NÚMERO 94. La política del Gobierno entre la confusión, las medias verdades y la mentira

Un cotizado tertuliano cubano de la telebasura española, vividor donde los haya y con un desajustado horario vital, hizo famoso el latiguillo de “la noche me confunde” para justificar su alocada existencia. El chascarrillo tuvo cierta acogida popular, llevando a que algunos usaran adaptaciones del mismo ante circunstancias personales socialmente reprobables y difíciles de explicar o entender.

Y a tenor de cómo se ha desenvuelto la vida pública desde el nacimiento de aquella expresión, también cabría decir que a los políticos españoles de hoy en día ‘el poder les confunde’. Aunque en realidad tengamos dudas sobre si lo que sucede es que, sin llegar ellos mismos a estar verdaderamente tan confundidos, sólo traten de confundir a los demás.

Si nos centramos en la definición esencial de ‘confusión’ en el Diccionario de la RAE, sin profundizar en las interpretaciones más propias del campo de la psicología o el derecho, e incluso en el de la economía y la estadística, el término, que proviene del latín confusio –onis, responde a la acción y efecto de confundir. Es decir, de mezclar o fundir cosas diversas, de manera que no puedan reconocerse o distinguirse y, por extensión, de despistar o de perturbar la realidad…

Así, frente a los antónimos de confusión (orden, acierto, serenidad…), existe una gran profusión de sinónimos del mismo concepto (desorden, enredo, lío, follón, embrollo, barullo, revoltijo, batiburrillo…) radicalmente presentes en la política cotidiana del momento. En su percepción pública faltan, desde luego, claridad, orden y concierto, debido a la mezcla de cosas y conceptos difíciles de distinguir entre sí, llevando por tanto a los ciudadanos al error de tomar unas cosas por otras y, en última instancia, a una situación de incertidumbre que condiciona su autoestima y frustra sus proyectos de vida.

Un fenómeno que sorprende profundamente habida cuenta de que vivimos en un sistema democrático y muy evolucionado en lo social y cultural, en relación con las oscuras épocas del pasado en las que España se encontraba dominada por el caciquismo y las oligarquías sociales y económicas.

Aunque tal ejercicio de desorden interesado ya fuera advertido de forma bien ilustrativa por Josseph Penso de la Vega (1650-1692) en su ‘Confusión de confusiones’, obra editada por primera vez en 1688 en la ciudad de Amsterdam y considerada el primer tratado del mundo sobre la Bolsa de Valores a pesar de estar escrita en tono de sátira. El autor, reconocido escritor y comerciante judeo-español, la presentó editorialmente como “diálogos curiosos entre un philosopho agudo, un mercader discreto, y un accionista erudito, describiendo el negocio de las acciones, su origen, su ethimologia, su realidad, su juego, y su enredo”.

A través de sus irónicos diálogos, describió las operaciones más corrientes en el mundo de los negocios, la bolsa y la banca de la época, incidiendo justo en la confusión formal y conceptual que presidía los tratos con valores y acciones, las comparaciones raras, las complicaciones y los juegos de palabras que, lógicamente, dejarían perplejos a los no iniciados. Y aún hoy son tan vigentes que cuando la FESE (Federación Europea de Mercados de Valores) instituyó en el año 2000 un reconocimiento para los trabajos de investigación sobre mercados financieros, lo denominó justamente ‘Premio Josseph de la Vega’.

Aunque, retrotraídos a nuestra época y muy próximo a la vida cotidiana, también tenemos el ejemplo del mundialmente conocido ‘jamón ibérico’, que a fuerza de maquinadas confusiones sobre sus calidades soporta una auténtica estafa alimentaria. Los consumidores tienen difícil poder distinguir entre las cuatro fórmulas de calidad: cebo, cebo de campo, recebo y de bellota (eso sin contemplar sus múltiples denominaciones de origen y marcas comerciales engañosas y al margen de los jamones de cerdo blanco, también llamados ‘serranos’). En definitiva, un embrollo para confundir al consumidor y dejarle a merced de la especulación comercial…

LA CORONA Y LAS FAS INMERSAS EN LA CONFUSIÓN

En el ejercicio de la acción política, las prácticas de la confusión se iniciaron de forma inmediata a la proclamación de la Carta Magna en 1978. Entonces, su desarrollo normativo fue generando leyes que malinterpretaban el texto y el espíritu constitucional en base a técnicas de enredo y retorcimiento, que han terminado distanciando sensiblemente la realidad legal y política resultante en relación con la idea original que la ciudadanía había asumido sobre la Norma Suprema del ordenamiento jurídico.

Por poner algún ejemplo, es evidente que valores superiores recogidos en la Constitución, como la justicia y la igualdad, o incluso el pluralismo político y la separación de los poderes del Estado, quedan francamente desdibujados en su aplicación práctica. Pero es que la propia adopción del Estado de las Autonomías (que es un Estado Federal aunque no se le quisiera llamar así), reconvirtiendo para ello un Estado unitario previo, ya fue cosa confusa más que curiosa, al igual que denominarlo ‘Reino de España’ en lugar de ‘Reino de las Autonomías’ y, por supuesto, el formularlo políticamente en paralelo como una ‘Monarquía parlamentaria’.

Con este confusionismo original, poco ha de extrañar que la Jefatura del Estado, recaída constitucionalmente en la figura del Rey, sea como tal la más vaciada del mundo, sin competencias políticas fundamentales, y casi una simple institución ‘ornamental’. Y que, con objeto de enmascarar tan extraña situación, los constituyentes incluyeran entre ellas, también de forma poco clara, la de que ostentase el ‘mando supremo’ de las Fuerzas Armadas, que según conviene en cada momento queda en mero ‘símbolo’ protocolario (¿para qué?) o en ‘mando efectivo’, como sucedió durante la intentona golpista del 23-F.

