Desde que Sun Tzu nos legara su magistral tratado sobre “El arte de la guerra”, escrito hacia el año 500 antes de Cristo, sus enseñanzas y la terminología militar que conllevan han trascendido a otros campos asociados de la actividad humana, sobre todo al de la política. En tiempos recientes, las estrategias y tácticas militares se vienen utilizando incluso como guía en programas de gestión empresarial y desarrollo corporativo y, también, en campañas de liderazgo personal y de opinión pública.
Si nos remitimos a su origen militar, la “táctica” no es otra cosa que la acción o el procedimiento utilizado para enfrentarse al enemigo con éxito, aunque su uso se haya extendido teórica y prácticamente a otros campos como el electoral, la economía, los deportes... Es decir, se trata de la forma de alcanzar un objetivo puntual establecido en relación con una “estrategia” global, sin que ambos conceptos (táctica y estrategia) deban confundirse o usarse de forma indistinta y errónea.
Por ejemplo, si el objetivo sustancial es ganar una “guerra”, del tipo que fuere (militar, política, mediática…), una posible estrategia para conseguirlo podría ser reducir la capacidad de lucha del enemigo mediante la destrucción de sus fuerzas y recursos de cualquier naturaleza. Las tácticas empleadas al respecto, consistirán entonces en desarrollar acciones específicas en tiempos y escenarios concretos, incluyendo los denominados “golpes de mano”, que siendo operaciones de menor escala, no pueden por sí mismas alcanzar el objetivo final, pero sí coadyuvar a su consecución.
Con este intento aclaratorio previo, quizás se pueda vislumbrar mejor la esencialidad de “golpe de mano” contra la Corona que, en nuestra opinión, han llegado a tener algunos aspectos del “caso Urdangarin”, en especial su tratamiento mediático y los esfuerzos realizados, unos encubiertos y otros no, para implicar a la Infanta Cristina en su instrucción judicial, sin mayor interés perceptible que el de socavar la imagen de la Monarquía. Aspecto de la cuestión que en modo alguno supone cuestionar el principio general de justicia, es decir aquello que debe hacerse según derecho o razón, y que en el Estado democrático atañe por igual a todos los ciudadanos.
Dando por posible (y probable) esta lectura más oculta del caso, con límites muy sensibles y efectos realmente peligrosos para la estabilidad de la forma política del Estado español (la Monarquía parlamentaria), a su desarrollo habrían podido colaborar, de forma sin duda involuntaria o inconsciente, los medios judiciales responsables de instruir un sinfín de piezas separadas del “caso Palma Arena” (entre ellas la del “caso Urdangarin” o “caso Nóos”), de filtrar o permitir el filtraje de los sumarios afectos, e incluso de “deslizar” durante el interrogatorio del marido de la Infanta Cristina la posibilidad, ciertamente “estigmatizadora”, de llamarla a declarar como testigo, entre otras cosas.
Pero, mucho menos accidental al respecto, y ya con un alcance político muy claro e intencionado, ha sido la “acusación popular” (figura que debería regularse con criterios técnico-jurídicos más ajustados al verdadero interés público) ejercida por un fantasmal “sindicato” denominado “Colectivo de Funcionarios Públicos Manos Limpias”. Incluso llegó a pedir formalmente la imputación de Doña Cristina de Borbón ante el Juzgado de Instrucción nº 3 de Palma de Mallorca, dentro de las Diligencias Previas 2677/08, pieza separada nº 25.
Claro está que al observador perspicaz tampoco se le puede escapar la persecución mediática de la instrucción judicial protagonizada por el grupo editorial que lidera Pedro J. Ramírez, altamente significada. Ni el presumible aliento insuflado sobre unos y otros por algún vengativo personaje de cuello blanco, capaz de engrasar al susodicho “sindicato”, echarle pulsos a la más alta magistratura del Estado y, de paso, predicar principios y valores sociales que jamás le hemos visto asumir personalmente…
Aunque no deje de ser curioso que algunos medios informativos despistados busquen absurdas relaciones entre el citado sindicato “justiciero” y la ultraderecha política o los sectores más radicales del PP, cuando en el fondo todos conocen la mano del mecenas que mueve su cuna.
Más allá de lo instruido como diligencias previas, que ya veremos a dónde pueden o no pueden llevar en términos estrictamente penales, es evidente que las filtraciones del “sumario Urdangarin”, los esfuerzos por imputar a la Infanta Cristina y el atento acompañamiento periodístico de “El Mundo”, cuantificados por medios de la prensa del corazón carentes de cualquier capacidad de análisis o sentido de la responsabilidad, no han dejado de conformarse como un ataque, sutil pero muy duro, contra la “Familia Real”, difícilmente disociable de la Institución Monárquica, a la que ha producido daños injustos y de difícil reparación.
Cierto es que en su eventual vertiente de sorpresivo “golpe de mano contra la Corona”, el “caso Urdangarin” no ha producido ni producirá ninguna “muerte súbita”, pero sí que ha permitido ocupar una posición de combate frente a la Corona (una especie de cabeza de puente mediática y social) que podría facilitar el desarrollo ulterior de ataques con mayor alcance y contundencia.
De hecho, su ejecución ha conllevado un planeamiento sumamente afinado y detallado, con un plan de acción simple, de fácil retroalimentación y sin necesidad de una especial coordinación, propio de los ataques a “objetivos protegidos”. Es decir, siguiendo un procedimiento regido por una de las máximas más prácticas del “golpe de mano”: sólo lo sencillo promete éxito.
Algunos de los analistas políticos más avezados (y por supuesto atrevidos) no han dejado de seguir el “caso Urdangarin” en la misma clave movediza que apuntamos, o muy parecida. Sin ir más lejos, Graciano Palomo, viene deslizando en sus columnas habituales de un conocido diario digital pistas bien significativas al respecto. En la titulada “Cuando el Rey mandó al jefe de su casa a cumplimentar a Pedro J.” (17/03/2014), recordaba, por ejemplo, el intento regio, evidentemente infructuoso, de desactivar los ataques lanzados contra Iñaki Urdangarin al estallar el “caso Nóos”, auténticas “bombas mediáticas de racimo” que en buena lógica terminarían rebotando sobre la propia Corona.
Por otra parte, el incontrolado desarrollo del caso, parece estar produciendo en el conjunto de la clase dirigente del país curiosas reacciones, con grandes muestras de afecto hacia el rey Juan Carlos. Se dan de forma insistente, y acaso desproporcionada, cada vez que Su Majestad interviene en un acto oficial, sin duda como apoyo moral ante el mal trago familiar, pero quizás entendiendo también el afilado cariz de la partida en juego…
Se podrá estar o no estar de acuerdo con lo aquí escrito, y por supuesto tildar de excesiva la pregunta que lo encabeza. Pero lo que en todo caso parece menos discutible es que el aparato asesor de la Casa Real no ha estado, salvo en el caso de quien inteligentemente advirtió hace años sobre la inconveniencia de los negocios de Iñaki Urdangarin, a la altura de las circunstancias.
El corolario que se desprende de toda esta situación es que el heredero de la Corona debería ir contando con un entorno de consejeros algo más avezado y atento al porvenir, muy distinto del que ha sesteado y sestea bajo los laureles del pasado.
-----------------------
Fernando J. Muniesa es analista y consultor en Defensa y Seguridad.