Carlos Villar Turrau

CARLOS VILLAR nació el 29 de diciembre de 1945 en San Sebastián. Ingresó en la Academia General Militar el año 1963, formando parte de la XXII Promoción, y obtuvo su despacho de teniente de Ingenieros en julio de 1967. Ascendió al empleo de capitán en 1971.

Casado con Soledad Pascual y padre de dos hijos, Carlos y Víctor, ha marcado su carrera profesional con un perfil técnico, completando su formación con los diplomas de Estado Mayor y de Mando de Unidades Paracaidistas y con la licenciatura en Ciencias Económicas.

Durante sus empleos de teniente y capitán, y a lo largo de doce años (1968 a 1980), ocupó siempre destinos en la Brigada Paracaidista. En esa unidad, y según narra Javier Fernández López en su libro “UMD - Militares contra Franco. Historia de la Unión Militar Democrática” (Mira Editores, 2002), tuvo de compañeros a Restituto Valero y a Bernardo Echepare, con quienes participó en aquél movimiento clandestino, aunque sabiendo difuminar su trascendencia pública.

Con posterioridad desempeñó diversas funciones en la División de Logística del Estado Mayor del Ejército, en el Gabinete del Ministro de Defensa y en el del Secretario de Estado de Administración Militar.

En 1994 fue designado primer coronel-jefe del Regimiento de Guerra Electrónica Estratégica nº 32 y después jefe del Regimiento de Transmisiones Estratégicas nº 22, mando que ostentó desde 1995 a 1997. A continuación ocupó la jefatura de la Sección de Sistemas de Comunicaciones, Información y Guerra Electrónica del Estado Mayor del Ejército.

Una vez ascendido a general de brigada, empleo que alcanzó en febrero de 1998, fue nombrado presidente del “Grupo de Estudios para la Implantación del Nuevo Modelo de Fuerzas Armadas” (1998 a 1999). Concluida esa tarea fue nombrado asesor del JEME en Sistemas de Información y Comunicaciones, destino en el que también se le encomendó la elaboración del Plan Director de Investigación y Desarrollo (PDID), por encargo de la DGAM.

El 1 de junio de 2000 ocupó la Subdirección General de Tecnología y Centros de la DGAM y poco después, el 14 de septiembre de 2001, la propia Dirección General de Armamento y Material, momento en el que fue ascendido a general de división, por el Gobierno del PP. En ese destino, en el que el nuevo Gobierno socialista le promovió a teniente general (30/07/2005), colaboró intensamente con la Agencia Europea de la Defensa, siendo nombrado miembro de su Comité Director y National Armament Director (NAD) ante la OTAN y la UE.

Durante su paso por los órganos centrales del Ministerio de Defensa, estrechó su relación profesional y personal con el “núcleo de supervivientes” anclado en su entorno y especializado en prevalecer con los sucesivos titulares del Departamento, fueran del signo político que fueran. En particular con Francisco Torrente, con Félix Sanz y con Miguel Silva (compañero del Arma de Ingenieros y de promoción), que le desbrozaron el camino en su acceso final a la jefatura del Estado Mayor del Ejército.

Este nombramiento de JEME se produjo el 28 de abril de 2006, cuando sustituyó en el cargo al General de Ejército José Antonio García González (cuestionado por la actitud que mantuvo en el “caso Mena”), momento en el que Villar ascendió de forma reglamentaria a ese mismo empleo. Su relevo en el cargo, que entonces ocupó Fulgencio Coll, se produjo el 18 de julio de 2008.

Caracterizado por una gran frialdad y escasos sentimientos patrióticos, en el acto de su relevo como JEME no dejó de sorprender que manifestara su “orgullo y satisfacción por haber servido a España”. De hecho, algunos compañeros de profesión le han escuchado reiterados comentarios sobre la escasa emoción que le producían la enseña nacional y los himnos militares.

