“Quien habla siembra, y quien escucha recoge”. Este es un sabio proverbio atribuido al pueblo persa, aunque, en realidad, ha tenido muchas versiones desde que el mundo es mundo.
Aristóteles sostenía que el oído, en el hombre, es camino para aprender; es, podríamos decir, el sentido que más alimenta el intelecto y, por tanto, el que más enriquece al homo sapiens, sobre todo al zoon politikon, al animal social y político que subyace en todo ser humano. Plutarco advertía después que sí sabemos escuchar sacaremos partido, incluso, de los que hablan mal, mientras su coetáneo Epicteto afirmaba, según la tradición estoica, que saber escuchar es todo un arte…
Lo que pasa es que esa disposición humana, el saber escuchar y el aprender escuchando, es de difícil asunción. Se escucha poco y, de hecho, hasta muchos de los que escuchan suele hacerlo mal: cuando dos personas conversan, a solas una con otra, casi no escuchan otra cosa que sus propias palabras.
¿DEMOCRACIA SIN PARTICIPACIÓN SOCIAL ACTIVA?
Pero, curiosamente, donde la tara de la sordera selectiva se da con mayor evidencia es en la vida política, lo que no deja de ser paradójico considerando que su objeto principal es el liderazgo social. Porque ¿cómo se puede representar eficaz y éticamente a alguien si no se le escucha?
Claro está, que no es fácil escuchar a todos los ciudadanos, uno por uno, ni tampoco representarlos en su infinita particularidad. Pero para superar ese problema existen instrumentos perfectamente fiables de sobra conocidos por las clases dirigentes y que se aplican de forma intensiva, por ejemplo, en la actividad comercial, que es la que termina sustanciando el conjunto de la economía.
El “marketing”, que tiene aplicación en todas las actividades humanas, incluida por supuesto la política, no tiene más objeto que correlacionar las demandas de los ciudadanos (el mercado) con las capacidades productivas que han de satisfacerlas. Sus expertos preguntan a los consumidores o usuarios qué necesitan, qué quieren o qué rechazan, obteniendo un cuadro estadístico que refleja fielmente la realidad sociológica y motivacional del momento. Así de sencillo.
Además, en el ámbito más específico y profundo de la política, la sociedad moderna cuenta con órganos de representación intermedia muy informados en sus respectivos entornos de actividad, legitimados constitucionalmente junto a las patronales y los sindicatos: hablamos de colegios profesionales, reales academias, organizaciones de consumidores y usuarios, fundaciones y sociedades científicas, asociaciones sectoriales… Un amplio conjunto de entes socio-profesionales totalmente compatibles con los partidos políticos, que deberían ejercer como contrapeso de estos y como instrumentos para perfeccionar el sistema de convivencia democrática.
En su libro Pour une république moderne (Gallimard, 1962), Pierre Mendès France los describió como auténticos pilares de la democracia, necesarios para su funcionamiento más allá del papel de los partidos políticos. Y lo hizo con la noble intención de estimular al ciudadano para que participe en la vida pública, sin lo que, en su opinión, no hay democracia posible.
A lo largo de su inteligente ensayo, el estadista francés reitera de diversas formas esta síntesis conceptual: “No ha de olvidarse nunca que la democracia no es un arte de agencia, un mecanismo ingenioso de instituciones exteriores a los ciudadanos, aun en el caso de que éstos se hayan adherido a ellos más o menos pasivamente e incluso los hayan aprobado. Ella [la democracia] debe penetrar la actividad colectiva en todas sus manifestaciones y en todos sus niveles. Reclama una participación del mayor número bajo todos los aspectos y en todos los momentos posibles”.
Antes de acometer su trabajo, Mendès France, que ya había sido Primer Ministro de Francia en 1954/55 (durante la IV República), añadió a su ya notable saber y experiencia el fruto de un gran esfuerzo de observación específica sobre los temas que quería abordar, con objeto de adquirir un conocimiento “propio” de esa realidad.
De hecho, empezaba el capítulo primero del libro advirtiendo: “Durante un año he visitado un gran número de villas y departamentos. No se trataba de correr de una capital a otra para dar una representación por la tarde y partir al alba siguiente. Los mítines que he tenido no eran jamás el objeto del viaje. Iba, principalmente, a encontrar, individualmente o por pequeños grupos, a los hombres que por sus funciones, su vocación, sus actividades, se hallaran adscritos a los negocios de la región o del país”.
Y, a continuación, seguía explicando sus conversaciones “con los dirigentes de las más importantes formaciones y asociaciones profesionales, sindicales y culturales, los representantes de las centrales obreras, organizaciones agrícolas y patronales, grupos de juventud, movimientos de estudiantes, cuadros de los sectores públicos y privados, artistas y universitarios, médicos, magistrados, periodistas, funcionarios, militantes políticos, hombres de izquierda y de derecha… de Grenoble a Lille, de Rennes a Clermont-Ferrand, de Bordeux a Strasbourg…”.