Pero ni la Casa del Rey ni los poderes del Estado han mostrado jamás el menor interés por aclarar este confuso embrollo; hasta el punto de que desde 1978 el desarrollo legal del Título II de la Constitución (dedicado a la Corona) sigue inédito. Una situación de inconcebible desorden que, cuando el deterioro público de la institución monárquica lo ha hecho conveniente, también permite, por ejemplo, que la Familia Real haya pasado sin mayores razones a disociarse en ‘la familia del Rey’ por un lado y, por otro, en el llamado ‘núcleo central’ de esa misma familia…

Y estas prácticas de enredos interesados, que en democracia podríamos tildar de pura manipulación y hasta de oscurantismo político, han llegado a aplicarse sobre conceptos tan serios y trascendentes como los de ‘guerra’ y ‘paz’. La guerra, que es un hecho real, poco confuso y demasiado presente en el mundo, citado de forma obligada en la propia Constitución, ha llegado a desaparecer como por ensalmo nada más y nada menos que de la Ley de la Defensa Nacional (LO 5/2005), de forma que las operaciones de guerra ahora han pasado a denominarse para el “mantenimiento de la paz, la estabilidad y la ayuda humanitaria”, que, como es natural, pueden conllevar algún tipo de “respuesta a la agresión”.

Lo que sucede es que, bajo ese absurdo supuesto de terminología nueva y confusa, los militares españoles han muerto por centenares, no en misiones de paz ni en otras cantinelas políticas, sino en las guerras crudas y duras de Irak, Afganistán, Líbano… Sabiendo que iban a ellas en un cumplimiento fiel de servicio a España, y no a otra extraña cosa desmerecedora de tan noble entrega.

En la Defensa Nacional ya no existe el término clásico de ‘dirección de la guerra’ atribuida al Presidente del Gobierno, sino una confundida “dirección estratégica de las operaciones militares en caso de uso de la fuerza” (artículo 6.1 de la LO 5/2005). Aunque, claro está, en su acepción original el término ‘estrategia’ se refiera al arte de concebir, preparar y dirigir acciones militares en gran escala (por analogía se entiende también como el arte de coordinar las acciones y de maniobrar para alcanzar un objetivo).

Este significado original de ‘estrategia’ ordenado esencialmente a la realidad de la guerra, se identifica de forma extensiva, y por lo general aceptada, al arte de coordinar la acción de las fuerzas militares, políticas, diplomáticas, económicas y psicológicas, implicadas en la conducción de un conflicto bélico o en la programación de la defensa de una nación, de una coalición o de un bloque de naciones. Pero ello no impide distinguir que en la adopción y puesta en práctica de una estrategia de tal naturaleza y magnitud, intervienen de forma conjunta el poder político y el mando militar, con responsabilidades estratégicas subordinadas y situadas, como es lógico, en diferentes planos.

Por encima de la estrategia militar (el arte del empleo de las batallas con la finalidad de alcanzar el “objetivo de la guerra”, en el sentido sobrepasado que le otorgaba Clausewitz), el objetivo político perseguido por un Estado o por varios aliados mediante la guerra, se traduce en una estrategia para la reducción, material y moral, del adversario. Lo que quiere decir, en otras palabras, que las campañas y las batallas concretas deben ser ordenadas y dirigidas a través de la estrategia militar de acuerdo con una idea política elaborada e implementada por una ‘dirección de la guerra’ para alcanzar, precisamente, unos ‘objetivos de guerra’.

Porque una cosa es concebir y dirigir las operaciones militares (estrategia militar o estrategia operativa), y otra muy distinta la dirección de la guerra (la gran estrategia), que incorpora otros muchos factores no militares. En consecuencia, al Presidente del Gobierno le debe corresponder la función superior de la dirección o conducción general de la guerra, con todos los planteamientos estratégicos inherentes, mientras que la responsabilidad de elaborar y conducir la estrategia militar, o la estrategia específica de las operaciones militares, tendrá que recaer sin mayor distorsión ni invasiones competenciales, en el JEMAD (Jefe del Estado Mayor de la Defensa), como se recoge en el artículo 12.3 de la LO 5/2005.

Es más, hoy el campo de la acción estratégica ya no se circunscribe a la guerra, o sólo a ella. En tiempo de paz, las naciones también disponen de planes estratégicos, en consonancia con la política de defensa y la política militar que hayan fijado sus gobiernos.

En España, el Plan Estratégico Conjunto (PEC), así denominado por afectar a todas las Fuerzas Armadas y recursos militares, es elaborado y puesto a disposición del Gobierno por el alto mando militar, que luego, y una vez autorizado, tiene la responsabilidad de ponerlo en práctica. En ese mismo nivel, es en el que los objetivos políticos decididos por el poder ejecutivo se transforman también en objetivos estratégicos, posteriormente trasladados a los mandos operacionales por medio de una directiva estratégica emitida por el JEMAD. Así se comprende mejor la relación convencional entre la política y la estrategia militar, sin más confusiones ni enredos semánticos o terminológicos.

Pero, más allá de sus indiscutibles responsabilidades políticas, y contándose por supuesto entre ellas la de dirigir o conducir la guerra, ¿es que acaso el Presidente del Gobierno va a dirigir también la estrategia militar, en sentido estricto, sin tener los conocimientos y los recursos necesarios para ello…? Esa invasión de competencias técnicas o profesionales no se da en ninguna otra faceta de la gobernación del Estado y, salvando la distancia de la analogía, equivaldría a que, por ejemplo, la estrategia quirúrgica sobre un paciente determinado fuera decidida por el director del centro asistencial en el que se le opera, o por el propio Ministro de Sanidad, en lugar de ser una responsabilidad del cirujano o, a lo sumo, del jefe de su departamento hospitalario.

No se olvide, pues, que una cosa es la ‘guerra’ en su conjunto y otra las ‘operaciones militares’, que como elementos esenciales de ella conforman un nivel técnico de actuación estrictamente profesional. Aunque también debe advertirse que las ‘operaciones militares’ existen como tales sin necesidad de adscribirlas al uso de la fuerza, desde el momento que las unidades asumen cualquier tipo de misión, incluidas las logísticas, las de observación e interposición y las que realmente sean de mantenimiento de la paz y ayuda humanitaria.

CUANDO LA CONFUSIÓN ENCUBRE LA MANIPULACIÓN

Y estas precisiones, cuyo objeto es evidenciar cómo la confusión política ha llegado a invadir incluso instituciones tan señeras y tradicionales como la monárquica y la militar, alcanzan todo su significado cuando se relacionan con los usos y necesidades de la vida cotidiana, dejando entonces en mayor evidencia la acción manipuladora de los gobiernos. Una cuestión que hoy tiene su mejor referencia en el sector de la energía eléctrica.