En aquel mismo acto de relevo, la ministra de Defensa, Carme Chacón, le puso como “ejemplo” de dedicación y entrega al Ejército. Poco después, Iñaki Anasagasti, senador del PNV, cursó una pregunta para que fuera respondida en la sesión del control al Gobierno en la Cámara Alta sobre la compatibilidad del personal militar en situación de reserva, y en la nómina del Estado, para trabajar en empresas que hubieran celebrado contratos con el Ministerio de Defensa. La carga de profundidad se dirigía precisamente contra el ex jefe del Estado Mayor del Ejército, Carlos Villar, que se había procurado un lucrativo cargo como vicepresidente de Estrategia en General Dynamics Santa Bárbara Sistemas (GDSBS), y también contra el ex jefe de Estado Mayor de la Armada, Sebastián Zaragoza, por su reubicación en la compañía Navantia.

Entonces, la ministra Chacón respaldó aquellas dos actividades, y de paso la de Francisco Torrente (antiguo AJEMA instalado en la presidencia  de Expal), en base a un discutible certificado del Ministerio de Administraciones Públicas, aunque mostrándose partidaria, si así lo requería el Parlamento, de realizar una reforma legal del régimen de incompatibilidades aplicable al caso.

La práctica cuestionada era bastante general, pero el salto de Villar a GDSBS fue especialmente llamativo puesto que durante sus dos últimos destinos (DGAM y JEME) y a lo largo de casi siete años, es decir desde septiembre de 2001, él fue quien diseñó y controló la renovación de los sistemas terrestres blindados del Ejército de Tierra, adquiriendo a esa compañía vehículos militares de última generación, como el blindado RG31MK5E (resistente a ataques con minas) y los carros de combate “Leopard” y “Pizarro”. De hecho, la empresa siempre tuvo al Ejército de Tierra español como cliente de máxima referencia, reconociendo además ante sus propios empleados que el fichaje de Villar suponía un importante activo y un refuerzo para detectar y anticiparse a las necesidades futuras de las Fuerzas Armadas.

La relación entre Villar y GDSBS, que no dejó de despertar recelos en el ámbito parlamentario, también motivó que el coronel retirado Antonio J. Candil Muñoz, tras conocer la incorporación de Villar a aquella empresa, le acusara de “sinvergüenza, inmoral y traidor” en dos prolijos artículos publicados en febrero de 2009 en “El Alijar”, un blog digital especializado en temas de defensa. Sus comentarios fueron muy reproducidos en otros medios de comunicación nacionales.

La acusación, sin duda expuesta con demasiada expresividad, provenía no obstante de un militar debidamente formado e informado y antiguo director del Programa “Leopard”. El coronel Candil Muñoz, además de diplomado de Estado Mayor y por la Escuela de Guerra del Ejército de Tierra italiano, se tituló en Alta Dirección de Empresas en el IESE (adscrito a la Universidad de Navarra), fue representante de España ante la Unión Europea Occidental (UEO) y tuvo diversos destinos en Reino Unido, Bélgica, Italia y Estados Unidos. Autor del libro “La aviación militar en el siglo XXI”, también elaboró un exhaustivo estudio monográfico sobre el presente y el futuro de los carros de combate publicado por ISDEFE, empresa dependiente del Ministerio de Defensa.

Otro aspecto a destacar en la personalidad de Carlos Villar es la clara disposición que ha mostrado para ejecutar sanciones disciplinarias de naturaleza política. Quizás por comprender que su acceso al cargo, con el relevo precipitado de su antecesor por no gestionar de forma diligente las sanciones impuestas desde el Ministerio de Defensa en el “caso Mena”, así lo aconsejaba.

Su diligencia para entremezclar el ejercicio de la disciplina militar con las represalias políticas, ha sido proverbial. Durante su mandato como JEME no dejó de perseguir manifiestamente el asociacionismo militar, centrándose en una operación de acoso y derribo contra el brigada Jorge Bravo, presidente de la Asociación Unificada de Militares Españoles (AUME).

