Gareth Porter
Nota del editor: A la luz de que Estados Unidos proclamó a la Guardia Revolucionaria Iraní de ser una organización terrorista, vale la pena examinar los dos ataques terroristas más grandes, en Argentina y Arabia Saudita, que Estados Unidos ha atribuido a Irán, así como los enlaces de Estados Unidos (o no) con la organización terorista MEK y Jundallah. El texto a continuación de 2008 explica las pruebas que implican a Irán en el atentado de 1994 contra la comunidad judía de Buenos Aires que mató a 85 personas no existen. Los probables perpetradores eran veteranos de la guerra sucia argentina que todavía tenían muchos amigos en la policía argentina.
Aunque las armas nucleares e Irak han sido el foco principal de la campaña de presión de la Administración Bush contra Irán, los funcionarios estadounidenses también tratan de atacar a Irán como el principal patrocinador mundial del terrorismo. Y la última táctica del Equipo Bush fue presentar una acusación durante trece años de que Irán fue responsable del notorio atentado de Buenos Aires que destruyó el Centro Comunitario Judío de la ciudad, conocido como AMIA, que mató a ochenta y seis personas y dejó 300 heridos en 1994.
Funcionarios anónimos de alto rango de la administración dijeron al Wall Street Journal el 15 de enero que el atentado en Argentina "sirve como modelo de cómo Teherán ha utilizado sus embajadas en el extranjero y su relación con grupos militantes extranjeros, en particular Hezbolá, para atacar a sus enemigos".
Esta campaña de propaganda depende en gran medida de una decisión tomada en noviembre pasado por la Asamblea General de Interpol, que votó para incluir a cinco ex funcionarios iraníes y un líder de Hezbollah en la "lista roja" de la organización policial internacional por presuntamente haber planeado el atentado de julio de 1994.
Pero el Wall Street Journal informa que fue la presión de la Administración Bush, junto con los diplomáticos israelíes y argentinos, lo que aseguró la votación de Interpol. De hecho, la manipulación por parte de la Administración Bush del caso del atentado argentino está perfectamente en línea con su práctica prolongada de usar evidencia distorsionada y manipulada para construir casos contra sus enemigos geopolíticos.
Después de pasar varios meses entrevistando a funcionarios de la Embajada de los Estados Unidos en Buenos Aires familiarizados con la investigación argentina, el jefe del equipo del FBI que lo ayudó y el investigador argentino independiente con más conocimiento del caso, descubrí que nunca se ha encontrado evidencia real de que Irán estuviera implicado en el atetado.
Sobre la base de estas entrevistas y el registro documental de la investigación, es imposible evitar la conclusión de que el caso contra Irán por el atentado de AMIA se debió desde el principio a la enemistad de Estados Unidos hacia Irán, no a un deseo de encontrar a los verdaderos perpetradores.
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Un 'muro de suposiciones'
La política de Estados Unidos hacia el atentado fue sesgada desde el principio por una estrategia de la Administración Clinton de aislar a Irán, adoptada en 1993 como parte de un acuerdo con Israel sobre negociaciones de paz con los palestinos.
El mismo día del crimen, antes de que se supiera quién era responsable, el Secretario de Estado Warren Christopher culpó a "aquellos que quieren detener el proceso de paz en el Medio Oriente", una referencia obvia a Irán.
William Brencick, entonces jefe de la sección política en la Embajada de los Estados Unidos en Buenos Aires y el contacto principal de la Embajada para la investigación, recordó en una entrevista conmigo en junio pasado que un "muro de supuestos" guió el enfoque de los Estados Unidos en el caso.
Las suposiciones principales, dijo Brencick, eran que la explosión fue un atentado suicida y que el uso de un atentado suicida fue una evidencia a primera vista de la participación de Hezbolá, y por lo tanto de Irán.
