a la revisión histórica, y a la vista de su participación en el llamado ‘contubernio de las Azores’, parece claro que cuando José María Aznar ya era líder de la oposición no sacó las conclusiones políticas adecuadas sobre la Guerra del Golfo, al menos en su lectura nacional. Pero el rechazo de la sociedad española a la Guerra de Irak, protagonizada por España en un primerísimo primer plano junto a Estados Unidos y el Reino Unido, tampoco parece que haya servido en modo alguno para que el presidente Rajoy se desentienda ahora de cualquier nueva aventura bélica o despropósito político auspiciado por el Tío Sam.

No vamos a insistir con teorías propias sobre la incidencia que las tensiones creadas en torno a la ‘cuestión ucraniana’ proyectan de forma muy especial sobre España. No parece necesario porque, en el fondo, el Gobierno conoce la amenaza perfectamente y, además, porque, conociéndola, está en otras cosas más agobiantes (o no, como diría Rajoy), con su visión del futuro limitada a pasado mañana o a ver como se salva de las sucesivas quemas electorales que ha de soportar hasta los comicios legislativos de 2015.

Pero sí que consideramos conveniente aportar a nuestros lectores otros criterios ajenos que, desde posiciones especialmente informadas, no dejan de redundar en algunas tesis en esencia comunes. Entre los numerosos testimonios disponibles, hemos rescatado de la Red (¡invento impagable para garantizar la libertad informativa!) un incisivo artículo de opinión de Juan Chicharro, general de División de Infantería de Marina, publicado en su blog ‘Proa al viento’ (República.Com 24/03/2014), que recomendamos leer con detenimiento:

Ucrania desde la geopolítica y España

Que la geografía define la política de los Estados es algo obvio. Y si completamos ésta con la disponibilidad de recursos energéticos, base de toda economía, nos encontramos con un conjunto de factores esenciales para comprender desde la gran perspectiva lo que sucede en el mundo.

El geógrafo británico Mc Kinder describió hace más de cien años su teoría del pivote histórico. En ella dividía el mundo según su particular opinión en una tierra corazón –la isla mundial– constituida por Eurasia y en dos corredores o anillos que la rodeaban: uno interior que iba desde las islas británicas hasta el Japón y otro exterior desde América pasando por el sur de África, Australia y de nuevo América.

De forma sintetizada la teoría de Mc Kinder preconizaba que aquella potencia que dominara la masa euroasiática dominaría el mundo por ejercer el control de su centro de gravedad así como el de las inmensas reservas no explotadas de energía.

Spikman, también geógrafo y teórico de la geopolítica adaptó las teorías de Mc Kinder al mundo posterior al de la Segunda Guerra Mundial. Teorías en gran medida seguidas por los EEUU a partir de la posguerra.

Llegar a la conclusión, o no, de si a estas alturas del siglo XXI, en el mundo globalizado de hoy, dichas teorías siguen siendo válidas requeriría un estudio profundo que se aleja de la inmediatez de estas líneas; sin embargo una visión de los acontecimientos históricos de los últimos decenios nos muestra que casi todos los conflictos se han producido en el anillo interior que rodea a la denominada tierra corazón dándole, quizás, la razón al geógrafo británico.

Vietnam, Afganistán, Irak, Medio Oriente o los Balcanes son ejemplos de guerra abierta en los que siempre nos encontramos a los EEUU y a Rusia detrás de ellos; lo mismo podría decirse de conflictos no abiertos pero generadores de grandes tensiones políticas y sociales como ha sucedido en los países bálticos o en Polonia. Y no nos olvidemos que en un mediato futuro – tal como escribí en un artículo anterior – la pugna se extenderá al control de las inmensas reservas energéticas bajo el polo norte.

La premisa básica de la teoría de Spykman, citado líneas arriba, era que el balance de poder en Eurasia afectaba directamente a la seguridad de los EEUU y que si esta nación quería mantener su supremacía mundial era imprescindible mantener una presencia activa a lo largo de toda la zona geográfica que componía el denominado anillo interior lo que implicaba a su vez mantener una Armada poderosa y por otra parte una presión constante sobre la frontera oeste de Eurasia.

Así nos encontramos, como si de aplicación rigurosa de las teorías de la escuela geopolítica de Spykman se tratara, a la UE y a la OTAN influyendo y presionando en toda esa frontera oeste de la porción de Eurasia que dominaba otrora la Unión Soviética, y hoy Rusia, así como a lo largo del resto del ‘inner crescent’, el anillo interior citado, con todo un despliegue militar de los EEUU materializado por alianzas cuando no por presencia activa en Afganistán, Irak y en todos los mares.

Y si nos detenemos a analizar lo sucedido en la Europa Oriental desde la caída del Imperio Soviético hasta nuestros días, vemos primero como cayeron de la órbita rusa los países bálticos al norte y luego al sur los balcánicos; siempre y en ambos casos con la sombra de los EEUU de una parte y de otra la de Rusia.

Tal parece que los esfuerzos de ambas partes responden a evitar que sea sólo una potencia la que domine la tierra corazón como prescribía Mc Kinder.

Y es en esta cadena de acontecimientos cuando ahora nos encontramos de nuevo a los EEUU y Rusia pugnando por el control de la zona centro de la frontera oeste de Eurasia: en Ucrania. ¿El eslabón que faltaba?

Los sucesos que allí están teniendo lugar responden al paradigma de lo acaecido en la otrora próspera Yugoslavia. Allí si recordamos convivían diferentes etnias bastante mezcladas pero estructuradas en diferentes regiones: Serbia, Croacia, Bosnia… etc.

De repente movimientos nacionalistas auspiciados, cuando no apoyados, por los EEUU y la UE provocaron una sangrienta guerra que rompió en pedazos la nación yugoslava. La influencia rusa quedó maltrecha, y la de los EEUU desde entonces, presente y reforzada ¿Se acuerda alguien de Kosovo?

En Ucrania está sucediendo exactamente lo mismo. Desde Occidente se incide sobre lo que separa al pueblo ucraniano: las diferencias entre los pro occidentales y los pro rusos. La finalidad de unos y otros es en definitiva, desde la perspectiva de la teoría geopolítica, el control de la frontera oeste del anillo interior “frontera” de la tierra corazón.

Hay un aspecto muy a considerar en todo este conflicto que es el de la manipulación de la opinión pública. Como siempre sucede. Sirva como ilustrativo de ello la experiencia personal vivida allá por la primavera de 1999 cuando los ataques de la OTAN a Serbia. No recuerdo el día exacto pero sí cuando un misil de la OTAN impactó directamente en la Embajada de China en Belgrado en horas de trabajo. Las imágenes de la CNN y por supuesto las de TVE mostraban el destrozo, pero enfatizando en que no había habido víctimas. Por el contrario la TV serbia mostraba imágenes espeluznantes de cadáveres y heridos.

¿Dónde estaba la verdad? No lo sé. Pero evidentemente la opinión de los serbios y la de los españoles era bien diferente según, claro está, las imágenes que vieran. En Ucrania me temo que está pasando lo mismo.

Y en este contexto leo que los EEUU proponen medidas económicas sancionadoras contra Rusia lo que no deja de ser curioso ya que el posible impacto de éstas sobre la economía norteamericana sería mínimo – los acuerdos comerciales entre los EEUU y Rusia no alcanzan el 1% del total – mientras que Europa es dependiente en un elevado grado del gas ruso que pasa directamente por Ucrania. No así España que se surte del norte de África pero, ¿y el más de un millón de turistas rusos con alto poder adquisitivo que visitan anualmente nuestro país? ¿Y cuál es la posición de España en todo este conflicto?

Según sabemos y observamos la común con la de la UE. Incluso quizás con más vehemencia al mostrarse del todo contraria al referéndum habido en Crimea; tal vez por sentir similitud posible con lo que pueda acaecer en España.

Francamente, son dos problemas bien diferenciados y no acabo de entender la postura española. Tal vez es que los principios o conceptos de algunos en los que se basa la unidad española no son lo suficientemente fuertes y necesitan ampararse en situaciones que piensan pueden ser análogas. Hace falta ser ignorante.

Pues bien. Ni Cataluña es Kosovo ni el País Vasco es Crimea. Para nada. Son problemas completamente diferentes que nada tienen que ver.

Y por otro lado leo que los EEUU –¿completando una posición retrasada de apoyo al despliegue o influencias en el anillo interior de Mc Kinder?– proponen que España se convierta en su aliado principal para el sur de Europa y el Mediterráneo. Propuesta muy bien acogida en general. Al fin y al cabo ya lo somos. La base naval de Rota, el despliegue de los destructores que participan en el escudo antimisiles o el de hasta 1.100 “marines” en Morón son pruebas fehacientes de ello, por si no lo fuera suficientemente ya nuestra intervención en Bosnia, Líbano, Irak, Afganistán, en el Mediterráneo oriental o en el Índico.

Es una buena noticia y seguro que ahora los EEUU nos apoyarán en el hipotético caso de un no deseable conflicto a propósito de Ceuta y Melilla y desde luego, también, en nuestra reivindicación de nuestros derechos sobre Gibraltar. Siendo sus aliados principales en el sur no hay razón para que no le digan a sus “primos” británicos lo buenos y fiables aliados que somos.

Lejos está del pensamiento estratégico norteamericano la aplicación de la doctrina “Monroe” por la que nos “robaron” Cuba y Puerto Rico, además de Las Filipinas; como también lo está la más cercana en el tiempo –ayer– cuando apoyaron a Marruecos para “echarnos” del Sáhara. ‘Fairy tales’… que dicen los anglos.

¡Ojo! Las Fuerzas Armadas de los EEUU tienen todo mi respeto y grandísima admiración. Son inmejorables. Pero mi consideración por su política es otra cosa bien diferente. En fin…

¿Seguirá siendo válido el pensamiento geopolítico de Spykman derivado del de Mc Kinder? Tal vez todo cuanto he escrito sólo sean coincidencias y casualidades fruto de la imaginación.

Finalmente, porque todo ha de tener su límite, tampoco nos resistimos a ofrecer un avance del libro de Carlos Taibo, profesor de Ciencia Política en la Universidad Autónoma de Madrid y acreditado especialista en la Europa central y oriental, titulado ‘Rusia frente a Ucrania’ (Editorial Catarata, 2014) de próxima aparición:

Rusia frente a Ucrania [extracto]

(…) A duras penas es imaginable que Rusia sea una potencia meramente regional. Basta con echar una ojeada a su ubicación, en el centro de las tierras emergidas del norte del planeta, para percatarse de que sus movimientos tienen por fuerza que ejercer efectos sobre el panorama entero del planeta, y ello incluso en los momentos de mayor postración. Un Estado que cuenta con fronteras con la UE, que considera que Oriente Próximo es su patio trasero, que sigue desplegando una parte de sus arsenales en la linde con China, que mantiene contenciosos varios con Japón y que choca con EE UU a través del estrecho de Bering no puede ser una potencia regional. Pero Rusia arrastra, por añadidura, una singularísima condición geoestratégica. Con fronteras extremadamente extensas, a caballo entre Europa y Asia, se trata de una potencia continental que debe encarar por igual enormes posibilidades y riesgos evidentes. Agreguemos que estamos ante un Estado que es un productor principal de hidrocarburos, que disfruta de derecho de veto en el Consejo de Seguridad de la ONU y que cuenta con un arsenal nuclear importante. Una de las consecuencias plausibles de todo lo anterior es el hecho de que nos hallamos ante uno de los pocos Estados del planeta en los cuales las influencias externas son limitadas o, en su defecto, resultan ser poco eficientes.

Por lo demás, si Rusia se beneficia de evidentes potencialidades, arrastra también taras no menos relevantes. Recordemos que, al menos en lo que respecta a su territorio europeo, es un país geográficamente desprotegido, que carece llamativamente de una salida permanente y hacedera a mares cálidos, que está ubicado en latitudes demasiado septentrionales como para permitir el despliegue de una economía diversificada, que cuenta con ríos que en la mayoría de los casos discurren de sur a norte y a duras penas pueden ser objeto de un uso comercial estimulante o, en fin, que atesora una riqueza ingente en materias primas que se encuentran, sin embargo, en regiones tan alejadas como inhóspitas.

Hay quien, en otro orden de cosas, se pregunta por qué Rusia forma parte del grupo que integran las economías emergentes y que conocemos con el acrónimo de BRIC. La pregunta es legítima por cuanto Rusia no es ni una economía emergente, ni un Estado que muestre una realidad en ebullición, ni un país del Tercer Mundo que haya dejado atrás viejos atrancos. Al cabo, y por añadidura, hay diferencias fundamentales entre el modelo ruso y el que se revela en los otros espacios mencionados. Si una de ellas es el peso, mucho mayor, que tienen en Rusia, sobre el total de las exportaciones, las que se refieren a la energía, otra la aporta un gasto militar porcentualmente mucho más elevado. Para que nada falte, y a diferencia de China, India y Brasil, Rusia es un país con población envejecida y en crisis demográfica abierta. A la postre las razones que medio justifican la presencia de Moscú entre los BRIC remiten a las dimensiones del país, a su poderío militar, a la riqueza en materias primas y, en cierto sentido, a la voluntad de contestar, en un grado u otro, la hegemonía occidental.

Los acontecimientos recientes en Ucrania ratifican, por otra parte, un diagnóstico cada vez más extendido: tendremos que acostumbrarnos a lidiar con conflictos sucios en relación con los cuales será cada vez más difícil mostrar una franca adhesión a la posición de alguno de los contendientes. Conflictos como los de Palestina o el Sáhara occidental, que provocan reacciones de inmediata solidaridad con palestinos y saharauis, van a ser más bien infrecuentes en la etapa en la que nos adentramos. Y es que sobran los motivos para guardar las distancias ante la conducta de todos los agentes importantes, autóctonos y foráneos, que operan en Ucrania. El registro de los naranjas es tan lamentable como el de los azules: unos y otros comparten sumisiones externas, querencias represivas y oligarcas beneficiarios. Pero no es más halagüeño el balance que aportan las potencias occidentales, decididas a mover pieza en provecho de sus intereses más descarnados, y una Rusia que sigue jugando la carta de un imperio que impone reglas del juego en sus países vecinos.

No parece, en paralelo, que nos encontremos ante una reaparición de la guerra fría. Al respecto cabe invocar dos argumentos principales. El primero señala que en el momento presente no se enfrentan dos cosmovisiones y dos sistemas económicos diferentes. Aunque el capitalismo occidental y el ruso muestren modulaciones distintas, es fácil apreciar una comunidad de proyectos e intereses. El segundo de esos argumentos subraya que existe una distancia abismal entre el gasto en defensa de las potencias occidentales y el que mantiene Rusia. Son varios los Estados miembros de la OTAN que, cada uno por separado, han decidido preservar un gasto militar más alto que el ruso. Pero por detrás se aprecian también enormes disparidades en el tamaño de las economías: no se olvide que el PIB ruso, en paridad de poder adquisitivo, es un 15% del de la UE. Y hay enormes distancias, en suma, en lo que se refiere a población y peso en el comercio mundial. Mientras la Unión Europea cuenta con 500 millones de habitantes y corre a cargo del 16% de las exportaciones registradas en el planeta, y China tiene 1.300 millones de habitantes y protagoniza el 8% del comercio mundial, Rusia está poblada por algo menos de 145 millones de personas -un 2,4% de la población total- y realiza un escueto 2,5% de las exportaciones.

Pareciera, en fin, como si Rusia no hubiera recibido agravio alguno y se comportase como una potencia agresiva ajena a toda contención. La realidad es bastante diferente. En lo que al mundo occidental se refiere, Rusia lo ha probado casi todo en el último cuarto de siglo: la docilidad sin límites del primer Yeltsin, la colaboración de Putin con Bush hijo entre 2001 y 2006, y, en suma, una moderada confrontación que era antes la consecuencia de la prepotencia de la política estadounidense que el efecto de una opción propia y consciente. Moscú no ha sacado, sin embargo, provecho alguno de ninguna de esas opciones. Antes bien, ha sido obsequiado con sucesivas ampliaciones de la OTAN, con un reguero de bases militares en países cercanos, con el descarado apoyo occidental a las revoluciones de colores y con un displicente trato comercial. No es difícil, entonces, que, en un escenario lastrado por la acción de una UE impresentablemente supeditada a los intereses norteamericanos, Rusia entienda que está siendo objeto de una agresiva operación de acoso, y ello por mucho que las diferencias no las marquen ahora ideologías aparentemente irreconciliables, sino lógicas imperiales bien conocidas…

Dejémoslo aquí, porque el conflicto de Ucrania va para largo y tiempo habrá de volver a tratar el tema. La advertencia sobre sus consecuencias para la estabilidad política y económica general de Europa, y la particular de su incidencia en la defensa y la seguridad nacional de España, ya se ha puesto de relieve en muchos foros y de muchas formas, que el Gobierno de Rajoy haría bien en considerar seriamente si no quiere meter al país en el mismo lío que le metió Aznar con la Guerra de Irak, o peor…

Hegel (1770-1831), el filósofo alemán considerado el último de los grandes metafísicos, poco sospechoso de veleidades pacifistas, introdujo el concepto de ‘impotencia de la victoria’ comentando al genial estratega que fue Napoleón. En sus ‘Lecciones sobre la Filosofía de la Historia Universal’, advirtió: “El poder externo no puede nada a la larga. Napoleón no ha podido forzar a España a la libertad, como tampoco Felipe II pudo forzar a Holanda a la servidumbre”. Dicho está, y ya veremos hasta dónde llega la torpe intromisión europea (y española) en el conflicto de Ucrania.

Fernando J. Muniesa

Con la primera respuesta ciudadana real y cuantificable sobre su acción de gobierno, justo la de los resultados de los comicios europeos del próximo 25 de mayo, el presidente Rajoy va a poder comprobar, consumidos ya dos años y medio de la actual legislatura, hasta dónde llegan las consecuencias de sus incumplimientos electorales, sus mentiras, sus políticas tentativas y sus enfrentamientos con las bases sociales y los estamentos profesionales del país.

Sobre el desprecio esencial del programa electoral con el que accedió a la Presidencia del Gobierno, acompañado de un permanente ejercicio de la mentira, que es el refugio de los políticos más mezquinos y también de los más tontos (y que suelen ser los que más mienten), poco se puede añadir a los ríos de tinta vertidos al respecto (baste leer ‘Rajoy y el Gobierno de la política mentirosa’). Y poco o nada le queda ya por aducir en su descargo con la manida historieta de ‘la herencia recibida’; ciertamente lejana y que en todo caso sólo se justificaba en parte, siendo la otra parte una culpa propia del PP en función de las responsabilidades políticas alternadas o combinadas con las del PSOE en otras legislaturas nacionales o en los gobiernos municipales y autonómicos, aunque como buen mentiroso no lo quiera reconocer.

En un oportuno artículo de opinión titulado ‘Hacia la Gran Regresión’ (El País 07/04/2014), y a propósito de lo vacua que se muestra la campaña del PP para los comicios europeos, Joaquín Estefanía señalaba que nada está planteando el partido gobernante sobre la recuperación de las condiciones cotidianas de los ciudadanos en el bienestar ni sobre la regeneración de la vida política, aunque el Ejecutivo insista retóricamente en un supuesto final de la crisis. En él, podían leerse un par de párrafos bien significativos:

(…) Para avalar al PP sólo disponemos del programa electoral con el que ganó las elecciones generales de 2011, y ya sabemos lo que ha dado que sí. Un programa que decía que era “un programa contra la resignación. Un programa para crecer y generar empleo, para apoyar a nuestros emprendedores y para garantizar la educación, la sanidad y el bienestar de todos, sin excepción”; un programa en el que se escribía que “nos preocupan los jóvenes, su futuro, su educación, sus oportunidades de empleo”, en el que se afirmaba que “el diálogo sincero y el respeto son siempre esenciales para que los cambios y las reformas sean estables y fecundos”. Un programa en el que uno de sus seis ejes fundamentales era “el fortalecimiento institucional y la regeneración política. Necesitamos instituciones fiables, previsibles, la vuelta al respeto de la ley y a la seguridad jurídica”.

Los ciudadanos necesitan saber qué van a hacer los representantes de su Gobierno en las instituciones europeas. Qué ocurre con sus demandas en una coyuntura determinada por su volumen de desempleo (26 millones de europeos en paro, de los cuales casi seis corresponden a nuestro país, y en el que sobresalen dos colectivos, los jóvenes y los parados de larga duración, en permanente crecimiento) y, ahora mismo, por las posibilidades de una deflación que es especialmente dañina en países como España, Portugal, Grecia, Chipre o Eslovaquia. En estos países, las tasas negativas en la variación de los precios de consumo están motivadas en buena parte por la bajada continua de salarios, lo que conduce a un mayor empobrecimiento de sus sociedades…

Y claro está que Estefanía se refería a exigencias sociales ciertas y verdaderas. Y por supuesto decisivas en la conformación de las opiniones y actitudes políticas de los electores, aunque sigan siendo desoídas desde la ensoberbecida prepotencia gubernamental.

A pesar de su desmemoria política y su galleguismo, Mariano Rajoy habría de tener en cuenta que el conocido refrán del “prometer hasta meter y, una vez metido, no cumplir lo prometido”, ya no alcanza más allá de su función preventiva para las jóvenes casaderas, advertidas por sus atentas abuelitas de no sucumbir ante el requerimiento sexual de los hombres que, para ello, antaño solían prometer casamiento sin la menor intención de cumplirlo. Su traslación a la actual vida política es otra cosa, de muy corto recorrido y con respuesta tasada a muy corto plazo: lo mejor para quienes así obran ya les llegó con su propio pecado y lo único que les queda es pagar por su culpa con la penitencia del voto perdido.

Las encuestas insisten: el mensaje de la recuperación no cala

Centrados en la realidad del momento, mientras los electores esperan la celebración de nuevos comicios, lo único que pueden hacer es no olvidar los incumplimientos políticos y seguir emitiendo, sin más, su valoración de la labor que viene realizando el equipo ministerial de Rajoy, y de la forma en la que el Gobierno afronta -o no afronta- la crisis económica y política, que es el punto de interés para la ciudadanía. Y, desde luego, pronunciarse cuando se les recabe opinión sobre su intención de voto.

Y si seguimos con atención la evolución de todos estos pronunciamientos pre electorales, recogidos periódicamente por distintos institutos dedicados a la demoscopia política (el CIS, Sigma Dos, Metroscopia…), vemos que las opiniones derivadas son especialmente consistentes, marcando en cada caso una tendencia en la valoración general del Gobierno de claro signo negativo y además creciente hacia la reprobación absoluta. Eso es lo que, sin ir más lejos, ratifica el último sondeo de Metroscopia -por citar uno de los más recientes- con el trabajo de campo realizado entre el 25 de marzo y el 1 de abril. 

En él, nada más y nada menos que un 90% de los encuestados califica la situación económica actual de España de ‘mala o muy mala’, un 7% de ‘regular’ y sólo un 3% de ‘buena o muy buena’. Al mismo tiempo, un amplio 76% considera que el Gobierno ‘no sabe’ hacer frente de forma adecuada a la situación económica y un 20% considera que ‘sí sabe’ hacerlo, mientras un 4% se agrupa en el ‘no sabe / no contesta’.

También conforman una amplia mayoría la suma de encuestados (el 69%) que considera que la situación económica de España seguirá ‘igual’ a lo largo de los próximos meses (un 50%) o que incluso será ‘peor’ (un 19%), con valores más pesimistas que los recogidos por el mismo instituto demoscópico en el pasado mes de febrero. Con la salvedad de que cuando la misma pregunta se extiende a la economía familiar, las respuestas todavía son más preocupantes: un 69% cree que su situación seguirá ‘igual’ y un 16% que aún será ‘peor’, alcanzando el conjunto de personas descreídas de cualquier posibilidad de mejora a un 75% de los encuestados (en febrero era el 71%).

Además, la evaluación de la actuación de los trece ministros del Gobierno realizada periódicamente por Metroscopia, continúa arrojando un resultado cada vez más negativo (como sucede también en otros estudios similares). Todos ellos siguen suspendiendo de forma estrepitosa y sin el menor precedente en ningún gobierno anterior, alcanzando una valoración media de -44, considerando el valor cero igual a un equilibrio entre la aprobación y la desaprobación y el -100 a la máxima desaprobación o al ‘cero patatero’; es decir, una valoración próxima al 2 trasladada al sistema convencional con notas del cero al diez. Y esto, cuente lo que cuente el Gobierno, es lo que piensa la gente, y hay que suponer que lo piensa con razón.

Con todo, ya se suceden cuatro estimaciones mensuales consecutivas de intención de voto ante unas eventuales elecciones generales en las que, a partir del pasado enero, el PSOE supera ligeramente al PP en el favor de los votantes: un 32,3% frente al 31,8%. Con la observación más significativa de que el PSOE recuperaría en 3,6 puntos sus resultados del 20-N mientras que el PP perdería 12,8 puntos sobre la misma referencia, y sin olvidar que el crecimiento de IU en lo que va de legislatura sería de 4,8 puntos (un 11,7% sobre el 6,9% previo) y el de UPyD de 2,1 puntos (un 6,8% sobre el 4,7% anterior)…

Paréntesis: Por ir metiendo un poco de miedo a los indolentes estrategas del PP (que parecen estar instalados en las Batueca o en el reino de Babia), ténganse en cuenta la teórica proyección de estas estimaciones de votos para los comicios europeos ante una eventual coalición bipartita PSOE-IU (con un respaldo electoral del 44,0%) o incluso tripartita PSOE-IU-UPyD (50,8%) y estímese entonces en qué tipo de catacumba política se puede ver el ‘marianismo’ antes de finalizar 2015.

Por otra parte, el sondeo que Sigma Dos realiza periódicamente para El Mundo (21/04/2014), continúa revelando que el 67,2% de los encuestados entre el 10 y el 15 de abril opina que ‘la política económica del Gobierno No está dando resultados’, frente a un 27,6% que cree que SÍ está dando resultados; rectificando de forma repentina las respuestas obtenidas a la misma pregunta justo el mes anterior, cuando un más abultado 75,4% respondía que No y un menor 21,8% que SÍ, sin que para ello se hayan conocido suficientes novedades justificativas. Claro está que desde que Pedro J. Ramírez dejó la dirección del periódico, es bien perceptible que su línea editorial va entrando de forma progresiva en el redil gubernamental (atentos a la maniobra porque la nueva dirección puede terminar poniendo a Rajoy por las nubes).  

Pero es que, en cualquier caso, el descrédito de la economía y de la política sigue creciendo a sus anchas. De hecho, ambas percepciones sociales, que en definitiva suponen una mala praxis política, se mantienen con pésimas expectativas de futuro según el Barómetro del propio CIS (el Centro de Investigaciones Sociológicas dependiente del Ministerio de la Presidencia).

La multi-respuesta a la identificación de los principales problemas que en estos momentos existen en España, continúa generando una clasificación ciertamente sintomática en la medición del pasado mes de marzo (Estudio 3.013), cuyos resultados se han dado a conocer a primeros del mes de abril. Así, el 82,3% de los encuestados señaló como problema capital el paro (con un crecimiento de 1,2 puntos sobre el mes anterior, aun cuando el Gobierno viene destacando machaconamente desde finales del 2013 que ahora hay menos paro que hace un año; el 41% consideran como mayor problema la corrupción y el fraude; el 28,2% la situación económica y el 26% a los políticos en general, los partidos y la política.

Y, todavía más, un 46,5% de los encuestados considera que la actual situación económica es ‘igual’ que la de hace un año y un 42,5% que es ‘peor’, mientras sólo un 9,1% cree que es ‘mejor’. Y, proyectada esa misma pregunta sobre lo esperado para el próximo año (2015), un 45,1% de los encuestados cree que la situación económica será ‘igual’; un 23,6% que será ‘peor’ y un 21,1% que será ‘mejor’.

Es decir, que los electores siguen percibiendo la economía nacional con expectativas extremadamente preocupantes, tanto para este año como para el próximo en el que concluye la legislatura, y ello a pesar de que Moncloa anuncie con insistencia una recuperación económica que los ciudadanos niegan con rotundidad, porque choca con su realidad vivencial del día a día. Un abrumador 89% de los encuestados estima que la situación económica de 2014 será ‘igual o peor’ que la de 2013 y otro mayoritario 68,7% proyecta esta misma valoración sobre el 2015.

En lo referente a la evolución de la situación política, la opinión ciudadana es todavía peor. Dato no baladí, a tenor de cómo el Gobierno de Rajoy antepone sus errados criterios políticos y partidistas a la reforma real de las elefantiásicas Administraciones Públicas y a la necesaria potenciación de la economía productiva, en sentido contrario a lo que se hace, por ejemplo, en países como Francia e Italia con mayor población y menos problemas que España.

Según el mismo Barómetro del CIS, un 55,7% de los encuestados considera que la actual situación política del país es ‘igual’ que la de hace un año; un 36,4% que es ‘peor’ y un 4% que es ‘mejor’. Opinión que proyectada sobre el próximo año (2015), lleva a un 53,2% de los encuestados a manifestar que, para ellos, la situación política seguirá siendo ‘igual’; a un 25,5% que será ‘peor’ y a un 10,3% que será ‘mejor’…

El poderoso IEF también cuestiona la reactivación económica

Pero si el paro y la corrupción se mantienen como máximas preocupaciones del cuerpo electoral, junto con su percepción de que básicamente la mala situación económica y política se mantendrá en 2014 y 2015, pudiendo incluso ir a peor antes que a mejor, otros medidores de la realidad más cualificados y reveladores apuntan en la misma dirección pesimista, de muy difícil reconducción sin golpes de timón ni reorientaciones mejor informadas y más decisivas. Uno de ellos es el que Rajoy conoció de primera mano el pasado 7 de abril, durante el acto de clausura de la asamblea anual del Instituto de Empresa Familiar (IEF) presidido por él mismo.

El periodista Carlos Segovia, resumió la percepción del IEF (cuyo centenar de empresas asociadas directamente representan el 17,5% del PIB de España y el 27,5% si se incluyen las entidades territoriales vinculadas al Instituto que engloban a 1.100 compañías) sobre la situación real del país, versus la opinión gubernamental, en una crónica (El Mundo 08/04/2014) verdaderamente descriptiva:

Suspenso, señor presidente

Las palabras de bienvenida del nuevo presidente del Instituto de Empresa Familiar, Javier Moll, fueron cordiales: “Nos sentimos honrados”. Pero acto seguido, el invitado de honor, Mariano Rajoy, tuvo que tragar en pantalla grande y ante todo el auditorio el suspenso casi general propinado por los socios de esta influyente asociación que agrupa a algunas de las principales empresas del país. Con ilustres empresarios presentes como el de Acciona, José Manuel Entrecanales, de Mercadona, Juan Roig, de Osborne, Ignacio Osborne, de Barceló, Simón Pedro Barceló, entre otros, Moll fue mostrando a Rajoy el resultado de la votación que, previamente a la llegada del gallego, habían realizado los socios del IEF. La situación política de España mereció un 2,33 sobre nueve, que es un suspenso clamoroso y peor que el aprobado (4,8) votado en 2012 cuando Rajoy llegó al poder con mayoría absoluta. Es una nota aún peor que la que les merecía en 2011 el Gobierno de Zapatero. “El suspenso es sobre todo por la crisis con Cataluña, que no se está gestionando bien”, coincidieron en señalar algunos empresarios presentes. Un alto porcentaje de miembros del Instituto son catalanes o afincados en Cataluña como el propio nuevo presidente, el editor Javier Moll. En cuanto a la situación económica, la percepción de los socios mejora, pero continúa con suspenso. La puntúan con 4,09 frente a 2,22 en el pasado año. La razón es la falta de brío que aprecian en la salida de la crisis. Un 68% de los socios considera que “la recuperación será moderada con lenta creación de empleo”, frente al apenas 2% que la ve “rápida con intensa creación de empleo”. De hecho, sólo un 21% pronosticó que aumentará plantilla, frente al 55% que espera mantenerla. Mientras que en 2013 un 64% apostaba por invertir más en España, este año es el 59%.

Los miembros del IEF suspendieron también el informe del comité de expertos de la reforma fiscal, la presión tributaria de Montoro sobre los salarios en especie y sólo aprobaron con claridad (6,18 puntos sobre nueve) la llamada tarifa plana en las cotizaciones a la Seguridad Social recientemente aprobada.

Rajoy puso la mejor cara que pudo ante la cascada de votaciones, pero reivindicó con vigor su gestión y confió tanto en la recuperación que, pese al aún elevado nivel de déficit, proclamó el fin de las subidas de impuestos y de los recortes. Eso sí, dijo al auditorio que la rebaja del Impuesto de Sociedades “no va a ser como a ustedes les gustaría”, porque dijo que las empresas deben contribuir más a la recaudación con tipos efectivos y no nominales. El presidente saliente, Entrecanales, evitó gesticular cuando Rajoy mencionó la reforma energética y el director general, Andrés Tejero, pareció sorprender al gallego con esta pregunta: “¿Será Luis de Guindos presidente del Eurogrupo?”. Rajoy no dijo que no, pero afirmó que era prematuro aún hablar de ello. El IEF también ve prematuro hablar de reactivación.

Y esta es la cera que arde en el país al nivel informado del empresariado, verdadero conocedor de la economía real, en oposición a lo que el Gobierno afirma en su machacona propaganda. Cierto es que las aves pueden volar (algunas lo hacen con mucho brío y gran majestuosidad), pero no todas; y cuando Rajoy presenta el triunfal resultado de sus reformas y medidas políticas sin la menor argumentación, parece confundir el paso corto de los pingüinos o el vuelo rasante de las gallináceas con el ágil remontar del águila imperial ibérica (aquila adalberti), por cierto en peligro de extinción…

El error ‘marianista’ de las políticas tentativas

Sobre las políticas tentativas o frustradas de Rajoy, que son cosa distinta y con peores consecuencias que sus cálculos o su pasividad personales, hay que recordar -para valorarlas como se merecen- el sentido jurídico de los términos. 

En Derecho, se dice que la ‘tentativa’ está presente cuando, con el objetivo de cometer un delito (es decir una acción u omisión tipificada y penada por la ley) alguien ha comenzado su ejecución por medios apropiados pero no se consuma por causas ajenas a su voluntad. Y la ‘frustración’ (o el delito frustrado) se presenta cuando alguien ha realizado, también con el objeto de cometer un delito, ‘todo lo que es necesario para consumarlo’, y sin embargo no lo ha logrado por circunstancias igualmente independientes de su voluntad.

Este no hacer o sí hacer ‘todo lo necesario’ para consumar un hecho delictivo, es lo que diferencia fundamentalmente la ‘tentativa’ de la ‘frustración’, de forma que el delito frustrado se da cuando el autor hace todo lo necesario para la consumación del mismo pero no llega a consumarse sólo por causas que le son ajenas, y no porque de su parte exista falta de todo lo necesario para realizarlo.

Salvando toda la distancia que puede existir entre la acción política y la delictiva (grande por supuesto… o no, como diría Rajoy), lo innegable es que en el ejercicio de la gobernanza se practica con frecuencia la política tentativa o la política frustrada. A veces incluso como ‘globo sonda’ para evaluar la reacción ciudadana o de los adversarios políticos ante iniciativas cuyo desarrollo práctico se prevé contraproducente, polémico o sujeto a la controversia ciudadana, y siempre como una práctica marrullera que desacredita a sus autores.

Y este desarrollo insolvente de políticas tentativas, es una de las prácticas más notorias del presidente Rajoy y su Gobierno. En ese nivel de ejercicios prácticos poco meditados y poco elaborados, de iniciativas inconsistentes y mal trabadas por muchas y diversas razones, habría que contabilizar la mayoría de sus propuestas de reformas políticas y legislativas.

Entre ellas, destacarían el llamado ‘Plan CORA’ (Comisión para la Reforma de las Administraciones Públicas), con propuestas de ‘chicha y nabo’ que para nada atajan la ineficiencia endémica del sistema administrativo español ni sus absurdas duplicidades o triplicidades y la pretendida nueva reforma tributaria diseñada por una ‘comisión de sabios’ afines al Gobierno, que pasan de promover la necesaria economía productiva y que además contradicen la política consumada del Ministerio de Hacienda. Junto con otras muchas reformas todavía más controvertidas: la de la Ley del Aborto, que no responde a otra demanda social que la del catolicismo más radical empeñado en imponer su ideología en un Estado declarado aconfesional en su Carta Magna; la de modificación del Código Penal, que entre otras cosas prevé la vileza del encierro preventivo perpetuo de enfermos mentales (que se ‘crea’ que ‘puedan’ delinquir), en lugar de aplicarles un tratamiento rehabilitador, mientras crece escandalosamente el número de presumibles delincuentes políticos aforados y de indultos para los que ya han sido sentenciados; la de la Ley de Enjuiciamiento Criminal de 1882, que pretende traspasar a los fiscales (dependientes del Gobierno) la instrucción de los sumarios penales…

Y, por supuesto el Proyecto de Ley Orgánica de Protección de la Seguridad Ciudadana, contundentemente censurado por el Consejo de Estado, el Consejo General del Poder Judicial, el Consejo Fiscal, la Eurocámara y hasta por el Consejo de Europa, que es la institución encargada de velar por el respeto de los derechos humanos en la UE. O el Anteproyecto de Ley Orgánica del Poder Judicial, que nada más conocerse ha desatado también un gran rechazo dentro de la carrera judicial y fiscal.

Sin poder dejar de incluir en este mismo paquete de imposiciones políticas no consensuadas y enfrentadas a los principios constitucionales, una gran parte de las normas legales y reglamentarias más importantes desarrolladas por el PP en la actual legislatura, de auténtico ‘rodillo parlamentario’: desde las relativas a las reformas educativa y sanitaria hasta a Ley de Tasas, pasando por la Ley de Seguridad Privada, también fuertemente criticada por la oposición y que terminó siendo aprobada con los votos del PP y apoyos restringidos de CiU y el PNV, pero con el rechazo frontal de todas los demás grupos con representación parlamentaria…

Es decir, todo un record de iniciativas del PP (un partido autoritario y autista que se considera el ombligo de la política, cosa que no deja de enfrentarle a la misma sociedad a la que debería servir), sin pactar ni negociar nada con los estamentos profesionales más afectados en cada caso ni con otras fuerzas parlamentarias, incluida la que suele alternarse en el Gobierno y que en su momento derogará -así lo ha advertido- toda la normativa legal impuesta ‘contra corriente’ de las demandas sociales.

La desastrosa práctica del frentismo político

En su concepción más pura y altruista, el sentido de la política no es otro que el de buscar el bien común de los gobernados, en términos obviamente democráticos, dialogados y consensuados. Cosa muy distinta, por tanto, de la búsqueda del poder -o de su permanencia en él cuando ya se ha conseguido- de forma interesada grupalmente, utilizando para ello todo tipo de medios, incluido el frentismo, además del incumplimiento electoral, las mentiras y las políticas tentativas.

Los frentistas de la política quizás estén influenciados por aquella opinión de Carl von Clausewitz, el genial teórico del arte militar, de que “la guerra no es sino la continuación de la política, con la intervención de otros medios”. Pero quienes de verdad se interesan por la política (y Clausewitz no fue, ni mucho menos, un hombre político), saben que la realidad es justamente la contraria: la política no es, o no debería ser, sino la continuación de la guerra con otros medios más civilizados.

Por eso, cuando en la vida política se utilizan conceptos o prácticas militares conviene estar atentos y dispuestos a no permitir que interfieran en la praxis democrática, salvo que se esté ante situaciones de emergencia nacional identificadas prácticamente con las de guerra o de una beligerancia armada. Y esto viene a colación, porque Rajoy ya lleva unos cuantos años abiertamente instalado en el frentismo político, incluso durante los que actuaba como líder de la oposición; un frentismo ejercido contra todos y contra todo lo que no le represente a él mismo o a su particular concepción de lo que debe ser el PP, cosa que, dada la mayoría parlamentaria absoluta en la que se apoya su Gobierno, marca en efecto el sistema de convivencia de forma tendenciosa.

En España es muy socorrido acudir al frentismo antes que al consenso para el desarrollo de la política. Entendido precisamente en los términos militares que tanto prostituyen el sistema de convivencia: como ‘tropa organizada frente al enemigo común’, identificada, por ejemplo, con el ‘Front Populaire’ que, uniendo a todos los partidos de la clase obrera francesa para afrontar conjuntamente la amenaza del fascismo, gano el poder del país vecino en 1935. Una solución radical copiada en España para establecer las medidas revolucionarias que provocaron el inmediato golpe de Estado militar y la sangrienta guerra civil de 1936-1939.

Y una experiencia que también apareció más tarde con signo contrario en diversos países, es decir como un frentismo de derechas para combatir de forma agresiva a los partidos y las políticas izquierdistas. Pero está claro que ninguno de estos movimientos de corte paramilitar favorece el valor superior de la convivencia pacífica, que debería ser el objetivo esencial de cualquier partido político.

Cierto es que, en un régimen parlamentario, gobierna quien ha ganado las elecciones o quien ha sido capaz de aglutinar alrededor de un programa el número suficiente de escaños para poder desarrollar una política común de todos ellos, al margen de todas las merecidas críticas que se puedan hacer al sistema electoral vigente que prima injustamente a las mayorías en contra de las minorías.

Pero, aun así, quien haya podido alcanzar la investidura presidencial debe ser fiel a su programa y a sus compromisos con quienes le han otorgado su confianza política (votantes directos o de apoyo coyuntural). Y sin que en democracia eso suponga en modo alguno gobernar ‘contra’ la oposición o ‘contra’ los grupos sociales menos representativos, es decir sin gobernar instalado en un ‘frentismo’ a ultranza, con el autoritarismo y las revanchas que caracterizan a un ‘Frente Nacional’ o a un ‘Frente Popular’.

Y la cuestión, hoy trascendente por la gravedad de los problemas políticos, económicos y sociales eclosionados en los últimos años, es que Rajoy no practica el frentismo sólo en contra de los partidos de la oposición. También lo ejerce de forma ciega y absurda contra las bases sociales más desprotegidas del país, contra los sectores profesionales que conforman su clase media y contra la propia militancia del PP, incluyendo hasta territorios singulares enteros, que ya es decir (ahí está su incapacidad siquiera para ‘enfriar’ el independentismo de Cataluña), convirtiendo su impagable mayoría parlamentaria absoluta en un desperdicio sin precedentes en la historia del nuevo régimen democrático.

De hecho, esa desastrosa práctica puede tener unas consecuencias sin duda inconvenientes para el PP a partir de las próximas elecciones municipales y autonómicas. Porque ya no tendrá mayorías absolutas ni socios de gobierno plausibles: si Rajoy entiende la política en contra de todos, todos le pagarán con la misma moneda y le devolverán la misma política frentista.

El PP y su presidente, Mariano Rajoy, deberían no olvidar este viejo proverbio marroquí: “El sultán lleva corona, pero puede necesitar ayuda”. Otro más expresivo y próximo afirma que “si no comes ajo, no olerás a él”. Pues eso.

Fernando J. Muniesa

Cuando a las diez y media de la mañana del lunes 13 de abril de 1931, el almirante Juan Bautista Aznar-Cabanas, entonces presidente del Consejo de Ministros, llegaba al Palacio de Oriente de Madrid para celebrar un Consejo extraordinario una vez concluidas las elecciones municipales en las que las candidaturas monárquicas fueron barridas en todas las grandes capitales (no ocurrió así en el medio rural dominado por el caciquismo), los inquietos periodistas al acecho le preguntaron si, en su opinión, habría o no habría crisis a la luz de aquellos resultados. Aznar-Cabanas contestó: “¿Que si habrá crisis? ¿Qué más crisis desean ustedes que la de un país que se acuesta monárquico y se despierta republicano…?”.

Y la crisis fue de tal calibre que, en efecto, al día siguiente, el 14 de abril, se proclamaba formalmente la II República Española. No tanto como conquista de un movimiento republicano con raíces sociales profundas, sino más bien como el resultado de una movilización popular contra la Monarquía, justo en un momento en el que a la Corona también le fallaron todos sus apoyos institucionales, de forma comprensible tras su connivencia con la dictadura de Primo de Rivera (1923 a 1930), definida por algunos historiadores como ‘dictadura con rey’ o ‘dictadura militar de real orden’.

Transcurridos 83 años, el 14 de abril de 2014 no ha sido otra cosa que una efeméride de aquel sorprendente advenimiento republicano, cierto es que resguardado en la memoria colectiva como recurso o amenaza permanente de reacción social ante los renglones torcidos con los que a menudo se escribe la historia de los regímenes políticos.

La República y la insolvencia del sistema político vigente

Sin embargo, en la presente legislatura algunos hechos incontrovertidos van remarcando una situación general que se asemeja en aspectos esenciales, y salvando la forma con la que se pueden expresar acontecimientos muy parecidos con tantos años de por medio, a la que en 1931 alumbró la II República, prácticamente sin que nadie lo previera.

Con su habitual estilo confrontador de dualidades, Manuel Vicent lo acaba de destacar en un artículo titulado con aquella misma fecha emblemática (El País 14/04/2014):

14 de abril

La República se ha convertido en un parque natural de la política española. Se trata de un espacio de la memoria colectiva, que habría que preservar como se hace con un paisaje muy singular o con las especies biológicas en peligro de extinción.

Puede que los ciudadanos que vivieron aquel episodio nacional lo recuerden con la nostalgia de un sueño de libertad, igualdad y fraternidad o con el horror de un mal parto, que terminó en la tragedia de una guerra civil. Para muchos españoles que no conocimos aquel tiempo sino a través de libros y relatos melancólicos o envenenados, más allá de los tópicos en que ha llegado hasta nosotros, la República es ese futuro irreal e incontaminado al que, de momento, solo se puede llegar por el camino del romanticismo. Los más profundos poemas de amor se deben a poetas que han experimentado amores frustrados o prohibidos.

Las mejores novelas de aventuras han sido escritas en la mesa camilla imaginando piratas en el ventanuco del patio de luces y, por supuesto, las pasiones más morbosas suelen proceder de escritores de vida funcionarial, muy ordenada. Probablemente la República hoy sería otra cosa si se hubiera proclamado un día de invierno con niebla, pero llegó un 14 de abril bajo la flor de las acacias y en el sentimiento popular está asociada a la primavera y a la Niña Bonita, el número mágico en la rueda de la fortuna.

En las manifestaciones de protesta en la calle se ve crecer cada vez más alta la marea de banderas republicanas enarboladas por jóvenes, que sueñan con una primavera política, que limpie la suciedad de estos tiempos en que vivimos. La crisis económica unida a la basura de la corrupción cuyo hedor no cesa de apoderarse de la sociedad, sin respetar siquiera la escalinata de la Casa Real, hace que en medio del aire irrespirable, la República se haya convertido en ese parque natural que es necesario proteger, aunque solo sea para purificar la mente de los ciudadanos.

No todo está perdido. En medio de la frustración, cada año, cuando se acerca el 14 de abril, muchos españoles divisan un espacio limpio por donde asoma el gorro frigio de aquella Niña Bonita con un mensaje de armonía y libertad. Tal vez se trata solo de un sentimiento, pero ahí está, creciendo más cada día.

Nadie discute que, como señala Vicent, la República sea una aspiración ideal a la que, hoy, quizás sólo se puede llegar por el camino del romanticismo. Pero no es menos cierto, como concluye en su columna de opinión, que aunque se trate de un mero sentimiento, la añoranza republicana está ahí, “creciendo más cada día”.

Y añade -insistimos- una llamada a preservar esa aspiración política como un “parque natural” necesario para purificar la mente ciudadana ante el agobio de la crisis económica “unida a la basura de la corrupción cuyo hedor no cesa de apoderarse de la sociedad”, puntualizando que la invasión de tal fetidez ni siquiera respeta “la escalinata de la Casa Real”.

Un punto de afectación a la Corona trascendente, porque, como ya sucedió en 1931, el trasfondo del malestar social no proviene exactamente de ninguna República perdida, sino de la insolvencia del sistema político concretado en una Monarquía Parlamentaria muy alejada de la democracia real y con una Jefatura del Estado asumida por el Rey pero ajena a las exigencias ciudadanas. Es decir, que en el plano institucional hay vacíos y responsabilidades de muy poca satisfacción social, ligadas de forma directa a esa formulación del sistema de convivencia y a su figura más representativa.

Pero ya no hablamos sólo de que la corrupción haya ascendido por las regias escalinatas de la Zarzuela o del Palacio de Oriente, como apunta Manuel Vicent, sino, más a más, de la evidente pasividad mostrada por la Corona ante la degeneración sistémica de la política y del mal funcionamiento de todo el entramado institucional del Estado. Porque, puesto claramente en la Constitución en negro sobre blanco, al Rey corresponde ni más ni menos que “arbitrar y moderar el funcionamiento regular de las instituciones” (artículo 56.1 CE), tarea incumplida salvo en la versión oficial de la polémica asonada militar del 23-F, cuyos últimos instigadores permanecen todavía resguardados entre silencios y sombras impenetrables…

Volviendo al discurso de Vicent, hace un año y en el mismo aniversario de la proclamación republicana, e inmersos totalmente en la decadencia política, creciente en cada legislatura, además de sufrir la económica, su afilada pluma destiló otro inspirado artículo de opinión, con el mismo título de la histórica efeméride (El País 14/04/2013), señalando la correlación que existe entre la percepción que los ciudadanos tienen de la Monarquía a nivel ético y estético -imagen social- y el aleteó reivindicativo de la República, siempre vivo en la memoria colectiva:

14 de abril

La corrupción de lo mejor es la peor, decían los latinos. ‘Corruptio optimi pessima’. Si se da por supuesto que lo mejor en el orden social es un rey, un príncipe, una infanta, los yernos y demás parentela, se entenderá por qué en la opinión pública causa tanta alarma, no exenta de morbo, cualquier escándalo que se derive de la Casa Real. En nuestra monarquía parlamentaria el rey no tiene ningún poder político. Solo ejerce el papel simbólico de cohesionar la unidad del Estado cuya jefatura ostenta. Precisamente por ser un símbolo, el rey no tiene otra responsabilidad que la de ser ejemplar, la de moverse dentro de una esfera platónica, limpia y transparente, que dé un sentido mágico a ese residuo histórico e irracional que es la monarquía. Los reyes están ligados al propio azar ovárico-seminal.

Dentro de esa granja dorada de reproducción en la que viven estos privilegiados individuos, la primera labor de un monarca consiste en engendrar un príncipe y sucesivos vástagos que aseguren el futuro de la dinastía a capricho de la genética. El grave problema político que atraviesa la monarquía en este país consiste en que no teniendo el rey ninguna responsabilidad política, tiene la obligación moral de no permitirse oficialmente la más mínima quiebra, puesto que una esfera, si no es perfecta, deja de ser esfera.

Cuando esta figura platónica, que simboliza el Estado, se corrompe, la ficción política se convierte en una farsa y todo el tinglado del teatro se derrumba. En nuestro caso existe otro peligro añadido. En medio de los escándalos de la Casa Real se eleva un fantasma luminoso, que se aparece cada año en primavera, como una flor de acacia.

Hoy es 14 de abril. Puede que la Segunda República, ahogada desde el principio por sus enemigos, fuera un desastre, pero todavía hoy constituye un paradigma de racionalidad, modernidad y regeneración idealista cuya fuerza estriba en que muchos ciudadanos sin haberla vivido la han convertido en un sueño. Monarquía o República no es todavía el dilema. Antes de cambiar de caballo en mitad del río turbulento de la crisis la opinión pública exige primero que se limpien las caballerizas del monarca para que la esfera del Estado sea un espejo en el que los ciudadanos se reflejen sin avergonzarse.

Aquella reflexión era el resultado de una continuada y creciente falta de ejemplaridad de la Casa Real, colmatada con el desparrame de las amigas íntimas del Monarca, la consorte plebeya del Heredero de la Corona, los safaris regios, las princesas comisionistas de baja cuna y alta cama (leer ‘La España Corinnata’), los yernos aprovechados y, al fin y al cabo, de la insolvencia institucional… Sin que pueda aventurarse que el esperpento y el desgaste de la Monarquía vayan a quedar ahí.

Un horizonte más bien poco tranquilizador en el que aún han de resolverse, por ejemplo, el escandaloso ‘caso Nóos’, el olvidado desarrollo legal del Título II de la Constitución (dedicado a la Corona) y, todavía mucho más inconveniente, la forma en la que la Monarquía va a afrontar y digerir el problema de la ‘cuestión catalana’ (seguida de la ‘cuestión vasca’), es decir de la propia vertebración del Estado cuya unidad y permanencia simboliza.

Abrir el melón de la reforma constitucional

A lo largo de la presente legislatura se ha venido imponiendo, cada vez con más consistencia, la necesidad de reformar la Carta Magna. Pero, a fuerza de haberse ido postergando, esa iniciativa actualizadora o revitalizadora del texto constitucional llega en momentos también cada vez más tensos, con posiciones políticas más críticas y beligerantes y también con aspiraciones más radicales.

Sin ir más lejos, el PSOE acaba de anunciar que antes de concluir el actual periodo de sesiones va a presentar formalmente en el Congreso de los Diputados una propuesta de reforma constitucional ‘federalizante’ (¿?), en sí misma polémica y que, en buena lógica y a falta de conocerse en detalle, debilitaría de alguna forma la Institución Monárquica; mientras que IU ya reivindica sin tapujos la República Federal. Eso sin hablar de la posición que puedan fijar en el correspondiente debate parlamentario otras fuerzas políticas ya alineadas con el independentismo (CiU, PNV, ERC, Amaiur…).

Y sin olvidar tampoco cómo entonces se puedan significar las bases sociales a nivel de calle, en donde muchos ciudadanos ciertamente frustrados con el actual sistema y su representación institucional buscan un espacio limpio de corrupción política, más claro, políticamente más coherente y desde luego más identificado con el paradigma republicano. La permanente llama encendida que suponen las celebraciones del 14 de abril de 1931 con las banderas tricolores ondeando todavía vivas, mantenida a pesar de la renovación generacional que evidentemente aleja el fantasma revanchista de quienes perdieron la guerra civil, no deja de señalar el camino no olvidado hacia una III República Española.

Y esta es una realidad social que permanece latente, a pesar del constante e ímprobo esfuerzo del sistema por borrar la memoria histórica y disolver el imaginario republicano, tratando de borrarlo incluso del catálogo de las ideas políticas socapa de sus supuestos efectos apocalípticos. Una buena prueba de ello fue la decisión tomada por el Gobierno de Rajoy de censurar la emisión de la segunda parte de la exitosa serie de TVE titulada ‘14 de abril. La República’.

Esta producción televisiva es un spin-off o proyecto derivado de ‘La Señora’, serie no menos exitosa, realizado por sus mismos creadores (el director Jordi Frades y la coordinadora argumental Virginia Yagüe), y refleja el devenir de un período histórico clave en la historia de España. Su primera parte incluía 13 capítulos enmarcados entre el otoño de 1931 y septiembre de 1932, y alcanzó una audiencia media de 3.516.000 espectadores con una cuota de pantalla del 17%. La segunda temporada de la serie, con 14 capítulos más, continuaba la historia hasta el 18 de julio de 1936, fecha en la que estalló la guerra civil española, y tenía prevista su emisión a partir de enero de 2012, siendo finalmente aplazada hasta 2015 (¿?)…

Pero este tipo de intentos disolventes de todo lo que huela a República, que choca llamativamente con los esfuerzos a veces patéticos, rayanos con la opereta, por promocionar la imagen de la Monarquía (sin ir más lejos los realizados por la misma TVE para cubrir las bodas de las infantas Elena y Cristina y del príncipe Felipe), no pueden retorcer la realidad social ni condicionar el porvenir político, como tampoco se puede cambiar el curso natural de los ríos, tranquilos o torrenciales, en su inevitable búsqueda del mar.

Para corroborar el discurso de esta Newsletter con alguna opinión ajena, baste leer cómo Enrique Gil Calvo, ensayista y catedrático de Sociología en la Universidad Complutense, describe precisamente ese previsible discurrir ciudadano hacia la refundación del régimen político, sin rechazar una nueva suerte de 14 de abril motivada por el crecimiento de la desigualdad social y al abandono político de las bases ciudadanas (El País 12/04/2014):

En el túnel

El Día de la República trae a la memoria la posibilidad de que la ciudadanía española exprese algún día su hartazgo demandando la refundación del régimen en vigor. Sin duda, así lo va a hacer en Cataluña en cuanto las urnas le brinden la oportunidad. Pero también podría ocurrir en el resto de España, pues como revela el barómetro del CIS, crece la indignación popular contra una clase dirigente tan corrupta como incapaz de sacar al país del túnel en que lo metió. El 25 de mayo podrá advertirse algún indicio de este posible final de régimen, pero seguramente habrá que esperar hasta el año próximo, cuando las locales y legislativas certifiquen el final del bipartidismo.

Pese a ello, el partido en el poder todavía confía en salir bien parado del trance, si colase su campaña de propaganda sobre la recuperación en curso, que le lleva a alardear con arrogante impudor del crecimiento de las rentas favorecidas mientras las clases populares continúan empobrecidas por el brutal desempleo y la deflación salarial. Y encima el ministro de Hacienda, cuyas cifras oficiales han caído bajo sospecha, aún tiene la insolencia de despreciar las estadísticas de Cáritas y la OCDE, que alertaban contra el injusto crecimiento de una brecha de desigualdad que condena al pueblo llano a la exclusión social. Pues de ser esto así, ¿cómo no iban a sublevarse los movimientos de base que organizaron la Marcha por la Dignidad del 22M, después reventada por la maniobra policial que la ocultó y criminalizó tras asociarla con pretendidas violencias antisistema?

Sin embargo, pese a la represión de la protesta popular, y por mucho que se publicite la cacareada pero a todas luces anémica recuperación, no hay que descartar que finalmente se produzca no la tan manida salida del túnel que cantan a coro los portavoces del Gobierno, sino más bien el célebre efecto túnel que analizó el economista heterodoxo Albert Hirschman. Cuando los mercados están colapsados por una crisis que los paraliza en lo más oscuro de un metafórico túnel, y de pronto comienza a percibirse que algún carril privilegiado ya empieza a arrancar, anunciando quizás una próxima reactivación, en principio los ciudadanos todavía inmóviles se sienten sin embargo aliviados y se mantienen en calma, esperando que algún día les toque el turno de reincorporarse a la recuperación en marcha. Pero en cuanto al final se advierte que los mejor conectados ya medran a toda velocidad, mientras la mayoría permanece clavada en el fondo del túnel, entonces la gente se impacienta, se indigna y se lanza a protestar.

Es lo que podría pasar aquí, tan pronto la paciencia ciudadana se harte de soportar la obscenidad de un régimen que solo rescata a las rentas elevadas mientras el ciudadano común es abandonado a su suerte. Es entonces cuando la ira popular podría protagonizar un nuevo 14 de Abril. Pues por mucho que los dos partidos turnantes se vean obligados a pactar una gran coalición, como única forma de salvar al régimen, no se vislumbra por ninguna parte, a falta de un Renzi o un Valls, el nuevo liderazgo capaz de sacar a España del túnel actual.

De cómo puede cambiar súbitamente el rumbo de la historia

Las elecciones municipales del 12 de abril de 1931 trajeron una inesperada II República con unos resultados parciales de 22.150 concejales electos de ideología monárquica, representantes de los partidos tradicionales, y tan sólo 5.875 concejales adscritos a las diferentes iniciativas republicanas, quedando además 52.000 puestos sin determinar antes de la proclamación del 14 de abril. Pero pese al mayor número de concejales monárquicos, los resultados suponían para la Corona una amplia derrota en los núcleos urbanos más importantes, confirmando el triunfo de la corriente republicana en 41 capitales de provincia (en Madrid los concejales republicanos llegaron a triplicar a los monárquicos y en Barcelona los cuadruplicaron).

Y si las elecciones se habían convocado como una prueba para sopesar el apoyo social a la Monarquía y las posibilidades de modificar la ley electoral antes de convocar las nuevas elecciones generales, los partidarios de la República consideraron tales resultados como un plebiscito a favor de su instauración inmediata. Es decir, evidenciando que una operación política mal evaluada devino justamente en lograr todo lo contrario de lo esperado.

Así, el Rey marchó hacia el exilio la noche del propio 14 de abril de 1931 a todo correr, sin llegar a abdicar, viajando primero a París e instalándose después de forma definitiva en Roma. Dos días después de abandonar España, el 16 de abril, se hizo público el siguiente manifiesto, redactado en nombre del Rey por el duque de Maura:

Las elecciones celebradas el domingo me revelan claramente que no tengo hoy el amor de mi pueblo. Mi conciencia me dice que ese desvío no será definitivo, porque procuré siempre servir a España, puesto el único afán en el interés público hasta en las más críticas coyunturas. Un Rey puede equivocarse, y sin duda erré yo alguna vez; pero sé bien que nuestra patria se mostró en todo tiempo generosa ante las culpas sin malicia.

Soy el rey de todos los españoles, y también un español. Hallaría medios sobrados para mantener mis regias prerrogativas, en eficaz forcejeo con quienes las combaten. Pero, resueltamente, quiero apartarme de cuanto sea lanzar a un compatriota contra otro en fratricida guerra civil. No renuncio a ninguno de mis derechos, porque más que míos son depósito acumulado por la Historia, de cuya custodia ha de pedirme un día cuenta rigurosa.

Espero a conocer la auténtica y adecuada expresión de la conciencia colectiva, y mientras habla la nación suspendo deliberadamente el ejercicio del Poder Real y me aparto de España, reconociéndola así como única señora de sus destinos.

También ahora creo cumplir el deber que me dicta mi amor a la Patria. Pido a Dios que tan hondo como yo lo sientan y lo cumplan los demás españoles.

Tras aquel espectáculo político, el mismo 14 de abril de 1931, nada más comprobarse que su partido, ERC, había ganado las elecciones municipales con una mayoría abrumadora, Francesc Macià proclamó en paralelo la República Federada Catalana dentro de la República Española, desde el balcón de la Generalitat de Cataluña. Una iniciativa preocupante para el Gobierno Provisional de la II República, que, tras el fracaso del proyecto de Estado Federal, forzó a Maciá para que aceptara un Estatuto de Autonomía de Cataluña (el Estatuto de Nuria), lo que permitió que conservara la presidencia de la Generalitat hasta su fallecimiento en 1933.

Tres años después de proclamarse la II República, el 6 de octubre de 1934, Lluis Companys, entonces presidente de la Generalitat, se asomó también al mismo balcón acompañado de sus consejeros para proclamar el ‘Estat Catalá’ independiente. Nueva iniciativa que sería reprimida ipso facto y sin la menor contemplación por el Gobierno que presidía Alejandro Lerroux.

De hecho, el Diario Oficial del Ministerio de la Guerra del domingo 7 de octubre de 1934 publicaría el siguiente Decreto referido a la declaración del ‘Estado de Guerra’ en todo el territorio nacional como consecuencia de la proclamación catalana y los disturbios sociales de Asturias:

(Decretos)

Presidencia del Consejo de Ministros

De acuerdo con el Consejo de Ministros y a propuesta de su Presidente,

Vengo en decretar lo siguiente:

Artículo 1º. Con arreglo a lo prevenido por el artículo 52 de la Ley de 28 de julio de 1933, se declara el Estado de Guerra en todo el territorio de la República Española.

Artículo 2º. Por los Generales Jefes de las Divisiones orgánicas, Comandantes Militares de Baleares y Canarias y Jefe Superior de las Fuerzas Militares de Marruecos, con relación a las plazas de Ceuta y Melilla, se dictarán los oportunos bandos con arreglo a la Ley de Orden público, que regirán en los territorios a que alcance la jurisdicción de las Auditorías respectivas.

Artículo 3º. Del presente decreto se dará cuenta a las Cortes, a tenor de lo prevenido por el artículo 60 de la mencionada Ley y 42 de la Constitución de la República.

Dado en Madrid a seis de octubre de mil novecientos treinta y cuatro.

El Presidente del Consejo de Ministros

ALEJANDRO LERROUX GARCÍA

Pero, más allá de su interés como mera curiosidad histórica, es decir sobre todo como referente de un estilo de gobierno constitucional y de una forma radical de afrontar la realidad política diluida en el transcuro del tiempo, y desde luego referencial para la política del momento, parece igualmente conveniente recordar el ‘Parte Oficial’ emitido por la Presidencia del Consejo de Ministros que precedía a la declaración del Estado de Guerra:

Parte Oficial

Presidencia del Consejo de Ministros

El Presidente del Consejo de Ministros tiene el honor de dirigirse a los españoles:

A la hora presente, la rebeldía, que ha logrado perturbar el orden público, llega a su apogeo.

Afortunadamente, la ciudadanía española ha sabido sobreponerse a la insensata locura de los mal aconsejados, y el movimiento, que ha tenido graves y dolorosas manifestaciones en pocos lugares del territorio, queda circunscrito, por la actividad y el heroísmo de la fuerza pública, a Asturias y Cataluña.

En Asturias, el ejército está adueñado de la situación, y en el día de mañana quedará restablecida la normalidad.

En Cataluña, el Presidente de la Generalidad, con olvido de todos los deberes que le impone su cargo, su honor y su responsabilidad, se ha permitido proclamar el Estat Catalá.

Ante esa situación, el Gobierno de la República ha tomado el acuerdo de proclamar el estado de guerra en todo el país.

Al hacerlo público, el Gobierno declara que ha esperado hasta agotar todos los medios que la ley pone en sus manos, sin humillación ni quebranto de su autoridad.

En las horas de la paz no escatimó transigencia.

Declarado el estado de guerra, aplicará sin debilidad ni crueldad, pero enérgicamente, la ley marcial.

Está seguro de que ante la rebeldía social de Asturias y ante la posición antipatriótica de un Gobierno de Cataluña, que se ha declarado faccioso, el alma entera del país entero, se levantará en un arranque de solidaridad nacional, en Cataluña como en Castilla, en

Aragón como en Valencia, en Galicia como en Extremadura, y en las Vascongadas, y en Navarra, y en Andalucía, a ponerse al lado del Gobierno para restablecer, con el imperio de la Constitución, del Estatuto y de todas las leyes de la República, la unidad moral y política, que hace de todos los españoles un pueblo libre, de gloriosa tradición y glorioso porvenir.

Todos los españoles sentirán en el rostro el sonrojo de la locura que han cometido unos cuantos. El Gobierno les pide que no den asilo en su corazón a ningún sentimiento de odio contra pueblo alguno de nuestra Patria. El patriotismo de Cataluña sabrá imponerse allí mismo a la locura separatista y sabrá conservar las libertades que le ha reconocido la República bajo un Gobierno que sea leal a la Constitución.

En Madrid, como en todas partes, una exaltación de la ciudadanía nos acompaña.

Con ella y bajo el imperio de la ley vamos a seguir la gloriosa historia de España.

Estemos, pues, atentos a la agitada ‘cuestión catalana’, porque por la vía de las proclamaciones desde el balcón de la Generalitat, ya protagonizadas con pulso firme por Macià y por Companys, también se llegó a lo que se llegó. Con las secuelas de una sangrienta guerra civil y del fusilamiento de Companys por el régimen franquista el 15 de octubre de 1940 en el castillo de Montjuic…

La historia está ahí, con sus puertas y ventanas abiertas a un nuevo 14 de abril y con las banderas tricolores dispuestas para remover la Monarquía y reivindicar la III República, o llamando en Cataluña a una suerte rediviva del 6 de octubre de 1934. Y sabido es que la historia tiende a repetirse de formas muy distintas y adaptadas al momento que pueda corresponder. Claro está que Mariano Rajoy no es Alejandro Lerroux, Oriol Junqueras no es Francesc Macià ni Artur Mas es Lluis Companys…, aunque ciertamente los ‘borbones’ sigan siendo los ‘borbones’.

Fernando J. Muniesa

Lo que de forma unánime pronostican los politólogos y augures electorales en los comicios convocados para el próximo 25 de mayo con objeto de renovar el Parlamento Europeo, es que habrá varapalo por activa, por pasiva y por vía circunstancial. Es decir, leña ciudadana para el partido en el gobierno, para el de la oposición mayoritaria y hasta para el propio sistema político, inmerso en un desprestigio social sin precedentes en el nuevo régimen democrático.

El primer dato sustancial a considerar en ese marco electoral, es el del nivel de participación social que concite. Y se habrá de analizar primero de forma comparativa con la de otras convocatorias precedentes y, después, en su nivel europeo por un lado y en el de la concreta circunscripción española por otro; referencias que alumbrarán importantes lecturas de alcance global pero también los matices propios de cada una de los territorios y realidades nacionales.

Y hablamos de la necesidad de validar el proyecto político europeo con una participación electoral mínima que, en términos tanto éticos como estéticos (de legitimación democrática), debería superar en cada caso el 50 por 100 del censo electoral. De otra forma, la mayoría de la población manifestaría una oposición pasiva pero radical al sistema, máxime después de que el Tratado de Lisboa (de 2007) haya conferido al Parlamento de Estrasburgo competencias más determinantes en el diseño de las políticas europeas y más trascendentes para la gobernación de 500 millones de ciudadanos. 

Pero es que la participación registrada en España en los comicios europeos de 2009 ya fue de un exiguo 44,90%, aún menor que el 45,14% registrado en 2004 y 17 puntos por debajo de la de 1994. Y si todavía baja más en 2014, ¿en qué clase de tinglado político y electoral estamos inmersos…? ¿A quiénes representarán entonces los eurodiputados españoles…? ¿A la mayoría de los ciudadanos o a una minoría decreciente de votantes alienados por las triquiñuelas de una democracia engañosa…?

Y, ¿cómo se podrá sostener el paradigma de una política ‘no participativa’ si los votantes del próximo 25 de mayo no llegan al 40% del censo electoral…? ¿Se admitirán la desmotivación y el desprecio por las urnas europeas como un varapalo al sistema establecido…? ¿Y qué podrán disponer entonces Rajoy y Pérez Rubalcaba -jerarcas de la actual ‘clase política’- para reconducir un descrédito tan obvio y escandaloso…?

Eso, en cuanto a la participación electoral. Pero en relación con el enorme peligro que supondrían las nefastas mayorías absolutas en la UE, quizás trasmutables en alguna suerte de ensueño neonazi a tenor de cómo se deja conducir por la señora Merkel, hay que advertir que afortunadamente no parecen fáciles de alcanzar. De hecho, el actual primer Grupo Parlamentario (los Populares Europeos) está muy lejos de ostentar la mayoría absoluta de 377 escaños, enfrentado además a otras seis fuerzas políticas y un séptimo grupo de europarlamentarios no adscritos… 

Acabar con las perniciosas mayorías absolutas

Y es que, aunque las mayorías parlamentarias absolutas sean legítimas, no dejan de representar en sí mismas la negación de la política, e incluso la de la propia democracia. A menudo confundidas con una suerte de autocracia grupal, sobre todo -como sucede en nuestro país- cuando esas aparentes mayorías se alcanzan mediante un sistema de adjudicación de escaños no proporcional al número de votos válidos obtenidos, sino primado por la Ley D’Hont incorporada al efecto en la normativa electoral mediante el acuerdo interesado de los dos partidos mayoritarios (PP y PSOE).

Así, las cuatro mayorías absolutas registradas hasta ahora en el Congreso de los Diputados (con más de 175 escaños), nunca han sido respaldadas con la misma mayoría absoluta de votos, sino con un porcentaje inferior que incluso se podría limitar a un 40%. El PSOE consiguió 202 escaños con el 48,11% de los votos en 1982 y 184 escaños con el 44,06% en 1986 (en 1989 el 39,60% de los votos le dejaron en la antesala de la mayoría absoluta con 175 escaños). Y el PP, por su parte, logró 183 escaños con el 44,52% de los votos en 2000 y 186 escaños con el 44,63% en 2011. 

Y esto quiere decir, ni más ni menos, que en esas legislaturas llamadas de ‘mayoría absoluta’, lo cierto es que una minoría social (la del 40%) se llega a imponer ‘absolutamente’ a una mayoría total (la del 60%), que queda excluida en el plano legislativo y, por tanto, de la política misma. ¿Estamos o no estamos entonces ante una democracia distorsionada…?

¿Y qué tienen que ver esas mayorías parlamentarias absolutas con la clásica definición de la ‘democracia’, que Platón entendió como el gobierno “de la multitud” y Aristóteles como el “de los más”…? ¿Acaso no es más cierto que, de hecho, ese falso concepto de lo ‘absoluto’ se identifican con el gobierno aristocrático “de los mejores” (Platón) y, mucho peor todavía, con el “de los menos” (Aristóteles), e incluso con el gobierno autocrático y cesarista “de uno”, asumido por el líder del partido correspondiente…?

Lo razonable sería admitir que el fenómeno de las mayorías absolutas en un país política e ideológicamente tan poliédrico como España, debería darse sobre todo, o exclusivamente, ante situaciones excepcionales que requieran un Gobierno muy autorizado socialmente para imponer fuertes reacciones políticas, o para el cumplimiento de un programa electoral extraordinario ante situaciones de emergencia nacional. Y ahí, en ese punto crítico, habría que entender las mayorías absolutas del PSOE en 1982 (motivada por la debacle de la UCD y la intentona golpista del 23-F) y del PP en 2011 (justificada por el desastre sin sentido del ‘zapaterismo’), mientras que las de los mismos partidos en 1986 y en 2000 no dejaron de sorprender por innecesarias a sus propios beneficiaros...

Dicho de otra forma, la mayoría parlamentaria absoluta, tal y como se instituye en España, sólo debería admitirse en puridad democrática ante situaciones de extrema necesidad política y como instrumento para ejecutar determinadas reformas trascendentales, garantizar la permanencia de los principios y valores constitucionales, eliminar sus amenazas o alcanzar objetivos de similar calado. Sin embargo, no parece que el presidente Rajoy lo entienda así exactamente, ni haya comprendido bien cómo y con qué objeto los votantes españoles (no todos situados en la órbita de su partido) le otorgaron esa mayoría absoluta que lamentablemente no parece haber digerido de forma adecuada, sino más bien en sentido contrario del que se esperaba. 

Siguiendo este discurso, lo que se debe evitar son otras mayorías absolutas nuevas, ya injustificables ante cualquier circunstancia considerando que los dos partidos que pueden alcanzarlas (el PP o el PSOE) se han mostrado incapaces de gestionarlas con decencia. Y ello supondría tener que afrontar las nuevas políticas mediante consensos, lo que a la postre significa menos nepotismo y menos soberbia gubernamental, más debate, más cohesión social y más transparencia, que no es poco.

Cierto es que todavía caben dudas sobre el impacto que la síntesis de diversas propuestas políticas (con diferentes tintes ideológicos) pueda tener sobre el fenómeno de la gobernanza. Pero sobre lo que ya no tenemos duda alguna, es que cualquier gobierno respaldado con esas mayorías absolutas se equivoca de manera absoluta, adopta modos absolutamente prepotentes, pervierte las prácticas democráticas y destruye la confianza de la ciudadanía en el sistema político y en las instituciones del Estado.

Como es lógico, cada vez se escribe más, y también con más crudeza, sobre los riesgos que conlleva ese absolutismo político, que no dejan de ser un ‘cheque en blanco’ para hacer y deshacer cuánto y como a sus portadores convenga o les venga en gana, y lamentablemente sin caducidad durante toda la legislatura. De la Red, que es dónde hoy la opinión pública se expresa con más facilidad y libertad, hemos recuperado un artículo de opinión de Rafael Fernando Navarro (ElPlural.Com 26/09/2013), bastante ilustrativo al respecto:

Mayoría absoluta

Los partidos políticos aspiran siempre a obtener mayorías absolutas al pretender gobernar un país. Argumentan siempre, que en su afán de servir a la ciudadanía, esa mayoría les permite abordar su propio programa electoral sin que la oposición apriete el freno y prohíba el avance de las mejoras que están dispuestos a aportar. Las campañas no sólo piden el voto, sino el voto mayoritario. Un Parlamento dividido entre varias opciones, argumentan,  conlleva  una disgregación de fuerzas y  una demora en la consecución de proyectos para la comunidad.

La aspiración a la obtención de mayorías absoluta basada en el interés ciudadano, esconde el ansia de dominio sin estorbo en la toma de decisiones. Cada partido se siente mesías salvador, redentor de los pecados cometido por sus antecesores, crucificado por herencias recibidas, sobre las cuales debe ponerse de pie y conjurar una resurrección que ilumine el futuro del pueblo. En el fondo la aspiración a la mayoría guarda un dictadura venial, pero dictadura, para que nadie pueda oponerse en derecho a lo que cada partido pretende implantar.

Pero lo que cada partido quiere imponer a sus ciudadanos, ¿responde a los deseos reales de éstos? Cuando los partidos llegan al poder, traicionan con frecuencia los programas electorales plenos de promesas de mejora y se instalan en su propia ideología dando la espalda de manera descarada a lo que los ciudadanos votaron con la esperanza de un cumplimiento que llevaría a un cambio de rumbo que pondría al país en las coordenadas del bienestar perdido. Tenemos el ejemplo reciente del programa electoral del Partido Popular, incumplido hasta la desfachatez. Ni creación de empleo, ni defensa de la sanidad, la educación, las pensiones, el desempleo, ni la bajada de impuestos, ni defensa de la mujer maltratada, ni nada de nada. Se hundieron en la desvergüenza el propio Rajoy, Pons, Floriano, Montoro, Soraya y toda la corte que seguían a su presidente (lo del liderazgo de D. Mariano ni está demostrado ni se demostrará) y refugiados en una herencia recibida y absurdamente ignorada, imponen un cambio de sociedad refugiados en la crisis porque sienten la vergüenza de proclamar un cambio fundamentado en el capitalismo más denigrante. Y entonces llaman reforma laboral al despido libre y a la emigración de talentos movilidad exterior. Si se desconocía la situación económica de Europa y de nuestro país, no se estaba en condiciones de aspirar a gobernar ni a prometer lo que no se sabía si se podría cumplir. Y si se conocía (y claro que se conocía) ni se podían refugiar en la herencia recibida ni se podía caer en la prevaricación de prometer lo que de antemano estaba claro que no se podría cumplir.