En él, los consumidores jamás han llegado a comprender con suficiente claridad el sistema de contratación; el precio de la energía consumida; la afección del llamado ‘déficit tarifario’ y sus razones; el concepto de ‘peaje’ y, en realidad, todo lo referido al recibo de la luz y a su facturación. Algo muy similar a lo que sucede con el gas, la telefonía o los transportes públicos. Y no digamos con el consumo de la gasolina o del agua, cuyos precios suben en razón de una mayor demanda para no bajar cuando ésta se reduce o aumenta la oferta.

Y, siguiendo en esta madeja de enredos políticos, ¿alguien ha explicado con un mínimo de claridad la justificación del modelo policial ‘asimétrico’, gracias al cual en un mismo lugar coexisten la Guardia Civil, la Policía Nacional, la Policía Autonómica y la Policía Municipal, apoyadas además con el sistema de Protección Civil y la Unidad Militar de Emergencias…? Porque ésta es otra situación más de grave confusión formal y conceptual que traspasa las comunidades llamadas ‘históricas’ de Cataluña, Navarra y el País Vasco, para, de momento, situarse ya en Aragón y Canarias, sin considerar el papel parapolicial asignado a los ‘seguratas’ de todo el territorio nacional en la nueva Ley de Seguridad Privada que promueve el gobierno de Rajoy…

Pero, ¿qué decir también del tan traído y llevado Concordato con la Santa Sede y de las filias y fobias religiosas que perviven en un Estado que se ha declarado aconfesional y que en su Carta Magna tiene establecidas con toda claridad la libertad religiosa y de culto…? ¿Y cómo entender entonces las injerencias de la Iglesia Católica en la política nacional (ahí está, sin ir más lejos, la polémica generada por la asignatura de religión en el sistema educativo público), aun teniendo presente su prevalencia en la tradición histórica…?

De otra parte, ¿es que la confusión que produce en la ciudadanía el referirse de forma optativa a la población activa, la ocupada o la parada, cuando entre sí conforman una realidad inseparable, no constituye un intento de manipulación al presentarse sólo la parte más conveniente en cada momento…? ¿Y es que acaso el sistema de medición del IPC no se modifica puntualmente sólo con la intención de maquillar su evolución…?

¿En qué queda el principio constitucional de igualdad ante la justicia con una ley sobre reglas para el ejercicio de la Gracia de indulto vigente desde 1870 (modificada de forma somera en 1988), una Fiscalía General del Estado directamente dependiente del Ejecutivo, un órgano de gobierno del poder judicial asaltado por las cuotas partidistas y una ley de tasas a todas luces reputada de inconstitucional…?

Y, si el castellano es la lengua española oficial del Estado, estableciendo la Constitución que todos los españoles tienen el deber de conocerla y el derecho a usarla, ¿a qué vienen, sino a confundir la realidad, la pasividad judicial y gubernamental frente al desacato que por parte de la Generalitat supone incumplir las sentencias firmes del Tribunal Supremo que prohíben la inmersión lingüística con el catalán como única lengua vehicular…?

¿A efectos de qué extraña confusión se viene a perseguir sañudamente los cigarros electrónicos, después de haber aceptado el Gobierno hacer un agujero a la Ley Antitabaco de 2011 sólo para satisfacer las exigencias del fallido proyecto ‘Eurovegas’…?

Podríamos seguir poniendo innumerables ejemplos de cómo los desarrollos legislativos han sido una perfecta muestra de confusión política, vinculada casi siempre a intereses ilegítimos o bastardos. Desde la manipulación del principio constitucional de proporcionalidad en la resolución de los procesos electorales, para convertirlo en otro ‘aproporcional’ sin más objeto que el de primar a los partidos mayoritarios a costa de los minoritarios, hasta poner en marcha reformas socialmente regresivas -como la del aborto- sin más razón que la de haberlas incluido en un programa electoral prácticamente incumplido al 99 por 100.

Pero para señalar con sutileza la maldad que supone el ejercicio de la confusión también en el ámbito de la política, baste reproducir las palabras con las que Josseph de la Vega iniciaba sus diálogos en ‘Confusión de confusiones’ (sic):

Filósofo: ¿Y qué negocio es éste que, aunque he oído hablar muchas veces de él, ni lo entiendo, ni me he aplicado a entenderlo, ni he hallado ningún libro que hable en él para que se entienda?

Accionista: Bien digo yo que no sabéis nada, oh Barbón [barbudo] amigo, pues no tenéis conocimiento de un negocio enigmático, que es el más real y el más falso que tiene la Europa, el más noble y el más infame que conoce el mundo, el más fino y el más grosero que ejercita el orbe: mapa de ciencias y epítome de enredos; piedra de toque de los atentos y piedra de túmulo de los atrevidos; tesoro de utilidades e incentivo de despeños; y, finalmente, un retrato de Sísifo que jamás descansa, y un símbolo de Ixión que siempre anda en un rueda viva.

Filósofo: ¿No os merecerá mi curiosidad un breve epílogo de este embuste, y una compendiosa declaración de este enigma?

Mercader: También yo os lo suplico, porque andan tan cansadas las comisiones, las cargazones y los giros, que quisiera aplicarme a este nuevo empleo, por ver si puedo aquistar una fotruna y salir, a costa de riesgo, de tantos afanes.

Accionista: Lo mejor y más gracioso de todo es que, sin riesgo, podéis ser rico, y sin exponer el caudal a tempestades, correspondientes [correspondencia], desembolsos, almacenes, portes, cajeros, quiebras y otros accidentes impensados, estáis a pique de alcanzar la opulencia, mudando sólo el nombre en los desaciertos: conque si los hebreos, en padeciendo enfermedades peligrosas, mudan el nombre para conseguir la mejoría, basta al accionista que reconoce que está mal, mudar el nombre para librarse de todos los peligros que lo amenazan, y de todos los sustos que los inquietan…

Y es que las confusiones, entendidas con la ironía de Josseph de la Vega, no dejan de ser verdades a medias o medias verdades, que, al igual que sucede con las verdades fuera de contexto, pueden tener efectos más poderosos que las mentiras, ya que pueden convencer más fácilmente al receptor del mensaje gracias a la pequeña parte de verdad aportada.

Como ha señalado David Welch, profesor de Historia Moderna y director del Centro para el Estudio de la Propaganda de la Universidad de Kent, Canterbury (UK), los nazis, y en especial el que fue ministro de propaganda de la Alemania nacionalsocialista y figura clave en el régimen hitleriano, Paul Joseph Goebbels, emplearon decisivamente en sus campañas políticas tanto la mentira directa como la media verdad y la verdad fuera de contexto (‘Nazi Propaganda: The Power and the Limitations’, Croom Helm Limited, 1983).

