La concreción práctica del “desgobierno” (que significa falta de gobierno y también perturbación o desorganización del orden establecido), es bien conocida en el mundo entero y desde tiempos inmemorables, al igual que sus nefastas consecuencias. Pero quizás sea en la España de los siglos XIX y XX donde esta praxis se enraíza más con la acción política, a veces de forma ciertamente ruinosa, hecha, claro está, la salvedad de no pocas dictaduras, que en ocasiones no dejaron de ser un recurso para reconducir la situación del “desgobierno nacional” llevado al límite.
Otra deriva característica de ese mismo desgobierno y de la mala práctica política que comporta, es la “corrupción” (sinónimo de “degradación” o “putrefacción”), que aquí queda referida como es lógico al ámbito político o de la vida pública, aunque el término también sea aplicable a otras muchas actividades humanas. Y, sin ser ambos ejercicios biunívocos (el desgobierno y la corrupción), la historia no deja de evidenciar que suelen caminar juntos, alternándose en la función locomotora o de arrastre del uno con el otro, y casi siempre imbuidos por una acción política deplorable.
Así, parece inevitable que, tarde o temprano, la política mal entendida conduzca al desgobierno y a la corrupción, o que la corrupción y/o el desgobierno terminen transformándola en despótica, dictatorial y hasta en pura “cleptocracia”, que es un término de nuevo cuño para designar “el gobierno de los ladrones”, basado en abusos hoy tan cotidianos como el saqueo del capital en los asaltos políticos a las cajas de ahorro o el cobro de comisiones ilegales anejas a las adjudicaciones de las licitaciones oficiales. De esta forma, se institucionaliza un sistema degradante y al mismo tiempo todas sus derivas inmorales o delictivas (nepotismo, malversación de fondos públicos, prevaricación, clientelismo político…), bajo la protectora capa de impunidad que proporciona la creciente podredumbre de todos los sectores del poder, desde el judicial al parlamentario, pasando por el administrativo y los demás estamentos del sistema público.
La noble demanda de Tulio Marco Cicerón, cónsul de la República de Roma, de que “sea la ley suprema el bien del pueblo”, se transmuta por la vía del desgobierno y la corrupción en lo que Arturo Graf definió como “el arte de traicionar los intereses reales y legítimos, y crear otros imaginarios e injustos”.
No obstante, también es cierto, y hemos de sostenerlo con toda energía, que de la política bien entendida, hoy lamentablemente ausente en la vida nacional, siempre dimana un gobierno justo, es decir, intolerante con la corrupción.
UN VIAJE GRATUITO DEL FRANQUISMO A LA DEMOCRACIA
Cuando se analiza nuestra historia más reciente, siempre en constante vaivén, es fácil concluir que tras el régimen franquista, sufrido por muchos, aplaudido por otros tantos y tolerado por los demás, España ha oscilado desde una democracia ilusionante y con aspiraciones de ejemplaridad hasta un engendro híbrido con cabeza de reino bananero y cuerpo de dictadura “partitocrática”. Quizás, ese continuo “recorrido de ida y vuelta”, esté convirtiendo la anterior España franquista, hoy anatemizada como “una, grande y libre” por quienes políticamente ni siquiera saben dónde están posicionados, ni tampoco hacia dónde van, en una España en apariencia “democrática” pero “desgobernada y corrupta”: un viaje para el que no se necesitan alforjas.
Alejandro Nieto, que, entre otras cosas, ha sido catedrático de Derecho Administrativo en la Universidad de La Laguna, en Alcalá de Henares, en la Complutense de Madrid y en la Autónoma de Barcelona, presidente del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) entre 1980 y 1983 y Premio Nacional de Ensayo en 1997, analizó el fenómeno del desgobierno público y sus consecuencias con gran perspicacia y clarividencia en su libro “La corrupción en la España democrática” (Ariel, 1997).
En síntesis, el profesor Nieto puso en negro sobre blanco ya hace quince años el sentimiento nacional de que la corrupción lo estaba invadiendo todo y que la política y la administración (como la economía y la propia sociedad) resultaban corrompidas hasta la médula. Situación que nos desconcierta y agita sin que se pueda asumir fácilmente lo que está pasando.
Tras el cambio de régimen, el ciudadano de a pie no puede entender que tal cosa suceda en una democracia (teórica) con Parlamento vigilante, prensa libre y justicia independiente. Y percibe, cada vez con más claridad e intensidad, que, si bien es cierto que un régimen democrático cuenta con mecanismos de auto-defensa, también es portador de elementos corrumpentes, empezando por los partidos políticos y los sindicatos, que se mueven con excesiva ligereza en una sociedad lastimosamente tolerante con las prácticas políticas más perversas.