Pero la tesis del terrorista suicida se encontró rápidamente con serios problemas. A raíz de la explosión, el gobierno de Menem solicitó a Estados Unidos que enviara un equipo para ayudar en la investigación y , dos días después del atentado, expertos de la Oficina de Alcohol, Tabaco y Armas de Fuego llegaron a Buenos Aires junto con tres agentes del FBI.
Según una entrevista, el jefe del equipo, Charles Hunter, experto en explosivos de ATF, se lo entregó a un equipo de investigadores independientes encabezados por el periodista estadounidense Joe Goldman y el periodista argentino de investigación Jorge Lanata, tan pronto como llegó el equipo, la policía federal presentó una tesis de que una furgoneta Renault Trafic blanca había llevado la bomba que destruyó la AMIA.
Hunter identificó rápidamente las principales discrepancias entre la tesis del coche bomba y el patrón de explosión registrado en las fotos. Escribió un informe dos semanas después, señalando que a raíz del atentado, la mercancía en una tienda inmediatamente a la derecha de la AMIA estaba apretada contra sus ventanas delanteras y la mercancía en otra tienda había volado a la calle, sugiriendo que la explosión vino de adentro en lugar de afuera.
Hunter también dijo que no entendía cómo podría estar parado el edificio al otro lado de la calle si la bomba hubiera explotado frente a la AMIA, como sugiere la tesis del auto bomba.
La falta de evidencia de testigos oculares que apoyaran la tesis fue igual de sorprendente. De los 200 testigos en escena, solo uno afirmó haber visto un Renault Trafic blanco. Varios declararon que estaban mirando el lugar donde debería haber estado el vehículo cuando ocurrió la explosión y no vieron nada. Nicolasa Romero, la esposa de un policía de Buenos Aires, fue esa única testigo. Ella dijo que vio un Renault Trafic blanco acercarse a la esquina donde estaba parada con su hermana y su hijo de 4 años. Pero la hermana de Romero testificó que el vehículo que los pasó no era un Trafic blanco sino un taxi negro y amarillo. Otros testigos informaron haber visto unos segundos ese taxi negro y amarillo antes de la explosión.
Los fiscales argentinos argumentaron que las piezas de un Trafic blanco incrustado en la carne de muchas de las víctimas de la explosión probaban la tesis del ataque suicida. Pero esa evidencia fue desacreditada por Gabriel Levinas, un investigador del propio equipo legal de AMIA. Levinas es miembro de una importante familia judía en Buenos Aires que había publicado una revista de derechos humanos durante la dictadura (el auto de su tío fue usado para secuestrar al criminal de guerra Adolf Eichmann y llevarlo a Israel para su juicio en 1961).
Descubrió que el fabricante de la tesis del Trafic blanco había recibido fragmentos de un vehículo recuperado por la policía para su análisis y había descubierto que ninguna de las piezas había sido sometida a temperaturas elevadas. Eso significaba que estos fragmentos de coches no podrían haber provenido del particular Trafic blanco que la policía había identificado como el coche bomba suicida, ya que se sabía que ese vehículo se incendió.
Sin embargo, a pesar de la falta de testimonios de testigos presenciales y la debilidad de las pruebas forenses, el Departamento de Estado aceptó públicamente la historia de la bomba suicida en 1994 y 1995.
El problema del móvil
Los investigadores independientes también se han preguntado durante mucho tiempo por qué Irán habría llevado a cabo una acción contra los judíos argentinos, mientras que sus aliados de Hezbollah estaban envueltos en una lucha armada con los militares israelíes en el Líbano. En su acusación a varios ciudadanos iraníes en el 2006 por el atentado, los fiscales argentinos argumentaron que Irán planeó el ataque de AMIA porque el gobierno de Carlos Menem había cancelado abruptamente dos contratos para la transferencia de tecnología nuclear a Irán.
Pero la acusación en realidad proporciona extractos de documentos clave que socavan esa conclusión. Según un cable del embajador de Argentina en Irán, el 10 de febrero de 1992, el director del Ministerio de Relaciones Exteriores de Irán al Departamento de Estados Unidos había "enfatizado la necesidad de llegar a una solución al problema [de la transferencia de tecnología nuclear] que evitaría dañar otros contratos". Irán manifestó claramente su esperanza de encontrar una solución negociada que pudiera reactivar los contratos suspendidos y mantener otros acuerdos con Argentina.