España es la escombrera de lo que fue. Está arrinconada en el desguace más humillante de la democracia. Hay hambre, niños desnutridos, gente buscando comida en los contenedores, enfermos contra la tapia del dolor con el tiro de gracia de la desatención,  estudiantes expulsados de la universidad por falta de dinero, jubilados cobrando por debajo de lo ahorrado porque se les ha robado parte del dinero cotizado, disyuntiva entre medicación y el arroz hervido, tristeza de plomo en los ojos, futuro convertido en porvenir de tiempo muerto.

Y el Parlamento copado por una mayoría absoluta que mira por encima del hombro a quienes en la oposición exigen transparencia, comparecencias del presidente, corrección a chulerías baratas de Wert, seriedad a las sonrisas de hiena de Montoro, honradez a las carcajadas estúpidas de Báñez, fluidez de palabra (no digamos de ideas) de Ana Mato. Y la niña Fabra gestualmente alegre con que se jodan los parados, y Alonso portavoz restregando mayorías, y Gallardón repartiendo carnets de dignidad a las mujeres… Mayorías absolutas.

Esas mayorías del gobierno que las tenga ignoran que sólo el pueblo es siempre el depositario de la mayoría absoluta e indiscutible. Y olvidan que quien gobierna contra la calle lo hace de manera dictatorial. Hubo un tiempo en que la dictadura vivía en El Pardo y tenía cachas de pistola y botas abrillantadas acostumbradas a pisar cadáveres y  derechos. Pero también desde la Moncloa se puede disparar contra la multitud y ejecutar derechos fundamentales. Allí se visten trajes de alpaca y mocasines italianos. Y se dispara con el BOE que es más elegante.

La democracia es la toma de conciencia del pueblo sobre sí mismo, sobre su destino, su futuro, sus aspiraciones, su libertad, su historia. Y quien usurpa esa conciencia, escondido en los sacos terreros de una mayoría, está ejerciendo una dictadura, bien vista, pero dictadura.

Desde esa mayoría absoluta que sólo el pueblo posee, puede y debe la ciudadanía rebelarse contra dictaduras de cuello blanco.

El contrapunto de los pactos de Estado y del Gobierno de coalición

Desde otra óptica, complementaria antes que distinta, y considerando los resultados previsibles de las próximas elecciones europeas que anuncian la ruptura del bipartidismo instalado en España, agravado por el papel de ‘bisagra’ que han venido jugando los partidos nacionalistas y regionalistas (PNV, CiU, CC…), habría que considerar también las ventajas de futuros gobiernos de coalición, que cuando exceden las necesidades de la aritmética parlamentaria pueden entenderse como verdaderos pactos de Estado.

Cierto es que la experiencia de estos gobiernos de coalición en el ámbito de la política nacional ha permanecido inédita en el nuevo régimen democrático. Pero no en la política autonómica y municipal, en las que se han dado de forma natural y sin peores consecuencias, ni mucho menos, que las devenidas con alguna mala praxis de las mayorías absolutas de la política nacional.

Y el propio consenso constitucional, y sobre todo el acuerdo previo de los ‘Pactos de la Moncloa’ de 1977, de grato recuerdo, que fortalecieron la política necesaria con la unión de los principales partidos con representación parlamentaria y el apoyo de las grandes organizaciones empresariales y sindicales, es un precedente claro de por donde se debería caminar en tiempos tan críticos como los actuales.

Realmente parece difícil que el electorado vuelva a otorgar una mayoría parlamentaria absoluta a la vista de su mal resultado. Por eso, España camina, y es razonable que así sea, hacia un nuevo escenario de partidos políticos en el que el consenso y la colaboración desplazarán a la estéril cultura de la confrontación, disparatada sobre todo en tiempos de crisis.

Alemania es el ejemplo más elocuente del beneficio que supone para el buen gobierno nacional la acción política coaligada, tanto si se produce dentro del espectro de la izquierda encabezado por el SPD como si es en el socialcristiano de la CDU-CSU, con partidos pequeños (liberales, verdes, independientes…). E incluso el de las llamadas ‘grandes coaliciones’  entre el SPD y la CDU-CSU, formadas en 1996, en 2005 y en 2013. En Reino Unido los conservadores gobiernan con los liberales-demócratas tras desaparecer el sistema de alternancias de las mayorías laborista y conservadora. Y en Francia se ha llegado, sin mayores problemas, a la singular ‘cohabitación’ en 1986 entre un Presidente de la República de ideología socialista, Françoise Miterrand, y un Primer Ministro de la derecha, Jacques Chirac, incluso sin gobierno de coalición de por medio (en Portugal también se produjo la misma cohabitación entre un Jefe de Estado de la derecha, Anibal Cavaco Silva, y un Jefe de Gobierno de la izquierda, José Sócrates).

Pero es que, en España, la figura del Rey como Jefe del Estado, no deja de suponer también una cierta ‘cohabitación’ permanente con quienes acceden a la Presidencia del Gobierno de forma sucesiva y respaldados por partidos de diferentes ideológicas. Y lo cierto es que, frente a otras cuestiones, no se puede decir que ese entendimiento entre la Corona y el correspondiente partido del Gobierno, con funciones obviamente diferenciadas, haya sido en sí mismo negativo.

Quizás, y a resultas de que se produzca -como se producirá- una ruptura del bipartidismo y una mayor fragmentación parlamentaria, los asuntos sustanciales que hoy tienen sobrecogidos a la España más sensata aconsejan no despreciar una posible gran coalición de Gobierno en términos de ‘interés nacional’ (la ‘salvación nacional’ tiene cierto tufo golpista). Y con ella cabría resolver con mayor facilidad problemas como la falta cierta de vertebración del Estado y de una necesaria Ley de la Corona, revitalizar la Constitución, solventar las ‘cuestión catalana’ (y la subsiguiente ‘causa vasca’), luchar decididamente contra la corrupción y el fraude, afrontar el insostenible nivel de desempleo, reconducir la creciente desigualdad social…

El mayor problema para lograr ese gran pacto de ‘patriotismo transversal’, justo en la estela del propiciado en la Transición por el desaparecido Adolfo Suárez, no necesariamente sólo entre PP y PSOE, quizás no resida tanto en su dificultad intrínseca cuanto en el arraigo de los intereses de una clase política -la actual- en la que los ciudadanos no confían, e incluso desprecian, por anteponer sus intereses de partido al interés común de los españoles.

Las ‘grandes coaliciones’ políticas equilibran, templan y fortalecen la acción de gobierno con soluciones más sólidas, duraderas y eficaces, al tiempo que garantizan una mayor fiscalización de lo público y su atención más ajustada al interés general, evitando la debilitación y consunción del Estado. Son, está claro, una formulación alternativa a la nefasta dictadura partidista (o al bipartidismo), por demás necesaria en situaciones de crisis como la nuestra para implementar políticas consensuadas de amplio respaldo social y por tanto perdurables.

Las encuestas reafirman el varapalo de las elecciones europeas

En cualquier caso, lo evidente es que la demoscopia electoral reafirma encuesta a encuesta -y las auspicie quien las auspicie- el varapalo que van a sufrir tanto el PP como el PSOE y, en consecuencia, el modelo bipartidista que ambas formaciones impusieron en la política nacional al consensuar el sistema D’Hont para el reparto de escaños.

En la edición del mes de marzo del Barómetro de Metroscopia, que es una de las encuestas periódicas de mayor crédito, acabamos de ver cómo se siguen consolidando algunas tendencias que vienen de lejos. Para empezar, la de la escasa participación estimada en las elecciones europeas, que cae seis puntos respecto de anteriores oleadas y cuando tan sólo quedan dos meses para su celebración.

Un fenómeno ciertamente significativo, porque lo habitual en los sondeos preelectorales es que la intención expresada por los electores de acudir a votar se vaya incrementando a medida que se acerca el día de la votación. Y preocupante porque de momento se sitúa en el entorno de un exiguo 40%, nivel de participación que, de no crecer sensiblemente, confirmará el poco interés que la política europea, sus protagonistas y su modelo funcional despiertan en los ciudadanos españoles.

Pero, según los datos recogidos por Metroscopia, este grave descenso en la participación estimada, perjudica en mayor medida al PP que al PSOE; si bien ambos partidos sufren un sustancial descenso respecto a su resultado de 2009 (de casi 10 puntos en el caso del PSOE y de casi 17 en el del PP). Lo que pasa es que entre los ciudadanos actualmente ‘movilizados’, o que declaran con rotundidad su firme intención de acudir a votar el próximo 25 de mayo, predominan con bastante claridad quienes indican que votarán al PSOE en vez de al PP, lo que supone que la abstención (y no dar el voto a otra opción política, que es lo más habitual) puede ser la opción escogida por una parte importante del electorado para castigar al Gobierno de Rajoy en la primera ocasión posible (quizás este abstencionismo se corresponda con el voto ‘prestado’ al PP en el 20-N).

La caída de los dos partidos mayoritarios, en efecto llamativa (al PP le abandonan ya uno de cada tres antiguos votantes y al PSOE uno de cada cuatro), y su tendencia, conlleva no obstante otras lecturas importantes.

De entrada, la evolución del PP es descendente desde noviembre de 2013, mientras que la del PSOE es ascendente desde esa misma fecha, lo que ha redundado en una ventaja de 3,3 puntos a favor de los socialistas (29,0% de los votos frente al 25,7%). Así, el PSOE ganaría las elecciones europeas, aunque de forma pírrica y con resultados muy por debajo de los obtenidos en 2009; es decir, restañando algunas de las graves heridas producidas por el desastre ‘zapateril’ pero ni mucho menos todas.

De producirse, esa sería la primera victoria electoral del PSOE desde los comicios generales de 2008. Y, según Metroscopia, el PSOE es el partido del que un mayor porcentaje de electores piensa que “defenderá mejor que otros los intereses de España” en el Parlamento Europeo (20%, frente a un 15% que atribuye esa capacidad al PP), y también el partido que tiene una idea más cercana a la de los ciudadanos sobre lo que debería ser la Unión Europea (19% frente al 15% que menciona al PP).

Pero, con independencia de que de momento el PSOE vaya aumentando la ventaja electoral sobre el PP, la distribución de escaños europeos no varía con respecto a la oleada anterior, de forma que los socialistas seguirían logrando 18 frente a los 16 que obtendrían los populares. Entre ambas formaciones políticas sumarían 10 escaños menos que los logrados en 2009 (34 ahora, frente a los 44 de hace cinco años): una considerable pérdida de representatividad que beneficiaría directamente a IU y a UPyD.

La coalición izquierdista, encabezada de nuevo por el experimentado Willy Meyer, casi cuadriplicaría su actual porcentaje de votos (de 3,7% pasaría a 14,1%), logrando ya 9 escaños (7 más que ahora). El partido magenta, por su parte, pasaría del 2,9% logrado en 2009 a un 8,4% ahora y de 1 a 5 escaños, repitiendo también Francisco Sosa-Wagner como cabeza de lista. El resto de escaños en liza se repartirían, por ahora, entre la coalición formada por CiU, PNV y CC (2), la candidatura de ERC (2), la coalición de Bildu y BNG (1) y Ciutadans (1).

En orden a la evolución de los datos del Barómetro de Metroscopia, cuyo trabajo de campo concluyó el pasado 20 de marzo, todavía se podrían tener en cuenta algunos factores incidentales. Por ejemplo, el efecto producido por la candidatura del PP, cuyo conocimiento ha sido reservado por Rajoy de forma expectante hasta última hora, y que finalmente será encabezada por Miguel Arias Cañete como se venía comentando desde hace tiempo (¿a santo de qué ha venido, pues, tanta intriga y cabildeo en su nominación?), o el de alguna otra posible candidatura o coalición alternativas a las ya conocidas.

Mayor incidencia podrían tener tanto el proceso de asociación de Ucrania a la UE -incluida la tensión política creada por la adhesión de Crimea a la República de Rusia- como la creciente imagen de una Europa antisocial, realimentada por Alemania con su intención de aplicar la letra pequeña del Acuerdo de Schengen y restringir la libre circulación en su territorio de ciudadanos europeos carentes de trabajo, en salvaguarda de su propio estado de bienestar… Factores ambos muy negativos, porque no dejan de propiciar un mayor euroescepticismo y estimular todavía más la abstención electoral.

Con todo, los partidos políticos en liza no deben despreciar la opinión de una amplia mayoría de ciudadanos que espera del Parlamento Europeo el desarrollo de programas sociales para las personas más desfavorecidas como consecuencia de la crisis (así opina el 68% de los encuestados), antes que los destinados fundamentalmente a fomentar el crecimiento económico de los países miembros (en opinión del 29%). Y ese es un giro social en las políticas europeas que reclama la amplia mayoría de votantes del PSOE (un 75% frente al 22%), pero también la del PP -acaso la más centrista- (un 56% frente al 40%), con objeto de empezar a paliar los tremendos daños de la crisis.

Ya veremos si estas demandas se ven reflejadas, y cómo, en las campañas electorales de unos y otros. De momento, las ideas-fuerza apuntadas por el PP son que su política va ‘en la buena dirección’, que el partido es la ‘única opción frente al pasado’ y cosas similares, fiándolo todo a la afirmación de una recuperación económica ciertamente cuestionable y difícil de visualizar por los votantes, sin hacer el menor guiño social ni dar un solo paso en contra de la desigualdad (mal planteamiento electoral). Así, fácil sería que los votos de los dos partidos de izquierda con implantación nacional superen con mucho a los del PP (cosa mala, mala, mala para Rajoy, que ha querido convertir las elecciones europeas en un éxito o fracaso personal).

La patética reacción demoscópica del diario La Razón

Mientras tanto, el diario progubernamental La Razón publicaba el pasado 2 de marzo una encuesta elaborada por NC Report, que es un instituto de investigación de mercados medio fantasma (muy cuestionado en la Red por su total falta de credibilidad), realmente patética en su afán de negar los datos demoscópicos más contrastados.

En aquella edición, el periódico dirigido por el inefable Francisco Marhuenda (acreditado propagandista del PP especializado en espantar a los votantes centristas) llevaba a portada su teoría de que “El PP ganaría las europeas al PSOE sin aún haber designado candidato”, con una ventaja de 2,1 puntos sobre el PSOE (un mes antes, el 3 de febrero, ya habían publicado otra pseudo encuesta con una estimación similar). Además, también se atrevía a subtitular con este canto periodístico a la obviedad y a la pura especulación: “Génova espera que Rajoy despeje la incógnita [del cabeza de lista] esta semana [cosa que no sucedió], mientras Cañete aguanta y González Pons sube en las quinielas”.

Y para redondear su chafarrinada demoscópica, La Razón no tenía el menor reparo en incluir la arbitraria pregunta “¿Cuáles de los siguientes políticos prefiere como candidato del PP en las elecciones europeas?” ni en publicar la siguiente multi-respuesta: A Miguel Arias Cañete le prefieren el 41,2% de los encuestados, a Esperanza Aguirre el 25,1%, a Mari Mar Blanco el 15,6% y a Esteban González Pons el 10,6% (un 20,8 % se apuntaba al ‘Ninguno de ellos’ y otro 25,7% al ‘No sabe / No contesta’)... Pero, considerando que en el mundo de las encuestas tampoco hay efectos sin causas, uno se pregunta qué ha podido llevar al ínclito Marhuenda -siempre babeante ante Rajoy- a incluir a la lideresa Aguirre en esta gratuita apuesta de candidatos del PP para el Parlamento Europeo. ¿Acaso alejarla de la política nacional…?

Al final no hay más cera que la que arde

Marhuenda y La Razón podrán jugar a lo que quieran jugar (incluso a que los electores del PP más comedidos voten a UPyD), pero lo cierto es que, tras dos años y medio en el Gobierno de la Nación, hoy por hoy la suerte electoral del partido está más que vista para sentencia, y con ella la de Rajoy. Se prometa lo que se prometa y dígase lo que se diga hasta el próximo 25 de mayo.

En cualquier caso, el varapalo electoral al partido en el Gobierno (fuerte, fuerte, fuerte) y al de la oposición mayoritaria socialista (también fuerte), y por supuesto al sistema político interesado en el que ambas formaciones políticas se mueven como pez en el agua (un ‘bipartidismo imperfecto’), está a punto de caramelo. Y con los dos máximos gestores del actual sistema político, Mariano Rajoy y Alfredo Pérez Rubalcaba, a punto también de ser arrastrados por las mulillas electorales camino del desolladero.

Fernando J. Muniesa

Pilar Urbano, destacada militante del Opus Dei desde el apogeo del régimen franquista (ya ha cumplido 74 años), se ha liado la manta a la cabeza nada más y nada menos que para señalar en su último ensayo novelado, titulado ‘La Gran Desmemoria’ (Planeta, 2014), al rey Juan Carlos I como gran instigador del fallido golpe de Estado del 23-F.

En su libro, tan agresivo como tardío, que subtitula ‘Lo que Suárez olvidó y el rey prefiere no recordar’, ni corta ni perezosa, Pilar Urbano pone en negro sobre blanco lo que dice que dijo el difunto Adolfo Suárez: que el propio Rey era el ‘Elefante Blanco’ del 23-F. Y asegura que para Suárez estaba muy claro que aquel despropósito se gestó en Zarzuela, que el alma de la llamada ‘Operación Armada’ era Don Juan Carlos y que él en persona muñó el intento desestabilizador para colocar al general Armada al frente de un Gobierno de concentración nacional.

Y cierto es que ‘La Gran Desmemoria’ profundiza en una teoría ya apuntada una y mil veces desde que se produjera aquella vergüenza democrática del 23-F: la de que la asonada militar contra Suárez, a la sazón presidente del Gobierno, fue directamente conocida por el Rey, quien entonces mantenía una estrecha relación con los Servicios de Inteligencia y ejercía a tope su discutible condición de ‘mando supremo’ de las Fuerzas Armadas, según dispone la Carta Magna.

Pero lo que más llama la atención, es que esta gran revelación (desde luego horneada hace tiempo) se publicite justo tras el fallecimiento de quien en aquellos días aciagos de nuestra reciente historia fue forzado a dimitir prácticamente a punta de pistola. Y también que la acusación (porque estamos ante una denuncia pública escandalosamente grave) salga de donde ha salido: de la pluma de una periodista y escritora pía, exitosa gracias a algunos tratos de favor regios y de otras instituciones inaccesibles para compañeros de profesión menos condescendientes con sus fuentes, como sucedió con su libro ‘Yo entré en el Cesid’ (Plaza & Janés Editores, 1997), y que durante su dilatada carrera no ha dejado de bailarle el agua a la Corona, es decir de adularla, halagarla, lisonjearla y darle la razón incluso en lo que no la ha tenido.

Una periodista del Opus que ahora carga contra el Rey, sin razón o con ella, pero no contra los miembros de su misma organización religiosa (sus ‘hermanos en Cristo’) que en todo caso acompañarían a Su Majestad en la aventura golpista: los militares Alfonso Armada y Ricardo Pardo Zancada. Como tampoco ha cargado nunca contra otros de sus correligionarios bien próximos a la ‘trama civil’ de aquel golpe de Estado, que la airada periodista nunca tuvo el menor interés en investigar y mucho menos en denunciar, quizás porque la conocía perfectamente.

Por ello, sus actuales denuncias parecen superar el simple o natural hecho de querer buscar la verdad histórica, aunque sea parcialmente y de forma un tanto extemporánea. “A mi edad no es honesto ocultar la verdad. Y el periodista tiene que contar verdaderas historias, la historia verdadera…”, asegura Pilar Urbano en relación con su libro.

Y es que, a estas alturas de la historia tantos años encubierta, con todo lo que el observador perspicaz ha visto y leído sobre el 23-F, algo huele en ‘La Gran Desmemoria’ a sobrevenido golpe de mano contra el Rey, quizás para forzar su abdicación en la persona del Príncipe de Asturias, heredero de la Corona. En el fondo, maniobras de corte palaciego de las que tanto han gustado no pocos miembros del Opus Dei, incluido su fundador…

La prematura adhesión del Opus Dei a las asonadas militares

Para identificar con mayor precisión la estela del golpismo a partir del régimen franquista, curiosamente unido al Opus Dei en sus momentos más esplendorosos, y las raíces militaristas de esta institución religiosa, conviene conocer el trasfondo castrense con el que se han condicionado muchos hitos de nuestra historia más reciente. Sin olvidar las cargas genéticas personales y confesionales que han caracterizado al mismo Servicio de Inteligencia pringado de hoz y coz en el 23-F (el antiguo CESID).

Así, por ejemplo, aún se sabe bien poco de la penetración del Opus Dei en las Fuerzas Armadas franquistas y del reiterado papel desestabilizador que han jugado algunos de sus miembros, o de su desmedido interés por posicionarse cerca de los antiguos servicios secretos militares y, después, integrarse en la emergente Inteligencia del Estado…

La relación del Opus Dei con el entorno militar, y muy en particular con sus expresiones más convulsivas, fue desde luego significativa. En el libro ‘Los espías de madera’ (Ediciones Foca, 1999) ya advertí -perdón por la auto cita- que la identificación personal de su fundador, José María Escrivá de Balaguer (después José María Escrivá de Balaguer y Albás y finalmente el Santo Josemaría), con la involución militar había sido clara y desde luego bien prematura.

Tras ser ordenado sacerdote en Zaragoza el 28 de marzo de 1925, y de ejercer como profesor de Derecho Canónico y Romano en el ‘Instituto Amado’ de esa misma ciudad, un centro privado que preparaba para el ingreso en la Academia General Militar, el padre Escrivá fundó su particular ‘Obra de Dios’ el 2 de octubre de 1928 en Madrid. Desde esa incipiente plataforma de santificación secular, ya en 1932 se significó en la asonada militar contra la II República que el 10 de agosto encabezó el general José Sanjurjo. En aquella descalabrada aventura fue acompañado por un grupo de jóvenes al que entonces él mismo dirigía espiritualmente: Vicente Hernández Bocos, José Manuel Doménech Ybarra, José Antonio Palacios López y Juan Jiménez Vargas, quien luego sería sacerdote y miembro destacado de la institución.

Paréntesis.

El Opus Dei se constituyó como camino de santificación varonil en medio del mundo, a través del trabajo profesional ordinario y en el cumplimiento de los deberes personales, familiares y sociales. Su fundador entendió después que dicho apostolado debía desarrollarse igualmente entre las mujeres y, a tal efecto, el 14 de febrero de 1930 creó la Sociedad Sacerdotal de la Santa Cruz, unida indisolublemente al Opus Dei.

Según su promotor, ambas instituciones fueron de inspiración divina. Tras una larga discusión sobre su legitimación jurídica, ‘La Obra’ de José María Escrivá fue aprobada por la Santa Sede el 16 de junio de 1950, obteniendo más tarde de Su Santidad Juan Pablo II, el 28 de noviembre de 1982, el estatus de ‘prelatura personal’, fórmula ya prevista por el propio Escrivá antes de su fallecimiento, ocurrido en Roma el 26 de junio de 1975.

Su causa de canonización fue iniciada el 19 de febrero de 1981. Nueve años más tarde, el 9 de abril de 1990, Juan Pablo II declaró la heroicidad de sus virtudes cristianas, decretando el 6 de julio de 1991 el carácter milagroso de una primera curación atribuida a su intercesión y el 20 de diciembre de 2001 el de la segunda. El mismo Papa declaró ‘Santo’ al Beato Josemaría (así habían convenido en llamarle hasta entonces sus seguidores del Opus Dei), el 6 de octubre de 2002, precisamente en el año que se cumplía el centenario de su nacimiento, en una ceremonia multitudinaria celebrada en la Plaza de San Pedro…

Más tarde, a principios de 1938 y con la Guerra Civil española claramente orientada hacia el éxito de los militares sublevados, también fue llamativo el rebuscado afincamiento del padre Escrivá en la ciudad de Burgos, junto al Cuartel General del Generalísimo. Pero todavía lo sería más su entusiástico alistamiento, el 28 de marzo de 1939, como oficial en las victoriosas tropas nacionales de Intendencia que iban a entrar en Madrid. Aquellas vivencias personales quizás ayudaran a conformar su profunda convicción de que “los militares, por el mero hecho de serlo, tienen ya la mitad de la vocación del Opus Dei”, como le gustaba recordar a menudo.

En aquel libro, que en algunas recensiones bibliográficas se reputó de ‘clarificador’ y en otras de ‘transgresor’, recordé igualmente que Rafael Calvo Serer, dilecto hijo espiritual de José María Escrivá, también tomó parte activa en la frustrada ‘Operación Ruiseñada’. Aquella nueva andanza política del Opus Dei envolvía un intento desestabilizador para desplazar a Franco de la Jefatura del Estado en 1957, reinstaurar la Monarquía con Don Juan De Borbón y Battenberg (a quien los conspiradores ya llamaban ‘Juan III’) y propiciar un Gobierno integrado por monárquicos, militares y los emergentes tecnócratas del Opus Dei.

Segundo paréntesis.

Cuando a través de sus rudimentarios pero incisivos servicios de información, Franco conoció en las postrimerías de 1956 las veleidades monárquicas que sobre su propia sucesión propiciaba un conspicuo grupo de altos mandos militares, instigados por Juan Claudio Güell y Churruca, conde de Ruiseñada, y liderados por el teniente general Juan Bautista Sánchez González, que entonces mandaba la Capitanía General de Cataluña, ordenó a su amigo e incuestionable segundo del escalafón del régimen, Agustín Muñoz Grandes, a la sazón ministro del Ejército y sin duda alguna el compañero de armas que le producía más respeto, que zanjara de inmediato tan enojoso asunto. Tras las comprobaciones realizadas por los confidentes que Muñoz Grandes tenía destacados en Estoril, aquel asomo de rebeldía militar concluyó con el repentino ‘ataque al corazón’ sufrido oficialmente por el general Sánchez el 29 de enero de 1957 en la habitación del hotel de Puigcerdá (Gerona) donde pernoctaba preparando las maniobras militares que allí había dispuesto celebrar con una supuesta intención golpista.

Otros rumores sobre la muerte de Sánchez González apuntaron a un posible envenenamiento inducido, o a que, previamente a su infarto oficial, hubiera sido tiroteado por el capitán general de Valencia, Ríos Capapé, en la tienda de campaña que alojaba su puesto de mando durante aquellas comprometedoras e inconclusas maniobras militares. De forma inmediata, el comandante-ayudante del general Sánchez González también falleció de forma confusa, electrocutado, cuando, una vez desbaratada aquella temeraria operación, el coche en el que viajaba se estrelló al parecer absurdamente contra una torreta eléctrica.

A este respecto, Pedro Sainz Rodríguez, que siempre mantuvo serias dudas sobre la desaparición de Juan Bautista Sánchez, relata en su libro ‘Un reinado en la sombra’ (Planeta, 1981) la siguiente confidencia hecha por Franco al monárquico y colaboracionista del régimen Julio Danvila: “La muerte ha sido piadosa con él. Yo no tendrá que luchar con las tentaciones que tanto le atormentaban en los últimos tiempos. Tuvimos mucha paciencia ayudándole a evitar el escándalo de la deslealtad que estuvo a punto de cometer”. La corona que Muñoz Grandes envió a sus honras fúnebres llevaba una inscripción más sobria, pero no menos críptica: “A un soldado honrado”.

Tras aquel desagradable acontecimiento, y después de haber intentado granjearse inútilmente la confianza del régimen, el gran inspirador de la fallida asonada “donjuanista”, Juan Claudio Güell, también murió de infarto, según la versión oficial, en el coche-cama del tren en que regresaba de París a Madrid el 23 de abril de 1958. Sobre esta muerte, cuenta Sainz Rodríguez en su obra ya citada que Franco puntualizó ante un miembro de su Gobierno: “Era un buen patriota. Notaremos su falta, pero quien más habrá de notarla será don Juan”…

Y lo cierto es que, aún desarticulada, aquella intentona golpista derivó en el nuevo gobierno nombrado por Franco el 25 de febrero de ese mismo año, con la ‘milagrosa’ inclusión de destacados hombres del Opus Dei. No menos significativo fue que a partir de entonces se impulsara la operación que terminaría confirmando a Juan Carlos de Borbón como sucesor de Franco en la Jefatura del Estado. Aquel fue un verdadero ‘Pacto de Régimen’, nada ajeno a las intrigas palaciegas que con tanta facilidad se gestaban en el entorno del padre Escrivá, en las que siempre estuvo presente Calvo Serer, un político verdaderamente temerario que en más de una ocasión hubo de ser avalado ante el régimen franquista directamente por el fundador de ‘La Obra’.

La alternativa paralela de poder manejada en aquellos momentos por el Opus, se conocía como la ‘tercera fuerza’. Y la verdad es que alcanzó sus primeros objetivos de forma inmediata, el mismo 25 de febrero de 1957, con el nombramiento de Alberto Ullastres y de Mariano Navarro Rubio -dos prohombres de la institución- como ministros respectivos de Comercio y de Hacienda. Un resultado plenamente coherente con la reconocida capacidad que tenía el general Franco para integrar la disidencia política más reaccionaria bajo su protector manto plenipotenciario. Otros miembros muy afines a ‘La Obra’ ocuparon igualmente plazas de ministro en aquella revulsiva renovación del Gobierno: Joaquín Planell, Cirilo Cánovas, Camilo Alonso Vega, Gabriel Arias-Salgado, el propio Carrero Blanco…

Por otra parte, no dejó de ser sintomático que, diez años después, fuera otro hombre destacado del Opus Dei, José Luis Villar Palasí, quien estando al frente del Ministerio de Educación Nacional impulsara la creación de un Servicio Secreto del Estado en 1968, básicamente para controlar el posible efecto de contagio en territorio español de las revueltas estudiantiles de París, consolidado más tarde, en marzo de 1972, como Dirección General con el nombre de SECED y bajo la directa dependencia del almirante Carrero Blanco. En aquella tarea, el ministro fue fielmente apoyado por su subsecretario, Alberto Monreal, vinculado a la Asociación Católica Nacional de Propagandistas (ACNP) y al propio Laureano López Rodó, otro destacado miembro del Opus Dei entonces ministro Comisario del Plan de Desarrollo.

El Opus Dei y su obsesiva vinculación a la Seguridad Nacional

Pero volviendo a la línea de penetración opusdeísta en la milicia española, los libros de Jesús Ynfante (‘La prodigiosa aventura del Opus Dei’, ‘El Ejército de Franco y de Juan Carlos’ y ‘Opus Dei, así en la tierra como en el cielo’), un auténtico especialista versado en interioridades de ‘La Obra’, recoge una extensa lista de correligionarios que llegaron a la cúpula de las Fuerzas Armadas en puestos realmente claves: Pablo Martín Alonso, Juan Castañón, Joaquín González Vidaurreta, Víctor Castro, Carlos Fernández Vallespín, Pablo Suanzes, Jesús Fontán, Adolfo Baturone, Rafael Álvarez Serrano, Hermenegildo Altozano, Álvaro Lacalle Leloup, Ángel Liberal, José María Sáenz de Tejada… Y muchos de ellos adscritos, efectivamente, a los servicios de información de la institución militar.

Aunque tampoco haya que olvidar la plétora de militares del Opus Dei que dejaron el uniforme para ordenarse sacerdotes (Pedro Zarandona, Emilio Muñoz Jofre, Javier Mora Figueroa, Antonio Elizalde…). Ni los que optaron por reconvertirse a la vida civil para administrar sus empresas (Manuel Carrasco, Lorenzo Dionis, Manuel Méndez, Eugenio Galdón…).

Otra observación ciertamente sutil de Jesús Ynfante es la referida al entorno de La Zarzuela, cuando, gracias a la voluntad previa del general Franco, se instaura una nueva Monarquía personalizada en la figura del rey Juan Carlos I, hijo mayor del legítimo heredero de la última dinastía que había reinado en España, quien en la legalidad del momento asume también el ‘mando supremo’ de las Fuerzas Armadas. Entonces, según este autor, todos sus puestos clave fueron copados por miembros del Opus Dei: Nicolás Cotoner, jefe de la Casa del Rey; Alfonso Armada, jefe de la Secretaría; Fernando Gutiérrez, jefe de Prensa, Fernando Poole, ayudante del Rey y luego jefe del Cuarto Militar; Laura Hurtado de Mendoza, secretaria particular de Doña Sofía; Fernando Suárez, confesor real…

Aún más, diversos historiadores del momento reconocieron la influencia ejercida por López Rodó para que, previamente, el almirante Carrero Blanco aceptase e impulsase de forma definitiva la figura de Don Juan Carlos de Borbón como heredero político de Franco y su sucesor en la Jefatura del Estado a título de Rey. Antes, otro significado miembro del Opus, Ángel López Amo, catedrático de Historia excedente y autor del libro titulado ‘La Monarquía de la reforma social’, fue uno de los preceptores con mayor ascendencia sobre el futuro monarca y quien le presentó al padre Escrivá.

En ‘El Ejército de Franco y de Juan Carlos’, Ynfante ya advertía que si la institución castrense era la columna vertebral del régimen, los servicios secretos del Ejército eran su médula espinal. Con éstos, añadía, “habrá de contarse en un futuro próximo en el caso, siempre probable, de un golpe de Estado militar en España”. Y esa fue una premonición que, con el tiempo, justamente otro notorio miembro del Opus, el general Armada, ya intentaría hacer realidad. Su asonada del 23-F, contó, además, con la ayuda de algunos correligionarios militares de ‘La Obra’, como el comandante Pardo Zancada, y con varios de sus más emblemáticos prohombres civiles (que habían sido ministros franquistas), bien ocultos en la trama civil del golpe.

Tercer paréntesis.

No menos significativo que todos estos puntos de concomitancia entre el Opus Dei y los movimientos de involución militar, es el hecho de que tras el intento desestabilizador del 23-F, de esperpéntica similitud con el modelo ‘a la francesa’ diseñado para instaurar la V República en el país vecino al amparo de la crisis franco-argelina, fuera también un destacado miembro de ‘La Obra’, el teniente general Álvaro Lacalle, quien ocupara la presidencia de la Junta de Jefes de Estado Mayor (JUJEM) con la total aquiescencia del rey Juan Carlos, cuya autoridad sobre tales nombramientos en aquellos momentos era indiscutible.

Al igual que sucedió en el ámbito político, desde la cúpula militar nunca se profundizó en los orígenes de la instigación golpista. Bien al contrario, la historia posterior atestigua las recompensas profesionales recibidas por quienes, con su silencio o con sus discretas acciones maquilladoras, fueron celosos guardianes de su verdad más oculta, dentro y fuera de los Servicios de Inteligencia.

El rayo que no cesa: de García Damborenea a Pilar Urbano

Otro dato de excepcional importancia relacionado con este curioso entorno de santificación secular (al que pertenece Pilar Urbano), es la vinculación al mismo del ex diputado socialista Ricardo García Damborenea, desvelada también por Jesús Ynfante en 1996. Su rocambolesco salto desde la militancia en el PSOE vasco hasta las filas del PP, inculpándose en la guerra sucia contra ETA y acusando de su mayor responsabilidad al propio Felipe González, se escenifica en plena campaña electoral (comicios legislativos de 1993) de la mano de otro hombre de ‘La Obra’, Jaime Mayor Oreja, quien entonces ya tenía pre-adjudicada la cartera de Interior en el eventual primer gobierno de José María Aznar. A su vez, y ya en 1996, este ministro se rodea de gente del Opus en los puestos de su mayor confianza, mientras algunos de sus consocios religiosos más reaccionarios ocupaban el Ministerio de Justicia (en particular la Fiscalía General del Estado) y hasta la Comisión de Justicia e Interior de su propio partido.

Ahí, en ese entramado de intereses electorales y partidistas, es donde habría que buscar el origen y las claves de la ‘conspiración’ que de forma tan reiterada denunció a partir de entonces Felipe González. Una operación política de acoso y derribo que, no obstante, también encontraría apoyo por razones más complejas en la beligerancia de otros círculos próximos a personas bien dispares como Antonio García Trevijano, Mario Conde o el periodista Antonio Herrero, fallecido accidentadamente el 2 de mayo de 1998.

Ya en el segundo mandato electoral de José María Aznar (2000-2004), y tras un abordaje continuado a los tres ejércitos desde que se instauró el nuevo régimen constitucional, los seguidores de José María Escrivá llegan a controlar la cúpula y los centros neurálgicos del Ministerio de Defensa, capitaneados por el propio ministro, Federico Trillo-Figueroa. Esa situación es tan real que el propio titular del Departamento llegó a tener bajo su mando a personas con mayor representatividad o ascendencia dentro del Opus Dei que la suya, como el SEDEF, Fernando Díez Moreno. Más que nunca, la Defensa Nacional, esa especie ilusoria mitad león rampante y mitad paloma de la paz, estaba, pues, en manos de Dios, o al menos tutelada por quienes pretendían vivir su camino de perfección terrenal.

Cierto es que el ministro Trillo-Figueroa asumió un cargo pacientemente trabajado durante años por su entorno político y apoyado por una brillante carrera personal, pero tampoco fue ajeno a ese objetivo el papel que jugó como promotor de las iniciativas tomadas previamente por el PP para airear algunas actuaciones controvertidas de la Seguridad del Estado, que al final concluyeron en notorias causas judiciales. Con más o menos fortuna, en esa punzante conducta, quizás orientada por el interés partidista antes que por la convicción política, se mezclaron los casos de las escuchas ilegales a partidos políticos y todo lo relacionado, precisamente, con la guerra sucia practicada contra ETA.

Pero la voluntad del Opus Dei por aferrase a ministerios que políticamente se podrían considerar ‘estratégicos’, no parece haberse torcido con el paso del tiempo. Bajo la presidencia de Rajoy, el relevo en esta singular forma de conjugar el poder terrenal con la santificación personal lo han tomado los actuales titulares de Interior, Jorge Fernández Díaz, y de Defensa, Pedro Morenés, entre otros, ministros que se declaran profundamente religiosos y cercanos al Opus Dei, pero sin revelar públicamente su militancia en dicha organización…

Y, teniendo en cuenta estos antecedentes históricos, sin duda incompletos pero suficientes para evidenciar connivencias y caminos paralelos bastante significativos, no deja de sorprender que toda una ‘pluma de oro’ del Opus como Pilar Urbano se atreva a plantear ahora su novedosa teoría sobre la conspiración regia del 23-F, con verdad o con fabulación de por medio. Porque en ese desplante convergen el cinismo político y la deslealtad al mismo Rey que tanto han ponderado los miembros del Opus Dei personal y corporativamente, despechos o mezquindades periodísticas aparte.

Cuarto paréntesis.

Adolfo Suárez Illana, hijo del ex presidente Suárez, se apresuró a exigir la retirada del libro de Pilar Urbano ‘La Gran Desmemoria’ por utilizar en él, y con fines comerciales, la fotografía denominada ‘El Rey y Suárez’, de la que asegura ser propietario intelectual. Pero al mismo tiempo advirtiendo a la autora que no compartía el contenido referido a las manifestaciones puestas en boca de su padre para implicar al Rey en la instigación del 23-F (el digo lo que dicen que dijo el protagonista ya fallecido y al que nunca se le oyó decir tal cosa en vida), añadiendo por otra parte que lo consideraba “profundamente lesivo del derecho fundamental al honor de mi padre, al nombre de mi familia y al papel que éste desempeño durante la llamada Transición española…”.

De igual modo, un notorio grupo de seis ex ministros muy próximos a Adolfo Suárez y que vivieron los sucesos del 23-F en primera persona, citados por Pilar Urbano como fuentes de su narración, negaron inmediatamente los testimonios que ésta les adjudica en su libro, tachándolo de “infame tergiversación” y de “novela-ficción”, afirmando que cuanto la autora ha puesto en su boca es “total o parcialmente falso o torticeramente manipulado”, convirtiéndolo así en una obra teóricamente falsaria.

Además, este grupo de ex ministros convertidos por Pilar Urbano en protagonistas de su narración, manifestaron también su “más absoluta repugnancia” a la publicación del libro “cuando España llora la muerte de Adolfo Suárez” y lamentaron que en él se hayan utilizado “como argumentos de autoridad referencias a personas ya fallecidas que no pueden defenderse ni contrarrestar o desmentir tales insidias”, citando en concreto al propio Suárez, al general Gutiérrez Mellado, a Sabino Fernández Campo y a los ex ministros Agustín Rodríguez Sahagún y Fernando Abril Martorell.

También el ex presidente Felipe González, igualmente citado en el libro de Pilar Urbano, ha desmentido a la autora con una frase tan concisa como lapidaria: “Miente más que habla”.

De forma excepcional, la propia Casa del Rey también salió al paso de las fabulaciones de Pilar Urbano negando “rotundamente”, entre otras cosas, que Don Juan Carlos hubiera participado en modo alguno “en la denominada en este libro Operación Armada”, calificando como “pura ficción” las supuestas conversaciones que recoge entre el Rey y Adolfo Suárez…

Las verdades perdidas y no perdidas del 23-F

Sobre este interesante tema colateral -sobre la correlación existente entre el poder político, la urdimbre golpista y el Opus Dei-, se pueden escribir miles y miles de folios y verter en ellos ríos de tinta, pero esa no es, ni mucho menos, la medida de nuestras Newsletters. 

En esta, baste añadir que, transcurridos treinta y tres años desde el intento de golpe de Estado del 23-F (que más bien fue una suerte de opereta), seguimos enfangados en la ingente y estéril tarea de desvelar sus entresijos y, entre ellos, la personalidad de quienes todavía se ocultan detrás de sus impenetrables sombras (cosa cierta). En su día, ni las plumas periodísticas más afiladas (muy distintas de las que ahora se limitan a reproducir dosieres interesados o a relatar lo que a sus autores/autoras otros han contado, o creen que les han contado), ni los comprometidos informes oficiales, ni el resonante juicio de Campamento, desvelaron más de lo que era de público conocimiento al haber sido retransmitido directamente por televisión a medio mundo.

Luego vinieron los elocuentes ‘silencios del 23-F’, incluidos los de quienes fueron sus protagonistas directos, arrepentidos y no arrepentidos, y los de quienes quedaron más allá de la verdad juzgada. Y, finalmente, con toda una generación separándonos de la fecha de autos (más de los treinta años con los que se identifica la unidad generacional), siguen apareciendo como cargas machaconas de una inútil caballería mediática nuevos libros escritos con mejor o peor intención y, a veces, con tintes tardíamente escandalosos.

Y todo, para nada. Con el paso del tiempo, algunas firmas notorias se han rectificado a sí mismas con escasa convicción, con Pilar Urbano a la cabeza (poco tienen que ver entre sí las teorías sobre la instigación y dirección real del 23-F que mantiene en cada uno de los libros en los que ha tratado el tema). Otras, que destilaron sus malos humores en el calabozo de los condenados, sólo han pretendido su exculpación social sin el menor arrepentimiento. Y las demás no han dejado de proclamar desde ‘El golpe del Cesid’ hasta ‘El golpe que nunca existió’, pasando por ‘El golpe de los necios’… Verdaderas paradojas de la vida, que diría el mismísimo general Armada ya fallecido.

Incluso ha habido quien, para desvelar -sin conseguirlo- el enigma que aún envuelve el secuestro de la democracia durante aquellas ‘Diecisiete horas y media’ del 23-F, no ha dudado en citar otras obras hagiografías, personales o institucionales, alimentadas desde inequívocos archivos oficiales. Lo lamentable en este caso es que el autor, Javier Fernández López, al margen de confundirse entre continuas contradicciones como quien se agarra a un clavo ardiendo, llegó a sustentar las más rotundas exculpaciones sobre cualquier implicación del CESID o de la propia Corona con métodos, además de inconsecuentes, poco edificantes, dada sobre todo su condición de militar de carrera: intentar borrar o justificar las culpas ciertas de los responsables superiores execrando a sus subordinados...

Quizás la opinión más reveladora y concluyente publicada sobre el 23-F, sea la de Sabino Fernández Campo, quien a la sazón era secretario general de la Casa de Su Majestad y por tanto persona excepcionalmente informada sobre aquel dramático suceso. Justo con ocasión del XXV Aniversario del reinado de Juan Carlos I, en un sabio artículo titulado ‘El rompecabezas del 23-F’, publicado por ABC en un suplemento editado al efecto (noviembre de 2000), admitía su renuncia “a intentar descubrir las piezas que me faltan del rompecabezas”, recomendando “dejémoslo como está, sin agitar la historia ya calmada...”. A continuación concluía señalando que, en ocasiones, “el que busca afanosamente la verdad, corre el riesgo de encontrarla”.

Esa opinión, que con tanta autoridad nos brindó Fernández Campo hace ya casi quince años, aconsejaba desistir de encontrar la revelación absoluta y olvidarse de ese muro insalvable contra el que, desde 1981, se estrellan todos los que intentan encontrar esas piezas que faltan del rompecabezas, incluidos los gratuitos o interesados exégetas del entonces denominado CESID (hoy CNI) y de la propia Corona (ahí estuvo en su momento Pilar Urbano), sin hacer otra cosa que abundar en la confusión generalizada.

A estas alturas de la historia, tras treinta y tres años de silencios y un sinfín de libros, artículos y reportajes audiovisuales, investigaciones fallidas y por supuesto desinformaciones interesadas, pretender desvelar las misteriosas claves ocultas del 23-F parece un camino poco transitable que no conduce a parte alguna; como tampoco sirve para nada la machacona reiteración de todo tipo de exoneraciones propias o delegadas. Los hechos se vivieron como se vivieron y reescribirlos, ya sea con renglones derechos o torcidos, cada vez importa menos. Esa es la realidad.

Las sombras de las sospechas están donde están. En algunos casos, tienen nombres propios y se puede seguir la estela de sus relevantes y reveladoras trayectorias, fruto quizás del agradecimiento por los servicios prestados y los silencios mantenidos de forma disciplinada o tan sólo interesada. Y en otros se manejan a impulsos políticamente interesados o de venganzas inoportunas.

Y justamente por ello, también llamó la atención la tardía insistencia sobre la ‘verdad perdida’ del 23-F, deslizada por el propio Felipe González durante una entrevista radiofónica concedida al periodista Carles Francino en la Cadena SER (07/02/2011), cuando se cumplían treinta años de la asonada militar, con esta breve pero significativa frase: “Todavía no se sabe todo lo que ocurrió el 23-F”. Una ignorancia personal que sorprende haya podido alcanzar también a quien ocupó la Presidencia del Gobierno nada menos que durante catorce años, con los Servicios de Inteligencia a su plena disposición y los secretos de Estado guardados en la caja fuerte de su despacho oficial.

Aunque, a fuerza de ser objetivos (una cosa es cómo y por qué razón Pilar Urbano ha escrito lo que ha escrito en ‘La Gran Desmemoria’ y otra muy distinta el fondo de su contenido), no podemos olvidar que más llamativo aún, y quizás algo grotesco, sería el comentario que sobre esta misma insolvencia histórica realizó el rey Juan Carlos unos meses antes, durante la audiencia que el 11 de marzo de 2010 concedió a las asociaciones de víctimas del 11-M, coincidiendo con el VI Aniversario del dramático atentado que las había dado forzada carta de naturaleza. Cuando algunas de las víctimas le plantearon la posibilidad de que la masacre de Madrid hubiera sido un ‘crimen de Estado’, trasladándole su empeño de llegar a conocer toda la verdad sobre lo sucedido, Su Majestad sorprendió a los presentes con estas palabras, recogidas literalmente por Luis del Pino (Libertad Digital 14/12/2011): “Lo lleváis crudo. ¡A mí todavía me ocultan cosas del 23-F!”…

Aunque lo realmente inaudito del caso es que el Rey rectificara aquella desenfadada opinión apenas un año más tarde, sin conocerse para ello dato nuevo alguno. El 23 de febrero de 2011, al concluir los solemnes actos de afirmación democrática celebrados en el Congreso de los Diputados con motivo de cumplirse treinta años del intento golpista, Su Majestad confirmó a requerimiento de los medios informativos que “ya se conoce toda la verdad del 23-F”, añadiendo con su habitual espontaneidad “y si no se la inventan por ahí” (El Mundo y La Razón, 24/02/2011).

¿Y qué decir entonces (verdad o mentira) de la conversación sobre el golpe del 23-F mantenida por el Rey en el Palacio de la Zarzuela con el embajador de Alemania, Lothar Lahn, el 26 de marzo de 1981…? Su sutil contenido, desvelado treinta años después por el semanario Der Spiegel en su edición del 30 de enero de 2012, una vez desclasificado el despacho diplomático número 524 enviado al Gobierno alemán entonces presidido por Helmut Schmidt, en el que se reproducía de forma pormenorizada, no dejaría de evidenciar parte de la verdad perdida sobre el 23-F latente en la conciencia ciudadana, oficialmente negada a cal y canto, cuando no manipulada por el aparato desinformador del Estado (ver El País y EFE 05/02/2012).

Según el prestigioso medio informativo alemán, que anunciaba la posterior publicación íntegra del documento en cuestión, a tenor de lo descrito por el embajador Lahn, el rey Juan Carlos “no mostró ni desprecio ni indignación frente a los actores, es más, mostró comprensión, cuando no simpatía”, precisando, con palabras “casi de disculpa” que los militares conjurados “sólo querían lo mismo a lo que todos aspiramos: el restablecimiento del orden, la disciplina, la seguridad y la calma”…

La necesidad de no tropezar de nuevo en la misma piedra

Pero, si como es evidente ‘agua pasada no mueve molino’, lo que el futuro nos exige para no tropezar otra vez en una misma piedra, además de superar el debate sobre ejecutores e instigadores del 23-F, es profundizar en la necesaria democratización del Servicio de Inteligencia -hoy CNI-, único organismo del Estado que, desde su nomenclatura original -el SECED- quedó al margen de los consensos políticos generalizados en la Transición y como jardín privativo propio de las dictaduras y de los regímenes policiales. Sin olvidar desarrollar también el Título II de la Constitución, dedicado a la Corona, con una norma legal que la acomode a la evolución democrática de los nuevos tiempos y nuevas exigencias sociales, y eliminar de una vez por todas ciertas desviaciones funcionales y excesos de injerencia política en las Fuerzas Armadas.

También sería necesario reformar la Ley 9/1968, de 5 de abril, de Secretos Oficiales, reputada de inconstitucional, cuestión insistentemente tratada en nuestras Newsletters (ver ‘Rajoy sigue amparando la ley inconstitucional y franquista de Secretos Oficiales’). El siguiente párrafo, que es con el que concluía el Informe emitido al respecto por el Defensor del Pueblo en 1995, siendo titular de la institución Fernando Álvarez de Miranda, es bien significativo al respecto:

(…) Por todo cuanto se ha expuesto, el Defensor del Pueblo, como alto comisionado de las Cortes Generales, que tiene encomendado, conforme el artículo 54 de la Constitución, la defensa de los derechos comprendidos en el Título I de nuestra Carta Magna, se encuentra en condiciones de concluir afirmando que una aplicación estricta y literal de una norma preconstitucional como es la Ley 9/1968, de 5 de abril, modificada por Ley 48/1978, de 7 de octubre, puede llegar a vulnerar los derechos fundamentales previstos en los apartados 1 y 2 del artículo 24 de la Constitución, al tiempo que no respeta ni el deber de colaboración con la Administración de justicia, ni permite el sometimiento de la actuación de la Administración al control de los tribunales. Por ello, al amparo de lo dispuesto en el apartado 2 del artículo 25 de la Ley Orgánica 3/1981, de 6 de abril, reguladora de la institución, se propone, a través del presente informe anual a las Cortes Generales -como órgano de representación de la soberanía popular en el que se deposita la potestad legislativa- que por estas se estudie, valore y, en su caso, se apruebe una nueva regulación legal de los secretos oficiales, en la que se tengan en cuenta los derechos y principios proclamados en la Constitución de 1978.

Sólo así, regenerando los viciados orígenes y dependencias de algunas instituciones señeras del Estado -que todavía nadie ha querido reconducir del todo hacia la inequívoca senda democrática-, la sociedad española dejará de percibirlas como una amenaza o como una inutilidad, percepciones indisociables de su controvertida proyección pública. Su reforma en una línea de racionalidad y de sensatez política, aspiración de las gentes de bien, y no sólo de los militares que pretenden ser auténticos ciudadanos de uniforme, serviría para reconocer su inequívoco servicio en defensa de la Constitución y de la Seguridad Nacional. Otra cosa, según evidencia Pilar Urbano con sus nuevas especulaciones sobre el 23-F, es alentar un patio de monipodio en el que prima el desconsuelo y faltan luces redentoras.

Fernando J. Muniesa

El concluido mes de marzo, cuyo nombre deriva del latín ‘martivs’ -que era el primer mes del calendario romano-, vocablo a su vez derivado del latín ‘mars’, nombre en latín de Marte -el dios romano de la guerra-, ha sido precisamente intenso en relación con la amenaza de enfrentamientos armados que soporta la humanidad casi de forma permanente. Ahora, con el punto de mira puesto en el conflicto de Ucrania: un tema del que El Espía Digital.Com ha venido informando ab initio como auténtico adelantado con no pocas primicias y exclusivas reveladoras.

Ucrania: “Llegó el Comandante y mandó a parar…”

Dice un  proverbio turco que “quien no conozca el precio del trigo y de la sal es más despreciable que un perro”. Y claro está que ésta no es una cita falta de idealidad o elevación, es decir meramente prosaica, sino que, por su propio enraizamiento vital, por su afección a la vida cotidiana, tiene una lectura de alcance notable en el ámbito político; llama o avoca la acción de gobierno a la realidad de la convivencia social en su más amplio sentido.

Un principio básico de la realpolitik cuya ignorancia o desprecio, demasiado frecuentes, suele derivar en graves errores analíticos y en la toma de decisiones nefastas. Práctica bien evidente, por ejemplo, en la posición adoptada por la Unión Europea (UE) frente a la más que discutible ‘causa ucraniana’; una actuación política calificable de muchas formas (injeridora, anexionista, desestabilizadora…), pero antes que nada como inoportuna, incoherente y temeraria.

Inoportuna ante la propia situación interna de la ‘Europa de los 28’, inmersa en una profunda crisis de crecimiento desestructurado y desmedido, indigesto por demás y que no deja de realimentar el euroescepticismo. Incoherente ante el apoyo dado previamente a la proclamación unilateral de independencia de Kosovo frente a Serbia (17 de febrero de 2008) bajo la propia supervisión de Estados Unidos y la UE, con el antecedente de las graves consecuencias producidas por la anterior desmembración poco afinada de la antigua Yugoslavia. Y desde luego temeraria porque ha pretendido romper nada menos que el estatus geopolítico en la Europa Central y del Este de forma gratuita y sin considerar la realidad histórica, cultural, social y por supuesto económica de Ucrania.

Y claro está que, tras promover el amenazador expansionismo de la UE hasta las fronteras rusas -con todo lo que eso representaría en el plano político y  geoestratégico-, alentar un acuerdo de asociación de Ucrania a la UE rechazado por el poder legítimo de la parte asociable e instigar el derrocamiento violento de su Gobierno constitucional por parte de grupos de ultraderecha con el respaldo de Estados Unidos (un Golpe de Estado en toda regla según la lectura rusa), las cosas tendrían que acabar torcidas. Recordando la canción del cubano Carlos Puebla ‘Y en eso llegó Fidel’, lo que ha pasado de forma bien previsible es que, llegada Merkel (la nueva Fürher europea) y sus secuaces a ese extremo, el verso revolucionario que celebró el derrocamiento del presidente cubano Fulgencio Batista en enero de 1959 ahora también se ha visto redivivo en Ucrania: “Se acabó la diversión, / llegó el Comandante / y mando a parar…”.

Toda una contrariedad para una lideresa de armas tomar que, además de dominar el idioma ruso y de haberse educado en la antigua Alemania del Este, adorna su oficina particular con una imagen de Catalina II La Grande, zarina de origen alemán conocida por haber ejercido el poder de forma autocrática y por promover un expansionismo territorial desmedido. Un dato que no se debe despreciar a la hora de considerar el posible interés de Angela Merkel, hoy considerada por la revista Forbes como la mujer más poderosa del mundo, en promover un IV Reich de corte económico, bien alejado de los tiempos en los que los países vencedores de la II Guerra Mundial decidieron mantener Alemania formalmente dividida hasta la caída del ‘Muro de Berlín’ en 1989.

En aquella contienda, Stalin se enfrentó al loco expansionismo de Hitler en la URSS y ahora Putin ha frenado en seco el de la UE tratando de catequizar Ucrania (por no decir ‘merendársela’), también bajo la bandera neonazi de frau Merkel (en el sentido no peyorativo que durante el III Reich tuvo el nacionalsocialismo). De entrada, el líder ruso se ha visto obligado a remover la situación propiciando la adhesión de Crimea a la Federación de Rusia, en perfecta línea con su incorporación al Imperio ruso en 1783 en tiempos de Catalina La Grande y hasta su artificiosa cesión a Ucrania en 1954 (en el marco de la antigua URSS), o con el antecedente de la independencia de Kosovo frente a Serbia.

Y hay que recordar que aquella declaración unilateral de la independencia kosovar, del 8 de octubre de 2008, se vio acompañado con la aprobación de una resolución de la Asamblea General de Naciones Unidas para que la Corte Internacional de Justicia se pronunciara sobre si la iniciativa era o no era compatible con el Derecho Internacional, concluyendo en su dictamen el alto tribunal de La Haya que no lo violaba y que también concordaba con la Resolución 1244 del Consejo de Seguridad de la ONU…

Y, así, en ese torpe, gratuito y avasallador enfrentamiento con Rusia, hemos visto de nuevo una UE poco realista, políticamente inoperante y demasiado burocratizada, apoyada por unos Estados Unidos empeñados -como siempre- en meterse donde no les llaman y enfrentada al Putin de la decisión y la acción conjugadas con la fuerza. En definitiva, una patochada política sin duda extemporánea en el gallinero que hoy supone la Europa ‘a 28 bandas’, y que en pleno periodo electoral para la renovación de su Parlamento no ayudará en lo más mínimo a fortalecer su imagen institucional, sino más bien al desánimo y la abstención de los votantes.

Ya veremos en qué queda el embrollo ucraniano, sin olvidar los posibles efectos extensivos de ‘mancha de aceite’, dentro y fuera de Ucrania. Pero, de momento, un análisis muy superficial del caso indica que, amenaza por amenaza, Putin ganará; mientras Merkel y Obama (entrometido ‘Gendarme Universal’), dicho sea con todo respeto, se la tendrán que envainar. Y tener bien presente que donde las dan, las toman.

La ácida despedida de Monseñor Rouco Varela

Marzo también ha sido un mes de importantes connotaciones eclesiales. Hace un año, exactamente el 13 de marzo de 2013, el Cardenal Jorge Mario Bergoglio, un hombre modesto, compasivo, generoso, amante de la pobreza material y de la grandeza de espíritu, se convirtió en el Papa Francisco, el líder de la todopoderosa Iglesia Católica, reemplazando al Papa Emérito Benedicto XVI en una operación de suma inteligencia, propiciada con toda probabilidad por el mismo titular retirado del solio pontificio, un hombre abrumadoramente sabio aunque tan sencillo como su sucesor.

Dos grandes figuras del Papado -Benedicto y Francisco-, muy semejantes en su esencialidad humana y vocación como verdaderos ‘hombres de Dios’, es decir de hombres al servicio del hombre, pero divergentes en lo asumido de forma accesoria; podríamos decir que iguales en su genoma pontificio pero distintos en el fenotipo, en su manifestación visible en un determinado ambiente. Y, desde luego figuras muy alejadas ambas de lo que ha venido representando públicamente y hasta hoy mismo la Conferencia Episcopal Española (CEE), ente integrador de la Iglesia en nuestro país.

El 12 de marzo, Monseñor Antonio María Rouco Varela era sustituido por Monseñor Ricardo Blázquez al frente de la CEE, siendo significativo que en la votación preceptiva el nuevo presidente de la Conferencia obtuviera 60 de los 79 votos emitidos por los obispos españoles, aparentemente en plena sintonía con las exigencias de la Nueva Iglesia que representa el Papa Francisco (un dirigente religioso que se ha ganado de forma inmediata el afecto general de creyentes y no creyentes).

Lo lamentable del caso -pero previsible- ha sido la ácida despedida pública de Rouco Varela como presidente del Episcopado español, concretada en el discurso que pronunció el 11 de marzo en la jornada previa a la propia elección sucesoria. He aquí una perla ejemplar de su aspereza: “El nivel intelectual del discurso público es más bien pobre, afectado por el relativismo y el emotivismo”.

Un último dardo dirigido contra toda la clase política, impropio en boca de la máxima representación eclesiástica española en tiempo pre-electoral y de despedida institucional, poco afortunado además en quien personalmente nunca ha exhibido talla intelectual alguna. Y, peor aún, en quien siempre ha querido someter el poder civil al de la Iglesia Católica con una larga lista sobre sus espaldas de pronunciamientos en contra de los métodos anticonceptivos, el divorcio, la Constitución de 1978, la intervención pública para promover la formación ética de los ciudadanos, la despenalización del aborto…

Ahora queda por ver si su sucesor, Monseñor Ricardo Blázquez, se conforma con un mero cambio en las formas, es decir en la estética episcopal, que sin duda se producirá y no sería poco, o si además profundiza en las reformas que necesita la Iglesia Católica en nuestro país; es decir más en su ética y en las cuestiones de fondo. Para empezar, su renombramiento al frente de la CEE (ya ocupó su presidencia entre 2005 y 2008) sólo ha generado parabienes que no molestan a nadie: bienvenidos sean…

Lo que pasa es que, tras cargar en su primera declaración pública como máximo representante episcopal contra los corruptos y abogar por una solución judicial “justa y pronta” para los defraudadores que pueda servir de “escarmiento y ejemplaridad” para el resto de la sociedad y para que lo defraudado “pueda entrar de nuevo en la circulación de la sociedad en su conjunto” (ABC 13/03/2014), pronunciamiento cabal y loable, Monseñor Blázquez olvidó al menos dos cosas importantes por aquello tan sencillo de pasar a predicar con el ejemplo. La primera sería haber anunciado de forma simultánea la renuncia de la Iglesia a los privilegios fiscales que mantiene su ingente patrimonio inmobiliario (caso del IBI) y la segunda, no menos consecuente, confirmar una mayor agilidad y endurecimiento de su régimen disciplinario interno con resoluciones más rápidas y contundentes en los casos de los sacerdotes pederastas, sin ir más lejos.

En el tema capital del aborto, hoy por hoy muy ‘sensible’ socialmente, no se esperan manifestaciones episcopales nuevas, al menos de fondo. En su primera entrevista (COPE 13/03/2014), y sin entrar en consideraciones que pudieran anunciar avances o retrocesos en la posición de la CEE, Monseñor Blázquez recordó de forma taxativa: “El nuevo ser surge desde la misma fecundación”. Apenas cuatro días después, el 17 de marzo, en un desayuno informativo también de la COPE, el medio radiofónico del Episcopado, el nuevo secretario general y portavoz de la CEE, José María Gil Tamayo, dejó claro que “el sí a la vida” defendido por la Iglesia “es un sí con todas sus consecuencias”, por lo que el aborto “no puede ser negociable” en caso de malformación del feto…

Una reforma fiscal profunda, pero tardía y controvertida

Los Idus de Marzo nos trajeron también el esperado informe encargado por el Ministerio de Hacienda a un ‘comité de sabios’ presidido por el catedrático Manuel Lagares, quien lo presentó públicamente como propuesta para una reforma fiscal “profunda, amplia y completa” que mantendrá la recaudación y garantizará un sistema tributario “más progresivo”.

Según el profesor Lagares, el mandato que dio el Gobierno al grupo de expertos (todos sensibles a las directrices oficiales) era proponer un sistema fiscal más sencillo, suficiente, que recaudara lo necesario para reducir el déficit, que generara crecimiento y protegiera el desarrollo social. Y, partiendo de esas premisas, lo que éstos han planteado es una reforma basada en dos grandes bloques de medidas que pasan por una reforma fiscal inicial, centrada en bajar los impuestos directos y subir los impuestos indirectos, acompañada después -en una segunda fase sin fecha de inicio- de una devaluación fiscal que se concretaría básicamente en una bajada de las cotizaciones sociales y una subida del IVA.

La primera fase, de claro efecto antisocial, se iniciaría a partir del 1 de enero de 2015 (año de elecciones legislativas). Mientras que la segunda, a implementar en todo caso fuera de legislatura, se concretaría en una bajada de cotizaciones de unos tres o cuatro puntos compensada con dos puntos de incremento del IVA.

El informe del Comité de Expertos, que incluye 270 cambios tributarios, es, según manifestó su presidente, “una reforma profunda que se centra en proponer medidas para cambiar todo lo que nos parece que no es adecuado”, en la que se han tenido en cuenta las recomendaciones que han hecho otras organizaciones como el Fondo Monetario Internacional (FMI), la Comisión Europea y la OCDE…

Dado que hablamos de una mera propuesta técnica, todavía sin oficializar por el Gobierno aunque con letra y música de encargo (en realidad se ha presentado como un ‘globo sonda’), parece prematuro realizar un análisis profundo de sus contenidos, más allá de su descripción formal. Pero el tema sí que da pie para hacer algunos comentarios críticos sobre la zigzagueante forma en la que se está definiendo y desarrollando la política económica nacional.

Para empezar, es evidente que las nuevas propuestas tributarias poco o nada tienen que ver con las medidas adoptadas inicialmente por el Gobierno de Rajoy, sino que más bien podrían calificarse de contradictorias o incluso antagónicas. Cierto es que se podría hablar de ‘momentos distintos’, pero no lo es menos que, de darse por buena, la filosofía esencial de la nueva reforma ha pasado durante dos años largos inadvertida o menospreciada por el mismo ministro, Cristóbal Montoro, que ahora pide ayuda a unos expertos siempre tenidos a mano y con los que ya pudo contrastar sus empecinadas decisiones previas.

Y justo por esa tardanza en recabar la opinión técnica de un entorno profesional muy accesible por el Gobierno, es por lo que, de darse por buena, la reforma resultante llegaría tarde, prácticamente con la legislatura agotada y colgada de unas elecciones generales que no dejan de anunciar la pérdida de la mayoría absoluta del PP e incluso la ruptura del actual estatus bipartidista. Una propuesta, por tanto, que gracias a los insufribles ‘tiempos de Rajoy’, a su pésimo entendimiento de la decisión y la acción política (por no hablar de una desidia rayana en la dejación gubernamental), se balancea entre los conocidos dichos del “¡cuán largo me lo me lo fiais!” y del “para ese viaje no es menester alforjas”.

Todo ello al margen de la controversia política y social que los contenidos técnicos de la propuesta de reforma fiscal y su alcance ideológico han levantado de inmediato. De momento, enfrentando al Gobierno con todos los grupos parlamentarios de oposición y haciéndole recoger velas (Montoro ya ha desestimado la propuesta de subir el IVA), sin vislumbrarse mayor consenso al respecto…

El PP lanzó su campaña electoral europea sin candidatos

Una iniciativa de reforma tributaria tardía y controvertida que, además, se presentó a dos meses vista de los comicios europeos del 25 de mayo, sin que pueda mejorar en nada la deteriorada posición electoral del PP ni movilizar a sus propios votantes. Una base social afín que no ha dejado de mostrarse atónita al ver cómo el 15 de marzo su partido iniciaba a bombo y platillo la campaña de petición de voto sin conocerse todavía ninguno de los nombres de la candidatura. Y también alarmada ante la posibilidad de que el propio Rajoy vaya a personalizarla, que es por donde parece que van los tiros.

Pero es que, el presidente del Gobierno, aparte de olvidar que carece del mínimo carisma político y social y que en las encuestas al uso aparece peor valorado que cualquiera de sus ministros, que ya es decir, inició esa errada campaña personalista lanzando mensajes políticos confusos y destacando la idea de que las soluciones a la crisis nacional no son cosa que le incumba a él más que a la propia Comisión Europea. De hecho, su primera idea-fuerza, puesta en negro sobre blanco en una entrevista concedida al diario ABC (16/03/2014) se resume en esta polémica sentencia: “La gran reforma de la Constitución española vendrá por Europa”.

Así, Rajoy transmitía a la opinión pública una transferencia de poder político a las instituciones europeas que hoy por hoy sólo puede servir para desmotivar todavía más la participación en los comicios europeos. Porque ¿quién va a apoyar en estos momentos un mayor poder político de quienes han venido imponiendo al Gobierno sus reformas y recortes sociales, entre otras cosas para beneficiar al mismo establishment bancario y empresarial responsable de la burbuja inmobiliaria y la crisis económica…?

¿Y es que, acaso, algún gobierno (del PP o del PSOE) ha hecho en los últimos tiempos un mínimo esfuerzo divulgativo sobre el proyecto europeo para combatir el creciente euroescepticismo de los españoles…?

Si de esta forma, resguardando los intereses del sistema europeísta en vez de luchar por la reforma y perfección del modelo político propio, vendiendo “más Europa” antisocial y menos una Europa del bienestar y de una mayor igualdad, y realimentando el oscurantismo informativo sobre lo que unos burócratas privilegiados cocinan en Bruselas, es como el PP pretende ganar las elecciones al Parlamento Europeo, apaga y vámonos. Sin necesidad de saber a quiénes enganchará el ‘Dedo Divino’ a la impúdica mamandurria de Estrasburgo (quizás sólo se trata de acomodar a los euro-pesebristas de turno)…

De momento, la teoría justificativa de que Rajoy ha tratado de ‘descolocar’ al PSOE reservando el cartel electoral in extremis para que Elena Valenciano  haga guantes ‘peleándose contra nadie’, es de una ingenuidad pasmosa: sus exégetas olvidan las batallas que se pierden por incomparecencia, que no deja de ser un ejercicio político terriblemente descalificador.

Pero si Elena Valenciano, ‘número uno’ del PSOE en la misma contienda electoral y nada menos que vicesecretaria general del partido, pretende convencer a los votantes de que el modelo político que más conviene a la propia Europa es el mismo que mantiene a los socialistas en el baluarte de la Junta de Andalucía desde la Transición –incluida la asquerosidad del clientelismo y la corrupción-, como ha dicho sin sonrojo alguno, quizás sólo quede tirarse al monte del abstencionismo o del apoyo a los partidos más radicales. Que también es por donde pueden ir los tiros.

El descrédito de la economía y la política campa a sus anchas

Entre otras cosas porque en la antesala de las elecciones al Parlamento Europeo el descrédito de la economía y de la política, básicamente alentado de forma corresponsable por el PP y el PSOE, sigue creciendo. De hecho, ambas situaciones -en definitiva la mala percepción social de la praxis política- compiten con pésimas expectativas de futuro según el Barómetro del CIS (Centro de Investigaciones Sociológicas) del pasado mes de febrero (Estudio 3.013), cuyos resultados se dieron a conocer en los primeros días del mes de marzo.

La multi-respuesta a la identificación de los principales problemas que en estos momentos existen en España, generó una clasificación ciertamente sintomática. Así, como problemas capitales, el 81,1% de los encuestados señalaron el paro (porcentaje que ha crecido 1,3 puntos en el último año); el 44,2% la corrupción y el fraude (4,2 puntos más sobre el año anterior y 35,6 puntos más sobre el 2012); el 28,3% la situación económica y el 24,2% a los políticos en general, los partidos y la política.

Además, un 42% de los encuestados considera que el año que viene (2015) la situación económica será igual que este año y un 28,6% que será peor, tras responder un elevadísimo 86,9% que la situación actual ya es mala o muy mala. Al tiempo que un 82,02% declara que la situación política también es mala o muy mala, valoración a la que hay que añadir el dato de que un 49,6% de los encuestados piensa que el año que viene será igual y un 30,7% que todavía será peor (ambas percepciones suman nada menos que un 80,3%).

El Gobierno parece no valorar con realismo esta situación, quizás porque se viene conformando desde el principio de la legislatura como un fenómeno de ‘lluvia fina’. Pero ese ‘sirimiri’ de malestar social en continuo, soportado a cuerpo gentil o archivado por el presidente Rajoy más o menos a beneficio de inventario, no dejará de terminar calando, empapando y hasta ahogando a quienes lo desprecian políticamente (por eso también se conoce como ‘calabobos’).

Y ahí quedan, carcomiendo el crédito electoral logrado por el PP el 20N, las intermitentes manifestaciones de protesta social, las ‘mareas’ reivindicativas de todos los colores, las ‘marchas’ de la dignidad (como la llegada el pasado 22 de marzo a Madrid), las revueltas estudiantiles o las continuas críticas y alegatos contra el Gobierno vertidos en la Red. En definitiva, la misma ‘lluvia fina’ corrosiva que, tras el periodo constituyente, demolió en apenas dos años a la UCD, y la que, a la postre, también liquidó el ‘felipismo’…

¿Destruirá el voto del 25M europeo el Templo de la Partitocracia…?

El paro y la corrupción se mantienen, pues, como máximas preocupaciones del cuerpo electoral, en el que se ha instalado un pesimismo económico y político sólido y ya difícil de reconducir sin decisiones políticas y económicas solventes. Y esos son los puntos más débiles del Gobierno de Rajoy (aunque no los únicos); la ‘marca’ dejada por la mala medida de sus alabados ‘tiempos políticos’ (es decir por su inacción política) y los sumideros por donde a partir del próximo 25 de mayo comenzará a perder el caudal de votos logrados el 20-N.

Y por si lo dicho fuera poco, parece que desde aquí hasta el momento de la votación en los comicios europeos no van a faltar más escollos y tropiezos políticos, tanto para el PP como para el PSOE, porque ambos partidos van tan sobrados de los ‘Gürtel’ y los ‘ERE’ consabidos como faltos de ideas y de candidatos que conciten de verdad el favor de los electores. Mientras UPyD y La Izquierda Plural prosiguen en la senda práctica del pasito a pasito y sin cometer errores (similar a la del ‘partido a partido’ de Cholo Simeone) hacia el desbaratamiento total del bipartidismo.

Por esa vía, el próximo 25 de mayo quizás comience la demolición del falso Templo de la Partitocracia, protegido de consuno por el PP y el PSOE para que prevalezcan sus derechos de casta política. El castigo del voto ‘distinto’ y de la abstención en las elecciones al Parlamento Europeo, pueden ser las trompetas que derriben su muralla, como hicieron las del ejército israelí en Jericó, según se narra en el Libro de Josué. O como en el año 586 a.C. las huestes del rey babilónico Nabucodonosor II destruyeron a sangre y fuego el Templo de Salomón…

Si en los comicios europeos comienza a vislumbrarse una posible caída del deplorable bipartidismo español, asentado en el “quítate tú para ponerme yo” y en la dictadura partitocrática, algo habrá que celebrar. Sólo con esa inflexión electoral se podría entreabrir una puerta a la regeneración real de la democracia.

In memoriam de Adolfo Suárez: ¡He aquí un hombre!

Pensando en Adolfo y en los merecidos elogios que con motivo de su muerte, acaecida el pasado 23 de marzo, se han hecho de su persona y su vida política, tantos y de tanta amplitud que poco se les puede añadir, no tenemos más remedio que distinguirlos en dos categorías bien distintas.

Una es la del pueblo llano, rebosante de emoción, sinceridad y gratitud por su entrega y labor de gran político al servicio de todos los españoles. Por supuesto acompañados de la de algunos leales colaboradores, muy pocos, que le siguieron hasta donde la historia lo permitió y que siempre le quisieron y respetaron, quizás hoy más discretos que otros porque sus sentimientos son bien conocidos.

Otra categoría, es la de los hipócritas y falsarios que, una vez cumplida la gesta épica de la Transición, le traicionaron de forma canallesca, le lapidaron en la plaza pública y le devoraron sin piedad como auténticos perros rabiosos de la política, que fueron los más. Ensañamiento que no sólo se ejerció desde la oposición (desde ella al menos no se le traicionaba), sino también y sobre todo desde sus propias filas políticas y desde el entorno institucional, que fue al que Adolfo sirvió mejor y con más inteligencia, incluyendo ahí a la Corona, la Iglesia, las Fuerzas Armadas, las organizaciones empresariales y sindicales, la banca… y a una prensa ingrata y feroz que jamás ha vuelto a gozar del vigor y la libertad que tuvo con Adolfo Suárez en La Moncloa.

Estos días hemos visto a no pocas de las personas que más contribuyeron al acoso y derribo del entonces presidente del Gobierno, elogiar con todo el cinismo del mundo su labor, su sentido de Estado, su afán de reconciliación y concordia nacional, su honradez y dignidad personal… Quizás para lavar ante la prensa, la radio y las cámaras de televisión sus propias vergüenzas y congraciarse con la ciudadanía que hoy tanto les desprecia.

Por nuestra parte, pensando en Adolfo Suárez y reconociendo su ejemplo político y humano, no queremos dejar de recordar aquella exclamación de Napoleón cuando conoció al admirado Goethe, haciéndola extensible a su persona: ¡He aquí un hombre!

Fernando J. Muniesa

Dante Alighieri, el poeta florentino más representativo del ‘dolce stil nuovo’ y uno de los precursores del Renacimiento, decía que “a quien más sabe es a quien más duele perder el tiempo”. Algo que Jovellanos, nuestro ilustrado jurista, escritor y político del siglo XVIII, reescribió cinco siglos después con un mayor punto de crítica hacia el hombre poco trabajador: “Para el hombre laborioso, el tiempo es elástico y da para todo. Sólo falta el tiempo a quien sabe aprovecharlo”.