Pero algunas formas de verdades a medias, o declaraciones engañosas que incluyen algún elemento de verdad, también son una parte inseparable de la política en las democracias representativas. Todos sabemos que en un sistema verdaderamente democrático la reputación de un candidato político puede sufrir daños irreparables si se le imputa una mentira (en España parece que menos), por lo que el lenguaje político ha evolucionado hacia un estilo complejo con objeto de minimizar la posibilidad de que esto ocurra.

Si alguien no ha dicho algo, no puede ser acusado de la mentira nonata y, como consecuencia, en política los ciudadanos sólo esperan verdades a medias o medias verdades, con declaraciones que rara vez son aceptadas como ciertas en su totalidad. Pero claro está que también hay gobiernos democráticos o que parecen serlo, como el presidido por Mariano Rajoy, firmemente asentados en el terreno más ominoso de la política mentirosa.

EL GOBIERNO DE LA POLÍTICA MENTIROSA

En varias Newsletters anteriores hemos reflexionado sobre la conveniencia de conocer la realidad objetiva a efectos del buen gobierno. Y en todas ellas hemos sostenido que, en esencia, la razón depende de la verdad y que sólo cuando el gobernante o el opositor político reconocen y asumen las cosas como son en sí, alcanzan esa verdad, lo que les permitirá actuar con razón y no contra ella; mientras que de otra forma caen en el error y, por tanto, en la acción política inútil, cuando no perniciosa.

Este es un razonamiento muy sencillo, aunque puede parecer difícil de sustanciar porque conocer y asumir la realidad objetiva no es tarea fácil. No en vano, muchos filósofos ilustres han convenido en sostener de distintas formas que en relación con un mismo objeto o sujeto pueden existir tantas realidades como puntos de vista, e incluso no existir ninguna. Nietzsche, por ejemplo, afirmaba que detrás de la realidad en la que existimos, hay otra distinta, o completamente distinta, y que, por consiguiente, la primera no es sino una ‘apariencia’.

No obstante, la política se sitúa básicamente en el plano de la praxis y no en el de la especulación teórica, por lo que el necesario acceso a esa realidad objetiva ha de ser igual de práctico, y no filosófico. Y es en ese ejercicio donde el gobernante debe mostrar la verdad a los gobernados, es decir, la realidad natural, y ante ella, esgrimir el poder y la precisión de sus pensamientos para convertirlos en acción política.

Sólo cuando conocemos las cosas como son en sí, alcanzamos la verdad. De otra suerte se cae en el error y, por tanto, en el mal gobierno. El gobierno de la razón, que es el gobierno justo, se asienta en el conocimiento de la verdad objetiva, porque la razón, en esencia, depende de la verdad…

El analista avezado podrá, entonces, ponderar hasta qué punto el ejercicio de la confusión y las medias verdades inspiran a la España de la política mentirosa y en particular al gobierno de Rajoy. Porque lo incuestionable es que, con pocas excepciones, las instituciones que representan al Estado se mueven generalmente en un ejercicio permanente de la mentira, más o menos sutil y por tanto visible a retazos.

Mariano Rajoy no tiene -ni mucho menos- el copyright ni la exclusiva de la mentira política, pero la practica plenamente y la lleva a niveles grotescos, como hemos dicho en otras ocasiones. No hablamos de sus interpretaciones sesgadas de la realidad, ni de sus versiones interesadas de los hechos más evidentes, y ni siquiera de los silencios mentirosos que quizás tengan por objeto procurar un bien antes que un mal, que también, sino que hablamos directamente de la pura y dura mentira: la expresión o la manifestación contraria a lo que se sabe, se cree o se piensa.

Rajoy y su Gobierno en pleno, mienten plenamente, con la mentira falsaria que engendra otras innumerables mentiras y con la mentira diabólica que hizo proclamar al romántico Lord Byron: “La mentira es precisamente la forma del demonio. Satanás tiene dos nombres: se llama Satanás y se llama Mentira”. Pertenecen a la clase de mentirosos universales que, con sus embustes, siempre han dado lugar a todos los delitos que se comenten en el mundo: son la clase de políticos que, como decía Palmerston de Napoleón III, “mienten hasta cuando no dicen nada”…

Mienten cuando reinterpretan las demoledoras cifras del paro oficial, que sigue en alza sistémica descontando incluso los trabajadores que se han visto obligados a emigrar o a auto excluirse del mercado laboral. Mienten al alardear de un mínimo aumento de cotizantes a la Seguridad Social, sin explicar que se trata de trabajos temporales y sin reconocer la precariedad y hasta la inviabilidad general del sistema de prestaciones sociales. Mienten cuando afirman que las pensiones suben o mantienen su poder adquisitivo. Mienten cuando reestructuran la medición del IPC para exhibir una falsa contención del mismo…

Mienten cuando aseguran que el rescate del sistema bancario no computa como deuda pública y que no supone gasto alguno para los contribuyentes. Mienten cuando afirman que vuelve a fluir el crédito bancario, que sólo alcanza en realidad a financiar a los amigos del poder y a refinanciar las emisiones de la deuda del Estado con beneficios muy fáciles y jugosos para sus accionistas a costa de los contribuyentes. Mienten cuando presentan como un logro político que la prima de riesgo de la deuda pública se sitúe por debajo de los 250 puntos, porque aún sigue siendo un parámetro insostenible que la lleva de forma galopante a superar el 100% del PIB…

Mienten cuando dicen que su política económica favorece el crecimiento de las exportaciones y el equilibrio de la balanza comercial, porque eso sólo es posible gracias a la renuncia obligada de cualquier beneficio empresarial y a causas exógenas y de coyuntura o evolución de otros mercados exteriores; o cuando aseguran una mejora en la competitividad del sistema productivo español a nivel mundial (no a la simple cotización del euro). Mienten cuando niegan la existencia de una economía sumergida muy superior al 25% del PIB, y en consecuencia dejan que siga creciendo hasta niveles de imposible reconducción. Mienten cuando en cada nuevo ejercicio de previsión vuelven a posponer otra vez la recuperación económica asegurada previamente…