En esa misma obra, Mendès France también preconizaba una lúcida innovación política: la necesidad de una segunda Asamblea que representase a los grupos sociales y los intereses profesionales, “fuerzas nuevas a las cuales el Estado debe reconocer un papel y que deben participar en su funcionamiento”…
Paréntesis: Hoy, la Asamblea de Francia se conoce coloquialmente como “Alta Asamblea”, pero en su origen (la Constitución Termidoriana de 1795 que estuvo vigente hasta 1799) se creó con el significativo nombre de “Consejo de Ancianos”, es decir personas experimentadas a las que se debía escuchar).
LA SORDERA SELECTIVA DE LA CLASE POLÍTICA
Sin embargo, la actual clase política española pasa olímpicamente de esta realidad social no partidista y mucho más representativa, desoyendo de forma sistemática a los ciudadanos de a pie, tanto si se pronuncian de forma individual como colectiva. Sólo se escucha a sí misma, dentro de cada partido o, cuando lo impone la aritmética parlamentaria, en el marco pactista exigido para prevalecer en el poder; aunque el país sea, como es obvio, mucho más que sólo partidos políticos y también algo bastante más trascendente.
Todavía peor, el Gobierno desoye de forma sistemática incluso a su más alta institución consultiva, el Consejo de Estado. O la ignora, sin más, como ha hecho en la última reforma del modelo de Fuerzas Armadas.
Eso al margen de que el Parlamento no preste la menor atención a ninguno de sus dos órganos delegados: el Tribunal de Cuentas, responsable de fiscalizar la gestión económica del Estado y del sector público, y el propio Defensor del Pueblo, instituido precisamente para defender las libertades y derechos fundamentales que establece la Constitución.
Un ejemplo palpable de esta capacidad de “audición selectiva”, o de escucha “clasista”, es la atención que en plena crisis económica e institucional Rajoy acaba de prestar al presidente de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), Íñigo de la Serna, que también es alcalde de Santander por el PP, para “madurar” la idea previa del Gobierno de reducir concejales y municipios, algo que al parecer ya estaba perfectamente dibujado en el borrador de una nueva ley de administración local.
En este tema (la racionalización de las administraciones), en el que jamás se escuchó la opinión ciudadana, sí parece que PP y PSOE se han escuchado entre ellos y que, a su vez, han sido escuchados por Rajoy, según cuenta “El País” (05/12/2012); aunque es de temer que tratándose, como se trata, de un posible entendimiento entre los partidos políticos mayoritarios, al final tendrá un resultado corporativista y reñido con el interés general. Es decir, que muy probablemente no habrá reducción significativa de municipios ni de concejales, y tampoco ningún otro adelgazamiento razonable de la obesidad administrativa, sino más bien algún tejemaneje político-financiero para que las cosas sigan más o menos como están.
LAS REFORMAS ENFRENTADAS A QUIENES HAN DE APLICARLAS
Hoy el Gobierno, como hace la clase política en su conjunto, sólo escucha su propia voz y sólo procesa sus propias ideas (las directrices de Bruselas son “fuerza mayor” y cosa aparte), desoyendo a las bases sociales por muy razonables y numerosas que sean, y aunque, como tal Gobierno, les deba su propia posición. E incluso tenga la obligación de gobernar para todos los ciudadanos: los que le hayan prestado su voto y los que no, en una exigencia de respeto democrático que nuestros políticos suelen ignorar de forma lamentable.
Y, claro está, también desoye a las corporaciones y entidades profesionales más emblemáticas y enraizadas con la realidad vital del país. Las que, por su gran penetración en el tejido social y capacidad de auscultación, se han considerado siempre “pulsadoras” o “termómetros” de la buena o mala praxis política y de la esencialidad democrática.
Se trata de lo que en tiempos anteriores a la dictadura franquista ya se consideraba como el grupo de ciudadanos socialmente más influyente, cierto es que en una sociedad menos informada y libre que la actual. Entonces se conocía políticamente como la gran “M”, a la que convenía escuchar con especial atención y respeto ante cualquier plan de propaganda o proceso electoral, considerando su gran capacidad como prescriptores del voto: maestros, médicos, magistrados y militares…
EL DRAMA DE UN SISTEMA EDUCATIVO SIN CONSENSO
Con larga experiencia de gobierno y de oposición, el PP ha tenido tiempo más que suficiente para analizar el Sistema Educativo del país, estudiar sus deficiencias y diseñar las reformas que estimara pertinentes, incluso antes del 20-N. Y también para conocer las opiniones “generalizadas” de los usuarios (discentes con mayoría de edad o, en su caso, las familias responsables) y, sobre todo, la de los profesionales de la enseñanza que habrían de aplicar las reformas subsiguientes en todos sus niveles, para establecer los acuerdos necesarios más allá de la propia ideología conservadora; porque la educación es una cuestión de Estado y no de partido. Tan simple como eso.