Claro está que, siendo el tiempo uno de los grandes misterios y límites de la vida, no es de extrañar que a él se hayan referido creadores y pensadores de todas las épocas y culturas.

Pietro Metastasio, el gran libretista de ópera del siglo XVIII, nacido en Roma pero consagrado como tal en la corte de Viena, también advirtió que el tiempo siempre es infiel “a quien de él abusa”. Beethoven sostuvo, poco después, que “el tiempo es el bien más preciado para aquél que quiere ejecutar actos importantes”. Y Luc de Clapiers, marqués de Vauvenargues, moralista francés pre-romántico muerto de forma prematura, afirmó: “Uno no ha nacido para la gloria, cuando uno no conoce el precio del tiempo”.

Eurípides dejó escrito: “El tiempo todo lo descubre. Es un gran charlatán, que habla sin ser preguntado”. Francis Bacon argumentó que “quien no aplique nuevos remedios debe esperar nuevos males, porque el mayor innovador es el tiempo”. Y Luis Vives reconoció que “el tiempo descubre lo que es falso y fingido, y da fuerza a la verdad”.

Y en otra consideración del factor tiempo, el genial Charles Chaplin también dejó sentenciado: “El tiempo es el mejor autor. ¡Siempre encuentra un final perfecto!”…

Muchas son, pues, las expresiones del valor que los grandes hombres han dado a la utilización del tiempo a lo largo de la historia, sobre su buen uso y sobre las lamentaciones de su desperdicio vital. De forma que se podrían recoger miles y miles de sentencias, proverbios y aforismos al respecto, todos de sabio contenido, incuestionable alcance universal y con aplicación a todas las actividades del hombre.

Pero es en la política, entendida como arte o doctrina referente al gobierno de los Estados, donde la consideración del tiempo tiene un sentido especial, dado que, en ella, todo cuanto no es posible, es falso. De ahí, que el éxito y la trascendencia de los grandes políticos haya dependido tanto de su propio y particular sentido del tiempo.

Y baste ilustrar esta aseveración recordando dos formas bien distintas de entender el factor tiempo en ese ámbito de actividad humana. Maquiavelo, por ejemplo, entendía que en política “conviene ganar tiempo, porque el tiempo todo lo oculta y con él llegan lo mismo las prosperidades que los infortunios”. Mientras que Otto von Bismarck, el político prusiano artífice de la unidad alemana, consideraba esta diferencia en la perspectiva política del tiempo: “El político piensa en la próxima elección; el estadista en la próxima generación”… 

DE TIEMPOS Y OPORTUNIDADES POLÍTICAS

En nuestra Newsletter 58 (‘Las oportunidades perdidas de la Corona’), ya señalábamos la correlación que existe entre la conveniencia de tiempo y espacio y el concepto de ‘oportunidad’, fundamental en el desarrollo de cualquier actividad humana y, de forma muy especial, en el ejercicio de la política. Algo que tiene lógicamente su contrapunto en lo ‘inoportuno’, o sea lo que se muestra fuera de propósito y de esas condiciones de momento y lugar.

Los ingleses, que saben ir a lo suyo como nadie, sostienen que “hay que batir el hierro cuando  está caliente” y, con un toque más diplomático, que “hay un momento para torcer los ojos y otro momento para mirar derecho”. En nuestro propio refranero también encontramos algunos ilustrativos dichos de lo que significa el sentido de la oportunidad, como el de “ida la coyuntura, ida la ventura”.

En la antigua Grecia, Sófocles, experto en enfrentar la ley humana y la ley natural, ya advirtió que “la oportunidad es el mejor maestro de los hombres en toda empresa”, en tanto que Platón, alumno aventajado de Sócrates y maestro de Aristóteles, remarcaba a continuación que “la oportunidad es el instante preciso en que debemos recibir o hacer una cosa”. Ovidio, que fue desterrado de Roma hasta su muerte como autor del poema elegíaco Ars Amandi, urgía a sus contemporáneos: “Apresúrate, no te confíes a las horas venideras; el que hoy no está dispuesto, menos lo estará mañana”…

Y en aquella Newsletter advertíamos que, en los tiempos más recientes, no faltan ejemplos muy significados de ‘inoportunidades’ políticas que, como es natural, han dejado en evidencia lo que en su momento fueron grandes ‘oportunidades’, que, habiéndose desaprovechado, ya será vano esperar recuperarlas. Porque, si cuando se puede obrar nada se quiere hacer, a donde se suele llegar es a no poder hacer cuando se quiera; al igual que, por ejemplo, la ausencia de una diagnosis prematura en una enfermedad invasiva, o su falta de prevención, llevan la salud a pérdidas irreparables, precisamente por no haber llegado a aplicar en su momento el tratamiento más adecuado.

Así, los últimos gobiernos, el actual de Rajoy y sobre todo los de Rodríguez Zapatero, han sido bien generosos en desaprovechar oportunidades y en inoportunidades manifiestas, si consideramos el origen y la evolución de la brutal crisis económica, política e institucional que padecemos. Y no digamos los sindicatos (otra manecilla de la vida pública), incapaces ya, como otros entes de representación social intermedia, de recuperar su prestigio y su olvidada función al servicio de la ciudadanía.

Y en esa misma valoración también tienen cabida las altas instituciones del Estado que, desde hace tiempo, vienen haciendo oídos sordos de muchas y sensatas recomendaciones para restaurar o actualizar la vigencia de sus principios y valores fundacionales y prevenir su agotamiento vital, sin que en definitiva ninguna haya prestado la menor atención a las sabias llamadas reformistas. Aquí podríamos hablar de instituciones y organismos como el Senado, el Consejo General del Poder Judicial, el Consejo de Estado, el Tribunal de Cuentas, el Defensor del Pueblo… y hasta del actual sistema de partidos; convertidos, sobre todo, en ‘adornos’ de una democracia cada vez más aparente que real y en instrumentos para la recolocación del empleo político. Sin olvidar que, hoy por hoy, la realidad también incluye de forma lamentable a la propia Corona en esta crítica concreta.

Pero, estando donde estamos, traspasada con mucho la media legislatura, abrumados por una crisis irresuelta en todos sus planos (social, económico, político e institucional) y en la antesala de un gran encadenamiento de convocatorias electorales (los comicios europeos, locales, autonómicos y legislativos), a quien hay que pedirle cuentas sobre su sentido del tiempo y las oportunidades perdidas es básicamente al presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, seguido del jefe de la Oposición, Alfredo Pérez Rubalcaba.

Mucho se ha hablado de la forma en que uno y otro han entendido, o mejor ‘malentendido’, sus propios tiempos políticos. Y centrados en los de Rajoy, porque los de Rubalcaba no afectan a la acción de gobierno, merece la pena recordar un reciente artículo de opinión de Miguel Ángel Aguilar en el que advierte cómo llegará el momento en el que los acontecimientos, que se suelen presentar de manera imprevisible, se adelantarán al presidente del Gobierno (El País 04/03/2014):

Los Tiempos de Rajoy

La llegada al poder produce efectos sobre quienes ingresan en ese círculo prodigioso. Por eso entre nosotros se ha hablado, por ejemplo, del síndrome de La Moncloa, que afecta a sus inquilinos y les lleva al aislamiento y a la desconexión con la realidad del país. El presidente queda limitado por el perímetro de los asesores de máxima confianza. La voluntad de mantener abiertos los contactos, si existiera, queda cercenada primero por razones de seguridad y, enseguida, de comodidad. La condición de inaccesible tiene capacidad de inducción electromagnética y favorece el carisma, incluso cuando el personaje es refractario al mismo. El poder es la distancia y la distancia se refuerza con el protocolo. El común de los mortales no puede saltarse el protocolo, actitud que tanto se celebra en los presidentes, por la elemental razón de que al público de a pie ningún protocolo lo protege. De que el protocolo se mantenga se ocupan los servicios de la presidencia, respaldados si fuera necesario por las fuerzas de orden público. El resultado es que el presidente, cuando sale extramuros de La Moncloa, lo hace dentro de la burbuja protectora de sus asesores, que lo preservan del contacto con el exterior.

Examinadas las condiciones de ingravidez, bajo las cuales discurre la circulación espacial del presidente en el transcurso de su vida política, conviene ahora atender a las coordenadas cronológicas. Porque la instalación en el poder lleva al presidente a considerar que adquiere una capacidad nueva, la de disponer a su libre albedrío de ese fluido inaprensible que es el tiempo cronológico. De ahí que ahora se diga de Mariano Rajoy que tiene sus tiempos, como se dijo también de sus antecesores en la presidencia. Pero esa pretensión de apropiarse del tiempo, de detenerlo o acelerarlo a voluntad, ni es absoluta ni es indefinida. Tiene limitaciones y fecha de caducidad. El transcurso del plazo para el cual el presidente ha sido elegido deriva sus efectos implacables y cuando queda fijado el momento improrrogable esa fantasmagoría salta por los aires. Es el fenómeno del pato cojo, que caracteriza el segundo mandato de los presidentes norteamericanos, sin posibilidad de optar a un tercer periodo. Pasaba en el servicio militar porque, según se aproximaba la fecha en que se produciría la licencia de los encuadrados, aumentaba la dificultad de sostener la disciplina.

Los exégetas del presidente, dispuestos a dar razón de su dontancredismo, se complacen con la referencia a que Rajoy tiene tiempo propio. Así explican cómo se ha sacado de la manga el candidato para la presidencia del PP de Andalucía, su silencio ante las realidades aducidas por los portavoces de los grupos parlamentarios en el reciente debate sobre el estado de la nación y su repliegue dialéctico cuando se indaga sobre sus proyectos, bajo el lema de que no conviene adelantar acontecimientos, lo mismo si se trata de la candidatura para las elecciones europeas o de la reforma fiscal. Pero los acontecimientos surgen de manera imprevisible y llegará el momento en que se le adelanten.

Y, desde una posición todavía menos sospechosa de arremeter de forma gratuita contra el actual presidente del Gobierno, Ignacio Camacho advertía en un perspicaz artículo de opinión más reciente (ABC 18/03/2014) sobre si los ya afamados ‘tiempos de Rajoy’ tienen su origen en el cálculo táctico o en la mera galbana:

Fulaneo

Sobre las próximas elecciones europeas, de resultado incierto, existe un pronóstico unánime: votará poca gente. Bastante menos que de costumbre en unos comicios que nunca han despertado entusiasmos desbordantes por no ventilarse en ellos la disputa de poderes tangibles. Los sondeos especulan con un cincuenta por ciento de abstención y la otra mitad de ciudadanos irá a votar fundamentalmente por tres razones: para darle una bofetada al Gobierno, para dársela a la oposición o para dársela al sistema en su conjunto. Ese día se movilizan sólo los electores cabreados y los seguidores acérrimos de los partidos. Y en todo caso, dentro del ya de por sí cerrado mecanismo de las listas bloqueadas, se trata de una elección de siglas, de marcas, en la que tienen una mínima, casi nula importancia los candidatos.

Por eso la pachorra de Rajoy para elegir el del PP sólo importa a ese reducido núcleo de opinión pública que formamos políticos y periodistas, tipos cuya vocación profesional tiende a apasionarse por el fulaneo de las nomenclaturas. En términos estrictos se trata de una cuestión muy poco relevante: nadie va a formar cola para votar a Cañete, a González Pons o a cualquier conejito que el presidente pueda sacarse de la chistera. Para bien o para mal, esa candidatura es la del Gobierno y la tendrá que defender su jefe. La cabecera de lista es sólo un nombre para poner en la papeleta y una cara para no dejar vacíos los carteles.

Si al final el PP pierde las elecciones su líder tendrá que aguantar reproches a su parsimonioso estilo. Si las gana será aclamado por una legión de pelotas que lo exaltará como flemático estratega, genio innovador del marketing político, dueño majestuoso y proverbial del temple y de los tiempos. Ya hay por la capital cobistas del marianismo que celebran el desconcierto de los adversarios ante una precampaña sin referencias con las que confrontarse, perdidos ante un espejismo de sombras. En caso de derrota se trocará el discurso por un lamento ventajista del inmovilismo presidencial, su falta de determinación y su exasperante tardanza. Lo que no habrá serán elogios ni críticas por la idoneidad del designado: todo el mundo sabe que ese detalle carece de importancia.

Tal vez no sepamos nunca si Rajoy espera por cálculo táctico o por simple galbana, porque piensa en una jugada maestra o porque le dan pereza las decisiones. Lo más probable es que él mismo haya interiorizado su imagen cesárea, que disfrute alargando las expectativas, que le guste el rol inescrutable y hermético de su personaje. En España se ha acuñado una mitología escenográfica del poder que lo hace parecer más solemne rodeado de silencio. Y en ese marco simbólico se construye una retórica de los gestos capaz de convertir en categoría especulativa lo que no es más que una anécdota intrascendente.

Pero la referencia que mejor puede dar la medida de cómo entiende Rajoy el tiempo político, es su comparación con Margaret Thatcher a la hora de abordar sus respectivas responsabilidades de gobierno. En la Newsletter 42 (‘Cuando los políticos no saben de la misa la media’), ya reprodujimos un comentario significativo sobre la inutilidad manifiesta de Rajoy incluido por el profesor Jesús Fernández-Villaverde, catedrático de Economía en la Universidad de Pensilvania y miembro de FEDEA (Fundación de Estudios de Economía Aplicada), en la conferencia (‘La salida de la crisis: cómo y cuándo’) que pronunció el 21 de septiembre de 2012 en un encuentro de comunicación organizado en Madrid por el Club Empresarial ICADE y patrocinado por la Fundación Wellington. Fue así de lapidario:

Inglaterra cuando Margaret Thatcher gana las elecciones el 5 de mayo de 1971 está en una situación límite. Sin embargo Margaret Thatcher entiende que el Reino Unido tiene que ser la solución y acomete lo que hay que hacer. Un solo ejemplo brutal de la diferencia entre Rajoy y Margaret Thatcher:

¿Necesita alguien decir algo más?

LAS VÍAS DE AGUA DEL VOTO POPULAR

Y también hemos advertido en otra ocasión que esa ‘insuficiencia’ orgánica o vital de Rajoy para posicionarse y actuar en varios planos a la vez y su incapacidad para analizar la crisis bajo una perspectiva múltiple, cosa que requiere una ‘inteligencia divergente’ más propia del creativo que del opositor a escribano, acaso sean las circunstancias que le impiden visionar y afrontar el problema de España en toda su amplitud. Porque, estando atrapados, como estamos, en una espiral de caída libre ad limitum (desde luego negada por el Gobierno), lo sustancial no es establecer prioridades de políticas excluyentes, como él hace, que en todo caso son insuficientes, sino combatir el estrangulamiento económico en cada uno de sus frentes y con todas las armas posibles.

Sin discutir para nada la necesidad de cumplir el objetivo de reducción del déficit público (que además sigue sin cumplirse), siempre que se plantee en plazos razonables y sin entrar en una dinámica con ‘efecto boomerang’ (en la que ya hemos entrado), por debajo de la línea de flotación del sistema persisten otras vías de agua con la misma capacidad de hundirlo. Y que, a pesar del achique del déficit, lo están hundiendo. Es decir, de nada vale centrar la guerra en una única batalla falsamente ‘decisiva’, mientras el enemigo ataca por veinte frentes distintos, en los que, uno a uno, es necesario aplicar la respuesta adecuada.

Porque, ¿a dónde nos conduce el exclusivismo ‘anti-déficit’ de Rajoy con una economía de crecimiento negativo o neutro? Sencillamente a esta correlación letal: mayores impuestos, menores sueldos y más destrucción de empleo, generan de forma indefectible menos consumo, menos producción, menos empleo, menos cotizantes a la Seguridad Social y menos aportación al Tesoro, aumentando el importe de las prestaciones de desempleo, la deuda pública (con un mayor coste de financiación)… Y vuelta a empezar con un menor consumo, menos producción…

Una encadenado perverso de acciones y reacciones que destruye el sistema económico y amenaza con volar también el sistema de pensiones, lo que, dicho llanamente, no supone otra cosa que la quiebra económica total del Estado, que seguimos tocando con la punta de los dedos por mucho que el mentiroso Gobierno de Rajoy quiera ocultarlo. Las nuevas torpezas políticas latentes, sin ir más lejos una posible reforma del sistema de financiación autonómica mediante la transferencia recaudatoria del IRPF (más y más ‘café para todos’), sólo añaden gasolina, en lugar de espuma anti-incendios, a la abrasadora crisis nacional de evidente triple vertiente: económica, política e institucional.

Cualquier persona, excluidos quizás los escribanos y leguleyos de la política al corte del presidente Rajoy, puede entender que tratar de conjugar el déficit público (que tampoco se ha conjugado) a base de comprimir el consumo y mantener una tasa de paro en torno al 25%, es algo obviamente nefasto; que mientras la economía siga sin crecer más de un 2% anual, el paro seguirá más o menos donde está y que, mientras el Gobierno no rectifique su política de lucha contra la crisis promoviendo la economía productiva (el IPI ha caído un 1% en 2013), cada vez nos ataremos más a ella, sin esperanza ni posibles milagros salvadores.

Y lo evidente es que el electorado, que es el que da y quita el poder político, percibe una desesperante coincidencia y permanencia en el tiempo de varias lacras ciertamente indeseables en el ámbito económico, político e institucional, que han alcanzado ya su límite de resistencia social. Razón por la que, lo quiera o no el PP, van a tener su reflejo en los comicios europeos del próximo 25 de mayo, a dos meses vista; bien con un cambio radical en la actual representación parlamentaria, bien con el abstencionismo o bien con un mix de cambio de voto y renuncia a ejercerlo. 

Salvo para Rajoy y sus ciegos acólitos del ‘reloj parado’, varias son las vías de agua por donde al PP se le puede escapar su capital electoral, ya a partir de las inmediatas elecciones europeas. El Barómetro del CIS (Centro de Investigaciones Sociológicas) del pasado mes de febrero (Estudio 3.013), cuyo trabajo de campo se completó entre los días 1 y 11 de ese mes para conocer el estado de ánimo y la percepción de 2.500 encuestados sobre la situación económica y política (sin recoger intención de voto), las evidenció con toda claridad. 

De hecho, ambas situaciones -la política y la económica- compiten con pésimas expectativas. Un 42% de los encuestados considera que el año que viene (2015) la situación económica será igual que este año y un 28,6% que será peor, tras responder un elevadísimo 86,9% que la situación actual ya es mala o muy mala. Al tiempo que un 82,02% declara que la situación política también es mala o muy mala, valoración a la que hay que añadir el dato de que un 49,6% de los encuestados piensa que el año que viene será igual y un 30,7% que todavía será peor (sumando ambas percepciones nada menos que un 80,3%).

Las causas de estas duras expectativas, enfrentadas a la esperanza o a la confianza en el Gobierno, tienen su correlación en las respuestas que se ofrecen sobre los principales problemas del país, según la perspectiva de los consultados. El primer y más abultado motivo de desvelo social siempre es el paro, ya sea en contestación a una pregunta espontánea o tras ofrecer un listado de preguntas.

El alto nivel de ‘desempleo’ es el principal problema para el 81,1% de los electores encuestados, porcentaje que ha crecido 1,3 puntos en el último año. Seguido por el problema de la ‘corrupción’ para un 44,2% (4,2 puntos más sobre el año anterior y 35,6 puntos más sobre el 2012); por los problemas de ‘índole económica’ para el 28,3% y por el de ‘los políticos y la política’ para un 24,2%...

El paro y la corrupción se mantienen, pues, como máximas preocupaciones del cuerpo electoral, en el que se ha instalado un pesimismo económico y político sólido y ya difícil de reconducir sin novedades relevantes. Y esos son los puntos más débiles del Gobierno de Rajoy (aunque no los únicos); la ‘marca’ dejada por la mala medida de sus alabados ‘tiempos políticos’ (es decir por su inacción política) y los sumideros por donde el próximo 25 de mayo comenzará a perder el caudal de votos logrados el 20-N.

Lo cierto y verdadero es que para ver lo que a la postre se ha visto en los dos años largos del mandato presidencial de Mariano Rajoy, incluyendo promesas incumplidas, mentiras y torpezas políticas a mansalva, y lo que según parece aún queda por ver, no hacía falta regalarle a nadie una mayoría parlamentaria absoluta para jugar con ella al escondite o a la gallina ciega. Ya es hora de empezar a poner a cada uno en su sitio.

Nadie puede discutir el valor de la constancia, es decir de la firmeza y perseverancia del ánimo en las resoluciones y en los propósitos, como base de otras virtudes, según Francis Bacon, o como el “fondo de la virtud”, al decir de Balzac. Con más profundidad y alcance, quizás por su mayor ‘visión del mundo’, Nietzsche fue algo más allá y dejó escrito: “No es la fuerza, sino la perseverancia de los altos sentimientos la que hace a los hombres superiores”.

Pero claro está que, bajo el gobierno de la inteligencia, la constancia o la tenacidad tienen que orientarse en el buen sentido. De forma que ni una ni otra se confundan con la obstinación, cosa que sucede a menudo.

Así, Luis XIV de Francia advirtió que “la constancia no consiste en hacer siempre las mismas cosas, sino las que tienden a un mismo fin”. Y, con mayor proximidad y un punto de ironía baturra, José Camón Aznar afirmó su idea de la perseverancia de esta forma: “¿Voluble, ese hombre? No hay constancia más firme que la de la veleta, siempre en la dirección del viento”…

Y cierto es que sobre la obstinación, entendida como pertinacia, porfía o terquedad, también se ha escrito lo suyo. Sófocles advertía: “El yerro es cosa común a todos los hombres, pero cuando ha cometido un fallo, el sabio repara el daño que ha hecho y no se mantiene inmutable. La obstinación engendra todo género de males”.

San Agustín, el ‘Doctor de la Gracia’ iluminado por las lecturas de Platón, precisó que “así como la constancia no deja que el hombre se pervierta, la pertinacia no permite que se corrija”. Y Michel de Montaigne, creador del ‘ensayo’ como género literario y hombre perspicaz como pocos en su época y su entorno, llevó la idea algo más allá señalando: “La obstinación y las opiniones ardientes son la más evidente prueba de tontería”.

(Paréntesis con toque de atención para Rajoy y Ruiz-Gallardón a propósito de la reforma de la Ley del Aborto: Uno de los capítulos más incisivos de los celebrados Ensayos de Michel de Montaigne, que a ambos convendría leer, es el titulado ‘No cambiar caprichosamente una ley recibida’…). 

No menos sagaz que Montaigne fue Rousseau, al afirmar que “la obstinación es un vicio que depende del carácter natural y la falta de conocimientos”. Y mucho más, si cabe, Baltasar Gracián, maestro del conceptismo, que llegó a proclamar: “Todos los necios son obstinados, y todos los obstinados son necios”.

Aunque, sin necesidad de tener que recurrir a los autores clásicos, en la llana y natural sabiduría del refranero español han prevalecido también no pocos dichos que caracterizan las actitudes obstinadas: “Al terco, dale dos higas, pero no le contradigas”; “Muerto, sí, más no rendido”; “Al terco verás perecer, por no dar su brazo a torcer”…

LA CONTUMACIA EN PEDIRLE PERAS AL OLMO

Pues bien, a tenor del desprestigio de la clase política española -y por tanto de la política en sí misma-, sumida en un repudiable sistema partitocrático identificado con el pesebrismo, la corrupción y la incompetencia, no cabe sorprenderse, ni menos escandalizarse, de que el presidente Rajoy, como antes hizo el ínclito ZP, se haya rodeado ad líbitum, es decir ‘a placer’, de ministros que, como tales, en su mayoría lo son de tres al cuarto, aunque ellos puedan pensar lo contrario.

Y el caso es que, además, la cartera con la que se agració también a la mayoría de ellos no fue exactamente la más adecuada a su perfil personal, ni una responsabilidad proporcionada a su porte y bagaje profesional. En este país, los políticos, que salvo muy contadas excepciones han de ser amigotes o camanduleros del que manda, parecen valer lo mismo para un roto que para un descosido, como si fueran réplicas de los siete sabios de Grecia en vez de útiles para nada o inútiles para todo.

Y así podemos ver, por poner un ejemplo, cómo una licenciada en Medicina y funcionaria del Cuerpo Superior de Sanidad Pública, tras ocupar cargos de relevancia acordes con su formación en el sector sanitario e incluso en el de la enseñanza -con acierto- ha terminado dirigiendo sin gloria alguna el Ministerio de Fomento; mientras Sanidad y Educación quedan en manos de personas inexpertas en esos campos, como Ana Mato y José Ignacio Wert (que sin más razón podrían haber aterrizado en Justicia o Interior), y que muchas veces no llegan a saber de qué va la cosa hasta el momento del cese. Vía por la que las Aído, las Pajín y los Roldán de turno, o los Floriano, los Cotino y los Fernández de Mesa del PP, pueden terminar dirigiendo indistintamente, la defensa, la industria, la política exterior de España, el CNI, el CSIC o la verbena de la Paloma: da lo mismo.

Sin necesidad de poner más ejemplos, eso hace ver que la conformación del actual Consejo de Ministros ha respondido mucho más a una suerte de tómbola política o de filias y fobias del llamado ‘Dedo Divino’ (el de Rajoy) que a un criterio de selección serio y riguroso. Porque, ¿dónde ha quedado el viejo principio de buscar la idoneidad personal para el cargo político o la designación previa de candidatos en la sombra que puedan ir ‘craneando’ y pertrechándose para su futura responsabilidad…?

La mayor evidencia al respecto, es que el propio presidente del Gobierno reservó para sí mismo nada más y nada menos que la responsabilidad de dirigir el equipo de ministros económicos (asignada tradicionalmente a una vicepresidencia específica), sin tener ni pajolera idea del tema y justo ante una descomunal situación de crisis económica y financiera. De hecho, y a tenor de lo que insistimos en definir como su ‘errada’ política económica, Rajoy jamás ha comprendido el origen ni la naturaleza real del problema, razón por la que su verdadera solución (que debería vincularse necesariamente a un cambio del modelo económico con reformas conceptuales y estructurales profundas que ni se vislumbran), sigue aparcada en el limbo del Consejo de Ministros y a remolque de ocurrencias, directrices y vaivenes externos, aunque las habituales medias verdades, pequeñas mentiras (o grandes) y declaraciones políticas triunfalistas del Gobierno proclamen lo contrario.

Sabido es que no se pueden pedir peras al olmo. Y claro está que, bajo la dirección de un registrador de la propiedad incapaz de entender y analizar realidades económicas complejas (Rajoy), la política económica del país está dirigida por una irreductible cuadriga de funcionarios alejados de la problemática empresarial y laboral y del sistema productivo real, en la que conviven una abogada del Estado que no sabe nada del tema y que, además, carga sobre sus todavía inexpertas espaldas bastante más de lo que puede (Soraya Sáenz de Santamaría); un auténtico ‘profesor chiflado’ pasado de rosca (Cristóbal Montoro); un técnico comercial del Estado que lía todo cuanto toca (José Manuel Soria) y, finalmente, otro economista-funcionario (Luís de Guindos) que goza de una inmerecida fama como experto en economía y competitividad (¿?), sólo gracias a su ‘carrerita’ y tejemanejes como militante del PP.

En el escaso currículo extra-político de este último, que obviamente es el ‘especialista’ o la figura seleccionada por Rajoy para ganar (o no ganar) la gran batalla de la crisis, destaca sobre todo su condición de consejero asesor para Europa de Lehman Brothers y director de la filial del banco en España y Portugal, cargo que ostentó desde 2006 hasta la quiebra y bancarrota de la entidad en 2008, dicho sea con todo respeto. Además, siendo secretario de Estado de Economía en el último gobierno de Aznar, y por darle algún otro mérito, conviene recordar que no se cortó un pelo en desmentir una posible burbuja inmobiliaria, declarando: “[En España] no hay burbuja inmobiliaria, sino una evolución de precios al alza que se van a ir moderando con más viviendas en alquiler y más transparencias en los procedimientos de urbanismo” (ABC 02/11/2003)…

Y esto es lo que hay. Algo más o menos parecido a que Caperucita Roja se ponga a cuidar del rebaño de tiernas ovejitas con el Lobo Feroz dentro del redil, bajo la supervisión de un aprendiz de brujo gallego o, peor aún, de un ecónomo sobrevenido incapaz de analizar y mucho menos de solventar una realidad económico-financiera compleja. Pero, ¿es que no se podría sustituir al equipo económico del Ejecutivo por quienes ya tienen bien acreditada su capacidad profesional y de liderazgo empresarial, con éxitos contrastados (los Pizarro de turno -que hay unos cuantos- despreciados por Rajoy)…?

Cuando uno recuerda la babia en la que el actual presidente del Gobierno estuvo vagueando como jefe de la oposición y líder del PP durante los ocho años de dos legislaturas seguidas (su partido tenía responsabilidades de gestión en no pocos ayuntamientos y comunidades autónomas que también se pasaron la crisis por la faja), para llegar a formar un equipo ministerial tras el 20-N tan mediocre como el actual, es fácil comprender que lo quiera mantener hasta el final. Claro está que confundiendo la tenacidad con la obstinación y, por tanto, asentado en la pura necedad, como diría Gracián (“Todos los necios son obstinados, y todos los obstinados son necios”).

Porque ¿cuáles son los méritos de la mayoría de sus ministros para seguir en sus cargos a punto de cumplir dos años y medio sin dar pie con bola…? Pues, salvo en los casos de Miguel Arias Cañete y Ana Pastor, que más o menos cubren el expediente, francamente, ninguno. Antes al contrario, la mayoría de ellos hace tiempo que tiene acreditada su incompetencia política y su gran capacidad no para resolver problemas sino para crearlos, hasta el punto de que incluso Alberto Ruiz-Gallardón, que comenzó la legislatura como ministro ‘estrella’ del núcleo duro de Rajoy, se ha convertido -quizás contagiado- en el más torpe de la clase, el más dañino para el PP y el más rechazado por sus votantes.

EL INSOPORTABLE DESPRESTIGIO DEL GOBIERNO

Y, de hecho, el Gobierno de Rajoy, ministro por ministro y en su conjunto, no deja de ser el más desprestigiado socialmente desde que se instauró el nuevo régimen democrático. Con la inevitable precisión de que él mismo sea el presidente peor valorado de la democracia, sin duda porque una cosa arrastra indefectiblemente a la otra.

Tras el mínimo periodo de gracia que se suele otorgar a todos los gobiernos antes de pasarlos por la ‘prueba del algodón’, es decir someter su gestión a encuestas de valoración social, los ministros de Rajoy ya quedaron de forma bien prematura a la altura del betún. Desde el principio de su andadura, todos ellos cosecharon un suspenso sin paliativos, realmente categórico, con una media para el conjunto de los trece ministros situada siempre muy por debajo del aprobado.

Considerando sólo las encuestas del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS), que es un organismo dependiente del Ministerio de la Presidencia, y por tanto con todo lo que se pregunta y cómo y cuándo se pregunta bajo tutela gubernamental, siempre se ha observado una reprobación social de los ministros del Gobierno total y continua, efectivamente sin parangón en el nuevo régimen democrático. El siguiente cuadro lo muestra aplicando una escala en la que el diez representa el valor máximo y el cero el mínimo:

VALORACIÓN SOCIAL DE LOS MINISTROS DEL GOBIERNO

MINISTROS VALORADOS	Estudio 2.960 Octubre 2012	Estudio 3.001 Octubre 2013	Estudio 3.011 Enero 2014
Alberto Ruiz-Gallardón Miguel Arias Cañete Ana Pastor Julián Soraya Sáenz de Santamaría José Manuel García-Margallo José Manuel Soria López Luis de Guindos Jurado Ana Mato Adrover Pedro Morenés Eulate Jorge Fernández Díaz Cristóbal Montoro Romero Fátima Báñez García José Ignacio Wert Ortega	3,54 3,32 3,28 3,28 3,20 3,02 2,92 2,90 2,81 2,77 2,77 2,71 2,15	2,53 3,05 2,68 2,88 2,85 2,46 2,46 1,99 2,31 2,48 2,09 2,12 1,46	2,05 3,17 2,80 2,75 2,82 2,27 2,48 1,97 2,41 2,36 1,84 2,22 1,42
NOTA MEDIA	2,97	2,41	2,35

Y lo más sorprendente del caso, por no decir lo ‘esperpéntico’, es que este suspenso radical no sólo se mantiene en el tiempo, sino que incluso se ha venido deslizando de forma continuada hacia el insólito ‘cero patatero’, encuesta tras encuesta. Es decir, sin que los reprobados hagan el menor esfuerzo por superar esa triste calificación de ministros torpes, torpes y torpes; aunque es muy probable que lo hayan intentado sin éxito, carentes en su caso de la más mínima capacidad de superación.

Claro está que el Gobierno es un ente de decisiones solidarias y que su propio jefe, el presidente Rajoy, no sólo no riñe a sus ministros por zotes desaplicados sino que saca pecho presumiendo de un gran equipo, como si poco más o menos fueran los Harlem Globetrotters de la política, cuando técnica y socialmente ya han sido descendidos a segunda división con las orejas bien gachas.

RAJOY, EL PRESIDENTE PEOR VALORADO

El elevadísimo nivel de rechazo social al Gobierno, queda sistemáticamente de manifiesto en las continuas oleadas de todos los estudios de demoscopia política. Así, el Barómetro Electoral de Metroscopia publicado en febrero de 2014, insistía en que la amplia mayoría de los ciudadanos y una sustancial proporción de votantes del PP siguen mostrándose críticos con la gestión de Rajoy al frente del Ejecutivo: nada menos que un 78% de los electores españoles (42% entre los votantes del PP) la desaprueba de forma radical. Valores que más o menos se mantenían en la oleada publicada el siguiente mes de marzo.

Pero es que, si volvemos al Barómetro oficialista del CIS (Estudio 3.011 de enero de 2014), resulta que al preguntar a los encuestados sobre el grado de confianza que les inspira personalmente el presidente del Gobierno (Mariano Rajoy), la respuesta es demoledora. Sólo al 1,4% de los electores les inspira ‘mucha confianza’ y al 9,4% ‘bastante’, mientras que al 24,8% les inspira ‘poca confianza’ y al 63,3% ‘ninguna’. Dicho de otra forma, sólo un exiguo 10,8% de los encuestados aprueba su gestión, frente a un 88,1% (ocho veces más) que la desaprueba…

Siguiendo con las encuestas barométricas del CIS, poco sospechosas desde luego de querer perjudicar la imagen del presidente del Gobierno, Rajoy ya alcanzó en octubre de 2012 la peor valoración jamás otorgada por el cuerpo electoral a ninguno de sus predecesores en el cargo desde la Transición, con un 2,78 situado muy por debajo del aprobado raspado de los 5 puntos y entonces incluso menor que la media otorgada al conjunto del Ejecutivo, situada ya en un bochornoso 2,97).

El record en valoración negativa la ostentaba hasta aquella fecha el ínclito ZP, con el 3,07 que alcanzó un mes antes de perder las elecciones, nota todavía superior al 2,78 alcanzado por Rajoy hace casi año y medio, muy posiblemente rebajado aún más al día de la fecha (el CIS ha dejado de incluir en sus encuestas, sin duda por vergonzosa, la valoración personal del presidente del Gobierno), en un claro décalage con el apoyo electoral que obtuvo en los comicios del 20-N. La peor valoración de José María Aznar fue de 3,99 puntos; la de Felipe González de 3,86 en septiembre de 1995, poco antes de perder el Gobierno, y la de Adolfo Suárez de 3,99 en octubre de 1981, al hundirse UCD.

Señalado, pues, el Gobierno de Rajoy por los gobernados como un insólito plantel de ‘inútiles totales’, bajo el mando efectivo de un ‘inútil manifiesto’, sin precedentes históricos ni siquiera en la época del ‘zapaterismo’ (lo que ya es mucho decir), sólo cabría esperar de forma más que razonable una crisis en el Consejo de Ministros con cambios profundos tras el último debate sobre el estado de la Nación (en el que Rajoy quiso señalar de forma expresa una nueva fase o etapa en la acción gubernamental), aprovechando las elecciones al Parlamento Europeo de inminente celebración.

La alternativa a esa posible (pero improbable) decisión revulsiva, es la de que todo se siga desmoronando bajo la triste presidencia de Rajoy, aunque él niegue la mayor y afirme que la recuperación económica y la creación real de empleo, que cual ‘ojo de lince’ ya había vaticinado primero para el 2012 y después para el 2013-2014, será efectiva a partir de 2015 (es decir, en el ‘cuán largo me lo fiais’ ya fuera de legislatura). Sin explicar cómo ni por qué se produciría su esperado milagro (el cuándo volverá a cambiar dentro de poco), simplemente porque, como ‘inútil manifiesto’ que es, no lo sabe (y menos sus inútiles ministros); y escamoteando a la opinión pública todos los aspectos negativos de la realidad económica, como el incumplimiento del objetivo de déficit público y la caída del Índice de Producción Industrial (IPI) en 2013, el alarmante crecimiento de la deuda pública…

LA INUTILIDAD MANIFIESTA DE MARIANO RAJOY

Sabido es que la ‘inutilidad’ es la calidad de lo inútil, lo inservible, vano o estéril. Y que, como desambiguación aplicada a las personas, el vocablo es sinónimo de ineptitud, incompetencia, incapacidad, ineficacia, ignorancia… 

Hay un refrán popular, tan espontáneo y anónimo como sabio, que afirma: “Cuchillito que no corta, que se pierda ¿qué me importa?”. René Descartes, uno de los hombres más destacados de la revolución científica y padre del racionalismo occidental, remarcaba que el no ser útil a nadie es realmente lo mismo que no valer nada.

De forma algo menos ácida y determinante, Giacomo Leopardi, de origen campesino pero uno de los grandes autores de la lírica italiana del siglo XIX, extendía este significado de la inutilidad a la vida misma, afirmando que ésta, bajo todas las condiciones humanas, “no consiste más que en la ociosidad, si puede llamarse así al trabajo, al incesante tráfago que no nos conduce a ningún fin o que intenta llegar a uno, que no será capaz de hallar”…

Pues bien, esa inutilidad como expresión de lo humana y políticamente infructuoso, es quizás el factor más característico y condicionante de la fría e introvertida personalidad de Mariano Rajoy (y en el fondo frívola), incluido su amor por la ociosidad, que debió comenzar a desarrollar tras obtener una plaza concursal en el Cuerpo de Registradores de la Propiedad, Mercantiles y de Bienes Muebles, con 24 años de edad y recién acabada la licenciatura de Derecho. Una meritoria oposición funcionarial que, como otras muchas, marca carácter, aunque aplicado al caso éste no sea precisamente el de persona activa, batalladora o integrada en el anhelo del progreso social ni en la búsqueda de un mundo mejor, sino más bien, y con todo el respeto que merezca el oficio, de escribanos o chupatintas de lujo enriquecidos por la misma burocracia que en España siempre ahoga a quienes sudan su trabajo y su dinero.

Tras realizar el servicio militar obligatorio (no se quiso integrar en la Milicia Universitaria como entonces solían hacer normalmente los españoles que podían) y apenas con dos años de ejercicio profesional en municipios de menor rango, Rajoy entró también precozmente en la mamandurria política con 26 años, conservando siempre su plaza oficial de registrador oficial y cuidando de que fuera realmente atendida por ‘suplentes’ que le permitían ganar parte de los honorarios sin dar un palo al agua. Argucia que mantuvo toda una vida, desde 1981, sin enfrentarse jamás al mundo de la economía real ni a la competencia del sector privado, compatibilizando también a dos manos los puestos y nóminas de partido y/o de cargos políticos cuyos ‘problemas’, si aparecían, le resolverían los ‘alfombrillas’ de turno.

Mariano Rajoy, hoy presidente del Gobierno, no deja de ser, por tanto, y aunque sus partidarios no lo vean así, un pluriempleado más del “donde está lo mío” y “cuanto más mejor”, y bien alejado del “estoy en política perdiendo dinero”, como se atrevió a pregonar en el Congreso delos Diputados mientras presuntamente distraía en la declaración de la renta algunas partidas con origen en el aparato del PP y en la plaza que conserva como Registrador de la Propiedad en Santa Pola (Alicante). A tenor de lo que, entre otras cosas, sus enemigos políticos denuncian en la Red sin que nadie lo desmienta de forma fehaciente.

Según él mismo confiesa en su libro titulado ‘En confianza’ (Planeta, 2011), que subtitula como “Mi vida y mi proyecto de cambio para España”, aunque tal proyecto no aparezca por ninguna de sus páginas ni en su posterior acción de gobierno, ya en otoño de 1981 se vio convertido en diputado autonómico gracias a un resultado electoral “un tanto inesperado”, porque iba “en un puesto de los de no salir”. Dicho de otra forma, con la misma e inusitada comodidad personal con la que, gracias a unos y otros y al propio sistema electoral de listas cerradas (pura partitocracia), ha desarrollado toda su carrera política, incluidos los fracasos en las elecciones generales de 2004 y 2008 frente al ínclito ZP, otro que tal baila.

A partir de aquel 1981, su actitud personal es la típica del funcionario de oposición (con plaza asegurada) y, más a más, del perfecto ‘colaborador’ del líder de turno, pendiente de subir peldaños no por hacer grandes cosas y tomar riesgos personales, sino más bien por no molestar al superior y no hacer nada inconveniente: un político ‘a la gallega’, reservón, vestido de gris -pero a veces un auténtico soberbio con retranca- y pendiente de los errores de otros para mover ficha y, si conviene, ocupar su puesto. Así se comportó en Galicia con Gerardo Fernández Albor al inicio de su carrera política, después con Manuel Fraga y, finalmente, con José María Aznar.

Y así también marcó Rajoy en su momento distancias internas dentro del PP con Francisco Álvarez-Cascos, con Rodrigo Rato, con Esperanza Aguirre, con Jaime Mayor Oreja e incluso con el propio Aznar, todos con mayor talla política que la suya (y posiblemente humana). Al tiempo que procuraba valerse de un equipo de sumisos disciplinados y tan leales a ultranza como ‘pringones’ de oficio, que llegaban a imitarle la firma (con su autorización) para eximirle de tan agobiante carga de trabajo, mientras el ociaba ante la ‘caja tonta’ de la tele para no perderse cada uno de los acontecimientos deportivos que menos interesan a los intelectuales, a los grandes hombres y mujeres volcados en el servicio público y a los verdaderos currantes del país.

(Otro paréntesis: El caso más señalado de la aliviadora suplantación de su firma lo elevó a paradigma Ana Pastor cuando era la subsecretaria de Rajoy en el Ministerio del Interior, que él prácticamente no pisó jamás mientras fue titular de esa cartera al tiempo que ministro de la Presidencia (febrero 2001 a julio 2002), como bien saben los funcionarios afectos…).

Un meritorio perfil el de Mariano Rajoy de ‘vago-listo’ (o tal vez de opositor cansado prematuramente y dispuesto a vivir del esfuerzo inicial sin volver a hincar los codos de por vida) que alcanzó su personal ‘principio de incompetencia’ (o principio de Peter) cuando pasó a ocupar la dirección del PP y después la presidencia del Gobierno, en momentos de especial exigencia y dificultad.

En sus estudios sobre la ‘jerarquiología’, Laurence J. Peter sostiene que las personas que realizan bien su trabajo en un determinado nivel suelen verse promocionadas a puestos de responsabilidad mayor, hasta que alcanzan su nivel de incompetencia. Dicho de otra forma: en cualquier jerarquía, todo empleado tiende a ascender hasta su nivel de incompetencia, como la nata sube hasta cortarse y como Rajoy ha llegado a la presidencia del Gobierno, tras dos merecidas derrotas electorales en las que otro político inepto de solemnidad (ZP) le mojó la oreja bien mojada.

Un principio poco sorprendente porque, antes que Peter, nuestro Ortega y Gasset, buen conocedor de la realidad política y social española, ya nos legó un aforismo que, hoy por hoy, también parece pensado para el actual presidente del Gobierno, aunque no sólo para el: “Todos los empleados públicos deberían descender a su grado inmediato inferior, porque han sido ascendidos hasta volverse incompetentes”.

UN PRESIDENTE EN LA INOPIA DE LA REALIDAD POLÍTICA

Pero, aun acomodado en la mamandurria pública y sin enfrentarse jamás a la dura realidad y competitividad de lo privado, Rajoy sí que ha estado inmerso en la política práctica de los últimos treinta años (estar ‘atento’ es cosa distinta y ‘procesar’ la acción de gobierno como el arte de lo posible aún más), pero asentado también en la inopia de su esencia. Porque, ducho como concejal de ayuntamiento, presidente de una diputación provincial, parlamentario autonómico y nacional, vicepresidente de la Xunta de Galicia, ministro en dos largas legislaturas y hasta vicepresidente del Gobierno, y por supuesto secretario general y a continuación presidente del PP, no puede decir, como él sigue diciendo a estas alturas de la historia y de la crisis, que ha sido víctima del “engaño” y la “herencia” de la mala gestión del gobierno precedente (cuyos fallos eran evidentes para el común de los mortales), con objeto de justificar ahora su propia inutilidad política, más que manifiesta.

Sobre todo, considerando también que cuando su partido no ha gobernado a nivel nacional sí que lo estaba haciendo en muchas de las autonomías y en miles de ayuntamientos, ostentando la jefatura de la oposición durante ocho años (con la capacidad inherente de control al Gobierno que él no quiso ejercer), y sin ofrecer colaboración o propuestas políticas alternativas que mostrasen un mínimo sentido de Estado. Falta, pues, veracidad en sus palabras inconcretas, en sus conceptos y teorías sin formular, en las verdades retocadas y en las expresiones veladas propias de su compleja personalidad, a veces teñidas de una ironía galaico-portuguesa rayana en la hipocresía.

La realidad es que durante los ocho decisivos años que fue jefe de la oposición, Rajoy se dedicó a ‘vegetar’ sin llegar a tomar conciencia exacta del drama que ya en la IX Legislatura (2008-2011) estaba asolando España, incluyendo las autonomías y los ayuntamientos gobernados por el PP, ni de sus causas. Y olvidando, claro está, diseñar las reformas que a todas luces necesitaba España para salir del atolladero (“sé lo que tengo que hacer” y “esto lo arreglo yo en cuanto los electores me lleven a la Moncloa”, repetía ufano en la oposición) y preparar los proyectos de ley y decretos necesarios para implementarlas rápidamente tras la investidura presidencial.

Pero es que, además, cuando tuvo que formar Gobierno, se rodeó de un equipo sin el menor peso específico, con escasa capacidad de diagnosis y, por tanto, sin la de generar ideas resolutivas para afrontar la situación. De hecho marginó a quienes, siendo más capaces, como Manuel Pizarro o Esperanza Aguirre, no se iban a comportar como alfombras políticas, ignorando, entonces y ahora, la vertiente institucional de la crisis y negándose a discutir siquiera las reformas necesarias…

Errores de partida a los que Rajoy añadió otro gravísimo: asumir en persona la dirección económica del Gobierno sin tener la más mínima formación ni experiencia para ello, lo que, por otra parte, ha condicionado por efecto de imagen su capacidad de remover a los cargos implicados. Con la inconveniencia añadida de dejar la supervisión de la acción política en manos de una vicepresidente todavía ‘verde’ y excesivamente ‘suficiente’ (basta observar cómo ha venido manejando, o le han manejado, el CNI o el permanente desastre del ministro Fernández Díaz al frente de Interior).

Ya hemos dicho en alguna ocasión que no merece la pena dar otros nombres, porque los profesionales de la economía, la empresa, las finanzas y hasta los funcionarios de prestigio (que de todo queda en el país) son perfectamente conocidos, con carnet o sin carnet del PP. Esos expertos reconocidos deberían haber sido, como sucedió en la época de Aznar, los consejeros técnicos y más inmediatos de Rajoy al menos en esa materia económica que él, obviamente, no es ni será jamás capaz de digerir, pudiendo haberse dedicado entonces de forma más productiva -también lo hemos advertido- a impulsar las reformas políticas necesarias, estructurales e institucionales, para las que, por su propia carrera política, parecía más preparado, cosa para la que ahora ya sabemos que tampoco sirve.

Es evidente que esta crítica a Rajoy no deja de ser recurrente en nuestras Newsletters, en las que a veces nos vemos obligados a la auto-cita y a reiterar párrafos ya publicados. Pero es que la actitud política de Rajoy no deja de ser contumaz en el error y sus debilidades bien manifiestas, sin el menor atisbo de rectificación.

Un comportamiento que alcanza el paradigma en su cerrazón a ‘sanear’ el Consejo de Ministros (ya no valen pequeños ajustes), devaluado de forma irremisible.

En él y en su acción de gobierno faltan reflexión, sentido común y un amplio catálogo de actuaciones sensatas y ajustadas a las necesidades reales del momento, acompañado de los profesionales capaces de llevarlas a buen término. Y sobran las naturales consecuencias de sus irracionalidades políticas: improvisaciones, palos de ciego, decisiones pacatas y tardías (que siempre son decisiones malas), caciquismos autonómicos, soberbia política y todos los inútiles que el partido en el poder ha puesto al frente de muchos cargos de relieve, incapaces de la menor aportación personal…

Porque la realidad del caso es que la política española no se basa en la preparación específica de quienes la ejercen, en la excelencia pública y en el servicio al Estado, sino en el ‘amiguismo’, en la connivencia personal y en el servirse del Estado. De hecho, incluso cuando un partido político llega al poder, no promociona a sus militantes más preparados, que los puede tener, sino a los más dispuestos a servir de alfombra de sus jefes, siguiendo el principio inequívoco de que los tontos más tontos nunca se rodean de listos, sino de tontos imperiales.

Ezequiel Martínez Estrada, poeta y afinado ensayista argentino, desdichado profeta de la revolución latinoamericana, nos legó estos melancólicos versos que bien podrían ser premonitorios de la España que Rajoy, después de ZP, nos está echando encima:

El inútil apremio de la hormiga atareada,

 

y al fin de tanto esfuerzo, de tanto afán prolijo,

 

ni un gran libro,

 

ni un árbol que dé sombra, ni un hijo.

 

La tristeza, el trabajo y el amor, para nada.

Al parecer, sólo queda esperar pacientemente al otoño (o no, como suele ironizar el presidente del Gobierno), a que se nombre (o no) comisario europeo a Miguel Arias Cañete y a que Luis de Guindos se haga (o no) con algún alto cargo internacional, para ver si, después de haber “atravesado con éxito el cabo de Hornos”, la obstinación de Rajoy, malentendida como tenacidad, deja de circunnavegar y se centra en la realpolitik (política de la realidad en la acertada praxis alemana). Con las ideas necesarias para superar de verdad la crisis y con el gabinete adecuado para desarrollarlas (o no…).

Recién salidos del tedioso debate del ‘estado de la Nación’, que por su irrealidad y vacuidad ya definimos en nuestra anterior Newsletter como el debate sobre el ‘estado de la Nada’, el Gobierno de Rajoy ha vuelto a sus andanzas propagandistas con otro instrumento de manipulación política e informativa, aplicando los poderosos recursos públicos a un nuevo tinglado denominado ‘Global Forum Spain’, sin otro objetivo que el de utilizarlo como plataforma electoral de cara a los comicios europeos del próximo 25 de mayo. O sea, enmascarando sin la menor sutileza con un acto de apariencia institucional mensajes políticos a favor de las tesis gubernamentales, que en el actual contexto de pre campaña en realidad corren a favor del PP y en contra de sus opositores.

Porque lo cierto es que el objetivo del evento no era otro que el de vender a la opinión pública (convocada a las urnas prácticamente a dos meses vista) la idea-fuerza de su propio slogan publicitario (‘España: de la estabilidad al crecimiento’). Es decir, el de utilizarlo como altavoz para vender urbi et orbi la bondad de la agenda reformista del Gobierno, en línea precisamente con el discurso de autocomplacencia que había pronunciado Rajoy apenas una semana antes en el Congreso de los Diputados.

Así, el pasado 3 de marzo el Ministerio de Economía y Competitividad, con el ICEX y el Club de Exportadores e Inversores como muletas de apoyo, organizó una jornada de ‘visibilidad’ internacional en el Museo Guggenheim de Bilbao, para que todos los participantes soltaran sus tesis de coyuntura en perfecta línea con la ortodoxia europea, sumisamente aceptada por el Gobierno español, en una especie de congresillo al estilo del Foro de Davos pero con menor representación de personalidades internacionales.

El ‘Global Forum Spain’ contó con la acreditación de casi 200 periodistas de medios internacionales, en el corte de otros foros internacionales situados también a medio camino entre la propaganda estatal encubierta y el debate internacional, como el ‘Foro de Ambrossetti’ en Italia o el ‘Global Irish Economic Forum’.

Entre los invitados institucionales, además de la presidenta del Fondo Monetario Internacional (FMI), Christine Lagarde, estuvieron presentes altos cargos de la Unión Europea y de otras organizaciones internacionales como el presidente del Eurogrupo, Jeroen Dijsselbloem; el presidente del Banco Europeo de Inversiones, Werner Hoyer; el secretario general de la OCDE, Ángel Gurría y los comisarios europeos Joaquín Almunia, Michel Barnier y Karel de Gucht. Sin olvidar la presencia estelar del rey Juan Carlos, que inauguró el Forum, y del presidente Rajoy, que lo clausuró…

LA REACCIÓN SOCIAL VIOLENTA DESLUCIÓ EL FORUM

Pero tanto aparato institucional quedó inmediatamente oscurecido por la aparatosa presencia policial que blindó el Guggenheim y sus aledaños para evitar las consabidas manifestaciones de los anti-sistema, aunque en esta ocasión fueran protagonizadas por todas las organizaciones sindicales y un gran número de asociaciones y movimientos de protesta ciudadana. Su recorrido por las calles de la capital vizcaína, que puso en evidencia el sesgo ‘empresarial’ y la utilización política del Forum, se pudo calificar de muy contundente, con algunas expresiones de violencia, de forma que, puestos a hacer un balance de la aceptación social del ‘Global Forum Spain’, valdría decir que ha sido mucho más perjudicial que beneficiosa, al menos en términos de percepción pública.

Desde primera hora de la mañana, miles de manifestantes salieron a las calles de Bilbao para protestar contra la celebración del evento, participando en varias marchas convocadas por los ocho sindicatos vascos, con la lógica preponderancia de los mayoritarios ELA y LAB, y cincuenta asociaciones de defensa de los intereses ciudadanos. A su término se produjeron diversos enfrentamientos entre los manifestantes y las fuerzas policiales, mítines y charlas del foro alternativo convocado en la Universidad por sectores de la economía social y alternativa.

Las marchas, que recorrieron las principales calles de Bilbao, exhibieron lemas como 'Troika Go Home' y ‘Troika Pitukara’, con pancartas en las que se podía leer consignas como ‘Menos ladrones en las instituciones’ o ‘Nos arrastran al empobrecimiento y la precariedad’. También se corearon gritos como “FMI Lapurrak alde hemendik” (FMI ladrones iros de aquí), “Menos recortes, más derechos”, “La calle es nuestra y no de la Troika”.

Dos columnas de manifestantes, acompañados por tractores y camiones en la cabecera, partieron simultáneamente desde las plazas del Teatro Arriaga y del Sagrado Corazón hasta la Plaza Moyua, donde se unieron. Allí se arrojó pintura contra las fachadas de varias sucursales bancarias y se destrozaron escaparates, disturbios que se reprodujeron en la Plaza de Euskadi, donde tres personas fueron detenidas acusadas de desórdenes públicos, según informó el Departamento Vasco de Seguridad; fuentes oficiales confirmaron también que grupos de personas encapuchadas atacaron el edificio de la subdelegación del Gobierno en Bilbao.

En un comunicado, el PSE-EE mostró su “más rotundo rechazo a la violencia vandálica desatada hoy en el centro de Bilbao por grupos violentos”. Y en él añadía: “Los destrozos causados contra los comercios, negocios y mobiliario público no solo desacreditan a sus autores, sino que contaminan las posturas expresadas pacíficamente por las miles de personas que ayer y hoy se manifestaron por las calles de Bilbao contra la 'Troika' y las medidas de austeridad a ultranza impuestas contra la crisis”.

Por su parte, el PP vasco condenó los disturbios callejeros lamentando que “los vándalos hayan actuado a sus anchas impunemente”. Los populares expresaron su apoyo a los comerciantes “víctimas de los violentos, que con la excusa del foro económico global se han dedicado a atacar comercios, destrozar escaparates, quemar contenedores y volcar coches”. A su vez, el PNV condenó las “tremendas” imágenes de los destrozos en la Gran Vía que calificó como “vandalismo puro y duro”…

LAS CONTRADICCIONES DEL PROPAGANDISMO OFICIAL

Pero es que, entrando de lleno en el fondo contradictorio de la campaña propagandista del Gobierno (con efectos socialmente negativos), ese mismo día, en el que Rajoy ensalzaba en Bilbao la recuperación económica, la prensa difundía que en el mes de febrero la confianza del consumidor había bajado 6,2 puntos en relación al mes anterior, hasta situarse en 71,5 puntos, según el Índice de Confianza del Consumidor (ICC) publicado por el CIS (el Centro de Investigaciones Sociológicas dependiente del Ministerio de Presidencia).

Esta caída del indicador, que regresa a la posición de finales de 2013, se debe tanto a la peor valoración que hacen los consumidores sobre la situación actual como de sus expectativas. En concreto, el indicador de situación actual empeoró 7 puntos en febrero respecto al mes anterior, hasta los 55 puntos, mientras que el indicador de expectativas retrocedió 5,4 puntos, hasta los 88 puntos.

El ICC recoge mensualmente la valoración de la evolución reciente y las expectativas de los consumidores españoles relacionadas con la economía familiar y el empleo, con el objetivo de anticipar sus decisiones de consumo. Sus valores se sitúan entre 0 y 200, considerándose que por encima de 100 la percepción es positiva y por debajo, negativa. Y aunque la valoración negativa de los actuales 71,5 puntos constatados por el CIS no sea peor que la de hace un año, tampoco deja de ser manifiestamente negativa y chocar con la manida tesis gubernamental de los ‘brotes verdes’ y de la falsa recuperación económica.

Y cierto es también que en la propia inauguración oficial del Forum, tras salmodiar las inevitables letanías gubernamentales afirmando que “España está acometiendo reformas con el objetivo de crear empleo e impulsar un crecimiento sostenido”, el rey Juan Carlos no pudo dejar de poner el dedo en la llaga de la crisis irresuelta: “En este sentido, aunque se confirma ese crecimiento con el gran impulso de nuestras exportaciones y la confianza de los inversores internacionales en nuestra economía, el paro sigue siendo nuestro principal desafío”. Reconociendo acto seguido que “se trata de un problema que afecta dolorosamente a millones de españoles y que preocupa profundamente a todos”...

Dejando a un lado las afirmaciones de Su Majestad sobre ‘el gran impulso de nuestras exportaciones y la confianza de los inversores internacionales en nuestra economía’, que no son estrictamente ciertas aunque sí se pueda comprender su inclusión en un discurso institucional como el suyo, está claro que la contradicción entre la supuesta bondad de las medidas gubernamentales y la realidad de los resultados que se consiguen (un nivel de paro insufrible que en 2015 seguirá siendo el mayor de la Unión Europea), llama sin duda la atención de cualquier observador imparcial de la realidad y deja en evidencia la política económica gubernamental. Dicho de otra forma, pone de relieve la falta de sintonía entre sus fines y los medios aplicados para alcanzarlos.

Una contradicción que, por encima de cualquier declaración triunfalista, no dejaron de apuntar todas las autoridades europeas invitadas al Forum. Y, si la piedra en el zapato de la recuperación económica es el paro, que dígase lo que se diga va a continuar disparado, ¿qué política económica de tres al cuarto es la nuestra…? ¿Cómo se puede decir que ya estamos en fase de recuperación económica y acto seguido reconocer de forma unánime que nuestra insoportable tasa de paro sigue y seguirá sin parangón en el mundo occidental, dando palos de ciego para combatirla…?

Durante su intervención en el Forum, el presidente del Eurogrupo, el holandés Jeroen Dijsselbloem, aseguró que España está dando “los pasos necesarios” para salir de la crisis (pero, claro está, sin salir de la crisis), afirmando al mismo tiempo que todavía quedan retos para consolidar la recuperación y que uno de los principales problemas es el “elevado” nivel de paro, especialmente entre la juventud (aunque sea más grave el paro en edades laborales medias), siendo preciso adoptar medidas al respecto (es decir, que las tomadas no han servido a ese objeto). En su opinión, es necesario alcanzar un crecimiento económico “sostenible y sólido” para poder solventar el problema, “lo cual no es fácil de conseguir”; ello supone, cuando menos, que todo lo que se está haciendo es insuficiente o que, simplemente y sin que quiera reconocerse, se sigue una política equivocada.

“Hay que ser valientes en lo político”, sostuvo Dijsselbloem, añadiendo que es preciso -ahí es nada- “convencer a los electores de que hay que hacer más ajustes”. En opinión del responsable del Eurogrupo, España es uno de los países que han adoptado reformas de calado para solucionar los problemas (“España ha modernizado sus políticas del mercado laboral, ha reformado los sistema de prestaciones y el sistema de contratación”), pero dejando bien claro que para recuperar el potencial de crecimiento a nivel europeo será preciso adoptar nuevas medidas que a corto plazo “no serán populares”: dígase entonces para qué han servido esas ‘reformas de calado’ y los tremendos recortes sociales del Gobierno y, de paso, por qué razón esas otras posibles medidas un tanto ‘milagrosas’ no se adoptaron ya hace dos años.

Michel Barnier, comisario europeo para el Mercado Interior y los Servicios, aseguró por su parte que las “dolorosas” reformas que se han impulsado en España “empiezan a tener impacto positivo”, haciendo que el país sea más competitivo (cosa más que discutible). Pero abundó igualmente en que “todavía quedan retos críticos que abordar” porque “el paro está a niveles inaceptables”.

MÁS DEBERES PARA RAJOY EN MATERIA LABORAL E IMPOSITIVA

Pero antes de esas dos intervenciones (las de Dijsselbloem y Barnier), justo después de las palabras de bienvenida al Forum que de forma sucesiva pronunciaron Ibon Areso (sustituto del alcalde de Bilbao, Iñaki Azkuna, por razones de salud), Luis de Guindos, ministro de Economía y Competitividad, e Iñigo Urkullu, lehendakari del País Vasco, la directora del Fondo Monetario Internacional (FMI), Christine Lagarde, lanzó un mensaje estelar conectado directamente con el último pronunciamiento que la propia institución hizo sobre España el pasado 20 de febrero, al presentar su Informe Final del programa de ayuda al sistema bancario español por parte de la UE (41.300 millones). Un ‘rescate’ bancario en toda regla iniciado en julio de 2012, cuando “España presenciaba una crisis del sector financiero sin precedentes en su historia moderna” y cuyo mérito se debió a Europa, y no al Gobierno de Rajoy, aunque éste cumpliera de forma precisa las exigencias del mismo.

En su intervención en el Forum, Lagarde presentó el consabido balance positivo sobre la marcha de la crisis y las no menos preceptivas tareas pendientes: noticias buenas y otras menos buenas que obviamente marcan el margen para mejorar, poniendo más deberes a España en algunos ámbitos sin duda conflictivos, como los relativos a la presión laboral y fiscal. Tras subrayar que los avances que se atisban en la economía del país se deben a las medidas adoptadas tanto en el sector financiero como en el sistema impositivo y con la reforma del mercado laboral (el ministro De Guindos habló en su bienvenida de una recuperación “tenue y suave” que requería mantener las reformas), advirtió que la misión está muy lejos de haberse concluido, reafirmando la evidencia de que el crecimiento sigue siendo demasiado bajo y el desempleo demasiado alto como para declarar el vencimiento de la crisis.

Por eso, la directora del FMI marcó al Gobierno de Rajoy nuevas directrices para fomentar el crecimiento económico y solventar el drama del paro, con una agenda y unas prioridades concretas que, entre otras cosas, evidencian el déficit de la política económica seguida hasta ahora, lo no hecho y lo pendiente de hacer hasta el momento. Estas son las referencias concretas de su discurso a la situación española:

Una hoja de ruta para el crecimiento y el empleo en España

Permítanme ahora referirme a España. Nuevamente, tenemos noticias buenas, y otras no tan buenas. En primer lugar, las buenas noticias.

España ha comenzado a recuperarse. Se ha reanudado el crecimiento en el segundo semestre de 2013 después de más de dos años. Las cifras de desempleo y empleo ahora están mejorando paulatinamente.

Las condiciones económicas y financieras han mejorado considerablemente. En efecto, desde la crisis, las exportaciones españolas han crecido a un ritmo más rápido que las de Alemania, lo que contribuyó a registrar un superávit en cuenta corriente por primera vez en 20 años. De hecho, aun si esto se debiera en parte a la debilidad de la economía, no deja de ser cierto que se trata de una de las mayores recuperaciones de la cuenta corriente registradas por una economía avanzada importante sin que medie una depreciación del tipo de cambo.

El programa de reformas de España

Esta recuperación puede atribuirse en gran parte al programa de reformas firmes y de amplio alcance que España ha puesto en marcha desde que estalló la crisis financiera mundial. Este programa se centra en tres pilares principales.

El primer pilar es el programa del sector financiero. Este programa ha sido un factor clave para el saneamiento de los bancos españoles.

En el marco de este programa, se evaluaron de manera transparente las necesidades de recapitalización de los bancos, que se vieron obligados a cubrir sus deficiencias, entre otras formas, a través de una línea de crédito de €1.000 millones abierta por Europa, y se reforzó la regulación financiera para asegurar que una serie de instituciones, como las cajas, no operen sin ningún control.

El segundo pilar de este programa es la reforma del mercado de trabajo. La crisis puso en evidencia una serie de problemas persistentes en el mercado de trabajo español. La reforma laboral de 2012 constituyó un importante avance, y contribuyó a la recuperación del empleo incluso en un momento en que la economía está comenzando a crecer.

El tercer y último pilar del programa es la reforma fiscal. El presupuesto pasó de un superávit en 2007 a un enorme déficit en 2009. Ante esta situación, se adoptaron una serie de medidas difíciles, junto con un control más riguroso sobre las finanzas regionales, que han permitido una mejora apreciable de la posición fiscal, a pesar de la recesión.

Soy plenamente consciente de que este programa de reformas fue difícil de aplicar. Requirió una gran capacidad de resistencia y determinación por parte de la población española. Sin embargo, no hay duda de que este conjunto de reformas que se refuerzan mutuamente está dando ahora sus frutos, y vemos cómo ha mejorado la confianza, la competitividad y, lo que es de fundamental importancia, el empleo y el crecimiento.

Agenda pendiente

Sin embargo, como en el caso de Europa, también en España las heridas de la crisis son profundas y tardarán varios años en cicatrizar.

Tal vez la herida más notable es la del desempleo. Durante la crisis, el desempleo pasó del 8% en 2007 al 26% en 2013.

Casi 6 millones de personas a las que les gustaría trabajar no tienen trabajo. La mitad de ellas -3 millones- no trabajan desde hace más de un año. Y cada día que pasan sin trabajar son menores sus posibilidades de conseguir un empleo en el futuro.

También es profundamente angustiante ver que el desempleo entre los jóvenes está muy por encima del 50%. No hay nada peor para los jóvenes que se incorporan al mercado de trabajo que ver socavados sus sueños y su potencial por la lacra del desempleo. Un largo período de desempleo durante la juventud deja cicatrices personales, sociales y económicas a largo plazo, entre ellas una reducción del ingreso vitalicio.

Prioridades de cara al futuro

Por lo tanto, ¿qué necesita España para iniciar también una trayectoria de mayor crecimiento y empleo de forma permanente?

Pienso ahora en lo que dijo el Presidente Rajoy en una ocasión: “España ha salido de la recesión pero no ha salido de la crisis, la tarea ahora es lograr una recuperación vigorosa que nos permita crear puestos de trabajo”.

Estoy totalmente de acuerdo: Crear puestos de trabajo debe ser el objetivo primordial para España.

¿Qué significa esto en términos prácticos? Significa que no se puede relajar el impulso de la reforma. Debe mantenerse el fuerte impulso de la reforma, y consideramos que será crucial seguir avanzando en tres ámbitos clave.

En primer lugar, las reformas del mercado de trabajo, que deberán profundizarse para que sean beneficiosas para todos.

Tanto las empresas como sus trabajadores deberán tener la seguridad de que podrán llegar a acuerdos adecuados sobre condiciones laborales y salarios. Este factor es esencial para la protección y la creación de empleo.

También es necesario apoyar directamente a los trabajadores, proporcionándoles capacitación para mejorar sus conocimientos profesionales y asistencia a los desempleados para conseguir un puesto de trabajo. Además, al reducir los costos tributarios de contratar trabajadores, en especial los de baja remuneración, los desempleados se enfrentarían a menos obstáculos para encontrar trabajo.

El segundo ámbito está relacionado con la deuda, que debería reducirse.

Para las empresas, esto significa ayudar a las que son insolventes pero reestructurar la deuda de las que son viables, de manera que puedan seguir operando y continuar invirtiendo y contratando a trabajadores.

Para el gobierno, esto significa seguir reduciendo el déficit fiscal de manera gradual y favorable al crecimiento, especialmente apoyándose más en los impuestos indirectos.

Por último, el tercer ámbito es el clima empresarial, que debe reforzarse.

Es necesario facilitar la creación y el desarrollo de nuevas empresas, lo que fortalecerá su capacidad para crear empleo. Es preciso mejorar la competitividad de las empresas, lo que también fomentará el empleo y la productividad.

Los planes del gobierno para liberalizar los servicios profesionales y fomentar el libre comercio entre las regiones españolas apuntan en gran medida en esa dirección.

En la conclusión de su discurso, la directora del FMI reiteró que las reformas necesarias para España que había descrito, supondrán años de grandes esfuerzos por parte del gobierno y la sociedad. Y describió su premura con una cita del Quijote: “La diligencia es madre de la buena ventura”.

Finalmente, instó a España (al igual que a Europa) a comprometerse con la aplicación de su ambicioso programa de reformas, porque la responsabilidad “no solo es restablecer un crecimiento vigoroso, sino también lograr que millones de personas puedan volver a trabajar”.

Con todo, y descontando algunas aseveraciones de su intervención más que discutibles, lo cierto es que la directora del FMI también dejó flotando en el ambiente las contradicciones entre el lenguaje propagandista del Forum y la insuficiente eficacia de la política con la que se está combatiendo la crisis, al margen de regalarle al Gobierno alguna loa como impulsor del acto. O, dicho de otra forma, Lagarde no dejó de ocultar la contradicción entro lo hecho y lo que Rajoy ha dejado de hacer hasta ahora.

LAS CRÍTICAS MÁS DURAS Y REALISTAS

Lo cierto es que, frente al apoyo dado al Gobierno por los empresarios que participaron en el Forum de Bilbao (que es el que suelen dar a todos los gobiernos), unidos en un clamor interesado por ampliar la reforma laboral, tampoco han faltado duras críticas a su formato y contenidos. Así, Caritas, que es la mayor organización caritativa y humanitaria de la Iglesia católica, echó en falta a través de su representación vizcaína la presencia en los debates de agentes sociales y personas comprometidas en la lucha contra el desempleo y la precariedad ciudadana.

El lehendakari Urkullu aprovechó su turno de bienvenida al Forum para defender el modelo económico vasco, con clara preponderancia industrial (y por ello con un nivel de paro mínimo), y el Concierto Económico, haciendo un alegato en favor de una economía “más humana” al tiempo que arremetía contra “la tiranía” de un mercado financiero “sin alma” que ha puesto en jaque al estado de bienestar.

También exigió a los bancos una contrapartida para que devuelvan el esfuerzo público recibido y dediquen parte de la ayuda a engrasar la economía real a través del crédito. La ayuda (léase ‘rescate’) al sector financiero español, que superó los 40.000 millones de euros, fue necesaria -dijo-, aunque sin dejar de provocar la incomprensión ciudadana, razón por la que en su opinión ha llegado el momento de que los ‘rescatados’ sean responsables y pasen a actuar ahora como ‘rescatadores’.

Por su parte, el también vizcaíno Joaquín Almunia, vicepresidente de la Comisión Europea y comisario de Competitividad, mantuvo en una entrevista previa a su intervención en el Forum, emitida en Radio Euskadi, que “no es sensato, ni razonable, ni justo” que la directora del FMI pidiera en el mes de febrero rebajar los sueldos españoles un 10% (ella se ha subido el suyo un 1,5%), afirmando: “Los sacrificios deben estar bien distribuidos y los economistas no podemos pedir algo que, en la práctica, es inviable: esa disminución de salario solo se puede aplicar en empresas en crisis y para evitar despidos”. La confrontada posición entre la CE y el FMI se debe a que este organismo es un “instrumento económico y financiero”, mientras que aquél lo es político y, como tal, “debe pensar en la gente”.

Y, apuntando a los errores de la política económica actual, en su turno como ponente de la Mesa Redonda titulada ‘Productividad, innovación y competencia: claves para la competitividad’, Almunia no dejó de advertir sobre el error que supone dar por hecha la recuperación económica, como algunos hacen, cuando en realidad todavía no ha llegado (la verdad es que nadie la puede ver por ningún lado), alertando sobre los proteccionismos en tiempos de crisis…

Pero las críticas más duras y realistas (veladamente dirigidas al Gobierno de Rajoy y al propio FMI) estuvieron en boca del secretario general de la OCDE, Ángel Gurría. En una jornada caracterizada por las buenas palabras sobre la dudosa reactivación de la economía española (el propagandismo gubernamental), plagada de ‘peros’, el balance general de Gurría fue tan claro como rotundo: los niveles de crecimiento mundial -y en especial en la zona euro- son bajos, el medio y largo plazo resulta poco halagüeño, a los bancos centrales les quedan pocos cartuchos de política monetaria y los gobiernos carecen de más gasolina fiscal para impulsar la economía.

Y denunció de forma descarnada el legado de esta devastadora crisis: una creciente desigualdad y una desconfianza en las instituciones creadas en el pasado siglo XX. Una crisis interminable de la que, en su opinión, sólo se puede salir aplicando nuevas reformas.

Centrado en el caso de España, el máximo representante de la OCDE recalcó la necesidad de mejorar la productividad (cosa distinta de la ‘competitividad’), más allá del manido recorte de los salarios: “Hay una cuestión de productividad que no tiene que ver con el nivel absoluto de los salarios, tiene que ver con la remuneración del trabajo y lo que ese trabajo produce en una hora. La mejor forma de mejorar los salarios es mejorar la productividad. Hay que enfocar la atención en eso y no en unos niveles altos o más bajos de salarios” (su disconformidad con las tesis de reducción salarial del FMI y con la praxis seguida en España fue evidente).

Gurría aseguró que “vivimos en un contexto muy complejo, las cifras de crecimiento son modestas y el medio-largo plazo deja mucho que desear en las economías del mundo y en especial en Europa, y los instrumentos tradicionales los hemos agotado”. Y añadió de forma concluyente: “Los tipos de interés son cercanos a cero en Estados Unidos, Europa, Japón Reino Unido… Y la política fiscal la gastamos toda para salir del agujero, los ratios de deuda con relación al PIB han aumentado en 30 puntos porcentuales en los países de la OCDE, hasta el 100%. Así que, ¿qué nos queda…?”.

A su entender, la respuesta a esa pregunta es “lo estructural, las reformas en educación, impuestos, mercado de trabajo, regulación I+D, crecimiento verde, innovación…”, insistiendo en que “esas son las cosas que nos van a salvar”. Y lamentó que, si bien la economía española ya ha equilibrado su cuenta corriente con Europa y sus exportaciones evolucionan positivamente (las medidas del Gobierno parece que empiezan a funcionar), “muchas de estas medidas se han empezado a tomar tarde”.

RAJOY EN SU PAPEL: NINGUNA APORTACIÓN Y A VERLAS VENIR

Con todo, la actitud adoptada por el presidente Rajoy en el Forum fue típica del personaje: total autocomplacencia, ignorar los problemas reales y ver de qué forma alguien se los arregla sin su aplicación personal.

Autocomplacencia porque la satisfacción que le produce el balance de su medio mandato presidencial ya consumido, quedó bien patente en el propio lema del ‘Global Forum Spain’ (‘España: de la estabilidad al crecimiento’). Toda una falacia conceptual, con funciones de falso slogan publicitario.

Desprecio de la realidad porque, tras sacar pecho por el éxito de su plan de reformas, todavía invisible o con logros realmente pírricos, en su esperado discurso de clausura Rajoy pasó de puntillas por la gran lacra española: el paro con todo lo que arrastra. ¿O acaso dio alguna respuesta a las cruciales cuestiones planteadas en los debates…? ¿Aclaró las dudas latentes…?

Y quedarse a verlas venir porque lo suyo fue endosar las nuevas reformas a la UE, diciendo que las medidas ya tomadas -no habló de ninguna adicional- han sido “esfuerzos a nivel nacional que deben ser complementados con actuaciones a nivel europeo”. En muy pocos minutos, con extrema rapidez y mucha menos explicación, el presidente Rajoy pidió que Europa moviese ficha, remarcando la necesidad de avanzar en la unión bancaria y fiscal y reclamando a corto plazo, sin que nadie llegase a tener conciencia cierta de a quién se dirigía, “medidas para favorecer la liquidez en las economías que se están viendo más afectadas en su acceso a los mercados”.

Porque, ¿de qué crédito a España se puede hablar, y quién y a qué precio lo podría dar, con una deuda pública que el Gobierno de Rajoy ha elevado a casi el 100% del PIB…?

