Análisis sobre la ciberguerra contra Venezuela y el desacato del candidato de EEUU, Edmundo González, ante el Tribunal Supremo

El pasado domingo 28 de julio, Venezuela celebró sus elecciones presidenciales. El presidente en funciones declaró la victoria, mientras que la oposición afirma lo contrario y pide apoyo. Poco después de la declaración de victoria, los medios de comunicación informaron de protestas generalizadas en toda Venezuela. La mayoría de las noticias publicadas se centran en la turbulenta situación en las calles, pero ASERT pudo ver cómo el conflicto se extendía al espacio digital.

Nuestra primera observación de un pico de actividad en Venezuela se debió a un aumento en el volumen de tráfico de Internet que llega al país. La Figura 1 muestra los patrones de tráfico de Internet de los últimos 10 días.

El 29 de julio, el día después de las elecciones, el tráfico aumentó en volumen: 109 Gbps adicionales de tráfico de entrada, lo que representa un aumento del 16 % en comparación con el día anterior.

El aumento del tráfico y las protestas nos llevaron a examinar los ataques DDoS en todo el país. Durante los últimos dos años, hemos sido testigos de ataques DDoS como una forma de protesta o activismo político en el espacio digital y esperábamos que sucediera lo mismo en Venezuela. Fieles a las tendencias actuales, observamos un aumento de diez veces en los ataques DDoS el 29 de julio. El aumento de los ataques DDoS ( Figura 2 ) es al menos parcialmente responsable del aumento general del tráfico que se observa en la Figura 1 .

Los ataques que detectamos fueron todos ataques de reflexión/amplificación basados ​​en UDP. El noventa por ciento de los ataques utilizaron reflexión/amplificación de DNS ( Figura 3 ), lo que refleja una tendencia al alza en este vector en toda Latinoamérica. Este vector requiere un sistema de mitigación de DDoS resistente para depurar el tráfico, ya que las técnicas alternativas como Flowspec, un mecanismo para propagar rápidamente listas de control de acceso (ACL) a través de redes utilizando BGP, son insuficientes para contrarrestar estos ataques.

Ninguno de los ataques DDoS observados el día después de las elecciones tuvo una cantidad muy alta de bits por segundo (BPS) o paquetes por segundo (PPS). En cambio, parece que los atacantes prefirieron la frecuencia de los ataques al volumen del impacto. Si observamos las figuras 4 y 5 , en realidad fue en las semanas previas a las elecciones cuando las tasas de BPS y PPS se dispararon. También es importante saber que los ataques DDoS suelen ser excesivos. Incluso una pequeña cantidad de tráfico, enviada en el momento adecuado, a un objetivo no preparado puede provocar cortes en la red.

Casi todos los ataques contra Venezuela en los días en cuestión tenían como objetivo a un único proveedor de telecomunicaciones. Dentro de la red de la empresa de telecomunicaciones, dos bloques CIDR /24 distintos fueron atacados simultáneamente, lo que llamamos " Matthew-Bombing DDoS" , una metodología de ataque DDoS que dirige el tráfico de ataque a lo largo de la topología de la red. Con base en una revisión superficial del panorama político, determinamos que el partido que se proclama victorioso en las elecciones venezolanas aloja su infraestructura en la misma red de la empresa de telecomunicaciones atacada.

ASERT observó un crecimiento inusual del tráfico de entrada a Internet el día después de las elecciones venezolanas. Pudimos ver que las protestas en el mundo real continuaban en las redes digitales dentro de Venezuela, lo que resultó en un gran aumento de ataques de reflexión/amplificación de DNS contra las redes que albergan las propiedades web públicas de uno de los partidos políticos. Este tipo de actividad ocurre todo el tiempo en países de todo el mundo y es por eso que las soluciones de protección DDoS son un requisito para garantizar la seguridad digital.

No se presenta al llamado de ese poder del Estado. Partidos opositores que apoyaron al candidato no consignaron pruebas ni actas al TSJ.

El candidato de la Plataforma Unitaria Democrática (PUD) a las elecciones presidenciales del 28J en Venezuela, Edmundo González Urrutia, no se presentó este miércoles a la comparecencia de la Sala Electoral del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), pese a haber sido formalmente citado, y los partidos políticos que lo apoyaron no consignaron pruebas ni actas ante ese poder del Estado venezolano.