El 17 de marzo de 1992, la explosión de una bomba destruyó la Embajada de Israel en Buenos Aires, un incidente del cual los fiscales argentinos también responsabilizaron a Irán. La acusación, sin embargo, cita a un alto funcionario de INVAP, una empresa nuclear argentina que dominó la Comisión Nacional de Energía Atómica, diciendo que durante 1992 hubo "contactos" entre INVAP y la Organización de Energía Atómica de Irán "con la expectativa de que la decisión del gobierno nacional sería revisada, lo que permitiría reanudar las tareas en los contratos”. El mismo funcionario confirmó que las negociaciones sobre los dos proyectos cancelados continuaron desde 1993 hasta 1995, antes y después de la explosión de AMIA. Esas revelaciones sugieren que la la actitud iraní hacia Argentina en el momento del atentado fue exactamente la contraria a la que se afirma en la acusación.
El motivo de Hezbollah para involucrarse en el atentado de AMIA, según la acusación, fue una venganza contra el bombardeo israelí de un campo de entrenamiento de Hezbollah en el valle de Bekaa a principios de 1994 y el secuestro por Israel del líder chiíta Mustapha Dirani en mayo. Sin embargo, esa teoría no explica por qué Hezbolá escogería tomar represalias contra los judíos en Argentina. Ya estaba en guerra con las fuerzas israelíes en el Líbano, donde el grupo estaba empleando ataques suicidas con bombas en un esfuerzo por presionar a Israel para que pusiera fin a su ocupación. Hezbolá tenía una segunda opción de represalia fácil disponible, que era lanzar cohetes Katyusha a través de la frontera hacia territorio israelí.
Eso es exactamente lo que Hezbolá hizo para tomar represalias por el asesinato israelí de unos 100 civiles libaneses en la ciudad de Qana en 1996. Ese episodio inspiró mayor enojo hacia Israel entre los militantes de Hezbolá que cualquier otro evento en la década de 1990, según el especialista en Hezbolá de la Universidad Augustus de Boston, Richard Norton. Si Hezbollah respondió a esta provocación israelí con cohetes Katyusha en territorio israelí, no tiene sentido que hubiera respondido a una ofensa israelí menor diseñando un ambicioso ataque internacional contra los judíos argentinos sin conexión con la ocupación israelí.
El encuadre
La piedra angular del caso argentino fue Carlos Alberto Telleldin, un vendedor de autos usados ??con un historial de tratos sombríos tanto con delincuentes como con la policía, y tiene un apellido chií. El 10 de julio de 1994, Telleldin vendió el Trafic blanco que la policía dijo que era el auto suicida a un hombre que describió como acento centroamericano. Nueve días después del atentado, Telleldin fue arrestado bajo sospecha de ser cómplice del crimen.
La policía afirmó que fueron conducidos a Telleldin por el número de serie en el bloque del motor de la camioneta, que se encontró en los escombros. Pero habría sido un lapso notable para los organizadores de lo que parecía ser un atentado muy profesional, haber dejado intacta una marca de identificación tan visible, una que cualquier ladrón de autos sabe cómo borrar.
Eso debería haber sido una pista de que el ataque probablemente no fue orquestado por Hezbollah, cuyos expertos en bombas eran bien conocidos por los analistas de inteligencia de los Estados Unidos por haber sido lo suficientemente inteligentes como para volar la Embajada de Estados Unidos en Beirut en 1983, sin dejar pruebas a los forenses. Evidencia que los llevaría de vuelta a ellos. Se han planteado dudas acerca de si esa prueba fue plantada por la propia policía.