Total: un discurso presidencial que entremezcló vanaglorias y logros más que discutibles con irrealidades, análisis erróneos y exigencias sin destinatario cierto, en un marco propagandista y contradictorio por partes iguales y rebosante de comparsas decorativos, agendas y deberes pendientes, cosas por hacer, muchos flecos sueltos... A la postre, ‘marianismo’ en estado puro. ¡Dios nos guarde!

Hace exactamente un año, el domingo 24 de febrero de 2013, dedicábamos nuestra Newsletter nº 50 al correspondiente debate sobre el ‘estado de la Nación’. Y lo describíamos como una artificiosa pantomima propia de la degeneración intelectual en la que se ha instalado la política, vacua y superficial, afirmando que, como tal debate, ya no tiene audiencia ni crédito social alguno, de exclusivo interés para los beneficiarios de los pesebres partidistas y para quienes viven de la información parlamentaria, que son los mejores cómplices de esa lamentable situación.

Su última versión (la 24 edición desde su instauración), iniciada el pasado 25 de febrero, ha sido un ‘más de lo mismo’ en toda regla. Porque ¿de qué debate estamos hablando si, para empezar, el presidente del Gobierno no reconoce y valora de forma precisa en su discurso inicial los auténticos problemas del país (que son los problemas ciertos de sus ciudadanos) para poder debatir y afrontar, a partir de ellos, las soluciones que requieren…? ¿De qué sirve un debate sobre la situación imaginada de una España que no existe y por tanto perfectamente invisible para la inmensa mayoría de sus ciudadanos, y claramente contradictoria con la real, la que sí conocen y les ahoga en su vida cotidiana…?

Y sin que deje de asombrarnos que el propio Rajoy reconociera en algún momento de su discurso, y lo espetara a la oposición, que “no se puede corregir lo que no se quiere reconocer”. Una clara proyección de su propio  error sobre espaldas ajenas y rayano, más allá del lapsus, en una hipocresía política desvergonzada…

VACUIDAD, PREVISIBILIDAD Y FANFARRIA PARLAMENTARIA

El caso es que, como sucedió hace un año, se ha vuelto a tratar, ni más ni menos, que de un debate sobre la irrealidad (sobre ‘la nada’ o sobre el ‘estado de la Nada’). Y más bien de un concurso de habilidades dialécticas y frases ingeniosas, de búsqueda de titulares de prensa oportunistas, por no decir de chascarrillos diversos, para solaz entretenimiento sobre todo del presidente del Gobierno y del jefe de la oposición, con los portavoces de las minorías parlamentarias prácticamente fuera de juego, que infravaloradas por el ventajismo político de las mayorías siguen pintando menos que un cero a la izquierda.

En definitiva y en general, hemos vuelto a soportar un ejercicio de dialéctica política barata, en el que en apariencia termina ganando el más ocurrente o el más agudo, en opinión exclusiva de los medios informativos (la mayoría pagados como corifeos del sistema) y en la más interesada de los mismos partidos en liza. Aunque, con tal práctica, más que ganar uno u otro, todos -incluida la propia democracia- acaben perdiendo ante la opinión pública.

El debate sobre el ‘estado de la Nación’ no es otra cosa que un gratuito enfrentamiento de pura fanfarria parlamentaria, en el que uno de los contrincantes gana al otro de forma contundente o a los puntos, o en el que ambos quedan en tablas, sin que ese resultado tenga nada que ver con lo que los ciudadanos podrían esperar de él, que sólo es el reconocimiento de sus problemas y los acuerdos para instrumentar las soluciones pertinentes.

Pero lo más estrambótico del caso es que, gane quien gane el debate, esas esperadas soluciones nunca llegan. Entre otras cosas porque la aprobación de las ‘propuestas de resolución’ finales (que los palmeros de la vida parlamentaria no dudan en calificar calificar de ‘importantes’) carece de fuerza legal alguna y jamás han servido para nada (por eso hablamos del estado no de la nación sino de la Nada), siendo a la postre un numerito más del teatro parlamentario.

EL TEDIOSO ELECTORALISMO DE SIEMPRE

Y el hartazgo social del debate de marras es tan grande, y sus contenidos son ya tan previsibles, que, incluso antes de comenzar, los comentaristas políticos más avezados se permitieron el lujo de ‘clavar’ crónicas anticipadas de lo que, de forma inexorable, iba a terminar sucediendo. Sin ir más lejos, aquí tienen el artículo de opinión que el experimentado columnista Raúl del Pozo publicó en El Mundo (25/02/2014), justo antes de que el presidente del Congreso de los Diputados, Jesús Posada, diera por abierto el debate y cediera la palabra al presidente Rajoy para hacer su exposición inicial:

Debate del tedio

Los descreídos ven el Debate sobre el estado de la Nación -que han ocultado hasta las vísperas- como un trote retórico, un coñazo. Aburrido, sin morbo, un tiroteo dialéctico de los dos predicadores del bipartidismo.

Mientras, crece la desconfianza hacia los políticos. Los dos partidos grandes necesitan agarrarse el uno al otro para no caerse sobre el sudario de una lona pútrida. Se enrocan en una Constitución sobre la que lo mejor que se dice es que hay que cambiarla.

«No habrá sangre, se tapará con habilidad retórica la turbiedad de la corrupción. Uno hablará de economía y otro de paro, pero a cada uno de ellos le va bien el otro», reconoce un experto.

Son horas para la prudencia y, como dice el periodista político Manuel Sánchez, «de Alfredo y Mariano nos lo sabemos todo: sus tics, sus coletillas, sus gestos». Pasarse la mitad de la vida con el cuerpo en el escaño agota el talento; en una democracia retenida no se renueva la jerigonza. No hay que esperar de estos debates cortesía, tolerancia o ingenio, sino un escaparate de antigüedades.

«Dejadme solo», ha dicho Mariano Rajoy a sus asistencias, como los matadores que quieren triunfar. Ha escrito el discurso de su puño y letra. Si acaso, ha pedido algunos datos, porque será una intervención muy tecnocrática, por lo menos en la primera parte.

Ante un Congreso constituido en plató, intentará reconquistar a la clase media alejada de su proyecto prometiendo algunas rebajas fiscales.

Como orador es eficaz, prefiere las palabras que ayudan a las que gustan. Dirá que hemos dejado atrás el infierno, que la prima de riesgo mejora. En la M-30 se hablará de las elecciones europeas y del posible retoque en el Gobierno. No se sabe a estas alturas si De Guindos se escapa al FMI o si Arias Cañete va a salir del Gobierno para ser candidato a las europeas, a la Presidencia de Europa o a un puesto en la UE. No habrá mucho revuelo con ETA ni con Cataluña. Alfredo y Mariano están de acuerdo en lo esencial.

La Izquierda Plural -verdosos, rojeras, anticapitalistas contra los chacales neoliberales- va a proponer una resolución para derogar el artículo 135 de la Constitución, el que cambiaron Zapatero y Rajoy en una conversación telefónica, cuando acordaron la primacía de la deuda sobre la soberanía. «Pero -les digo-, para eso no tenéis mayoría». «Sí, pero así veremos cómo se retrata el PSOE en el Debate». Y me citan la famosa teoría de John Adams: «Hay dos formas de conquistar y esclavizar a una nación. Una, a través de la espada. Otra, a través de la deuda».

Pero esta crónica de un debate anticipado como cansino, insulso y desde luego políticamente inservible, no ha sido cosa extraña o excepcional. Otros muchos augures informativos adivinaron cuáles serían los puntos esenciales de la postura gubernamental y también, aunque sean menos trascendentes, las críticas de los distintos grupos parlamentarios.

Por poner un ejemplo, Marisa Cruz anticipaba con acierto en El Mundo que el presidente Rajoy destacaría cómo España habría superado la situación de ‘extrema gravedad' y que dibujaría sin mayor precisión los rasgos de una reforma fiscal beneficiosa para familias y discapacitados. Y que la oposición incidiría en el paro y los recortes sociales, el inmovilismo ante el problema catalán y la corrupción del PP...

Así, escribió que los ejes por los que iba a discurrir la intervención inicial de Rajoy, sin límite de tiempo, estaban claros. La economía sería su principal baza, porque no en vano a ella se había dedicado prácticamente en los más de dos años de legislatura transcurrida (desde luego con un balance muy discutible). Puntualizando que la clave de su discurso giraría efectivamente en torno a la idea de que España ha conseguido superar ya la situación de “extrema gravedad” en que se encontraba cuando llegó a la Presidencia del Gobierno, destacando la gestión reformista por él realizada, reconociendo el esfuerzo de los españoles y admitiendo que los progresos aún no son plenamente satisfactorios.

Además, Rajoy intentaría abrir un hueco a la esperanza garantizando que, en los dos años que restan de legislatura -escasos-, los datos positivos que según él ya se detectan en las cifras macroeconómicas evolucionaran hacía una franca mejoría en 2015. Y también era de esperar, como ocurrió, que tratara de vender un futuro económico optimista, elevando las previsiones de crecimiento, apuntando la perspectiva de creación de empleo neto para la segunda mitad de 2014, exhibiendo el incremento de las exportaciones, hablando de la recuperación de la confianza en España y, por supuesto, haciendo hincapié en que se ha alejado definitivamente el fantasma del rescate y se ha reducido la prima de riesgo en 200 puntos…

Con estas bazas en la mano, acompañadas por el anuncio de la agencia Moody’s revisando ligeramente al alza la calificación de España, Rajoy insistiría -anticipaba Marisa Cruz- en tratar de convencer a los electores (porque ese era el objetivo) de que el camino de la recuperación ya se ha iniciado y que más pronto que tarde lo percibirán en su vida cotidiana. No en vano estamos en la antesala de una sucesión de comicios electorales (europeos, locales, autonómicos y legislativos) realmente decisivos para el futuro del presidente del Gobierno, del PP y del propio sistema político.

CUANDO NADIE GANA Y TODOS PIERDEN

Pero, en coherencia con la previsibilidad del discurso inicial de Rajoy, carece de interés volver a analizar y comentar con detalle sus consabidas y frívolas referencias de política macroeconómica, con avances poco visibles o pírricos (cuando no mentirosos) en materia de crecimiento económico, desempleo, créditos de la banca, exportaciones…, y no pocos olvidos de gran interés social (sanidad, educación, aborto…), sin reconocer siquiera la realidad que debe gobernar. Por tanto, parece imposible que pueda priorizar los graves problemas que soporta, remitirlos a la acción de gobierno (todo son intentos de escaso alcance y tardíos), convertido en un consumado maestro en la ocultación de las cifras y datos que más comprometen su nefasta gestión de la crisis económica y sus tremendos recortes sociales, pero exultante a más no poder ante la inocua palabra del líder socialista, abrumado -por no decir hundido- por el peso de su carcomida historia.

Ya se verá, dentro de muy poco, si las nuevas promesas realizadas por Rajoy en su discurso parlamentario del pasado 25 de febrero, responden o no a su compromiso político con la sociedad española, o sólo a los acuerdos adoptados en el Consejo de Europa, a las directrices de la Comisión Europea y a los intereses del establishment empresarial y financiero; si se llegan a instrumentar las reformas institucionales verdaderamente necesarias al país y en la medida adecuada; si se alcanzan más claridad en la lucha contra la corrupción y más decisión en combatir el paro; si se llega a restaurar una economía productiva… Y, en su caso, y al margen de sus cínicas habilidades discursivas, Rajoy remonta o perjudica más la pésima valoración social de su gestión política.

Y tampoco merece mucho la pena comentar la intervención de Alfredo Pérez Rubalcaba en el mismo marco de debate, porque como perfecto ‘muerto viviente’ de la política nacional no merece más consideración que la de sparring-partner parlamentario; un ‘saco de patatas’, en lenguaje boxístico, con el que hacer guantes para conservar con comodidad el título de la categoría frente a la esperanza irremisiblemente perdida del aspirante. Llevan razón los populares cuando afirman que no les interesa la sustitución de Rubalcaba como líder socialista.

Eso sin considerar los enredos internos del PSOE, su desencuentro con el PSC (ganado a pulso por los torpes consentimientos previos de Rodríguez Zapatero), sus enredadas propuestas federalistas con las que pretende agrandar los problemas de la organización territorial del Estado, en vez de reducirlos, y, en fin, su contumaz negativa a afrontar la necesaria catarsis interna que permita a su partido, entre otras cosas sustanciales, poder desprenderse del letal lastre ‘zapateril’…

Rajoy no brilló políticamente (ganar el debate parlamentario aunque sea a los puntos es otra cosa mucho más fácil), pero firme y autocomplaciente, y a pesar de su falta de sensibilidad social, salió vivo de su enfrentamiento con un Rubalcaba eclipsado y sin ideas con las que acompañar su también duras y manidas críticas electoralistas, muy similar al de Izquierda Plural. Cierto es que quedaron patentes las diferencias ideológicas entre ambos, cosa conveniente, pero el apocalipsis no prevaleció sobre el triunfalismo y quizás tampoco éste sobre aquél, de forma que a la pregunta de si el debate lo ganó Rajoy o lo ganó Rubalcaba quizás se debería responder que lo perdieron ambos.

Y ello a pesar de que Rajoy, más allá de la superficialidad de su discurso, haya defendido una realidad económica (o macroeconómica) que no existe; es decir, haya vendido humo y sólo humo, dejando fuera del debate los problemas ciertamente sustanciales del momento. Y de que, en definitiva, carezca de credibilidad, siga alejado de la realidad más evidente, no exhiba la más mínima sensibilidad social y continúe asomado al borde del abismo…

ROSA DÍEZ LE CANTA A RAJOY LAS VERDADES DEL BARQUERO

Lo más llamativo del debate es que, al igual que sucedió en su anterior edición, ha sido la líder de la todavía minoritaria UPyD, Rosa Díez, quien mejor le ha puesto las peras al cuarto a Rajoy, descosiendo las costuras de su discurso triunfalista y mentiroso con hechos, cifras y datos directamente conectados con los intereses y las demandas sociales. Un acierto bien apreciable desde la modestia de su actual posición política y parlamentaria, que el presidente del Gobierno trata de ningunear de forma sistemática con muy poca visión de futuro y demasiada soberbia, a veces rayana en la mala educación.

Cierto es que en el debate de marras Rajoy pudo ganar retóricamente a Pérez Rubalcaba (otra victoria intrascendente de políticos miopes), pero ¿qué valor tiene tal ejercicio dialéctico? ¿Acaso eso interesa a los españoles en la actual situación de crisis general, en la que PP y  PSOE, los partidos mayoritarios, deberían trabajar codo con codo para sacar el país adelante…?

La realidad del último debate sobre el ‘estado de la Nada’, es que Rosa Díez puso mejor que nadie el dedo en la llaga y cantó a Mariano Rajoy, con letra y música muy afinadas y comprensibles en términos de calle, las ‘verdades del barquero’, sentando las bases objetivas de lo que debiera haber sido, y que no fue, un verdadero debate sobre la gravísima deriva social por la que marcha el país, ahondando de paso en el desprestigio del Gobierno. Una realidad esencial despreciada por el presidente Rajoy, pero que le puso muy nervioso, y sólo utilizada por la oposición socialista a golpes perdidos de conveniencia electoral y con la culpa retrospectiva de haber sido parte del problema.

Por esa razón, sin ánimo propagandístico alguno y sólo como resumen de un análisis sobre la situación política que consideramos acertado, dedicamos el resto de esta Newsletter a reproducir íntegramente la versión escrita de la intervención principal de Rosa Díez en el debate sobre el mal llamado ‘estado de la Nación’ iniciado el pasado 25 de febrero, en la convicción de que fue de lo más sensato que se pudo escuchar en el mismo:

Si vamos a debatir sobre el estado de nuestra Nación, conviene que nos atengamos a los hechos. He aquí algunos titulares extraídos directamente de datos oficiales:

Como usted podrá comprobar, frente a las valoraciones -siempre subjetivas- están los hechos. No está bien España, Presidente. A mí no me consuela pensar que las cosas podían haber ido peor, ni me parece positivo que usted lo haga. Alardear, a estas alturas y con lo que está pasando la gente, de que “no hemos sido rescatados” como único logro (falso, por cierto), denota una falta de ambición de país verdaderamente alarmante.

Presidente, ante este panorama no debiera usted permitirse el lujo de presumir. Con este panorama lo que usted debe hacer es asumir su  responsabilidad y hacerse algunas preguntas. Por ejemplo:

¿No se pregunta usted cuánto ha contribuido su Gobierno al crecimiento de la pobreza y la desigualdad entre españoles?

¿No se pregunta en qué medida es usted responsable de las insoportables cifras de pobreza, de desigualdad, de falta de igualdad de oportunidades, de falta de esperanza y expectativa en el futuro en la que viven millones de nuestros conciudadanos?

¿Recuerda cuántas veces se han negado ustedes a levantar un cortafuego contra la exclusión, implantando una renta mínima sin límite de edad para los preceptores, homologable en toda España?

¿No se considera usted responsable de que España sea el país de la Unión con mayor tasa de pobreza infantil? ¿No es usted responsable de que la lucha contra la pobreza infantil no haya pasado de ser mera retórica en las declaraciones de su gobierno?

Por otra parte, ¿a qué viene sacar pecho por la bajada de la prima de riesgo o por los “piropos” envenenados que recibe del FMI o de la troika por nuestros avances si para llegar a esta situación su gobierno se ha limitado a obedecer instrucciones y nos siguen poniendo deberes?

¿Acaso ha olvidado que cada vez que le criticábamos la adopción de medidas injustas usted nos decía que estaba haciendo lo contrario de lo que quería hacer, que “no somos libres” (textual)?

Siendo eso así, ¿por qué se atribuye ahora el “mérito” de la bajada de la prima de riesgo o el estancamiento -que no recuperación- de nuestra economía? Eludir -como ha hecho siempre- la responsabilidad de las políticas de ajuste, que han sido nefastas, y luego atribuirse el mérito de haber salido de la recesión (mérito que, en todo caso y según su Ministro de Interior ha de compartir con Santa Teresa) es, francamente, deshonesto.

Luego está la parte de su discurso en la que hace promesas. Entiéndame, Presidente.

¿Por qué vamos a creer ahora su anuncio de bajar los impuestos en el año 2015 si su Gobierno empezó a incumplir su compromiso de no subirlos a la semana siguiente de su investidura?

¿Por qué no empieza por explicarnos los motivos por los que ha preferido subir cuarenta veces los impuestos y crear diez figuras tributarias nuevas en vez de meter mano a ese 24,6% de economía sumergida? ¿Por qué no nos dice, de verdad, los motivos que le llevaron a amnistiar a los defraudadores en vez de perseguirlos?

Presidente, cuando usted llegó al Gobierno tenía la obligación de enfrentarse a dos importantes retos: la crisis económica y social y la baja calidad de nuestra democracia. Demostradas están las consecuencias de su política económica, social y de empleo: más desigualdad, más injusticia, más pobreza, menos empleo, más precariedad.

Hablemos ahora de la calidad de nuestra democracia.

Presidente, ¿Se le ha ocurrido preguntarse cuanto ha contribuido su Gobierno al envilecimiento de la vida política?

Su primera obligación política era contribuir a aumentar la calidad de nuestra democracia, que ciertamente era baja cuando usted llegó al Gobierno, aunque usted me lo negara en el debate de investidura. Pero lejos de hacerlo –lejos siquiera de planteárselo-, la actitud de su Gobierno ha provocado que se incremente el deterioro, que los ciudadanos cada vez confíen menos en la política y que crezca el desapego hacia las propias instituciones democráticas.

No sé si usted lo habrá pensado, pero su renuncia a comparecer y dar explicaciones -recuerde lo que nos costó, por poner sólo un ejemplo, que aceptara siquiera que debía dar explicaciones sobre el llamado caso Bárcenas y su implicación y responsabilidad política y en el mismo-, su retirada frente a todo y frente a todos, su renuncia a tomar la iniciativa, su voluntad deliberada de hurtarnos los debates sobre asuntos clave como la corrupción, la monarquía, la independencia judicial... le convierten a usted en el Presidente más antipolítico que hemos tenido en toda la etapa democrática.

¿Acaso cree usted que es posible superar la crisis económica y social sin enfrentarse a la crisis política y de valores que infectan todas nuestras instituciones?

¿Cuándo va usted a asumir su responsabilidad por haber querido tapar los escándalos de corrupción política?

¿Acaso no formaba parte de esa estrategia de ocultación -compartida con otros, por supuesto- el hecho de pactar que de ese asunto no se hablaba en los debates televisados de la campaña electoral o no abordar el asunto en el debate de investidura hasta que UPyD lo puso sobre la mesa?

¿Recuerda usted cuantas veces nos han negado en esta misma Cámara que la corrupción es un problema institucionalizado en nuestro país, que lastra nuestra recuperación y avergüenza a nuestra democracia

¿Recuerda usted cuántas veces nos han increpado por traer a la Cámara el debate y por plantear propuestas de reforma del Código Penal, de la Ley Electoral, de la Ley de Financiación de los Partidos Políticos o sobre la transparencia de los sueldos públicos...?

¿No es usted consciente de que su elusión de las preguntas de los periodistas, el abuso del Real Decreto, su negativa a contestar a los diputados y a comparecer para rendir cuentas por los escándalos de corrupción que le alcanzan de lleno y en primera persona -penoso el Pleno del 1 de agosto al que llegó arrastrado por la presión y en el que no dijo la verdad e incurrió en la mayor de las irresponsabilidades: culpar a quienes denunciaron los hechos y no contestar a ninguna de nuestras preguntas-, son un freno para la recuperación de nuestra economía y hacen un daño incalculable a nuestra democracia?

Presidente, su renuencia a debatir demuestran que usted confunde, como la mayoría de sus ministros, la democracia con la tecnocracia. Y así no será posible acabar con la corrupción ni salir de la crisis.

Presidente, desde nuestro Grupo Parlamentario no compartimos su diagnóstico sobre la situación de España y, en consecuencia, no compartimos las medidas que hay que poner en marcha para superar esta triple crisis que asola a nuestro país y que acogota a nuestros ciudadanos.

En las propuestas de resolución que se verán al finalizar este debate les plantearemos una serie de medidas que van desde políticas activas contra la pobreza infantil, políticas de empleo, de protección de desempleados, medidas de política energética, de regeneración democrática, de reforma de las administraciones públicas, de refundación del Estado, de separación de poderes, educativas, de impulso de una sanidad pública y de calidad igual para todos los españoles...

Pero quiero ahora detenerme en una cuestión muy importante que venimos planteando en los últimos años. Me refiero a una reforma fiscal integral, que aborde todos los elementos que merecen ser revisados y que, de una vez por todas, defina un modelo fiscal justo y progresivo, homologable con Europa, y que garantice un horizonte de sostenibilidad que no esté sometido a las ocurrencias o necesidades puntuales del Ministro de turno.

Desde Unión Progreso y Democracia proponemos una Reforma Fiscal que dé respuesta a los dos grandes problemas de nuestro sistema tributario: hay muchos ciudadanos que pagan demasiado (rentas trabajo en IRPF, IVA educativo y cultural); hay demasiados ciudadanos que pagan menos de lo que debieran (porque defraudan y eluden).

Comenzaré por esta última cuestión: cómo conseguir más recursos para poder hacer frente a nuestros compromisos y prestar mejores servicios los ciudadanos a la vez que se bajan los impuestos. La primera medida es abordar, de una vez por todas, la disminución del gasto superfluo.

No pueden disociarse los impuestos que se recaudan del gasto público que se pretende financiar con ellos. Los españoles pagan una estructura administrativa insostenible, incrementada en los años de la burbuja y apenas disminuida. Para aliviar la carga fiscal, es requisito previo imprescindible evitar el derroche y el gasto innecesario. Es también una de las formas de legitimar el Sistema Fiscal. Es necesario un recorte estructural del gasto público superfluo equivalente a 3 puntos del PIB, como mínimo. Sin eso, sus promesas de bajar los impuestos no dejan de ser otro intento de engañar a los ciudadanos para ganar las elecciones.

Presidente, usted conoce nuestras propuestas al respecto, aunque no sea más que por las veces que las han rechazado:

Otro requisito previo, sin el que tampoco es posible bajar los impuestos, es la lucha contra el fraude fiscal.

Ustedes no sólo han ignorado este instrumento de eficacia y justicia contributiva, sino que han preferido amnistiar a los defraudadores. Resulta imposible lograr un sistema fiscal equitativo renunciando a ingresar cada año, merced al fraude fiscal que ustedes no persiguen, 8 puntos del PIB, 80.000 millones de euros.

Para perseguir el fraude fiscal se requiere algo más que discursos. Es preciso dotar a la Agencia Tributaria de medios materiales y humanos hasta que alcance ratios similares a los del resto de países de la UE; es preciso que la Agencia se rija por un Estatuto Orgánico que garantice su independencia; y hemos de implementar una mayor coordinación entre Administraciones Tributarias y de estas con la Seguridad Social, reforzando el intercambio de información con la Inspección de Trabajo para lograr un mayor grado de eficacia en la persecución del fraude en aquellos sectores con un gran volumen de economía sumergida.

En este mismo capítulo proponemos el agravamiento del delito fiscal, estableciendo una pena temporal de inhabilitación especial para actuar como administrador, apoderado, directivo o representante de entidades mercantiles a quienes fueren condenados por delitos fiscales.

Sólo si se cumplen estos requisitos previos es posible una bajada significativa de impuestos que pueda tener permanencia e irse ampliando, en el medio y largo plazo en la medida que la lucha contra el fraude y el recorte de gastos superfluos comience a dar sus frutos.

En cualquier caso, a la espera de que con tales bases sea posible profundizar en estas bajadas en el futuro, es preciso iniciar ya una bajada selectiva de impuestos a quienes pagan demasiado, sobre todo a las rentas del trabajo dependiente, que pagan impuestos nórdicos del 52%, sin disfrutar de un Estado del Bienestar nórdico.

He aquí algunas de nuestras propuestas:

Para combatir la elusión fiscal de quienes tienen altas rentas o patrimonio y, por tanto, capacidad de pago, propondremos medidas para aflorar las bases imponibles ahora ocultas, planteando medidas que garanticen la transparencia fiscal en las instituciones de inversión colectiva como en la mayoría de países de la UE, modificando a tal efecto el tratamiento a las SICAVs, revisando los gastos fiscales (deducciones, exenciones, bonificaciones) que hoy ascienden a 4 puntos del PIB, gravando especialmente determinados medios de transporte de lujo, revisando el Impuesto de Patrimonio para que recaiga sobre las grandes fortunas y no sobre las clases medias y limitando el margen de CCAA y Ayuntamientos para alterar o modificar ese impuesto y otros como el de Sucesiones y Donaciones.

En definitiva, Presidente, y de forma previa a que abordemos en detalle la reforma fiscal integral que nuestro Grupo presentará próximamente, nuestra propuesta permitirá incentivar el crecimiento y disminuir el déficit, redistribuyendo de manera más justa la carga y aliviándola de verdad para aquellas personas que pagan ya más de lo que deben.

Frente a este conjunto de propuestas concretas y realizables usted nos viene a contar lo de siempre: palabrería y engaño. Ustedes ya no tienen credibilidad, porque antes de las elecciones prometieron bajar los impuestos y tardaron una semana en subirlos, con esa burda disculpa de que el déficit en vez de 6 era de 9. Si para reducir el déficit de seis puntos su receta consistía en bajar los impuestos, nadie se explica cómo al “descubrir” que era mayor lo que hicieron fue optar por subirlos en vez de reducirlos más de lo anunciado. Vamos, si nos lo explicamos: nunca tuvieron intención de bajarlos, sólo intentaron, y lo consiguieron, engañar a los españoles con falsas promesas. Pues ahora insisten en compromisos simulados y diferidos, a ver si cuela. Una vez más, publicidad engañosa.

Presidente, voy finalizando retomando el hilo de mis primeras palabras. La radiografía del país nos da una imagen sombría, impropia de una de las primeras economías del mundo; y, lo que es peor, nos ofrece unos datos sobre la forma en la que sobreviven nuestros ciudadanos que resulta inaceptable para quienes defendemos la justicia social y el estado del bienestar.

No son palabras huecas, Presidente. No se puede afirmar que España va bien mientras las personas que sobreviven con una renta mínima de inserción soportan además un trato diferente dependiendo de la parte de España en que viven. Quien proclama los derechos ha de garantizar que sean efectivos en condiciones de igualdad. ¿Cómo se explica que en Andalucía cobren la renta mínima 34.000 ciudadanos, frente a los 86.000 que acceden a ella en El País Vasco o los 1.178 que la perciben en Extremadura? ¿Cómo se justifican las diferencias de renta percibida por las personas que más lo necesitan, multiplicadas por cuatro según en la parte de España en que residan? Presidente, el Gobierno no puede desentenderse ante datos oficiales que confirman que las autonomías con más paro y menor renta son las que menos protección ofrecen a los ciudadanos que más lo necesitan. La defensa del interés general es también garantizar la igualdad a todos los españoles; la distribución competencial no puede ser una coartada para que siga creciendo la desigualdad entre nuestros conciudadanos.

Otro dato desolador al que me referí al inicio de esta intervención es el de la pobreza infantil. Según los datos publicados por Save the Children, en España hay 8.300.000 niños, de los cuales 2.500.000, el 30% viven en hogares que sufren pobreza relativa (ingresos por debajo del 60% de la media) y 2.800.000, el 33%, viven en riesgo de pobreza y exclusión. Decenas de niños de nuestros barrios, compañeros de clase de nuestros hijos o nietos, van cada día a la cama con hambre. Decenas de miles de niños españoles sufren malnutrición. Decenas de miles de niños españoles sólo comen una vez al día, en el colegio, allá donde no se han suprimido las becas de comedor. ¿Dónde han quedado los compromisos de un plan integral de lucha contra la pobreza infantil? ¿Acaso no podemos detraer de esas otras grandes cifras injustificables (duplicidades administrativas, diputaciones provinciales, fraude fiscal, rescate injustificado e irrecuperable a un buen número de entidades financieras...) los 8.000.000 de euros necesarios para dar respuesta a este drama que avergüenza nuestro presente e hipoteca nuestro futuro como país?

Presidente, España no está bien. El paciente no ha conseguido superar la crisis y el organismo, la nación, está cada vez más debilitado. No coincidimos en el diagnóstico, bien que lo lamento; porque sin un diagnóstico común es imposible trabajar juntos para resolver los problemas. Una vez más, le tendemos la mano, porque nos importa España, que no es otra cosa que los españoles.

Ha escuchado usted nuestras propuestas y nuestro análisis. Espero su respuesta.

EL DIVORCIO DEL GOBIERNO DE RAJOY CON LOS GOBERNADOS

Lo dicho. Reconocemos que, de forma excepcional, esta Newsletter se dedica a la mejor gloria de Rosa Díez (la verdad es que ya lo hicimos en la anterior edición del mismo debate), sobre todo como evidencia del divorcio que el presidente Rajoy ha consumado con las bases sociales del país, incluyendo a quienes debe el haber llegado a La Moncloa. Un inmenso error que terminará muy probablemente en violencia electoral, como en los casos de maltrato familiar, ahora a cuenta de un impresentable machismo político aplicado desde los púlpitos del poder nada menos que al pueblo soberano.

Una peligrosa forma de ejercer la política, en la que los españoles del hambre y la miseria, de la emigración y la desesperanza, de las estafas bancarias, del paro y de los desahucios con suicidios incluidos…, que ya son demasiados, habrían podido patear el alma de Rajoy de haber escuchado algunas de sus frases más desafortunadas y temerarias, por no decir falaces, durante la artificiosa pantomima -y, repetimos, extremadamente cínica- del debate sobre el ‘estado irreal de la Nación invisible’, en una situación tan dramática como la actual: “(…) Ha variado nada menos que el rumbo, señorías: hemos invertido la dirección de nuestra marcha; hemos pasado del retroceso al avance, de la caída a la recuperación, de la amenaza a la esperanza. Por resumirlo todo en una imagen, si me lo permiten, hemos atravesado con éxito el cabo de Hornos”.

Abofeteando acto seguido a los seis millones de parados con estas otras porquerías demagógicas y desvaríos políticos: “Ya no sufrimos la amenaza cotidiana del riesgo inminente, ni hemos de afanarnos con prisas por la supervivencia a plazo fijo. Iniciamos ya otra etapa más tranquila, más productiva y, sobre todo, mucho más llevadera…”; “España era un lastre para Europa y ahora pasa a ser el motor”; “Los capitales que huían están de vuelta”…

Y pasando a describir después un panorama absolutamente edulcorado de nuestra economía, con demasiados escamoteos estadísticos y lecturas o previsiones económicas manipuladas, cuando no sencillamente falsas. En esencia referidas no a la España real, sino a la imaginada en su limitado caletre de funcionario, en su momento el de todo un ‘memorión’ preparado para ocupar plaza en el Registro de la Propiedad (tan respetable como poco útil para estar en las que estamos).

Pero, todavía más lamentable, y un verdadero insulto a la inteligencia del pueblo llano, fue su absoluto silencio sobre las políticas de recortes sociales y sobre las reformas y problemas de mayor afección ciudadana (sanidad, educación, aborto, justicia, seguridad ciudadana…) y su airado ataque a los críticos y detractores de las mismas, en momentos ciertamente insultante (el peor y más lamentable fue el lanzado contra Rosa Díaz y que con toda seguridad le terminará costando caro).

Quizás, una de las apostillas de Pérez Rubalcaba en el último debate sobre el ‘estado de la Nada’ sea la que mejor define el discurso de Rajoy: “¿En qué país vive, presidente…?”. En la anterior edición, ya le hizo otra pregunta, también sin respuesta, no menos incisiva: “¿Qué tiene que pasar para que rectifique su política económica…?”. Pero dejémoslo aquí, porque siendo Rajoy como es, sólo nos cabe tener paciencia y esperar a ver qué queda de él tras la próxima sucesión de comicios electorales.

En realidad, los ciudadanos españoles saben muy poco de las instituciones políticas europeas. Con el problema añadido de que, de lo poco que de una u otra forma conocen, tienen una pésima opinión.

Quizás lo más claro a ese respecto es, simplemente, que cada cinco años son llamados a las urnas para elegir a sus representantes en el Parlamento Europeo. Una institución teóricamente similar a las cámaras y asambleas legislativas de España pero, a la postre, con funciones más confusas y supeditadas a los sucesivos Tratados de la UE en continua reforma (Lisboa 2007, Niza 2001, Amsterdam 1997, Maastrich 1992…); de manera que toda su acción política y normativa queda ‘flotante’ y alejada del interés próximo y más concreto de los electores, al menos en nuestro país.

Salvando el tema de la moneda común europea (o casi común) y la libre circulación de personas, bienes y servicios dentro de la UE (suprimidas las fronteras tradicionales con todos sus aspectos positivos y negativos), lo que se percibe a nivel de calle es que esa teórica unidad europea encubre aún más burocracia y más manipulación supranacional por parte de su aparato político y administrativo, y menos control por parte de los representados que en el ámbito nacional. Y ello al margen de las notables lagunas que todavía existen en aspectos sustanciales como la supervisión de la banca, la política monetaria, la política exterior, la defensa… 

Por otra parte, las diferentes características estructurales y las condiciones en las que se mueven los distintos países comunitarios (desde la poblacional y la ‘renta per cápita’ o PIB ‘per cápita’, hasta la fiscalidad o la educación) ya chocan de forma notable con su peso político específico en la UE.

Baste observar al respecto como Luxemburgo, por ejemplo, que es el país con mayor ‘renta per cápita’ (más de 82.000 dólares) sólo cuenta con seis escaños en el Parlamento Europeo, de un total de 751, mientras Alemania, con un mismo tipo de renta que no llega a 36.000 dólares, es el país con mayor número de escaños (96); que los dos países con menor PIB ‘per cápita’, Rumanía (con 12.580 dólares) y Bulgaria (con 12.341 dólares), tengan asignados respectivamente nada menos que 33 y 18 escaños; o que los tres países que reciben más ayudas de los fondos de cohesión europeos (Polonia, España y Hungría), sumen 127 escaños frente a la mucho más exigua representación de países que las prestan.

Punto y aparte merecen otras consideraciones sobre el expansionismo de la UE, que alienta, si no las promueve, rupturas de Estados unitarios aledaños con criterios ‘mercantilistas’ interesados y a costa de sangrientas guerras civiles. Al margen del caso de la antigua Yugoslavia, la actual política, más o menos encubierta, de apoyo a la secesión y europeización de la Ucrania occidental (con 40 millones de posibles nuevos consumidores en un entorno productivo obsoleto y sin capacidad de competir con la gran industria europea), es otro ejemplo de juego sucio bajo inspiración alemana para la captación o colonización de nuevos mercados al precio que sea, en términos políticos poco éticos, y que sin ir más lejos choca con el rechazo a otros movimientos ‘independentistas’ (como el de Cataluña) que ya están en el saco comunitario…

EL DESCRÉDITO DE LA POLÍTICA EUROPEA

Pero, al margen del rompecabezas que supone la representación política de los 500 millones de ciudadanos de la UE, el peso de sus países en la gestión común e incluso hasta la propia convicción y sensibilidad europea de unos y otros (muy distintas en el norte, el sur, en Centroeuropa o en las zonas ultra-periféricas), lo sustancial en estos momentos es la mala percepción que, sobre todo en España, se tiene de la política y de los partidos políticos en general, incluida su proyección europea. Aunque sea ahora, con la entrada en vigor del Tratado de Lisboa, cuando el Parlamento se pueda convertir en un colegislador poderoso con un papel más determinante en el diseño de las políticas europeas.

Gerardo Pisarello, profesor de Derecho Constitucional de la Universidad de Barcelona y vicepresidente del Observatorio DESC (Derechos Económicos, Sociales y Culturales), lamenta la paradoja de que para una buena parte de la población las elecciones al Parlamento Europeo carezcan de importancia justo cuando se ha convertido en un campo de batalla decisivo, en una caja de resonancia política importante y en un espacio de contrapoder esencial para los españoles. Y así lo ha explicado en el siguiente artículo de opinión publicado en ElDiario.Es (24/01/2014):

Disputar Europa

Para un sector importante de la población, las elecciones europeas son una convocatoria inservible. Si la clase política local se encuentra bajo severa sospecha, en el caso europeo el juicio es aún más duro. El Parlamento Europeo es percibido como una institución lejana, con competencias misteriosas pero más bien inútiles y un papel marginal en el entramado institucional de la Unión Europea (UE). En parte del imaginario colectivo, su mayor servicio al bien común consiste en haber acogido a políticos retirados, asegurándoles una jubilación plácida, sin sobresaltos. Son este tipo de imágenes las que alimentan, no sin razón, las previsiones abstencionistas. De ahí la tendencia a minimizar la importancia de estos comicios, a tratarlos si acaso como una oportunidad para medir fuerzas locales y para ganar músculo de cara a pugnas electorales posteriores.

Y sin embargo, todo ello ocurre en un momento en el que Europa se ha convertido en un terreno de batalla decisivo. Más, sin duda, que hace cinco años, cuando la expropiación política y económica de las poblaciones del continente -sobre todo del Sur y del Este-, no era tan drástica. Es en la UE, de hecho, donde se fraguan parte de los rescates a entidades financieras que hincharon las burbujas especulativas y que ahora se benefician impunemente de su estallido. Es en la UE donde los hombres de negro y el club de amigos de Goldman Sachs ultiman los planes de austeridad que condenan a millones a la precariedad y a la exclusión. Es en la UE donde los lobbies de las principales transnacionales presionan para limitar la libertad de expresión en la red y otros medios o para laminar los estándares laborales, sociales y ecológicos.

Combatir esta ofensiva desde la propia UE no es fácil. Antes de 1979, el Parlamento europeo estaba integrado por delegaciones de los parlamentos estatales. Esto permitía un vínculo algo más estrecho entre la política local y la comunitaria. Cuando se introdujeron las elecciones directas al Parlamento, los diputados de uno y otro ámbito dejaron de reunirse. El cambio dio pie a una paradoja. Había cuestiones que se discutían en Estrasburgo, pero cuando llegaba el momento de plantearlas en los parlamentos estatales, nadie sabía lo que su propio partido había propuesto.

Este alejamiento, sumado al creciente protagonismo de instituciones sin legitimidad democrática como la Comisión Europea, el Banco Central o el Tribunal de Luxemburgo, acabó por dinamitar el carisma del Parlamento. Daba igual que cada nuevo Tratado recordara la conquista de unas cuantas competencias. La percepción generalizada era que allí había poco que hacer. Esto se reflejó de manera nítida en la participación electoral. En 1979, fue de un 63%. Desde entonces, no ha dejado de caer. 61% en 1984; 58,5% en 1989; 56,8% en 1994; 49,8% en 1999; 45,5% en 2004; 43% en 2009.

Para algunas posiciones críticas, esta tendencia señalaría una línea de actuación: dejar languidecer el Parlamento y replegarse en el ámbito local. El europapanatismo profesado por las elites que se han rendido a la Troika y que en estos días desfilan en los salones de Davos hace comprensible esta reacción. Pero afirmarse sin más en ella puede resultar peligroso.

De entrada, ninguno de los partidos responsables de la actual deriva antidemocrática y autoritaria de la UE -incluidos el PP y el PSOE- dejarán de ir a Estrasburgo a cumplir su papel. La extrema derecha de Marine Le Pen o de Geert Wilders tampoco resignará este espacio. Aborrecerá en público la pérdida de “soberanía nacional” en beneficio de la “tecnocracia de Bruselas”. Pero hará todo lo posible por conseguir en el Parlamento un altavoz que le permita propagar sus causas: atacar a la “plutocracia” mientras pacta con banqueros y grandes empresas, convertir a la inmigración en chivo expiatorio de la crisis o azuzar el chovinismo y la islamofobia.

Los movimientos sociales y sindicales partidarios de una radicalización democrática y las fuerzas transformadoras de izquierdas y ecologistas no pueden dejar el campo libre a estas iniciativas. Ni aquí, ni en Grecia, ni en Portugal, ni en Alemania. Quizás el Parlamento europeo cuente poco y su presencia mediática sea escasa. Pero también puede ser una caja de resonancia y un espacio de contrapoder y resistencia. La experiencia de los últimos años lo atestigua: mientras más controladas estén las instituciones europeas por fuerzas tecnocráticas o reaccionarias, mayor será el sufrimiento y la impotencia de las poblaciones locales, comenzando por las más vulnerables.

Dar batalla en las instancias supraestatales no está reñido con la defensa de la organización desde abajo y de las iniciativas cooperativas en el territorio, en los lugares de trabajo, o en las pequeñas escalas en general. Por el contrario, el fortalecimiento de la democracia en estos ámbitos depende estrechamente de lo que se consiga en escalas más amplias. Para revertir el fraude y la regresividad fiscal, para poner fin a las deudas ilegítimas e impagables, para combatir la xenofobia y la homofobia o para contrarrestar, sencillamente, la oligarquización de la vida política y económica. Llevar la necesidad de una ruptura democrática más allá de las fronteras, denunciar los cantos de sirena del repliegue estatal y crear las condiciones para un proceso constituyente, también europeo, no es sencillo. Pero o se hace desde premisas solidarias, internacionalistas, o la serpiente incubará su huevo racista y anti-igualitario también en el corazón del continente.

EL EFECTO CASTIGO EN LAS ELECCIONES EUROPEAS

Pero la llamada de Pisarello para que la sociedad lleve la batalla política a las instancias europeas, al menos para compatibilizar la acción ciudadana nacional con el control de lo que se cuece en las instituciones comunitarias, cierto es que ahora con un Parlamento más fuerte, no parece que vaya a poder revertir el desánimo de los españoles ante los comicios del próximo 25 de mayo.

Es más, esa previsible falta de participación electoral, que probablemente pueda no llegar al escaso 46% alcanzado en España en 2009 (desde 1979 cada nueva convocatoria ha ido reduciendo continuamente la participación ciudadana), será en si misma significativa del extremo al que está llegando el descrédito de la política -incluso la europea- ante la sociedad a la que debería servir. Cosa peligrosa, porque más allá de que la participación electoral sea escasa, la actitud de desentendimiento social es cada vez mayor, deslegitimadora del sistema de convivencia y, en definitiva, sólo conducente al crecimiento de los partidos más radicales y a los movimientos revolucionarios.

Una situación en la que el arrastre de votos final de los partidos en concurrencia será acreditador del malestar ciudadano. Centrados en el caso español, si además de que voten pocos electores estos lo hacen castigando con severidad a los dos partidos mayoritarios (PP y PSOE), que son los que han llevado el sistema a la hoguera pública, la lección puede sentar cátedra.

En contra de lo que algunos creen, las elecciones europeas no siempre han marcado con claridad la tendencia para los subsiguientes comicios locales o generales), pero sí que miden el clima de la política nacional mucho mejor que las encuestas ‘estimativas’. Es decir que, de cualquier forma, sirven para comprobar el ‘humor’ real y las señales de aviso que emiten tanto los votantes (los electores más comprometidos) como los desmotivados o no votantes.

Y precisamente en esa función, y ante el extremo descrédito de la vida pública española, es en la que los comicios del próximo mes de mayo se pueden mostrar como un verdadero ‘test de resistencia’ del actual modelo político. Con independencia de que los resultados concretos vayan a señalar o no una tendencia en las sucesivas actitudes electorales.

En realidad, los electores aprovecharán esos ‘difusos’ comicios europeos para poner el dedo en la llaga de lo que han hecho o han dejado de hacer en España sus dirigentes políticos, tanto gobernantes como opositores, abstrayéndose del terreno de juego europeo sobre el que ni unos ni otros tampoco han sabido informarles y menos aún educarles. Un escenario en el que, al margen de los votos que cambien de partido, también los que ‘no se den’ (las abstenciones) pueden responder a una respuesta de ‘castigo’ a las políticas consideradas erróneas.

Sin necesidad de ir más lejos, en los últimos comicios europeos (7 de junio 2009), poco después de haber ganado Rodríguez Zapatero sus segundas elecciones generales (9 de marzo 2008), el PSOE ya recibió el varapalo de  sus mentiras sobre la crisis. Así, el PP, inmerso todavía en la zozobra de la segunda derrota electoral de Rajoy, las ganó con una ventaja sobre el PSOE de dos diputados y 528.448 votos (respecto de la anterior convocatoria el PP ganó un 4,3% de votos y el PSOE perdió un 8,9%), sin que a partir de entonces los socialistas pudieran levantar cabeza…

Paréntesis.- Francisco Rubio Llorente, reconocido catedrático jubilado de la Universidad Complutense y actual director del Departamento de Estudios Europeos del Instituto Universitario Ortega y Gasset, dice en un artículo titulado ‘Voto de obediencia y voto de conciencia’ (El País 28/01/2014), y dice bien, que son muchos los países de la Unión Europea cuyos ciudadanos no se sienten representados en sus órganos y que estiman muy insuficiente la legitimidad democrática de sus decisiones. Un artículo de recomendable lectura en toda su extensión para entender la fatal encrucijada en la que se encuentra la actual ‘democracia de partidos’.

¿ABATIRÁN LAS ELECCIONES EUROPEAS A MARIANO RAJOY…?

Como es lógico, ni el PP ni el PSOE van a abrir al público la puerta de sus temores, que los tienen y bien fundados. Porque, con ser muy importante la victoria o la derrota de cada partido, con las cabezas de Rajoy y Pérez Rubalcaba en la picota de las urnas, no lo serán menos el crecimiento posible de la abstención ni la eventual ruptura de la actual hegemonía bipartidista en la política nacional. Es decir, parece que, de cara a su futuro inmediato, no va ser suficiente la victoria del PP sobre el PSOE o viceversa, sino que también habrá de analizarse el desplazamiento relativo al que pueden verse sometidos básicamente por IU y UPyD.

Y, aunque en esta situación previa las dos formaciones mayoritarias van a tener que tragar lo suyo, parece que la pregunta del millón es esta: ¿Van a marcar las elecciones europeas del próximo mes de mayo el principio del fin de Rajoy, al igual que las anteriores anunciaron el hundimiento del PSOE y la trágica derrota personal de Rodríguez Zapatero…?

Lo cierto es que al PP hace tiempo que le ha abandonado el desodorante electoral, hasta el punto de haber perdido ya -como señala la demoscopia política- el apoyo de un tercio de los votantes que le sirvieron en bandeja de plata la mayoría absoluta del 20-N. Y también que en la antesala de las elecciones europeas Rajoy sigue sin mostrarse capaz de resolver los graves problemas que aquejan al país (ni los políticos ni los económicos), ni, antes que otros, los que en particular generan mayor malestar social y aparejan un castigo electoral mayor (desempleo, presión fiscal, congelación salarial, empobrecimiento general de las familias…).

Ello al tiempo que aflora (o más bien estalla) un desánimo notable entre la militancia popular a causa de problemas netamente políticos o de índole interno, como el malestar de las víctimas del terrorismo con el Gobierno (algo que viene de lejos), la corrupción y las luchas intestinas, la reforma de la ley del aborto…, todos mal gestionados y que han generado un torpe desencuentro con su base electoral y sin que se vislumbre solución alguna a corto ni a medio plazo. Un escollo muy difícil de sortear de cara a las inminentes elecciones europeas y que sin duda tendrá consecuencias poco gratificantes para los actuales dirigentes populares.

Ahí están desde el “tomo nota” de José María Aznar hasta la “sorpresa” de Ana Iribar (la viuda de Gregorio Ordóñez) ante la política antiterrorista de Rajoy, por la que “no piensa votarle más”, pasando por el grito generalizado de buena parte de su electorado “el Gobierno desprecia a las víctimas” y concluyendo con la imagen de Juan Antonio Ortega Lara abandonando el PP para fundar Vox. Un partido nuevo desgajado del PP (cosa siempre mala para Rajoy) que algún voto le quitará por la derecha con Alejo Vidal-Quadras de ‘número uno’ y Jaime Mayor Oreja descolgado ostentosamente del cartel popular, mientras UPyD se los quita por el más apreciado espacio centrista…

Una situación agravada también por otras dejaciones políticas sin sentido, como la de no haber querido o sabido responder puntual y eficazmente a las amenazas independentistas de Artur Mas, y que ya han partido por la mitad al PPC, cediendo la delantera electoral a Ciutadans según las encuestas al uso. Y con el delicado punto y aparte de cuál será el comportamiento final de José María Aznar y sus ‘leales’ (que algunos tendrá) dentro de la bronca y el desbarajuste popular.

Con todo, lo previsible es que la fiel infantería del PP, conservadora y más o menos ‘nacional’, no deje de castigar la indolencia y la falta de compromiso político de Rajoy con gran parte de su electorado, al menos absteniéndose el próximo 25 de mayo o incluso votando opciones afines emergentes; mientras el voto centrista prestado a Rajoy el 20-N también le retira aquel favor temporal.

Las encuestas sobre opiniones y actitudes electorales que ya comienzan a estimar los resultados de los próximos comicios europeos en España, hablan de un empate técnico entre los dos partidos mayoritarios, e incluso de una ligera ventaja a favor del PSOE. Pero al mismo tiempo señalan un fuerte crecimiento de IU y UPyD, a costa, claro está, de socialistas y populares, sin olvidar que alguno de los nuevos partidos en liza, como Ciutadans, Equo y Vox, también podrían obtener escaño europeo con poco más del 2% de los votos.

Por ello, esta primera aproximación estimativa, aderezada con factores de malestar ‘vivos’ y algunas posibles ‘movidas’ de partido todavía inconclusas, significa que, de momento, los resultados y su significación política a nivel nacional están en el alero. Razón por la que tanto a los dirigentes del PP como a los del PSOE no les llega la camisa al cuello.

De hecho, la cúpula del PP es plenamente consciente de que una parte muy considerable de sus votantes se han distanciado del partido. Mientras el PSOE maneja encuestas propias que apuntan a una brutal pérdida del 45% de los votos y de 10 eurodiputados sobre los 23 que tiene en la actualidad, y a verse, nada más y nada menos, que superado por IU (algo que choca de forma llamativa con el sondeo preelectoral de Metroscopia del mes de enero, que apuntaba una ventaja de 1,6 puntos del PSOE sobre el PP en un supuesto de participación del 46% similar al de 2009).

Esa misma encuesta anuncia igualmente, como han hecho otras anteriores de distinto origen, un espectacular crecimiento de IU (que multiplicaría por cuatro sus votos obteniendo nueve escaños frente a los dos de 2009) y de UPyD (que triplicaría su porcentaje de votos pasando de uno a cinco). Grandes progresos que pueden aumentar en la medida que el PSOE y el PP sigan en caída libre.

De esta forma, los comicios europeos convocados a solo tres meses vista y cuyos resultados pueden conllevar en efecto un grave descalabro electoral tanto para el PP como para el PSOE, rompiendo el tradicional bipartidismo político, se muestran sin duda más importantes que nunca en su proyección nacional y con posibles consecuencias trascendentales. Y no sólo en relación con la pugna de los partidos aspirantes a gobernar, hasta ahora reservada al PP y PSOE, sino por lo que puedan suponer también como respaldo a los de ámbito autonómico partidarios del independentismo y que incluso lo esgrimirán como estandarte de sus campañas…

¿Confirmarán los resultados de las elecciones europeas una caída en picado del PP, abriéndose entonces el abatimiento del presidente Rajoy dentro de su propio partido para evitar un desastre similar al cosechado por la UCD en la Transición o por el PSOE con el ‘zapaterismo’…? ¿Se podrá ver el PSOE desbordado por IU y, por tanto, en la senda de convertirse en tercera fuerza política…? ¿Saldrán reforzados los partidos independentistas, catalanes y vascos, logrando, además, tener voz propia en el Parlamento Europeo…?

Las respuestas a estas y otras preguntas en estos trascendentales momentos políticos todavía se cuecen en la olla electoral, abierta a los últimos toques del aliño partidista (completar las candidaturas, coaliciones, slogans e ideas-fuerza programáticas, fijar la ‘utilidad’ del voto…). Pero lo que a estas alturas ya se percibe con bastante claridad, es que, más allá de quiénes puedan ganar o perder las elecciones europeas (con un Parlamento convertido en aparcadero de políticos mediocres y burocratizados), en España serán sobre todo un ‘test de resistencia’ del actual modelo político: ya veremos si aguanta o explota. 

“El agradecimiento tiene tres formas: un sentimiento en el fondo del corazón, una expresión de reconocimiento y un obsequio de compensación”, sentencia un conocido proverbio árabe. Y dice el refranero español, y lo dice bien, que “el agradecido no olvida el bien recibido”.

Esa es una primera consideración ética en relación con lo que, en la reciente historia de España, han supuesto las víctimas del terrorismo (las personas asesinadas, las mutiladas y heridas y las desamparadas por la pérdida vital de sus seres queridos). El suyo ha sido un impagable tributo de sangre sobre el que se ha construido la actual democracia española y al que todos sus beneficiarios deberían guardar el debido agradecimiento, en su corazón, en su reconocimiento y en alguna forma de compensación.

Séneca, el preclaro filósofo, político y moralista romano, sostenía, y es cosa no menos cierta, que “la lealtad constituye el más sagrado bien del corazón humano”. Y entendemos que se refería al cumplimiento de lo que exigen las leyes de la fidelidad y las del honor y hombría de bien; un comportamiento de nobleza humana que tampoco se puede regatear, y menos aún negar, ante quienes fueron injusto objetivo del victimario más cobarde y canalla del mundo, el de los señores de la guerra sucia, del tiro en la nuca y de la sangre inocente.

La lealtad, pues, a esas víctimas del terrorismo, indiscriminadas porque en su lugar ha podido estar cualquier otro ciudadano, y hayan sido quienes fuesen (militares, funcionarios civiles, empresarios, políticos o españoles de a pie), es otra obligación de la moral política que ha de permanecer grabada de forma imborrable en la conciencia social de España. Simplemente porque con ella se reconoce y venera a los verdaderos héroes de la Patria.

VÍCTIMAS DE ETA PARA ‘USAR Y TIRAR’

Pues bien, para muchos españoles es evidente que los partidos políticos de aquí y de ahora han hecho un mal aprecio de lo que significan las víctimas del terrorismo. Algunos de ellos no han hecho ninguno, mientras que otros no han dudado en convertirlas -siempre que les ha convenido- en moneda de cambio de sus ambiciones de poder, en la senda del ‘todo vale’ para alcanzarlo.

Por lo general, los partidos de ámbito local y autonómico han soslayado de hecho este tipo de consideraciones. Y los mayoritarios de ámbito nacional instalados en la alternancia del poder, PP y PSOE, han venido sopesando con reticencias su relación con las víctimas del terrorismo, su apoyo o su distanciamiento, en un interesado y sucio juego de mercadeo electoral.

Un peloteo de ‘idas y venidas’, o de ‘mano dura’ versus ‘contemporización’ (en materia de política antiterrorista, de justicia, de excarcelaciones afectas a los presos etarras, de debates en torno a ganar o perder frente a ETA y, en definitiva, de posición electoral dentro y fuera del País Vasco), que viene de lejos. Pero que ha estallado justo cuando las víctimas del terrorismo han comprobado que la deriva seguida por los gobiernos socialistas de ZP no ha sido debidamente reconducida, ni por asomo, por el PP de Rajoy, a pesar de que ellas y su causa fueran instrumentos decisivos para obtener la mayoría parlamentaria absoluta.

Porque es evidente que ese éxito electoral del PP, con el mismo Rajoy como gran beneficiario, fue realimentado en base al tratamiento que los gobiernos socialistas dieron al tema durante dos legislaturas previas, con decisiones ciertamente penosas e incluso indignas en relación con las víctimas de ETA y su entorno de apoyo social. Una política que en modo alguno terminó con la disolución de la banda terrorista ni con sus fechorías, sino acomodando a sus brazos políticos en las instituciones más señeras de la democracia, lo que, de forma paradójica -pero en modo alguno ilógica-, terminó arruinando en el País Vasco tanto la política del PSOE (con el lehendakari Patxi López) como la del PP (con el apoyo servil de Antonio Basagoiti).

Las primeras señales de alarma se encendieron tras todo lo conseguido por Jaime Mayor Oreja desde que pasó a presidir el PP en el País Vasco (enero de 1989), después de los casi cinco años en que fue ministro del Interior (1996-2001) y de que, presentado a lehendakari en 2001, llevara al partido a su mejor resultado electoral autonómico (19 diputados). Exactamente cuando en el XVI Congreso Nacional del PP (celebrado en Valencia en junio de 2008) afloraron las serias desavenencias de los ‘aznaristas’ (Esperanza Aguirre, Jaime Mayor Oreja, Eduardo Zaplana, Ángel Acebes…) con Mariano Rajoy.

Poco antes, en mayo, María San Gil (considerada por todos como heredera de la autoridad moral de Mayor Oreja en el País Vasco) había dejado el equipo que redactaba la ponencia política que se debatiría en el Congreso “por diferencias de criterio fundamentales” y, sobre todo, por el cambio de planteamiento que, según ella, se hacía de cara a los nacionalismos. Acto seguido, el 21 de mayo, hizo público un comunicado en el que mostraba su desconfianza en Rajoy como líder del partido y anunciando su inmediata dimisión como presidenta del PP del País Vasco (tras el impasse vacacional, en septiembre renunció a su escaño en el Parlamento de Vitoria).

Al portazo de la líder popular vasca, que tuvo gran eco mediático, se sumó horas después precisamente el de José Antonio Ortega Lara, ex funcionario de prisiones secuestrado por ETA durante casi un año y medio y militante del PP desde 1987, que abandonaba el partido por lo ocurrido con San Gil. Todo ello mientras José María Aznar, presidente de honor de la formación popular y ex presidente del Gobierno, manifestaba en público que estaba “inquieto, preocupado y molesto” por la situación, dejando flotar en el aire esta pregunta: “¿Por qué Ortega Lara está fuera del PP y Bolinaga está en la calle…?”.

En torno al Congreso de Valencia, en el que se cuestionó seriamente la continuidad de Rajoy al frente del partido tras su segundo fracaso frente a la candidatura de Rodríguez Zapatero (en las elecciones generales del 9 de marzo de 2008 el PSOE logró un millón de votos más que el PP), se empezó a palpar la falta de unidad interna y sobre todo el desprecio a la militancia que ya manifestaba su contrariedad con una tercera nominación ‘digital’ de Rajoy como candidato electoral. De hecho, una encuesta de Sigma Dos para El Mundo reveló entonces que más del 70% de los votantes del PP querían un proceso de primarias para una elección de esa naturaleza.

Las dudas sobre el liderazgo de Rajoy y la desconfianza sobre su posición en temas políticos capitales para los electores del PP (como el terrorismo, los nacionalismos o las autonomías), y hasta la falta de democracia interna, se hicieron bien patentes en aquellos momentos. Pero, solventado bien que mal el XVI Congreso con su continuidad al frente de la nave popular, más que calmarse, las turbulencias internas se fueron combatiendo por una doble vía: la captación de conversos a la causa ‘marianista’ y la trituración silente de sus enemigos internos más dañinos. Y, claro está, también con el suave masajeo de la victoria electoral que poco a poco comenzaban a anunciar las encuestas al uso.

Pero, con todo, parece que ni el blindaje interno de Rajoy ni las apetecibles ‘mieles del poder’, han podido cicatrizar las heridas abiertas tanto en torno a su liderazgo como por las diferencias que dentro del partido se mantienen sobre algunas políticas ‘esenciales’. Y ahí, en la mala gestión de esa disparidad de criterios políticos dentro del PP y en su discutida acción de gobierno, es donde se gesta el nacimiento de Vox, que no es un partido antisistema sino una respuesta directa al ‘marianismo’ y al uso que hace y no hace de su mayoría parlamentaria absoluta.

La realidad es que intentar aglutinar en una solo formación política electores con sensibilidades políticas de amplio espectro -desde el centrismo hasta  la derecha extrema (por no hablar de la ultra derecha)-, es tarea ciertamente difícil. Por eso, ya advertimos hace tiempo la conveniencia de que el PP se alejara del pensamiento único y de las prácticas de ‘camarilla política’ en su gobierno interno, organizando de forma inteligente sus corrientes críticas.

Este tipo de cohabitación dentro de un partido de amplio alcance social (en definitiva su propia democracia interna) crea una dinámica de consensos y disensos que evita la inacción y la petrificación política, lo que, además de combatir la impunidad del aparato de la organización, facilita el libre debate de la realidad y promueve de paso las ideas y propuestas alternativas que, en determinadas situaciones de crisis, eviten una debacle electoral.

Un partido de pensamiento único, sin capacidad de autocrítica y con mando prepotente basado en la ‘camarilla’, sea esta la que sea, no es democrático y se acerca más a lo que se ha dado en llamar la ‘dictadura de los partidos’, luego devenida en ‘aparatocracia’ y, en conjunción con la del partido gemelo de la oposición, en ‘partitocracia’. Una expresión política que, como forma de Estado aparejada al formalismo parlamentario, es una pura deformación de la democracia real en la que las oligarquías partidistas asumen de facto la soberanía efectiva en régimen de ‘turnismo’…

En cualquier caso, las contenidas turbulencias del XVI Congreso Nacional del PP, han terminado convertidas, con Rajoy en el poder, en vientos políticos racheados con claro origen en palabras y actitudes de militantes populares referenciales (Aznar, Aguirre, Mayor Oreja, Vidal-Quadras…), acompañados en el trasfondo del tema por todo un sector social vinculado de forma activa o emotiva a las razones que esgrimen las víctimas del terrorismo en su expresión mayoritaria. Un conjunto de personas al que la sociedad en general y la clase política en particular, debe agradecimiento, lealtad y, por supuesto, todo el respeto del mundo (y sobre todo el PP que las ha utilizado a conveniencia).

UN GRITO ACUSADOR: “EL GOBIERNO NOS DESPRECIA”

Por eso, no deja de ser lamentable y de bochorno ajeno el grito que, tras muchas y justificadas advertencias, terminaron lanzando el pasado 23 de enero al Gobierno del PP en el 19 Aniversario del asesinato de Gregorio Ordóñez, tenido como emblema del partido, y ante su propia tumba: “El Gobierno nos desprecia”. Flanqueada de forma bien significativa por Rubén Múgica, de UPyD, y Santiago Abascal, presidente de la Fundación DENAES (para la Defensa de la Nación Española) y promotor de Vox, la hermana de Gregorio Ordóñez y presidenta del Colectivo de Víctimas del Terrorismo en el País Vasco (Covite), Consuelo Ordóñez, se despachó a gusto denunciando que el Gobierno del PP estaba corrompiendo el discurso de su hermano.

En un improvisado discurso pronunciado en el cementerio Polloe de San Sebastián, durante la ofrenda floral que en ese aniversario organiza cada año la Fundación Gregorio Ordóñez, la presidenta de Covite denunció que el Ejecutivo de Rajoy estaba “olvidando” a las víctimas, mientras en su opinión la banda terrorista está consiguiendo sus objetivos.

Con toda rotundidad, afirmó: “Este Gobierno no escucha a las víctimas, es el Gobierno quien ha roto las relaciones, los que no vienen, los que dan plantones a las víctimas, los que, cuando vamos  a hacerles propuestas, las desprecian, dicen que es imposible, que es muy difícil gobernar y tener mayoría absoluta. No somos nosotros quienes les estamos dando ningún portazo. Que quede claro”.

Consuelo Ordóñez cargó contra la política del PP ante sus dirigentes vascos presentes en el acto, con sus caras descompuestas, empleando frases y testimonios de su hermano, de María San Gil, Antonio Basagoiti, Jaime Mayor Oreja, Esperanza Aguirre y del propio Mariano Rajoy, que dejan en evidencia la actual política del presidente del Gobierno. De éste recordó sus palabras estando en la oposición, tras la liberación del sanguinario etarra De Juana Chaos, afirmando que era “una burla a los españoles”, y emplazando al entonces Gobierno del PSOE a “ser consciente de que la gente tiene su sensibilidad, su corazón y alma”, cuando luego él ha sido quien ha avalado la excarcelación de Josu Uribetxeberria Bolinaga.

También destacó un testimonio de Mayor Oreja de 2012, en el que dejó constancia de que “frente a la idea de que se ha derrotado a ETA, hoy sostengo que por primera vez ETA acaricia la posibilidad de ganar unas elecciones autonómicas en el País Vasco”, tras haberse legalizado su brazo político.

A los cargos directivos del PP les reprochó el no haber dado continuidad al mensaje de su hermano Gregorio de que el “aislamiento de los violentos” (que hoy ya gobiernan instituciones vascas) era una de las tres claves, junto al rechazo social y a la eficacia policial, para derrotar a ETA, ya que Bildu, Sortu y Amaiur “han sido legalizados sin condenar la violencia”, y su “objetivo estrella es conseguir la impunidad” para los presos. Y censuró: “Si lo que de verdad importa es cómo sacar a los asesinos de la cárcel en el corto plazo, algo se está haciendo rematadamente mal”.

Soportando una inoportuna lluvia, Consuelo Ordóñez cerró su discurso ante la tumba de su hermano preguntando a los allí presentes (del PP) que se hubieran podido sentir incómodos con sus críticas si “es Consuelo Ordóñez la que os ha incomodado o es vuestra propia conciencia la que llama a la puerta el día en que recordamos al alma del PP vasco”…

Concluido aquel sentido pronunciamiento, el columnista Santiago González publicaba un artículo de opinión en El Mundo (24/01/2014) en el que dejaba constancia del grave desencuentro entre el PP y el entorno de quien fue bandera moral de su lucha contra ETA y por las libertades democráticas, recordando desde dónde venía esa ruptura, lo que significa y hacia donde apunta:

Unidad rota

El desencuentro entre el PP y la familia de quien fue su presidente en Guipúzcoa hasta el momento en que ETA lo asesinó en el bar La Cepa, ha ido a más. Ya el año pasado, en el acto que la Fundación Ordóñez organizó en el hotel María Cristina, la única representación del partido fue el concejal donostiarra Ramón Gómez Ugalde. Estuvo el fiscal superior del País Vasco, pero no asistió el presidente de los populares guipuzcoanos, el mismo cargo orgánico que 18 años antes ocupaba Gregorio Ordóñez

Este año la cosa ha ido a más. Ningún representante de la dirección nacional del partido acudió a la ofrenda floral que se celebró el miércoles en Madrid. Los dirigentes del PP vasco, que sí estuvieron en el acto del cementerio de Polloe ayer, habían contraprogramado un acto en el Kursaal, en el que se iba a recordar a todos los concejales de UCD, AP y PP asesinados por ETA. Ordóñez fue la primera víctima de un cambio de estrategia terrorista, reorientada contra la militancia popular y socialista. Habría sido pertinente un acuerdo del PSE y el PP vasco para honrar a los concejales de los dos partidos asesinados por la banda.

No se aspiraba a tanto, por lo visto. El secretario general Oyarzabal reivindica la «legitimidad (del partido) para elegir cualquier fecha (...) Le asesinaron por ser del PP». No le parecía adecuado que su hermana Consuelo tomara la palabra, por no ser del partido, dijo, con sentido patrimonial de la víctima. El gran Floriano, que sabe mirar a través de la laguna Estigia, dijo que Gregorio, «en estos momentos estaría compartiendo nuestra posición en materia antiterrorista».

Uno no tiene una ouija para saber qué posición tendría alguien que nos quitaron hace 19 años. Si comparamos las palabras que él decía con las que hoy dicen sus compañeros, no se parecen mucho. Consuelo Ordóñez hizo una visita ilustrativa a la hemeroteca. No me acabo de imaginar a Ordóñez regañando a un dirigente alavés por criticar al PNV, como ha hecho Quiroga con De Andrés. Y si es complicada la función del albacea, lo es más aún disputarle legitimidad a la familia a la hora del duelo.

Oyarzabal debería saber que Consuelo Ordóñez, la hermana de Gregorio, tiene la legitimidad de Antígona, frente a la cual queda un poco ridículo el papel de alguien que quisiera organizarle el entierro de Polinices so pretexto de que era del PP. La presidenta Quiroga cerró el acto del Kursaal con acusaciones de «mezquindad e interés político miserable» a sus críticos. Mientras, el ministro del Interior se encomendaba a los buenos oficios de Santa Teresa en Fitur. No sé, falta les va a hacer una mediadora muy cualificada para recomponer sus relaciones con su público votante.

UPyD TAMBIÉN ESTÁ CON LAS VÍCTIMAS

Por otra parte, apenas dos semanas después de que Consuelo Ordóñez arremetiera duramente contra el Gobierno del PP, Maite Pagazaurtundua, ex militante del PSE-EE (fue concejal en el ayuntamiento guipuzcoano de Urnieta y diputada en el Parlamento Vasco) y hasta hace poco miembro de la junta directiva de Covite y presidenta de la Fundación de Víctimas del Terrorismo, incorporada recientemente a UPyD como ‘número dos’ de su candidatura a las próximas elecciones europeas, también se ha pronunciado el pasado 8 de febrero, en un homenaje a su hermano Joseba (militante socialista asesinado por ETA el 8 de febrero de 2003), denunciando que con este final de la banda terrorista hoy “nos rodea el fango de la manipulación de la historia y de la construcción de un pasado a medida”.

La hoy militante de UPyD, acompañada por sus principales líderes (Rosa Díez, Fernando Savater, Gorka Maneiro…), aseguró irónicamente que “bajo el caramelo de la paz y las otras piezas que conforman el tocomocho de ETA”, existen muchas “almas puras” que se refieren al final de ETA como si se tratara de un proceso de convivencia y paz “cuando en lenguaje sencillo podríamos llamarlo paz por presos”.

También advirtió sobre el riesgo de “fracaso histórico” y de “deterioro de la democracia” que supone el proceso que impulsan algunas instituciones, afirmando: “Este gigantesco truco, pasará quizá a la historia de la infamia si no lo evitamos”.

Y, aún más, dos días después, y quizás dispuesta a que Vox no arrebate a UPyD todo el arrastre de votos tradicionales del PP hoy descontentos entre otras cosas con su política sobre el fin de ETA, Maite Pagazaurtundua lanzó una idea-fuerza en una entrevista publicada en El Mundo (10/02/2014) bien significativa al respecto: “Hay una operación de blanqueo de ETA”. Además remarcaba que algunos poderes están intentando neutralizar la voz de las víctimas para que se apague…

VOX, LA NUEVA PESADILLA DE RAJOY

En ese contexto de críticas de las víctimas del terrorismo, y sobre todo de agitación en las filas del PP, el propio Gorka Maneiro, portavoz de UPyD en el País Vasco y diputado en el Parlamento de Vitoria (antiguo militante del PSE-EE), entiende que, en efecto, el PP “ha abandonado a las víctimas del terrorismo” y que en el fondo "no ha hecho un discurso lo suficientemente contundente contra ETA", lo que, en su opinión, ha motivado el nacimiento de Vox, el partido impulsado, entre otros, por José Antonio Ortega Lara.

De entrada, la aparición de Vox, junto a otros nuevos partidos creados en los últimos tiempos por el evidente descontento de los electores con las dos opciones históricamente prevalentes desde la desaparición de UCD, es decir desde la Transición, ya ha provocado la retirada de la palestra política de Sociedad Civil y Democracia (SCD), la formación que lanzó Mario Conde en las últimas elecciones gallegas sin lograr representación parlamentaria. Y, al parecer, muchos de sus militantes tienen previsto unirse “en breve” a Vox, según anunció a la agencia Efe el pasado 6 de febrero la responsable de comunicación de SCD, Sofía Vidal.

Queda por ver cómo evoluciona el nacimiento de Vox y quiénes, en función de su ideario y de sus ‘signos externos de identificación’, se incorporan de forma progresiva al proyecto (su saldo en las próximas elecciones europeas con Vidal-Quadras de cabeza de lista será de vital importancia). Apoyos que podrían provenir tanto del actual entorno popular como de otros sectores de la derecha radical hasta ahora poco significados o auto marginados de la política, pero preocupados por la última deriva del Estado de las Autonomías y el deterioro de las señas de identidad nacional.

Pero lo cierto es que, para empezar, Vox es la nueva pesadilla del PP, dado que si tiene una mínima capacidad de ‘armarse’ antes de las elecciones generales del 2015 y de arrebatar al PP no demasiados votos (y consiga o no consiga diputados), los populares se verán empujados a la oposición. Las elecciones previas (europeas, municipales y autonómicas) van a indicar la magnitud exacta del problema de Rajoy con sus electores y su capacidad de liderazgo.

SEMBRAR VIENTOS Y RECOGER TEMPESTADES

El diario El País, en estos momentos bastante comedido y replegado en sus tradicionales críticas al PP, al parecer porque el Gobierno colaboró de forma sensible para que la banca decidiera refinanciar la deuda del Grupo Prisa, publicaba un editorial en el contexto de la aparición de Vox y en la antesala de la última Convención Nacional del partido un (29/01/2014), tipo ‘una de cal y otra de arena’, que en cualquier caso daba pistas ciertas de por donde hace aguas el partido del Gobierno:

Tormentas en el PP

La fidelidad de voto al Partido Popular está bajando en las últimas encuestas, y acontecimientos políticos recientes no hacen sino agrandar la sensación de crisis entre este partido y una parte de su electorado. A las disidencias de varias figuras históricas se acaba de sumar la anunciada ausencia del expresidente Aznar en la Convención del PP del próximo fin de semana, con el pretexto de un viaje, en un gesto que acentúa una cierta sensación de vacío en torno al presidente del Gobierno.

La política antiterrorista y la línea del partido en Euskadi son los telones de fondo del cisma evidenciado con la aparición del partido Vox, creado por disidentes del PP, y la renuncia de Jaime Mayor Oreja a repetir como candidato principal de los populares a las elecciones europeas de mayo. Que Rajoy no quería contar con Mayor Oreja muestra que el presidente se ha decidido a arrostrar una clarificación interna.

Era insostenible apoyar a los que denuncian machaconamente que la democracia pierde y que el terrorismo triunfa sobre la sangre derramada y, a la vez, a un equipo político del PP vasco, encabezado por Arantza Quiroga, que quiere situarse como fuerza centrista en Euskadi. Los guardianes de las esencias se consideran traicionados, contestan las excarcelaciones de etarras decididas por la justicia e insisten en la idea de falta de respeto a las víctimas, pretendiendo que la gestión política del problema vasco haya de someterse a su previo nihil obstat. El reciente enfrentamiento en el cementerio donde está enterrado Gregorio Ordóñez, entre la hermana de este último y dirigentes del PP vasco, agranda el conflicto en la derecha del partido gobernante.

Rajoy y los suyos pagan el precio de haberse servido de las asociaciones de víctimas cuando estaban en la oposición para desgastar al Gobierno de Zapatero. Pero eso se suma a la indefinición de la línea política general y de la comunicación de la mayoría gobernante con los electores. Una mala gestión de proyectos genuinamente políticos, desde la reforma educativa a la del aborto, se mezclan con la resistencia a definir cómo debe tratarse el desafío independentista en Cataluña o el final definitivo de ETA. Y aunque no sea responsabilidad directa del Gobierno, el fracaso en la privatización de la gestión sanitaria en Madrid y los desastres de otros proyectos complican el futuro del partido en un feudo capital.

Rajoy ha confiado en el paso del tiempo, al resguardo de la mayoría absoluta parlamentaria y favorecido por un largo periodo sin citas con las urnas. Pero eso es el pasado: por delante tiene un calendario electoral cargado, que pone nervioso al partido porque, más allá de las europeas, se juega en los terrenos autonómico y municipal. La Convención debería servir como inicio de una aclaración de la línea política y de la renuncia a convertir los conflictos en crónicos, una opción que solo sirve para deteriorar la convivencia.