Sin embargo, el camino recorrido por el PP no ha sido precisamente el del consenso. Bien al contrario, lo primero que ha hecho el Gobierno de Rajoy ha sido enfrentarse de forma radical y gratuita al conjunto del estamento docente, desoyéndole sin mayor explicación y tratando de imponerle unos criterios económicos interesados, en algunos aspectos demasiado ideologizados y en otros simplemente erróneos o mejorables, incluyendo al profesorado más afín al propio PP en todos los niveles de la enseñanza y poniéndose en contra, por ejemplo, de todos los rectores de universidades públicas.
El ministro del ramo, José Ignacio Wert, que es un perfecto advenedizo del sector educativo y también un político inexperto, ha tenido la mala habilidad de situarse rápidamente como “farolillo rojo” en la escala de la valoración social del Gobierno, con un saldo muy negativo entra la aprobación y la desaprobación de su gestión de -51 (según el Barómetro de Metroscopia). Algo estará haciendo mal, o rematadamente mal, para alcanzar tan deprisa este demeritado puesto.
UN MODELO DE SANIDAD REGRESIVO Y POCO TRANSPARENTE
Pero en otro ámbito todavía de mayor dimensión social, el de la Sanidad, que es “universal” y afecta al cien por cien de la población (no sólo a alumnos y profesores como sucede en el ámbito de la Educación), tampoco se ha tenido en cuenta la opinión de los facultativos del sector. Unas ramas profesionales en las que no hay razón para presumir, ni mucho menos, mayores discrepancias ideológicas con el PP ni mayor animosidad contra la clase dirigente, y que también han sido desoídas “técnicamente” en relación con la reforma del modelo asistencial, dándose la circunstancia de que ellas son las encargadas de desarrollarla en la práctica de forma exclusiva, tras la oportuna sanción política.
Una circunstancia ciertamente absurda y dramática, porque, a la postre, ese estamento profesional es el que puede hacer fracasar la reforma y el conjunto del sistema si se encuentra radicalmente en desacuerdo con la imposición gubernamental. Dicho de otro modo, no deja de ser aberrante que quienes han de combatir día a día la enfermedad y la muerte, tengan que hacerlo, no como mejor sepan y aconseje su exclusivo conocimiento profesional, sino como les sea impuesto por políticos ajenos a esa realidad y sin atender realmente las consideraciones propuestas en trámite de audiencia por sus órganos colegiados más representativos.
Con el problema añadido de que, en realidad, el Estado como tal (no las Comunidades Autónomas) hoy carezca de competencias al respecto y la reforma se tenga que imponer de forma “asimétrica” (recurso maldito de la política disolvente) en cada una de las comunidades y ciudades autónomas. La ministra de Sanidad, Ana Mato, notablemente indocumentada en la materia, también alcanza un saldo negativo en la valoración de su gestión de -37 (diferencial entre la aprobación y la desaprobación).
La falta de transparencia con la que se expone y los estudios comparativos de otros países, dejan en entredicho el modelo “privatizador” del PP. De hecho, durante las últimas semanas se ha registrado un auténtico aluvión de opiniones realmente informadas y muy críticas con la reforma sanitaria impuesta por el Gobierno con sus recortes presupuestarios y a través de las autonomías políticamente afines.
En este sentido, podemos citar desde el artículo de Diego S. Garrocho, profesor de Ética y Filosofía Política de la Universidad Autónoma de Madrid, titulado “Ética, enfermedad y eficiencia”, en el que critica la privatización de la gestión sanitaria y considera “perverso” justificarla con el criterio de la rentabilidad (“El Mundo” 05/12/2012), hasta el publicado por el doctor José Manuel Ribera Casado en “El País” (09/12/2012) con el significado título “Sanidad, regreso al pasado”.
Este catedrático emérito de Geriatría de la Universidad Complutense, que también es un respetado miembro de la Real Academia Nacional de Medicina, resumía perfectamente en su artículo, que no tiene desperdicio, el estado de la situación:
Escribo cargado de nostalgia, pero, sobre todo, de desesperación. Desde antes incluso de la Ley General de Sanidad del 1986, presumimos de tener uno de los sistemas sanitarios más envidiados y más equitativos del mundo. A que fuera así contribuyeron muchos factores. Entre otros la confluencia en la España de los 70 de dos circunstancias muy positivas: la creación de una red amplia y dotada de nuevos hospitales públicos y la implantación del sistema MIR. Sobre todo, creo que fue decisiva la voluntad colectiva de personas y partidos políticos para dotarnos de un sistema de salud de cobertura total y alcance universal. La Ley General de Sanidad no hizo sino oficializar el sistema.
Hoy todo ello se desmorona. Con el pretexto de los recortes se apuntan argumentos que juegan al equívoco por no calificarlos de falaces. Lo que está ocurriendo en la Comunidad de Madrid resulta demostrativo y merece unos comentarios. No me referiré a las formas, carentes del más mínimo respeto al ciudadano, donde el lógico diálogo con las partes interesadas previo a cualquier decisión de un calado como las que se están tomando, se ha sustituido por el ordeno y mando de épocas pretéritas. Tampoco a la inequidad y desprecio al colectivo de más edad que representan medidas como las del euro por receta. Ni siquiera comentaré la aberración de querer cerrar el hospital de La Princesa.