La presidenta del TSJ, Caryslia Beatriz Rodríguez Rodríguez, solicitó que se deje constancia formal de que González Urrutia no compareció y que no acata el mandato de ese poder del Estado venezolano.

La Sala Electoral del TSJ inició este miércoles las audiencias con excandidatos y organizaciones con fines políticos que participaron en las elecciones presidenciales, en las cuales fue relecto el candidato del Gran Polo Patriótico, Nicolás Maduro Moros, con más del 51 por ciento de los votos.

Al citarlos, Rodríguez Rodríguez convocó a consignar «todos los instrumentos electorales que se encuentren en posesión de los partidos políticos y de los candidatos».

Más temprano, comparecieron ante la Sala Electoral del TSJ el gobernador del estado Zulia, Manuel Rosales, del partido Un Nuevo Tiempo, y representantes de otras organizaciones que forman parte de la PUD: José Luis Cartaya (Mesa de la Unidad Democrática) y José Simón Calzadilla (Movimiento por Venezuela).

Ninguno de ellos presentó pruebas ni actas al TSJ.

Además de entregar los instrumentos electorales en su poder, los concurrentes responden un cuestionario elaborado por los magistrados del TSJ.

Según la agenda, este miércoles también comparecerán representantes de partidos políticos que durante la elección apoyaron al exaspirante José Brito (Movimiento Primero Venezuela) y representantes de organizaciones que apoyaron al excandidato Luis Eduardo Martínez (Acción Democrática).

El TSJ informó el martes que todos los exaspirantes fueron debidamente citados y recordó la obligación que tienen por ley de asistir a la convocatoria. A la anterior citación del alto tribunal no asistió González Urrutia, cuya organización no reconoció los resultados electorales, intentó suplantar al Poder Electoral y promovió actos violentos el 29 y el 30 de julio, los cuales dejaron cuantiosos daños materiales, además de dos efectivos de seguridad asesinados y más de 140 de ellos heridos.

González Urrutia fue uno de los dos excandidatos que no firmó el Acuerdo de Reconocimiento de Resultados de la Elección Presidencial, a través del cual los aspirantes electorales se comprometieron a reconocer los resultados y al Poder Electoral, además de contribuir a la paz y la tranquilidad del país.

El presidente relecto, Nicolás Maduro Moros, confirmó este martes en el Palacio de Miraflores que asistirá al TSJ el viernes próximo, ocasión en que presentará el 100 por ciento de las actas originales. Instó a los demás excandidatos a acatar la citación del Poder Judicial.

El lunes pasado, el rector del Consejo Nacional Electoral, Elvis Amoroso, acudió al TSJ y entregó los documentos solicitados por ese tribunal para el peritaje de las actas electorales.

El excandidato presidencial por la oposición extremista, Edmundo González Urrutia, anunció que no comparecerá ante la Sala Electoral del Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela (TSJ), órgano del Poder Judicial que citó a los 10 aspirantes para entregar las actas de escrutinio del proceso celebrado el pasado 28 de julio.

En un comunicado difundido en redes sociales, el representante de la llamada Mesa de la Unidad Democrática (MUD) alegó sentirse “vulnerable”, agregando que “está en riesgo» su libertad, luego de ser señalado como responsable de los focos de violencia y actos vandálicos ocurridos los días 29 y 30 de julio en desconocimiento a los resultados electorales que dieron como ganador al presidente Nicolás Maduro con más de 6 millones de sufragios.

González Urrutia tiene hasta este miércoles a las 11:00 de la mañana (hora de Venezuela) para entregar las actas de escrutinio que prueben el supuesto “fraude” en el proceso electoral.

“La falta de comparecencia ante esta sala acarreará las consecuencias previstas en nuestro ordenamiento jurídico”, aseguró la magistrada Caryslia Beatriz Rodríguez, presidenta de la Sala Electoral.

La semana pasada, la Sala Electoral del máximo órgano judicial recibió un recurso contencioso introducido por el jefe de Estado, a los fines de conocer sobre la legalidad y constitucionalidad de cualquier hecho, acto, actuación, omisión, abstención, de persona jurídica, privada o pública, o personas naturales en el marco de los siguientes criterios que orientan su competencia, tal como explicó recientemente la abogada constitucional Olga Álvarez.