Mienten cuando venden a la opinión pública un programa de reformas profundas de la Administración, en realidad inexistente. Mienten cuando aseguran que no aprobaran más reformas antisociales. Mienten cuando enmascaran el negocio interesado de las privatizaciones de la gestión pública con una falsa mejora del sistema y con una bajada de los costos de explotación. Mienten cuando anuncian un mayor flujo de capital extranjero como un aumento de las inversiones, porque en esencia no son tales, sino adquisiciones especulativas en un mercado inmobiliario en rebajas que ha sido previamente arruinado para ello…

Mienten cuando quieren convencer a la ciudadanía de que sus apoyos a las grandes empresas constructoras y de servicios que operan en el exterior, por ejemplo, tienen incidencia en la creación de empleo nacional, porque no la tiene y porque solo sirve para hacer más ricos a sus accionistas y más pobres a los que esas mismas empresas han dejado sin trabajo en España. Mienten cuando dicen apoyar a las pequeñas empresas, a los trabajadores autónomos o a los jóvenes emprendedores para que puedan coadyuvar así a la creación de empleo, porque su ayuda es absolutamente nimia. Mienten gravemente cuando aseguran velar por una administración de justicia independiente, gratuita e igual para todos los ciudadanos, conforme a los principios de la Constitución. Mienten cuando sostienen sin sonrojo alguno la independencia de la Fiscalía General del Estado, del Defensor del Pueblo, del Tribunal de Cuentas, del Tribunal Constitucional...

Mienten cuando propugnan una España solidaria al tiempo que fomentan la España asimétrica y separatista, de los ciudadanos desiguales. Mienten al proclamarse demócratas absolutos mientras conservan el privilegio electoral de los partidos mayoritarios frente al justo derecho de las minorías. Mienten al ocultar la inconstitucionalidad de la vigente Ley 9/1968, de 5 de abril, de Secretos Oficiales, franquista, que ampara la sistemática conculcación de derechos fundamentales. Mienten cuando celebran la victoria política del Estado de Derecho sobre ETA, porque ha sucedido justamente todo lo contrario. Mienten cuando dicen solidarizarse con las víctimas del terrorismo etarra, porque las ofenden siempre que hay ocasión. Mienten cuando aseguran tener la obligación de cumplir las sentencias del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (que debería ser así), porque jamás han cumplido las que no les ha convenido cumplir… Mienten, mienten y mienten, agarrados a uno de los más innobles refranes de la España rufianesca: “Mentira bien inventada, vale mucho y cuesta nada”.

Y mienten, por supuesto, cuando hablan de brotes verdes inexistentes en la resolución de la crisis económica y de puntos de inflexión, que a lo sumo son estadios iniciales de estancamiento combinados con deflación o inflación (que no se sabe que puede ser peor); o cuando aseguran que 2014 será el “año de la recuperación económica” (quizás de los ricos), porque la pobreza seguirá creciendo al igual que el poder adquisitivo de las pensiones seguirá decreciendo. Mienten cuando prometen una inminente rebaja de impuestos, porque la presión fiscal general, incluyendo el grosero aumento de las tasas públicas, seguirá siendo el mismo o superior. Y vuelven a mentir, en fin, cuando van más allá de afirmar que las cosas ya no irán a peor y pregonan que “España va bien”, porque va a seguir yendo francamente mal. Todo ello alentado, de forma activa o pasiva, por unos medios de comunicación social subordinados en su supervivencia a los favores del Gobierno y sus aliados: la banca y los grandes grupos económicos…

Pero aun así, y después de tanta mentira gubernamental consentida y hasta aplaudida por algunos medios de comunicación, Ricardo Martínez Rico, un hombre muy próximo al ínclito ministro Montoro, no ha dudado en apoyar la cándida versión gubernamental sobre la buena marcha económica con un extenso y triunfal artículo, de corte imperial, titulado ‘Tras pasar el Rubicón, volvemos a crecer’ (El Mundo 27/12/2013). La afinidad gubernamental del autor queda de manifiesto en ¿Hay Derecho?, blog dirigido por Elisa de la Nuez (leer http://hayderecho.com/2012/09/16/el-negocio-del-conflicto-de-intereses-en-espana/)

En el artículo, escrito con un lenguaje condicional y plagado de expresiones ambiguas y datos cogidos por los pelos para tratar de encubrir la verdadera situación en la que continúa sumergida la economía, se incluyen párrafos tan banales y contradictorios como estos:

(…) España ha dejado de ser foco de las preocupaciones mundiales gracias a que ya existe un relato de éxito de salida de la recesión, cuyo elemento central es la relación causa-efecto entre las reformas llevadas a cabo y los positivos resultados que se van acumulando. Estas bases sólidas hacen que nadie apueste ahora por un escenario de evolución de nuestra economía en forma de triple uve.

De hecho, los datos macroeconómicos hablan por sí solos. La evolución trimestral del PIB indica que estamos de nuevo en tasas de crecimiento positivas, 0,1% en el tercer trimestre y en torno al 0,2% durante este último trimestre del año. Ello sucede en un contexto de estabilidad de precios. Se confirma también el superávit de la balanza por cuenta corriente, que ha pasado de un déficit del 10% del PIB en 2008 a un superávit cercano al 0,3% del PIB hasta septiembre.

(…) Si entre 2011 y 2012 salió de España inversión extranjera directa y de capital por más de 80.000 millones de euros, durante los primeros nueve meses del año se registró una llegada neta superior a 20.000 millones. Ahora, para reducir su endeudamiento, las empresas españolas no sólo son ya capaces de vender activos fuera, sino también dentro. Al mismo tiempo, el cambio del rating de la deuda, por lo pronto de negativo a neutral, tendrá efectos positivos adicionales en la inversión extranjera.

(…) También numerosos indicadores microeconómicos apuntan en esta misma dirección. Son de particular interés aquellos asociados al consumo que dejan entrever que algunas mejoras están llegando ya a parte de la sociedad. Así, tras 38 meses de descensos interanuales consecutivos, en septiembre aumentaron las ventas del comercio al por menor un 2,2% en términos interanuales. Lo hicieron asimismo las ventas de coches, que han crecido en los 11 primeros meses del año el 2,1%, tras tres años de descensos. Por otro lado, en el mercado de la vivienda comienzan a estabilizarse los precios en algunos segmentos y existe un cierto repunte de la demanda inmobiliaria en algunas ciudades y parte de la costa. Por último, en la evolución cualitativa, se advierte la recuperación de la confianza en el repunte de los indicadores del consumidor.