Me centraré en el tema de la privatización, una palabra que parece quemar a nuestra Administración. La primera reacción es negar la mayor: no se privatiza, se externaliza. Curioso que todo el mundo lo entienda de otro modo. Lo confirman los profesionales que salen masivamente a la calle o se declaran en huelga, las asociaciones, todos los sindicatos del sector, las sociedades científicas, las firmas de más de 600 jefes de servicio y de cerca de un millón de ciudadanos madrileños, y hasta el propio Colegio de Médicos en una de las más duras declaraciones que se recuerdan. ¿Estaremos todos confundidos? Así lo afirman por activa y por pasiva el presidente de la Comunidad y su equipo de gobierno. Negar la evidencia resulta muy difícil. No hace mucho tiempo el anterior Consejero de Sanidad requería públicamente a las entidades privadas del sector para comentar lo que según la propia convocatoria denominaba “oportunidades de negocio” en el campo de la sanidad madrileña.
Si hay negocio -y lo de “externalizar” la gestión debe serlo, porque en caso contrario no interesaría a ninguna entidad privada-, ¿por qué renunciar a él? Aplíquense los beneficios a mejorar el sistema y no al lucro ajeno. Descartada por inmoral -y por delictiva- la hipótesis de querer favorecer a amigos o a determinados grupos empresariales, apenas quedan dos interpretaciones posibles. Confesión palpable de incompetencia manifiesta, o asunción consentida de una peor calidad, bien por reducirse las prestaciones ofrecidas, bien por hacerlo el alcance de las mismas.
Lo de la incompetencia parece que se asume sin ningún rubor. Sólo así se entiende que el Consejero de Sanidad critique las nóminas de los empleados públicos y hable de rigidez en la gestión. A partir de ahí no debería llamarle la atención que estos mismos empleado se rebelen contra sus propuestas. Sus afirmaciones sugieren el deseo de quitarse de encima personas y sueldos y dejar que sean las nuevas empresas gestoras quienes lleven la voz cantante en este terreno. En todo caso los datos nos indican que tanto a nivel hospitalario como en atención primaria el número de profesionales por habitante está bastante por debajo de la media europea. Además, la Administración tiene recursos funcionales suficientes para exprimir el rendimiento de sus empleados y modificar en sentido positivo horarios, prestaciones, etc. en la medida en la que lo considere más adecuado para lograr esa mágica eficiencia a la que tanto se invoca. Las grandes diferencias existentes en el propio sistema en cuanto a rendimientos comparados de unos y otros centros pueden ser utilizadas como instrumento.
Renunciar a actuar representa una dejación de funciones, se mire como se mire. Ya es curiosa la referencia a Zapatero de Fernández-Lasqquety. Zapatero nunca ha tenido competencias sobre la sanidad de Madrid, ni fue a él a quien se le ocurrió la peregrina idea de sacar votos llenando la periferia de Madrid de unos hospitales que ahora parecen no hacer falta. Y si la alusión es para decir que “no hizo nada”, esa es la vía escogida por el Gobierno regional. Los políticos están para resolver los problemas no para quitárselos de encima.
Si con la “externalización” se pretende resolver un problema de costes y ello va a generar beneficios económicos a terceros, caben muy pocas interpretaciones. Todas malas para el devenir del sistema: reducir personal y sueldos, limitar prestaciones, y/o establecer criterios de exclusión total o parcial en el acceso a la salud para determinados colectivos que, por cierto, siempre suelen ser los más desfavorecidos: pobres, emigrantes o pensionistas.
Un par de comentarios finales. Argumentar con el peso de los votos no es de recibo. No lo es tanto por el hecho de que las decisiones propuestas se oponen a las que aparecían en el programa del partido gobernante, cuanto por el desprecio hacia esos votantes cuando se hace oídos sordos a una protesta que alcanza niveles de clamor. Por último llama la atención el silencio de la Administración central. Un silencio que sólo cabe interpretar como cómplice de quien observa los resultados de un experimento que, previsiblemente, pretende generalizar en todo el Estado.
LA FALTA DE COMPROMISO GUBERNAMENTAL CON LA JUSTICIA
¿Y qué decir sobre la Administración de Justicia? Aquí la sordera política se está mostrando en todo su esplendor, hasta el punto de que el ministro del ramo, Alberto Ruíz-Gallardón ha pasado en menos de un año de ser el miembro del Ejecutivo inicialmente mejor valorado a ser el penúltimo, detrás de José Ignacio Wert.