Ya se sabe, desde hace tiempo, cuál es la línea editorial que sostiene El País en relación con la supervivencia de ETA, prácticamente opuesta a la opinión de sus víctimas, en línea con las pautas marcadas por Zapatero y Rubalcaba y aceptadas activa o pasivamente por Rajoy y Fernández Díaz (el ‘puente vasco’ entre Patxi López y Antonio Basagoiti fue claro al respecto). Por eso, no sorprenden para nada algunas de las afirmaciones que hace el periódico, arrimando el ascua a la sardina de su conocida doctrina, que en este tema es la de proclamar la derrota de ETA (absolutamente falsa) y contemporizar con sus brazos políticos: Bildu, Sortu y Amaiur.

Y también se equivoca El País induciendo al PP a tratar de ganar ventaja política en el País Vasco con una etiqueta ‘centrista’. Un espacio respetable donde los haya, pero allí inexistente; un posicionamiento estratégico con el que jamás se ganó elección alguna por aquellos lares (ni por otros tras la debacle de la UCD) y un intento fallido en la anterior legislatura autonómica que se llevó por delante a sus errados promotores (PSOE Y PP).

ENTRE LA VICTORIA Y LA DERROTA DE ETA

El jueves 26 de abril de 2012 el Gobierno del PP soltó la liebre de su ‘singular’ reforma de la política penitenciaria, entonces planteada de forma generalista (para toda la población reclusa) con objeto de ir disimulando su progresiva claudicación ante la victoria política de ETA y tratando de allanar así el camino para la subsiguiente excarcelación del etarra Bolinaga, que fue condenado a 32 años de cárcel en 1998 precisamente por el cruel secuestro de Ortega Lara, que duró 532 días entre 1996 y 1997, y partícipe también en los asesinatos de tres guardias civiles. Una decisión gubernamental mal tomada en tiempo y forma que ya comenzó a encrespar visiblemente los ánimos de las víctimas del terrorismo (y no sólo de ellas).

Primero el ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, convertido en un auténtico ‘pisacharcos’ del Gobierno (que parece ir por libre pero que no deja de seguir las directrices de Mariano Rajoy a pies juntillas), y acto seguido el propio presidente del Ejecutivo, trataron de explicar su ‘plan’, que no era nuevo porque en el fondo dejaba las cosas como estaban con Rodríguez Zapatero, sin variar para nada la ‘hoja de ruta’ establecida por el PSOE en relación con el fin de ETA, pero haciéndolo de forma ciertamente poco comprensible.

De hecho, cada cual (analistas, grupos políticos, presos etarras, víctimas del terrorismo, medios policiales y judiciales, los españoles de a pie…) llegaría a entender aquel reajuste de la política carcelaria con tanta discrepancia como dispares fueron las múltiples declaraciones al respecto. Así, el ‘plan de reforma’, que bien podría no ser ‘plan’ ni ser ‘reforma’, soportó todo tipo de calificaciones: bueno, malo, insuficiente, excesivo, agraviante, necesario, inútil, ineficaz, innecesario, absurdo, etc…

Con todo, ya tomó cuerpo la idea de que el Gobierno trataba de explicar lo inexplicable, o que quería vender la ‘cuadratura del círculo’ de la victoria de ETA con sus brazos políticos legalizados como quien se fuma un puro a costa de las víctimas del terrorismo. Y evidenciaba que, al menos los dos portavoces del caso (Rajoy y el ministro Fernández), debían realizar uno o varios cursos acelerados de pedagogía expositiva y del propio uso de la lengua española.

En el fondo, no hacía falta ser muy perspicaz para darse cuenta que el ‘gato encerrado’ en aquella retórica tan espesa, no era otro que el de encajar poco a poco en el Estado de Derecho la victoria política de ETA para seguir cediendo de forma encubierta ante sus sucesivas reivindicaciones. Y, si cabe mayor trágala, tratando de demostrar algo efectivamente complicado: que quien había ganado la guerra entre la canalla del terror y la Democracia era ésta y, peor aún, que lo había hecho sin claudicación alguna y manteniendo la sartén por el mango.

Objetivo imposible de alcanzar, porque la sociedad ve con suma claridad (y no menos espanto) quiénes, de qué forma y con qué objeto se han sentado en las instituciones democráticas de representación política, tanto en el País Vasco como en el Senado y el Congreso de los Diputados. Máxime con los sapos que Rajoy se tuvo que tragar inmediatamente antes y después de presentar su política carcelaria con los presos de ETA; banda terrorista que sigue sin entregar las armas, sin disolverse, sin arrepentirse del tremendo daño causado al conjunto de la sociedad española y sin pedir perdón.

El primero fue un informe de Europol sobre la situación y tendencias del terrorismo en Europa, referido a 2011 y presentado el 25 de abril de 2012, en el que, a pesar del tan traído y llevado anuncio del cese de la violencia etarra, se afirmaba con rotundidad: “ETA sigue reclutando nuevos miembros y recabando información sobre nuevos objetivos”.

El documento también señalaba, entre otras preocupantes cuestiones, que la banda terrorista todavía “no ha anunciado ni la entrega de las armas ni la disolución de la organización terrorista”. Y ponía el dedo en la llaga de la política gubernamental recordando otras experiencias previas de ‘alto el fuego’ que llevaron a una vuelta de ETA a la actividad criminal, al no ver cumplida la banda sus objetivos políticos, identificados con “un proceso de conversaciones para la paz con los gobiernos de España y Francia para la creación de un Estado independiente”.

El segundo sapo, quizás más gordo, fue la coz que Martin Garitano, diputado general de Guipúzcoa, soltó al Gobierno justo al hacerse público su ‘plan de reforma’. En su opinión, aquel bodrio normativo no comportaba ningún avance esencial para la reinserción de presos condenados por terrorismo, exigiendo de entrada que se procediera a la “repatriación inmediata de los presos políticos [vascos]” y a “la excarcelación paulatina de todos los presos [de ETA]”.

A juicio de Martin Garitano, miembro de Bildu y sin duda el dirigente más representativo de la izquierda abertzale (correa trasmisora del pensamiento etarra), “una sociedad normalizada políticamente no puede sostener 700 presos políticos”. Y ahí quedó eso, dicho con toda claridad para que Rajoy lo entendiera bien entendido.

De esta forma, a la escandalosa liberación del etarra Iñaki De Juana Chaos, que terminó abrasando políticamente al PSOE, con Mariano Rajoy al frente del Gobierno siguió la inconcebible excarcelación del asesino Bolinaga. En este caso iniciada por el Ministerio del Interior de forma gratuita y envuelta en una falsa enfermedad terminal y en una apelación cínica de “respeto a la Justicia”, cuando ésta no tenía que haberse pronunciado más allá de la condena del reo y firme a todos los efectos.

Un caso realmente vomitivo que las posteriores declaraciones de Rajoy reiterando el cuento de que “nunca pactare con ETA”, jamás le devolverán la confianza y el respeto de las víctimas del terrorismo. Aún más, todo indicaba -y así fue- que antes y después de las elecciones vascas del 21 de octubre de 2012 se verían nuevos gestos deferentes con los presos de ETA, porque el pusilánime pasotismo del presidente del Gobierno ante la continua debilitación del Estado español en varios frentes, rabiosamente iniciada por ZP, sigue condicionando de forma lamentable sus decisiones e indecisiones políticas.

EL PP DE RAJOY, ROIDO POR SU PROPIA MAYORÍA

La sorprendente actitud ‘zapateril’ de Rajoy se podría ilustrar con algunos otros ejemplos significativos de resistencia a las reformas políticas y de no querer solventar los problemas reales del país, cosa innecesaria porque ya sabemos que su palabra vale poco y, sobre todo, que carece del coraje político necesario para afrontar con éxito esta crítica situación institucional. La traición a su programa electoral (es decir a sus votantes) y sus cambios de postura al pasar de la oposición al poder, le van mostrando como un político poco claro e incapaz de utilizar su mayoría parlamentaria absoluta en el sentido más adecuado, marcado con la misma o parecida impronta del inefable Zapatero: si ambos, uno enfrente del otro, se mirasen en un mismo espejo de doble cara, es muy posible que sólo viéramos el anverso y el reverso de una imagen personal idéntica.

La diferencia política más acusada entre Rodríguez Zapatero y Rajoy quizás confronte la simplicidad del primero, que permitía ver venir sus torpezas desde lejos, con la retorcida reserva del segundo, capaz de aplicar a su mejor amigo la cicuta del silencio mientras le baila el agua interesada a su peor enemigo. Lo malo es que el actual presidente del Gobierno se empeñe en remedar al Zapatero más genuino, porque corre el riesgo, no de alcanzar su escasa altura política, sino de quedarse sólo en un ‘Zapaterín’ de tres al cuarto que perdió una mayoría absoluta para pasar a la oposición.

Cierto es que el sistema electoral español, esencialmente ‘antidemocrático’, ha venido salvaguardando el bipartidismo nacional interesado de las dos formaciones políticas mayoritarias y también a nivel autonómico en las circunscripciones sin partidos nacionalistas o regionalistas. Un blindaje que IU y UPyD ya están perforando y que con la circunscripción única española que rige para las elecciones al Parlamento Europeo, parece que va a terminar de saltar por los aires, porque entonces será muy difícil frenar el crecimiento de esos mismos partidos también a nivel nacional.

Ello quiere decir que, por fin, la tarta electoral puede partirse en porciones y que, paradójicamente, la mayoría absoluta del PP no es un freno para ello, sino más bien su causa. Y, todavía más, parece que el mismo partido del Gobierno está siendo roído por su propia mayoría, en el expresivo colmo de ‘morir de éxito’.

Vox parece que lo entiende así y ya se verá muy pronto cuántos votantes reconducen su actitud ante las urnas y siguen a ese nuevo partido, como algunos ya han seguido a Ciutadans desde la derecha y a UPyD desde el centro (el crecimiento de IU es cosa del PSOE). Con Rajoy al frente del PP, hay campo de sobra para ello.

Si nos atenemos a lo establecido por la RAE, en su acepción más próxima a la politología una ‘convención’ es una “reunión general de un partido político o de una agrupación de otro carácter, para fijar programas, elegir candidatos o resolver otros asuntos”. Dentro del mismo ámbito pero en un sentido más amplio, el vocablo también puede entenderse como “asamblea de los representantes de un país, que asume todos los poderes”.

Y claro está que, coloquialmente, una convención significa un “ajuste y concierto entre dos o más personas o entidades”, una “conveniencia”, “conformidad”… Frente a lo que tendríamos antónimos como “desacuerdo”, “inconveniencia”, “disconformidad” y, por extensión, “perjuicio”, “rebeldía”, “daño”…

Ello sin olvidar que en todo encuentro democrático participativo, y desde luego en los debates y discusiones de naturaleza política -sean asambleas, conferencias o convenciones- lo normal y bien comprensible es que surjan contrapuntos, algunas “concordancias armoniosas de voces contrapuestas” o, como dirían los observadores más sagaces, la “combinación plausible de dos o más melodías diferentes”, aunque sólo fuera a efectos de credibilidad pública, en oposición a los deplorables congresos ‘a la búlgara’ donde todo se aprueba por aclamación. Porque, en definitiva, en política siempre se actúa para los electores -incluso intramuros del partido-, que deben ser los destinatarios del discurso, salvo cuando sus autores lo dirigen a su propio ombligo y a los palmeros de turno, ‘la clac’ del entorno o los grupos de personas -seleccionados- que asisten con el compromiso de rellenar el aforo y aplaudir en momentos señalados.

UNA CONVENCIÓN SIN NADA QUE CONVENIR

Pues bien, todas esas variables son las que han enmarcado la ‘Convención Nacional 2014’ del PP, hasta el punto de que bien podría redefinirse como una auténtica ‘inconvención’, si cabe la palabra, o como una mera kermés, una especie de picnic político de fin de semana en el que el pleno popular se dedicó a inhalar vapores campestres de ‘Enderezol Forte’ para, entre risitas y nervios a flor de piel, superar la frustrante marcha de su legislatura de mayoría absoluta a punto de despilfarro. Dicho de otra forma, una gira muy medida por el incontaminado Valladolid, ‘zona nacional’ de toda la vida y fortaleza-baluarte del PP, para chutarse en vena dosis de ‘automotivación’ ante el desastre electoral que se está avecinando.

Porque lo que realmente se esperaba de la reunión del PP -sobre todo por parte de su electorado- no era otra cosa que el resultado de plantear y discutir reformas políticas, nuevos enfoques económicos y tributarios, cambios en el Gobierno, la candidatura para las elecciones al Parlamento Europeo, respuestas al independentismo y la corrupción, la rectificación de errores como el de la ley del aborto… Cuestiones y propuestas lógicas para afinar la acción política y electoral y reconectar al partido con las demandas y sentimientos ciudadanos.

Pero, en síntesis, la mal llamada ‘Convención del PP’, montada sobre todo como un instrumento propagandista en un momento crucial de la legislatura -para muchos populares ciertamente deprimente-, se zanjó con las ya consabidas referencias a la “herencia recibida” para justificar la brutalidad de los recortes sociales y la ineficacia de la política económica del Gobierno y poco más: alardear del “auto-rescate”, de que “España ha vuelto”, de que “hemos pasado de la resignación a la esperanza”, de que el PP “es un partido, fuerte, sólido y unido” y de otras mentiras y vacuidades políticas.

Un auténtico ‘balance de la nada’ y punto. Por tanto, nada serio ni verdaderamente fundamentado para espantar el terrible drama del paro, desviar el curso del empobrecimiento nacional, ahuyentar los fantasmas del independentismo o concitar a la unión interna del partido, por ejemplo. Adornado, además, con más promesas de menos impuestos de nuevo puestas en boca de un perfecto incumplidor de la palabra dada como el presidente Rajoy, al corte burlesco del “¡Cuán largo me lo fiais!”.

Rajoy fue quien, en la clausura de la fiesta campestre del PP, sostuvo con su habitual ironía y falta de sonrojo que “hoy” España ha pasado “de la resignación a la esperanza”, aludiendo una vez más, como concertadamente hicieron otros dirigentes del partido en cuanto tuvieron un micrófono en la mano, a la herencia recibida y a que cuando llegó a La Moncloa encontró “un país al borde de la quiebra” por la “ineptitud de un mal Gobierno” (ocultando su propia ineptitud cuando fue jefe de la oposición durante dos legislaturas y la de los gobiernos del PP que también dirigieron de forma desastrosa multitud de corporaciones locales y comunidades autónomas).

Escudado como siempre en culpas ajenas y volviendo a hacer ‘oposición a la oposición’ de forma tan patética como incansable, el presidente Rajoy no tuvo el menor empacho para reconocer los sacrificios de los españoles y la dureza de las medidas y recortes llevados a cabo, afirmando que “2012 fue extraordinariamente penoso para todos” y añadiendo en referencia a los sacrificios realizados: “Los españoles nos hemos rescatado nosotros solos”. Pero claro está que en la categoría de “todos” incluyó sin discriminación alguna a los empresarios enriquecidos con la burbuja inmobiliaria, a los políticos corruptos que también desde el PP asaltaron las cajas de ahorro (con Blesa a la cabeza), a los accionistas de la banca ciertamente rescatada por el erario público y no a cuenta de su capital, a los ladrones del ‘caso Gürtel-Bárcenas’, a los amigos del poder ansiosos por gestionar la sanidad pública en su propio provecho…

Eso sí, prometiendo -porque la promesa es lo que mejor se le da- sucesivas bajadas de impuestos a partir de 2015. Pero ocultando a sangre y fuego su trasfondo capital: qué impuestos bajará (y por tanto a quiénes se bajarán), exactamente cuando los bajará (¿en enero, en diciembre o quizás después de perder las próximas elecciones?) y hasta dónde los bajará.

Y sin dejar de referirse también a la unidad de España, pero con frases tan manidas e inoperantes ante el problema del independentismo como “No somos un invento de anteayer” y “Combatiré todo lo que siembre discordia o divida a los españoles” (cosa que no ha hecho, no hace, ni parece que vaya a hacer). Además de apelar al terrorismo con la misma artificiosidad (“La victoria de la democracia, la disolución de ETA y derrota del terrorismo es el único fin aceptable”), o de arremeter contra el jefe de la oposición con un particular y desabrido ‘cállate’, fuera de lugar, autoritario y hasta perdiendo los modos políticos y personales (“Tú, o te callas o reconoces el mérito de la gente. No ocultes a los españoles la verdad de la recuperación como antes ocultaste la del hundimiento…”).

Todo ello, precedido poco antes de una intervención de la secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal, en la que presentó el Manifiesto Electoral del partido para las próximas elecciones al Parlamento Europeo -bastante inconsistente-, pidiendo de nuevo a los cabreados españoles “su confianza” y “la mayor participación en unos comicios que van a marcar el ritmo de la recuperación”). Y afirmando, ahí es nada, que España tiene ante sí al PP “o la nada” y que durante la Convención “todo el mundo ha podido ver” que el PP “es un partido sólido, fuerte y unido”.

Algo verdaderamente grotesco considerando la facilidad con la que Rajoy está malversando los votos del 20-N y la estruendosa salida del PP del sector agrupado en torno a José Antonio Ortega Lara y a las víctimas del terrorismo, acompañada por la de Alejo Vidal-Quadras, la auto exclusión de Jaime Mayor Oreja y las grandes reticencias internas sobre la dirección política del partido (incluidas las de José María Aznar y Esperanza Aguirre sin ir más lejos). Todo ello flanqueado por la presentación de un nuevo partido conservador (Vox) con ánimo de arrebatar votos directamente al PP ya en las elecciones europeas previstas a poco más de tres meses vista (el 25 de mayo).

Con todo, Rajoy tuvo el detalle de salir de Valladolid con el diario Marca en la mano (según se aprecia en una fotografía de Claudio Álvarez publicada en El País), dispuesto al parecer a que los graves problemas de España y de su partido no le aguasen la jornada deportiva del domingo. Todo un carácter irrenunciable, de los de ‘genio y figura hasta la sepultura’…

ENTRE LA CONVULSIÓN Y LA AUTOMOTIVACIÓN

Una visión resumida de lo que en realidad ha sido la ‘Convención Nacional 2014’ del partido en el Gobierno y el agitado contexto en el que se ha enmarcado, es la reflejado por Enrique Gil Calvo en un artículo de opinión titulado acertadamente ‘Convulsión’ (El País 02/02/2014). En él, y tocando a su fin el primer mandato presidencial ‘útil’ de Rajoy (es decir ya en la cuesta hacia abajo de la legislatura), percibe divisiones internas muy claras, motivadas en su opinión por el temor a perder la mayoría absoluta:

Convulsión

Su secretaria general ha desmentido que el partido en el poder sufra una convulsión interna. De donde se deduce que haberla, hayla, por mucho que se haya montado una Convención a la búlgara para tratar de ocultarla. La explicación oficial atribuye las convulsiones a la manipulación de las víctimas del terrorismo por la fuerza oscura que lidera su propio Darth Vader, el resentido Aznar. Pero no hay que confundir el síntoma con su causa última. Pues si las divisiones internas están aflorando es porque todos presienten la próxima pérdida de la mayoría absoluta, lo que les lleva a buscar con ansiedad un nuevo lugar en el sol. Parece que De Guindos y Arias Cañete ya lo han encontrado en Europa, pero los demás se agitan inquietos en su silla.

Lo cual indica que el mandato útil del primer gobierno Rajoy está tocando a su fin, y llega la hora de evaluar los resultados efectivos de su mayoría absoluta. Respecto a la cuestión territorial, ha demostrado una completa impotencia, sin saber administrar la derrota de ETA mientras reforzaba el secesionismo catalán sin ser capaz de domeñarlo. Y en cuanto a su programa de gobierno, intentó hacer grandes reformas estructurales que se han saldado con un balance falaz.

La reforma sanitaria que pretendía privatizar la salud acaba de hundirse anegada por el ascenso de la marea blanca. La reforma educativa es un bluf pendenciero que solo provocará mucho ruido y pocas nueces. La reforma del aborto parece a punto de abortar por sus propias malformaciones, y muy bien podría decaer. La reforma financiera fracasó y hubo de venir el BCE a rescatarnos sin que hasta ahora el crédito se haya recuperado. La reforma fiscal ha hundido los ingresos tributarios, incumpliendo los objetivos de déficit y duplicando la deuda pública. Y sólo queda la reforma laboral como único éxito aparente, jaleado por las autoridades europeas que ponderan la ganancia en competitividad, animando al Gobierno Rajoy a proceder a una nueva devaluación salarial. Pero aquí queda mucha tela por cortar.

Es verdad que la reforma laboral ha logrado reducir la masa salarial (al caer tanto el número de empleos como el salario unitario), por mucho que lo denieguen entre burlas el ministro Montoro (“los salarios no están bajando, sólo se está moderando su crecimiento”) o el vicesecretario Floriano (“la economía se está recuperando gracias al esfuerzo de los que más tienen”). Pero esa evidente extracción de plusvalía ha favorecido menos las exportaciones que la tasa de beneficios, y de ahí el retorno de la inversión externa. Pero a la vez que hacía subir la Bolsa, la reforma laboral ha hundido el consumo interno, impidiendo la recuperación del crecimiento. Y sobre todo, ha disparado la desigualdad de la renta destruyendo la confianza pública y la cohesión social. Esta es la verdadera causa de convulsión que amenaza con hacer estallar la mayoría absoluta del partido de gobierno.

Y claro está que la Convención popular se desarrolló en un clima de gran convulsión. Y, precisamente por ello, también fue, desde luego, un evento esencialmente ‘auto-motivacional’, porque, en verdad, nadie pudo apreciar otro objetivo más visible que ese.

La pregunta que más se repitió en los pasillos del Auditorio Miguel Delibes entre las más de 2.000 personas asistentes y afines, llegadas desde toda la geografía española con una parafernalia considerable, fue esta: ¿Para qué ha organizado el partido la Convención…? De entrada, quedaba claro que no había sido para lanzar al cabeza de lista de la candidatura popular en las próximas elecciones al Parlamento Europeo (todavía sin decidir), como algunos esperaban. Y tampoco para adoctrinar sobre problemas internos y posiciones políticas o para rectificar errores como el de la reforma de la ley del aborto; y ni siquiera para centrarse como táctica propagandista en la más que discutible recuperación económica, como se había previsto.

Esa, la cuestión económica, era en principio el eje esencial sobre el que tendrían que haber girado las jornadas vallisoletanas. Pero, a la postre, el PP acabó escenificando sobre todo sus diferencias con la base militante de las víctimas del terrorismo y tratando de que la estrategia antiterrorista del Gobierno y la hoja de ruta ante el final de ETA no le apartara más de ese sector de afiliación tradicional del PP, cuestión en la que Esperanza Aguirre capitaneó una vez más las voces discordantes con la dirección del partido.

Primero, la presidenta del PP de Madrid contradijo abiertamente al ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, logrando marcar la agenda del día de un cónclave con un programa muy intenso y variado de presencias personales estelares (toda la élite del PP, al margen de la ausencia significada de José María Aznar), encuentros de comunicación e intervenciones de víctimas del terrorismo, jóvenes empresarios y en general afiliados entusiastas en una intensa actividad de automotivación colectiva.

Después, Esperanza Aguirre afirmó con su habitual desparpajo que “ETA sigue viva”, lamentando ante los micrófonos de la cadena COPE, o sea a bombo y platillo: “ETA no ha sido derrotada, por mucho que haya gentes en mi partido que creen que sí”. Una percepción compartida por miles de correligionarios que enmendaba la plana al titular de Interior tan solo un día después de que proclamara con enfática solemnidad que la banda terrorista “hoy está absolutamente derrotada” (una torpeza táctica insólita que sin duda acreditará los resultados de Bildu en las urnas).

Ese mismo día por la tarde, la ex presidenta de la Comunidad de Madrid detalló en un decálogo su filosofía tributaria durante un debate con el ministro de Economía, Luis de Guindos. Hizo un canto con doble intención a la incumplida bajada de impuestos del Ejecutivo, mientras todos esperaban expectantes que en su intervención de clausura Rajoy concretara un anuncio fiscal que no concretó, y defendió su conocida tesis (otra pedrada más contra el presidente del Gobierno) de una reforma de la Administración más radical que la realizada por Soraya Sáenz de Santamaría, reclamando sin ambages unas “Administraciones pequeñas, rápidas y eficaces y con pocas regulaciones”. Además, tuvo la osadía guerrera de explicitar que para afianzar un modelo económico más liberal es necesario vencer “las fuerzas conservadoras de todos los partidos de la izquierda, de los sindicatos y también de algunos de nuestro partido”.

Este ‘recadito al Gobierno’ fue lanzado poco después de que su presidente sembrara el compromiso de una bajada de impuestos a futuro, o una ‘bajada en diferido’ como se comentó por los pasillos aludiendo a la forma en la que María Dolores de Cospedal explicó el finiquito de Luis Bárcenas. Dada la carencia de ideas y propuestas, uno de los mensajes más repetidos en la convención, como ya había adelantado Cristóbal Montoro (“el ministro más deseado y el más querido por los españoles” según dijo Alicia Sánchez-Camacho y no en tono de broma), es que pronto tendremos una reducción del IRPF, aunque lamentando que sus efectos no se vayan a notar hasta 2015, es decir después de la elecciones europeas y de las municipales y autonómicas…

Así, cierto es que el ministro de Hacienda y Administraciones Públicas volvió a prometer en su línea de émulo del ‘profesor Chiflado’ que “el IVA se va a quedar donde está” (faltaría más), rechazando que planee bajar el IRPF sólo con propósitos electoralistas. Lo más chistoso del caso es que Montoro afirmó en plan de auténtico ‘caradura’ que el Gobierno hará “lo que sabe hacer”, nada menos que “bajar los impuestos a los españoles” (en realidad, más que ‘lo que sabe hacer el Gobierno’ es lo que le reclama la sociedad en su conjunto y destacados dirigentes del partido, como Ignacio González, presidente de la Comunidad de Madrid, que saludó estos anuncios con un “Bienvenido al club”).

Por su parte, en un encuentro con representantes de Nuevas Generaciones, Rajoy pareció ‘quemar sus naves’ fiscales con la ya comentada promesa de que a partir de 2015 “habrá bajadas sucesivas de impuestos”, que según parece se prolongarían a lo largo de varios e indeterminados años: un avance fuera de legislatura y por tanto con poco sentido político y ningún efecto electoral positivo.

Dentro de toda la desesperanza latente en la Convención del PP, también se comentaban otras posibles bajadas de impuestos para las pymes y nuevos mecanismos para que vuelva a fluir el crédito. Pero todo ello de nuevo sin mayor concreción.

En cualquier caso, muchos de los asistentes echaron en falta el contenido político propio de una verdadera Convención, en la que participaba el ‘no va más del partido’. Mientras los más escépticos advertían, mordiéndose la lengua, que se había convocado sólo “porque tocaba, porque se ha ido retrasando durante meses y ya no se podía postergar más [los estatutos obligan]”, con puyas como “la orden es no hacer política y, por tanto, no hay mensaje”. Aunque los más fieles o enchufados a la dirección del partido, matizaban: “La convención se ha torcido por Jaime Mayor y José María Aznar, pero tiene un claro objetivo: una llamada a la unidad, una reivindicación del PP real, el de los concejales, una llamada al orgullo de ser de este partido y sobre todo una respuesta”…

DE ‘EL PP O LA NADA’ AL ‘¿POR QUÉ NO TE CALLAS?’ DE RAJOY

Otro de los resúmenes más afilados de la ‘Convención Nacional 2014’ del PP, es el realizado por Miguel Ángel Aguilar en su columna habitual de El País (04/02/2014). En él destaca el exceso de autoestima de los populares (“El PP o la nada”) puesto en boca de su secretaria general, María Dolores de Cospedal, y la petición extemporánea de su presidente (que también lo es del Gobierno), Mariano Rajoy, exigiendo al jefe de la oposición silencio o panegírico:

España: el PP o la nada

La convención del Partido Popular, celebrada en Valladolid el pasado fin de semana, ha tenido la virtud de eludir todos los debates y de aplazar todas las decisiones requeridas en el ecuador de la legislatura, cuando se escucha el sonido de las urnas, a menos de cuatro meses de las elecciones al Parlamento Europeo. Hicieron de teloneros las fierecillas domadas de las distintas baronías territoriales. Se pronunciaron sobre cuestiones ajenas a sus competencias, como por ejemplo el proyecto de ley del aborto. El punto culminante lo alcanzó la secretaria general y presidenta de la Comunidad de Castilla-La Mancha, María Dolores de Cospedal. Fiel a su estilo, basado en reiteraciones e interrogantes retóricos, echó un vistazo sobre la situación de España, para señalar que las opciones son el PP o la nada. Esfuerzo inútil si pretendía ocultar las fracturas abiertas por los disidentes en fuga, o invalidar las nuevas banderas, de convicción o de conveniencia, que acababan de ser izadas en la derecha.

El Partido Popular o la nada, o sea, contarse entre los gozadores del reino de los Cielos o quedar echados fuera a las tinieblas exteriores, donde es el llanto y el crujir de dientes. Es la dialéctica maximalista de los monoteísmos -fuera de la Iglesia no hay salvación- y de los totalitarismos -mejor equivocarse con el Partido que acertar en contra suya-. En todo caso, la cuestión de la nada tiene antecedentes muy remotos. El profesor Tomás Pollán ha vuelto sobre ellos al traducir y prologar con el título La nada y las tinieblas la carta de Fridegiso de Tours (Editorial La uÑa RoTa. Segovia 2012), fechada en marzo del año 800. Allí Fridegiso razonaba que la nada y las tinieblas eran cosas realmente existentes. Una afirmación extravagante que, de otra parte, parecía confirmar la autoridad de la Biblia, donde escrito está que el mundo “fue creado a partir de la nada”, cuando “las tinieblas cubrían la faz de la tierra”. Cuánto mejor hubiera sido extremar el cuidado con este concepto de la nada, cuestión límite que ha marcado el destino de Occidente. También prescindir del cónyuge, Ignacio López del Hierro, en vez de sentarlo en el centro de la primera fila. Porque quien echa por delante a su pareja no puede quejarse si suscita críticas. Qué diferencia frente a Rajoy, tan lejos del Bambi que en vez de caña quería dar ejemplo.

Ahora el presidente del Gobierno exige silencio o panegírico al socialista Alfredo Pérez Rubalcaba, eso sí, con el Marca por bandera. Hubiera podido exhibir El Norte de Castilla, líder en la región; La Vanguardia, por catalán; El Mundo, para saber del relevo de Jota Pedro; The Financial Times, atento a Escocia; o The New York Times, interesado en la tensión árabe-israelí. ¿Pero qué mejor dieta mediática que la de la prensa deportiva en papel?

Estas dos muestras de excesiva prepotencia anotadas a los dos máximos cargos directivos del PP, ciertamente extemporánea y hasta ridícula cuando el partido está electoralmente en caída libre, quizás sinteticen la pobreza de resultados de la convención popular. Ergo, el derroche que comporta como perdida de una oportunidad de oro para haber recuperado al menos parte de la posición perdida ante los mismos votantes que propiciaron la victoria mayoritaria del 20-N.

Una de ellas, la relativa a la exasperada irritación de Rajoy con Rubalcaba, ha sido quizás la que más ha fijado el ‘resultado neto’ de las jornadas vallisoletanas del PP, dada la lógica aplicación con la que ha sido recogida por los columnistas más influyentes. Toda una pataleta política que sólo ha servido para favorecer a quien se intentaba denostar.

Un ejemplo de lo dicho, entre los muchos disponibles, es el artículo de opinión de Lucía Méndez (El Mundo 04/02/2014), en el que se pregunta de forma irónica si, a lo mejor, la orden del presidente Rajoy conminando al silencio universal iba dirigida también a Aznar, Mayor Oreja, Ortega Lara y compañía, no sin dejar de hacer al mismo tiempo una perspicaz observación sobre el concepto popular de “la nada”:

Extraña irritación

Estos dos años en La Moncloa deben de haber sido muy duros porque a Mariano Rajoy se le ha agriado el carácter. Al menos el carácter que muestra a veces en público, ya que en privado es una persona sumamente educada y cordial. Ya se pudo atisbar un punto de rabia en su comparecencia parlamentaria del 1 de agosto en la que pidió perdón por haber confiado en Luis Bárcenas y disparó sin piedad contra sus adversarios, de dentro y de fuera del Hemiciclo. El hombre tranquilo, sosegado, prudente y previsible pareció transformarse en un killer. Ha vuelto a pasar en Valladolid, en el discurso con el que clausuró la Convención Nacional.

Las sesiones habían consistido en una exitosa reconciliación emocional del PP consigo mismo. Un bonito escenario en el que se entronizó al militante de base que trabaja y sufre sobre el terreno mientras los ministros hacen leyes que enfadan a la gente. La Convención estuvo tan bien organizada como una gala de los Oscar o una ceremonia en Westminster. Todos tuvieron su protagonismo para que nadie echara de menos a los que no fueron. Buenos escenarios, excelente iluminación, ropa casual y buen rollo incluso con Esperanza Aguirre.

El abuelo fundador en el recuerdo, el entusiasmo subido y la lágrima en su sitio para recordarle al mundo que el PP sigue con las víctimas. «Ahora viene lo realmente importante», dijo Esteban González Pons, cuando modestamente puso fin a su empático discurso y dio la palabra a Manuel Jiménez, hijo del asesinado Jiménez Abad. Él fue la estrella de la Convención. Todo había sido casi perfecto cuando el domingo a mediodía llegó Rajoy y acabó la terapia con un manotazo.

El presidente del Gobierno ordenó callar a Rubalcaba si el líder socialista insiste en no reconocer los aciertos del Gobierno. La jugada de agitar a las huestes propias para unirlas contra las ajenas está en todos los manuales. Pero eso se puede hacer de muchas formas. Lo sorprendente fue el tono de irritación, casi de rabia, que utilizó el presidente del PP. Y precisamente contra Rubalcaba. Si, como dijo María Dolores de Cospedal, el PSOE es «la nada», no se entiende muy bien que Rajoy mandara callar a «la nada». Claro que a lo mejor la orden del presidente iba dirigida también a José María Aznar, Jaime Mayor Oreja, Santiago Abascal, Ortega Lara, Pedro J. Ramírez, Consuelo Ordóñez y a todos aquéllos que él piensa que son injustos y hasta miserables con su gestión política y económica.

Esta irritación se entiende aún menos si tenemos en cuenta que a Mariano Rajoy las cosas le van bastante bien, de acuerdo con sus hagiógrafos y los arúspices del PP. Nada amenaza su poder internamente, los de Vox son cuatro gatos, Aznar está desactivado, Esperanza Aguirre es incluso simpática con él, la situación económica mejora, Gallardón está bajo mínimos, Bárcenas callado en la cárcel, Rubalcaba no existe, Mayor Oreja no va a romper ningún plato, los medios de comunicación están apaciguados, Bankia luce más sana que una pera y el hijo que le ha salido del Atlético de Madrid debe estar eufórico. ¿A qué viene esa rabia entonces?

EL SILENCIO DE LOS CORDEROS Y LAS VICTIMAS DE ETA

Lo más palpable en la convención popular de Valladolid es que, aunque se celebraron decenas de mini-actos y forillos abiertos a la preguntas de los asistentes, todos estuvieron sujetos a un férreo control para borrar de la agenda los asuntos más polémicos y a una norma no escrita, pero palpable, de que no se hicieran preguntas inconvenientes.

Baste señalar al respecto la dócil actitud de Beatriz Jurado, líder de Nuevas Generaciones, cuando preguntó a Rajoy sobre sus planes para el empleo juvenil. El presidente (del partido y del Gobierno) replanteó la cuestión a su conveniencia (“¿Me preguntas cómo pretendemos aplicar el plan de empleo juvenil o si este plan es suficiente?”), de forma que la interpelante hizo un gesto amable para evitar pronunciarse y no desbaratar el guion establecido, bromeando a continuación el interpelado: “Ah, lo que yo prefiera, es una pregunta muy fácil”. Y eso fue lo más parecido a una pregunta que se dio en tres días convención, sin que, además, se produjera ni una sola rueda de prensa (lo nunca visto, salvo con mariano Rajoy en el poder).

Otra ‘agresiva’ militante de Nuevas Generaciones, al parecer radicada en Eindhoven (en la provincia holandés de Brabante Septentrional), se atrevió a preguntar por las becas Erasmus, aunque con la mayor de las cautelas: “¿Qué opina el presidente de este proyecto Erasmus?”. Admitiendo entonces Rajoy que “ha habido algunas polémicas”.

Pero nadie, ni los jóvenes militantes más osados, se arriesgó a preguntar por la candente ley del aborto, teniendo que ser el propio ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, quien contestara a las miles de mujeres que en esos momentos se manifestaban en contra de su proyecto de reforma: “No habrá ni un insulto que me haga abdicar de garantizar el derecho del no nacido”. El presidente de Extremadura, José Antonio Monago, que previamente se había mostrado muy crítico con esa concreta intención reformadora del partido, tampoco planteó la cuestión: afirmó que tenía “otro orden del día” y que prefería “hablar de lo que nos une, la fortaleza de la Marca España” (¡le manda huevos!, que diría Federico Trillo-Figueroa)…

De esta forma, la imagen transmitida por la ‘Convención Nacional 2014’ del PP ha sido, efectivamente, la de una vacua y tediosa sesión de terapia colectiva de ‘automotivación’, al estilo de los workshops que organizan las empresas multinacionales para enardecer a sus trabajadores, incentivarles y mejorar su espíritu de equipo. Una necesidad doméstica impuesta por el resquebrajamiento que sufre el partido -a pesar de la triste situación por la que atraviesa la oposición socialista-, meramente paliativa y con respuesta política torpemente aplazada sine die; salvo en lo tocante a los ataques del sector crítico y a la aparición de Vox, partido nacido del desacuerdo de una buena parte de la militancia más tradicional del PP con su directiva.

Una situación constatable con la insistente referencia a los populares vascos (los aplausos a Arantza Quiroga fueron tan excesivos como aclaratorios de la situación) y con el ‘homenaje’ montado para contentar a las víctimas del terrorismo utilizando a las familias de algunos asesinados por ETA y un video que incluía imágenes de Rajoy en varios de sus funerales. Manuel Giménez Larraz, hijo del senador por Aragón Manuel Giménez Abad, que fue tiroteado en presencia de otro hijo menor (Borja), sostuvo que la sentencia de Estrasburgo contra la ‘doctrina Parot’ le había parecido algo “insufrible”, pero que comprendía que el Gobierno de Rajoy la hubiera acatado (Mariano Rajoy subió a la tribuna para abrazarle al amparo de una emotiva ovación).

Un acto de homenaje a las víctimas de ETA que en realidad no dejó de ser una pobre respuesta -y quizás cínica- a los críticos con la política del partido en materia antiterrorista, y en especial a los ausentes como Mayor Oreja, Ortega Lara o Vidal-Quadras… Este último fue ‘pasado por la piedra’ sin la menor contemplación por el presidente de la Junta de Castilla y León, Juan Vicente Herrera, quien le recriminó que, después de haber sido “pastor durante 30 años en el partido”, ahora viniera a tildarlo como organización de ovejas…

Prevenciones evidentes, pues, ante una ruptura del partido que, si bien ha sido iniciada por las víctimas del terrorismo, puede agrandarse por otras grietas y vías de descontento interno (desde la reforma del aborto a la evolución de la política económica, pasando por el indepenndentismo). Y lo más llamativo al respecto es que, según confidencias de algún asistente, ni siquiera se hablara de política en el almuerzo-reunión de Rajoy con los barones del partido, donde según Juan Vicente Herrera se trató “más de lo humano que de lo divino” evitando cualquier planteamiento crítico latente.

Mariano Rajoy clausuró la Convención (o Inconvención) popular afirmando con total gratuidad que “hemos pasado de la resignación a la esperanza” y que “al final los españoles nos hemos rescatado nosotros mismos”. Es decir, que gracias al PP España va sobre ruedas (“España en la buena dirección” como manifestaba el lema del evento de forma insolvente), sin olvidar la salida de pata de banco que supuso el exabrupto presidencial del “¿Por qué no te callas?”. Y al margen, claro está, de que nos tengamos que comer sola o con patatas fritas esa gran boutade de “El PP o la nada”, salida del pico de oro de la ‘número dos’ del partido.

En sus tácticas propagandistas, el Gobierno de Rajoy ha venido manejando los datos exclusivos del paro registrado en el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) -el INEM desapareció nominalmente en diciembre de 2003- y sus fluctuaciones estacionales, con preferencia sobre la información general de la Encuesta de Población Activa (EPA), presumiendo con ellos de logros falsos, o cuando menos pírricos, en su lucha contra el brutal desempleo que está asolando el país. Actitud que, por otra parte, no deja de evidenciar la desconfianza gubernamental en su propia lucha contra el desempleo y la absoluta ineficacia de la política económica con la que se está afrontando la crisis.

La EPA es una investigación sistemática de periodicidad trimestral que se realiza desde 1964, aplicada a la unidad familiar con la finalidad principal de obtener datos sobre la fuerza y el mercado nacional de trabajo y de sus diversas categorías: ocupados, activos, parados e inactivos.

Su continuidad y la muestra aplicada (65.000 familias entrevistadas al trimestre, es decir 260.000 encuestas/año) proporcionan una fiabilidad y un seguimiento temporal del mercado laboral ciertamente notables. Además, desde 2005 la metodología de la EPA está adecuada a la normativa común europea, incorporando las condiciones establecidas por Eurostat, incluidas las mejoras en el método de recogida de la información

Así, desde 2005 la EPA incluye seis nuevas variables:

Además, también se incluye una pregunta opcional sobre la cuantía del salario en el caso de los trabajadores por cuenta ajena.

Por otra parte, la distinción de cuatro grupos de sujetos que hace la EPA dentro del marco de trabajo (población de 16 años o más), se corresponde con las siguientes definiciones:

Población Activa: Son aquellas personas que, durante la semana de referencia (la anterior a la de la fecha en que se realiza la entrevista), suministran mano de obra para la producción de bienes y servicios o están disponibles y en condiciones de incorporarse a dicha producción. Por tanto, en la categoría se incluyen de forma conjunta todas las personas ocupadas y en situación de paro.

Ocupados: Son las personas que durante la semana de referencia han estado trabajando al menos durante una hora a cambio de una retribución en dinero o especie o quienes teniendo trabajo han estado temporalmente ausentes del mismo por enfermedad, huelgas o vacaciones. Los ocupados se subdividen a su vez en trabajadores por cuenta propia (empleadores, empresarios sin asalariados y trabajadores independientes) y asalariados (públicos o privados). Atendiendo a la duración de la jornada los ocupados se clasifican en ocupados a tiempo completo (con una jornada habitual semanal superior a 30 horas) y a tiempo parcial (con una jornada habitual semanal inferior a 35 horas).

Parados o Desempleados: Son las personas que durante la semana de referencia han estado sin trabajo, disponibles para trabajar y buscando empleo activamente. Se considera que una persona busca empleo de forma activa si:

También se consideran ‘parados’ a las personas que ya han encontrado un trabajo y están a la espera de incorporarse a él, siempre que verifiquen las dos primeras condiciones.

Población Inactiva: Esta categoría comprende a la población adulta (de 16 años o más) que está estudiando, realiza tareas domésticas, jubilada, demasiado enferma para trabajar o que simplemente no está buscando trabajo. En definitiva, es la población no incluida en las tres categorías anteriores

La Tasa de Desempleo se corresponde con el número de desempleados dividido por la población activa y se expresa en forma de porcentaje. Es decir, no es una proporción entre el total de la gente desempleada o en situación de paro laboral y el total de la población, sino sólo la que relaciona aquella con la denomina ‘económicamente activa’.

LA NECEDAD DE TERGIVERSAR EL DRAMA DEL PARO

Con esta base descriptiva, hablar sólo de ‘parados’ o de ‘desempleo’ y de su variación en el tiempo, distorsiona la realidad del mercado de trabajo al no poner en relación a la población ‘activa’ con la ‘inactiva’ e incluso a la suma de ambas con los parados y/o los ocupados, lo que señalaría su verdadera incidencia en la economía real del país, dando pistas también sobre el nivel o dimensión de la llamada ‘economía sumergida’ (al final de 2013 podría situarse muy por encima del 25% del PIB).

Dicho de otra forma, la disminución del paro no significa forzosamente una creación de empleo neto, ya que puede verse acompañada en paralelo de una disminución de los ‘ocupados’ y de un trasvase entre población ‘activa’ e ‘inactiva’. Y, por eso, la leve reducción del número de parados registrada en 2013 respecto a 2012 (-69.000), ha podido aparejar una destrucción de 198.900 empleos por reducción de la población activa en el mismo periodo de tiempo.

De esta forma, frente a la persistente demagogia del Gobierno (los ‘brotes verdes’, el incremento de las exportaciones, la disminución de la prima de riesgo y otras zarandajas sin nada que ver con la solución real de la crisis), lo que ha hecho el cierre de la EPA en 2013 es lanzar un jarro de agua fría (más bien helada) sobre las pantomimas políticas y económicas centradas en seguir los dictados de las autoridades europeas, en la salvaguarda de los intereses de la banca y los grandes capitales y en esperar soluciones exógenas de la crisis o venidas milagrosamente del exterior.

Lo comprobado al 31 de diciembre de 2013 es, sencillamente, que sobre el cierre de 2012 el número total de ‘ocupados’ han descendido más que el de ‘parados’ (198.900 y 69.000 respectivamente), con variaciones sobre las tasas del mismo periodo del año precedente de un 1,17% y un 1,16% en cada caso, porcentajes similares pero aplicados sobre bases numéricas muy distintas. Además, a lo largo de 2013 la ‘población activa’ ha caído en otras 267.000 personas.

Está muy claro que con una menor ‘fuerza de trabajo’ será muy difícil, por no decir imposible, hacer crecer la economía, es decir incrementar -como proclama el Gobierno- el Producto Interior Bruto (PIB). Máxime cuando esa misma fuerza nominal decrece también en su capacidad productiva por el aumento de los contratos a tiempo parcial frente a los de tiempo completo (menos horas de trabajo equivalen a menos capacidad de producción), y con independencia de que la EPA compute los ‘medio parados’ (trabajadores a tiempo parcial o de media jornada) como totalmente ‘empleados’ y no como ‘medio empleados), inflando de nuevo las cifras de disminución del paro y de crecimiento del empleo.

Todo ello sin considerar la fuerte caída del consumo, precisamente derivada de la alta Tasa de Desempleo; lo que a su vez incrementa de forma incuestionable el paro (que a corto plazo ya se castiga con la retirada de prestaciones sociales), limitando el consumo todavía más y reduciendo la recaudación fiscal. Una espiral de auténtico empobrecimiento, convertida en el nudo gordiano de la nefasta política económica de Rajoy, que sólo podrá deshacerse con un cambio real del modelo económico y de las estructuras productivas.

Nada más conocerse los datos de la EPA del cuarto trimestre de 2013, el economista independiente José Carlos Díez lanzaba en El País (24/01/2014) un análisis de urgencia destacando la incapacidad de la reforma laboral (uno de los pilares estratégicos de la política económica del Gobierno) para evitar la destrucción de empleo, señalando al tiempo la preocupación que provoca el optimismo exuberante de Rajoy:

Depresión y mercado laboral

La historia y la teoría económica nos enseñan que las depresiones tienen efectos devastadores sobre la actividad económica y que la variable de ajuste es el desempleo. España no es una excepción. Desde 2007 han desaparecido el 15% de empresas y el 20% del empleo. Pero donde España si es una excepción, al igual que el resto de Europa, es en la segunda recesión de 2012 que ha prolongado la destrucción de empleo durante cinco años.

Cuando el presidente Rajoy llegó a La Moncloa ya teníamos un grave problema de empleo. Pero desde entonces se han destruido más de un millón de empleos. Sus políticas, las mismas que defendía Merkel, de ajuste fiscal combinado con una reforma laboral que acababa con la negociación colectiva y rompía el contrato social que había permitido a la sociedad española salir del subdesarrollo de los años cincuenta han tenido efectos desastrosos. En primer lugar, la reforma laboral no ha permitido taponar la hemorragia de la destrucción de empleo, sino que la ha amplificado. El PIB cayó en 2013 1,2% y la destrucción de empleo estuvo próxima al 3%. Tenemos la elasticidad de la Ley de Okun más elevada del planeta.

Como me enseñó mi maestro Luis Toharia “los efectos de una reforma laboral siempre son inesperados”. La reforma de 2012 ha cumplido fielmente la regla. En 2008 la hemorragia del empleo se concentró en el sector de la construcción que gracias a los contratos de obra y servicio destruyó empleo como una trituradora de carne picada. Es falso que nuestro mercado de trabajo no fuera flexible. El problema es que la excesiva flexibilidad en la contratación y a la vez la excesiva rigidez en el despido provocaban elevada inestabilidad en las recesiones y favorecía un modelo de crecimiento orientado a empleos de baja productividad que favoreció la burbuja inmobiliaria.

Era evidente que nuestro mercado de trabajo necesitaba reformas. Pero liquidar la negociación colectiva ha aumentado la flexibilidad a costa de generar más inestabilidad y fortalecer el modelo de crecimiento castizo español basado en empleos precarios, temporales y de baja cualificación. Esto complica la solución de la crisis de deuda y tendrá efectos muy negativos sobre nuestro potencial de crecimiento y nuestra renta por habitante de la próxima década.

En el cuarto trimestre, las empresas españolas han destruido 218.100 empleos a tiempo completo y en buena medida han sido sustituidos a tiempo parcial. De ellos 54.100 tenían contrato indefinido. La destrucción de empleo se concentró en los menores de 35 años. Por tanto, españoles entre 35 y 65 años están aceptando cualquier tipo de contrato y salario con tal de volver al mercado laboral.

La causa principal es la desesperación: 1.832.100 hogares, unos 6 millones de españoles, tienen a todos sus miembros en paro y están en pobreza severa y ha vuelto aumentar en el cuarto trimestre. Y medio de millón de personas que perdieron su empleo en 2012 van a perder su prestación en 2013. Eliminando el empleo agrícola se destruyeron 150.000 empleos el pasado trimestre. Un total de 10 comunidades autónomas finalizaron 2013 con una destrucción de empleo superior al 1,5% y siguen en depresión. Hay una dispersión regional brutal. Hemos tenido un excepcional año turístico y las islas y las regiones del Mediterráneo han tenido un mejor comportamiento en el empleo. Pero el resto de regiones siguen en depresión. Aragón acabó 2013 con una caída del empleo del 6% con respecto a finales de 2012. Galicia, -3,8%; Castilla y León, -3,4%; Madrid, -3,3%; etcétera.

Lo peor no es que estemos mal, lo más preocupante es comprobar el optimismo exuberante del presidente Rajoy. El comisario Rehn, brazo ejecutor de Merkel en Bruselas, nos ha dicho en EL PAÍS que tenemos que profundizar en los ajustes y las reformas y que nos quedan 10 años para cerrar las cicatrices de la depresión. Las exportaciones españolas cayeron en noviembre un 2% anual y en una recuperación sin empleo y sin crédito apoyar todo el crecimiento en consumo privado no es sostenible.

Aún hay margen para actuar, pero el tiempo se va agotando. EE UU y Obama confirman que hay vida después de la crisis. Aprendamos y actuemos con urgencia y determinación.

EL DESEMPLEO ESTRUCTURAL COMO SUICIDIO ECONÓMICO

Mientras el Gobierno se empeña de forma contumaz en seguir vendiendo a la opinión pública milimétricas caídas coyunturales del paro (8.400 personas en el último trimestre sobre casi seis millones de parados), ficticias como hemos visto por incluir a las que no trabajan a tiempo completo, y por tanto ocultando una caída del empleo (personas ocupadas) notoriamente más significativa, lo cierto e indiscutible es que, con todo, a final de 2013 la Tasa de Desempleo ha vuelto a repuntar hasta el 26,03%.

Con ello, se consolida una situación de paro estructural insostenible. Desde la crisis económica y financiera de la década de 1980, dicha tasa nunca ha bajado en España del 8%, siendo prácticamente el país de la OCDE con mayor porcentaje de desempleo (por delante de Irlanda y Grecia, que son los otros dos países con paro también muy destacado) y doblando en los últimos treinta años la media de los países desarrollados, tanto en épocas de crecimiento como en las de crisis.

A raíz de la salida de la crisis de los años 1990, el desempleo descendió desde los 3,6 millones de personas hasta, más o menos, los dos millones, pero estancándose en esa cifra durante toda la época de bonanza y hasta el inicio de la crisis actual. En el año 2003 la tasa de paro era del 11,5%, lo que se consideraba una buena cifra para España, pese a que se trataba de una tasa de desempleo a la que la mayoría de países industrializados sólo llega en épocas de crisis económica. En el año 2007, en el que se alcanzó la tasa más baja en treinta años, se contabilizaban 1,8 millones de parados.

Después de la eclosión de la burbuja inmobiliaria y de la crisis de deuda soberana del 2011, tras el acceso de Rajoy a la Presidencia del Gobierno y con su política económica ciertamente discutida y contraria a las propuestas previamente defendidas en su programa electoral, el desempleo del país se  disparó de forma inédita hasta alcanzar en el primer trimestre de 2013 una tasa del 27,16%, acompañada con el récord histórico de más de 6.200.000 parados. Hoy, al 31 de diciembre de 2013, España continúa con una tasa de paro por encima del 26% y con 5.896.300 desempleados, y ello a pesar de las manipulaciones contables comentadas…

Pero eso no es todo, porque hay otros datos y circunstancias socio-laborales que todavía son mucho más preocupantes. De hecho, son los que, por sí mismos, están marcando el agotamiento y la destrucción -sin repuesto- del actual sistema económico.

Por un lado, la disminución de la población ‘ocupada’ (destrucción neta de empleo), ha llevado a que la relación entre las personas con empleo y el total de la población española, cifrado en 46.704.314 individuos, suponga que de cada tres ciudadanos sólo trabaje uno; es decir, que con el esfuerzo de cada español empleado, con retribuciones a la baja, tengan que vivir tres. Siendo además muy constatable que no todos los ‘empleados’ están integrados en el circuito de la ‘economía productiva’ (una gran parte del empleo público desarrolla funciones que, aun sin discutir su necesidad social, no dejan de ser ‘improductivas’ por naturaleza).

Y, por otro, hay que tener en cuenta que, tras seis años con destrucción de empleo continuada y hasta límites sin precedentes históricos, el desempleo de ‘larga duración’ (más de un año) ha desplazado de forma vertiginosa al de ‘corta duración’ (menos de un año), correspondiendo más del 60% del paro a la primera categoría y menos del 40% a la segunda. Mientras el empleo a ‘tiempo completo’ ha decrecido en favor del ‘temporal’ y el de ‘media jornada’.

Además, también se han disparado los hogares que carecen de cualquier tipo de ingresos, pasando de 500.000 en 2010 a casi 700.000 en 2013, así como la población infantil que vive en riesgo de pobreza o de exclusión social, que hoy alcanza a 2.826.549 niños y niñas (un 33,8% del total) según la ONG ‘Save the children’, lo que supone un serio obstáculo para que puedan disfrutar de la protección reconocida en la Convención sobre los derechos del niño de Naciones Unidas. Dos dramas que, diga lo que diga el Gobierno, van a seguir creciendo en 2014 de forma irremediable…

El desempleo, que el Gobierno no sabe o no quiere combatir de forma eficaz con instrumentos bien conocidos de política económica, fiscal y laboral, está reduciendo los ingresos de las familias de forma drástica. Incidiendo por tanto negativamente no sólo en el consumo interno, sino también en la calidad de vida de la clase trabajadora y en su salud mental, alargando el período de  emancipación juvenil y haciendo caer de forma peligrosa -por la imposibilidad de formar una familia con mínimas garantías económicas- el índice de natalidad.

Así, se disparará el fenómeno de la exclusión social; aumentará el impago de los servicios más elementales; crecerá la llamada ‘pobreza energética’, que impide pagar las facturas de suministros básicos como el agua, la luz y el gas, y seguirán los desahucios por impago de las deudas hipotecarias… De hecho, según los datos oficiales publicados recientemente por el Banco de España, en la primera mitad de 2013 (último balance disponible) los desahucios ejecutados desde enero a junio alcanzaron a 35.098 viviendas (casi los mismos que en todo 2012), apuntando así a un fuerte “crecimiento en comparación con 2012” a pesar de la presión social y del ‘código de buenas prácticas’ impuesto a la banca por el Gobierno en 2012.

Todo ello sin el menor atisbo de que la banca, directamente saneada por los contribuyentes, promueva créditos al consumo ni capital circulante para el normal funcionamiento de las empresas, entre otras razones porque le es mucho más cómodo y rentable prestar dinero al Estado para financiar la deuda pública. Un panorama de sequía crediticia complementario del paro estructural, que sólo puede augurar un mayor empobrecimiento de la renta disponible para el consumo, lo que sin duda alguna conllevará una mayor caída en la producción industrial y en la prestación de servicios, aún más desempleo y menos ingresos fiscales y, desde luego, un pernicioso aumento de la ‘economía sumergida’.

Paréntesis. En relación con éste grave problema de destrucción del sistema económico, GESTHA (el Sindicato de Técnicos del Ministerio de Hacienda) acaba de presentar el informe ‘La economía sumergida pasa factura - El avance del fraude en España durante la crisis’, elaborado bajo la dirección del profesor Jordi Sardá, de la Universitat Rovira i Virgili. En él se advierte que el crecimiento de la economía sumergida ha evolucionado desde una tasa del 17,8% sobre el PIB (193.626 millones de euros) registrada en 2008, hasta otra del 24,6% en 2012, equivalente a 253.135 millones de euros, ciertamente brutal, sin llegar a contemplar partidas incontrolables vinculadas, por ejemplo, a la prostitución yo al consumo de estupefacientes.

EL PARO, DETONANTE DEL ESTALLIDO SOCIAL

¿Y cómo, con esta terrible situación, el Gobierno de Rajoy puede atreverse a hablar de un ‘crecimiento económico’ inminente…? ¿Es que acaso algún economista serio, no los adoctrinados por el poder, ha descubierto una fórmula hasta ahora inédita para crear empleo sin capacidad de consumo y sin crecimiento económico, o de impulsarlo gracias al paro…? Y, a contrario sensu, ¿es posible crear empleo (y millones de empleos) sin un crecimiento económico por encima del 1%…?

Porque, claro está que con decisiones ‘alumbradas’ como la de reducir el IVA cultural en el comercio de obras de arte (del 21 al 10%), difícilmente saldremos de la crisis. Aunque los millonarios sí que podrán decorar sus mansiones un 11% más barato, o atesorar bienes tangibles (adecuados de forma especial para jugar al despiste fiscal), gracias a que el contribuyente de a pie seguirá pagando un IVA general del 21% con independencia de cuál sea su poder adquisitivo, en un sistema tributario de marcado carácter regresivo que sigue presionando más a quien menos tiene.

La derecha política española (con su empresariado) ha venido considerando que el desempleo estructural se debía a los altos costes laborales unitarios (impuestos y cotizaciones sociales), afirmando que su reducción fomentaría la contratación. Sin embargo, cuando esa misma derecha llegó al Gobierno, José María Aznar (1996-2004) no rebajó las cotizaciones sociales ni los impuestos a las rentas más bajas, logrando, no obstante, crear millones de puestos de trabajo gracias a la ‘burbuja inmobiliaria’ y al efecto inductor de la economía prestado por el sector de la construcción.

Por su parte, Rajoy no dejó de criticar el paro registrado cuando estaba en la oposición, mucho menor que el soportado bajo su mandato. Incluso llegó a posar ante una oficina de empleo, junto a una larga cola de gente que lo buscaba, para ilustrar la portada de El Mundo (10/01/2010)  afirmando a su entrevistador: “No le quepa duda de que cuando yo gobierne bajará el paro”. Pero en el primer trimestre de 2013, ya en su segundo año como presidente de Gobierno, el paro se disparó hasta alcanzar una inédita tasa del 27,16%, batiendo el récord de más de 6.200.000 desempleados…

Hoy, esa tasa apenas se ha reducido una décima (estamos en el 26,03%). Y si sobre esa versión ‘oficial’ del paro proyectamos una realidad más cierta del mercado y la fuerza laboral ‘real’, computando -por ejemplo- unidades de horas/trabajo en vez de ‘desempleados’, o a los ‘medio parados’ como tales -es decir como ‘medio empleados’-, objetivamente no puede verse otra cosa que una situación de desempleo estructural insostenible.

Ignorarla, tergiversarla o maquillarla ante la opinión pública, en modo alguno supone combatirla, ni mucho menos superarla: sólo ayudar a su consolidación y enquistamiento, con consecuencias que, no por verse contenidas, dejen de apuntar hacia el estallido social. El gravísimo problema del paro en España, realimentado de forma suicida por una política económica errada, inútil y perniciosa, está sobrecargando con explosivos de muy alta temperatura y gran velocidad de expansión la santabárbara del sistema económico y de convivencia social.

Mientras tanto, Rajoy, políticamente casi tan irresponsable como lo fue en su momento Rodríguez Zapatero, sigue fumándose un puro junto a la carga detonadora. Así está la cosa.

Es de sobra conocida la fijación que el general Franco (ergo el régimen franquista) tenía en contra de judíos, masones y comunistas, metiendo de paso en el mismo saco a los ateos (incluso si fueran apolíticos). Los creía detrás de todos los males que aquejaban al país; desde el mismo momento de iniciarse la sublevación militar de 1936 y siempre que se necesitaba encontrar causa exculpatoria de cualquier problema político, económico o social derivado de la propia dictadura o de la gestión de sus gobiernos.

Tras el Alzamiento Nacional contra la II República, Franco no dudó en proclamar rápidamente que su razón esencial era la de liberar a España del comunismo y la masonería. Lo dejó muy claro en una declaración recogida por el diario El defensor de Córdoba el 24 de julio de 1936, cuando todavía muchos pensaban que la sublevación militar no pasaría de ser un intento de asonada sin futuro alguno: “Luchamos para formar un solo frente nacional contra los judíos y las logias de masones, contra Moscú y las sociedades obreras de tipo marxista”. Y, de hecho, a las pocas semanas, el inmediato 15 de septiembre, ya publicó el primer edicto antimasónico de la España franquista, declarando tajantemente a la francmasonería fuera de la ley y culpando curiosamente a sus miembros de “crimen de rebelión”.

Terminada la contienda con la victoria de las fuerzas sublevadas, el 1 de marzo de 1940 se aprobó la Ley para la Represión de la Masonería y el Comunismo, creándose el Tribunal Especial del mismo nombre encargado de su aplicación, a veces desorbitada y brutal (estuvo en vigor hasta que en 1963 comenzó a actuar el Tribunal de Orden Público). Aquella ley castigaba a masones y simpatizantes con penas que alcanzaban los 30 años de cárcel para los grados más altos, representando dicha condición un pecado tan grave que, por ejemplo, nadie podía ser miembro de un Tribunal de Honor militar si tenía algún pariente, hasta segundo grado de consanguinidad, que hubiera sido masón.

El general Franco convirtió su manía antimasónica y anticomunista (y por extensión ‘catolicista’) en uno de los pilares ideológicos del régimen, de forma que en sus discursos -y en el de sus ministros y altos cargos más fieles- siempre aparecía la consabida coletilla sobre la “confabulación judeo-masónica” unida a su connivencia con el “comunismo internacional”. Así, masones, judíos, comunistas y ateos eran la permanente amenaza del “enemigo que acecha en la sombra” y la causa de todos los desastres históricos de España, desde la pérdida de Gibraltar o de Filipinas a la de los territorios de América.

Incluso hubo quienes, dentro del régimen, consideraron a la II República Española, en bloque, como una “operación masónica”, dada la afirmación histórica de que todos sus presidentes de Gobierno, con excepción de dos (Niceto Alcalá Zamora y Joaquín Chapaprieta) pertenecieron a la masonería: Manuel Azaña, Alejandro Lerroux, Diego Martínez Barrio, Ricardo Samper, Manuel Portela Valladares, Augusto Barcia Trilles, Santiago Casares Quiroga, Francisco Largo Caballero y Juan Negrín.

Y lo cierto es que la presencia de masones en el Gobierno Provisional de la República (1931) y su entorno de poder no dejaba de ser bien llamativa: ocho de sus once miembros militaban en la francmasonería (más tarde también lo haría Manuel Azaña, que en aquel Gobierno fue ministro de la Guerra), no menos de 21 generales y gran cantidad de subsecretarios, directores generales, embajadores y otros altos cargos políticos. Además, en su libro titulado ‘La masonería y la Constitución de 1931’ (Fundación Universitaria Española, 1980), José Antonio Ferrer Benimeli, uno de los más reputados ‘masólogos’ del mundo, registraba una larga lista de 183 masones con escaño en las Cortes Constituyentes de 1931, del total de los 458 existentes, por lo que la representación masónica alcanzaba en la Cámara la espectacular proporción del 39,08 por 100, perteneciendo a todos los partidos con representación parlamentaria, tanto de la izquierda como del centro y la derecha…

Y de esta forma, con aquellos antecedentes de activismo político, cierto pero poco reprobable, continuó la injustificada cantinela antimasónica (y anticomunista) hasta los estertores del franquismo. Incluso en su último discurso público del 1 de octubre de 1975, pronunciado desde un balcón del Palacio de Oriente y flanqueado por el Gobierno en pleno y por los príncipes de España (Don Juan Carlos y Doña Sofía), poco antes de su muerte acaecida el 20 de noviembre, Franco no se resistió a iniciarlo con estas atribuladas y casi agónicas palabras: ”Todas las protestas habidas obedecen a una conspiración masónica-izquierdista, de la clase política, en contubernio con la subversión comunista-terrorista en lo social, que si a nosotros nos honra a ellos les envilece…”.

Paréntesis. El texto precedente se corresponde con la versión oficial del discurso, pero el inicio real del mismo fue el siguiente: “Todo lo que en España y Europa se ha ‘armao’ obedece a una conspiración masónico-izquierdista, en contubernio con la subversión comunista-terrorista en lo social, que si a nosotros nos honra, a ellos les envilece…”.

Lo cierto es que las protestas a las que entonces se refería Franco (que incluyeron una huelga general, la quema de embajadas españolas en el extranjero, manifestaciones y críticas en medio mundo contra el régimen como jamás se habían visto, peticiones de clemencia por parte de muchos mandatarios y organismos internacionales, tensiones increíbles con la jerarquía eclesiástica…) nada tenían que ver con la francmasonería ni con ningún contubernio comunista o de otra naturaleza. Eran la consecuencia directa del fusilamiento, el 27 de septiembre de 1975, de cinco terroristas (tres miembros de los GRAPO y dos de ETA) condenados a muerte en Consejo de Guerra sumarísimo…

LOS NUEVOS ‘ENEMIGOS INVISIBLES’ DE ESPAÑA

Pero la obsesión casi patológica del régimen franquista contra los ‘enemigos invisibles’ de España, que llegó a niveles verdaderamente  surrealistas, tiene hoy, en plena democracia y bajo el mandato presidencial de Mariano Rajoy, una correspondencia sin duda más inconsecuente y preocupante.

Ahora ya no se proclaman ataques judaicos, masónicos o comunistas -viles y encubiertos- contra el poder político establecido, seguramente porque tales condiciones fueron redimidas por la Constitución de 1978. Pero sí que se sigue esgrimiendo el ateísmo, por ejemplo, para anatemizar a las mujeres que, en el ejercicio de su propia moralidad y libertad, quieren o se ven en la necesidad de optar por el aborto, sin tampoco imponérselo a las que, con la misma libertad, tomen otras opciones.

Y, por supuesto, siempre que interesa a ese mismo establishment también se señalan por doquier “anarquistas” y “grupos antisistema” o de cualquier otra naturaleza violenta, incluida la terrorista, en sustitución de los antiguos ‘fantasmas’ del franquismo. Claro está, especialmente cuando -al igual que sucedía entonces- a los gobernantes les interesa enmascarar o combatir las protestas ciudadanas en contra de la corrupción pública y de sus errores o abusos en la gestión política.

Una labor que, inmediatamente, suele contar con la caja de resonancia de los medios de comunicación públicos y los acogidos al favor del Gobierno, como el grupo llamado la “Brunete” mediática y los columnistas del tea-party popular, con los neocons celtibéricos vistiendo el muñeco. Tropa de furibundos capaz de desertizar la selva más exuberante o de reducir a escombros su propio partido en una sola legislatura aunque estén en el Gobierno (y en eso están), como en su momento hicieron, respectivamente, las termitas del film ‘Cuando ruge la marabunta’ (en la versión original ‘The naked jungle’ o ‘La jungla desnuda’, dirigida por Byron Haskin y estrenada en 1954), y los democristianos de la extinta UCD.

Otro paréntesis. La alcaldesa de Madrid, Ana Botella, la misma de aquel inefable “A relaxing cup of café con leche en la plaza Mayor”, llegó a calificar las protestas vecinales de Gamonal nada menos que como ‘atentados’ (“Yo desde luego condeno los atentados de Burgos”, dixit). Antes, por supuesto, de que su propio partido (el PP), que gobierna en el Ayuntamiento de la ciudad, claudicara ante dichos supuestos terroristas…

El nuevo latiguillo político en contra de los ‘antisistema’, recurrente como arma arrojadiza contra toda manifestación de malestar social, comenzó con el ‘Movimiento del 15-M’ (también conocido como ‘Movimiento de los indignados’), formado tras la manifestación del 15 de mayo de 2011 convocada por diversos colectivos ciudadanos sin especial significación política, y cuando 40 personas decidieron de forma espontánea acampar esa noche en la madrileña Puerta del Sol. El movimiento nació con el socialista Rodríguez Zapatero al frente del Gobierno, pero las acusaciones de estar inspirado por los consabidos anarquistas no partieron de la izquierda política sino de la derecha que gobernaba en el Ayuntamiento y en la Comunidad de Madrid.

No obstante, los medios informativos de medio mundo pudieron trasladar una percepción objetiva del carácter pacífico de las protestas ciudadanas, derivadas exclusivamente de la corrupción y la incompetencia de la clase política, tratando de promover una democracia más participativa, alejada del bipartidismo representado por el PP y el PSOE y del dominio de la banca y las corporaciones financieras, así como una auténtica ‘división de poderes’ y otras reformas políticas para mejorar el sistema democrático. Sus lemas convergían en torno a las ideas-fuerza que encabezaban la manifestación del 15-M: “No somos marionetas ni mercancía en manos de políticos y banqueros”, “Democracia real YA” y la más sencilla y finalmente más extendida de “Indignados” (en el barrio de Gamonal también surgió con no poca adecuación la de “La calle es nuestra”).

Y esa forma de tergiversar y combatir equivocada y cínicamente cualquier protesta de los ciudadanos, conculcando así su libertad constitucional de opinión y manifestación, se acrecentó de forma muy visible cuando Rajoy se convirtió en presidente del Gobierno con mayoría parlamentaria absoluta.

Entonces, el PP arremetió contra los ‘escraches’ promovidos por quienes protestaban contra la banca, reclamaban la ‘dación en pago’ de sus deudas hipotecarias o se defendía de sus brutales desahucios (que generaron una terrible oleada de suicidios), mientras esos mismos manifestantes veían como el erario público subvencionaba su desastrosa gestión financiera, a menudo delictiva. Y hasta criminalizó a los ‘yayoflautas’ estafados con las ‘participaciones preferentes’, un producto financiero ideado específicamente por los banqueros para estafar a sus clientes-inversores más modestos con la connivencia gubernamental; contra cualquier tipo de protesta pública ante las cámaras parlamentarias, que son la sede de la soberanía popular y dónde residen sus representantes políticos, aduciendo que con ellas se atentaba contra su libertad e inviolabilidad; contra quienes rechazan la reforma sanitaria o la educativa o contras quienes protestan por las tasas judiciales, la subida de la luz o por cualquier abuso político… hasta llegar finalmente a los disturbios eclosionados el pasado 10 de enero en el barrio burgalés de Gamonal.

LOS DISTURBIOS DE GAMONAL, ENTRE MENTIRAS Y VERDADES

De acuerdo, pues, con el guion gubernamental establecido, al iniciarse la protesta de los vecinos afectados por las obras y reformas de la calle Vitoria (el principal eje viario del barrio), cuya disconformidad previa fue ignorada por el gobierno municipal del PP con el argumento de que la actuación estaba incluida en su programa electoral, aparecieron rápidamente las primeras acusaciones descalificadoras tanto desde el partido como desde el Ministerio del Interior.

El secretario de Estado de Seguridad, Francisco Martínez, se lanzó de hoz y coz al ruedo mediático afirmando que en las protestas de Gamonal (que estallaron de forma espontánea al comenzar las obras y sin planificación alguna) se habían “infiltrado” grupos violentos “itinerantes”, cuyo único interés no era la reivindicación de los vecinos, sino “el ejercicio de la violencia” por la violencia, subrayando de paso la necesidad de la futura Ley de Seguridad Ciudadana que prepara el Gobierno.

Ante los medios informativos, el ‘número dos’ de Interior aseguró que en las protestas se parapetaban “grupos violentos, algunos bien conocidos” (sin concretarlos) y “tremendamente violentos” que ya habían participado en manifestaciones en Madrid y también en Castilla y León. Y acto seguido defendió que ante esta situación había que dar una “respuesta firme”, que “en ocasiones la da el Código Penal” aunque para otras era necesario “buscar un marco jurídico preciso”.

En el caso de Gamonal, apuntó que entre los 40 detenidos inicialmente había 11 menores y que “alguien debe hacerse responsable de los destrozos provocados, sus padres o tutores”, que es lo que persigue precisamente la reforma. “Los 40 detenidos pertenecen a grupos de violencia antisistema, extrema, que ya habíamos visto en otros lugares; son clásicos en los incidentes de seguridad ciudadana que hemos visto en Madrid en las manifestaciones ante el Congreso y en otras”, explicó poniéndose la venda sobre una herida inexistente...

No es este el momento de criticar la nueva ley de seguridad ciudadana pretendida por el Gobierno, pero sí que conviene dejar en evidencia, de nuevo, el autoritarismo y las mentiras oficiales sobre los fantasmagóricos enemigos del sistema. Porque la realidad objetiva y demostrada es que los detenidos por los disturbios de Gamonal tienen acreditado su domicilio en Burgos y sólo dos de ellos fuera de la ciudad, aunque vivan allí, sin tener por tanto nada que ver con ‘grupos violentos itinerantes’ ni cosa parecida; lo que no justifica ni mucho menos el que los jóvenes más agresivos o inmaduros se dediquen a quemar contenedores, destrozar escaparates de oficinas bancarias o apedrear a la fuerza policial (dentro por supuesto de un contexto de enfrentamiento mutuo).

Por ello, no termina de entenderse el descaro con el que el Gobierno del PP pretende ‘criminalizar’ las protestas ciudadanas de forma sistemática, y en particular las del barrio burgalés de Gamonal que, al final, se han tenido que saldar atendiendo las demandas vecinales. Un juego democráticamente perverso y generalizado por el PP como táctica política, en el que cada dos por tres se niega el derecho de la ciudadanía a no dejarse mangonear por la clase política y a exigirla un comportamiento honesto y acorde con las necesidades y requerimientos sociales reales.

Porque, por esa vía del desencuentro permanente con los administrados, a nadie ha de extrañar que terminen aflorando, primero su indignación y después -tras la denuncia inútil-, la violencia, tan lamentablemente útil como peligrosa. Y que, como se ha demostrado en el caso de Gamonal y con otras reacciones ciudadanas no menos agresivas (sin que tampoco pretendamos estimularlas), es sin duda alguna más eficaz y más rápida.

Sobran, pues, a nuestro entender, campañas y consignas mediáticas ‘contra los violentos’ y muestras de autoritarismo absolutamente fuera de lugar en el Estado democrático, al margen de su condición inconstitucional. Con ellas, el PP sólo consigue exacerbar al ciudadano medio, desmarcarse del centrismo político y, a la postre, perder electores.

Porque, ¿qué se puede cosechar social y políticamente con artículos tan rabiosos como el publicado, por poner un ejemplo, por Jaime González en ABC (21/01/2014) demonizando a los vecinos burgaleses de Gamonal y proclamando una democracia dictatorial…? Aquí lo tienen para que cada cual formule su respuesta:

La democracia arrodillada

No ha sido la sociedad civil quien ha ganado en el barrio burgalés de Gamonal, sino los elementos más perversos e incívicos de un sistema que pretenden reventar a patadas. El mensaje político es demoledor: lo que no se consigue pacíficamente se logra prendiendo fuego a la calle. De manera que, a partir de ahora, habrá quienes decidan cambiar de estrategia: en lugar de dotarse de pancartas y bocinas como instrumentos de protesta, mejor sustituirlas por piedras y botellas incendiarias, pues ejercen un poder de persuasión en nuestros representantes públicos muy superior al de las clásicas manifestaciones callejeras. Sin pretenderlo, el alcalde de Burgos ha legitimado la violencia de unos pocos, erigiéndolos en actores principales de un conflicto que no se ha solucionado con la negociación, sino a pedradas. La claudicación de la democracia tiene consecuencias tan perversas como el propio objetivo de los muchachotes del pasamontañas. Si los que sembraron el caos han logrado poner de rodillas a los responsables políticos, los que se han puesto de rodillas ante los muchachotes del pasamontañas han provocado un sentimiento general de indefensión. Así que los cafres pueden exhibir una doble victoria: han paralizado unas obras y, lo que es peor, denigrado el concepto mismo de democracia, sustituyéndolo por el clásico «el fin justifica los medios». Lo ocurrido es un fracaso colectivo, porque quienes llevan tiempo tratando de cambiar la fuerza de las urnas por la fuerza de las barricadas habrán encontrado en Burgos un estímulo para seguir adelante.