(…) La ganancia de credibilidad en la política económica deriva del éxito en la consolidación, y la confianza de los agentes económicos en el futuro estimulan fundamentalmente el ahorro, la inversión, la atracción de capital y unos tipos de interés más reducidos. Las distintas fases del plan de pago a proveedores han jugado un papel muy relevante. Primero, por el efecto que tiene el abono de facturas pendientes de pago por más de 41.800 millones de euros -de los cuales 13.500 millones en la tercera y última fase que se ha puesto recientemente en marcha-, y la mejora de los flujos financieros de CCAA y corporaciones locales. En segundo lugar, por la credibilidad que ha generado el no haber dejado caer a ninguna de las CCAA y garantizar a todas el acceso a la financiación, al mismo tiempo que se imponía un marco de estricto control de las cuentas y una fuerte condicionalidad.

(…) En 2014 esperamos que España alcance una tasa de crecimiento del PIB cercana al 1%, que podría situarse por encima de la unidad a finales de año, gracias a que no sólo el sector exterior será el que empuje, sino que a ello sumarán, o por lo menos no restarán como hasta ahora, el consumo y la inversión. Este crecimiento, mayor que el previsto por los principales organismos internacionales, estará muy relacionado con la capacidad de creación de empleo, que podrá producirse incluso con tasas muy bajas de crecimiento, aunque suficientes para que se retroalimenten positivamente con las de empleo.

(…) Cuanto más robusta sea la situación de la economía doméstica y más potente sea su base industrial, mayor será la competitividad internacional de las compañías españolas. Mientras tanto, el capital mundial vuelve a fijarse en la seguridad de la vieja Europa. España tiene que ser capaz de atraer esos capitales, como ha empezado ya a hacer. En todo ello, a diferencia de cuando Julio César cruzó el Rubicón, y aunque la situación de la economía española haya cambiado mucho en los últimos meses, la suerte no está todavía echada…

Un nuevo ejercicio de confusión, en el que las medias verdades sirven a la propaganda del Gobierno en el mejor estilo goebbeliano. Y que contradice de cabo a rabo lo previsto y manifestado públicamente el pasado 5 de noviembre por Olli Rehn, actual comisario europeo de Asuntos Económicos y Monetarios, poniendo el dedo en la llaga de la política mentirosa, además de inoperante, del Gobierno de Rajoy. Un aviso en toda regla que Claudi López, corresponsal de El País en Bruselas, desmenuzaba en una reveladora crónica de esa misma fecha titulada ‘Rehn: España necesita reformas con urgencia (Bruselas rebaja la previsión de crecimiento para 2014 al 0,5%)’ ya recogida en otra Newsletter:

Después de tres años en los que se han sucedido dos reformas financieras, una reforma de pensiones, dos reformas laborales y en medio de una dolorosa devaluación interna para purgar la década de excesos anteriores, “España e Italia son los dos países donde más urgentes son las reformas económicas”. Bruselas quiere seguir con los ajustes: el vicepresidente económico de la Comisión Europea, Olli Rehn, ha presentado este martes las previsiones de otoño con ese mensaje político, mucho menos complaciente de lo que esperaba el Gobierno, y con una nueva ronda de datos que vienen a enfriar el optimismo de Madrid.

El PIB caerá el 1,3% este año, algo mejor de lo que vaticinaba Bruselas hasta ahora, pero lo esencial es que la recuperación será aún más pálida de lo que parecía: la economía crecerá apenas un 0,5% en 2014.

Y lo más importante: la tasa de paro no bajará del 25% al menos hasta 2016.

Queda todavía un largo ajuste por delante. Recortes y reformas adicionales que funcionan, al menos a corto plazo, como una camisa de fuerza para la tan ansiada recuperación, que se adivina vidriosa, de trazo vacilante. Pese a que Rehn ha rehusado concretar si pedirá más ajustes en los países que han obtenido plazos más holgados para cumplir el déficit (España, pero también Francia y Holanda), en el caso español sí indicó por dónde van los tiros: “El intolerable y altísimo nivel del paro exige medidas muy contundentes, especialmente con los jóvenes”.

“Lo que se necesita es una combinación de un crecimiento más alto a medio plazo, que en el caso de España requiere reformas económicas de largo alcance para apoyar la evolución hacia un nuevo modelo más sostenible tras la burbuja inmobiliaria, y un mercado de trabajo que funcione bien”, ha afirmado. A juzgar por esas opiniones, la reforma laboral socialista y la aprobada por el Gobierno de Mariano Rajoy no parecen suficientes, pese a los primeros indicios de estabilización del mercado laboral. “El paro ha sido menor del que hubiera existido sin las reformas”, ha dicho Rehn, “pero es importante que España mantenga el pulso de las reformas”.

El Gobierno está pendiente de la evaluación de la OCDE (el think tank de los países ricos) sobre la reforma laboral para acometer lo que fuentes del Ejecutivo califican como un “ajuste fino” del que aún se sabe poco. Pero las previsiones para España señalan una tendencia muy marcada: el empleo volverá a caer, por quinto año consecutivo, hasta el 0,7% en 2014; esa cifra prácticamente tumba los augurios del Gobierno, que esperaba creación neta de puestos de trabajo en los trimestres finales del año próximo. Además, los costes laborales caerán este año, el próximo y el siguiente: la devaluación interna sigue su curso, en busca de la competitividad perdida. “La flexibilidad salarial es excelente para la competitividad exterior, pero supone un freno a la demanda interna. Con la tendencia actual se hace difícil pensar que la economía española pueda dejar atrás tasas de paro socialmente insoportables al menos durante una década”, apuntan fuentes comunitarias.

Las condiciones financieras de la economía española han mejorado, pero el crédito sigue cayendo. El estado de salud de la banca, inmersa en un proceso de desendeudamiento y recapitalización, es algo más positivo, pero eso no va a revertir la tendencia del crédito en el corto plazo. Hay indicios más favorables: la demanda interna “se estabiliza lentamente”, según Bruselas; las exportaciones se mantienen fuertes; la inversión extranjera ha dado alguna sonora campanada y, en general, el clima económico mejora a ojos vista. Y aun así Bruselas muestra una cautela notable.