En su primera comparecencia parlamentaria como ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón anunció su intención de reformar la Ley Orgánica 2/2010, de 3 de marzo, de salud sexual y reproductiva y de la interrupción voluntaria del embarazo, aprobada por el Gobierno socialista de Rodríguez Zapatero, que es una ley de plazos similar a la que existe en la mayoría de los países europeos, para volver al modelo antiguo contemplado en la ley de 1985, con la que las mujeres tenían que alegar motivos para justificar su decisión. Se trata, pues, de abolir una ley que fue muy contestada por la Iglesia Católica y por el propio PP (especialmente en el tema de las menores con edad entre 16 y 18 años que podían abortar aunque no tuvieran el consentimiento de sus padres), por supuesto escuchando sólo a una parte de su propio electorado y desoyendo prácticamente al resto de la sociedad española, y menos que a nadie a las propias afectadas.
Ruíz-Gallardón también anunció su propósito de cambiar la forma de elección de los doce vocales magistrados del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), volviendo al antiguo sistema de elección directa por parte de los jueces, que se abandonó en 1985 (con una ligera modificación aprobada en 2001 por el Gobierno de Aznar gracias al consenso alcanzado con el PSOE y que establecía la elección por las Cortes a partir de una lista de 36 candidatos presentadas por las asociaciones de jueces), debido a que con la fórmula anterior todas las vocalías eran copadas por una única organización, mayoritaria y de signo conservador: la “Asociación Profesional de la Magistratura”.
En cuanto a la Ley 13/2005, de 1 de julio, por la que se modifica el Código Penal en materia de derecho a contraer matrimonio, conocida como Ley del matrimonio homosexual, aprobada por el anterior gobierno socialista, Ruiz-Gallardón afirmó, como no podía ser menos, que el Gobierno esperaría a que el Tribunal Constitucional se pronunciase sobre el recurso presentado por el PP cuando la ley fue aprobada en el Parlamento. Pronunciamiento que ha sido favorable al texto legal, a pesar de que también fue muy contestado por la Iglesia Católica y por el PP, partido que se unió de forma significada a las manifestaciones convocadas en “defensa de la familia”.
Por otra parte, el pasado 30 de marzo, el Gobierno aprobó un explosivo Anteproyecto de Ley, elaborado por el Ministerio de Justicia, con el objeto de subir las tasas judiciales. El argumento sustentador de esta medida, en colisión esencial con el Estado social y democrático de Derecho consagrado en la Constitución, es, según el ministro Ruíz-Gallardón, paliar la saturación de los juzgados, objetivo que, como es obvio, se puede alcanzar de forma más fácil, justa y estable modernizando la Administración de Justicia, algo imprescindible en cualquier caso, para que sea más rápida y eficiente.
Al respaldar públicamente a su ministro de Justicia, el presidente del Gobierno afirmó que el usuario sólo tendrá que pagar el 10 por 100 del importe de ese derecho ciudadano constitucional, apoyado en el ejemplo extremo de Alemania donde se paga el 43 por 100. Pero ocultando al mismo tiempo el alto nivel de rentas personales y el bajo índice de paro existentes en ese país en relación con España y también el hecho de que, en este, la Justicia gratuita se haya instituido no por voluntad gubernamental sino constitucionalmente.
De hecho, conforme a la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos y de nuestro Tribunal Constitucional, el Estado es el responsable del recto funcionamiento de la Administración de Justicia por la obligación constitucional de proveer a la defensa de quienes carezcan de recursos. Esta jurisprudencia ha establecido claramente la responsabilidad pública en tal sentido, como deber positivo del Estado de garantizar el acceso a la tutela judicial efectiva, que es un derecho fundamental recogido en el artículo 24 de la Constitución…
UNA RESPUESTA PROFESIONAL COLECTIVA, DEMOLEDORA
También podríamos recuperar aquí el lamentable “caso Dívar” y la forma, ciertamente deplorable, en la que fue gestionado por el ministro Ruiz-Gallardón; la alarma social y judicial generada por una Ley Hipotecaria antisocial (con suicidios masivos), que el Gobierno mantiene a ultranza en su política de protección preferencial a las entidades prestamistas); los indultos gubernamentales; la cadena perpetua revisable… Pero quizás el mejor resumen de la presente falta de compromiso gubernamental con la Justicia lo haya hecho el propio presidente de la Abogacía Española, Carlos Carnicer, en una extensa entrevista concedida a la periodista Isabel Velloso y publicado en “El Mundo” (11/12/2012).