En una primera ocasión, a comienzos de 2007, le sancionó con un arresto de un mes y un día por haber participado en una rueda de prensa convocada a raíz de la muerte de 17 militares españoles a bordo de un helicóptero “Cougar” en Afganistán. En la segunda le abrió otro expediente disciplinario por una “falta muy grave” al haber participado solidariamente en una concentración promovida por la Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC) el 20 de enero de 2007 en la Plaza Mayor de Madrid, tipificación que prevé un arresto de entre uno y dos meses en centro disciplinario militar, en aplicación del artículo 8.34 de la Ley de Régimen Disciplinario de las Fuerzas Armadas.

Tras esta segunda incoación, el secretario general de la AUME, Mariano Casado, acusó públicamente a Villar, de estar motivado por “criterios de oportunidad política” y no por razones de disciplina, toda vez que había iniciado aquel expediente sancionador casi cinco meses después de producirse los hechos, manifestando que tanto el Ministro de Defensa como el JEME no serían “imparciales ni objetivos” y que el proceso abierto contra el brigada Bravo en realidad estaba “hecho a medida” y “resuelto de antemano”. También denunció que las asociaciones militares estaban siendo sometidas a investigación “igual que los grupos terroristas” y que se estaba lanzando “un ataque frontal” contra asociacionismo militar con “un nuevo intento de amordazar” su libertad de expresión. Negó que Bravo asistiera a la concentración de guardias civiles en una estricta condición militar, afirmando que iba vestido de civil y que lo hizo como presidente de una asociación profesional registrada legalmente en el Ministerio del Interior.

Otra sanción disciplinaria no menos teñida de intencionalidad política fue el arresto domiciliario durante un mes del general de brigada Blas Piñar, hijo de quien con el mismo nombre fue diputado y dirigente de Fuerza Nueva durante la transición. En esta ocasión, la excusa fue haber enviado una carta personal al JEMAD, Félix Sanz Roldán, y a otros 34 generales de ejército y tenientes generales en activo, en enero de 2008 y cuando ya se encontraba en situación de reserva, que se consideró de tono “irrespetuoso”.

En esa misma época, Villar también sancionó con un mes de arresto al coronel Lorenzo Fernández Navarro de los Paños por elevar un escrito a su superior, el jefe de la Subinspección del Ejército con sede en Valladolid, fechado el 8 de enero de 2008, con opiniones y comentarios personales sobre la Ley de la Memoria Histórica, que el diario “La Voz de Galicia” calificó de “aséptico” al dar noticia del mismo. El coronel firmante fue cesado de forma inmediata como comandante militar de A Coruña.

De menor cuantía, pero quizás más significativo por la nimia y comprensible naturaleza de los hechos que la originaron, fue otra sanción impuesta por Carlos Villar al capitán de Infantería al mando de una compañía del Tercio Gran Capitán de la Legión, con base en Melilla. En esta ocasión, el motivo fue haber desmontado, el 11 de diciembre de 2006,  el “disfraz” de palmera que por la instalación de un belén en el Parque Hernández cubría el busto erigido en memoria del teniente legionario Francisco Javier Aguilar (muerto el 1 de junio de 1993 en Mostar por el disparo de un francotirador en el momento que trasladaba medicinas a un hospital), al considerar el oficial sancionado aquella utilización decorativa como una burla deshonrosa.

Aunque el episodio se solventó tras una conversación entre el presidente de la Ciudad Autónoma y el comandante general de Melilla, quedando finalmente la estatua al descubierto, tal y como pretendía el capitán legionario, Villar le aplicó un arresto domiciliario de 14 días, ordenando también su cese inmediato en el destino. Además, arrestó a otro oficial presente en los hechos por haberlos aplaudido.

Carlos Villar también sancionó con un arresto de 14 días a otro capitán legionario, casualmente hermano del anterior, por publicar un artículo de opinión en el periódico “Melilla Hoy” el 18 de enero de 2006, expresando su disconformidad con la actuación del Gobierno sobre el Estatuto de Cataluña.

FJM (Actualizado 02/02/2009)

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