Esa prudencia obedece a dos razones fundamentales. Uno: pese a la moderación salarial y a la mejora de productividad, el paro va a seguir siendo elevado durante mucho tiempo, con los consiguientes efectos secundarios a lo largo y ancho de la economía. “El desempleo caerá gradualmente en el horizonte de estas previsiones”, dice el informe: tan gradualmente que para 2015 la tasa de paro será del 25,3%. El otro factor de preocupación es el déficit: la austeridad va a continuar, aunque sea a ritmos más moderados, pero para alcanzar los objetivos no va a ser posible olvidarse de la tijera. Bruselas prevé un déficit del 6,8% del PIB este año y del 5,9% en 2014, pero sin medidas adicionales el agujero volvería a ampliarse al 6,6% en 2015.

En otras palabras: harán falta medidas adicionales para el déficit, como harán falta más reformas para remozar la economía, según la tesis de Bruselas. Hay signos de esperanza aquí y allá; la austeridad se ha suavizado, y España va por el buen camino. Pero el mensaje político de Bruselas es inmutable: en Madrid, como en el resto de capitales europeas, “se necesitan esfuerzos políticos extra para acompañar las diversas dimensiones del ajuste”, resume Marco Buti, ‘número dos’ de Rehn.

Pero claro está que la contumacia propagandista del Gobierno, además de ser desbordada por la realidad, seguirá teniendo contestación desde los medios informados independientes. De hecho, el balance del 2013 que presentó el presidente Rajoy en rueda de prensa tras el Consejo de Ministros del pasado 27 de diciembre, rezumando confusión, medias verdades, verdades fuera de contexto y sobre todo mentiras ciertas por todas partes, ha sido demolido inmediatamente en su contenido económico con un análisis de urgencia realizado por José Carlos Díaz (El País 28/12/2013) en forma de ‘Carta de un economista a Rajoy’, que conviene leer en su totalidad:

Señor Presidente: He decidido hacer pública esta carta al escuchar los datos que usted ha usado en su rueda de prensa de balance de 2013. Los parados registrados en el INEM no disminuyen por haber encontrado un empleo. Han tirado la toalla y han dejado de confiar en usted y en la recuperación. Muchos han dejado de buscar empleo y otros muchos han huido de España ante la incapacidad de encontrar empleo en nuestro país y al no tener expectativas de encontrarlo en el futuro.

La Seguridad Social no va bien. A su ministro de Hacienda se le escapó que cerrará el año con un déficit de 1,8% del PIB o sea 18.000 millones. Es debido a que acabaremos el año con casi 300.000 personas que han perdido su empleo y han dejado de cotizar. Además, las empresas destruyen empleos estables de personas mayores de 45 años y los están sustituyendo por empleos a tiempo parcial y con salarios precarios de jóvenes. El resultado es menor recaudación.

El déficit público tampoco va bien. La destrucción de empleo y la bajada de salarios han reducido la recaudación del Impuesto sobre la Renta. El IVA ha subido por el aumento de los tipos el pasado año pero no por la mejora de actividad. Los ingresos fiscales están estancados en 2013 y eso supone 4.000 millones de euros menos de lo que usted estimó en los presupuestos y a eso hay que sumar otros 4.000 millones en la Seguridad Social.

En 2013 vamos a pagar más intereses por la deuda pública. La deuda aumenta unos 10.000 millones al mes que es lo mismo que costó el Plan E que usted tanto criticó. Entre enero y octubre el déficit reconocido por la Intervención General de la Administración Central es de 37.000 millones. Un 10% superior al de 2012 y un 15% superior al que usted heredó del Gobierno anterior. La deuda pública va a acabar el año próxima a un billón de euros, 100.000 millones por encima de 2012.

La prima de riesgo no ha bajado fruto de sus reformas. La bajada ha sido generalizada en los países periféricos europeos y el país donde más ha caído es en Grecia. La banca española ha financiado la mitad del aumento de la deuda pública, mientras los inversores extranjeros sólo el 15%. Pero estos mismos inversores extranjeros han vendido bonos, acciones y préstamos a empresas y bancos españoles por más de 30.000 millones.

Las exportaciones no van bien. Tuvieron dos meses excepcionalmente buenos la pasada primavera pero desde entonces se han frenado en seco. Nuestra competitividad no ha mejorado desde 2011. La bajada de salarios y el aumento de la productividad por la masiva destrucción de empleo se han compensado por la intensa apreciación del euro contra el dólar y contra las divisas de países emergentes.

La reforma bancaria no ha funcionado. Le recomiendo que vaya a cualquier bar y pregunte a pequeños empresarios y familias por la situación del crédito. Qué garantías les exigen y a qué tipo les prestan. Comprobará que las condiciones son peores que antes del rescate bancario de la Troika.

Retrasar el ajuste fiscal nos ha permitido salir de la recesión, pero no compensa los efectos devastadores sobre el empleo y la deuda pública de su ajuste de 2012. EE UU ha demostrado que hay vida después de una crisis de deuda. Pero hace falta un buen diagnóstico y una política adecuada. Tras su discurso es evidente que tiene un error de diagnóstico y eso complica significativamente la salida de la crisis.

Necesitamos crecer mucho más, depreciar el tipo de cambio, provocar inflación moderada, aumentar la inversión, incrementar la recaudación fiscal y reestructurar deudas de familias y empresas para estabilizar la restricción de crédito. A la vez habrá que resolver la tragedia griega, portuguesa, chipriota, eslovena, irlandesa, etcétera. Si su política económica y la europea no cambian radicalmente, despediremos 2014 con menos población, menos crédito, más deuda y más pobreza.

Quedo a su entera disposición y le deseo que la fuerza le acompañe.

Y tampoco nos resistimos, por más que se pueda extender esta Newsletter, a publicar el desastrosos balance que Juan Torres López, catedrático de Economía Aplicada en la Universidad de Sevilla, hace de los logros de Rajoy en un reciente artículo titulado ‘Los dos años de Rajoy’ (El País Andalucía 22/12/2013):

Este fin de semana se cumplen dos años de la toma de posesión de Mariano Rajoy como presidente del Gobierno. Comprendo que cada persona evalúe a su antojo esta etapa, sin más fundamento que sus simpatías políticas o ideológicas. Pero lo cierto es que hay datos reales que permiten enjuiciar con objetividad los efectos que han tenido sus decisiones sobre la economía en general, sobre las empresas y sobre el bienestar de la gente normal y corriente.