Se trata de una de los muchas declaraciones informadas que evidencian cómo se ha encendido la llama en el mundo de la Justicia, siguiendo la senda establecida por el Gobierno con las reformas del Sistema Educativo y de la Sanidad, sólo escuchándose a sí mismo, de fácil seguimiento cotidiano en los medios de comunicación social. No obstante, su valor testimonial y su plena coincidencia con la esencia temática de esta Newsletter, aconsejan reproducirla íntegramente a pesar de su amplitud:
JUSTICIA | Entrevista al presidente de la Abogacía Española
“Gallardón no es nuestro interlocutor válido en este conflicto, sólo lo es Rajoy”
Isabel Velloso | Madrid
Los abogados están en pie de guerra contra la Ley de Tasas del ministro de Justicia, al que ya no consideran su interlocutor en este pulso que mantienen, junto con jueces y fiscales, contra las reformas impulsadas por Alberto Ruiz-Gallardón. El presidente del Consejo General de la Abogacía, Carlos Carnicer, explica los motivos de una serie de medidas de protesta que podrían acabar en una huelga en enero, la segunda en Democracia, por la última reforma concretada en la Ley de Tasas Judiciales. Una ley que, en su opinión, establece una Justicia para ricos y otra para pobres al fijar unas tasas excesivas y, en definitiva, disuasorias para acudir a los tribunales.
Es algo insólito, sin precedentes, ver a jueces, fiscales y abogados, juntos, manifestarse ante las sedes judiciales y el Ministerio de Justicia
Sí, es algo sin precedentes. Se ha olvidado usted de los sindicatos, las asociaciones de consumidores y usuarios a pesar de que el ministro sigue diciendo que esto es una cosa corporativa de unos cuantos abogados, que la ciudadanía no juega en este partido, que la ciudadanía no está en contra de las tasas judiciales.
¿El rechazo a pagar tasas por acceder a la justicia en los órdenes social, civil y contencioso administrativo les ha unido a todos?
No es un problema sólo de las tasas sino que es un problema de la Administración de justicia, que es mala por falta de medios y organización. Es cierto que ya hace muchos gobiernos que no mejora porque yo creo que políticamente no interesa que mejore la Justicia y se han conjugado muchas cosas. Si todos nos ponemos a ello, todos los que trabajamos en Justicia, jueces, fiscales, abogados, procuradores, forenses, peritos, notarios, registradores, etc., podríamos sentar las bases para crear una estructura capaz de albergar una Justicia democrática acorde con la realidad social que estamos viviendo.
¿Qué se ha conjugado?
Los indultos, la legislación del aborto, la cadena perpetua revisable, la habilidad del mes de agosto, las tasas... y creo que merece la pena reflexionar que han sido las tasas las que nos han unido absolutamente a todos. Y ninguno tenemos especial interés personal sino que estamos actuando por conciencia profesional. Las tasas suponen la violación de los derechos fundamentales para miles y miles de personas.
“Menos Gallardón y más Constitución” o “Queremos tutelar todos los derechos, no sólo de quiénes pueden pagarlos” ¿Qué pancarta lleva usted en esta protesta?
La pancarta que me pasó un magistrado ponía “stop a las tasas” ante una ley injusta que es una de las peores leyes de nuestra Democracia.
¿Qué medidas de presión van a adoptar?
Hemos constituido una plataforma que se llama Justicia para Todos, con sindicatos, consumidores y usuarios, que se une espontáneamente a la plataforma de los jueces y fiscales, la interasociativa.
¿Qué protestas van a llevar a cabo?
Asistiremos todos a la concentración, que será masiva, en todos los juzgados de España, a las 12 horas del día 12 del 12 en protesta por la ley de tasas. Será una semana y media de acciones, que continuarán, sin duda, en tanto en cuanto el Gobierno no ceje de dictar normas... en este caso la ley de tasas que son un verdadero escándalo. Tenemos la obligación como profesionales del Derecho de intentar adecuar las normas a la realidad social y que respondan a sus necesidades.
Creo que también están dispuestos a ir a la huelga.
La última reunión de la interasociativa de jueces y fiscales acordó que si el ministerio no se avenía a nuestras reivindicaciones en enero se convocaría una huelga. Si se convoca realmente, lo más seguro es que nos sumamos o también podemos convocarla desde la plataforma Justicia para Todos.
¿Se han sumado ustedes al colectivo de indignados de este país?
Sí, estamos indignados y nos encanta acompañar en la indignación a una ciudadanía que está cada vez más pobre y con menos recursos de todo tipo. Además de los indignados, algunos ya están excluidos y otros han sufrido la exclusión, pero la gran mayoría de los demás también la sufrirán. Cada vez hay más conciencia de que otra justicia social es imprescindible.
El PP, en campaña, prometió que iba a someter a consulta todos sus proyectos legislativos ¿Ha sido este el caso?
Esta norma no se nos ha pasado a informe, no se nos ha permitido opinar sobre ella... ¡Bueno! ni a nosotros ni a los partidos políticos ni a nadie. Se ha tramitado deprisa y corriendo, con notabilísimos errores y con unas determinaciones económicas que van a hacer que la mayoría de los ciudadanos no se acerquen a los juzgados.
Así las cosas, ¿van a pedir la dimisión de Gallardón?
Sí, como presidente de la Abogacía plantearé al Consejo General solicitar su dimisión. Es muy difícil poder resolver los problemas con el señor Ruiz-Gallardón. Nos prometió muchísimas cosas que no ha cumplido, nos ha engañado y, en este momento, está cada vez más desautorizado para negociar prometiendo, comprometiendo, una realidad que es poco creíble. Necesitaríamos hablar con el presidente del Gobierno.