Sobre los alcances de este recurso, enumeró los siguientes:

1. La jurisdicción contencioso electoral NO limita su competencia a las impugnaciones del proceso electoral.
   2. La jurisdicción contencioso electoral es competente para conocer sobre la legalidad y constitucionalidad de cualquier hecho, acto, actuación, omisión, abstención, de persona jurídica, privada o pública, o personas naturales en el marco de los siguientes criterios que orientan su competencia.
   3. La jurisdicción contencioso electoral “excede la potestad anulatoria y puede dirimir muy diversas peticiones de naturaleza electoral, incluso revisar actuaciones, actos u omisiones que, no siendo propiamente de naturaleza electoral, impacten en la garantía de los derechos político-electorales y especialmente en el debido desarrollo de un proceso electoral con el objeto de preservar sus garantías constitucionales.

Además, la Sala Electoral del TSJ también tiene la potestad de determinar los hechos que constituyen delito, por ejemplo, la exhibición de actas falsas, adulteración de documentos o actas, usurpación de funciones, entre otros.

Justamente el lado extremista de la oposición cantó fraude antes de realizado el proceso electoral, y una vez el CNE emitió su boletín, se publicaron presuntas actas que no han podido ser verificadas dentro ni fuera de Venezuela.

Al respecto, la abogada venezolana Mía Fermín apuntó que “se llegó al TSJ justamente por la actitud de un sector de la oposición que se tomó atribuciones de emitir resultados y de autoproclamarse, generando reacciones negativas a nivel nacional e internacional”.

También recalcó la incoherencia que ha caracterizado las actuaciones de este sector: “ahora sí reconoces que era el CNE, cuál es la incoherencia, pide la incompetencia de la Sala, pero ante la Sala”, escribió.

En conclusión, las guarimbas y la acción violenta de los llamados “comanditos del terror” fomentaron las condiciones para la activación de la Sala Electoral, tal como lo hizo el presidente Nicolás Maduro en apego a la Constitución.

“WhatsApp le entregó la lista que tiene en Venezuela al narcotráfico colombiano e hicieron una labor de espionaje por meses.

Desinstala el odio, desinstala la guerra. Yo desinstalé WhatsApp de mi teléfono y soy un hombre libre”.

El viernes 3 de agosto, al dar a conocer el segundo boletín del Consejo Nacional Electoral (CNE) de Venezuela, su titular, Elvis Amoroso, confirmó que con el 96.87% de las actas escrutadas, Nicolás Maduro se impuso en los comicios presidenciales con 6:408.844 votos (51.97%), frente al opositor Edmundo González, quien obtuvo 5:326.104 sufragios (43.18%). Sin embargo, más allá del resultado −que mandata al actual presidente a gobernar por un nuevo periodo de seis años entre enero de 2025 y 2031−, la actual guerra cognitiva comunicacional de saturación contra Maduro y el chavismo en el Occidente colectivo, no tiene que ver con los votos y las actas y tampoco con la democracia y las libertades, sino con los intentos de la administración Biden por reeditar las fracasadas políticas de ‘cambio de régimen’ de sus antecesores George W. Bush, Barack Obama y Donald Trump e imponer en el Palacio de Miraflores a un testaferro de la oligarca María Corina Machado, con posiciones afines a las del capitalismo salvaje del sádico de la motosierra, Javier Milei, figura salida de un Marvel Comics para ejecutar la agenda de la plutonomía en Argentina.

Desde el mismo día de los comicios, el domingo 28 de julio, Venezuela había entrado en una nueva fase de una guerra híbrida de espectro completo impulsada por Washington que sigue los manuales de la Guerra No Convencional del Pentágono, y que dirigida a desconocer el resultado y desestabilizar el país para imponer un gobierno títere, combinó la ciberguerra y las operaciones encubiertas con la guerra urbana paramilitar, junto con una vasta campaña de intoxicación (des)informativa en los medios hegemónicos y las llamadas redes sociales, que tuvo en Elon Musk, como nuevo actor emergente visible del complejo digital-financiero-militar-industrial de Estados Unidos, a uno de sus principales protagonistas.