Permítanme que abuse un poco de los números pero es que, como me decía un viejo amigo, lo que se puede contar, medir o pesar no admite discusión. El PIB de España, es decir, el conjunto de la actividad económica que tiene expresión monetaria, ha disminuido desde que nos gobierna Rajoy. Su valor acumulado en los tres primeros trimestres de 2011 fue de 785.899 millones de euros frente a 767.616 en los de 2013.

Es verdad que la caída de los salarios ha mejorado las exportaciones de nuestras empresas (han subido unos 21.000 millones de euros entre esos dos periodos) pero ese incremento ha sido insuficiente para compensar el derrumbe en el consumo de los hogares (unos 155.000 millones de euros menos en los tres primeros trimestres de 2013 que en los de 2011) y en la inversión privada (unos 26.000 millones de euros menos en ese mismo periodo de 2013 que en el de 2011). La pública, por su parte, disminuyó 14.100 millones de euros en 2012 y la prevista por Rajoy para 2013-2014 hará que España tenga el nivel más bajo de la UE-28 en este concepto.

La renta nacional disponible, es decir, de la que disponemos los españoles para consumir o ahorrar también ha caído con el Gobierno de Rajoy: en los seis primeros meses de 2013 fue unos 11.000 millones más baja que la acumulada en el primer semestre de 2011. Esa caída en la renta ha perjudicado principalmente a los asalariados. La remuneración que habían acumulado en los nueve primeros meses de 2013 fue 35.000 millones menor que la correspondiente al mismo periodo de 2011, una caída que se debe tanto al menor empleo como a la bajada en el salario.

Efectivamente, según la contabilidad nacional, al finalizar septiembre de 2013 en España había 1,3 millones personas empleadas menos y un millón más de paradas que cuando Rajoy tomó posesión como presidente del Gobierno. Y el sueldo medio de los españoles descendió un 2,5% en 2012, su primer año de mandato.

A pesar de que han disminuido los gastos sociales, la deuda pública española ha aumentado en unos 217.500 millones de euros desde que nos gobierna Rajoy y la carga de los intereses que pagamos ha aumentado algo más del 15%.

En contra de lo que viene diciendo últimamente el presidente, sabemos que este deterioro de la economía y las rentas se ha repartido muy desigualmente, pues lo sufren en mayor medida las personas más desfavorecidas. Solo en un su primer año de gestión la tasa de riesgo de pobreza aumentó del 27,7% al 28,2% de la población total y la diferencia entre los ingresos del 20% más rico y el 20% más pobre de los españoles subió de 7,8 veces a 8,1. El porcentaje de quienes no pueden disfrutar ni de una semana de vacaciones aumentó 6 puntos, el de las familias que retrasan pagos 2, el de las que llegan con dificultad o mucha dificultad a fin de mes en casi 5, y lo mismo se podría decir de otros indicadores sociales. Sin embargo, el número de millonarios aumentó un 5,4% en 2012.

Rajoy ha subido impuestos más de 30 veces y 6 el recibo de la luz, y la destrucción de empresas bajo su mandato es espectacular: 53.047 menos en 2012, mientras que a mediados de 2013 el número de las que se habían declarado insolventes fue un 27% más elevado que en 2012. El crédito a empresas ha vuelto a caer (9,2% hasta septiembre) así como el destinado a familias (5,5%) y siguen bajando indicadores como los de ventas de grandes empresas o el comercio al por menor.

Juzguen ustedes si esto significa, como dicen Rajoy y sus ministros, que han acabado con la recesión y que nos sacan de la crisis.

RAJOY Y EL FANTASMA DE LAS PROMESAS INCUMPLIDAS

Pero es que el difícil futuro inmediato de nuestra economía, con un errado análisis y diagnosis de la situación por parte del Gobierno, y por tanto con una previsión de objetivos a cumplir falsa, se encuentra especialmente oscurecido por el fantasma de las muchas promesas electorales y de acción gubernamental ya incumplidas por el presidente Rajoy. Todas ellas son bien conocidas, pero a efectos de saber cómo se las gasta el personaje en cuestión y lo que en realidad se puede esperar de sus nuevos compromisos públicos, también conviene recordar una vez más las ya incumplidas de forma bien llamativa:

A pesar de todas sus mentiras y omisiones de la verdad, y no digamos de la llamativa patada que ha dado a la ciudadanía -incluyendo a simpatizantes del PP- con su polémica reforma de la ‘ley del aborto’, que en Europa sólo ha aplaudido el extremista Frente Nacional liderado por Marine Le Pen, o de su connivencia con el PSOE para implementar una política de excarcelación de etarras antes calificada poco menos que de abominable (‘caso Bolinaga’), Rajoy no ha logrado enderezar el rumbo del país. Ni por asomo, y a pesar del ‘cheque en blanco’ que se otorgaron los votantes españoles con la mayoría parlamentaria absoluta.

Aún más, lo que sí está haciendo Rajoy, es entretener la crisis económica y realimentar algunos de los problemas más serios y preocupantes de la crisis institucional que están llevando la democracia a punto del estallido. Como, por ejemplo, reforzar la malsana dependencia político-partidista del Poder Judicial y de los altos organismos del Estado, empezando por el Tribunal Constitucional, o seguir consolidando de forma más o menos soterrada pero cierta la peligrosa España ‘asimétrica’, que bien puede terminar siendo la España ‘rota’.

Pero Rajoy ha mentido y miente (todo apunta a que lo seguirá haciendo) no solo como jefe de la oposición política y jefe del gobierno, sino también como jefe del PP. Porque lo de negar a ultranza la financiación ilegal de su partido o el reparto de sobres de dinero negro entre su cúpula directiva, de clarísima evidencia pública, es el colmo del cinismo y la desfachatez política. Y miente también cuando niega por activa o por pasiva la corrupción y el comportamiento delictivo de cientos de cargos públicos del PP relevantes ya condenados, y otros muchos más imputados en cientos de causas judiciales, asentados en esas prácticas desde hace tiempo…

Una situación que no deja de ser cierta por mucho que se quiera negar, y cuya reiteración es necesaria para combatir la abrumadora avalancha de propaganda gubernamental. Y una realidad que hoy por hoy identifica de forma bien precisa a Mariano Rajoy ante los electores, que en los sondeos demoscópicos le vienen asignando la peor valoración jamás alcanzada en el nuevo régimen democrático por ningún presidente del Ejecutivo (incluido ZP).