¿Dice que el ministro no es su interlocutor en este conflicto?
El interlocutor válido sólo puede ser el presidente del Gobierno.
Se ha rectificado algo... Ha excluido de pagar las tasas a las víctimas de violencia de género, del terrorismo, discapacitados y trata de mujeres al margen de su renta y está pendiente la Ley de Justicia Gratuita.
La última ha sido prometer unos arreglos a través de la Ley de Justicia Gratuita... En estos momentos, este ministro es peligrosísimo. Es capaz de con la Ley de Justicia Gratuita enmendar los errores de la Ley de Tasas y estos errores son de difícil enmienda. La Ley de Tasas se olvida de las necesidades de las víctimas de violencia de género en el ámbito civil y laboral. El ministro Gallardón tiene complejo de rey absolutista pero él sólo no puede hacerlo porque primero ha de aprobarlo el Consejo de Ministros en un proyecto de ley y luego llevarlo al Parlamento. Es verdad que él puede conceder indultos, aunque socialmente no caigan muy bien, pero lo que no puede hacer es cambiar las leyes y sobre todo de hacerlo de forma improvisada. Esto exige una verdadera reparación.
¿Qué hay de la solicitud al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) para que instase a presentar un recurso de inconstitucionalidad a la Ley de Tasas?
La contestación ha sido algo frustrante al decir que el CGPJ no es competente. Ha perdido una gran oportunidad para acercarse a esa ciudadanía que no la tiene muy cercana precisamente.
¿La Defensora del Pueblo?
Le pedimos desde esta casa y se lo vamos a volver a pedir por escrito formalmente, con una base jurídica, que interponga el recurso de inconstitucionalidad.
Ha dicho que el ministro Ruiz-Gallardón les ha engañado ¿por qué?
Las tasas estaban destinadas únicamente a sufragar los gastos en la apelación. La primera instancia era gratuita para todos y lo dijo en esta casa y lo dejó sentado. También dijo que no habría ninguna reunión de la sectorial en materia de Justicia Gratuita en la que no hubiese un miembro de esta casa para aportar nuestros conocimientos sobre este servicio público. Y a partir de ahí se olvidó absolutamente de cualquier promesa. Tiene mi respeto pero creo que no tiene legitimidad en este momento para seguir en el ministerio.
Cuándo fue nombrado por Rajoy no se imaginaban este desencuentro
En absoluto. Teníamos en esta casa una ilusión generalizada por este ministro. Es más ha sido el único que hemos invitado a asistir a un pleno para que nos explicase cuál iba a ser su línea de actuación.
Ustedes insisten mucho en que la Ley de Tasas es disuasoria para los ciudadanos
Si hay una ley que más puede violar la tutela judicial efectiva es esta. Hay disposiciones increíbles, que no sé a quién van dirigidas. Pues para recurrir una multa de 100 euros hay que abonar antes 200. Se nos menosprecia a los españoles. ¡No sé a quién se le puede ocurrir que eso se pueda dar! Y de esas, hay varias en las que las tasas suponen el 225% de la multa. Es absolutamente disuasorio. Sea cual sea la decisión final, estaremos perdiendo enteros socialmente. Es muy importante que podamos ofrecer a la ciudadanía una solución del conflicto, civilizada, en un plazo razonable y, sobre todo, con todas las garantías para que haya absoluta igualdad entre pobres y ricos para acceder a toda la Justicia.
Usted es totalmente contrario a las tasas o sólo a estas por considerarlas excesivas
Se debe ser contrario a cualquier tipo de tasa porque añade una dificultad para acceder a este derecho de acceso a la Justicia que es un derecho fundamental. La tutela judicial efectiva debe ser inmaculada. Creo que el Tribunal Constitucional se equivoca al considerar las tasas siempre que no supongan una cantidad excesiva.
¿Fomentará la mediación y arbitraje privados?
No lo fomenta porque tampoco se ponen los medios, sobre todos económicos, para que la mediación y el arbitraje funcionen. Es verdad que se ha publicado la Ley de Mediación pero con solo una ley no funciona. El arbitraje que quitaría carga a los juzgados sigue sin funcionar. En la Justicia siempre nos encontraremos con que hacen falta medios.
No hay dinero.
Hay dinero para lo que se quiere que haya dinero.
Precisamente el ministro asegura que la recaudación por las tasas se va a destinar a la Justicia Gratuita
Eso sencillamente es indignante y se lo dije al ministro por carta. No se puede poner en un platillo de la balanza las tasas y en otro, la Justicia Gratuita. Ésta es un derecho de la dignidad de la persona, un derecho constitucional, y la debe sufragar el Estado con sus Presupuestos. Se ha buscado esta excusa de la justicia gratuita para imponer unas tasas absolutamente desmedidas.