La secuencia de un golpe de Estado continuado que se intensificó en junio pasado con sabotajes contra el sistema eléctrico y la infraestructura crítica venezolana; intentos de magnicidio; un blackout (apagón) informativo sobre la campaña electoral de Maduro y la fabricación de una metarealidad mediante la difusión de noticias falsas (fake news) que colocaba urbi et orbi a Edmundo González como seguro vencedor de los comicios, incluyó un intento de sabotaje la madrugada del 27 de julio en la subestación eléctrica de Ureña, que de haber sido “volada” por sus perpetradores hubiese afectado el servicio eléctrico en los estados Zulia, Mérida, Yaracuy, Barinas, Apure, Trujillo y Táchira a horas de abrir los centros de votación automatizados: en Venezuela, el proceso electoral es digital, no hay boletas de papel, la urna es una máquina electrónica y el conteo es automático; al cierre de los colegios electorales, el software suma los votos y da el resultado, es decir, el acta de escrutinio. De allí que la intentona buscaba generar un apagón eléctrico en el occidente del país para impedir y caotizar el proceso el día de los comicios.

Y si bien la jornada electoral transcurrió con normalidad y gran afluencia de votantes, ya se había activado una intensa actividad maligna de bots a favor del candidato opositor Edmundo González, seguido de un ataque cibernético masivo y múltiple, a modo de enjambre, contra el sistema de transmisión de datos del Consejo Nacional Electoral, causa de la ralentización en el envío de votos y del proceso de totalización de los mismos; retraso que sirvió de caldo de cultivo para la agenda golpista de María Corina Machado y sus patrocinadores en la Casa Blanca.

Asimismo, a las 6:00 pm, cuando ya las urnas electorales estaban cerrando a nivel nacional, se viralizó un estudio elaborado por Edison Research, una de las principales encuestadoras y centros de investigación electoral, que según reveló un día después Wikileaks, está ligado a la Agencia Central de Inteligencia (CIA). El estudio, en el cual se mencionaron los resultados a “boca de urna” de los comicios, daba ganador a Edmundo González, con el 65% de los votos totales, mientras que el candidato oficialista, Nicolás Maduro, obtenía apenas el 30%. Un par de horas después, Leopoldo López emitió su respaldo a los resultados de Edison Research a través de su cuenta en la red social X, donde lo secundó el dueño actual de la misma, Elon Musk, dando inicio, además, a una campaña de desconocimiento del proceso electoral y desprestigio y odio contra el presidente reelecto Nicolás Maduro, que fue multiplicada por CNBC, propiedad de NBC Universal y la agencia Reuters, como miembros del National Election Pool, siguiendo los mismos pasos los diarios The Washington Post, The New York Times y el Wall Street Journal.

Según denunció el presidente Nicolás Maduro el 29 de julio, el ataque cibernético masivo se trató de un DOS (Denial Of Service – Denegación de Servicio) realizado desde la República de Macedonia del Norte, que consiste en saturar las redes con una enorme cantidad de tráfico espurio para evitar se logre transmitir la información. El DOS es un tipo de ataque habitual que se ha registrado en países como Hong Kong (durante las protestas de 2019) y grandes corporaciones como Telecom o Amazon. Y de acuerdo con la página web de Misión Verdad, Macedonia, miembro de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN), comparte información de inteligencia con Estados Unidos y desde 2018 mantienen un programa común en materia cibernética supervisado por el U.S. Cyber Command (Comando Cibernético de EU), rama del Pentágono a cargo del general Timothy Haugh, quien también está al frente de la Agencia de Seguridad Nacional (NSA, sus siglas en inglés), institución encargada del dominio cibernético y cuyos escándalos de espionaje y actividades maliciosas han rebasado los límites de su propio país.

En ese contexto entró en escena el multimillonario Elon Musk −activo propagandista y financista de María Corina Machado y Edmundo González−, replicando los resultados de Edison Research que posicionaban al candidato de ultraderecha como vencedor y deslegitimando los resultados del Consejo Nacional Electoral. No deja de ser significativo, que −según confirmaron Bloomberg y la agencia Reuters−, la firma SpaceX, de Musk, está construyendo una red de cientos de satélites espía que pueden operar como un enjambre en órbitas bajas, mediante un contrato clasificado con la Oficina Nacional de Reconocimiento de EU, suscrito en 2021. Cabe recordar que a raíz del putsch en Bolivia, el también dueño del consorcio de autos a batería Tesla, dijo en 2020: “Daremos un golpe de Estado a quien queramos. Lidiad con eso”. De allí que Maduro lo señalara luego de los comicios como “padrino” de la ultraderecha golpista venezolana.