El temor a un estallido social -mantra exhibido como un siniestro espantajo por la izquierda radical- ha llevado a un alcalde del PP a tomar la peor de las decisiones posibles, pues mucho me temo que lo peor empiece ahora. Creo tanto en la sociedad civil que me niego a aceptar que lo ocurrido pueda ser considerado un triunfo. Si las asociaciones de vecinos tuvieran tiempo para reflexionar, se darían cuenta de que también ellas han salido derrotadas. Tantos meses peleando para que, al final, sus legítimas protestas hayan ardido pasto de las llamas. ¿Han ganado? No. Hemos perdido -salvo unos pocos- todos, incluidos los que ayer celebraban que el barrio de Gamonal volviera a ser «normal». ¿Normal?

Respetemos las opiniones de todo el mundo sin entrar en más acusaciones de normalidad, anormalidad y subnormalidad, tan vigentes en el periodismo político. Pero, puestos a poner ejemplos que permitan clarificar la realidad y facilitar un análisis objetivo del tema, también creemos conveniente traer a colación otro artículo de opinión sobre el tema publicado en Republica.Com (13/01/2014) por Fernando González Urbaneja, periodista nacido en Burgos y conocido por su crédito profesional y su distanciamiento de los partidos políticos, bien diferente del anterior y bastante más explicativo a pesar de ser también columnista habitual del diario ABC:

Gamonal como síntoma  

El estallido violento y la protesta social que ha ocurrido este fin de semana en Burgos es síntoma de no pocos males. Un barrio que se levanta contra la construcción de un bulevar en su calle principal no es algo que se pueda vincular solo a grupos violentos profesionales que se desplazan allí donde puede haber follón. Hay muchos otros factores e incluso esa afirmación, sostenida por el ministerio del Interior requiere pruebas que, por ahora, no se han facilitado; todo lo contrario, la información de la Audiencia dice que los detenidos por la policía son residentes en la ciudad que carecen de antecedentes por violencia urbana.

El barrio de Gamonal es el más populoso de Burgos con 60.000 residentes (un tercio de la población de la ciudad) amontonados en poco espacio, con una urbanización deplorable desplegada hace cincuenta años con torres de viviendas con pocos servicios y mínima calidad. Gamonal es el barrio populoso de Burgos, que ha protagonizado un desarrollo a su aire, donde el aparcamiento está autorregulado por los vecinos que dejan los coches en triple fila, en punto muerto para facilitar los movimientos.

Resolver el aparcamiento ha sido caballa de batalla de varios ayuntamientos que no han conseguido superar el problema, ni llevar adelante el proyecto de aparcamientos licenciados. El problema sigue abierto y los residentes en el barrio acumulan sentimientos de agravio y desatención.

El Ayuntamiento ha reiterado el proyecto de aparcamiento subterráneo para ofrecerlo a los residentes con una concesión a 40 ó 50 años e incluso en propiedad. Y añadió además la mejora de la arteria principal (calle Vitoria) que de ser la antigua carreta general N-I, que soportaba mucho tráfico nacional, se ha convertido en una avenida local con dos carriles en cada sentido con ocupación decreciente. El proyecto de convertir la calle en bulevar (un carril por sentido, carril bici y aceras más amplias) no ha interesado a muchos vecinos que sostienen que ese bulevar no les interesa, que no responde a las necesidades prioritarias del barrio, muy castigado por el paro, los recortes y la crisis.

La protesta contra el bulevar se materializó al comienzo de la obra el pasado viernes con enfrentamientos que alcanzaron un nivel inusitado de violencia a lo largo del fin de semana. La confrontación ha llevado a un conflicto social que trasciende a la ciudad y al bulevar. La sociedad española ha soportado la crisis, a lo largo de estos seis años, con protestas, marchas de todos los colores, pero sin incidentes violentos como los ocurridos en Grecia.

¿Cómo es posible que con un 26% de tasa de paro el orden se mantenga en las calles? ¿Cómo es posible que los españoles asimilen a lo largo de la década la llegada de casi cinco millones de emigrantes, muchos de ellos sin permiso de residencia y de trabajo, sin incidentes? El caso Gamonal indica que el conflicto social es posible y probable a poco que se encienda una cerilla inoportuna.

No parecía que en una ciudad como Burgos pudiera ocurrir algo semejante, pero ha ocurrido por acumulación de circunstancias y factores, por el juego del azar y la necesidad. La cuestión ahora es como se sale del conflicto, ¿se construirá el bulevar y el aparcamiento?, ¿abordarán otros proyectos y políticas para mitigar los problemas de los vecinos del Gamonal?

Si el conflicto supone un aviso, un síntoma, la salida del mismo no va a ser menos. Las primeras respuestas de las autoridades no contribuyen a gestionar el conflicto. ¿Advierte de lo que nos espera en otros lugares castigados por la crisis?

LA POLICÍA DE BURGOS DESCOLOCA AL MINISTERIO DEL INTERIOR

En cualquier caso, y después de que el pasado 17 de enero el Ayuntamiento de Burgos anunciara la paralización definitiva de las obras de reforma de la calle Vitoria en el barrio de Gamonal, rectificando de forma repentina su intransigente posición previa (horas antes el Pleno Municipal había decidido continuar con el proyecto urbanístico), el inmediato lunes día 20 diversos medios informativos recogieron el contenido de un informe confidencial de la comisaría de Burgos, fechado el 17 de enero, que aclaraba en buena medida el desarrollo de los acontecimientos. Y no sin dejar en evidencia las apresuradas acusaciones del propio Ministerio del Interior que sólo veía en los mismos la oscura mano del anarquismo antisistema, como en el régimen franquista se achacaban sucesos similares al contubernio judeo-masónico y al comunismo internacional.

La policía consideraba que los incidentes ocurridos en el barrio burgalés de Gamonal durante las protestas que han logrado parar las obras pretendidas por la corporación municipal, no constituyen en modo alguno “un ensayo revolucionario exportable al resto del territorio nacional”. Y consideraba que los disturbios violentos desencadenados después de las manifestaciones pacíficas de los vecinos, fueron provocados fundamentalmente por algunos “integrantes del colectivo anarquista burgalés”, mientras los representantes vecinales intentaban en todo momento evitar los altercados.

Tras analizar la génesis del caso, se concluía que, además de no tratarse de un “ensayo revolucionario”, los hechos tampoco respondían “a un patrón de lucha ya empleado en otros conflictos” que “estuviese destinado a ser extrapolado a otras circunstancias o lugares”.

El informe explicaba que la extensión de las protestas a otras ciudades españolas se debía, sobre todo, “a la presencia importante de la Asamblea Gamonal 15-M en las movilizaciones, que ha buscado apoyo a través de su propia estructura ya creada y consolidada en años anteriores”. De esta forma, los expertos policías burgaleses entendían que el 15-M podía haber intentado que “una movilización por un problema casero y técnico” se convirtiese “en un movimiento social a nivel nacional en contra de la clase política, la banca y, en general, con los mismos objetivos del movimiento, manteniendo el estado de tensión para que el movimiento iniciado no muera por sí mismo”.

El documento policial detallaba la génesis que tuvo en 2013 la llamada ‘Plataforma Ciudadana Contra el Bulevar de la calle Vitoria’ y cómo en sus asambleas se fue colando un número creciente de “elementos anarquistas de la ciudad, una de cuyas sedes o lugares de reunión se encuentra, precisamente, en el barrio de Gamonal”. Los agentes concretaban las fechas de las asambleas así como sus asistentes, precisando, por ejemplo, que en la primera, celebrada el pasado 6 de noviembre en la Casa de la Cultura de Gamonal, estuvieron presentes “un total aproximado de 800 personas”.

Además, se destacaba que todas las manifestaciones de finales de 2013 fueron comunicadas puntualmente a la Subdelegación del Gobierno en Burgos y que siempre se desarrollaron “sin que se produjeran incidentes”. Aunque, “a medida que se aproximaba el inicio de las obras”, en varias asambleas convocadas ya en la parroquia vecinal de la Inmaculada se “radicalizando las posturas” (cosa lógica) al tiempo que “fueron tomando protagonismo personas vinculadas al partido Izquierda Anticapitalista, anarquistas y militantes de la Asamblea Gamonal 15-M”. Esta presencia se hizo mayor con la disolución de la plataforma, desvinculada así de los actos violentos que finalmente provocaron 46 detenciones.

La policía burgalesa achacaba a los anarquistas locales “el dirigismo en los desórdenes públicos”, subrayando que acudieron a las asambleas de forma “importante y planificada” y que tras las manifestaciones “impulsaban y daban origen a los incidentes”, desapareciendo inmediatamente de la zona. Y se añadía que también se había observado la presencia, “si bien de forma no destacada”, de algunos miembros de Resaca Castellana y del Colectivo de Jóvenes Comunistas.

Finalmente, el informe, redactado con un toque sociopolítico, que es el que en definitiva enmendaba la plana a los portavoces gubernamentales y del PP, insistía en que en las protestas no se había detectado la presencia de elementos radicales de fuera de Burgos. Y afirmaba que el hecho de que entre los detenidos hubiera “algunas personas no originarias del barrio” (en concreto dos ciudadanos marroquíes, dos colombianos, un boliviano y un ecuatoriano), se debía a la propia “extracción del barrio”, con un notable acogimiento de personas de esos países que tienen una fuerte “implicación personal” en todo lo que atañe a la vida vecinal en Gamonal.

EL LAMENTABLE VALOR POLÍTICO DE LA VIOLENCIA

Sin necesidad de aclarar más -sobre todo al buen entendedor- cuáles han sido las causas ciertas del estallido social de Gamonal y a qué intereses obedecen las distintas interpretaciones políticas del caso, lo que más puede preocupar al Gobierno, y en general al conjunto de la sociedad española, es la respuesta a la pregunta con la que González Urbaneja concluía su artículo ‘Gamonal como síntoma’ ya comentado (“¿Advierte de lo que nos espera en otros lugares castigados por la crisis?”).

Porque, viendo a los pacíficos burgaleses en pie de guerra para parar la construcción de un aparcamiento propio de gente acomodada promovido con la excusa de convertir una calle obrera ‘de toda la vida’ en un bulevar con carril-bici (violencia y beneficios de unos y otros aparte), la cuestión política de fondo sería explicar la razón de que el dinero público se meta precisamente ahí y no en otros proyectos de interés social bastante más necesarios en los difíciles tiempos que corren. Y en ese meollo, en ese simple entendimiento de la racionalidad, la honestidad y la lealtad debida a los administrados, frente a la farsa y al despotismo de los dirigentes políticos, es en el que, con la que está cayendo, aún siguen inmersos muchos pueblos y ciudades españolas prácticamente de todas las comunidades autónomas.

Y cierta es también la dificultad de contener la violencia de los jóvenes sin futuro laboral cuando ven que las denuncias o las manifestaciones pacíficas nada pueden contra la férrea mala voluntad de los políticos, incluso cuando ésta se muestra a todas luces errada y en contra de la mayoría social a la que todos ellos, sean del signo ideológico que sean, deben servir. Porque a veces cuesta mucho no responderles que llevan razón cuando afirman que “o la lías en la calle o al final las manifestaciones no sirven para nada”, sobre todo si la dejadez de los adultos, tragando con ruedas de molino ante la continuada corrupción e ineptitud política es la que, en el fondo, nos ha llevado a esa situación.

Si repasamos las hemerotecas, las únicas reivindicaciones sociales que han llegado a buen puerto en el nuevo régimen democrático (como es lógico en la dictadura no llegaba ninguna), han sido las violentas, mientras que los políticos se han pasado directamente por la faja todas las reclamadas en manifestaciones pacíficas o por vías administrativas y judiciales. Afirmación que en modo alguno supone defender la violencia, sino sólo constatar la realidad de que lo más asusta a los políticos es la violencia callejera o, dicho de otra forma, que ese es el único lenguaje que verdaderamente entienden.

De hecho, en ellas -en las hemerotecas- quedó archivada para siempre la imagen icónica del ‘Cojo Manteca’ (Jon Manteca Cabanes) en la madrileña calle de Alcalá, rompiendo a muletazos el 23 de enero de 1987, en medio de unos violentos disturbios estudiantiles (en los que participó casualmente porque ‘pasaba por allí’), una cabina telefónica junto al Ministerio de Educación, el letrero del metro de Banco de España y varias farolas de alumbrado público. Las fotografías del caso, bien aireadas en los medios informativos por lo pintoresco del personaje, consiguieron más que todas las manifestaciones del momento: acabar con el futuro del ministro de Educación y Ciencia, José María Maravall, y con la reforma de la enseñanza universitaria que pretendía…

Claro está que, al margen de la violencia social, hay otra forma, en buena medida correlacionada, de conducir y hasta doblegar a la clase política: la ira de los poderosos, con la banca a la cabeza. Si los Botín de turno (abstracción que obviamente no se refiere sólo al presidente del Santander) se hubieran opuesto, ni Aznar nos habría metido en la guerra de Irak ni Rodríguez Zapatero habría negado la crisis económica en 2007-2008, por ejemplo. Aunque todavía está mucho más claro por cuenta de quienes hace el Gobierno de Rajoy la política económica y social que está haciendo.

Quizás por ello, la protesta ciudadana ‘violenta’, que sin duda convulsiona el mercado bursátil y condiciona seriamente la cotización de las grandes empresas con accionariado atomizado (no tanto por la propia violencia como por su repercusión mediática y su efecto sobre los inversionistas), y que también afecta a niveles más modestos del empresariado nacional, tanto y tanto asusta al Gobierno. Una razón de peso que le lleva de forma inexorable a combatirla a sangre y fuego y, si fuera posible, a ahogarla en su asomo o expresión más prematura, tratando de controlar en paralelo los medios informativos como caja de resonancia, bien promoviendo los de titularidad pública o controlando a los privados a través de la publicidad y los créditos bancarios.

Volviendo al caso de Gamonal, no en vano parece que el repentino cambio de actitud del alcalde de Burgos, el popular Javier Lacalle, pasando en cuestión de muy pocas horas de no ceder un ápice en el desarrollo de su reforma urbanística a darla por cancelada de forma definitiva, tuvo mucho que ver con el temor de que, de entrada, la proyección mediática de la revuelta se cargara el sector turístico de la ciudad, afectando también a otros intereses del conocido empresario que estaba detrás del proyecto, Antonio Miguel (Michel) Méndez Pozo.

En relación con toda esta interdependencia entre la protesta social y el gran poder económico, son conocidos muchos estudios específicos desarrollados sobre todo en Estados Unidos. Uno de ellos es el que llevó a cabo en 2007 la prestigiosa Cornell University (Ithaca, Nueva York) bajo la dirección de la socióloga Sarah Soule, asistida por Brayden King, de la Brigham Young University (Provo, Utah), en el que se analizaba cómo las protestas públicas organizadas afectan “anormalmente a los precios de retorno de los valores”, es decir como un indicador de la reacción de los inversores a un evento focalizado.

Grandes corporaciones internacionales (como Dow Chemical, Cracker Barrel o Kodak) han aprendido del modo más doloroso que las protestas sociales concretas pueden hacer caer de forma estrepitosa sus valores bursátiles, por muy robustos que éstos se hayan mostrado, sobre todo cuando el tema de la protesta afecta a grupos de accionistas o cuando ha tenido una gran cobertura por parte de los medios de comunicación. Así, las que más perjudican a las empresas que cotizan en bolsa y sus accionistas son las relacionadas con reivindicaciones laborales o con asuntos que afectan a los consumidores, porque esas son las que tradicionalmente consiguen una mayor atención por parte de los medios informativos.

Y una cosa lleva a la otra. De forma que una gran cobertura mediática trae consigo que la reacción negativa de los inversores sea mucho mayor, mientras que esas mismas reacciones negativas y de miedo por parte de los inversores están directamente relacionadas con la atención que los medios prestan a las protestas y no necesariamente con la dimensión de la protesta en sí.

Por poner algún ejemplo, las protestas llevadas a cabo por el Sindicato Nacional de Gays y Lesbianas en Estados Unidos en 1991 contra la cadena de restaurantes Cracker Barrel cuando la empresa tomó la decisión de no incluir en su plantilla trabajadores homosexuales, generó un boicot a nivel nacional verdaderamente desastroso. En un mes, el valor de sus acciones cayó un 26% por debajo de lo esperado, incluso con su volumen de ventas estabilizado, de forma que el staff directivo se vio forzado por los inversores a dar marcha atrás en su política de recursos humanos y dejar muy clara la no discriminación de sus trabajadores por razones de orientación sexual…

LA PROTESTA SOCIAL COMO CONTRAPESO DEL ABUSO POLÍTICO

Pero, excluido de la protesta ciudadana su eventual componente violento, el fenómeno psicosocial en sí mismo no deja de mostrarse como un eficaz instrumento de contrapeso frente al abuso político. Sobre todo en contextos de crisis mal resueltas o excesivamente prolongadas.

Por ello, y sin más ánimo que el divulgativo, creemos que merece la pena reproducir a continuación el resumen de la Comunicación que sobre ese preciso tema presentó Antonio Antón, profesor honorario de Sociología de la Universidad Autónoma de Madrid, en el XI Congreso Español de Sociología, que con el lema ‘Crisis y cambio: Propuestas desde la Sociología’, se celebró los días 10 al 12 de julio de 2013 en la Universidad Complutense de Madrid.

Protesta social

La protesta social progresista ha adquirido una nueva dimensión y tiene un nuevo carácter respecto a los movimientos sociales anteriores. Se han conformado corrientes sociales amplias, de fuerte contenido social y democrático, de indignación y rechazo a la austeridad y al déficit democrático de las instituciones y la clase política gobernante, demostrando la persistencia en la sociedad, y particularmente entre los jóvenes, de una amplia cultura democrática y de justicia social.

Frente a la prolongación de la crisis socioeconómica y la gestión antisocial del bloque dominante de poder europeo, se ha producido, especialmente en los países europeos meridionales, una fuerte contestación popular. En España se han ampliado las protestas sociales y resistencias colectivas, configurándose una ciudadanía activa, de fuerte contenido social, con un carácter sociopolítico progresista y democrático; se puede cifrar entre cuatro y cinco millones de personas participantes en los procesos huelguísticos y entre uno y dos millones en las grandes manifestaciones sindicales o ciudadanas (y según diversas fuentes en torno a un millón de participantes en las redes sociales vinculadas a estas protestas); se ha encauzado, fundamentalmente, a través del movimiento 15-M (y derivados) y el movimiento sindical (con fórmulas mixtas como las mareas ciudadanas), conformando una representación social doble, no exenta de tensiones, con sus respectivos representantes o grupos de activistas.

El movimiento 15-M sigue contando con una gran legitimidad social. Se pueden distinguir tres niveles de intensidad en la vinculación cívica: un primer nivel de unos pocos miles de activistas más comprometidos y persistentes; un segundo nivel de una ciudadanía activa, personas participantes, sobre todo, en las masivas formas colectivas de expresión popular, que se puede cifrar en varios centenares de miles; un tercer nivel, ciudadanía indignada o descontenta, en torno a dos tercios de la población que simpatiza de alguna manera con objetivos y acciones de ese movimiento.

Persisten motivos y condiciones para la continuidad de estos movimientos de  protesta colectiva. Existen debilidades y limitaciones para encarar la complejidad y la dimensión de estos problemas y oportunidades. Los riesgos de su fragmentación, desorientación o debilitamiento son evidentes. No obstante, son acertadas las ideas clave que conforman el núcleo de su orientación: 1) la democratización del sistema político y la más amplia participación ciudadana en los asuntos públicos; 2) el rechazo a la política de austeridad, el reparto injusto de las consecuencias de la crisis (paro, desahucios, desigualdad…) y la exigencia de un cambio de la política socioeconómica hacia mayor justicia social. Y mantienen una amplia legitimidad en la sociedad.

La respuesta popular masiva de este periodo no ha sido sólo emocional o superficial, destinada a su evaporación inmediata. Ha estado y está enraizada en una profunda y persistente conciencia ciudadana indignada y de denuncia de la injusticia social. Es, sobre todo, una respuesta colectiva, con gran fundamentación ética igualitaria y solidaria, e incrustada en la realidad de las graves condiciones de vida y las aspiraciones de mejora de millones de personas. Se incardina en los mejores valores democráticos e igualitarios de los movimientos sociales progresistas o la izquierda social europea de las últimas décadas.

Un aspecto que conviene clarificar es la relación entre gestión política del poder institucional y acción sociopolítica de la ciudadanía en los asuntos públicos, entre clase política dominante  con componentes oligárquicos y movilizaciones sociales progresistas, expresivas del descontento popular y la participación ciudadana. En ese sentido: a) la deslegitimación de ‘esta’ clase política gobernante, en lo fundamental, está justificada y es merecida y, por tanto, hay que ampliarla, no debilitarla, para promover su renovación y la democratización del sistema político; b) la solución viene de la mano de la más profunda, firme y consistente participación ciudadana, de una activación de los sectores progresistas. Por tanto, la alternativa principal está en el refuerzo de las resistencias ciudadanas, en avanzar hacia una democracia más participativa y más social.

Cuando la ciudadanía critica a la política o rechaza a los políticos se está refiriendo no a todos los políticos, sino a la gestión institucional actual de la clase política gestora o gobernante, fundamentalmente, a las élites o aparatos de los grandes partidos con responsabilidades gubernamentales en los recientes planes de ajuste y austeridad, con incumplimiento de sus compromisos con sus electorados e involucrados en graves casos de corrupción (caso Bárcenas…).

La crítica ciudadana a ‘ese’ tipo de política es una posición (política) más democrática, realista y progresista que la justificación (política) de esas medidas de austeridad, el embellecimiento o disculpa de ‘esos’ políticos mayoritarios que aplican políticas antisociales o el intento persistente de relegitimación de la actual élite política gestora que, fundamentalmente la derecha, sigue sin reorientar sus estrategias económicas de austeridad ni respetar las opiniones mayoritarias de la sociedad. Supone un juicio ético y ‘político’ progresista e igualitario frente a unas decisiones de las clases corporativas (gobernante y gestora de los mercados financieros) regresivas e injustas. Constituye un proceso cívico globalmente positivo (con distintas sombras e insuficiencias), un factor relevante para promover un cambio social progresista, el fortalecimiento de la democracia y los valores igualitarios y una renovación de las izquierdas.

El nuevo ciclo sociopolítico, iniciado en el año 2010, tiene varias fases y presenta diversas enseñanzas. El hecho social más significativo, en este periodo, es la consolidación de una corriente social indignada, una ciudadanía activa y una doble representación social, el sindicalismo y los grupos de activistas del 15-M.

El nuevo escenario sociopolítico, con un emergente campo social autónomo y diferenciado de las instituciones políticas, tiene la particularidad de que cristaliza frente a la gestión antisocial del gobierno socialista y luego se desarrolla contra la derecha.

La especificidad del actual proceso de resistencias colectivas es que señala su rechazo a componentes ‘sistémicos’ de la realidad socioeconómica y política y apunta a reformas profundas de carácter social y democrático.

El descontento ciudadano con esa gestión institucional y la desconfianza en sus líderes políticos, incluido el aparato socialista en la medida que no corrige claramente su orientación ni renueva su liderazgo, está fundamentado, es justo y conveniente. Supone un valor positivo y democrático para regenerar el sistema político y reorientar la acción socioeconómica y laboral. Tiene insuficiencias y una débil y fragmentada representación social. Esa corriente indignada está relativamente huérfana de representación política y gran parte de ella sigue votando a los mismos partidos mayoritarios, por más que ya ha tenido un significativo efecto en el apoyo electoral a otros partidos minoritarios y de izquierda, aunque esté por ver su repercusión posterior en el campo electoral e institucional.

Su evolución depende, sobre todo, de la consolidación de una dinámica creíble para derrotar la estrategia de austeridad, abrir un horizonte más justo en la salida de la crisis y una mayor democratización del sistema político. El bloqueo de esa expectativa colectiva, progresista, solidaria y democrática, podría generar otras dinámicas contraproducentes, adaptativas individualmente y segmentadas o, entre ciertos sectores, de carácter populista, xenófobo o exclusivista.

En definitiva, la indignación ciudadana es una corriente social a impulsar, encauzar y madurar, no a debilitar, desprestigiar o minusvalorar. La apuesta progresista debe ser frenar o impedir la actual deriva regresiva y promover un giro más social en la política socioeconómica y la democratización del sistema político, con una mayor activación de la ciudadanía.

Lo expuesto en la ponencia congresual del profesor Antón podrá matizarse todo lo que se quiera. Y también discutir su apuesta sobre la conveniencia de militar en la indignación ciudadana o practicar la protesta social como vía adecuada para democratizar la política actual, que muchos están viendo caminar hacia el autoritarismo e incluso hacia la ‘dictadura legal’.

Pero lo cierto es que en 2013 se alcanzó la cifra record de más de 6.000 manifestaciones callejeras, sobre las que el propio director general de la Policía, Ignacio Cosidó, afirmó (ABC, 17/12/2013):“Nunca en España ha habido un mayor número de manifestaciones y nunca una menor necesidad del uso de la fuerza policial”. Y aclaró que con ese altísimo número de manifestaciones, sólo se registraron incidentes en 84, siendo necesario el uso de la fuerza por parte de los agentes de la Unidad de Intervención Policial en 18, destacando que en estos momentos existe un “sentido de la responsabilidad” y de respeto por la convivencia de los ciudadanos, que, en su opinión, se ve acompañado por la “proporcionalidad” en las actuaciones de las fuerzas antidisturbios…

Con todo, lo indiscutible es que el fenómeno de la protesta social ya está aquí, con una expresión bien sintomática de desgaste político que han supuesto los sucesos de Gamonal, y parece que para permanecer. Por tanto, el presidente Rajoy, sus ministros más reaccionarios y el PP como partido político mayoritario, deberían tener el fenómeno muy en cuenta y rectificar algunas de sus declaraciones y actitudes más excéntricas.

Ya hemos advertido en otras ocasiones que el presidente Rajoy malversa con inusitada rapidez la representatividad mayoritaria que el PP obtuvo legítimamente en las urnas el 20 de noviembre de 2011, sin que en modo alguno ello suponga cuestionar tal éxito electoral ni el Gobierno derivado. Una ‘legitimidad democrática’ inicial, tanto del partido como de su líder, de la que ahora les vemos alejarse de forma preocupante.

La Teoría Política y Constitucional considera que el poder constituyente es previo al poder constituido legalmente como entramado de instituciones, normas y reglas. Por tanto, su fundamento último no reside en ninguna legalidad positiva, sino en su ‘legitimidad democrática’, al entender que emana del pueblo soberano y que éste constituye la principal fuente de legitimidad política y jurídica del Estado.

Significativo al respecto es que el emblemático artículo 1 de la Constitución establezca que “la soberanía nacional reside en el pueblo español, del que emanan los poderes del Estado”.

El concepto de ‘poder constituyente’ se utiliza, pues, de forma generalizada para defender el valor primario de la democracia constitucional, que, en ese sentido, no es un sistema estático e inamovible, ni tampoco un estatus institucional fijo o permanente con el que sentirnos plenamente satisfechos, sino un instrumento institucional dinámico, sometido a la crítica y abierto por ende al cambio y, por supuesto, a la reforma político-constitucional…

Pero no es nuestra intención analizar en esta Newsletter las diferencias que existen entre el poder constituyente y el poder constituido, ni tampoco las que separan la legitimidad de la legitimación democrática. Y mucho  menos disertar sobre la eficacia de la democracia y la satisfacción o insatisfacción que actualmente produce en la sociedad española. Sin embargo, lo cierto es que, dejando aparte la puga PP-PSOE, muchos votantes del PP en los últimos comicios legislativos (o muchísimos como muestra la demoscopia política) reniegan de su decisión de voto y proclaman una descalificación del Gobierno, con su presidente a la cabeza, realmente brutal. 

EN TORNO A LA LEGITIMIDAD DEMOCRÁTICA

Y también hemos expuesto en otra ocasión que en una de sus obras más revulsivas, ‘La contrademocracia – La política en la era de la desconfianza’ (Manantial, 2007), Pierre Rosanvallon señaló una tendencia bidireccional en la dinámica de la realidad política: por un lado percibía la aparición de una ‘contra-democracia’ y, por otro, constataba el debilitamiento de la política institucionalizada, aparejado con un creciente desapego social y electoral. El haber observado esa doble tendencia es lo que le llevó a plantearse “la falsa evidencia del principio mayoritario”.

Tras aquella publicación, el profesor Rosanvallon siguió buceando en los complejos recovecos de la democracia, considerada por muchos como el “menos malo” de los sistemas políticos, pero afectada en todo caso por una grave crisis con su correspondiente reflejo en el debate social de los últimos años. Su más reciente trabajo de investigación se concretó en una nueva obra, titulada ‘La legitimidad democrática – Imparcialidad, reflexividad y proximidad’ (Paidós Ibérica, 2010), que se convirtió de forma inmediata en un verdadero hito de la sociología política y en la que continúa criticando las mutaciones del sistema político de convivencia en el siglo XXI, teorizando de forma particular precisamente sobre el fenómeno de la legitimidad en el terreno de la democracia.

Cierto es que la legitimidad democrática se desprende en primera instancia de la voluntad del pueblo expresada en el sufragio universal. Pero, no obstante, determinados conflictos inter-sociales han demostrado que esa voluntad no siempre es ‘general’ y que la mayoría, aun siendo dominante, no deja de representar más que a una parte de la ciudadanía. De hecho, en las grandes democracias, como la francesa y la de Estados Unidos, las virtudes del voto no son evidentes. Fenómenos como la denuncia de los partidos, las críticas del clientelismo político y el antiparlamentarismo, no hacen sino corroborar la crisis de la legitimidad electoral.

Rosanvallon ha demostrado con suma perspicacia que esas dificultades son las que obligaron a las democracias a poner en órbita un ‘sistema de doble legitimidad’. La ‘elección’ continúa siendo el principio clave, pero desde finales del siglo XIX, el poder de la administración pública ha registrado un crecimiento muy sustancial como respuesta a los fallos de la legitimidad electoral. Mientras que la ‘administración’ fue creada en dependencia de ‘lo político’, los escándalos de corrupción y el nepotismo de los gobernantes han contribuido a conferirle la nueva tarea de garantizar la imparcialidad desinteresada del ‘bien común’.

A partir de los años 80, el sistema entra abiertamente en crisis, debido a la evolución de la economía y de la sociedad que se orientó hacia un modelo más individualizado. La retórica del neoliberalismo contribuyó a socavar la idea de que el poder administrativo encarnaba el interés general. Y Pierre Rosanvallon sostiene que el pueblo es, ciertamente, la fuente de todo poder democrático; pero la elección no garantiza que un gobierno esté al servicio del interés general, ni vaya a estarlo en un futuro.

Para Rosanvallon, el veredicto de las urnas no puede ser el único patrón de legitimidad. Y así lo están percibiendo los ciudadanos, para quienes un poder no puede ser considerado plenamente democrático si no se somete a pruebas de control y de validación, a la vez concurrentes y complementarias de la expresión mayoritaria, mientras reclaman un ‘arte de gobierno’ mucho más centrado en el individuo y en sus necesidades y demandas personales.

Ante las dificultades que enfrenta la democracia, Pierre Rosanvallon explica en su libro ‘La legitimidad democrática’ que el gobierno debe atenerse a un triple imperativo, que consiste en distanciarse de las posiciones partidistas y de los intereses particulares (legitimidad de imparcialidad), en tener en cuenta las expresiones plurales del bien común (legitimidad de reflexividad) y, finalmente, en reconocer todas las singularidades (legitimidad de proximidad). De ello se deriva el desarrollo de instituciones como las autoridades de control independientes y los tribunales constitucionales, o la implantación de una forma de gobernar cada vez más atenta a los individuos y a las situaciones particulares.

‘La legitimidad democrática’, y en general las últimas obras de Rosanvallon, nos proporciona las claves para comprender los problemas y consecuencias de las mutaciones de la democracia en el siglo XXI, al tiempo que plantea los elementos necesarios para mejorar la democracia representativa; a la vez nos propone una historia y una teoría de esta necesaria ‘revolución de la legitimidad’. Cumplir con los tres requisitos de legitimidad democrática que propugna (la imparcialidad, la reflexividad y la proximidad), ayudaría a rehabilitar nuestras democracias para vencer el malestar que producen en buena parte de la sociedad actual y que encuentren su nueva emancipación.

El veredicto -dice Rosanvallon-, no deja ninguna duda acerca de las condiciones de salvaguarda de la democracia: “Es bajo la apariencia de afables comunicadores, de hábiles profesionales de la escena de una proximidad calculada que pueden renacer las antiguas y terribles figuras que vuelcan la democracia contra sí misma. Nunca la frontera ha sido tan tenue entre las formas de un desarrollo positivo del ideal democrático y las condiciones de su traición. Es allí en donde la espera de los ciudadanos se manifiesta con mayor agudeza y la conducta de los políticos puede mostrarse de la forma más grosera y devorante. De allí la necesidad imperiosa de constituir la cuestión en objeto permanente de debate público. Hacer que viva la democracia implica más que nunca, mantener una mirada constantemente lúcida sobre las condiciones de su manipulación y las razones de su incumplimiento”.

RAJOY SIGUE DISTANCIADO DEL MUNDANAL RUIDO

No vamos a discutir, pues, que en democracia, la legitimidad política la confieren los ciudadanos con sus votos y las instituciones que, a través de mayorías, tienen la capacidad de otorgar el poder en nombre del pueblo. Pero, siguiendo el inteligente análisis sociopolítico del profesor Rosanvallon, si afirmamos que esa legitimación electoral no es, en modo alguno, un cheque en blanco permanente y sin otra fecha de caducidad que la de la legislatura correspondiente. Por eso, la legitimación de origen se ha de revalidar día a día en el ejercicio del poder, sin olvidar que la ley establece mecanismos judiciales y parlamentarios para apartar a aquellos individuos o gobiernos que violen la norma o traicionen la confianza ciudadana.

La realidad evidencia que el discurso político se dramatiza a conveniencia y, por supuesto, que la praxis política está presidida por un sentido recurrente de ‘geometría variable’, que siempre tiende a considerar inadmisible en otros lo que uno mismo hace con toda naturalidad. Por poner un ejemplo, el criticado “¡váyase señor González!” de José María Aznar, tiene hoy su mejor contrapunto en el “¡váyase señor Rajoy!” de Pérez Rubalcaba.

También, en otros ejemplos de política ‘variable’, el acceso en su momento de Patxi López al gobierno en el País Vasco y el de José Antonio Griñan al de la Junta de Andalucía, sin que sus respectivos partidos fueran los más votados, alimentaron un discurso según el cual ninguno de los dos estaba legitimado para asumir el poder en la opinión respectiva del PNV y del PP. Los nacionalistas vascos fueron incluso más allá, llegando a afirmar que su partido (el PNV) es el líder político natural de Euskadi, posición que no dejó de recordar aquel lema de la dictadura que proclamaba a Francisco Franco “Caudillo de España por la gracia de Dios”.

Lo más curioso del caso, es que, tanto los peneuvistas como los populares, ya hicieron en el pasado (y si pueden seguirán haciéndolo en el futuro) lo mismo que criticaron puntualmente cuando los pactos de gobierno y los apoyos de investidura no les favorecían. El PNV ha accedido al gobierno de muchas instituciones sin ser el partido más votado y el PP ha promovido prematuros relevos de quienes estaban al frente de gobiernos autonómicos y ayuntamientos emblemáticos sin planteárselo como una vulneración de las reglas del juego ni, mucho menos todavía, sentirse obligados a convocar elecciones anticipadas…

Pero todo tiene sus límites, especialmente cuando las promesas electorales han sido incumplidas de forma absoluta y flagrante, con resultado, además, de ruina total (política, económica, social, institucional…), o cuando las líderes políticos impuestos por las argucias partidistas (caso de la alcaldesa de Madrid, Ana Botella), no dan la talla y se muestran incapaces para asumir su responsabilidad con un mínimo de eficacia, aunque nadie repute sus nombramientos de “ilegales”. Los alemanes suelen admitir que cuando las cosas salen bien, “todo ha estado bien”; pero es que, cuando salen mal, se muestran implacables con quienes, a la postre, hubieran podido tener un comportamiento poco ortodoxo o incurrido en cualquier falta procedimental o reglamentaria…

Dicho esto, y por mucho que cueste aceptarlo, el caso del presidente Rajoy es una muestra ejemplar de la “deslegitimación democrática” denunciada por Pierre Rosanvallon, convicta y confesa. Tras haber vulnerado los tres requisitos de legitimidad que el profesor del “Collège de France” propugna para alcanzar la “doble legitimidad democrática” (de imparcialidad, reflexividad y proximidad), todos los estudios demoscópicos vienen mostrado su contundente pérdida de representatividad electoral hasta niveles sin precedente desde la Transición, tanto en términos cuantitativos como de rapidez.

De hecho, Rajoy, que gobierna en las antípodas de lo que demandan los ciudadanos, incluidos sus propios votantes, ha situado al centro-derecha político en sus mínimos históricos y con el resultado más bajo de uno de los dos grandes partidos desde 1978. Dispone de una mayoría parlamentaria absoluta, pero ha consumido su siempre limitada credibilidad personal a velocidad récord y su palabra de gobernante ya no tiene valor alguno ante los gobernados.

Al margen del ‘caso Bárcenas’ (y en general de toda la corrupción política circundante), el presidente Rajoy es incapaz de dirigirse a los ciudadanos, mirarles a los ojos y explicarles con claridad qué es lo que está pasando y cómo piensa resolver la situación de extrema emergencia en la que seguimos inmersos, tanto a nivel político como económico. Y, por tanto, no puede asumir de forma eficaz la dirección del país en términos de “gobernanza” o de “buen gobierno relacional”; es decir, orientando de forma clara y convincente la acción gubernamental y la intervención del Estado en línea con el ‘sistema de doble legitimidad’ explicitado por Pierre Rosanvallon, y sin apoyarse sólo en la “falsa evidencia del principio mayoritario”.

Pero es que ese desajuste entre el resultado electoral inicial de Rajoy y su credibilidad presidencial, no ha tenido vaivenes, días buenos y días malos, ni hemos visto florecer en él rosas acompañadas de espinas: ha sido un proceso inequívoco y creciente desde su investidura. Su credibilidad política desapareció a la velocidad del rayo, sin que ninguno de sus predecesores en La Moncloa haya llegado a esa situación jamás, y menos todavía, claro está, al año de su nombramiento, que fue cuando comenzó a precipitarse por el abismo de lo irrecuperable.

Significativo ha sido al respecto su invento, torpe y cobarde, de comparecer  ante la prensa a través de una pantalla de televisión y con las preguntas mediatizadas. Algo que dejó alucinados a los medios informativos de medio mundo (los españoles tragaron como acostumbran).

Una falta de compromiso político bochornosa, últimamente complementada con la técnica no menos impresentable del ‘pregúnteme usted lo que quiera que yo contestaré lo que me dé la gana’. Miguel Ángel Aguilar la captó con agudeza en un artículo relativo a la rueda de prensa del presidente del Gobierno convocada de forma extraordinaria tras el último Consejo de Ministros del pasado año, titulado ‘Rajoy indemne’ (El País 31/12/2013), y en el que destacaba su habilidad para no añadir una coma de información más de la contenida en las preguntas correspondientes:

Se anunciaba que tras la última reunión del Consejo de Ministros del presente año, prevista el viernes 27 de diciembre, el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, comparecería en rueda de prensa sin limitación de preguntas ni de tiempo. Pintaba que sería la gran ocasión esperada después de 365 días de huidas por la escalera de incendios, salidas por el garaje subterráneo, apariciones en monitores de plasma que ofrecen la señal precocinada de sus intervenciones ante la Junta Directiva del Partido Popular, ruedas de prensa sin preguntas, preguntas amañadas cuando oficia de anfitrión de dignatarios extranjeros o cuando es recibido en alguna capital como huésped. Ahora, por fin, la prensa podría darse un festival en aras de ofrecer esclarecimientos al público.

Faltan datos de ambiente, que ni han sido facilitados por la Secretaría de Estado de Comunicación ni han merecido mención alguna por parte de los asistentes. Nada sabemos sobre los detalles de la sala elegida para la conferencia de prensa, pero los tapices que ornaban las paredes y el fondo de jardín que aparecía permiten asegurar que se trataba de una estancia del edificio del Consejo de Ministros, en vez de la habitual para estas comparecencias. El presidente estaba de pie, amarrado al atril, sobre un escabel. Primeras filas con palmeros incondicionales que dan confianza al artista que trabaja en el trapecio. Detrás, los periodistas. Todos sentados en esas sillas endebles, factura inconfundible de los talleres de la Fundación Generalísimo Franco. Nada que ver con las poltronas tapizadas en cuero y provistas de pupitres desplegables que confortan a los asiduos de la escuelita de los viernes bajo la dirección de la vicepresidenta para todo.

El presidente, que hacía este ejercicio por primera y única vez en todo el año 2013, consumió un turno de autoelogio de 17 minutos y dedicó al turno de preguntas casi otros 36, sin ofrecer una sola respuesta que añadiera información. Gozó de la ventaja proporcionada por los periodistas, que alargan con prolegómenos inútiles sus interrogaciones y las formulan de tres en tres. Esta forma de proceder permite al presidente, elegir aquella a la que prefiere dar algún capotazo y devolver las otras al corral sin darles un solo pase. Daba la impresión de que los interrogadores traían las preguntas preparadas de casa, igual que sucede con las intervenciones de los parlamentarios en los plenos del Congreso. Ninguna interacción con lo que está aconteciendo. Tan solo búsqueda del hueco para colocar la cuestión encomendada por el jefe de redacción. Es posible que se plantearan las preguntas necesarias pero les faltaba agudeza, capacidad de penetración para impactar. Salvo sobre la electrocución y la nueva ley reguladora del aborto no hubo repreguntas. Rajoy, sin descartar nada, salió una vez más indemne.

Así, la alarma roja del próximo desastre electoral del PP sigue encendida, mientras la amenaza del derrumbe interno se encauza por la misma senda marcada con anterioridad en el PSOE por efecto del ‘zapaterismo’. Una perspectiva espantosa que Rajoy debería reconducir con urgencia para bien de su partido, del país y de la propia democracia, porque aferrarse a gobernar con la credibilidad perdida y en el pleno desencuentro con la ciudadanía, como está haciendo, le sitúa peligrosamente al borde de la ‘dictadura legal’.

Quizás, al presidente Rajoy le convendría observar cómo los manifestantes portugueses, mucho más comedidos que los españoles, reclaman a menudo una intervención militar en sus asuntos políticos, una nueva suerte de la ‘Revolución de los Claveles’ que el 25 de abril de 1974 provocó la caída de la dictadura salazarista. Y dejar de propiciar con su dogmatismo político en unos casos y con su pasividad ejecutiva en otros, el regreso al oscurantismo que ha marcado tan siniestramente la historia de España, con las tensiones correspondientes (incluida la militar), pero ahora sin un Rey prestigiado y presto a reconducir las torpezas políticas del momento.

TRAS LOS RECORTES SOCIALES, LLEGA EL DE LAS LIBERTADES

Porque, dando por agotado el capítulo de los recortes sociales en la primera mitad de la legislatura (que quizás no debiéramos), Rajoy parece querer dedicarse ahora, en su segunda parte, a demoler los derechos y libertades civiles (sin solucionar tampoco los problemas del estancamiento económico o del secesionismo catalán y vasco). Y en esa jugada, innecesaria en estos momentos y por tanto políticamente torpe, el Gobierno maneja todo un paquete de iniciativas legislativas que no dejan de anunciar una fuerte regresión democrática en el actual modelo de convivencia.

Este mal presagio se anunció con la Ley de Seguridad Privada (pendiente de concluir su tramitación en el Senado); con el Proyecto de Ley de Seguridad Ciudadana, que debería ver la luz el próximo mes de marzo; con la reforma inminente de la llamada ‘ley del aborto’ (Ley Orgánica 2/2010, de salud sexual y reproductiva y de la interrupción voluntaria del embarazo) y con la firme intención gubernamental de aprobar una ‘ley de servicios mínimos’ que por lo anunciado, podría colisionar con el derecho de huelga reconocido en la Constitución (ya veremos en qué queda también la reforma de la Ley de Tráfico y Seguridad Vial). Todo ello en base al rodillo que supone la actual mayoría parlamentaria del PP (que curiosamente no se usa para reformas más perentorias) y tras haber reafirmado la injerencia partidista en la Administración de Justicia, seguir politizando el Tribunal Constitucional, consumar una Ley de Tasas reputada de inconstitucional, etc...

Según el Ejecutivo, con las leyes de seguridad quiere dar más garantía a los derechos y libertades ciudadanas. Pero la oposición en general, y sobre todo la izquierda política (por no decir la mayoría progresista), las entiende como instrumentos de la ideología más reaccionaria para “reprimir e intimidar” a quienes pretendan expresar su protesta y discrepancia en la calle.

Soraya Rodríguez, portavoz del PSOE en el Congreso de los Diputados, ya señaló durante la sesión de control al Gobierno del pasado 11 de diciembre como una auténtica “vergüenza” que el propio Consejo de Europa haya advertido que los planteamientos que se recogen en el proyecto de ley de Seguridad Ciudadana van “en contra de los derechos de los españoles” (que son ciudadanos europeos) y avisó de forma bien sensata a la vicepresidenta Sáenz de Santamaría: “¡Cuidado!, no subestimen la gran potencia de la ciudadanía”. La respuesta obtenida, fue un ácido requerimiento a precisar qué derechos y a qué ciudadanos quería proteger, y si se refería a víctimas o agresores, dejando bien patente la intención autoritaria del Gobierno.

Es evidente que en esta reforma legislativa están presentes determinadas actuaciones protagonizadas en torno al Congreso de los Diputados por los movimientos ciudadanos surgidos a raíz del 25-M, así como los ‘escraches’ a políticos, que los jueces entendieron como conductas no delictivas. Ahora, manifestaciones de este tipo, extendidas al Senado y a las asambleas autonómicas, podrían ser consideradas infracciones administrativas muy graves según el proyecto de Ley Orgánica de Protección de la Seguridad Ciudadana aprobado por el Gobierno y sancionadas (sin mediar resolución judicial) nada menos que con multas de hasta 600.000 euros (las sanciones graves llegarían hasta los 30.000 euros): una potestad excesiva y propia del Estado autoritario (por no decir dictatorial) con un baremo de multas fuera de la realidad económica del país, socialmente obsceno, rayano en la estulticia política y quizás alumbrado por políticos ladrones para los que esas cantidades resultan calderilla...

Pero si cupiera alguna duda sobre el modelo de Estado policial por el que se está adentrando el Gobierno de Rajoy, ahí está también la Ley de Seguridad Privada pendiente de culminar su tramitación parlamentaria en el Senado. Su redacción habilita en determinadas funciones policiales a los vigilantes de seguridad, pero sin establecer para ello una formación adecuada.

Sabido es que España ya se encuentra a la cabeza de los países europeos con más policías por habitantes (516 agentes por cada 100.000 ciudadanos, frente a los 385 de media de la Unión Europea) y también con más tipos distintos de organismos de naturaleza ‘policial’ (Cuerpo Nacional de Policía, Guardia Civil, Policía Municipal, Policía Autonómica, Vigilancia Aduanera, Funcionarios de Prisiones…); un auténtico desconcierto por el que las cifras manejadas en las comparaciones oficiales pueden quedar muy por debajo de la realidad. Pero, aun así, la intención del Gobierno no deja de querer aumentar este desmesurado ratio policial asignando ahora a los vigilantes privados (que ascienden a cerca de 100.000) funciones “complementarias” de la seguridad pública sin duda controvertidas en el Estado de Derecho y para las que, hoy por hoy, es difícil reconocerles suficiente capacitación profesional. Ahí quedan, como botón de muestra para quienes quieran ver su alcance real, dos de las funciones de los vigilantes de seguridad previstas en el artículo 32 de la ley en cuestión:

c) “Evitar la comisión de actos delictivos o infracciones administrativas en relación con el objeto de su protección, realizando las comprobaciones necesarias para prevenirlos o impedir su consumación, debiendo oponerse a los mismos e intervenir cuando presenciaren la comisión de algún tipo de infracción o fuere precisa su ayuda por razones humanitarias o de urgencia”.

d) “Detener y poner inmediatamente a disposición de los miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad competentes a los delincuentes o infractores en relación con el objeto de su protección o de su actuación, así como los instrumentos, efectos y pruebas de los delitos o infracciones administrativas. No podrán proceder al interrogatorio de aquéllos, si bien no se considerará como tal la averiguación, comprobación o anotación de sus datos personales para su comunicación a las autoridades”.

Dice el ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, que “esta ley abrirá la posibilidad de prestar nuevos servicios demandados por la sociedad y que no estaban recogidos en anterior normativa de 1992”. Pero, ¿qué demandas son esas y por qué razón no competen a la seguridad pública…? ¿Acaso pretende también el Gobierno una seguridad distinta para ciudadanos ricos y otra para ciudadanos pobres…?

La realidad es que el Gobierno concede de forma temeraria a los simples ‘vigilantes’ más poder, convirtiéndoles en una suerte de policías sin placa pero con la posibilidad de detener, identificar y cachear a los ciudadanos… sin más formación para ello que la de la Educación Secundaria Obligatoria. Conociendo cómo funciona la seguridad privada en España y viendo el porte ‘alumbrado’ de la mayoría de sus ‘seguratas’ (incluida pistola al cinto), no es difícil aventurar que darán bastante quehacer a la policía profesional y, sobre todo, a jueces y abogados…

Pero ni este oscuro negocio de la seguridad privada, que de momento genera una facturación anual de casi 4.000 millones de euros sólo en seguridad privada de personal (seguridad de sistemas aparte), ni la decidida disposición del Gobierno a ver detrás de cada ciudadano que se manifiesta razonable y legítimamente en contra de sus políticas a un agitador que pretende desestabilizar el sistema, es lo que más preocupa a los ciudadanos españoles. El recorte más torpe y rechazable en el ámbito de las libertades, se centra sin duda alguna en la reforma de la llamada ‘Ley del Aborto’ aprobada por los socialistas en marzo de 2010 (aunque todo en su conjunto vaya marcando una línea de autoritarismo gubernamental sin precedentes desde el franquismo).

LA REFORMA DEL ABORTO, OTRA GRAN TORPEZA DE RAJOY

Una ley todavía pendiente de que el Tribunal Constitucional se pronuncie definitivamente sobre los recursos interpuestos por el PP y el Gobierno de Navarra contra algunos de sus artículos, aunque ya denegará su suspensión cautelar mientras se sigue la tramitación correspondiente. Situación que, de entrada, aconsejaba al PP una mínima prudencia política hasta ver resuelto su propio recurso de inconstitucionalidad, sobre todo cuando hoy la mayoría conservadora del alto tribunal es harto manifiesta.

Pero es que la impaciencia del PP es todavía menos comprensible teniendo en cuenta que, para empezar, la aplicación de la ley vigente ya ha hecho disminuir en un 5% el número de abortos en 2012, sin crear problema alguno a las mujeres que, a título personal y legítimamente, se muestran en contra de dicha práctica. Y, aún más, cuando la vigente Ley del Aborto goza de un amplio consenso entre los ciudadanos de todas las opciones políticas.

Según un Macrosondeo de Sigma-Dos para El Mundo (03/01/2014), la pretensión de reformar de la ley vigente supone un debate social superado. Las tres cuartas partes de los encuestados (un 73,3%) quiere que se mantenga el actual sistema de plazos, que despenaliza la interrupción voluntaria del embarazo durante las 14 primeras semanas, mientras que un reducido 16,6%, es decir sólo uno de cada seis encuestados, aprobaría el regreso al sistema propuesto por el Gobierno del PP, más restrictivo que la Ley del Aborto de 1985 y sorprendentemente elaborado por el ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, que antes era tenido como el más ‘progre’ de los populares.

Pero la respuesta social contra esta innecesaria reforma legal crece día a día. Así, la posterior encuesta de Metroscopia (El País 12/01/2014) ya evidencia que el 86% de los españoles mayores de 18 años (los encuestados) opina que “toda mujer embarazada debe tener derecho a decidir libremente si quiere seguir o no con su embarazo”, incluyendo en esta misma opinión a una abrumadora mayoría de votantes del PP.

Por poner otros ejemplos de hasta dónde llega la torpeza del PP, otro 78% de los encuestados por Metroscopia opina igualmente que “esta reforma no era necesaria” y que “hará que aumenten los abortos clandestinos en condiciones de inseguridad”, mientras un 75% cree que “en el momento actual, no hay realmente una demanda social que justifique esta reforma de la ley”. Posiciones que de nuevo respaldan los propios votantes del PP de forma mayoritaria.

De hecho, la controversia más importante se está generando, pues, dentro del PP, dado que los votantes de otras opciones políticas se encuentran alineados prácticamente en una posición unánime contraría a la iniciativa legislativa del Gobierno. Así, no tardarían en aflorar las discrepancias internas: Cristina Cifuentes, delegada del Gobierno en la CAM, afirmó ser “más partidaria de una regulación del aborto por plazos”; Elena Nevado, alcaldesa de Cáceres y senadora del PP, se mostró a favor del “voto libre” y “en conciencia” de la nueva ley del aborto porque “hay que respetar la libertad de pensamiento”; Javier Dorado, ‘número dos’ de las Nuevas Generaciones del PP y diputado en el Parlamento gallego señalaba que “el Estado no debe complicar más las cosas" en alusión a la protección de los embarazos con malformaciones del feto…

Pero, junto a otras muchas posiciones más razonables y progresistas dentro del PP, destacó la de Alberto Núñez Feijóo, presidente de la Xunta de Galicia, sosteniendo que “bien vale la pena mejorar” la propuesta del Gobierno para llegar a posturas “mucho más próximas” para que la ley sea aprobada con el máximo consenso. Y también llamó la atención, por su elocuencia, la de otro peso pesado del partido, el presidente extremeño José Antonio Monago: “Nadie puede negar el derecho a ser madre, ni tampoco obligar a serlo”.

La realidad es que muchos directivos populares (hombres y mujeres) han manifestado internamente su malestar con los reiterados ‘trágalas’ del Gobierno, y más en particular con el proyecto de ley del aborto elaborado por Alberto Ruiz-Gallardón, mal visto de siempre dentro del PP. Lucía Méndez resumía la situación con bastante claridad en un artículo de opinión publicado en El Mundo (11/01/2014):

El PP resucita y rompe a hablar

Dos días después de la llegada de los Reyes, un acontecimiento extraordinario se produjo en el castigado caserón de Génova, 13. El PP resucitó. Después de dos años de silencio, rompió a hablar. Lo hizo de una forma repentina y por un motivo insospechado. Como si la Ley del Aborto hubiera sido esa gota que colma el vaso. Mariano Rajoy había llegado tranquilo, relajado y con la prima de riesgo bajo el brazo envuelta en un papel dorado. La desenvolvió y estaba espléndida, radiante en sus 190 puntos básicos. El líder no pudo reprimir su orgullo. Mirad lo que os traigo, les dijo, para que podáis presumir ante los vuestros de esta criatura que yo mismo he rescatado del infierno con grave peligro para mi vida.

Entonces fue cuando los presentes le contestaron que no le veían nada de particular a la prima de riesgo y que ellos lo único que quieren es que el Gobierno les ayude a dejar de ser los malos.

Hasta aquí hemos llegado. Callamos ante los recortes, callamos ante las chulerías de los ministros, callamos ante las chapuzas del Gobierno, callamos cuando nadie nos cogía el teléfono en la sede, callamos ante el 'caso Bárcenas' a pesar de la vergüenza que nos daba. Una Ley del Aborto para contentar a Rouco era lo que nos faltaba. Este Gobierno ha puteado a mucha gente. Y ahora las mujeres piensan que también vamos a por ellas. Es muy fácil aislarse en La Moncloa. Nosotros no podemos, la calle nos pide cuentas, la familia, los vecinos, los nuestros. De Murcia a La Coruña y de Cáceres a Valladolid. El ministro de Justicia, en sus salones madrileños, no se da cuenta de que esta ley no se corresponde con la mayoría social.

Bien sabe Dios que somos un partido disciplinado. Casi hasta el martirio. Tenemos veneración por nuestros líderes. Hagan lo que hagan. Respetamos que el presidente del Gobierno huya de la política para dedicarse al cuidado de la prima de riesgo. Pero, con todo respeto, nos duele y nos defrauda la frialdad del plasma. Ese distanciamiento suyo es desolador. Ni nos habla, ni nos consulta, ni pide nuestra complicidad. Le buscamos, pero nunca le encontramos.

Y es así como se gestó el hecho extraordinario. Si Juan Vicente Herrera, católico de Burgos, protesta contra la Ley del Aborto, es que las cosas han ido demasiado lejos.

La torpeza de Rajoy, con fama de haragán político y de gustar que le den todo hecho y de que nadie le cause problemas, ha pinchado de forma estrepitosa con esta reforma, de gran calado ideológico, que parece ideada no para cumplir una promesa electoral (visto está que se las pasa por la faja), sino para evitar la desmovilización de su electorado más reaccionario, claramente descontento con muchas de sus decisiones políticas (y también con sus omisiones). Algo por otra parte comprensible, porque no ha movido ficha cierta, por ejemplo, para reconducir el descalabro del Estado de las Autonomías, poner en su sitio a los terroristas de ETA, frenar la eclosión independentista, etc…

De esta forma, ya se insta al Gobierno desde muchos frentes a que el PP dé libertad de voto a sus parlamentarios (por supuesto mediante voto secreto) a la hora de pronunciarse sobre tan polémica norma, sujeta a consideración moral y a la apreciación del entendimiento personal. Y así, por ejemplo, lo hacía El País (12/01/2014) en un artículo editorial ciertamente impecable, destacando que el diputado o senador electos no pueden verse forzados a seguir las órdenes de su partido en asuntos de conciencia:

Libertad de voto

Nueve de cada diez ciudadanos españoles reclaman libertad para que los diputados puedan votar en conciencia la reforma de la ley del aborto, incluidos los votantes católicos practicantes del PP, según el sondeo de Metroscopia publicado hoy por EL PAÍS. Más allá del error político en que el Gobierno de Rajoy se ha empeñado apostando por este proyecto legislativo, la libertad de voto es un asunto importante con vistas a los usos y prácticas parlamentarias porque confirma la exigencia social de un lazo nítido entre lo que piensan los electores y lo que deben hacer los elegidos.

También constituye una censura espectacular a la ley de hierro sobre la que está construido todo el edificio de la representación política en España, materializado en el gesto de portavoces que levantan uno, dos o tres dedos para ordenar lo que los diputados de su grupo han de votar en cada caso.

Aunque la reforma de la ley del aborto lo devuelva a la actualidad, no es ni mucho menos la única cuestión en que se plantea. La diputada popular Celia Villalobos, que reclama libertad sobre el asunto, ya contravino las órdenes de su partido al votar a favor de la ley del matrimonio homosexual. La cuestión disciplinaria volvió a plantearse el año pasado, en el Congreso, cuando PSC y PSOE votaron de modo distinto a propósito del derecho de autodeterminación de Cataluña. Lo mismo le había sucedido en la legislatura precedente a Antonio Gutiérrez, ex secretario general de CC OO y diputado independiente en las listas socialistas, castigado por abstenerse sobre la reforma laboral de Zapatero.

Asegura la Constitución que el parlamentario no está sometido a “mandato imperativo alguno” y la jurisprudencia del Constitucional deja claro que el partido no puede despojar al electo de su escaño. Sin embargo, las organizaciones políticas han consolidado un enorme control sobre las personas elegidas bajo sus siglas, gracias al doble juego de la sanción al que incumple sus instrucciones y el riesgo de verse expulsado de las listas de candidatos para la siguiente legislatura. Las facultades exorbitantes que han tomado las direcciones partidarias reducen a papel mojado la prohibición constitucional del mandato imperativo.

Una completa libertad de voto cuestionaría el sistema de listas cerradas y bloqueadas, que hace depender al parlamentario de su partido mucho más que de los electores. Los partidos se consideran los actores principales del sistema representativo y en realidad juegan un papel importante en ello, de acuerdo también con la Constitución. Pero reconsiderar un sistema más equilibrado es uno de los asuntos que deben formar parte de una necesaria reforma política y electoral.

Entre tanto, la libertad de voto del parlamentario es insoslayable, por lo menos cuando se plantean temas de conciencia. Y no cabe duda de que la cuestión del aborto es un caso paradigmático.

SE VEÍA VENIR: GALLARDÓN SE DESPLOMA Y ARRASTRA AL PP

Las consecuencias de reformar gratuitamente la normativa sobre el aborto estaban cantadas y así lo hemos venido advirtiendo en otras Newsletters. El escándalo del ‘caso Gürtel-Bárcenas’ y las batallitas del Ruiz-Gallardón (el ministro ‘sabelotodo’), venían señalando el camino de la autodestrucción del PP; dejando al margen su pésima gestión de la crisis económica, sus desequilibrados recortes sociales, su notable desprecio por las reformas políticas, sus contemplaciones con los etarras y su desdén por las causas independentistas, que son cuestiones ciertamente importantes pero de muy distinto origen, debate y solución.

El tema genérico de la corrupción dentro del PP (partido en el Gobierno), ya supuso un zarpazo brutal en su imagen pública y una caída sin precedentes en las expectativas electorales de una formación política elevada al poder poco antes con mayoría absoluta. Y, ahora, la regresiva reforma de la Ley del Aborto propuesta por el ministro Ruiz-Gallardón, elemento que hizo de las suyas con la Ley de Tasas y con su enfrentamiento suicida al propio estamento judicial y fiscal, termina de consumir el crédito político del PP socavando desde dentro su patrimonio electoral y dando insospechadas bazas de recuperación a  la oposición socialista.

Son lo que se ha dado en llamar ‘errores no forzados’ del PP, que alejan de forma gratuita al Gobierno del sentir general de los ciudadanos. Similares al de José María Aznar cuando, desoyendo a propios y extraños, decidió nuestra abierta intervención en la guerra de Irak, lo que le pasó la debida factura política en cuanto hubo ocasión para ello, y que ya están marcando a sangre y fuego las expectativas electorales de Mariano Rajoy. Mucho más práctico sería que dejara de meterse en camisas de once varas -como la del aborto- y se centrara en resolver los problemas más acuciantes de España, que todos sabemos cuáles son y que, dígase lo que se diga, continúan empantanados y en peor situación de la que se proclama.

Y no es que con ese tipo de errores se le ponga al PSOE a huevo arremeter contra el PP, sino que el PP se desgasta por sí solo, sin necesidad de tener enfrente a nadie con verdadera capacidad de oposición política, hartando de forma innecesaria y con una torpeza política inusitada al conjunto de la sociedad española (incluida la que le prestó la mayoría absoluta) y en cuestiones innecesarias o, cuando menos, negociables. Paradoja bien triste, pues, la de caer en el paredón electoral bajo el fuego amigo y no abatido por el del enemigo cierto. Porque, ¿acaso los profesores, los médicos, los militares, los jueces, los funcionarios, las mujeres, los empleados en general…, colectivos que se sienten tan agredidos por las políticas del PP, son sustancialmente de izquierdas…?

Todos ellos, y no los irreductibles ‘rojillos’ de verdad, son los perjudicados de forma bien gratuita por un Gobierno incapaz de alcanzar un mal aprobado, siquiera pelado, en la valoración que merece a ojos de toda la sociedad. Los ministros Ruiz-Gallardón, Wert, Fernández, Montoro, Soria… y las ministras Mato, Báñez…, son de auténtica traca y nadie puede entender su penosa continuidad lastrando el Consejo de Ministros y sobre todo el futuro del PP. ¿Y es que acaso no hay gente en el partido más capaz para gobernar el país que esta banda de torpes fracasados…? Porque, si es así, apaga y vámonos, señor Rajoy.

Sobre las encuestas políticas y su validez se puede decir todo lo que se quiera, que seguramente es mucho. Pero lo que nadie quiere es que le sean desfavorables antes que favorables; y nadie puede negar que, cuando su metodología tiene desarrollos periódicos o de continuidad en el tiempo, sus resultados marcan una tendencia en las opiniones y actitudes del público encuestado (los electores) muy acorde con su expresión final en las urnas.

De esta forma, y por atenernos sólo a las encuestas barométricas realizadas por Metroscopia para El País, tras conseguir inicialmente el 44,6% de los votos en las elecciones de noviembre de 2011, el PP ha ido decayendo progresivamente en su expectativa electoral hasta situarse en una estimación de voto del 32,0% en enero de 2014. Es decir, ha reducido su resultado electoral de partida en 12,6 puntos, equivalentes a una pérdida de más del 35% de los votos que le llevaron al Gobierno; dicho de otra forma, perdiendo ya a uno de cada tres antiguos votantes.

Pero ahí no queda la cosa. En ese mismo proceso temporal, el PSOE, que fue el gran perdedor de las últimas elecciones generales, ha pasado, en sentido inverso, a crecer desde un exiguo 28,7% de votos obtenidos en noviembre de 2011 hasta un 33,5% asignados en enero de 2014, y que ya le sitúa con una ventaja de un 1,5% sobre el PP.

Además, mientras la legislatura se iniciaba con una oposición de partidos nacionales (PSOE, IU y UPyD) que juntos sólo alcanzaban el 40,3% de los votos frente al mayoritario 44,6% del PP, ahora, en enero de 2014, esos mismos tres partidos reúnen una súper mayoría del 53,3% de los votos frente al 32,0% del PP. Incluso sumando sólo al PSOE con IU, esta unión de la izquierda neta ya alcanzarían una mayoría absoluta y más que sobrada del 46% de los votos frente al 32,0% del PP.

Está claro que las diferencias barométricas esenciales entre PP y PSOE, de dos puntos menos para el primero y de dos más para el segundo, que son las registradas precisamente entre las sucesivas encuestas de diciembre y de enero, no tienen más origen posible que la reforma de la ley del aborto aprobada por el Consejo de Ministros el pasado 20 de diciembre. Por eso, parece que, en términos de estrategia electoral, dicha reforma tiene para el PP más contraindicaciones que beneficios y que, de momento, la explicación de que puede servir para que los sectores más conservadores del partido se congracien con Rajoy no tiene traslación práctica en expectativa de voto, al margen de que tampoco tengan margen para moverse hacia otra formación política.

Y esto es lo que hay al día de la fecha, salvo que el margen de error de la encuesta de Metroscopia dejase el resultado en un empate técnico entre los dos grandes partidos y de que, sin unas elecciones convocadas no puede medirse el grado de movilización de última hora. Ya veremos en sondeos sucesivos si la tendencia de hundimiento del PP y recuperación del PSOE sigue su curso de consolidación, al igual que los crecimientos de IU en la izquierda y de UPyD en el centro, ambos poco convenientes para Rajoy.

A tenor de las reacciones y comentarios gubernamentales sobre los asuntos que levantan controversia pública, parece que no afectan mucho al ‘erre que erre’ del Ejecutivo, y mucho menos al de su presidente. Pero lo cierto es que los ministros que más caen en la valoración de los electores, son los responsables de esas polémicas.

El Gobierno en pleno sigue suspendiendo plenamente, pero lo que indica que el vuelco electoral es consecuencia directa de la reforma de la Ley del Aborto es del desplome de la valoración del ministro Ruiz-Gallardón, que ha pasado a ser el peor valorado entre los votantes populares, quitándole el título al responsable de Educación y Cultura, José Ignacio Wert, y haciendo evidente su imposible redención dentro del partido.

El ministro de Justicia cae definitivamente porque es la cara visible de la reforma de la Ley del Aborto (aunque detrás esté Rajoy). Pero junto a él caen otros dos ministros que también han protagonizado polémicas recientes: el de Industria, José Manuel Soria, tocado con el pretendido ‘tarifazo eléctrico’, y el de Interior, Jorge Fernández, promotor del Estado policial y que, criticado en la derecha por su gestión frente a ETA y en la izquierda por sus leyes de orden público, arruina el tradicional plus de valoración social de los titulares de Interior.

El balance del conjunto del Gobierno sigue siendo negativo porque la nota de todos y cada uno de sus miembros sigue cayendo ya próxima al cero patatero, con Rajoy a la cabeza. Y la situación es tan extrema y alarmante que, en nuestra modesta opinión, Rajoy haría bien en enmendar su línea de acción política propiciando al menos algunos cambios ministeriales que manden señales de entendimiento con el electorado, sobre todo con el centrista que le prestó la mayoría absoluta. Y empezando, claro está, por apearse del autoritarismo político, distanciarse del recorte de las libertades y recuperar los tres requisitos necesarios para alcanzar -más allá de las urnas- la ‘doble legitimidad democrática’ según lo expuesto por el profesor Rosanvallon: la imparcialidad, la reflexividad y la proximidad.

Porque, por mucho que moleste decirlo y cueste aceptarlo, el presidente Rajoy cabalga firmemente por la senda de la “deslegitimación democrática”. Y así le luce en todos los estudios de demoscopia política, que muestran su contundente pérdida de representatividad electoral hasta niveles inéditos con otras presidencias del Gobierno.

Ya hemos dicho en otras ocasiones que la opción inaplazable de Rajoy es remover su política y su Consejo de Ministros donde es evidente que deben removerse y devolver así al electorado, al menos en parte, la confianza perdida, antes de que éste termine poniendo patas arriba el tenderete gubernamental, si no quiere sucumbir abrasado en su propia hoguera (las consignas no apagan los incendios ni cambian la realidad social). Aunque también hemos advertido que le costaría hacerlo; porque, más que un nefasto ‘rey prudente’, Rajoy es un político sin agallas y reservón, rodeado de alfombras y floreros vivientes, un hombre público vestido de gris y más bien ‘cortito’, un precoz y meritorio registrador de la propiedad -nada que ver con la política- que va simple y expresamente a lo suyo. Cosa mala, mala, mala.

La Pascua Militar es una ceremonia castrense que se celebra cada 6 de enero en el emblemático Salón del Trono del Palacio Real de Madrid, como inicio del año militar. En ella, el Rey de España, acompañado de la Familia Real, recibe al Presidente y miembros del Gobierno, a los responsables del Estado Mayor de la Defensa y de los Estados Mayores de los tres Ejércitos, de las Reales y Militares Órdenes de San Fernando y San Hermenegildo, de la Guardia Civil y autoridades civiles. También asisten al acto una nutrida representación del conjunto del estamento militar en todas sus jerarquías y empleos, incluida la Real Hermandad de Veteranos de las Fuerzas Armadas y de la Guardia Civil.

Tanto el Ministro de Defensa como el Rey, que constitucionalmente ostenta el mando supremo de las Fuerzas Armadas, pronuncian sendos discursos en los que suelen reflejar la evolución de la situación política y geoestratégica en el marco de la Seguridad y Defensa, señalando también los problemas, anhelos y logros de la Institución Militar, que  son objeto de gran atención por parte de los medios informativos y de análisis por los comentaristas especializados. Durante el acto se acostumbra a imponer condecoraciones a quienes durante el año anterior se han hecho acreedores de tal distinción.

LA GRATITUD EJEMPLAR DE CARLOS III A SUS EJÉRCITOS

Esta solemne celebración tiene una profunda tradición en la vida militar española. Su origen se remonta al reinado de Carlos III, cuando, justo el 6 de enero de 1782, se recuperó la localidad menorquina de Mahón, que entonces se hallaba en poder de los ingleses. Como expresión de júbilo, Carlos III ordenó a los virreyes, capitanes generales, gobernadores y comandantes militares que, en la fiesta de la Epifanía, reuniesen a las guarniciones y notificasen en su nombre a jefes y oficiales de los ejércitos su felicitación (de ahí que la celebración tuviera su réplica en las antiguas Capitanías Generales y hoy la tenga en las sedes militares que han venido a sustituirlas).

Carlos III, proclamado rey de España en 1759, consideró que para defender el Imperio, asediado por los ingleses, necesitaba disponer de un nuevo ejército y una marina con capacidad adecuada a las necesidades bélicas de la época. Para ello, en 1768 aprobó una nuevas Ordenanzas Militares que proporcionaron un renovado espíritu y organización a las tropas. Poco después se publicaron las Ordenanzas para la Marina.

Este nuevo impulso militar, sobre todo naval, le permitió acometer acciones de colonización y conquista en varios escenarios. Inicialmente en California, en donde fray Junípero Serra fundó la primera misión española en la ciudad de San Diego en 1769, extendiendo luego las misiones hacia el norte ante las noticias de la llegada de rusos a esta zona del nuevo mundo. Después en Florida, reconquistando la capital Pensacola en 1781 con la rendición del general inglés Campbell.

En África, y ante los ataques del emperador de Marruecos, Mohammed ben Abdalá, a las plazas de Ceuta y Melilla, Carlos III le declara la guerra en 1774, obligando a las fuerzas marroquíes a levantar el cerco de esa segunda ciudad (la antigua Rusadir romana), que mantenían durante dos meses. La reacción española de atacar el puerto de Argel no tuvo éxito, llegando España y Marruecos a firmar la paz en 1780.

En el Mediterráneo, Carlos III recuperó Menorca de la ocupación inglesa en 1782, después del desembarco y cerco de Mahón, realizado por la escuadra franco-española, compuesta por 52 navíos que llevaban a bordo más de 8.000 soldados de Infantería, Dragones y Artillería. La guarnición británica rendida fue de 2.667 militares (entre ellos, un mariscal de campo, dos tenientes generales y tres coroneles) y 434 civiles.

Cierto es que el reinado de Carlos III (1759-1788) se caracterizó por una incesante actividad bélica, y que, para recompensar los méritos destacados en las campañas, el Rey otorgaba ascensos en ‘grado’ o en ‘empleo’ a quienes los merecían. Otra forma de reconocer en aquella época ese tipo de comportamientos, cuando no existía un sistema reglado de recompensas, era promover el ingreso de los meritorios en alguna de las Órdenes Militares existentes (Santiago, Calatrava, Alcántara o Montesa) o en la propia de Carlos III que premiaba tanto hechos militares como civiles, o incluso publicar en la Gaceta la noticia del heroísmo correspondiente con el detalle de los hechos para conocimiento público.

Pero otro modo era, simplemente, “dar las gracias” a quien mereciera ser reconocido en persona por el Monarca. Y ese fue el detalle originador de lo que, con el tiempo, acabó siendo la proclamación de la Pascua Militar como característica más peculiar de la celebración de la reconquista de Menorca, que tradicionalmente se celebra cada año en esa misma fecha del 6 de enero…

EL SOBERANISMO CALENTÓ LA PASCUA MILITAR DE 2013

Lo cierto es que, dado el importante papel que jugaron las Fuerzas Armadas en la Transición, la celebración de la Pascua Militar y lo que en ella se dice formalmente (o lo que se comenta de manera informal en los corrillos que se forman en la Sala Gasparini durante el saludo de los Reyes a los invitados o en el habitual vino español que se ofrece al final del acto en el Salón de Columnas), siempre ha generado cierta expectación en los medios informativos. De hecho, en ocasiones ésta ha sido extremada, como sucedió en 1982, tras el golpe del 23-F.

Últimamente, y debido a las tensiones creadas por la escalada soberanista en Cataluña, la atención natural de la prensa a la Pascua Militar ha vuelto a crecer. En la celebración de 2013 ya se sacó punta a los comentarios del ministro de Defensa, Pedro Morenés, sobre las “absurdas provocaciones” lanzadas desde Cataluña contra las Fuerzas Armadas y sobre la “serenidad” de los militares, palabras que de cierta forma parecían encubrir su malestar por la creciente dinámica separatista visible en aquel territorio.

Falto de tacto político, el ministro de Defensa incluyó efectivamente en su discurso el siguiente párrafo: “Los militares están preparados, mantienen el ánimo firme y sereno, sin atender a absurdas provocaciones, y cumplen calladamente con su deber. Quieren ser ejemplo de unidad, honestidad, generosidad y valentía para la sociedad a la que sirven”. Y lo que pasa es que, caldeada como está la controversia territorial, la utilización del término ‘provocaciones’ debería haberse concretado con rotundidad, o eliminarse en caso de no querer determinar su naturaleza.

De hecho, la alusión ‘indeterminada’ de Morenés no se compadece para nada con la claridad política que se espera de un ministro de Defensa o, en su defecto, con la prudencia de no meterse en líos, sobre todo cuando se dirige expresamente a las Fuerzas Armadas en un acto institucional tan relevante como la Pascua Militar, y además presidido por el Jefe del Estado y su “mando supremo”.

De esta forma, hubo diferentes interpretaciones sobre la intencionalidad con la que Morenés utilizó el término en cuestión, todas inconvenientes. Se podía referir a las provocaciones lanzadas por sectores independentistas catalanes contra la Institución Militar, pero también a la provocación que la opinión publicada de algunos militares en relación con el secesionismo catalán suponía para sus mentores o, incluso, a la agitación que estos mismos comentarios de miembros de las Fuerzas Armadas podían provocar en el ámbito castrense.

Enric Juliana, por ejemplo, escribía en La Vanguardia (07/01/2013) este artículo titulado precisamente ‘Absurdas provocaciones’:

Principio del formularioFinal del formularioEl roscón de Reyes suele contener dos sorpresas. Un haba y una figurita de porcelana. Quien se queda con el haba paga el pastel; quien muerde la figurita se convierte en el rey de la fiesta. Así ocurrió ayer en multitud de hogares. Y de alguna manera sucedió en la celebración de la Pascua Militar, ya que en los discursos políticos también suele ser costumbre esconder un “ahí queda eso”. Hubo sorpresa en el discurso del ministro de Defensa, pero el cronista no sabría dilucidar, al menos en este primer párrafo, si fue haba o figura de porcelana. 