Otro argumento es que es un servicio público que se usa de forma esporádica, muchos ciudadanos no lo usan nunca, y por ello deben pagar sus usuarios
A eso se llama paz social. Si usted no quiere que la violencia impere tendrá que hacer algo para dirimir los conflictos.
¿Sugiere que nos va a llevar a una justicia paralela, fuera de los tribunales?
No le quepa a usted ninguna duda. La Ley de Tasas es tan perversa que no sólo impone tasas en la primera instancia sino en la segunda y en la tercera. Si usted no tiene a disposición el dinero del recurso y no puede pagar la tasa en los cinco días, o en los tres o diez, un plazo perentorio, que le dan para recurrir usted va a perder el derecho definitivamente. Los abogados vamos a tener que advertir a nuestros clientes que acopien esa cantidad de dinero que, en muchos casos, va a ser una cantidad muy importante. Si usted tiene que gastar 10.000 euros por instancia acopie usted 30.000 euros porque si queremos recurrir hasta el final y no tenemos el dinero y tal como están los bancos de ágiles... La ley no prevé ningún sistema de aplazar la tasa y si no se paga la tasa en el plazo del recurso se pierde el recurso.
En el ministerio dicen que se paga más por el abogado y procurador que por estas tasas.
Llevamos ya varios días soportando que diga eso, que se paga más a los abogados.
Hagamos cuentas.
El importe de los honorarios profesionales de los abogados es libre. No me cabe ninguna duda de que la minuta de los abogados, en muchos casos, va ser muy inferior a las tasas. Las tasas del señor Gallardón van a hacer que los abogados paguen el pan de sus hijos con ese esfuerzo en sus minutas. Me parece indignante que el ministro haga referencias, otra vez, de menosprecio hacia los emolumentos que cobran los abogados.
¿Por qué un menosprecio?
Seguro que conocerá a pocos abogados con muchos lujos y conocerá, sin duda, muchísimos más, miles, que están en los servicios sociales jurídicos de los niños, de las mujeres agredidas, maltratadas, de las asesorías a inmigrantes y extranjeros, de la orientación penitenciaria, de los discapacitados, ahora para mediar en los desahucios a causa de las hipotecas.
¿Se van a perder empleos?
Lo más importante es que se está obligando a los ciudadanos a comprar Justicia cuando los derechos fundamentales los tenemos amortizados hace muchísimo tiempo.
¿Habrá que dar una solución al exceso de pleitos?
En los juzgados que están bien dotados, que tienen medios, van al día. Y hay muchos juzgados que van al día, aquellos que están bien dotados, tienen un juez concienzudo y un personal adecuado y preparado. Y no hace falta más. Si hacen falta más jueces y formar mejor a los profesionales.
LOS MILITARES, “AMORDAZADOS” MÁS QUE DESOÍDOS
La cuarta “M” de la influencia social, es la de los militares, a pesar de que los gobernantes mediocres (como los actuales) intenten desprestigiarlos a menudo por activa o por pasiva, sin duda por la capacidad coercitiva que tienen como institución depositaria de la fuerza, garante de la soberanía e independencia de España y defensora de su integridad territorial y del ordenamiento constitucional. Una altísima misión, exigente hasta la entrega de la propia vida y políticamente desagradecida, que tampoco nace de la voluntad de ningún gobierno ni de ningún partido, sino de la del pueblo soberano al que sirven, del que forman parte inseparable y con el que se sienten plenamente identificadas.
Aunque la Institución Militar no es exactamente otro colectivo profesional también desoído por el Gobierno (por ejemplo en las continuas reformas del modelo de Fuerzas Armadas que le atañen per se). Se trata de lo que en democracia se ha de considerar como “ciudadanos de uniforme”, pero que los acomplejados ministros del ramo (García Vargas ha sido una excepción) mantienen intelectualmente “amordazados” hasta para pronunciarse en cuestiones históricas o en la defensa de sus misiones constitucionales específicas; algo que nada tiene que ver con su indiscutible e indiscutida neutralidad política o sindical.
No vamos a profundizar en una lamentable realidad de sobra conocida por nuestros lectores habituales, calificadora por sí misma de una enfermiza clase política que debajo de cualquier uniforme militar sólo ve golpistas, porque en esta web venimos haciendo una defensa constante de los derechos constitucionales de los militares. Quienes así les denigran con una visión tan deformada, razones tendrán para ello, pero desde luego injustas e indignas.
Lo que sí conviene, es concluir esta reflexión sobre la capacidad de los políticos para escucharse a sí mismos y desoír a los demás, tomando su mandato de representación electoral como un “cheque en blanco” para hacer y deshacer a su personal antojo, con una frase especialmente ajustada al caso: “Con suma frecuencia la política consiste en el arte de traicionar los intereses reales y legítimos, y crear otros imaginarios e injustos”.
Se debe al poeta italiano Arturo Graf. Tiene más de un siglo de vida pero parece pensada para definir literalmente la política de Rajoy.