El “oficio público” se ha vuelto más que “sospechoso” y el Estado aparece como un instrumento de depredación en provecho de una “casta” (la clase política). Eso es lo que hay.
En su libro, Alejandro Nieto no pretendió, ni mucho menos, relatar una vez más los casos que cada día ruedan en periódicos y juzgados. Desentrañaba, eso sí, los hilos que mueven este gigantesco y cotidiano negocio de desviar los poderes públicos en beneficio privado. ¿Quiénes están abusando de la democracia? ¿Quiénes son sus cómplices y encubridores? ¿Cómo se las arreglan para que no funcionen los mecanismos de prevención y represión? ¿Cómo operan? ¿A qué manos van a parar los frutos de la extorsión…?
Paréntesis: Nieto es autor de otros dos libros “de culto” en el ámbito de las Administraciones Públicas: “La organización del desgobierno” (durante los años ochenta) y “La nueva organización del desgobierno” (durante los noventa). No obstante, su ácida descripción y crítica de las patologías letales que padece la “cosa pública” han culminado en un recomendable último libro, serenamente transgresor, titulado “El desgobierno de lo público” (Ariel, 2008). En su introducción advierte: “El lector no encontrará en este libro una sola afirmación que le sea desconocida puesto que en él deliberadamente nada nuevo se dice, se queda corto en sus denuncias y hasta resulta excesivamente comedido en sus acusaciones. Su única novedad consiste en decir en voz alta lo que todos conocen a través de simples murmuraciones y, sobre todo, en asumir abiertamente las eventuales tachas sociales y legales que puedan sobrevenir”.
EL DEDO EN LA LLAGA: LA CORRUPCIÓN COMO PACTO DE ESTADO
Que el profesor emérito y notable ensayista Alejandro Nieto nunca tuvo pelos en la lengua (que hoy sobran en las de muchos “prohombres” españoles), quedó bien patente también en la entrevista que concedió a la periodista Lucía S. Naveros para el diario ovetense “La Nueva España” (27/01/2007), con motivo de pronunciar una conferencia en la capital del Principado sobre corrupción urbanística (la razón última del “ladrillazo”). Así de grave y así de claro fue lo que dijo:
“Hay un pacto de Estado para fomentar la corrupción con la que se financian los partidos políticos”
-Su conferencia se titula “¿Existe un pacto de Estado sobre la corrupción urbanística en España?”. ¿Existe?
-Sí, pero un pacto no para combatir la corrupción urbanística, sino un pacto político para tolerarla, silenciarla y fomentarla.
-Es una afirmación muy dura. ¿En qué se basa?
-Me remito a los hechos y a las consecuencias. Existe prácticamente en todos los municipios de España, y esta corrupción es sabida, tolerada. No hay nadie que ignore los disparates urbanísticos y el dinero que está corriendo. Esto hace suponer que hay un pacto para tolerarlo y también para fomentarlo. Esto sucede porque los partidos políticos necesitan de la corrupción para financiarse, es algo también sabido que gastan diez o veinte veces más de lo que legalmente ingresan.
-Su tesis implica que los controles internos de la Administración, los funcionarios que deben vigilar la legalidad, no lo hacen.
-Legalmente se les encomienda que vigilen, pero hay mecanismos de presión para evitar que cumplan con su deber. El sistema más sencillo es comprarlos, se les paga más de lo que se debe. A los buenos, a los dóciles, por unos caminos u otros se les aumenta el sueldo. Pero hay otro mecanismo que es más importante, que es la desmoralización: sus vetos, sus reparos, no se cumplen. Antes, cuando un secretario se oponía a una resolución administrativa, su veto era decisivo.
-¿Cuándo cree que se inicia esta situación?
-También es duro decirlo, pero creo que con la democracia. Desde Calvo Sotelo, en 1924, hasta la transición, los ayuntamientos no tenían autonomía. Un reparo de un interventor paralizaba la actuación sospechosa en horas o días. Cuando la democracia consagra la autonomía municipal, surge también su cara oscura: no hay un poder central que pueda intervenir ante estos casos, sólo queda la justicia, que es carísima y lentísima. Claro que hay funcionarios que quieren cumplir con su deber, pero no tienen fuerza para hacerlo. Sólo los funcionarios muy rigurosos y muy tercos siguen intentándolo, y así les va.