Después de una prolija intervención sobre las actividades de las fuerzas armadas en el 2012 y unas elípticas consideraciones -muy interesantes de leer entre líneas- sobre la deuda en armamento, el ministro Pedro Morenés, el único vasco en el Gobierno de Mariano Rajoy, remató de la siguiente manera su parlamento: “Los militares están preparados, mantienen el ánimo firme y sereno, sin atender a absurdas provocaciones, y cumplen calladamente con su deber. Quieren ser ejemplo de unidad, honestidad, generosidad y valentía a la sociedad a la que sirven”. (En el texto distribuido a la prensa, las provocaciones no aparecen calificadas de absurdas).

Titular enmarcado. El ministro de Defensa denuncia “absurdas provocaciones”, se supone que provenientes de la levantisca Catalunya. Esa fue ayer la suposición general, aunque las palabras de Morenés también podrían interpretarse como un rechazo a aquellas voces que han reclamado o sugerido una intervención militar en Catalunya para atajar la corriente soberanista. Han invocado el recurso a las armas algún director de periódico, numerosos columnistas, el eurodiputado del Partido Popular Aleix Vidal-Quadras y, en el ramo de las variedades, uno de los presentadores de la reciente noche de Fin de Año en Telecinco. No parece que las palabras del ministro estuviesen destinadas a expresar su disgusto por estas opiniones, hoy objetivamente marginales en la sociedad española.

El texto subyacente era otro: el difuso malestar en las fuerzas armadas por la dinámica política abierta en Catalunya y por algunos gestos que la han acompañado estos últimos meses (la discutida apelación a los Mossos d'Esquadra por parte del exconseller de Interior Felip Puig en el fragor del debate sobre la hipotética consulta, o la denuncia de cuatro eurodiputados catalanes en el Parlamento de Estrasburgo contra las personas que habían amenazado con una posible intervención militar en Catalunya).

Sea como fuere, el ministro de Defensa quiso aprovechar la Pascua Militar para subrayar que las fuerzas armadas asisten con “serenidad” al enfebrecimiento de la coyuntura política. Hace seis años, en la misma fecha, hubo roscón de Reyes con figurita de porcelana del Estatut de Catalunya (entonces en fase de discusión). El Gobierno socialista tuvo que destituir de manera fulminante al jefe de la Fuerza Terrestre, teniente general Juan Mena Aguado, por haber invocado desde Sevilla la aplicación del artículo 8 de la Constitución, que atribuye a las fuerzas armadas la defensa de la integridad de España. El jefe de la Fuerza Terrestre ejerce el mando del 70% de las unidades del Ejército de Tierra. Al cabo de cuatro meses, dimitía el ministro de Defensa, José Bono, alegando razones personales y familiares. En fecha mucho más reciente, hace un par de meses, Morenés destituyó al director de la revista Ejército, general de brigada Ángel Luis Pontijas Deus, por haber incluido en la citada publicación un editorial crítico con la política soberanista de Mas.

Coincidiendo con esta última destitución, el teniente general en la reserva Pedro Pitarch, exjefe de la división logística de la OTAN, excomandante del Cuerpo de Ejército Europeo y ex director general de Política de Defensa (etapa Bono) efectuó unas crípticas declaraciones acusando a algunos militares en activo y en la reserva de fomentar “un nocivo estado de opinión” en el interior de las fuerzas armadas a propósito de la cuestión catalana.

La alusión de Morenés a las “absurdas provocaciones” eclipsó un poco el breve discurso del Rey, quien alentó a los militares a hacer frente con entereza a las dificultades materiales que plantea la crisis económica y los convocó a la tarea colectiva de “sacar adelante esta gran nación con esfuerzo, generosidad y espíritu de sacrificio”. También quedaron entre visillos las referencias del ministro a una eventual renegociación de la factura de los planes especiales de armamento (mandatos Trillo, Bono, Alonso y Chacón), cifrada hace un año en 31.631,8 millones de euros (3% del PIB), cuyos plazos de pago se hallan escalonados hasta el 2025. Las facturas más altas deberán comenzar a abonarse a partir del 2014.

Por su parte, Núria de Gispert, presidenta del Parlament de Catalunya, respondía al ministro Morenés afirmando: “Desde Catalunya hay pocas provocaciones”, y añadía que “intentamos hacer ver que tampoco las recibimos”. Con esta contestación, la destacada militante de CiU entendía que las “provocaciones” citadas por el ministro de Defensa en su discurso de la Pascua Militar se referían al grito soberanista lanzado desde Catalunya y que tanto habían escocido dentro del estamento castrense; considerando al mismo tiempo que si las palabras de Morenés iban dirigidas a Catalunya, sí que constituirían, por su parte, una “cierta provocación”.

El desliz de Morenés al decir en su discurso de la Pascua Militar de 2013 que las Fuerzas Armadas no caían en “absurdas provocaciones”, también generó la crítica de Josu Erkoreka, consejero de Administración Pública y Justicia y portavoz del Gobierno Vasco, quien en una entrevista concedida a ETB, la televisión pública vasca, manifestó: “Me parece una referencia innecesaria. No sé si lo que quería con esas palabras era articular él mismo una provocación, pero yo las he encontrado fuera de lugar”.

Además, aprovechando la polémica del caso, Erkoreka comentó que no vio la entrevista concedida por el Rey al periodista Jesús Hermida emitida dos días antes  en TVE (04/01/2013), afirmando, no obstante, que no se sentía concernido por las referencias regias a las “políticas rupturistas” y a “las intransigencias que conllevan maximalismos”, ya que políticamente él no es partidario “ni de las estridencias ni de las rupturas, sino del ejercicio de los derechos individuales y colectivos”.

Y en ese mismo sentido, afirmó: “Como creo que sobre eso no ha dicho nada y como supongo que las situaciones jurídicas activas que yo considero derecho en lo individual y lo colectivo serán también objeto de aceptación por la clase política española, no tiene por qué existir discrepancia política profunda”. Erkoreka deslizó su esperanza de que las experiencias catalana y escocesa sobre las consultas soberanistas “sirvan para abrir un camino que definitivamente pueda ser utilizado por aquellos pueblos que quieran hallar su propia ubicación en el concierto de las naciones”.

Pero el lío montado por aquella falta de tacto político de Morenés, que no fue poca cosa, también dio pie para que el secretario de Organización del PSOE, Óscar López, le acusara de haber actuado como “un bombero pirómano”, ya que, en su opinión, lo que consiguieron las palabras del ministro fue aumentar la tensión en el debate soberanista en Cataluña.

“El primero que tiene la obligación de no calentar más el asunto es el que lo calienta más”, denunció López, para quien las Fuerzas Armadas, por contra, se están mostrando “más sensatas” que el ministro que las dirige ante el desafío independentista lanzado por el presidente catalán, Artur Mas (“El Mundo” 09/01/2013).

Ahí queda, pues, lo que se llevó por delante en lo político la imprudencia del ministro Morenés en la Pascua Militar del año pasado…

EL GENERAL PITARCH SE APUNTÓ AL VARAPALO

Pero si algunos comentarios sobre el discurso pronunciado entonces por el Ministro de Defensa pudieran responder a intereses partidistas, veamos el varapalo que el teniente general Pitarch le propició desde una perspectiva ‘militar’ en su blog habitual (edición del 06/01/2013 con el título “Pascua Militar 2013: la primera en la frente”), accesible desde la portada de esta web.

Tras calificar el discurso ministerial de algo “larguis huevis” (generalidades y obviedades en el argot naval), criticó severamente las cinco tareas más destacadas en el mismo:

(…) La primera tarea era ‘garantizar la preparación y operatividad de las FAS’. Resultado: el mayor de los fiascos. Es triste tener que expresarlo así, pero en esto no se puede ser complaciente. Se trata de la médula de la defensa. Son las unidades y su operatividad la razón de ser todo el tinglado del ministerio de Defensa. Si no hay operatividad sobra todo lo demás, empezando por el ministro. Y, ciertamente, con los vehículos sobre polines, con enormes restricciones en la instrucción y el adiestramiento, con un consumo de munición híper-tasado, con pilotos de insuficientes horas de vuelo y con buena parte de los buques amarrados, en definitiva, con la preparación bajo mínimos ¿qué otra podría ser la valoración? La primera en la frente.

La segunda tarea, ‘revisar la estructura orgánica del ministerio y de las FAS’, sigue siendo una incógnita. Poco se ha hecho, más allá de anunciar la intención de elaborar un proyecto de ley de bases de la organización militar, y —se suponen—algunos estudios más. La nonata ‘Visión 2025’ encargada al JEMAD (y sin embargo descrita por el propio Ministro como ‘un informe más’) es el ejemplo paradigmático del conocido juego de ‘marear la perdiz’. Juego en el que se han visto encapsulados los estados mayores de los Ejércitos y la Armada. La reciente ‘creación’ de dos mandos, Vigilancia y Seguridad Marítima, y Defensa y Operaciones Aéreas, mencionados como logros por el ministro en el discurso de hoy, se inscriben inicialmente en otro juego: el de las dobles y triples gorras. Al Almirante de la Flota y al Jefe del Mando Aéreo de Combate les han añadido, respectivamente, una gorra más a las que ya portaban. Aunque, de hecho, las llamadas ‘operaciones permanentes’ ya estaban, en cuanto operaciones, en la férula del JEMAD en lo que a la conducción estratégica se refiere. Si esto de ahora significase que se quiere ir hacia la subordinación al JEMAD de los jefes de Estado Mayor de los Ejércitos y la Armada (modelo italiano), habría que modificar la Ley Orgánica de la defensa nacional. Y eso no se puede hacer con una mera orden ministerial.

La tarea de ‘definir las capacidades militares a conservar, a redefinir y a suprimir’ ha resultado en 2012 otro ‘ya veremos’. Pero después de un año ya se podría haber visto algún movimiento. De momento sigue en modo desiderátum. Seguro que los concernidos saben que desarrollar cualquier escenario de reestructuración pasa por abrir esa caja fuerte, que el Sr. Montoro custodia con particular cicatería.

Tampoco hay mucho a resaltar por lo logrado en la cuarta tarea, ‘perfeccionar y completar el sistema de enseñanza militar’. Se aborda 2013 con la misma enorme contestación al sistema de enseñanza que en 2012. Tanto dentro (en todas las escalas) como fuera de las FAS. En resumen: impasible el ademán, que decían aquéllos.

La quinta tarea era, en la visión del bloguero, la refundición de tres: ‘financiación de los programas de armamento’; ‘consolidar el nivel tecnológico de la industria de defensa’; y ‘facilitar el desarrollo de la industria de defensa’. Son facetas de un único objeto. En esto sí que hubo una notable ‘movida’: dinero extra (no hablo de la extra que voló). Fue un crédito extraordinario de 1.782 millones de euros, aprobado por el Real Decreto-ley 26/2012, de 7 de septiembre. Se corrigió así al alza, ¡en un 28 por 100!, el presupuesto de defensa aprobado por las Cortes solo tres meses antes. De esa millonada, ni un euro para cualquiera de las otras tareas. Caramba, si ese compromiso ministerial de ‘buscar solución a la financiación de los programas especiales de armamento’ significa ese ‘senti, però pagant’, del catalán del chiste, no es que esté mal. Pero no parece un invento especialmente meritorio…

Y Pitarch concluía su particular rapapolvo al ministro Morenés con este sutil aviso: “… El señor ministro lleva razón en algo: ante las provocaciones ‘los militares cumplen calladamente con su deber’. Pues que dure”.

LAS FUERZAS ARMADAS Y EL ORDEN CONSTITUCIONAL

Poco después, el 6 de febrero de 2013, y en el mismo contexto comentado por Enric Juliana de malestar militar por la creciente dinámica separatista de Cataluña, se produjeron unos comentarios también significativos del general de división en la reserva Juan Antonio Chicharro, destinado en la Asamblea Permanente de la Real y Militar Orden de San Hermenegildo tras haber ocupado destino como comandante general de la Infantería de Marina hasta diciembre de 2010. Los pronunció en la Gran Peña de Madrid, muy arraigada en lo militar, en un foro sobre Fuerzas Armadas y Ordenamiento Constitucional en el que también participaron como ponentes el entonces presidente de la Sala de lo Militar del Supremo, Ángel Calderón, el rector de la Universidad Rey Juan Carlos, Pedro González-Trevijano, y el magistrado y director de la Revista Jurídica Militar, José Antonio Fernández Rodera, como moderador.

El general Chicharro explicó que en circunstancias normales posiblemente habría declinado la invitación para intervenir en aquel acto, pero que la “ofensiva separatista-secesionista” le obligaba a hablar. Como único militar entre los oradores, aseguró entonces que en las Fuerzas Armadas “hay un sentimiento generalizado de preocupación, temor, incertidumbre y confusión”, al tiempo que lamentó su ostracismo y criticó la destitución del general José Mena, en enero de 2006, por criticar el Estatuto catalán (caso del que hablaremos más adelante).

Aunque reprochó a los nacionalistas que busquen una interpretación de la Carta Magna tergiversada, Chicharro expuso pulcramente la literalidad de la Constitución. “El artículo 8.1 no implica la autonomía de las Fuerzas Armadas”, dijo en alusión al mandato que encomienda a estas la misión de “defender la integridad territorial y el ordenamiento constitucional”. Y justo es recordar que, en línea con la ortodoxia jurídica, recordó que la defensa de la Carta Magna corresponde al Tribunal Constitucional y al Gobierno, al que aquella atribuye la dirección “de la Administración civil y militar y la defensa del Estado” (artículo 97 CE).

A continuación, desarrolló una interpretación por la cual los militares se verían obligados a intervenir. El problema se produciría, en su opinión, “si los responsables de la defensa de la Constitución no se comportaran como su función requiere”. Y ello le llevó a plantearse cuál es el rango normativo del título preliminar de la Constitución (en el que se enmarca el artículo 8.1) en relación con el artículo 97, que es el que determina la subordinación de las Fuerzas Armadas al Gobierno, por lo que en una supuesta interpretación confrontada cabría el que su fuerza imperativa fuera mayor o menor.

El general se adentró por la senda de las hipótesis -que tanto enerva a la clase política- al invitar a imaginarse qué sucedería si el PP perdiera la mayoría absoluta en las próximas elecciones generales y los nacionalistas exigieran, a cambio de su apoyo, reformar el artículo 2 de la Constitución, que consagra la unidad indisoluble de la Nación española. “¿Qué hacen entonces las Fuerzas Armadas?”, se preguntó. Y no dio ninguna respuesta.

Lo cierto es que el general Chicharro se metió al público en el bolsillo nada más proclamar una verdad incontrovertible: “La patria es anterior y más importante que la democracia. El patriotismo es un sentimiento y la Constitución no es más que una ley”.

Y, a pesar de la tendenciosidad con la que el periodista Miguel González informó en El País sobre lo dicho por el general Chicharro en el foro de la Gran Peña (“sugirió que estaría justificada una intervención militar para frenar la secesión de Cataluña”, llegó a escribir), iniciando con ello una caza de brujas impresentable (una de sus especialidades), el ministro Morenés no alcanzó a imponer sanción alguna contra el general Chicharro. Aunque si lo hiciera antes contra el general Pontijas, destituyéndole como director de la Revista Ejército simplemente por aludir en el editorial del mes de noviembre de 2012 a las "proclamaciones de las intenciones soberanistas" del presidente de la Generalitat, Artur Mas, ahora absolutamente ciertas y puestas en boca de todo el mundo, incluido el PP y el propio Gobierno.

Claro está que, a tenor del motivo por el que el ministro Morenés cesó al general Pontijas, cabe preguntarse qué habría hecho con el coronel Alamán Castro de haberle pillado en servicio activo cuando proclamó su patriótico “¿La independencia de Cataluña? Por encima de mi cadáver”, en una entrevista publicada en AlertaDigital.Com (05/09/2012). O hasta dónde hubiese llegado su ensañamiento político con el teniente general Mena a cuenta del discurso ‘constitucionalista’  (y premonitorio) que pronunció el 6 de enero de 2006 en el Salón del Trono de la antigua Capitanía General de Sevilla, durante la celebración de la Pascua Militar, cuando ostentaba la jefatura de la Fuerza Terrestre.

Un contexto de preocupación castrense en el que tampoco deja de ser significativo el hecho de que la Asociación de Militares Españoles (AME), la más antigua y representativa de los mandos superiores, bien que la mayoría sin estar en activo, emitiera un duro comunicado en septiembre de 2013 en el que se reclamaba al Gobierno el envío del Ejército a Cataluña con objeto de aplacar sus aspiraciones secesionistas:

COMUNICADO DE LA AME 

El día 22 de septiembre de 2012 esta Asociación emitía un comunicado sobre la inaceptable y delictiva actitud del presidente de la Generalidad de Cataluña y su declaración en la que exigía el Pacto Fiscal con el Gobierno de España o amenazaba con la secesión. En aquella Nota se recordaban las obligaciones de los regidores de nuestra Nación para que, aplicando cuantas posibilidades ofrece la Constitución Española, frenaran la deriva separatista.

Ha pasado un año y no se aprecian acciones por parte del Parlamento Nacional que hayan hecho renunciar a las pretensiones de quienes quieren fracturar la unidad de España sino, más bien, todo lo contrario. Inadmisible e intolerable de todo punto es la actitud de quienes son representantes del Estado invitando a los diputados a acudir a los actos independentistas, caso de flagrante delito de alta traición por comisión como es el del Parlamento de Cataluña. Pero tan inadmisible e intolerable es la de quienes, creemos que por manifiesta omisión, no las han frenado y, por ende, deberán de incurrir en igual delito e iguales sanciones. Ello pone en una situación indefendible a las instituciones que, no sólo por obligación constitucional sino por su propia y natural misión, tienen la obligación de mantener y defender “la unidad indisoluble de la Nación Española, patria común e indivisible de todos los españoles”.

Realmente penoso y lamentable resulta tener que comparar la cuando menos pusilánime, esperpéntica indigna y de absoluto rechazo, reacción de los poderes públicos actuales con la de otros gobiernos ante casos similares de insubordinación de políticos elegidos; por ejemplo, el gobierno de la Segunda República española ante el separatismo de la Generalidad y que, curiosamente, proporcionó un ejemplo de ser muchísimo más español, o el de los Estados Unidos en 1963 con la insubordinación del gobernador de Alabama por la integración en las escuelas: el presidente Kennedy envió a la Guardia Nacional de Alabama y repuso el orden. Ejemplos que creemos deben ser imitados y aplicados sin la menor dilación ni duda en las circunstancias actuales.

Sabido es que a los militares en activo se les impone la neutralidad política y sindical, y que los que ya no lo están deben ser igualmente prudentes. Pero no es menos cierto que la libertad ideológica y la libertad de expresión son derechos constitucionales igualitarios y que su eventual restricción en el ámbito castrense no deja de ser interpretable, correspondiendo al buen gobernante desarrollar esa función con ponderación. En la Transición, Rajoy y Morenés ni siquiera sabían lo que era la política ni las muchas torpezas que se cometieron con las Fuerzas Armadas hasta desembocar en el 23-F, y por quién fueron manipuladas y traicionadas.

Entre aquellos errores, no fue el menor la falta de lealtad de Adolfo Suárez y su Gobierno con los mandos militares (y no tanto la de algunos militares con la democracia). Y bueno sería que, en estos tiempos nuevamente revueltos para la unidad de España, Rajoy, Rubalcaba y el Rey (tres R,s sobre las que recaen muchas de las culpas de lo que está pasando) fueran más conscientes de la realidad y se aprendieran aquella triste lección, de la que a nadie interesa una segunda edición.

MENA: EL GENERAL QUE REMOVIÓ LOS LÍMITES DEL SILENCIO

Claro está que, a la luz de la lamentable escalada del independentismo catalán hoy absolutamente evidente (seguido del vasco), lo expuesto por el general Mena en la Pascua Militar de 2006 puede calificarse en términos retrospectivos sobre todo de oportuno y anticipador de la realidad larvada. Y por supuesto de muy significativo dada su situación, entonces, de militar en activo y con un alto rango y posición en la jerarquía castrense.

A José Mena Aguado, hijo de un militar y político muy respetado en el régimen anterior, y que fue gobernador civil de Murcia tras ejercer como ejemplar alcalde de Palencia entre 1959 y 1968, no se le pueden negar vivencias suficientes sobre la realidad española de los últimos 50 años. Ni la sensibilidad necesaria para poder percibir y valorar sensatamente, ya en 2006, la misma “preocupación, temor, incertidumbre y confusión” que más tarde, en esta legislatura, están manifestando otros muchos militares, como el general Chicharro, con distintos efectos de notoriedad.

Mena obtuvo el despacho de teniente del Arma de Caballería el 15 de julio de 1964, formando parte de su XIX Promoción. Con ese empleo ocupó sus primeros destinos en el Regimiento de Caballería Ligera Acorazada ‘Villaviciosa’ nº 14 (que después llegaría a mandar de forma accidental con el empleo de teniente coronel) y en el de la Guardia de S. E. el Jefe del Estado. Ascendido a capitán el 4 de julio de 1972, pasó entonces a ejercer de profesor en la Escuela de Aplicación de Caballería y en la Academia de Caballería.

Con ese empleo militar vivió los delicados momentos de la Transición, e inmediatamente antes de ascender a comandante el 3 de julio de 1981, los lamentables acontecimientos del 23-F. Como jefe militar ocupó distintos destinos tanto de armas como técnicos y docentes (incluido el de profesor en la Escuela de Estado Mayor) hasta ser promovido al empleo de general de brigada el 25 de octubre de 1996, trasladándose entonces a la Dirección General de Armamento del Ministerio de Defensa (DGAM).

Tres años más tarde, en octubre de 1999, ascendió a general de división, siendo puesto al mando de la emblemática División Mecanizada “Brunete” nº 1 seis meses después. Al ascender a teniente general el 9 de febrero de 2001, ocupó de inmediato la jefatura del Mando de Personal del Ejército de Tierra (MAPER), destino en el que se mantuvo hasta que el 17 de diciembre de 2004 fue designado general jefe de la Fuerza Terrestre del Ejército de Tierra, con sede en Sevilla, coincidiendo con el proceso reorganizador de la precedente Región Militar Sur.

En ese destino, el teniente general Mena alcanzó gran notoriedad pública a raíz del discurso que, en función de su cargo, pronunció el 6 de enero de 2006 justo durante la celebración de la Pascua Militar, en el Salón del Trono de la antigua Capitanía General de Sevilla. En aquel acto, y tras resumir las realizaciones y proyectos profesionalmente más relevantes en el ámbito de las Fuerzas Armadas, reconoció que, sin expresar sus opiniones personales, en razón del cargo que ocupaba sí tenía la obligación “de conocer los sentimientos, inquietudes y preocupaciones de mis subordinados y transmitirlos, como es habitual, a la máxima autoridad de mi Ejército, y hacerlos públicos, por expreso deseo de aquéllos”.

A continuación, y reconociendo que los militares no debían entrar en disquisiciones políticas, que lógicamente correspondían a los políticos, el teniente general Mena alertó, porque lo consideraba una obligación, sobre “las graves consecuencias que podría conllevar la aprobación del Estatuto de Cataluña, en los términos en que está planteado, tanto para las Fuerzas Armadas, como institución, como para las personas que las integran, en tres aspectos verdaderamente preocupantes para nosotros”.

El primero de ellos era el “concepto de nación”, en el que no profundizó porque, en su opinión, “el artículo 2 de la Constitución Española lo expresa clara y rotundamente: La Constitución se fundamenta en la indisoluble unidad de la Nación española, patria común e indivisible de todos los españoles, y reconoce y garantiza el derecho a la autonomía de las nacionalidades y regiones que la integran y la solidaridad entre todas ellas”.

El segundo aspecto era el de la “lengua”, manifestando al respecto: “El hecho de que en una Autonomía sea exigible el conocimiento de su lengua particular es una aspiración desmesurada que obligaría en las Fuerzas Armadas a regular los destinos a esa Autonomía de la misma forma que actualmente se regulan los destinos en el extranjero. Es decir, que los destinos a Cataluña, País Vasco y Galicia estarían supeditados a la voluntariedad de los militares que quisiesen acreditar el conocimiento de la lengua que fuese exigible en cada Comunidad”.

Su tercera consideración se relacionaba con la “justicia”, dado que las Fuerzas Armadas se encuentran desplegadas en todo el territorio nacional. En ese sentido, recordó que la actual independencia de los Tribunales de Justicia de las Autonomías creaba graves problemas en las Fuerzas Armadas al producir sentencias dispares para hechos similares que, sin estar incursos en el ámbito estrictamente castrense, cuyo tratamiento corresponde a la jurisdicción militar según el artículo 117. 5 CE), sí que afectan al régimen interior de las Bases, Acuartelamientos o Establecimientos militares y a las expectativas profesionales de cada uno de los componentes de las Fuerzas Armadas. También precisó que ese problema se podría agravar mucho más con la aparición de poderes judiciales autonómicos, independientes del Estado.

Acto seguido, el teniente general Mena resaltó que “afortunadamente, la Constitución marca una serie de límites infranqueables para cualquier Estatuto de Autonomía. De ahí mi mensaje de tranquilidad”. No obstante, recordó: “Pero si esos límites fuesen sobrepasados, lo cual en estos momentos afortunadamente parece impensable, sería de aplicación el artículo 8º de la Constitución: Las Fuerzas Armadas, constituidas por el Ejército de Tierra, la Armada y el Ejército de Aire, tienen como misión garantizar la soberanía e independencia de España, defender su integridad y el ordenamiento constitucional”.

Como cierre de sus consideraciones en torno al debatido Estatuto de Cataluña, recordó a todos los militares presentes su juramento, o promesa, de guardar y hacer guardar la Constitución, concluyendo: “Y para nosotros, los militares, todo juramento o promesa constituyen una cuestión de honor”.

Tras la gran polémica provocada con su discurso, desproporcionada a tenor de sus referencias constitucionales y de otras declaraciones realizadas con anterioridad por el propio ministro de Defensa, José Bono, mucho más patrióticas o españolistas, el entonces jefe del Estado Mayor del Ejército, José Antonio García González, no se atrevió a ejercer su competencia sancionadora sin encontrar un artículo del código disciplinario claramente aplicable al caso y teniendo que saltarse, además, el preceptivo trámite de audiencia por las prisas requeridas políticamente. Por ello, tuvo que ser el propio ministro quien, aceptando la sugerencia del ‘diligente’ general Sanz Roldán, que como JEMAD no podía suplantar la competencia disciplinaria del JEME, y agarrándose tenazmente al artículo 7, apartado 31, de la Ley Orgánica 8/1998, de Régimen Disciplinario de las Fuerzas Armadas, le sancionara con un arresto domiciliario de ocho días, presuponiendo una absurda infracción del deber de neutralidad en relación con las diversas opciones políticas.

Al mismo tiempo, el ministro Bono promovió el cese del teniente general Mena en el cargo de confianza que ocupaba como general-jefe de la Fuerza Terrestre en el inmediato Consejo de Ministros celebrado el viernes 13 de enero, oficialmente también “a petición” de Félix Sanz, JEMAD que con su reiterada actitud pasaba a encabezar con cierta ventaja el ranking de los palmeros ministeriales uniformados. La destitución de Mena, que en aquel momento ocupaba el segundo puesto de su escalafón, se acompañó también con su pase a la situación de reserva hasta el 18 de marzo de 2007, fecha del retiro reglamentario.

Algunos medios informativos, asociaron inmediatamente de forma equívoca el ‘caso Mena’ con el ‘caso Soteras’, distantes más de veinte años en el tiempo pero ambos vividos bajo gobiernos socialistas. Mientras el primero había remitido su discurso de la Pascua Militar de forma insistente a la Carta Magna, el segundo justificó en buena medida el golpe del 23-F y solicitó el indulto de los compañeros de armas ya condenados por aquella asonada, a través de una entrevista publicada en la revista Interviú (14/09/1983). Además, tras su cese al frente de la VII Región Militar (Valladolid), el teniente general Soteras quedó adscrito a la I Región Militar en situación de ‘disponible’, siendo designado más tarde por el Gobierno socialista vocal del Consejo Directivo del Patronato de Casas Militares y posteriormente, en septiembre de 1985, presidente del mismo, hasta pasar en noviembre de 1986 a la ‘segunda reserva’.

Esta diferencia sustancial entre los hechos y las consecuencias de ambos casos, no deja de evidenciar de algún modo la deriva de los criterios básicos por los que se rige la Institución Militar y su creciente manipulación por parte de la clase política. Una ‘politización’ ciertamente peligrosa que con el tiempo puede propiciar su división interna, incompatible con las altas misiones que le han sido asignadas constitucionalmente.

Las tergiversaciones del ‘caso Mena’, llevaron a su protagonista a resumir lo sucedido de forma aclaratoria en un libro urgente y escrito prácticamente a vuelapluma, titulado de forma bien significativa ‘Militares: Los límites del silencio’ (Edición Personal, 2008). Hoy, las aspiraciones independentistas que amenazan la unidad de España incluso desde las propias instituciones de representación política, convierten a militares como los generales Mena, Chicharro o Pontijas, en defensores del orden constitucional, muy alejados de los golpistas del 23-F, ahora sustituidos de forma verdaderamente paradójica por un golpismo autonómico de nuevo cuño. Pero, ¿en qué lado de esa realidad se sitúan hoy las tres R,s -Rajoy, Rubalcaba y el Rey- que si no propician el independentismo tampoco saben atajarlo…?

PASCUA MILITAR 2014: MÁS DE LO MISMO (Y PEOR)

Volviendo a la celebración de la Pascua Militar en el régimen democrático, ya es hora de señalar que, poco a poco, sólo sirve a efectos protocolarios y para que, tanto el Ministro de Defensa de turno como Su Majestad el Rey, vendan su propio ‘baratillo’. Recuerdos obligados para los militares caídos en acto de servicio, manidas felicitaciones generalizadas, grandes frases sin aplicación cierta, ponderación de éxitos y políticas más que discutibles, llamamientos a la unidad, la disciplina y el sacrificio… y poco más.

Nada concreto ni realmente reconfortante se ha oído jamás en ese acto tan emblemático sobre las perentorias necesidades y problemas graves que, año tras año, vienen soportando la defensa nacional y el estamento militar, tanto en el orden operativo como en las condiciones socioeconómicas y de dignidad personal en el ejercicio profesional. Mucho triunfalismo sobre la falsa modernización de los sistemas de armas (derrochona en lo innecesario por estricto interés político y absolutamente inexistente en lo primordial), pero nada de nada sobre el fracaso sistémico de un modelo de Fuerzas Armadas llevado poco a poco al agotamiento… hasta el punto de poner sus medios de combate y de apoyo logístico en venta ‘de rebajas por derribo’…

Nada se ha dicho nunca, ni posiblemente se dirá jamás, sobre el fracaso (por no llamarlo chapuza) que ha supuesto, norma a norma, la legislación en materia de Defensa Nacional y Fuerzas Armadas, carente de todo sentido de Estado e impuesta a golpes de incompetencia política y hasta jurídica. Ahí está, sin ir más lejos, la vigente Ley 39/2007, de 19 de noviembre, de  la Carrera Militar, con el ridículo aparejado de su imposible aplicación práctica (el PP, corresponsable de aquel desastre legislativo, llegó a pedir no obstante su modificación cuando todavía seguía en la oposición, pero después, una vez en el poder, el ministro Morenés terminaría elogiándola…).

Y menos aún se ha dicho, y ni siquiera apuntado, sobre el escaso horizonte profesional de los militares de carrera, cuya mayoría está avocada -debido al fracaso del modelo impuesto por la clase política- a tener que retirarse con el empleo de teniente coronel o de capitán de fragata o incluso con el inferior. Sin hablar de otras cuestiones, como las retributivas y de derechos constitucionales, que se discuten y tratan sin complejo alguno cuando atañen al resto del funcionariado del Estado, incluidos el estamento judicial y el policial.

Pero con estas deficiencias discursivas de la Pascua Militar, ni los ministros de Defensa ni el Rey como Jefe de Estado y mando supremo de las Fuerzas Armadas, se han atrevido nunca a respaldar, siquiera fuese veladamente, la vocación de servicio a España de los militares en relación con la elemental defensa de su unidad constitucional. Antes al contrario, y como muy bien saben los afectados, el distanciamiento formal e informal del Rey de los generales señalados políticamente como ‘díscolos’ o ‘habladores’ por haber levantado esa obligada y patriótica bandera, ha sido tan patente como lamentable, porque sabido es que sobran caminos para haberles hecho llegar, al menos, algún discreto mensaje de comprensión.

Y ahora, una vez más, la Pascua Militar de 2014 se resuelve con ‘más de lo mismo’ (y peor), a pesar de la que está cayendo. Justo al día siguiente de que un sondeo de Sigma Dos para El Mundo (05/06/2014) evidenciara que, por tercer año consecutivo, aumenta la visión negativa sobre el actual reinado y la Monarquía, elevando a un preocupante 69,4% el número de españoles mayores de 18 años que consideran al Rey incapaz de recuperar el prestigio perdido (y un día antes de que el juez Castro imputara a la infanta Cristina en el que el ‘caso Nóos’ por un doble delito de fraude fiscal y blanqueo de dinero).

Como es obvio, esa caída del apoyo social a la Monarquía tiene sus causas propias, entre las que, junto a la falta de ejemplaridad de la Familia Real, cabe suponer las afectas a la responsabilidad del Rey como símbolo que es de la unidad y permanencia del Estado, así como árbitro y moderador del funcionamiento regular de las instituciones (artículo 56 CE). Un aspecto fundamental de nuestro ordenamiento constitucional y del propio sistema de convivencia muy afectado por las visibles amenazas independistas de Cataluña y el País Vasco, y sobre las que el Jefe del Estado (el Rey) sólo aplica una mezcla lenitiva de paños calientes y frases ‘políticamente correctas’ que llevan a ninguna parte, lavándose las manos como Poncio Pilatos ante las posiciones más gallardas de sus compañeros de armas.

Por ello, no dejaría de convenir a la propia institución monárquica conocer con exactitud cuál es el grado de afección o desafección que hoy provoca en el ámbito castrense, y si ese valor específico se encuentra por encima o por debajo del generalizado en la sociedad civil. Un dato muy fácil de obtener de forma discreta a través de los estados de opinión internos (quizás junto a otros sobre opiniones y actitudes de los militares ante el independentismo y la sucesión en la Corona) y ciertamente útil para dimensionar el alcance del problema y orientar mejor las posibles soluciones.

El esperado discurso del Rey en la Pascua Militar de 2014, que leyó de forma penosa por su evidente agotamiento físico, siguió en la pauta habitual de la diplomacia institucional, el guiño interesado a las Fuerzas Armadas y la Guardia Civil y la vacuidad política, obviando claramente el problema de la amenaza secesionista. Un fenómeno hoy preocupante para el conjunto de la sociedad española y, muy en especial, para el estamento militar por su especial lealtad y vocación de servicio a España.

En su mensaje, Don Juan Carlos animó a la familia militar (a la que dijo pertenecer) a perseverar en su “ejemplaridad”, a “seguir transmitiendo confianza y serenidad”, a “continuar trabajando unidos por la seguridad y el bienestar del conjunto de los españoles” y a ser “los primeros en ofrecer y los últimos en recibir”.

Con titubeos, equivocaciones y una evidente dificultad para mantener el ritmo del discurso (algunos presentes pensaron que quizás no lo iba a poder terminar), el monarca agradeció, como ha hecho en anteriores ocasiones, el “patriotismo”, la “solidaridad” y la “generosidad” siempre demostrada por los miembros de las Fuerzas Armadas y del Instituto Armado, proclamando: "Nuestra sociedad responderá siempre a vuestra generosidad con su reconocimiento y admiración, como reflejan las encuestas; y yo, como siempre, sentiré el orgullo de ser vuestro Jefe". Lo que se desconoce es el reconocimiento y la admiración de la clase política (gobierno y oposición) por el estamento militar, a tenor de cómo lo tratan.

De esta forma, el ministro de Defensa, Pedro Morenés, puso la única guinda política del acto cuando en su discurso previo reconoció a las Fuerzas Armadas como una institución que garantiza “el bien común de toda la nación española, que se sustenta en los principios de la soberanía nacional, la unidad y la solidaridad entre todos los españoles”. Pero, ¿acaso estas palabras no son las mismas, esencialmente, por las que se persigue a los militares que se han limitado a leerlas en voz alta y con más fidelidad aún al texto constitucional…?

Y ello en un acto emblemático que, por lo además, ha sido por segunda vez de ‘formato reducido’ (y más reducido aún que en 2013), con lo que se va asegurando su decaimiento, como han decaído antes el Día de las Fuerzas Armadas y el desfile militar de la Fiesta Nacional.

En este sentido no deja de ser sorprendente y significativo que un portavoz de la Casa del Rey haya insistido, ahora, en dejar claro que la repetición del formato reducido de la Pascua Militar no obedece a la necesidad de adaptar la ceremonia a las actuales condiciones físicas del Rey. Precisando que, una vez modificado el protocolo hace un año, ha quedado consolidado como el que se aplicará en todas las ediciones de esta emblemática conmemoración. Ahí queda, de momento, la actitud de la actual Monarquía -no la de Carlos III- con los símbolos y las tradiciones militares, con lo que eso pueda arrastrar en el futuro…

LEALTAD Y DESLEALTAD EN TORNO A LA MONARQUÍA

Porque, también de momento, y al rebufo de la Pascua Militar de 2014, el lehendakari Iñigo Urkullu no dudó en aprovechar el turno de preguntas de los periodistas en su primera comparecencia pública del año -abierto a ‘cualquier tipo de cuestiones’-, para aclarar su posición sobre la actual Monarquía, afirmando que “hay otros modelos en el mundo actual que obedecen más fielmente a la representación del ciudadano”. Y añadiendo: “[¿La República?”] Claro que sí. No creo que la Monarquía sea en esta Europa occidental el modelo más representativo”, según narró El Mundo (09/01/2014).

Sobre esa noticia, el mismo medio informativo publicó en esa misma fecha esta breve pero significativa editorial, advirtiendo cómo los nacionalistas aprovechan la debilidad de la Corona:

El ‘lehendakari’ ya habla de república a las claras

El ‘lehendakari’ vasco se mostró ayer partidario de la república como modelo más adecuado que la monarquía para “armonizar” a “las naciones históricas del Estado español”. Las declaraciones de Urkullu indican que los nacionalismos –tanto el vasco como el catalán- pretenden aprovecharse en beneficio propio de la debilidad de la Monarquía. La imputación de la Infanta Cristina y la estrategia del Gobierno, la Fiscalía y la Casa Real para impedir su declaración ante el juez, han incrementado el descrédito de la institución tanto dentro como fuera de España. Y el titubeante discurso del Rey en la Pascua Militar ha aumentado las dudas sobre el estado de salud del Monarca. Precisamente cuando más falta haría una jefatura del Estado fuerte, creíble y capaz de hacer frente a los desafíos.

“Cría cuervos y te sacarán los ojos”, dice un sabio proverbio del refranero español. Y viendo lo que se está viendo venir, una cuestión esencial para la Monarquía es saber con tiempo y claridad suficientes quienes son y dónde están sus leales y sus desleales. Dudamos seriamente que el rey Juan Carlos, titular de la Corona de España, Jefe del Estado y ‘mando supremo’ -sólo cuando conviene y para lo que conviene- de las Fuerzas Armadas, haya tenido clara esta percepción esencial, sobre todo en relación con la Institución Militar, cuyo decaimiento durante su reinado está siendo palpable.

Llegados a donde hemos llegado, parece que el respaldo castrense a Don Juan Carlos derivado del llamado ‘testamento de Franco’, ha finiquitado. Dicho con más crudeza, si tan mal sienta políticamente que los militares españoles defiendan la unidad de la Patria frente al secesionismo catalán y vasco, ¿por qué razón habrían de defender entonces la Monarquía frente a la República…?

ANEXO: Texto íntegro del discurso del teniente general José Mena Aguado en la Pascua Militar de 2006

· "Hemos jurado guardar y hacer guardar la Constitución. Y para nosotros, los militares, todo juramento o promesa constituye una cuestión de honor”

Como hemos escuchado en la presentación de este acto, hace más de dos siglos que el Rey Carlos III instituyó la festividad de la Pascua Militar que a lo largo de los años se ha venido celebrando de muy diversas formas.

Este año, para fomentar, una vez más, ese deseable acercamiento de la sociedad a sus Fuerzas Armadas, y viceversa, hemos querido contar en este acto, con la presencia de Autoridades y representantes de las diversas Instituciones sevillanas.

Resulta obligado, con motivo de esta festividad militar, hacer balance de las actividades realizadas a lo largo del año que ha terminado, de los proyectos que tenemos para el año que comienza, y de las inquietudes y preocupaciones que en estos momentos más intranquilizan a los componentes de las Fuerzas Armadas.

El año 2005 se ha caracterizado por la consolidación de la nueva estructura funcional, tanto en el Ejército de Tierra, como en la Armada y en el Ejército del Aire.

Aquí en Sevilla se ha consolidado el Cuartel General de la Fuerza Terrestre, en la que ya se han integrado las Comandancias Generales de Ceuta, Melilla y Baleares, dos Brigadas de Infantería Ligera, el Mando de Artillería Antiaérea, con sus 4 Regimientos, el Mando de Artillería de Costa y sus 2 Regimientos, y, por último, pero no menos importante, el Regimiento de Guerra Electrónica de El Copero.

El Ejército del Aire, con la idea de mantener una presencia significativa en Sevilla, ciudad de arraigada tradición y prometedor futuro en el campo de la Aeronáutica, ha culminado el traslado de su Dirección de Enseñanza al Acuartelamiento Aéreo de Tablada.

La estructura que mantiene la Armada en Sevilla no ha sufrido alteraciones.

Los hombres y mujeres que componen las Fuerzas Armadas han continuado desempeñando arriesgadas y difíciles misiones de paz y de estabilidad que se iniciaron en años anteriores en Bosnia, Kosovo, Afganistán, y Haití a las que hay que añadir las, no menos relevantes, realizadas en Kirguistán, Sudán, Eritrea, Etiopía, el Congo, y otros países, así como las importantes misiones de ayuda humanitaria que han tenido lugar en Indonesia y Pakistán, ofreciendo con ello una muestra ejemplar de solidaridad y fraternidad hacia unos pueblos amenazados por el odio y el fanatismo, (en unos casos), o castigados por grandes catástrofes naturales, (en otros).

Valiosa ha sido la contribución de España a diversas Fuerzas Multinacionales como son: Las Fuerzas Permanentes de la OTAN, el Cuerpo de Ejército Europeo, la Fuerza Terrestre europea (EUROFOR), la Fuerza Marítima Europea (EUROMARFOR), los «Battle Groups» (Grupos de Combate) de la Unión Europea, y la Brigada de Alta Disponibilidad de Naciones Unidas.

Es, también, destacable la participación en la lucha global contra el terrorismo, el apoyo a pesqueros en aguas internacionales, y la presencia de nuestras Fuerzas Armadas en la Antártida, así como la colaboración en importantes proyectos científicos, de interés civil y militar, en esta zona.

Son más de 65.000 los militares de los tres Ejércitos que han participado ya en operaciones en el exterior, demostrando una gran preparación profesional que está siendo reconocida a todos los niveles, dejando bien alto el pabellón y el prestigio de España.

Desde aquí quiero expresar mi felicitación y gratitud a todos ellos, resaltando la actuación de nuestros Ingenieros-Zapadores en la catástrofe de Pakistán, donde el Ministro de Defensa, en su reciente viaje ha recibido el agradecimiento, efusivo al máximo, y el reconocimiento de las Autoridades de ese país y de los mandos de los contingentes alemán y polaco que colaboran con nuestras Unidades, y que están sorprendidos por la eficacia y rapidez de la labor que allí se está realizando.

En el Territorio Nacional, durante el año 2005, las Fuerzas Armadas han llevado a cabo numerosas operaciones de apoyo a Autoridades Civiles y de colaboración con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, destacando la participación en el control de las fronteras de Ceuta y Melilla, las campañas contra incendios forestales, la vigilancia aduanera, la protección de objetivos sensibles, la calibración de las ayudas a la navegación aérea, el transporte de personalidades por vía aérea, y la activación de medidas para mitigar los efectos de las condiciones meteorológicas extremas en la red de comunicaciones.

Quiero asimismo destacar la colaboración de la Guardia Civil en la mayor parte de las misiones realizadas tanto en territorio nacional como en el exterior. El proceso de profesionalización de la Tropa evoluciona favorablemente.

El Ejército del Aire ha terminado el año 2005 con 11.024 Militares Profesionales de Tropa, manteniendo un porcentaje ligeramente superior al 90% del número contemplado en los Presupuestos Generales del Estado para el año 2006.

El Ejército de Tierra ha tenido un positivo repunte en los últimos meses del año 2005, alcanzando la cifra de 51.330 Militares Profesionales de Tropa, número muy próximo al 85 % de los efectivos contemplados en los Presupuestos Generales del Estado para el año 2006.

La Armada ha sufrido un ligero retroceso con respecto al año 2004, cerrando el año 2005 con 11.287 Soldados y Marineros, lo que representa el 75 % de los efectivos contemplados en los Presupuestos Generales del Estado para el año 2006.

Del total de los actuales 73.641 Militares Profesionales de Tropa, 2.508 son extranjeros y el porcentaje de mujeres está próximo al 17%.

En relación con la modernización del armamento y material, cabe destacar lo siguiente:

El Ejército de Tierra ha continuado con los programas de adquisición de los carros de combate LEOPARDO, y de los vehículos de combate PIZARRO y CENTAURO.

El montaje de los dos primeros se realiza en la fábrica de Las Canteras, en Alcalá de Guadaira.

Se ha recepcionado el primer helicóptero de ataque TIGRE y se ha iniciado el programa de adquisición de 45 helicópteros NH-90.

Se ha adquirido una Batería de Antimisiles PATRIOT, y está prevista la adquisición de un Sistema de Misiles Antibuque del tipo HARPOON.

Se ha realizado un gran esfuerzo para modernizar el parque de automóviles mediante la adquisición de 1.450 vehículos todo-terreno de una tonelada, fabricados en Linares, y 230 vehículos más de diferentes tonelajes y modelos. El Ejército del Aire está recibiendo los aviones EF-2000 (EUROFIGHTER), el caza más moderno del mundo.

Continúa participando en el Programa Multinacional del avión de transporte A-400-M, cuya cadena de montaje se establecerá en Sevilla, contribuyendo al desarrollo de la industria aeronáutica nacional, en general, y de la andaluza, muy en particular.

Asimismo, participa en diversos programas para adquisición del misil de crucero TAURUS (400 Km. de alcance), del misil de alcance medio METEOR y del misil de corto alcance IRIS-T.

También están en proceso, (o finalizando, los programas de modernización del avión de caza EF-18; del avión de patrulla marítima P-3-Orión, y del avión de enseñanza avanzada F-5B.

La Armada continúa con los programas de adquisición de seis Fragatas de la serie F-100 de las que ya ha recibido 4.

Tiene en marcha una serie de programas para la de adquisición de un buque multiuso (porta-aeronaves, transporte de tropas, logístico, etc.); de un Buque de Aprovisionamiento de Combate y de cuatro submarinos de la serie S-80.

Y ha iniciado el proyecto básico de un buque de Acción Marítima, del que se derivarán nuevas versiones de Patrulleros Oceánicos, buques de Hidrográficos y buques de Apoyo a Operaciones de Buceo.

En relación con Sevilla, hay que señalar la restauración de la Torre del Oro y de su Museo Naval.

Pero los principales proyectos del Ministerio de Defensa para el año 2006 se centran en el área de personal.

En el primer trimestre está prevista la aprobación de la nueva Ley de Tropa y Marinería que, con toda seguridad, va a impulsar el proceso de profesionalización de las Fuerzas Armadas. Sus positivos efectos ya se han notado en los últimos meses del año 2005, antes de su aprobación y entrada en vigor.

Se espera, también, llevar a cabo la revisión de las Reales Ordenanzas y de la Ley 17/99 Reguladora del Régimen del Personal de las Fuerzas Armadas.

Como consecuencia de ello se están elaborando tres proyectos de Ley: uno de Reales Ordenanzas, otro de la Carrera Militar, que modificará sensiblemente la enseñanza militar, y un tercero de Derechos y Deberes de los Militares. Se va a potenciar la figura de los reservistas voluntarios.

Se han iniciado los estudios para la asignación de complementos retribuidos y para mejorar los procesos de evaluación y selección para ascensos, cursos y destinos, aspectos siempre delicados y difíciles, con la intención de que los propios interesados tengan una mayor participación en dichos procesos.

Siguiendo las directrices del Ministro de Defensa, se está estudiando una nueva reorganización de los tres Ejércitos, para adaptarlos a los nuevos escenarios de actuación nacional e internacional, a las nuevas estrategias y a la disponibilidad de recursos humanos y materiales, en función de las asignaciones presupuestarias para gastos de defensa. Estos estudios retrasarán las previsiones que se habían establecido para integrar en la Fuerza Terrestre el resto de Unidades de Maniobra y de Apoyo al Combate desplegadas en el territorio peninsular.

Inquietudes y preocupaciones

Una vez expuestas las realizaciones y proyectos más inmediatos quiero expresar las inquietudes y preocupaciones de cuantos formamos parte de las Fuerzas Armadas, en los momentos que estamos viviendo.

Por razón del cargo que ocupo no debo, en actos como éste, expresar mis opiniones personales. Pero sí tengo la obligación de conocer los sentimientos, inquietudes y preocupaciones de mis subordinados y transmitirlos, como es habitual, a la máxima autoridad de mi Ejército, y hacerlos públicos, por expreso deseo de aquéllos.

En mis visitas a las Unidades durante los últimos meses, he podido constatar que las dos grandes preocupaciones de los Cuadros de Mando y Militares Profesionales de Tropa son el terrorismo y el futuro de la unidad de España.

El esfuerzo principal en la lucha contra el terrorismo corresponde a los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado y al Centro Nacional de Inteligencia. Las Fuerzas Armadas están permanentemente dispuestas a colaborar en la medida que se les pida.

La preocupación por la unidad de España se ha desatado con la presentación del proyecto del «Estatuto de Cataluña».

La historia se repite. Basta leer los discursos de los Diputados Companys, Ortega y Gasset y Azaña cuando en mayo de 1932 las Cortes españolas debatieron el Estatuto de Cataluña. Curiosamente, el entonces Diputado Azaña, que fue un firme defensor del Estatuto de Cataluña cambió radicalmente su visión del Estado y su actitud cuando alcanzó la Presidencia de la República, propugnando un Estado Regional, antecedente del actual Estado de las Autonomías.

En todas mis visitas a las Unidades he aprovechado los encuentros con Cuadros de Mando y Tropa, para transmitirles un mensaje de tranquilidad, no exenta de inquietante preocupación.

Siempre he recalcado que los militares no debemos entrar en disquisiciones políticas que, lógicamente corresponden a los políticos. Ahora bien, es nuestra obligación alertar de las graves consecuencias que podría conllevar la aprobación del Estatuto de Cataluña, en los términos en que está planteado, tanto para las Fuerzas Armadas, (como institución), como para las personas que las integran, en tres aspectos verdaderamente preocupantes para nosotros.

El primero es el concepto de nación, en el que no voy a entrar porque el artículo 2 de la Constitución Española lo expresa clara y rotundamente: «La Constitución se fundamenta en la indisoluble unidad de la Nación española, patria común e indivisible de todos los españoles, y reconoce y garantiza el derecho a la autonomía de las nacionalidades y regiones que la integran y la solidaridad entre todas ellas».

El segundo es el de la lengua. El hecho de que en una Autonomía sea exigible el conocimiento de su lengua particular es una aspiración desmesurada que obligaría en las Fuerzas Armadas a regular los destinos a esa Autonomía de la misma forma que actualmente se regulan los destinos en el extranjero. Es decir, que los destinos a Cataluña, País Vasco y Galicia estarían supeditados a la voluntariedad de los militares que quisiesen acreditar el conocimiento de la lengua que fuese exigible en cada Comunidad.

El tercero está relacionado con la justicia. Las Fuerzas Armadas están desplegadas en todo el territorio nacional. La actual independencia de los Tribunales de Justicia de las Autonomías crea graves problemas en las Fuerzas Armadas al producir sentencias dispares para hechos similares que, (sin estar incursos en el ámbito estrictamente castrense, cuyo tratamiento corresponde a la jurisdicción militar, según el artículo 117, apartado 5 de nuestra Constitución), afectan al régimen interior de las Bases, Acuartelamientos o Establecimientos militares y a las expectativas profesionales de cada uno de los componentes de las Fuerzas Armadas. Este problema se agravaría mucho más con la aparición de poderes judiciales autonómicos, independientes del Estado.

Afortunadamente, la Constitución marca una serie de límites infranqueables para cualquier Estatuto de Autonomía. De ahí mi mensaje de tranquilidad. Pero, si esos límites fuesen sobrepasados, lo cual en estos momentos afortunadamente parece impensable, sería de aplicación el artículo 8º de la Constitución: «Las Fuerzas Armadas, constituidas por el Ejército de Tierra, la Armada y el Ejército de Aire, tienen como misión garantizar la soberanía e independencia de España, defender su integridad y el ordenamiento constitucional».

No olvidemos que hemos jurado, (o prometido), guardar y hacer guardar la Constitución. Y para nosotros, los militares, todo juramento o promesa constituyen una cuestión de honor.

Agradezco muy sinceramente la presencia de cuantas Autoridades, representantes de Instituciones, amigos y representantes de los medios de comunicación y amigos han querido acompañarnos en esta celebración de la Pascua Militar, en un día en el que muchos se encuentran en el tramo final de unas vacaciones o en el comienzo de un puente y casi todos estamos deseando compartir en nuestros hogares la ilusión de nuestros hijos o nietos en esta festividad de los Reyes Magos.

En esta celebración de la Pascua Militar, quiero transmitir mi más calurosa felicitación a todos los españoles que se identifican con sus Fuerzas Armadas y a cuantos actualmente forman parte de las mismas, con una especial mención a nuestros compañeros de la Guardia Civil.

Quiero también manifestar mi reconocimiento y agradecimiento a todos los que nos precedieron, y mi emocionado y doloroso recuerdo a quienes a lo largo del año 2005 dieron lo mejor que tenían, (su vida), en el cumplimiento de sus obligaciones; y de forma especial a los 17 fallecidos en el accidente de helicóptero de Afganistán el pasado mes de agosto.

Termino ya.

España puede sentirse orgullosa de tener hoy unas Fuerzas Armadas modernas, bien equipadas, capaces de colaborar en condiciones de igualdad con las de los países más desarrollados del mundo.

Se espera de nosotros que sigamos respondiendo con la profesionalidad, la dedicación, el sacrificio, la disciplina, y el amor a España que siempre hemos demostrado.

Ruego que en posición de firmes cerremos este acto con los tradicionales «vivas».

¡VIVA ESPAÑA!

¡VIVA EL REY!

¡VIVAN LAS FUERZAS ARMADAS!

Desde que el 25 de noviembre de 2012 se celebraron las elecciones para renovar anticipadamente el Parlament de Catalunya, dando paso a un Gobierno de CiU presidido por Artur Mas y apoyado por ERC -y por tanto radicalizado-, comenzamos a advertir todas las previsibles consecuencias políticas del caso, que, más para mal que para bien, se han ido consumando de forma puntual una tras otra. 

La primera advertencia se centró en torno a la errada interpretación que tanto el PP como el PSOE hicieron del propio resultado electoral. Siendo los partidos perdedores, ambos leyeron su derrota de forma absurda, hasta el punto de que algunos de sus líderes pidieron la dimisión de Artur Mas sólo porque no alcanzó la mayoría absoluta, cuando CiU había doblado en diputados (50) tanto al PSOE (20) como al PP (19) y mientras ERC obtenía 21 como segundo partido más votado. Es decir, negando la realidad más evidente y sin realizar la más mínima autocrítica sobre su desastrosa acción política en Cataluña.

Así, el problema de fondo -el pulso de la secesión ya iniciado- se agravó de forma sustancial para las formaciones españolistas y para el Estado, una vez que el éxito de CiU se vio flanqueado precisamente por el de ERC, partido claramente combativo con el actual estatus de unidad nacional.

El 25-N consolidó una mayoría independentista catalana neta de 74 escaños (CiU, ERC y CUP) frente a una oposición formalmente españolista de 61 escaños (PSC, PP, ICV y C’s), que, además de estar menos cohesionada, no comparte una misma idea del Estado ni tiene las cosas claras al respecto; lo que no deja de evidenciar su incapacidad para defenderlo. Aritmética parlamentaria que mostró la división real de la sociedad catalana en relación con el concepto de España y su sistema de convivencia, en una línea secesionista que se anunciaba de difícil retorno, tanto por efecto de la acción política cotidiana, autonómica y municipal, como por la falta de capacidad del PP y el PSOE para contrarrestarla.

Acto seguido, llegaría la ‘Declaración Soberanista’ aprobada en el Parlament el 23 de enero de 2012. Porque lo que realmente subyacía en los resultados electorales del 25-N, y también en las rabietas de la oposición españolista contra Artur Mas (acompañadas con una exigencia paralela necia para que renunciase al liderazgo de CiU), era su claro trasfondo de secesión. Lo que entonces hizo Mas fue arriesgarse a liderar el movimiento ciudadano en favor del independentismo -quizás antes que promoverlo-, palpable a más no poder, encabezando por primera vez el programa electoral de CiU con esta aspiración política, de forma rotunda.

El pulso que el 25-N Artur Mas lanzó al Gobierno de la Nación (y también a la alternativa socialista) fue total, y en el análisis objetivo de la situación hay que reconocer que lo ganó en toda regla, por mucho que se quisiera ocultar o no reconocer, puesto que quienes lo perdieron claramente fueron PP y PSOE. Y, más grave si cabe, con la circunstancia añadida de que por primera vez en el nuevo Estado democrático los votantes de CiU asumieron con plena consciencia sus exigencias de independencia, expresándolo sin ambages en las urnas.

De hecho, los simpatizantes de CiU que piensan de forma distinta, o que quisieron distanciarse del secesionismo, se adhirieron a otras propuestas políticas (ahí están parte de los casi 170.000 votos sumados entonces a la base electoral de Ciutadans y con los que pudo obtener seis escaños más de los que tenía). Por tanto, a partir de las elecciones del 25-N ya no cabe tener duda alguna sobre las señas independentistas de CiU.

Por otra parte, el gran refrendo de esta aspiración separatista fue mucho más palpable con el éxito electoral obtenido por ERC, partido que dobló sus escaños (21 frente a los 10 precedentes) convirtiéndose en la segunda fuerza política de Cataluña, a pesar del fracaso que había cosechado como socio del llamado ‘Gobierno Tripartito’. Dato que quizás sea el más llamativo del 25-N.

La dinámica de los hechos ha venido demostrando de forma inmediata que ese ‘frente parlamentario independentista’ no sólo existía, sino que iría a más. Apenas transcurridos dos meses desde el 25-N, la diferencia inicial entre los dos antagonismos básicos (74 escaños ‘independistas’ frente a 61 ‘españolistas’) se disparó en la votación de la ‘Declaración Soberanista’ del Parlamento catalán en el primer pleno de la legislatura (23/01/2012), con 85 votos a favor y 41 en contra (el resto fueron abstenciones o ausencias); es decir, con más del doble de votos a favor que en contra.

Una mayoría independentista creciente que además hemos de entender consolidada en el primer aniversario del 25-N, a tenor de los resultados que ha arrojado el último Barómetro de Opinión Pública del CEO (el Centro de Estudios de Opinión dependiente de la Generalitat de Catalunya), realizado el pasado mes de noviembre.

Según dicho estudio, en caso de celebrarse ahora unas nuevas elecciones al Parlament, las tres formaciones independentistas (CiU, ERC y CUP) pasarían de sus actuales 74 escaños a obtener entre 77 y 82, mientras que las formaciones en principio españolistas (PSC, PP, ICV y C’s) pasarían de sus 61 actuales a obtener entre 54 y 61. Con el agravante de que ERC se consolidaría como primer partido político de Cataluña con el 24,2% de los votos y pasando de sus actuales 21 escaños a 37-39; algo que ya se ponía de manifiesto en el anterior barómetro del CEO (julio 2013)… 

Una situación de avance independista que se las trae, que se las traerá más día a día y que arrastra una larga historia reivindicativa cuyos hitos más próximos ni el PP ni el PSOE (y sus sucesivos gobiernos) quisieron tomarse en serio y, mucho menos aún, cortar por lo sano de consuno.

LO QUE RAJOY Y SU GOBIERNO SE PASAN POR LA FAJA

Pues bien, después de la lamentable frivolidad con la que Rajoy, presidente del Gobierno, se pronunció sobre la ‘Declaración Soberanista’ del órgano política y legítimamente representativo del pueblo catalán, afirmando que no serviría “para nada”, siguió despreciando el espectacular ‘Concert per la Llibertat’ que el pasado 29 de junio de 2013 lanzó desde el Camp Nou -un escenario mítico acostumbrado a las grandes gestas deportivas-, un grito de alcance mundial con el eslogan Freedom Catalonia 2014 (reproducido en forma de mosaico sobre las gradas del estadio), a todas luces preocupante.

Más de 90.000 personas asistieron al acto proclamando con una sola voz y con una sola bandera sus ansias de independentismo, respondiendo así a la llamada de diversas organizaciones civiles catalanas para reivindicar el derecho a decidir democráticamente sobre su propio futuro. El concierto contó con el apoyo de los partidos soberanistas y, aunque Artur Mar estuviera ausente por celebrarse ese mismo día la boda de su hija en la isla de Menorca, el Govern de la Generalitat cerró filas con la presencia ostensible en el acto de sus personalidades más significativas, encabezados por la vicepresidenta Joana Ortega (militante de UDC, formación tenida hasta ahora como ‘moderada’).

A falta de reacciones políticas adecuadas, Rajoy y su Gobierno no quisieron enterarse del significado ni del éxito de lo acontecido en el Camp Nou, que fue mucho más que un concierto o, dicho con otras palabras, se lo pasaron alegremente por la faja. Pero por su escenario desfilaron hasta 450 artistas llegados de todo el mundo, incluidos algunos tan curiosos como Ramoncín, Dyango, Peret o Paco Ibáñez, de quienes nunca se supo que cuestionaran la unidad de España.

Tras más de seis horas de actuaciones, un estadio emblemático puesto en pie vivió un final apoteósico de la mano del también simbólico cantautor Lluis Llach, interpretando su tema ‘Tossudament alçats’ (Tozudamente en pie). Sin duda alguna, el ‘Concert per la Llibertat’, con su agresivo Freedom Catalonia 2014 lanzado a los cuatro vientos, marcaba otro gran hito en la decidida ruta emprendida por  Artur Mas hacia el referéndum soberanista.

La presencia abrumadora de banderas ‘esteladas’ y las consignas coreadas de forma unánime por el público asistente, dejaron bien clara, en efecto, la inequívoca reivindicación independentista del acto. Pero haciendo evidente también la sutil intención de los organizadores de presentar el ejercicio del derecho a decidir no como una opción política de una parte más o menos significada de la sociedad catalana, sino como la reivindicación de un ejercicio democrático básico y universal…

El presidente Rajoy pasó olímpicamente de este arrollador evento, como haría más tarde con toda la agenda del independentismo catalán -en el todo y en cada una de sus partes-, abrasado en su propia inoperancia mientras el escándalo político seguía su demoledor curso.

Durante todo el pasado mes de julio se simularon pagos de impuestos a la Hacienda catalana y se montaron diversos actos de propaganda y exaltación soberanista (el ‘Tour de la Berretina’, aprovechando la octava etapa del Tour de Francia; la ‘Conferència Nacional per la República Catalana’, en L’Hospitalet; la ‘Diada per la Independència del Vallès Oriental…). Mientras distintas Universidades de Verano de Europa veían cómo se divulgaba el proceso soberanista fuera de España, sin la menor reacción del Gobierno de la Nación (PP) ni de la oposición mayoritaria (PSOE).

En septiembre se cumplió la formación de una cadena humana de unos 400 kilómetros, desde La Junquera (Girona) hasta Alcanar (Tarragona), para reclamar la independencia. Y también se lanzaron en el Born Centre Cultural los actos del ‘Tricentenario de la derrota de 1714 ante las tropas de Felipe V’, difundiendo sus causas y sus consecuencias, incluyendo derivadas de todo tipo, como dar a conocer la ruta turística del ‘Asedio de 1914’.

A continuación, ya en el mes de diciembre, el Institut d’Estudis Catalans desarrollaría unas jornadas para analizar el carácter represivo que, según los organizadores, siempre han tenido las relaciones del Estado español con Cataluña, tituladas ‘España contra Cataluña: Una mirada histórica (1714-2014)’. La polémica suscitada fue enorme y las jornadas se terminaron conociendo como el ‘simposio del odio’… 

Un programa, en fin, perfectamente integrado en la estrategia de la fase que se podría definir como de ‘calentamiento independentista’ y que no quedará ahí, ni mucho menos. Pero nada políticamente sólido y razonable se ha hecho para parar el desvarío secesionista ni para respaldar seriamente a los catalanes que se sienten españoles, cada vez más arrinconados y más desmotivados en la misma defensa de la unidad nacional. La pólvora del rey se gasta en la campaña institucional de la ‘Marca España’, absurda por mal planteada, diseñada y ejecutada (que ese es otro mérito de Rajoy)…

De hecho, el Gobierno de Rajoy permaneció impasible cuando, apenas cinco días después del ‘Concert per la Llibertat’, el proceso segregacionista se vio enriquecido con la constitución formal en el Parlament de una ‘Comisión de Estudio sobre el Derecho a Decidir’, avanzando un paso más en el camino emprendido desde el inicio de la legislatura catalana hacia la convocatoria de un referéndum sobre la independencia.

Dicha comisión parlamentaria, en la que han participado todos los grupos de la Cámara (CiU, ERC, PSC, ICV y la CUP) menos el PPC y Ciutadans, tenía como objeto fijar e impulsar aquellas iniciativas políticas y legislativas que deberían adoptarse en el hemiciclo autonómico para que la ciudadanía de Cataluña pueda hacer efectivo el derecho a decidir, y su creación formaba parte de la hoja de ruta que CiU y ERC pactaron al inicio de la legislatura. En ella se tenía previsto que comparecieran y aportaran sus criterios un amplio grupo de expertos, para culminar su trabajo a final del año 2013, que es cuando CiU y ERC consideraron que deberían tener todo listo para poder celebrar la consulta en 2014.

La ‘Comisión de Estudio sobre el Derecho a Decidir’, junto con el ‘Pacto Nacional por el Derecho a Decidir’ creado poco antes, con el que Artur Mas quiso implicar a la sociedad civil en su plan soberanista, y el ‘Consejo Asesor para la Transición Nacional’, que busca el amparo legal para la consulta, completa los tres apoyos con los que se ha dotado el Govern de Catalunya para poder celebrar el referéndum. Y con la curiosa circunstancia de que, mientras el PPC y Ciutadans rechazan rotundamente esta trama política, el PSC participa de forma activa en la comisión de marras, aunque no quisiera formar parte del ‘Pacto Nacional por el Derecho a Decidir’, con el argumento de que aquella no tiene un marcado carácter independentista y éste sí…

EL SECESIONISMO CATALÁN SIGUE A PIÑÓN FIJO

Nada más conocerse la fecha y las preguntas previstas para el referéndum soberanista, Francesc de Carreras, catedrático de Derecho Constitucional, prestigioso articulista y uno de los ‘padrinos’ de Ciutadans, partido liderado por Albert Rivera, publicó un artículo titulado ‘Objetivos cumplidos’ (El País 14/12/2013) que comenzaba con el siguiente párrafo:

El mayor error que se puede cometer al analizar la propuesta de referéndum acordada por cuatro partidos catalanes el pasado jueves, es tomársela en serio y no como una pieza teatral cuyos fines son distintos a los que aparenta. Los partidos catalanes que promueven esta proposición de ley saben perfectamente que no será admitida por el Congreso de los Diputados, el cual pondrá fin a su tramitación. Sin embargo, servirá para cumplir todos los objetivos previstos por Mas y sus aliados…

Una afirmación que estimamos discutible, aunque sólo sea a cuenta de las sabias recomendaciones populares de que ‘más vale prevenir que curar’ y que ‘quien evita la ocasión evita el pecado’. Aunque sí que compartimos la observación final del artículo, después de desarrollar en él la tesis de que lo logrado por Artur Mas con sus maniobras políticas es seguir gobernando, mantener la tensión y aumentar el victimismo:

(…) Mientras, el Gobierno de Rajoy se limita simplemente a interponer recursos. Una pobre política para una grave situación. Cada día que pasa, el victimismo hace ganar votos al independentismo. Que en Madrid lo mediten.

Pero, con la letra y la música definidas para la pretendida consulta sobre la independencia de Cataluña, la campaña de mentalización y apoyo al voto secesionista sigue su inequívoco curso, creciendo con él las provocaciones políticas inherentes. Una situación fielmente reflejada en la editorial de ‘El Mundo’ (26/12/2013) titulada ‘Los nacionalistas pasan del desafío a las amenazas’:

Como en el guion de una obra de teatro en la que una palabra pronunciada por un actor sirve de pretexto, da pie, para que otro pronuncie un discurso previamente preparado, Artur Mas tomó como excusa el mensaje navideño del Rey para lanzar ayer una perorata en favor de la independencia ante la tumba de Francesc Macià.

A Mas le daba igual lo que fuera a decir Don Juan Carlos, simplemente quería aprovechar la intervención del Monarca para colocar su alegato en favor de la consulta de noviembre y de la independencia. «Lo que pedimos es que se escuche la voz de Cataluña que reclama poder decidir nuestro futuro colectivo», afirmó. Ello pone de relieve que la prudencia del Rey al medir sus expresiones sobre Cataluña fue baldía, ya que los nacionalistas ignoran sus reflexiones y están ya en la fase de una abierta confrontación. Oriol Junqueras, líder de ERC, aseguró que respeta «la opinión de los soberanos, pero especialmente de los pueblos soberanos», un juego de palabras para eludir que la Constitución establece que la soberanía reside en el pueblo español. En la misma línea, el diputado Alfred Bosch, portavoz de ERC en el Congreso, aseguró que este año ha sido el primero sin el Rey en TV3 y que el próximo será el de una Cataluña «libre de la Monarquía borbónica».

Mucho más agresivo estuvo Josep Rull, secretario de organización de CDC, que declaró: «Seremos la hoz que segará las cadenas cuando convenga». Rull afirmó que aspira a «una Cataluña libre y gloriosa», cuya «supervivencia» depende de su capacidad de derrotar a sus «poderosos enemigos», o sea, a los españoles. Un lenguaje cargado de belicismo y de resonancias amenazadoras con esta metáfora de la hoz de los segadores, que evoca al himno catalán y el Corpus de sangre de 1640.

Hasta ahora, el separatismo se había esforzado en imponer a la población una falsificación de la Historia, asociada a unos mitos para resaltar el hecho diferencial de ser catalán y todo ello sustentado por el permanente victimismo que fomenta Artur Mas. Pero las declaraciones de Rull entran ya en una apología de la violencia lindante con la retórica que dio paso al terrorismo de Terra Lliure al inicio de la Transición. Por eso, son tan graves.

Ya no bastan las apelaciones al respeto a «las reglas de juego» ni a un pasado común que sustenta «la unidad» de España, como hizo el Rey, porque esas referencias son palabras que dejan indiferentes a los líderes de CiU y ERC, cuyo objetivo es avanzar hacia la independencia. Por eso, el Rey y el Gobierno deben cambiar de tono y de estrategia, lo que implica poner fin a la política de conciliación con Artur Mas, que ya ha fracasado. En ese sentido, resulta muy difícil de entender que el Gobierno siga prestando miles de millones de euros a una Generalitat que se comporta con una sistemática deslealtad en todo lo que atañe a sus obligaciones con el Estado y cuyos dirigentes están embarcados en una permanente campaña de hostilidad hacia España mientras incumplen sus compromisos de déficit y abren una embajada en Washington.

Y por si la amenaza (retórica) de “segar las cadenas con la hoz” no fuera suficiente, justo al día siguiente del mitin celebrado ante la tumba de Macià, el independentismo catalán se apropió del tradicional concierto del Orfeó Català en el Palau de la Música en la celebración de Sant Esteban (26 de diciembre), para convertirlo en un apoteósico acto en favor de su demanda política con sonoras apelaciones a la ‘independencia’.

El final del concierto se llenó de banderas 'esteladas' y una gran llamada a votar SI en la consulta que el Govern tiene anunciada para el próximo 9 de noviembre, exhibidas incluso por los miembros del coro, ante la complacida mirada del presidente Mas, presente en el acto junto a su esposa, Helena Rakosnik. También asistieron la presidenta del Parlament, Núria de Gispert (CiU); el líder de ERC, Oriol Junqueras, y la ‘número dos’ del partido, Marta Rovira; el alcalde de Barcelona, Xavier Trias (CiU), y Ferran Mascarell (CiU), consejero de Cultura de la Generalitat, junto a otras autoridades y personas claramente identificadas con el sentimiento nacionalista.

Como cada año, el emblemático Concierto de Sant Esteban, que este año cumplía su centenario, terminó con el himno oficial del Orfeó, el ‘Cant de la Senyera’, pero entonado dos veces por el público asistente puesto en pie. Este composición para coro mixto, con música de Lluis Millet sobre un poema de Joan Maragall, adquirió su significado político en 1960, durante los llamados ‘Sucesos del Palau de la Música’, cuando allí se cantó por primera vez públicamente a pesar de estar prohibida por la dictadura franquista, conformando a partir de entonces, junto a ‘Els Segadors’, el símbolo musical del nacionalismo catalán…

Pero ahí no queda la cosa. El órdago soberanista catalán será reimpulsado de inmediato por CDC (que es el partido de Artur Mas y el núcleo esencial de CiU), con una campaña dedicada a acentuar el perfil del presidente de la Generalitat como líder de dicho movimiento, evidenciar que se han agotado las vías de encaje de Cataluña en España y abogar por el ‘triple sí’ en el eventual referéndum independentista del próximo 9 de noviembre: a favor de poder votar, a favor de un Estado propio y a favor de la independencia.

Josep Rull, agresivo secretario de Organización del partido, explicó en una entrevista a EFE (01/01/2014), recogida en diversos medios informativos, que “la hoja de servicios de CiU al lado del progreso y la estabilidad del conjunto del Estado es impecable” y que la campaña tratará de acreditar ante la opinión pública que los nacionalistas “lo han probado todo desde la más absoluta buena fe y se han cerrado todas las puertas”. La formación nacionalista ha llegado a la “conclusión de que Cataluña no es viable como autonomía, pero lo es perfectamente como Estado independiente”, según Rull. Además, el dirigente de CDC puntualizó que, ante esa evidencia, el “derecho a decidir no solo es un derecho, sino una obligación. Y la necesidad de construir un nuevo Estado acaba siendo para nosotros, como responsables del Gobierno catalán, una auténtica responsabilidad”.

Todo ello planeando sobre la estrategia de acciones alternativas elaborada por los partidarios del independentismo catalán. Entre otras, y en caso de que el referéndum soberanista no se pudiera celebrar, la convocatoria de unas elecciones anticipadas de carácter plebiscitario y sin posible respuesta legal por parte del Gobierno de la Nación; cuyos resultados, arriesgados para todos y en especial para PP y PSOE, quizás tengan consecuencias peores que las de una mera consulta sobre el derecho a decidir, todavía modulable y que legalmente no sería vinculante…

Con todo, parece que las cabezas pensantes del Gobierno consideran más adecuado esperar a que el problema catalán se resuelva en el Tribunal Constitucional o en el Congreso de los Diputados, enfrentado al conjunto de la voluntad nacional, no la catalana, y ganando así la batalla ‘con los votos de todos’ como terminó sucediendo con el ‘Plan Ibarretxe’. Un camino de dudosa eficacia, porque las circunstancias y la naturaleza que rodean el problema vasco y el catalán no son exactamente las mismas (uno se ha apoyado en el terrorismo y el otro no, al margen de la posición soberanista que también se va dibujando en ICV y la disensión aflorada dentro del PSC), y porque Artur Mas no caerá en la trampa del ‘todos contra uno y uno contra todos’ que con tanta ingenuidad le propone también el joven líder de Ciutadans, Albert Rivera.

LA RÉPLICA DEL INDEPENDENTISMO EN EL PAÍS VASCO

Lo cierto es que Mariano Rajoy no parece tener clara la diferencia que existe entre la realidad jurídica y la realidad sociopolítica. Y alguien debería advertir al Gobierno que, en temas tan sensibles como el de la ‘cuestión catalana’ (que quiérase o no tiene su larga historia), sentencias marianistas como la del “no sirve para nada” son, además de infantiles, una pura boutade. Y hablar de que llegado el caso “se aplicará la ley”, como también ha dicho Rajoy, es casi un chiste: ahí está, sin ir más lejos, la victoria política de ETA sin que esa misma ley haya impedido que se siente en todas las instituciones de representación democrática… y todo lo que va a terminar viniendo por ese flanco.

De hecho, desde que eclosionaron las reivindicaciones independentistas en Cataluña también hemos venido advirtiendo de forma insistente sobre su efecto contaminante en el País Vasco. Y ahora hay que destacar la rapidez con la que el PNV y Amaiur se han distanciado del ‘modelo de nación’ -de concordia- expuesto por el rey Juan Carlos en su último discurso navideño (Amaiur es una coalición de partidos independentistas que actúa en el ámbito vasco-navarro y que se presentó con notable éxito a las elecciones generales de 2011 para defender en el Parlamento español el derecho de autodeterminación de Euskal Herria).