Ahora está claro que el verdadero propósito del gobierno de Menem al arrestar a Telleldin era convencerlo de acusar a los que querían culpar por el atentado. En enero de 1995, Telleldin recibió la visita del capitán retirado del ejército Héctor Pedro Vergez, un agente de SIDE, la agencia de inteligencia argentina, que le ofreció $ 1 millón y su libertad si identificaba a uno de los cinco ciudadanos libaneses detenidos en Paraguay en Septiembre del 2004, hombres que la CIA dijo que podrían ser militantes de Hezbolá, como la persona a quien le había vendido la camioneta. Después de que Telleldin se negó a aceptar el plan, un juez argentino encontró que no había pruebas para detener a los presuntos militantes.
El tribunal de Buenos Aires, que desestimó el caso contra Telleldin en 2004, determinó que una jueza federal, Luisa Riva Aramayo, se reunió con Telleldin en 1995 para discutir otra posibilidad: pagarle para testificar que había vendido la camioneta a varias figuras de alto rango en la policía provincial de Buenos Aires que eran aliados del rival político de Menem, Eduardo Duhalde. En julio de 1996, el juez Juan José Galeano, quien estaba supervisando la investigación, le ofreció a Telleldin $ 400,000 para implicar a esos policías como cómplices del atentado. (Una cinta de video hecha en secreto por agentes de la SIDE y transmitida por televisión en abril de 1997 mostraba a Galeano negociando el soborno.) Un mes después de hacer la oferta a Telleldin, Galeano acusó a tres oficiales de la policía de Buenos Aires de haber participado en el atentado, basado en el testimonio de Telleldin.
"Todo el asunto de Irán parecía endeble"
En una entrevista realizada en mayo pasado, James Cheek, el Embajador de Clinton en Argentina en el momento del atentado, me dijo: “Que yo sepa, nunca hubo ninguna evidencia real [de responsabilidad iraní]. "Nunca apareció nada". Recordó que la principal evidencia del caso fue un desertor iraní llamado Manoucher Moatamer, quien "supuestamente tenía toda esta información". Pero Moatamer resultó ser solo un funcionario insatisfecho de bajo rango sin el conocimiento de la toma de decisiones del gobierno que había acusado. "Finalmente decidimos que no era creíble", recordó Cheek. Ron Goddard, entonces jefe adjunto de la Misión de Estados Unidos en Buenos Aires, confirmó Cheek. Recordó que los investigadores no encontraron nada que relacionara a Irán con el atentado."Todo el asunto de Irán parecía muy débil", dijo Goddard.
A James Bernazzani, entonces jefe de la oficina para Hezbollah del FBI, se le ordenó en octubre de 1997 reunir un equipo de especialistas para ir a Buenos Aires y poner fin al caso de AMIA. Bernazzani, ahora jefe de la oficina de la agencia en Nueva Orleáns, recordó en una entrevista en noviembre de 2006 que llegó para descubrir que la investigación argentina del atentado de AMIA no había encontrado evidencia real de la participación de Irán o Hezbolá. Según Bernazzani, las únicas pistas que sugieren un vínculo iraní con el atentado en ese momento eran una cinta de vigilancia del agregado cultural iraní Mohsen Rabbani que compraba una furgoneta blanca de tráfico y un análisis de las llamadas telefónicas realizadas semanas antes del atentado.
Poco después del atetado, el diario más importante de Buenos Aires, Clarín, publicó una historia, filtrada por el juez Galeano, de que la inteligencia argentina había grabado a Rabbani comprando un "vehículo" blanco antes del atentado. Un resumen de las órdenes de arresto contra Rabbani y otros seis iraníes en 2006 continuó refiriéndose a "documentos indiscutibles" que prueban que Rabbani había visitado a concesionarios de automóviles para buscar una furgoneta como la que supuestamente se usó en el atentado. De hecho, el informe de inteligencia sobre la vigilancia de Rabbani presentado a Galeano diez días después del atentado muestra que el día en que Rabbani miró el vehículo blanco en un concesionario de automóviles fue el 1 de mayo de 1993, quince meses antes del atentado y mucho antes de que los fiscales argentinos hubieran apuntado a Irán, como autor del atentado al AMIA.