Por otra parte, luego de que el Consejo Nacional Electoral anunció el triunfo de Nicolás Maduro con el 80 por ciento de los votos escrutados –mensaje que se vio retrasado e incompleto la noche de los comicios por el hackeo masivo al sistema de datos del organismo−, se activó un ciclo de presión y hostilidad político-diplomático contra el gobierno de Nicolás Maduro y las instituciones del Estado venezolano por parte de Estados Unidos, que, motivado por intereses geoeconómicos y geopolíticos, fue sincronizado con la agenda de desconocimiento de los comicios, en conjunción con acciones de violencia criminal y terrorista, en lo que parece ser un retorno a la estrategia de ‘máxima tensión’ de la administración Trump.

Así, la noche del 28 de julio entraron en acción los llamados “comanditos” de María C. Machado, fuerza paramilitar armada integrada por militantes de extrema derecha, bandas de la delincuencia organizada local y narcotraficantes colombianos −que responde al manual de Guerra No Convencional (o irregular) de Fuerzas Especiales de EU y al esquema táctico operacional de guerra urbana del Pentágono−, que desarrollaron actos de violencia racista y clasista contra el “enemigo interno”, identificado como el chavista, incendiando alcaldías, sedes del Poder Electoral, del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), almacenes de los CLAP (Comité Local de Abastecimiento y Producción, que operan como un sistema paralelo de distribución de alimentos del gobierno) y espacios comunitarios, y derribando estatuas con fuerte carga simbólica, como las del indio Coromoto (al que se le apareció la Virgen, patrona de Venezuela) y también del comandante Hugo Chávez en varias partes del país, como parte de un intento para generar caos y desestabilización, buscando resquebrajar la unidad cívico-militar-policial, corromper y cooptar a sectores del alto mando de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana y destruir al Estado haciéndolo implosionar desde adentro siguiendo las técnicas del golpe suave de Gene Sharp.

Ya entonces, María Corina Machado había proclamado la victoria de su pupilo Edmundo González, alegando tener pruebas, pero sin mostrarlas. Y minutos después de los comicios, la vicepresidenta de EU, Kamala Harris, emitió un ambiguo comunicado pidiendo “respetar la voluntad del pueblo venezolano” y solicitando la “publicación inmediata de datos detallados de las encuestas sobre los resultados”, medida de presión que, desestimando las denuncias del ataque cibernético, fue respaldada tanto por el secretario de Estado, Antony Blinken, como el subsecretario de Estado para Asuntos del Hemisferio Occidental, Brian Nichols, lo que sirvió de señal para que las cancillerías de Argentina, Chile, Perú, Costa Rica, Panamá, República Dominicana y Uruguay se sumaran a la ofensiva comunicacional teledirigida desde Washington, en una reedición del fallido Grupo de Lima de la era Trump.

Y no podía faltar el injerencismo del inefable Luis Almagro, secretario general de la maloliente Organización de Estados Americanos (OEA), quien el 31 de julio, elevando la apuesta, emitió un comunicado instando a Nicolás Maduro a “aceptar su derrota electoral” y sugiriendo la convocatoria de “nuevas elecciones” bajo condiciones diferentes si no se reconocía el resultado. Incluso, durante una sesión del organismo convocada para debatir sobre el resultado de las elecciones en Venezuela, Almagro instó a los países miembros del viejo ministerio de colonias de Washington a presentar cargos contra el mandatario venezolano ante la Corte Penal Internacional (CPI) y exigir una orden de captura; pedidos que fracasaron.