Pero es que poco antes, justo en la celebración del 35 Aniversario de la Constitución, el conjunto de nacionalistas y abertzales vascos ya rescató y dejó muy clara su histórica reclamación de independencia, matizada con diferente terminología. Así lo resumía El País (06/12/2013) en una crónica datada en Bilbao:

El portavoz del PNV en el Congreso, Aitor Esteban, ha reclamado hoy una reforma de la Constitución que solucione el problema de las realidades nacionales de Euskadi y Cataluña. Esteban ha señalado que en el caso del País Vasco es necesario cambiar la Constitución para que se reconozca la existencia de la nación vasca y la bilateralidad de sus relaciones con el Estado, tener una “presencia específica” de Euskadi en la UE y abordar una reordenación competencial “adecuada a los nuevos tiempos”. Esas serían las cuatro condiciones inexcusables para que partido diese su visto bueno a una hipotética reforma de la Carta Magna.

Esteban ha destacado que todas las formaciones políticas, incluso el PP, hablan últimamente de la reforma constitucional, aunque “cada uno con sus matices”. El portavoz peneuvista ha rechazado que sea imposible conseguir en las Cortes Generales una mayoría para aprobar una reforma constitucional en el sentido deseado por los nacionalistas. “Hay que ver cómo está el patio en Madrid y que mayorías hay en la próxima legislatura. En todo caso, las cosas hay que intentarlas”, ha señalado.

El diputado vasco ha considerado que la propuesta federalista del PSOE “parece una reproducción del Estado de las Autonomías con otro nombre”, en vez de una “federación a tres”, entre España, Euskadi y Cataluña que resuelva los grandes problemas nacionales del Estado.

Esteban, quien ha comparecido en la sede de su partido en Bilbao, ha considerado que un acuerdo entre los partidos vascos sobre el nuevo estatus político para Euskadi, la propuesta de reforma del autogobierno que debatirá una ponencia del Parlamento el próximo año a iniciativa del PNV, debería ir acompañado de una reforma de la Constitución para ser eficaz.

El diputado ha recordado que su partido no aprobó la Constitución en 1978 -“el PNV no podía dar su ok a una Constitución que no reconocía al pueblo vasco como nación”- y que optó por la abstención y ha recalcado que “hoy sigue en la misma posición” porque si no compartía el texto entonces, aún menos lo puede hacer hoy tras haber sido “cercenado” el corpus constitucional por leyes orgánicas y por la interpretación más “restrictiva” del mismo por la que ha optado el Tribunal Constitucional. De igual forma, el Estatuto de Guernica, “después de todos los incumplimientos del Estado, no resulta adecuado ya en estos momentos para el autogobierno del pueblo vasco”.

La de Esteban no ha sido la única voz nacionalista contra la Constitución que se ha escuchado hoy en Euskadi. Amaia Izko, en nombre de Sortu, ha sostenido en una concentración convocada por su partido ante la Delegación del Gobierno en Pamplona que la esencia de la Constitución es “antidemocrática” y su base es la imposición.

“La Constitución española nos encadena como pueblo y como trabajadores e hipoteca nuestro y futuro. Urge más que nunca romper las cadenas que nos amarran al marco constitucional”, ha añadido. En opinión de Izko, resulta imprescindible que todos los partidos, sindicatos y organizaciones sociales que apuestan por “el reconocimiento nacional de Euskal Herria y la puesta en práctica del derecho a decidir” avancen en una vía vasca hacia la soberanía. “La independencia es el futuro”, ha rematado.

De su lado, Eusko Alkartasuna (EA), formación integrada en EH Bildu y en Amaiur, ha criticado que la Constitución “niega el derecho a decidir” de los vascos, y que las Fuerzas de Seguridad del Estado tienen el objetivo de frenar el proyecto “independentista” de las formaciones abertzales, por lo que ha reclamado su salida de Euskadi.

El secretario de Política Institucional de EA, Unai Ziarreta, ha encabezado una concentración en Vitoria, frente a la sede de la Delegación del Gobierno, para reclamar que las Fuerzas de Seguridad abandonen Euskadi. Para ello ha puesto en marcha una campaña con el lema Doazela (‘Que se vayan’) coincidiendo con el aniversario de la Carta Magna.

Y, yendo más allá, el PNV pasó inmediatamente a presentar una iniciativa en la Cámara vasca para crear una ponencia que, con la participación de todos los grupos parlamentarios, aborde la reforma del vigente Estatuto de Guernica de 1979, con objeto de establecer un ‘nuevo estatus’, que es un concepto político abierto de calculada ambigüedad. Su propuesta sobre la revisión del autogobierno, que sigue a la del ‘Plan Ibarretxe’ aprobado por el Parlamento vasco el 30 de diciembre de 2004 y rechazado en el Congreso de los Diputados el 1 de febrero de 2005, ha sido asumida por los partidos vascos desde posturas antagónicas.

El PSE y el PP han aceptado acudir a la ponencia para sacar el máximo partido al Estatuto de Guernica. Pero el diputado autonómico de UPyD, Gorka Maneiro, lo hará sólo para defender “un Estado federal, simétrico y cooperativo, conformado por las comunidades autónomas con las mismas competencias”, frente a la propuesta del PNV -sostuvo ante la prensa- de “dividir a la sociedad”, “avanzar hacia la independencia” y “romper España”, alertando sobre “una nueva versión del Plan Ibarretxe” para 2016.

Claro está que esta meritoria posición de UPyD (que sólo cuenta con un diputado en el Parlamento de Vitoria) se encuentra en las antípodas de la de EH-Bildu, consolidada como segunda fuerza política del País Vasco. Esta coalición abertzale, representa el polo contrapuesto al optar por defender en la ponencia la tesis rupturista.

Su portavoz parlamentaria, Laura Mintegi, afirmó que “el ciclo autonomista no da más de sí”, porque “está agotado” y que ahora es necesario cambiar el modelo político, social y económico del País Vasco e iniciar una nueva andadura propia “con apellido vasco” y dando la voz a la ciudadanía vasca. También aprovechó el momento para echar en cara al PNV que, careciendo de mayoría parlamentaria absoluta, apoye su estabilidad con el PSE y el PP, que “no van en la línea soberanista”, instándole a rectificar…

LOS INDEPENDENTISTAS VASCOS TAMBIÉN CRECEN

De esta forma, lo que sucede en el País Vasco, al menos en relación con el peso electoral de las fuerzas políticas, es una réplica perfecta del mapa parlamentario catalán. La amenaza independentista del PNV y EH-Bildu, de abrumadora mayoría y electoralmente tendente al crecimiento, no deja de equivaler al también mayoritario ‘frente parlamentario independentista’ de Cataluña representado por CiU, ERC y CUP, con las mismas previsiones de avance en las urnas. Y ello con tendencias de caída electoral tanto de los socialistas como de los populares en ambas comunidades autónomas.

El Euskobarómetro, acreditado estudio de demoscopia política nacido en 1995 y realizado cada seis meses por el Departamento de Ciencia Política y de la Administración de la Universidad del País Vasco, ha evidenciado en su oleada de otoño (concluida el pasado mes de noviembre) que, en caso de celebrarse elecciones autonómicas en estos momentos, el PNV las volvería a ganar, creciendo junto a EH-Bildu y con el PSE y el PP en baja.

El PNV obtendría el 34,9% de los votos válidos adjudicándose 29 escaños, frente a los 27 actuales, mientras que EH-Bildu lograría el 25,9% de los votos y 23 escaños, también ganando dos escaños frente a los 21 que tiene actualmente. Ello supone una mayoría aplastante del 60,8% de votos y 52 escaños sobre un total de 75.

Por su parte, el PSE-EE seguiría perdiendo posiciones como sucedió en las elecciones anteriores, pasando de 16 escaños a 12, y el PP, en igual línea descendente, pasaría de 10 escaños a 8. UPyD mantendría su escaño actual y reaparecería IU-Ezter Anitzo con dos escaños.

Aun cuando el estudio subraya que el panorama electoral es “muy volátil”, caracterizado por una alta desmotivación -sobre todo dentro del electorado socialista y popular- y un nivel de indecisión que se acerca al 30%, es evidente que la única alternativa de gobierno viable en el supuesto de unas hipotéticas elecciones inmediatas sería con el PNV en el poder, apoyado de forma sobrada por EH-Bildu o de forma precaria por el PSE-EE para llegar a la mayoría absoluta situada en 38 escaños.

Otra importante cuestión subyacente en esta estimación de resultados, es la continuación del fracaso político protagonizado por los socialistas vascos en la anterior legislatura autonómica ahormado con el apoyo del PP, y que, a la vista de cómo siguen en caída libre electoral, está terminando de quemar a Patxi López tras haber sacado de la política a Antonio Basagoiti.

Sus pactos ocultos sobre la política antiterrorista y de excarcelación de etarras, puede haberse traducido en un descalabro de ambos formaciones políticas hoy por hoy de difícil reconducción y, por el contrario, en una ayuda decisiva para los nacionalistas y las formaciones abertzales, que ahora ya proclaman la ruptura con España asentadas en las instituciones de representación política. Y aún nos quedaría por comprobar quienes podrían capitalizar mejor la eventual entrega de las armas por parte de ETA que tanto reclaman socialistas y populares, si sus partidos o los constituidos como organizaciones pantalla de la banda terrorista.

Con el grave problema añadido de reavivar la vieja aspiración que las dos fuerzas políticas ya mayoritarias en el País Vasco (PNV y EH-Bildu) tienen sobre la anexión territorial de Navarra. Una comunidad muy fragmentada y gobernada en minoría por UPN (19 escaños sobre 50), con un futuro político poco claro si también decaen socialistas y populares y crecen NaBai, Bildu y la coalición Izquierda-Ezquerra, que ya totalizan 18 escaños…

En relación con el nuevo intento de reforma del Estatuto de Guernica, cabe recordar que el fallido ‘Plan Ibarretxe’, que fue rechazado en el Congreso de los Diputados el 1 de febrero de 2005 al considerarse de forma aplastante que encubría un plan secesionista y que buscaba la independencia del País Vasco a medio plazo -con 313 votos en contra (PSOE, PP, IU, CC y CHA), 29 a favor (PNV, ERC, CiU, EA, NaBai y BNG) y 2 abstenciones (ICV)-, ya tenía en aquella adversa situación un apoyo claro en el País Vasco.

Poco antes de que el 30 de diciembre de 2004 el ‘Plan Ibarretxe’ fuera aprobado en la Cámara de Vitoria (también se conoció como ‘Propuesta del Parlamento Vasco para la convivencia en Euskadi’), el Euskobarómetro del precedente mes de noviembre indicó que la mayor parte de los vascos estarían dispuestos a votar en un eventual referéndum, aunque éste no cumpliera con los requisitos constitucionales. Entre los decididos a votar, la opción mayoritaria sería el SI, con un 30% de los votos, frente al 21% de apoyos que recibiría el NO, mientras el 33% de las personas que irían a votar no habría decidido todavía la orientación de su voto.

Tras el vapuleo recibido en el Congreso de los Diputados, Ibarretxe convocó elecciones de tipo plebiscitario sobre su plan de reforma estatutaria. Pero, lejos de lograr la mayoría absoluta, PSE y PP sumaron ya un escaño más que el PNV coaligado con EA, razón por la que necesitó el apoyo del conglomerado de Batasuna para volver a ser investido como lehendakari.

Este resultado fue interpretado de forma dispar: hubo quien entendió que la ciudadanía rechazaba el ‘Plan Ibarretxe’ por su extremidad, fijándose en el crecimiento que había obtenido el PSE-EE, en tanto que otros lo estimaron por debajo de las aspiraciones vascas al obtener la izquierda abertzale, entonces representada de forma circunstancial por el Partido Comunista de las Tierras Vascas Partido (EHAK), un excelente resultado en un escenario  electoral muy complicado y entrar Aralar en el Parlamento con posturas más radicales e independistas.

Esta situación terminaría en el 2008 dando luz verde parlamentaria a la Ley de Consulta propuesta por Ibarretxe, pero siendo liquidada por el Tribunal Constitucional en base a que violaba el artículo 149.32ª de la Carta Magna, que reserva al Estado la competencia para autorizar la convocatoria de consultas populares mediante referéndum. Las preguntas que se hubieran realizado entonces al pueblo vasco tenían su miga, porque trataban de poner a ETA al mismo nivel del Estado y legitimaban una segunda consulta abiertamente secesionista.

La primera rezaba: “¿Está usted de acuerdo en apoyar un proceso de final dialogado de la violencia si previamente ETA manifiesta de forma inequívoca su voluntad de poner fin a la misma de una vez y para siempre?”. Y la segunda, en sutil relación con la del fin del terrorismo y la acción política de ETA, concretaba: “¿Está usted de acuerdo en que los partidos vascos, sin exclusiones, inicien un proceso de negociación para alcanzar un acuerdo democrático sobre el ejercicio del derecho a decidir del pueblo vasco y, que dicho acuerdo sea sometido a referéndum antes de que finalice el año 2010?”.

Tal desafío llevó al presidente Aznar a modificar el Código Penal incluyendo un artículo que castigara con pena de cárcel a quien convocara referendos sin la aprobación del Gobierno de la Nación, pero su reforma fue derogada al ganar el PSOE las elecciones generales de 2004 como cumplimiento de las demagógicas promesas electorales realizadas por Rodríguez Zapatero. Y, aunque en los comicios vascos de 2009 Ibarretxe volvió a ganar, la exclusión previa de la izquierda abertzale del juego político le dejó sin socios para gobernar, dando paso a un lehendakari socialista (Patxi López) apoyado por el PP y, a la postre, fracasado.

LAS VÍAS SEPARADAS DEL NACIONALISMO VASCO Y CATALÁN

Cierto es que el president Mas, y en general los nacionalistas catalanes, siempre buscaron su propia vía para la autodeterminación, alejada sin duda alguna de la violencia armada, y aspirando a que el Estado dispense a Cataluña el mismo trato que Canadá da a Quebec en el ámbito fiscal y a la hora de decidir libremente. De hecho, podría decirse que su guía espiritual es la sentencia de la Corte Suprema canadiense de 1998 que conjugó la legalidad nacional establecida con la voluntad de la sociedad francófona de Quebec, territorio reconocido el 27 de noviembre de 2006 como “una nación dentro de Canadá” por el propio Parlamento de Canadá.

Previamente, en el primer referéndum de independencia de Quebec de 1980 los secesionistas obtuvieron el 40,5% de los votos, mientras en el segundo, celebrado en 1995, este porcentaje aumento hasta el 49,6%, quedando por tanto prácticamente igualadas las dos opciones en liza. Más recientemente, el Partido Quebequés (independentista) liderado por Pauline Marois ganó las elecciones a la Asamblea Nacional de Quebec, formando un gobierno en minoría que desde el primer momento planteó la posibilidad de convocar una nueva consulta sobre la independencia del territorio. Marois expresó de forma inmediata su deseo de que Quebec alcanzara la independencia y su convicción de lograrlo, afirmando: “Queremos un país. Y lo tendremos”.

A pesar, pues, de que los nacionalismos españoles actuales se gestaran durante el último tercio del siglo XIX, arraigándose con mayor fuerza a partir del ‘Desastre del 98’ (es decir, tras la pérdida de las últimas colonias de ultramar), y de que en ese marco sobresalieran las corrientes catalana y vasca hasta lograr su reconocimiento durante la II República, no se pueden negar las ‘vías separadas’ que han inspirado al vasco y al catalán. Sobre todo a raíz de la creación formal de ETA (Euskadi Ta Askatasuna) en 1959 por miembros de dos grupos radicales (EKIN-TALDEA y EGI) que a su vez fueron creados por antiguos militantes escindidos de las juventudes del PNV.

Con la llegada de la Transición renacería el sentimiento nacionalista tanto en Cataluña como en el País Vasco. Sin embargo, en cada uno de esos territorios las reivindicaciones acontecieron de modo muy distinto.

El papel conciliador de Tarradellas

La moderación política en Cataluña tuvo como principal impulsor al propio Josep Tarradellas, presidente del gobierno catalán en el exilio desde 1954, defensor por supuesto de la identidad catalana pero siempre integrada en el marco español y, por tanto, contrario a la independencia. Y es que, una vez aprobado el Estatuto de Autonomía de Cataluña por las Cortes Republicanas en 1932, esa comunidad ya tuvo parlamento y gobierno propios, exiliados a la llegada del franquismo.

Por ello, en 1977 Adolfo Suárez reconocería a Tarradellas la legitimidad del cargo que ostentaba, designándole presidente del gobierno preautonómico y consensuando el restablecimiento provisional de la Generalitat de Cataluña con el Real Decreto-Ley del 29 de septiembre de 1977. El 23 de octubre de ese mismo año, Josep Tarradellas pronunció en el balcón del Palacio de la Generalitat, ante la multitud concentrada en la plaza de Sant Jaume, la mítica frase “Ciutadans de Catalunya: ja sóc aquí!”, de gran trascendencia política al escenificar la llegada de la democracia.

El nuevo Estatuto de Cataluña se refrendaría en octubre de 1979, fijándose para el 20 de marzo de 1980 las elecciones al Parlamento catalán, ganadas  por CiU, coalición liderada por Jordi Pujol, con un 27,68% de los sufragios y 43 escaños (sobre un total de 135), diez más que los obtenidos por la segunda fuerza política, el PSC (Partit dels Socialistes de Catalunya). Tras la formación del Parlamento de Cataluña, Jordi Pujol, candidato de CiU, sería investido como presidente de la Generalitat gracias al apoyo de ERC (14 escaños) y de Centristes de Catalunya-UCD (18 escaños), tras haber cumplido Tarradellas fielmente su importante misión conciliadora.

A grosso modo, el nacionalismo catalán de aquella época se caracterizó por su gran pragmatismo, tendente a una posición centrada y aunando en sí mismo distintas corrientes ideológicas (liberalismo progresista, democracia cristiana, socialdemocracia…), aspirando siempre a un mayor autogobierno pero dentro del Estado español. Todo ello con una total aceptación de la Constitución de 1978, como quedó demostrado por su directa implicación en el proceso de redacción.

Arzalluz fortaleció al PNV alentando a ETA

Muy distinto fue el contexto que se dio en el País Vasco, cuyo Estatuto no sería promulgado durante la II República hasta octubre de 1936, con la guerra civil ya iniciada. Su restauración provisional se realizó mediante el Real Decreto-Ley del 4 de enero de 1978, sin que a partir de ese momento los parlamentarios vascos quisieran participar en la elaboración de la nueva Constitución de 1978 y haciendo el PNV campaña por la abstención en el referéndum correspondiente (finalmente sólo la votaron el 30 por 100 de los vascos).

Uno de los condicionantes del comportamiento político y electoral en el País Vasco fue la existencia de ETA. Alentada intramuros del PNV, abogaba por la independencia de Euskal Herria (las provincias de Vizcaya, Guipúzcoa, Álava y Navarra, en España, y la Baja Navarra, Labort y Sola, en Francia) a través de la lucha armada, al tiempo que se declaraba marxista-leninista.

La primera acción violenta de esta organización terrorista tuvo lugar el 17 de julio de 1961, tratando de hacer descarrilar un tren con simpatizantes franquistas que viajaban hasta San Sebastián para conmemorar el 25 Aniversario del llamado Alzamiento Nacional (principio de la Guerra Civil). Y sus primeros asesinatos -los del guardia civil José Pardines y el policía Melitón Manzanas- en 1968, aunque algunas fuentes también atribuyen a ETA una víctima anterior: María Begoña Urroz, de 22 meses, fallecida a consecuencia de las quemaduras que le produjo una explosión perpetrada el 27 de junio de 1960 en la estación de Amara (San Sebastián), cuya autoría siempre sería negada por la organización terrorista.

En todo caso, según las cifras oficiales del Gobierno los asesinatos de ETA ascienden a 829 (las asociaciones de víctimas del terrorismo las elevan a 858). Acompañados, por supuesto, de miles de heridos graves e infinidad de daños materiales.

A pesar de su naturaleza criminal, ETA no dejó de concitar ciertos apoyos en la sociedad vasca durante la dictadura -precisamente por su oposición al régimen franquista-, que trasladaba a algunos de sus sectores una imagen de lucha política romántica, ciertamente errónea. Este matiz se dejaría entrever en unas declaraciones bien llamativas de Xavier Arzalluz, diputado del PNV en las Cortes Constituyentes y en la I Legislatura, realizadas a la cadena de televisión ZDF (recogidas por Natalia Ardanaz en su trabajo ‘Los discursos políticos televisivos durante la Transición Española’), que hay que encuadrar dentro del clímax del momento:

“Si el gobierno de Madrid continúa con la represión, con el terror como hasta ahora, entonces continuarán las posturas extremistas. Yo opino que en estos momentos el País Vasco es un polvorín que si hace explosión lo que suceda será aún más grave que en Irlanda del Norte. 

En este caso se llegaría a acabar con cualquier esperanza de democracia en el Estado español. Primero que podamos creer que la democracia va a ser auténtica, exigimos la amnistía para todos, una amnistía total. Bueno, ¿asesinos terroristas?, para nuestro pueblo son luchadores por la libertad”.

Pero mucho más tarde, cumplido ya un cuarto de siglo de vida democrática y tras haber ostentado la presidencia del PNV casi durante 20 años (1985/2004), el mismo Arzalluz aun afirmaría impunemente: “Los presos de ETA no son delincuentes, porque no matan para enriquecerse, ni para beneficiarse personalmente, sino por un ideal político”. Y, todavía más, fiel a su estilo político levantisco, el factótum del nacionalismo vasco volvería a levantar ampollas ciudadanas en muchas ocasiones: por ejemplo, cuando en el periódico pro etarra Gara calificó a Arnaldo Otegi y a los demás detenidos por tratar de reconstruir a la ilegalizada Batasuna (brazo político de ETA) de “buenos patriotas vascos”, en su opinión “dignos de respeto y admiración”; o cuando en otra entrevista concedida al diario El Punt negó que los terroristas etarras fueran “cobardes”, considerándoles “tipos que se juegan la vida” y que “al igual que pasa con la Guardia Civil, tienen su rencor dentro, y no lo dejarán así como así”.

Debido a su procacidad verbal, Arzalluz acusó en varias ocasiones a los periodistas de haber sacado de contexto algunas de sus afirmaciones más conocidas y expresivas, como la referida a la liberación de los pueblos: “No conozco de ningún pueblo que haya alcanzado su liberación sin que unos arreen y otros discutan. Unos sacuden el árbol, pero sin romperlo, para que caigan las nueces, y otros las recogen para repartirlas”…

Si al concluir la dictadura de Franco el objetivo principal de Cataluña fue el restablecimiento de la democracia, en el País Vasco prevaleció la solicitud de amnistía para los presos y el fin de la represión gubernamental, y sólo de forma mucho más velada el fin del terrorismo etarra. De hecho, ETA no cambiaría su postura con la llegada de la democracia, porque si durante el franquismo asesinó a 44 personas, después sus víctimas mortales serían casi 800 más, generando entonces una repulsa creciente, pero no unánime, entre la sociedad vasca.

En octubre de 1979 se votó el Estatuto del País Vasco, con una participación ciudadana baja (el 60 por 100 del censo electoral) y un 90 por 100 de votos afirmativos, sin que ningún partido hiciera campaña expresa en contra (tampoco las hubo muy a favor). Es decir, apenas la mitad de la población mostró su conformidad con el mismo, mientras la otra mitad le negó su apoyo por considerarlo bien insuficiente o bien excesivo.

El PNV, que es la organización más representativa del nacionalismo vasco, erigida bajo postulados demócrata-cristianos, administraría esta ambigua situación con gran habilidad política, conservando el halo romántico y antiespañol impregnado por Sabino Arana desde su fundación, en 1895. Y, a menudo, alentando de forma subrepticia la lucha armada de ETA para debilitar la imagen del gobierno central y de los partidos españolistas…

LA LUCHA POR LA IGUALDAD Y LA DESIGUALDAD TERRITORIAL

No vamos a profundizar ahora en las razones o sinrazones del nacionalismo, ni a entrar en el descalabro de las luchas por la igualdad y la desigualdad territorial, que no es cosa distinta del descalabro que supone el Estado de las Autonomías consagrado en la Constitución.

Pero, como era de esperar, las diferencias forzadas inicialmente en el nivel competencial de las distintas comunidades autónomas, en contradicción con el principio constitucional de igualdad y sobre todo con el sentir natural de los ciudadanos, se fueron reduciendo con el tiempo hasta que el conjunto de las 17 existentes quedara más homogeneizado mediante los desarrollos estatutarios correspondientes. Una reacción lógica que ha llevado aparejado un continuo afán diferenciador de Cataluña y el País Vasco, apelando a un supuesto ‘histórico’, pretendiendo marcar siempre un nivel diferencial de autogobierno en relación con el resto de España; escalada apoyada sobre todo en la exigencia de apoyos parlamentarios para las investiduras del presidente del Gobierno y la estabilidad política de legislatura.

Cosa ciertamente lamentable, aunque ello nada tenga que ver con cualquier tipo de aspiración secesionista o independentista. Eso es cosa muy distinta y en realidad ajena al Estado de las Autonomías y a cualquier querella o actitud de prevalencia territorial: es, simplemente, el afán de constituir un país y un Estado propio desgajado de otro preexistente. Y ahí es a donde aspira a llegar cualquier nacionalismo centrífugo que se precie, bien sea el catalán o el vasco, o el irlandés, galés, kurdo, tamil, sardo, padano…

En un artículo de opinión titulado ‘De los vascos a los catalanes’ (El País 26/12/2013), Patxo Unzueta destaca la incoherencia que supone propugnar a la vez federalismo y consulta de autodeterminación. Escribe:

(…) La autonomía, como el federalismo, viene a ser en el fondo un pacto por el que los nacionalistas renuncian a reclamar la independencia a cambio de la posibilidad de autogobernarse que garantiza el Estado autonómico. Por eso resulta incoherente la posición de quienes se declaran a la vez federalistas y partidarios de la consulta de autodeterminación, como los dirigentes de ICV y los críticos del PSC…

Y, sin querer sacar el párrafo de su contexto, ese no deja de ser un análisis incompleto o circunstancial, que no llega al fondo de la cuestión, puesta en solfa precisamente en Cataluña y el País Vasco y no en otras autonomías. Lo que quieren los nacionalistas es el derecho a la autodeterminación previo a la declaración de independencia, y mientras tanto reclamar más y más autogobierno, si es posible, como vía táctica y de adiestramiento de cara al último objetivo secesionista.

Por eso, el actual Estado de las Autonomías, es una solución falsa o ilusoria para los problemas catalán y vasco. Salvo reforma constitucional o legal que elimine con dureza toda asimetría política, económica y socio-asistencial y las funciones reiteradas de su Administración; sin más contemplaciones que las del uso de las lenguas oficiales -siempre bajo la prevalencia del castellano como lengua general del Estado-, la insularidad, la condición ultra-periférica de Canarias, la africana de Ceuta y Melilla y otras de la misma natural y razonable comprensión.

La solución de esos dos graves problemas -el catalán y el vasco-, si es que se quieren solucionar, ha de ser políticamente inteligente y firme. Y pasa por la necesidad de que la sociedad española en su conjunto comprenda bien todos los elementos y factores en juego y, en particular, su alcance y dimensión social y las razones y el nivel de afectación a las partes discordantes. El propio rey Juan Carlos, Jefe del Estado y símbolo de su unidad y permanencia, ya reconoció ante las cámaras de TVE durante la entrevista concedida con motivo de su 75 cumpleaños al periodista Jesús Hermida (04/01/2013) que, a pesar de lo mucho conseguido desde la Transición y de los valores que atesora la Carta Magna, España sigue sin vertebrarse: dicho de otra forma, que el actual Estado de las Autonomías ha fracasado o que es una bomba de explosión retardada...

No vamos a insistir en las erradas interpretaciones que por activa o por pasiva están dando el Gobierno y la oposición política (y en parte hasta la Corona) sobre la deriva secesionista de Cataluña y la que se anuncia en el País Vasco, en las pistas aclaratorias de por dónde están yendo los tiros del caso, ni en las lecturas miopes del mismo que proliferan por los medios informativos. Aunque no dejemos de afirmar que los procesos soberanistas están constituyendo un éxito para sus promotores, un fracaso para sus detractores y un golpe bajo, verdaderamente demoledor, para la España todavía invertebrada ya advertida por Ortega y Gasset hace casi un siglo, en 1921 .

Se quiera o no se quiera, lo más sensato y urgente es fortalecer la unidad del Estado, llámese Autonómico o Federal, y atajar de raíz las sórdidas elucubraciones que pretenden volver a sumir España en su ancestral ‘ejercicio de tinieblas’. A ver si las tres incompetentes R,s que se dedican básicamente a ver venir el hundimiento del país (Rajoy, Rubalcaba y el Rey), se enteran bien de lo que pasa.

Un cotizado tertuliano cubano de la telebasura española, vividor donde los haya y con un desajustado horario vital, hizo famoso el latiguillo de “la noche me confunde” para justificar su alocada existencia. El chascarrillo tuvo cierta acogida popular, llevando a que algunos usaran adaptaciones del mismo ante circunstancias personales socialmente reprobables y difíciles de explicar o entender.

Y a tenor de cómo se ha desenvuelto la vida pública desde el nacimiento de aquella expresión, también cabría decir que a los políticos españoles de hoy en día ‘el poder les confunde’. Aunque en realidad tengamos dudas sobre si lo que sucede es que, sin llegar ellos mismos a estar verdaderamente tan confundidos, sólo traten de confundir a los demás.

Si nos centramos en la definición esencial de ‘confusión’ en el Diccionario de la RAE, sin profundizar en las interpretaciones más propias del campo de la psicología o el derecho, e incluso en el de la economía y la estadística, el término, que proviene del latín confusio –onis, responde a la acción y efecto de confundir. Es decir, de mezclar o fundir cosas diversas, de manera que no puedan reconocerse o distinguirse y, por extensión, de despistar o de perturbar la realidad…

Así, frente a los antónimos de confusión (orden, acierto, serenidad…), existe una gran profusión de sinónimos del mismo concepto (desorden, enredo, lío, follón, embrollo, barullo, revoltijo, batiburrillo…) radicalmente presentes en la política cotidiana del momento. En su percepción pública faltan, desde luego, claridad, orden y concierto, debido a la mezcla de cosas y conceptos difíciles de distinguir entre sí, llevando por tanto a los ciudadanos al error de tomar unas cosas por otras y, en última instancia, a una situación de incertidumbre que condiciona su autoestima y frustra sus proyectos de vida.

Un fenómeno que sorprende profundamente habida cuenta de que vivimos en un sistema democrático y muy evolucionado en lo social y cultural, en relación con las oscuras épocas del pasado en las que España se encontraba dominada por el caciquismo y las oligarquías sociales y económicas.

Aunque tal ejercicio de desorden interesado ya fuera advertido de forma bien ilustrativa por Josseph Penso de la Vega (1650-1692) en su ‘Confusión de confusiones’, obra editada por primera vez en 1688 en la ciudad de Amsterdam y considerada el primer tratado del mundo sobre la Bolsa de Valores a pesar de estar escrita en tono de sátira. El autor, reconocido escritor y comerciante judeo-español, la presentó editorialmente como “diálogos curiosos entre un philosopho agudo, un mercader discreto, y un accionista erudito, describiendo el negocio de las acciones, su origen, su ethimologia, su realidad, su juego, y su enredo”.

A través de sus irónicos diálogos, describió las operaciones más corrientes en el mundo de los negocios, la bolsa y la banca de la época, incidiendo justo en la confusión formal y conceptual que presidía los tratos con valores y acciones, las comparaciones raras, las complicaciones y los juegos de palabras que, lógicamente, dejarían perplejos a los no iniciados. Y aún hoy son tan vigentes que cuando la FESE (Federación Europea de Mercados de Valores) instituyó en el año 2000 un reconocimiento para los trabajos de investigación sobre mercados financieros, lo denominó justamente ‘Premio Josseph de la Vega’.

Aunque, retrotraídos a nuestra época y muy próximo a la vida cotidiana, también tenemos el ejemplo del mundialmente conocido ‘jamón ibérico’, que a fuerza de maquinadas confusiones sobre sus calidades soporta una auténtica estafa alimentaria. Los consumidores tienen difícil poder distinguir entre las cuatro fórmulas de calidad: cebo, cebo de campo, recebo y de bellota (eso sin contemplar sus múltiples denominaciones de origen y marcas comerciales engañosas y al margen de los jamones de cerdo blanco, también llamados ‘serranos’). En definitiva, un embrollo para confundir al consumidor y dejarle a merced de la especulación comercial…

LA CORONA Y LAS FAS INMERSAS EN LA CONFUSIÓN

En el ejercicio de la acción política, las prácticas de la confusión se iniciaron de forma inmediata a la proclamación de la Carta Magna en 1978. Entonces, su desarrollo normativo fue generando leyes que malinterpretaban el texto y el espíritu constitucional en base a técnicas de enredo y retorcimiento, que han terminado distanciando sensiblemente la realidad legal y política resultante en relación con la idea original que la ciudadanía había asumido sobre la Norma Suprema del ordenamiento jurídico.

Por poner algún ejemplo, es evidente que valores superiores recogidos en la Constitución, como la justicia y la igualdad, o incluso el pluralismo político y la separación de los poderes del Estado, quedan francamente desdibujados en su aplicación práctica. Pero es que la propia adopción del Estado de las Autonomías (que es un Estado Federal aunque no se le quisiera llamar así), reconvirtiendo para ello un Estado unitario previo, ya fue cosa confusa más que curiosa, al igual que denominarlo ‘Reino de España’ en lugar de ‘Reino de las Autonomías’ y, por supuesto, el formularlo políticamente en paralelo como una ‘Monarquía parlamentaria’.

Con este confusionismo original, poco ha de extrañar que la Jefatura del Estado, recaída constitucionalmente en la figura del Rey, sea como tal la más vaciada del mundo, sin competencias políticas fundamentales, y casi una simple institución ‘ornamental’. Y que, con objeto de enmascarar tan extraña situación, los constituyentes incluyeran entre ellas, también de forma poco clara, la de que ostentase el ‘mando supremo’ de las Fuerzas Armadas, que según conviene en cada momento queda en mero ‘símbolo’ protocolario (¿para qué?) o en ‘mando efectivo’, como sucedió durante la intentona golpista del 23-F.

Pero ni la Casa del Rey ni los poderes del Estado han mostrado jamás el menor interés por aclarar este confuso embrollo; hasta el punto de que desde 1978 el desarrollo legal del Título II de la Constitución (dedicado a la Corona) sigue inédito. Una situación de inconcebible desorden que, cuando el deterioro público de la institución monárquica lo ha hecho conveniente, también permite, por ejemplo, que la Familia Real haya pasado sin mayores razones a disociarse en ‘la familia del Rey’ por un lado y, por otro, en el llamado ‘núcleo central’ de esa misma familia…

Y estas prácticas de enredos interesados, que en democracia podríamos tildar de pura manipulación y hasta de oscurantismo político, han llegado a aplicarse sobre conceptos tan serios y trascendentes como los de ‘guerra’ y ‘paz’. La guerra, que es un hecho real, poco confuso y demasiado presente en el mundo, citado de forma obligada en la propia Constitución, ha llegado a desaparecer como por ensalmo nada más y nada menos que de la Ley de la Defensa Nacional (LO 5/2005), de forma que las operaciones de guerra ahora han pasado a denominarse para el “mantenimiento de la paz, la estabilidad y la ayuda humanitaria”, que, como es natural, pueden conllevar algún tipo de “respuesta a la agresión”.

Lo que sucede es que, bajo ese absurdo supuesto de terminología nueva y confusa, los militares españoles han muerto por centenares, no en misiones de paz ni en otras cantinelas políticas, sino en las guerras crudas y duras de Irak, Afganistán, Líbano… Sabiendo que iban a ellas en un cumplimiento fiel de servicio a España, y no a otra extraña cosa desmerecedora de tan noble entrega.

En la Defensa Nacional ya no existe el término clásico de ‘dirección de la guerra’ atribuida al Presidente del Gobierno, sino una confundida “dirección estratégica de las operaciones militares en caso de uso de la fuerza” (artículo 6.1 de la LO 5/2005). Aunque, claro está, en su acepción original el término ‘estrategia’ se refiera al arte de concebir, preparar y dirigir acciones militares en gran escala (por analogía se entiende también como el arte de coordinar las acciones y de maniobrar para alcanzar un objetivo).

Este significado original de ‘estrategia’ ordenado esencialmente a la realidad de la guerra, se identifica de forma extensiva, y por lo general aceptada, al arte de coordinar la acción de las fuerzas militares, políticas, diplomáticas, económicas y psicológicas, implicadas en la conducción de un conflicto bélico o en la programación de la defensa de una nación, de una coalición o de un bloque de naciones. Pero ello no impide distinguir que en la adopción y puesta en práctica de una estrategia de tal naturaleza y magnitud, intervienen de forma conjunta el poder político y el mando militar, con responsabilidades estratégicas subordinadas y situadas, como es lógico, en diferentes planos.

Por encima de la estrategia militar (el arte del empleo de las batallas con la finalidad de alcanzar el “objetivo de la guerra”, en el sentido sobrepasado que le otorgaba Clausewitz), el objetivo político perseguido por un Estado o por varios aliados mediante la guerra, se traduce en una estrategia para la reducción, material y moral, del adversario. Lo que quiere decir, en otras palabras, que las campañas y las batallas concretas deben ser ordenadas y dirigidas a través de la estrategia militar de acuerdo con una idea política elaborada e implementada por una ‘dirección de la guerra’ para alcanzar, precisamente, unos ‘objetivos de guerra’.

Porque una cosa es concebir y dirigir las operaciones militares (estrategia militar o estrategia operativa), y otra muy distinta la dirección de la guerra (la gran estrategia), que incorpora otros muchos factores no militares. En consecuencia, al Presidente del Gobierno le debe corresponder la función superior de la dirección o conducción general de la guerra, con todos los planteamientos estratégicos inherentes, mientras que la responsabilidad de elaborar y conducir la estrategia militar, o la estrategia específica de las operaciones militares, tendrá que recaer sin mayor distorsión ni invasiones competenciales, en el JEMAD (Jefe del Estado Mayor de la Defensa), como se recoge en el artículo 12.3 de la LO 5/2005.

Es más, hoy el campo de la acción estratégica ya no se circunscribe a la guerra, o sólo a ella. En tiempo de paz, las naciones también disponen de planes estratégicos, en consonancia con la política de defensa y la política militar que hayan fijado sus gobiernos.

En España, el Plan Estratégico Conjunto (PEC), así denominado por afectar a todas las Fuerzas Armadas y recursos militares, es elaborado y puesto a disposición del Gobierno por el alto mando militar, que luego, y una vez autorizado, tiene la responsabilidad de ponerlo en práctica. En ese mismo nivel, es en el que los objetivos políticos decididos por el poder ejecutivo se transforman también en objetivos estratégicos, posteriormente trasladados a los mandos operacionales por medio de una directiva estratégica emitida por el JEMAD. Así se comprende mejor la relación convencional entre la política y la estrategia militar, sin más confusiones ni enredos semánticos o terminológicos.

Pero, más allá de sus indiscutibles responsabilidades políticas, y contándose por supuesto entre ellas la de dirigir o conducir la guerra, ¿es que acaso el Presidente del Gobierno va a dirigir también la estrategia militar, en sentido estricto, sin tener los conocimientos y los recursos necesarios para ello…? Esa invasión de competencias técnicas o profesionales no se da en ninguna otra faceta de la gobernación del Estado y, salvando la distancia de la analogía, equivaldría a que, por ejemplo, la estrategia quirúrgica sobre un paciente determinado fuera decidida por el director del centro asistencial en el que se le opera, o por el propio Ministro de Sanidad, en lugar de ser una responsabilidad del cirujano o, a lo sumo, del jefe de su departamento hospitalario.

No se olvide, pues, que una cosa es la ‘guerra’ en su conjunto y otra las ‘operaciones militares’, que como elementos esenciales de ella conforman un nivel técnico de actuación estrictamente profesional. Aunque también debe advertirse que las ‘operaciones militares’ existen como tales sin necesidad de adscribirlas al uso de la fuerza, desde el momento que las unidades asumen cualquier tipo de misión, incluidas las logísticas, las de observación e interposición y las que realmente sean de mantenimiento de la paz y ayuda humanitaria.

CUANDO LA CONFUSIÓN ENCUBRE LA MANIPULACIÓN

Y estas precisiones, cuyo objeto es evidenciar cómo la confusión política ha llegado a invadir incluso instituciones tan señeras y tradicionales como la monárquica y la militar, alcanzan todo su significado cuando se relacionan con los usos y necesidades de la vida cotidiana, dejando entonces en mayor evidencia la acción manipuladora de los gobiernos. Una cuestión que hoy tiene su mejor referencia en el sector de la energía eléctrica.

En él, los consumidores jamás han llegado a comprender con suficiente claridad el sistema de contratación; el precio de la energía consumida; la afección del llamado ‘déficit tarifario’ y sus razones; el concepto de ‘peaje’ y, en realidad, todo lo referido al recibo de la luz y a su facturación. Algo muy similar a lo que sucede con el gas, la telefonía o los transportes públicos. Y no digamos con el consumo de la gasolina o del agua, cuyos precios suben en razón de una mayor demanda para no bajar cuando ésta se reduce o aumenta la oferta.

Y, siguiendo en esta madeja de enredos políticos, ¿alguien ha explicado con un mínimo de claridad la justificación del modelo policial ‘asimétrico’, gracias al cual en un mismo lugar coexisten la Guardia Civil, la Policía Nacional, la Policía Autonómica y la Policía Municipal, apoyadas además con el sistema de Protección Civil y la Unidad Militar de Emergencias…? Porque ésta es otra situación más de grave confusión formal y conceptual que traspasa las comunidades llamadas ‘históricas’ de Cataluña, Navarra y el País Vasco, para, de momento, situarse ya en Aragón y Canarias, sin considerar el papel parapolicial asignado a los ‘seguratas’ de todo el territorio nacional en la nueva Ley de Seguridad Privada que promueve el gobierno de Rajoy…

Pero, ¿qué decir también del tan traído y llevado Concordato con la Santa Sede y de las filias y fobias religiosas que perviven en un Estado que se ha declarado aconfesional y que en su Carta Magna tiene establecidas con toda claridad la libertad religiosa y de culto…? ¿Y cómo entender entonces las injerencias de la Iglesia Católica en la política nacional (ahí está, sin ir más lejos, la polémica generada por la asignatura de religión en el sistema educativo público), aun teniendo presente su prevalencia en la tradición histórica…?

De otra parte, ¿es que la confusión que produce en la ciudadanía el referirse de forma optativa a la población activa, la ocupada o la parada, cuando entre sí conforman una realidad inseparable, no constituye un intento de manipulación al presentarse sólo la parte más conveniente en cada momento…? ¿Y es que acaso el sistema de medición del IPC no se modifica puntualmente sólo con la intención de maquillar su evolución…?

¿En qué queda el principio constitucional de igualdad ante la justicia con una ley sobre reglas para el ejercicio de la Gracia de indulto vigente desde 1870 (modificada de forma somera en 1988), una Fiscalía General del Estado directamente dependiente del Ejecutivo, un órgano de gobierno del poder judicial asaltado por las cuotas partidistas y una ley de tasas a todas luces reputada de inconstitucional…?

Y, si el castellano es la lengua española oficial del Estado, estableciendo la Constitución que todos los españoles tienen el deber de conocerla y el derecho a usarla, ¿a qué vienen, sino a confundir la realidad, la pasividad judicial y gubernamental frente al desacato que por parte de la Generalitat supone incumplir las sentencias firmes del Tribunal Supremo que prohíben la inmersión lingüística con el catalán como única lengua vehicular…?

¿A efectos de qué extraña confusión se viene a perseguir sañudamente los cigarros electrónicos, después de haber aceptado el Gobierno hacer un agujero a la Ley Antitabaco de 2011 sólo para satisfacer las exigencias del fallido proyecto ‘Eurovegas’…?

Podríamos seguir poniendo innumerables ejemplos de cómo los desarrollos legislativos han sido una perfecta muestra de confusión política, vinculada casi siempre a intereses ilegítimos o bastardos. Desde la manipulación del principio constitucional de proporcionalidad en la resolución de los procesos electorales, para convertirlo en otro ‘aproporcional’ sin más objeto que el de primar a los partidos mayoritarios a costa de los minoritarios, hasta poner en marcha reformas socialmente regresivas -como la del aborto- sin más razón que la de haberlas incluido en un programa electoral prácticamente incumplido al 99 por 100.

Pero para señalar con sutileza la maldad que supone el ejercicio de la confusión también en el ámbito de la política, baste reproducir las palabras con las que Josseph de la Vega iniciaba sus diálogos en ‘Confusión de confusiones’ (sic):

Filósofo: ¿Y qué negocio es éste que, aunque he oído hablar muchas veces de él, ni lo entiendo, ni me he aplicado a entenderlo, ni he hallado ningún libro que hable en él para que se entienda?

Accionista: Bien digo yo que no sabéis nada, oh Barbón [barbudo] amigo, pues no tenéis conocimiento de un negocio enigmático, que es el más real y el más falso que tiene la Europa, el más noble y el más infame que conoce el mundo, el más fino y el más grosero que ejercita el orbe: mapa de ciencias y epítome de enredos; piedra de toque de los atentos y piedra de túmulo de los atrevidos; tesoro de utilidades e incentivo de despeños; y, finalmente, un retrato de Sísifo que jamás descansa, y un símbolo de Ixión que siempre anda en un rueda viva.

Filósofo: ¿No os merecerá mi curiosidad un breve epílogo de este embuste, y una compendiosa declaración de este enigma?

Mercader: También yo os lo suplico, porque andan tan cansadas las comisiones, las cargazones y los giros, que quisiera aplicarme a este nuevo empleo, por ver si puedo aquistar una fotruna y salir, a costa de riesgo, de tantos afanes.

Accionista: Lo mejor y más gracioso de todo es que, sin riesgo, podéis ser rico, y sin exponer el caudal a tempestades, correspondientes [correspondencia], desembolsos, almacenes, portes, cajeros, quiebras y otros accidentes impensados, estáis a pique de alcanzar la opulencia, mudando sólo el nombre en los desaciertos: conque si los hebreos, en padeciendo enfermedades peligrosas, mudan el nombre para conseguir la mejoría, basta al accionista que reconoce que está mal, mudar el nombre para librarse de todos los peligros que lo amenazan, y de todos los sustos que los inquietan…

Y es que las confusiones, entendidas con la ironía de Josseph de la Vega, no dejan de ser verdades a medias o medias verdades, que, al igual que sucede con las verdades fuera de contexto, pueden tener efectos más poderosos que las mentiras, ya que pueden convencer más fácilmente al receptor del mensaje gracias a la pequeña parte de verdad aportada.

Como ha señalado David Welch, profesor de Historia Moderna y director del Centro para el Estudio de la Propaganda de la Universidad de Kent, Canterbury (UK), los nazis, y en especial el que fue ministro de propaganda de la Alemania nacionalsocialista y figura clave en el régimen hitleriano, Paul Joseph Goebbels, emplearon decisivamente en sus campañas políticas tanto la mentira directa como la media verdad y la verdad fuera de contexto (‘Nazi Propaganda: The Power and the Limitations’, Croom Helm Limited, 1983).

Pero algunas formas de verdades a medias, o declaraciones engañosas que incluyen algún elemento de verdad, también son una parte inseparable de la política en las democracias representativas. Todos sabemos que en un sistema verdaderamente democrático la reputación de un candidato político puede sufrir daños irreparables si se le imputa una mentira (en España parece que menos), por lo que el lenguaje político ha evolucionado hacia un estilo complejo con objeto de minimizar la posibilidad de que esto ocurra.

Si alguien no ha dicho algo, no puede ser acusado de la mentira nonata y, como consecuencia, en política los ciudadanos sólo esperan verdades a medias o medias verdades, con declaraciones que rara vez son aceptadas como ciertas en su totalidad. Pero claro está que también hay gobiernos democráticos o que parecen serlo, como el presidido por Mariano Rajoy, firmemente asentados en el terreno más ominoso de la política mentirosa.

EL GOBIERNO DE LA POLÍTICA MENTIROSA

En varias Newsletters anteriores hemos reflexionado sobre la conveniencia de conocer la realidad objetiva a efectos del buen gobierno. Y en todas ellas hemos sostenido que, en esencia, la razón depende de la verdad y que sólo cuando el gobernante o el opositor político reconocen y asumen las cosas como son en sí, alcanzan esa verdad, lo que les permitirá actuar con razón y no contra ella; mientras que de otra forma caen en el error y, por tanto, en la acción política inútil, cuando no perniciosa.

Este es un razonamiento muy sencillo, aunque puede parecer difícil de sustanciar porque conocer y asumir la realidad objetiva no es tarea fácil. No en vano, muchos filósofos ilustres han convenido en sostener de distintas formas que en relación con un mismo objeto o sujeto pueden existir tantas realidades como puntos de vista, e incluso no existir ninguna. Nietzsche, por ejemplo, afirmaba que detrás de la realidad en la que existimos, hay otra distinta, o completamente distinta, y que, por consiguiente, la primera no es sino una ‘apariencia’.

No obstante, la política se sitúa básicamente en el plano de la praxis y no en el de la especulación teórica, por lo que el necesario acceso a esa realidad objetiva ha de ser igual de práctico, y no filosófico. Y es en ese ejercicio donde el gobernante debe mostrar la verdad a los gobernados, es decir, la realidad natural, y ante ella, esgrimir el poder y la precisión de sus pensamientos para convertirlos en acción política.

Sólo cuando conocemos las cosas como son en sí, alcanzamos la verdad. De otra suerte se cae en el error y, por tanto, en el mal gobierno. El gobierno de la razón, que es el gobierno justo, se asienta en el conocimiento de la verdad objetiva, porque la razón, en esencia, depende de la verdad…

El analista avezado podrá, entonces, ponderar hasta qué punto el ejercicio de la confusión y las medias verdades inspiran a la España de la política mentirosa y en particular al gobierno de Rajoy. Porque lo incuestionable es que, con pocas excepciones, las instituciones que representan al Estado se mueven generalmente en un ejercicio permanente de la mentira, más o menos sutil y por tanto visible a retazos.

Mariano Rajoy no tiene -ni mucho menos- el copyright ni la exclusiva de la mentira política, pero la practica plenamente y la lleva a niveles grotescos, como hemos dicho en otras ocasiones. No hablamos de sus interpretaciones sesgadas de la realidad, ni de sus versiones interesadas de los hechos más evidentes, y ni siquiera de los silencios mentirosos que quizás tengan por objeto procurar un bien antes que un mal, que también, sino que hablamos directamente de la pura y dura mentira: la expresión o la manifestación contraria a lo que se sabe, se cree o se piensa.

Rajoy y su Gobierno en pleno, mienten plenamente, con la mentira falsaria que engendra otras innumerables mentiras y con la mentira diabólica que hizo proclamar al romántico Lord Byron: “La mentira es precisamente la forma del demonio. Satanás tiene dos nombres: se llama Satanás y se llama Mentira”. Pertenecen a la clase de mentirosos universales que, con sus embustes, siempre han dado lugar a todos los delitos que se comenten en el mundo: son la clase de políticos que, como decía Palmerston de Napoleón III, “mienten hasta cuando no dicen nada”…

Mienten cuando reinterpretan las demoledoras cifras del paro oficial, que sigue en alza sistémica descontando incluso los trabajadores que se han visto obligados a emigrar o a auto excluirse del mercado laboral. Mienten al alardear de un mínimo aumento de cotizantes a la Seguridad Social, sin explicar que se trata de trabajos temporales y sin reconocer la precariedad y hasta la inviabilidad general del sistema de prestaciones sociales. Mienten cuando afirman que las pensiones suben o mantienen su poder adquisitivo. Mienten cuando reestructuran la medición del IPC para exhibir una falsa contención del mismo…

Mienten cuando aseguran que el rescate del sistema bancario no computa como deuda pública y que no supone gasto alguno para los contribuyentes. Mienten cuando afirman que vuelve a fluir el crédito bancario, que sólo alcanza en realidad a financiar a los amigos del poder y a refinanciar las emisiones de la deuda del Estado con beneficios muy fáciles y jugosos para sus accionistas a costa de los contribuyentes. Mienten cuando presentan como un logro político que la prima de riesgo de la deuda pública se sitúe por debajo de los 250 puntos, porque aún sigue siendo un parámetro insostenible que la lleva de forma galopante a superar el 100% del PIB…

Mienten cuando dicen que su política económica favorece el crecimiento de las exportaciones y el equilibrio de la balanza comercial, porque eso sólo es posible gracias a la renuncia obligada de cualquier beneficio empresarial y a causas exógenas y de coyuntura o evolución de otros mercados exteriores; o cuando aseguran una mejora en la competitividad del sistema productivo español a nivel mundial (no a la simple cotización del euro). Mienten cuando niegan la existencia de una economía sumergida muy superior al 25% del PIB, y en consecuencia dejan que siga creciendo hasta niveles de imposible reconducción. Mienten cuando en cada nuevo ejercicio de previsión vuelven a posponer otra vez la recuperación económica asegurada previamente…

Mienten cuando venden a la opinión pública un programa de reformas profundas de la Administración, en realidad inexistente. Mienten cuando aseguran que no aprobaran más reformas antisociales. Mienten cuando enmascaran el negocio interesado de las privatizaciones de la gestión pública con una falsa mejora del sistema y con una bajada de los costos de explotación. Mienten cuando anuncian un mayor flujo de capital extranjero como un aumento de las inversiones, porque en esencia no son tales, sino adquisiciones especulativas en un mercado inmobiliario en rebajas que ha sido previamente arruinado para ello…

Mienten cuando quieren convencer a la ciudadanía de que sus apoyos a las grandes empresas constructoras y de servicios que operan en el exterior, por ejemplo, tienen incidencia en la creación de empleo nacional, porque no la tiene y porque solo sirve para hacer más ricos a sus accionistas y más pobres a los que esas mismas empresas han dejado sin trabajo en España. Mienten cuando dicen apoyar a las pequeñas empresas, a los trabajadores autónomos o a los jóvenes emprendedores para que puedan coadyuvar así a la creación de empleo, porque su ayuda es absolutamente nimia. Mienten gravemente cuando aseguran velar por una administración de justicia independiente, gratuita e igual para todos los ciudadanos, conforme a los principios de la Constitución. Mienten cuando sostienen sin sonrojo alguno la independencia de la Fiscalía General del Estado, del Defensor del Pueblo, del Tribunal de Cuentas, del Tribunal Constitucional...

Mienten cuando propugnan una España solidaria al tiempo que fomentan la España asimétrica y separatista, de los ciudadanos desiguales. Mienten al proclamarse demócratas absolutos mientras conservan el privilegio electoral de los partidos mayoritarios frente al justo derecho de las minorías. Mienten al ocultar la inconstitucionalidad de la vigente Ley 9/1968, de 5 de abril, de Secretos Oficiales, franquista, que ampara la sistemática conculcación de derechos fundamentales. Mienten cuando celebran la victoria política del Estado de Derecho sobre ETA, porque ha sucedido justamente todo lo contrario. Mienten cuando dicen solidarizarse con las víctimas del terrorismo etarra, porque las ofenden siempre que hay ocasión. Mienten cuando aseguran tener la obligación de cumplir las sentencias del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (que debería ser así), porque jamás han cumplido las que no les ha convenido cumplir… Mienten, mienten y mienten, agarrados a uno de los más innobles refranes de la España rufianesca: “Mentira bien inventada, vale mucho y cuesta nada”.

Y mienten, por supuesto, cuando hablan de brotes verdes inexistentes en la resolución de la crisis económica y de puntos de inflexión, que a lo sumo son estadios iniciales de estancamiento combinados con deflación o inflación (que no se sabe que puede ser peor); o cuando aseguran que 2014 será el “año de la recuperación económica” (quizás de los ricos), porque la pobreza seguirá creciendo al igual que el poder adquisitivo de las pensiones seguirá decreciendo. Mienten cuando prometen una inminente rebaja de impuestos, porque la presión fiscal general, incluyendo el grosero aumento de las tasas públicas, seguirá siendo el mismo o superior. Y vuelven a mentir, en fin, cuando van más allá de afirmar que las cosas ya no irán a peor y pregonan que “España va bien”, porque va a seguir yendo francamente mal. Todo ello alentado, de forma activa o pasiva, por unos medios de comunicación social subordinados en su supervivencia a los favores del Gobierno y sus aliados: la banca y los grandes grupos económicos…

Pero aun así, y después de tanta mentira gubernamental consentida y hasta aplaudida por algunos medios de comunicación, Ricardo Martínez Rico, un hombre muy próximo al ínclito ministro Montoro, no ha dudado en apoyar la cándida versión gubernamental sobre la buena marcha económica con un extenso y triunfal artículo, de corte imperial, titulado ‘Tras pasar el Rubicón, volvemos a crecer’ (El Mundo 27/12/2013). La afinidad gubernamental del autor queda de manifiesto en ¿Hay Derecho?, blog dirigido por Elisa de la Nuez (leer http://hayderecho.com/2012/09/16/el-negocio-del-conflicto-de-intereses-en-espana/)

En el artículo, escrito con un lenguaje condicional y plagado de expresiones ambiguas y datos cogidos por los pelos para tratar de encubrir la verdadera situación en la que continúa sumergida la economía, se incluyen párrafos tan banales y contradictorios como estos:

(…) España ha dejado de ser foco de las preocupaciones mundiales gracias a que ya existe un relato de éxito de salida de la recesión, cuyo elemento central es la relación causa-efecto entre las reformas llevadas a cabo y los positivos resultados que se van acumulando. Estas bases sólidas hacen que nadie apueste ahora por un escenario de evolución de nuestra economía en forma de triple uve.

De hecho, los datos macroeconómicos hablan por sí solos. La evolución trimestral del PIB indica que estamos de nuevo en tasas de crecimiento positivas, 0,1% en el tercer trimestre y en torno al 0,2% durante este último trimestre del año. Ello sucede en un contexto de estabilidad de precios. Se confirma también el superávit de la balanza por cuenta corriente, que ha pasado de un déficit del 10% del PIB en 2008 a un superávit cercano al 0,3% del PIB hasta septiembre.

(…) Si entre 2011 y 2012 salió de España inversión extranjera directa y de capital por más de 80.000 millones de euros, durante los primeros nueve meses del año se registró una llegada neta superior a 20.000 millones. Ahora, para reducir su endeudamiento, las empresas españolas no sólo son ya capaces de vender activos fuera, sino también dentro. Al mismo tiempo, el cambio del rating de la deuda, por lo pronto de negativo a neutral, tendrá efectos positivos adicionales en la inversión extranjera.

(…) También numerosos indicadores microeconómicos apuntan en esta misma dirección. Son de particular interés aquellos asociados al consumo que dejan entrever que algunas mejoras están llegando ya a parte de la sociedad. Así, tras 38 meses de descensos interanuales consecutivos, en septiembre aumentaron las ventas del comercio al por menor un 2,2% en términos interanuales. Lo hicieron asimismo las ventas de coches, que han crecido en los 11 primeros meses del año el 2,1%, tras tres años de descensos. Por otro lado, en el mercado de la vivienda comienzan a estabilizarse los precios en algunos segmentos y existe un cierto repunte de la demanda inmobiliaria en algunas ciudades y parte de la costa. Por último, en la evolución cualitativa, se advierte la recuperación de la confianza en el repunte de los indicadores del consumidor.

(…) La ganancia de credibilidad en la política económica deriva del éxito en la consolidación, y la confianza de los agentes económicos en el futuro estimulan fundamentalmente el ahorro, la inversión, la atracción de capital y unos tipos de interés más reducidos. Las distintas fases del plan de pago a proveedores han jugado un papel muy relevante. Primero, por el efecto que tiene el abono de facturas pendientes de pago por más de 41.800 millones de euros -de los cuales 13.500 millones en la tercera y última fase que se ha puesto recientemente en marcha-, y la mejora de los flujos financieros de CCAA y corporaciones locales. En segundo lugar, por la credibilidad que ha generado el no haber dejado caer a ninguna de las CCAA y garantizar a todas el acceso a la financiación, al mismo tiempo que se imponía un marco de estricto control de las cuentas y una fuerte condicionalidad.

(…) En 2014 esperamos que España alcance una tasa de crecimiento del PIB cercana al 1%, que podría situarse por encima de la unidad a finales de año, gracias a que no sólo el sector exterior será el que empuje, sino que a ello sumarán, o por lo menos no restarán como hasta ahora, el consumo y la inversión. Este crecimiento, mayor que el previsto por los principales organismos internacionales, estará muy relacionado con la capacidad de creación de empleo, que podrá producirse incluso con tasas muy bajas de crecimiento, aunque suficientes para que se retroalimenten positivamente con las de empleo.

(…) Cuanto más robusta sea la situación de la economía doméstica y más potente sea su base industrial, mayor será la competitividad internacional de las compañías españolas. Mientras tanto, el capital mundial vuelve a fijarse en la seguridad de la vieja Europa. España tiene que ser capaz de atraer esos capitales, como ha empezado ya a hacer. En todo ello, a diferencia de cuando Julio César cruzó el Rubicón, y aunque la situación de la economía española haya cambiado mucho en los últimos meses, la suerte no está todavía echada…

Un nuevo ejercicio de confusión, en el que las medias verdades sirven a la propaganda del Gobierno en el mejor estilo goebbeliano. Y que contradice de cabo a rabo lo previsto y manifestado públicamente el pasado 5 de noviembre por Olli Rehn, actual comisario europeo de Asuntos Económicos y Monetarios, poniendo el dedo en la llaga de la política mentirosa, además de inoperante, del Gobierno de Rajoy. Un aviso en toda regla que Claudi López, corresponsal de El País en Bruselas, desmenuzaba en una reveladora crónica de esa misma fecha titulada ‘Rehn: España necesita reformas con urgencia (Bruselas rebaja la previsión de crecimiento para 2014 al 0,5%)’ ya recogida en otra Newsletter:

Después de tres años en los que se han sucedido dos reformas financieras, una reforma de pensiones, dos reformas laborales y en medio de una dolorosa devaluación interna para purgar la década de excesos anteriores, “España e Italia son los dos países donde más urgentes son las reformas económicas”. Bruselas quiere seguir con los ajustes: el vicepresidente económico de la Comisión Europea, Olli Rehn, ha presentado este martes las previsiones de otoño con ese mensaje político, mucho menos complaciente de lo que esperaba el Gobierno, y con una nueva ronda de datos que vienen a enfriar el optimismo de Madrid.

El PIB caerá el 1,3% este año, algo mejor de lo que vaticinaba Bruselas hasta ahora, pero lo esencial es que la recuperación será aún más pálida de lo que parecía: la economía crecerá apenas un 0,5% en 2014.

Y lo más importante: la tasa de paro no bajará del 25% al menos hasta 2016.

Queda todavía un largo ajuste por delante. Recortes y reformas adicionales que funcionan, al menos a corto plazo, como una camisa de fuerza para la tan ansiada recuperación, que se adivina vidriosa, de trazo vacilante. Pese a que Rehn ha rehusado concretar si pedirá más ajustes en los países que han obtenido plazos más holgados para cumplir el déficit (España, pero también Francia y Holanda), en el caso español sí indicó por dónde van los tiros: “El intolerable y altísimo nivel del paro exige medidas muy contundentes, especialmente con los jóvenes”.

“Lo que se necesita es una combinación de un crecimiento más alto a medio plazo, que en el caso de España requiere reformas económicas de largo alcance para apoyar la evolución hacia un nuevo modelo más sostenible tras la burbuja inmobiliaria, y un mercado de trabajo que funcione bien”, ha afirmado. A juzgar por esas opiniones, la reforma laboral socialista y la aprobada por el Gobierno de Mariano Rajoy no parecen suficientes, pese a los primeros indicios de estabilización del mercado laboral. “El paro ha sido menor del que hubiera existido sin las reformas”, ha dicho Rehn, “pero es importante que España mantenga el pulso de las reformas”.

El Gobierno está pendiente de la evaluación de la OCDE (el think tank de los países ricos) sobre la reforma laboral para acometer lo que fuentes del Ejecutivo califican como un “ajuste fino” del que aún se sabe poco. Pero las previsiones para España señalan una tendencia muy marcada: el empleo volverá a caer, por quinto año consecutivo, hasta el 0,7% en 2014; esa cifra prácticamente tumba los augurios del Gobierno, que esperaba creación neta de puestos de trabajo en los trimestres finales del año próximo. Además, los costes laborales caerán este año, el próximo y el siguiente: la devaluación interna sigue su curso, en busca de la competitividad perdida. “La flexibilidad salarial es excelente para la competitividad exterior, pero supone un freno a la demanda interna. Con la tendencia actual se hace difícil pensar que la economía española pueda dejar atrás tasas de paro socialmente insoportables al menos durante una década”, apuntan fuentes comunitarias.

Las condiciones financieras de la economía española han mejorado, pero el crédito sigue cayendo. El estado de salud de la banca, inmersa en un proceso de desendeudamiento y recapitalización, es algo más positivo, pero eso no va a revertir la tendencia del crédito en el corto plazo. Hay indicios más favorables: la demanda interna “se estabiliza lentamente”, según Bruselas; las exportaciones se mantienen fuertes; la inversión extranjera ha dado alguna sonora campanada y, en general, el clima económico mejora a ojos vista. Y aun así Bruselas muestra una cautela notable.

Esa prudencia obedece a dos razones fundamentales. Uno: pese a la moderación salarial y a la mejora de productividad, el paro va a seguir siendo elevado durante mucho tiempo, con los consiguientes efectos secundarios a lo largo y ancho de la economía. “El desempleo caerá gradualmente en el horizonte de estas previsiones”, dice el informe: tan gradualmente que para 2015 la tasa de paro será del 25,3%. El otro factor de preocupación es el déficit: la austeridad va a continuar, aunque sea a ritmos más moderados, pero para alcanzar los objetivos no va a ser posible olvidarse de la tijera. Bruselas prevé un déficit del 6,8% del PIB este año y del 5,9% en 2014, pero sin medidas adicionales el agujero volvería a ampliarse al 6,6% en 2015.

En otras palabras: harán falta medidas adicionales para el déficit, como harán falta más reformas para remozar la economía, según la tesis de Bruselas. Hay signos de esperanza aquí y allá; la austeridad se ha suavizado, y España va por el buen camino. Pero el mensaje político de Bruselas es inmutable: en Madrid, como en el resto de capitales europeas, “se necesitan esfuerzos políticos extra para acompañar las diversas dimensiones del ajuste”, resume Marco Buti, ‘número dos’ de Rehn.

Pero claro está que la contumacia propagandista del Gobierno, además de ser desbordada por la realidad, seguirá teniendo contestación desde los medios informados independientes. De hecho, el balance del 2013 que presentó el presidente Rajoy en rueda de prensa tras el Consejo de Ministros del pasado 27 de diciembre, rezumando confusión, medias verdades, verdades fuera de contexto y sobre todo mentiras ciertas por todas partes, ha sido demolido inmediatamente en su contenido económico con un análisis de urgencia realizado por José Carlos Díaz (El País 28/12/2013) en forma de ‘Carta de un economista a Rajoy’, que conviene leer en su totalidad:

Señor Presidente: He decidido hacer pública esta carta al escuchar los datos que usted ha usado en su rueda de prensa de balance de 2013. Los parados registrados en el INEM no disminuyen por haber encontrado un empleo. Han tirado la toalla y han dejado de confiar en usted y en la recuperación. Muchos han dejado de buscar empleo y otros muchos han huido de España ante la incapacidad de encontrar empleo en nuestro país y al no tener expectativas de encontrarlo en el futuro.

La Seguridad Social no va bien. A su ministro de Hacienda se le escapó que cerrará el año con un déficit de 1,8% del PIB o sea 18.000 millones. Es debido a que acabaremos el año con casi 300.000 personas que han perdido su empleo y han dejado de cotizar. Además, las empresas destruyen empleos estables de personas mayores de 45 años y los están sustituyendo por empleos a tiempo parcial y con salarios precarios de jóvenes. El resultado es menor recaudación.

El déficit público tampoco va bien. La destrucción de empleo y la bajada de salarios han reducido la recaudación del Impuesto sobre la Renta. El IVA ha subido por el aumento de los tipos el pasado año pero no por la mejora de actividad. Los ingresos fiscales están estancados en 2013 y eso supone 4.000 millones de euros menos de lo que usted estimó en los presupuestos y a eso hay que sumar otros 4.000 millones en la Seguridad Social.

En 2013 vamos a pagar más intereses por la deuda pública. La deuda aumenta unos 10.000 millones al mes que es lo mismo que costó el Plan E que usted tanto criticó. Entre enero y octubre el déficit reconocido por la Intervención General de la Administración Central es de 37.000 millones. Un 10% superior al de 2012 y un 15% superior al que usted heredó del Gobierno anterior. La deuda pública va a acabar el año próxima a un billón de euros, 100.000 millones por encima de 2012.

La prima de riesgo no ha bajado fruto de sus reformas. La bajada ha sido generalizada en los países periféricos europeos y el país donde más ha caído es en Grecia. La banca española ha financiado la mitad del aumento de la deuda pública, mientras los inversores extranjeros sólo el 15%. Pero estos mismos inversores extranjeros han vendido bonos, acciones y préstamos a empresas y bancos españoles por más de 30.000 millones.

Las exportaciones no van bien. Tuvieron dos meses excepcionalmente buenos la pasada primavera pero desde entonces se han frenado en seco. Nuestra competitividad no ha mejorado desde 2011. La bajada de salarios y el aumento de la productividad por la masiva destrucción de empleo se han compensado por la intensa apreciación del euro contra el dólar y contra las divisas de países emergentes.

La reforma bancaria no ha funcionado. Le recomiendo que vaya a cualquier bar y pregunte a pequeños empresarios y familias por la situación del crédito. Qué garantías les exigen y a qué tipo les prestan. Comprobará que las condiciones son peores que antes del rescate bancario de la Troika.

Retrasar el ajuste fiscal nos ha permitido salir de la recesión, pero no compensa los efectos devastadores sobre el empleo y la deuda pública de su ajuste de 2012. EE UU ha demostrado que hay vida después de una crisis de deuda. Pero hace falta un buen diagnóstico y una política adecuada. Tras su discurso es evidente que tiene un error de diagnóstico y eso complica significativamente la salida de la crisis.

Necesitamos crecer mucho más, depreciar el tipo de cambio, provocar inflación moderada, aumentar la inversión, incrementar la recaudación fiscal y reestructurar deudas de familias y empresas para estabilizar la restricción de crédito. A la vez habrá que resolver la tragedia griega, portuguesa, chipriota, eslovena, irlandesa, etcétera. Si su política económica y la europea no cambian radicalmente, despediremos 2014 con menos población, menos crédito, más deuda y más pobreza.

Quedo a su entera disposición y le deseo que la fuerza le acompañe.

Y tampoco nos resistimos, por más que se pueda extender esta Newsletter, a publicar el desastrosos balance que Juan Torres López, catedrático de Economía Aplicada en la Universidad de Sevilla, hace de los logros de Rajoy en un reciente artículo titulado ‘Los dos años de Rajoy’ (El País Andalucía 22/12/2013):

Este fin de semana se cumplen dos años de la toma de posesión de Mariano Rajoy como presidente del Gobierno. Comprendo que cada persona evalúe a su antojo esta etapa, sin más fundamento que sus simpatías políticas o ideológicas. Pero lo cierto es que hay datos reales que permiten enjuiciar con objetividad los efectos que han tenido sus decisiones sobre la economía en general, sobre las empresas y sobre el bienestar de la gente normal y corriente.

Permítanme que abuse un poco de los números pero es que, como me decía un viejo amigo, lo que se puede contar, medir o pesar no admite discusión. El PIB de España, es decir, el conjunto de la actividad económica que tiene expresión monetaria, ha disminuido desde que nos gobierna Rajoy. Su valor acumulado en los tres primeros trimestres de 2011 fue de 785.899 millones de euros frente a 767.616 en los de 2013.

Es verdad que la caída de los salarios ha mejorado las exportaciones de nuestras empresas (han subido unos 21.000 millones de euros entre esos dos periodos) pero ese incremento ha sido insuficiente para compensar el derrumbe en el consumo de los hogares (unos 155.000 millones de euros menos en los tres primeros trimestres de 2013 que en los de 2011) y en la inversión privada (unos 26.000 millones de euros menos en ese mismo periodo de 2013 que en el de 2011). La pública, por su parte, disminuyó 14.100 millones de euros en 2012 y la prevista por Rajoy para 2013-2014 hará que España tenga el nivel más bajo de la UE-28 en este concepto.

La renta nacional disponible, es decir, de la que disponemos los españoles para consumir o ahorrar también ha caído con el Gobierno de Rajoy: en los seis primeros meses de 2013 fue unos 11.000 millones más baja que la acumulada en el primer semestre de 2011. Esa caída en la renta ha perjudicado principalmente a los asalariados. La remuneración que habían acumulado en los nueve primeros meses de 2013 fue 35.000 millones menor que la correspondiente al mismo periodo de 2011, una caída que se debe tanto al menor empleo como a la bajada en el salario.

Efectivamente, según la contabilidad nacional, al finalizar septiembre de 2013 en España había 1,3 millones personas empleadas menos y un millón más de paradas que cuando Rajoy tomó posesión como presidente del Gobierno. Y el sueldo medio de los españoles descendió un 2,5% en 2012, su primer año de mandato.

A pesar de que han disminuido los gastos sociales, la deuda pública española ha aumentado en unos 217.500 millones de euros desde que nos gobierna Rajoy y la carga de los intereses que pagamos ha aumentado algo más del 15%.

En contra de lo que viene diciendo últimamente el presidente, sabemos que este deterioro de la economía y las rentas se ha repartido muy desigualmente, pues lo sufren en mayor medida las personas más desfavorecidas. Solo en un su primer año de gestión la tasa de riesgo de pobreza aumentó del 27,7% al 28,2% de la población total y la diferencia entre los ingresos del 20% más rico y el 20% más pobre de los españoles subió de 7,8 veces a 8,1. El porcentaje de quienes no pueden disfrutar ni de una semana de vacaciones aumentó 6 puntos, el de las familias que retrasan pagos 2, el de las que llegan con dificultad o mucha dificultad a fin de mes en casi 5, y lo mismo se podría decir de otros indicadores sociales. Sin embargo, el número de millonarios aumentó un 5,4% en 2012.

Rajoy ha subido impuestos más de 30 veces y 6 el recibo de la luz, y la destrucción de empresas bajo su mandato es espectacular: 53.047 menos en 2012, mientras que a mediados de 2013 el número de las que se habían declarado insolventes fue un 27% más elevado que en 2012. El crédito a empresas ha vuelto a caer (9,2% hasta septiembre) así como el destinado a familias (5,5%) y siguen bajando indicadores como los de ventas de grandes empresas o el comercio al por menor.

Juzguen ustedes si esto significa, como dicen Rajoy y sus ministros, que han acabado con la recesión y que nos sacan de la crisis.

RAJOY Y EL FANTASMA DE LAS PROMESAS INCUMPLIDAS

Pero es que el difícil futuro inmediato de nuestra economía, con un errado análisis y diagnosis de la situación por parte del Gobierno, y por tanto con una previsión de objetivos a cumplir falsa, se encuentra especialmente oscurecido por el fantasma de las muchas promesas electorales y de acción gubernamental ya incumplidas por el presidente Rajoy. Todas ellas son bien conocidas, pero a efectos de saber cómo se las gasta el personaje en cuestión y lo que en realidad se puede esperar de sus nuevos compromisos públicos, también conviene recordar una vez más las ya incumplidas de forma bien llamativa:

A pesar de todas sus mentiras y omisiones de la verdad, y no digamos de la llamativa patada que ha dado a la ciudadanía -incluyendo a simpatizantes del PP- con su polémica reforma de la ‘ley del aborto’, que en Europa sólo ha aplaudido el extremista Frente Nacional liderado por Marine Le Pen, o de su connivencia con el PSOE para implementar una política de excarcelación de etarras antes calificada poco menos que de abominable (‘caso Bolinaga’), Rajoy no ha logrado enderezar el rumbo del país. Ni por asomo, y a pesar del ‘cheque en blanco’ que se otorgaron los votantes españoles con la mayoría parlamentaria absoluta.

Aún más, lo que sí está haciendo Rajoy, es entretener la crisis económica y realimentar algunos de los problemas más serios y preocupantes de la crisis institucional que están llevando la democracia a punto del estallido. Como, por ejemplo, reforzar la malsana dependencia político-partidista del Poder Judicial y de los altos organismos del Estado, empezando por el Tribunal Constitucional, o seguir consolidando de forma más o menos soterrada pero cierta la peligrosa España ‘asimétrica’, que bien puede terminar siendo la España ‘rota’.

Pero Rajoy ha mentido y miente (todo apunta a que lo seguirá haciendo) no solo como jefe de la oposición política y jefe del gobierno, sino también como jefe del PP. Porque lo de negar a ultranza la financiación ilegal de su partido o el reparto de sobres de dinero negro entre su cúpula directiva, de clarísima evidencia pública, es el colmo del cinismo y la desfachatez política. Y miente también cuando niega por activa o por pasiva la corrupción y el comportamiento delictivo de cientos de cargos públicos del PP relevantes ya condenados, y otros muchos más imputados en cientos de causas judiciales, asentados en esas prácticas desde hace tiempo…

Una situación que no deja de ser cierta por mucho que se quiera negar, y cuya reiteración es necesaria para combatir la abrumadora avalancha de propaganda gubernamental. Y una realidad que hoy por hoy identifica de forma bien precisa a Mariano Rajoy ante los electores, que en los sondeos demoscópicos le vienen asignando la peor valoración jamás alcanzada en el nuevo régimen democrático por ningún presidente del Ejecutivo (incluido ZP).