Ante la ausencia de evidencia concreta, SIDE recurrió al "análisis de enlaces" de los registros telefónicos para presentar un caso circunstancial de culpabilidad iraní. Los analistas de SIDE argumentaron que una serie de llamadas telefónicas realizadas entre el 1 de julio y el 18 de julio de 1994 a un teléfono móvil en la ciudad fronteriza brasileña de Foz de Iguazú debe haber sido realizada por el "grupo operativo" para el atentado, y que la llamada supuestamente hecha en un teléfono celular de Rabbani podría estar conectada a este mismo grupo. Bernazzani del FBI me dijo que estaba horrorizado por el uso de SIDE del análisis de enlaces para establecer la responsabilidad. "Puede ser muy peligroso", me dijo. "Con ese análisis, podría vincular mi teléfono con el de Bin Laden". Bernazzani dijo que las conclusiones a las que llegaron los investigadores argentinos eran simplemente "especulaciones" y que ni él ni los funcionarios en Washington lo tomaron en serio como evidencia que apuntara a Irán.
Luego, en el 2000, un desertor más emergió con un nuevo relato de responsabilidad iraní. Abdolghassem Mesbahi, quien afirmó que una vez fue el tercer hombre en los servicios de inteligencia de Irán, le dijo a Galeano que la decisión de atentar contra la AMIA se había tomado en una reunión de altos funcionarios iraníes, incluido el presidente Akbar Hashemi Rafsanjani, el 14 de agosto de 1993. Mesbahi pronto fue desacreditado. Bernazzani me dijo que los oficiales de inteligencia estadounidenses creían que para el año 2000, Mesbahi había perdido su acceso a la inteligencia iraní hacía mucho tiempo, que era "pobre, incluso roto" y que estaba listo para "brindar testimonio en cualquier país con cualquier caso relacionado contra Irán".
Un informante cuestionable
Bernazzani me admitió que hasta 2003, el caso contra Irán era simplemente "circunstancial". Pero afirmó que se produjo un gran avance ese año, con la identificación del presunto terrorista suicida como Ibrahim Hussein Berro, un militante libanés de Hezbollah, quien, según Transmisión de radio libanesa, fue asesinado en una operación militar contra las fuerzas israelíes en el sur del Líbano en septiembre de 1994, dos meses después del atentado de AMIA. "Estamos satisfechos de haber identificado al atacante basándose en la totalidad de los flujos de datos", me dijo Bernazzani, citando "una combinación de evidencia física y de testigos". Pero la identificación de Berro, también, estaba marcada por pruebas de fabricación y manipulación. .
La historia oficial es que el nombre de Berro fue transmitido a SIDE y la CIA por un informante libanés en junio de 2001. El informante afirmó que se había hecho amigo de un ex chofer de Hezbollah y asistente de los principales líderes de Hezbollah llamado Abu Mohamad Yassin, quien le dijo que un militante de Hezbollah llamado "Brru" fue el terrorista suicida. Esa historia es sospechosa en varios aspectos, el más obvio es que las agencias de inteligencia casi nunca revelan el nombre, o incluso la posición anterior, de un informante real.
El testimonio de Patricio Pfinnen, el funcionario de SIDE a cargo de la investigación del atentado de AMIA en septiembre de 2003, hasta que fue despedido en enero de 2002, arroja serias dudas sobre la credibilidad del informante. Pfinnen declaró que cuando él y sus colegas volvieron al informante con más preguntas, "algo salió mal con la información o nos mintieron". Pfinnen dijo que su equipo finalmente descartó la teoría de Berro porque las fuentes en el Líbano "fallaron". y no estaban seguros". Concluyó: " Tengo mis dudas de que [Berro] sea la persona que se inmoló".