(Cabe consignar que desde 2016, Almagro fue cooptado oficiosamente por la llamada “comunidad de inteligencia” de Estados Unidos, para formar parte de la segunda fase de la Operación Venezuela Freedom-2 (Libertad Venezuela), impulsada por el entonces jefe del Comando Sur del Pentágono, almirante Kurt Tidd. Firmado por Tidd y fechado el 25 de febrero de 2016, dicho documento de trabajo interno del Pentágono −que pese a sus múltiples menciones no ha sido desmentido hasta el momento− afirma haber “convenido” con Luis Almagro Lemes la aplicación de la Carta Democrática de la OEA contra Venezuela, en el marco de la Guerra de Espectro Completo elaborada en junio de 2000 por la Dirección de Políticas y Planes Estratégicos del Ejército de Estados Unidos [ver Documento Joint Vision 2020], que es la matriz doctrinaria de todos los manuales y proyectos de Guerra No Convencional desarrollados hasta el presente contra el proceso revolucionario bolivariano).

El sábado 3 de agosto, durante una masiva concentración frente al Palacio de Miraflores, Nicolás Maduro recordó las experiencias pasadas de violencia en Venezuela, comparando la situación actual con lo ocurrido el 2014 y 2017. Dijo: “Las guarimbas del 2014 duraron 60 días. Las del 2017 duraron 120 días. Pero en unas 48 horas, con la capacidad de la unión cívico-militar-policial resolvimos con la Constitución y la paz, el golpe fascista”. Y sentenció que “esta vez no va a haber perdón”, al indicar que no habrá indulgencia para los responsables de los recientes disturbios violentos, en los que habrían participado más de 1000 grupos delincuenciales preparados durante 11 meses con el objetivo central de “mandar un mensaje al mundo que había una insurrección popular”; pero también intimidar al pueblo pobre de a pie. Maduro afirmó que “hoy somos más fuertes, tenemos más experiencia, estamos más preparados y Venezuela tiene una institucionalidad y justicia sólidas y no se permitirá que se pretenda usurpar de nuevo la Presidencia de la República. Guaidó parte dos, González Urrutia, no va”.

El 6 de agosto, las fuerzas militares y de seguridad venezolanas dieron una dura respuesta a una comunicación emitida por Edmundo González y María Corina Machado un día antes, donde les solicitaban ponerse “del lado del pueblo” y, tácitamente, insubordinarse al mando del presidente Maduro y apoyar un golpe de Estado. En un comunicado, el ministro de la Defensa, Vladimir Padrino, catalogó de “sediciosos planteamientos” lo expresado por González y Machado, quienes, dijo, “pretenden abrogarse el carácter de demócratas” cuando “tienen una larga y oscura trayectoria como promotores de acciones radicales, anticonstitucionales y antidemocráticas”. Entre esas acciones citó “solicitudes de intervenciones militares” (extranjeras), “petición de medidas coercitivas unilaterales” (sanciones) y “apoyo de todo lo que comporta la guerra híbrida” de EU y sus aliados contra Venezuela. “Resulta ostensiblemente cínico, que ahora esta facción insurreccional de la oposición política venezolana, procure revestirse de un manto de legalidad que nunca ha practicado”, dijo Padrino.

Padrino, quien emitió el pronunciamiento desde la sede del Ministerio de Defensa en Caracas y estuvo acompañado del ministro de Interior, Justicia y Paz, Remigio Ceballos, y el jefe del Comando Estratégico Operacional de la FANB, Domingo Hernández Lárez, puntualizó que “esta corriente fascista sigue intentando posicionar la tesis de una victoria electoral que quisieron construir sobre la base de falsas encuestas y una campaña mediática orquestada para crear ficticias expectativas en solo un sector de la población al que pretenden seguir engañando y manipulando”.

Desde la víspera de los comicios y hasta el presente, Maduro ha repetido hasta el cansancio la palabra “paz”. Y ha dicho que el fascismo no entiende de diálogo ni de democracia. Por eso, aseguró que se le combatirá con la ley y la Constitución en la mano. Y ante un eventual escenario de invasión estadunidense, recordó que la Milicia Popular Bolivariana está integrada por cinco millones 200 mil milicianos y “es el arma secreta de una guerra de todo el pueblo” inspirada en la doctrina vietnamita.

En Venezuela se juega si el subcontinente sigue por el camino de la paz o si se impone el fascismo. De allí que ante los embates del imperialismo estadunidense, como en los años 80 del siglo pasado en Nicaragua, no está de más repetir: Manos fuera de Venezuela.