Después de que Pfinnen fuera despedido en una lucha de poder dentro de la agencia de inteligencia, SIDE nombró a Berro como el terrorista suicida por un informe secreto. En marzo de 2003, justo después de que se completara ese informe, Ha'aretz informó que el Mossad no solo había identificado al terrorista como Berro, sino que poseía una transcripción de la llamada telefónica de despedida de Berro al Líbano antes del atentado, durante la cual le dijo a sus padres que estaba yendo a "unirse" a su hermano, que había sido asesinado en un atentado suicida en el Líbano. Sin embargo, cuando se publicó la acusación en 2006, quedó claro que no existía evidencia de tal llamada.
En septiembre de 2004, un tribunal de Buenos Aires absolvió a Telleldin y a los oficiales de policía que habían estado encarcelados años antes, y en agosto de 2005, el juez Galeano fue destituido y destituido de su cargo. Pero los sucesores de Galeano, los fiscales Alberto Nisman y Marcelo Martínez Burgos, siguieron adelante, con la esperanza de convencer al mundo de que podían identificar a Berro como el terrorista. Visitaron Detroit, Michigan, donde entrevistaron a dos hermanos de Berro y obtuvieron fotos de Berro. Luego se dirigieron a la único testigo que afirmó que había visto el Trafic blanco en la escena del crimen: Nicolasa Romero.
En noviembre de 2005, Nisman y Burgos anunciaron que Romero había identificado al Berro de las fotos de Detroit como la misma persona que había visto justo antes del atentado. Romero, por otro lado, dijo que "no podía estar completamente segura" de que Berro era el hombre en la escena. En el testimonio ante el tribunal, de hecho, ella había dicho que no había reconocido a Berro en el primer conjunto de cuatro fotografías que le habían mostrado o incluso en un segundo conjunto. Finalmente vio algo de "similitud en la cara" en una de las fotografías de Berro, pero solo después de que se le mostró un dibujo policial basado en su descripción después del atentado.
Bernazzani me dijo que el equipo del FBI en Buenos Aires había descubierto pruebas de ADN que se suponía provenían del terrorista suicida, y Nisman tomó una muestra de ADN de uno de los hermanos de Berro durante su visita en septiembre de 2005. Asume que “una vez que obtuvimos el ADN del hermano, los compararon ”, dijo. Pero Nisman afirmó a un reportero en 2006 que las muestras habían sido contaminadas. Significativamente, la acusación argentina a los iraníes no hace ninguna mención de la prueba de ADN.
A pesar de que el caso contra Irán carecía de pruebas forenses o testigos confiables y que se basaba en gran medida en una dudosa inteligencia y en un desacreditado testimonio de un desertor, Nisman y Burgos redactaron su acusación contra seis ex funcionarios iraníes en 2006. Sin embargo, el gobierno de Néstor Kirchner mostró dudas sobre el futuro de ese caso desde el punto de vista legal. Según el periódico Forward, cuando los grupos judíos estadounidenses presionaron a la esposa de Kirchner, Christina, sobre las acusaciones en una Asamblea General de la ONU en Nueva York en septiembre de 2006, ella indicó que no había una fecha firme para cualquier acción judicial contra Irán. Sin embargo, la acusación fue publicada el mes siguiente.
Tanto el principal abogado que representa a la AMIA, Miguel Bronfman, como el juez Rodolfo Canicoba Corral, que luego emitieron las órdenes de arresto para los iraníes, dijeron a la BBC en mayo pasado que la presión de Washington fue fundamental para la repentina decisión de emitir las acusaciones el mes siguiente. Corral indicó que no tenía dudas de que se había instado a las autoridades argentinas a "unirse a los intentos internacionales para aislar al régimen en Teherán".
Un alto funcionario de la Casa Blanca acaba de calificar el caso de AMIA como "una definición muy clara de lo que significa el patrocinio del terrorismo por parte de un Estado iraní". De hecho, la insistencia de Estados Unidos en echar ese crimen contra Irán para aislar al régimen de Teherán, a pesar de que no tenía evidencia para apoyar esa acusación, es un ejemplo perfecto de la creación cínica de una acusación al servicio de los intereses del poder.