-Dice que hay un pacto secreto para silenciar la corrupción, pero empieza a ser frecuente en España ver a concejales y alcaldes procesados o en la cárcel. ¿Se ha roto?
-El pacto ha funcionado hasta el año pasado [2006], pero en determinado momento saltó un caso, y han seguido otros en cascada. Hay muchos factores, pero destaco dos. Por un lado, surge un juez, un francotirador, que decide hacer justicia, algo poco frecuente. Dice, en mi Juzgado están pasando cosas horrorosas, por ahí no paso. Como en Marbella. El caso salta a la televisión y se monta un gran escándalo. Hay también una crispación política enorme, y alguno de los partidos puede llegar a la conclusión de que es más rentable políticamente romper el acuerdo. Eso está ocurriendo ahora, hay gran crispación política y los dos grandes partidos han roto el pacto, están como en un partido de fútbol: tu tienes tantos alcaldes procesados, tu tantos otros. Ahora sabemos que hay alcaldes socialistas corruptos, y también que hay alcaldes populares corruptos. El descrédito es enorme. Volverá a imponerse el acuerdo, porque les será más rentable. Harán las paces, y se volverá a tapar todo. Hay un caso muy bonito de pacto de corrupción en Cataluña.
-¿A qué se refiere?
-¿Se acuerda del 3 por ciento de Maragall? Saltó en todas las televisiones, pero no se ha vuelto a hablar de ello. Alguien le dijo, ¿de verdad quieres tirar de la manta? Y volvió el silencio. En las elecciones catalanas se habló de todo, pero no de corrupción.
-Considera, entonces, que es un mal endémico, del sistema.
-Sí, siempre lo ha habido, pero cada vez hay más, porque la moral pública tolera esto y lo que haga falta. Los grandes corruptos y corruptores son héroes populares, desde Gil y Gil a Julián Muñoz, gente de la prensa rosa. No hay reproche social ante esta conducta. Eso y la impunidad disparan el fenómeno.
-¿Y el papel de los jueces? ¿Hay independencia judicial ante esta situación?
-Tengo un libro entero sobre ese asunto. Digo que hay jueces independientes y honestos, pero mirando el colectivo creo que el poder judicial no es independiente. Todos los días hay peleas políticas para nombrar a tal o cual juez, en el Supremo, en el Consejo General del Poder Judicial... quien tiene al juez, tiene la sentencia.
-¿Qué solución ve?
-No doy ninguna receta.
-¿Ocurre en otros países europeos?
-Es un mal endémico, y claro que hay en todos los países de nuestro entorno, pero es como la epidemia de sida, que no afecta lo mismo a Dinamarca que en Camerún.
Acertaba plenamente el profesor Nieto al denunciar la existencia de un “pacto de Estado” para fomentar la corrupción con la que se alimentan los partidos políticos, falsamente identificada por algunos como “financiación de la democracia”. Y, de igual modo, nosotros acertamos también cuando decimos que, justo en esa misma práctica política de corrupción urbanística, está el origen del famoso “ladrillazo”, tolerado por todos los organismos públicos de control (desde el Banco de España hasta el Tribunal de Cuentas, pasando por el propio Parlamento) en base a una deplorable conveniencia partidista del fenómeno.
Dicho de otra forma, si cabe más áspera, los máximos culpables del descalabro urbanístico que nos ha conducido de hoz y coz a la insostenible crisis económica actual, son los partidos políticos (de forma especial los mayoritarios PP y PSOE), que, para financiarse, se agarraron sobre todo a las comisiones generadas por las recalificaciones y plusvalías urbanísticas, enriqueciendo, de paso, a los intermediarios y “conseguidores” de turno. En una espiral enloquecida de auténtico “desgobierno y corrupción”, las nuevas y cada vez mayores ambiciones y exigencias económicas de unos y otros, llevaron también a su máximo extremo la concesión de créditos insolventes para seguir financiando nuevas promociones que pudieran consumir más y más recalificaciones de suelo…
LA INGENIERÍA DE LA CORRUPCIÓN POLÍTICA “DEMOCRÁTICA”
Por supuesto que este “apadrinamiento espurio de la democracia” (por no definirlo como “mangancia política organizada”), generalizado en el actual estamento “partitocrático”, no se ha limitado al ámbito de la corrupción urbanística. Tomó rápida referencia inicial en las ayudas prestadas en 1984 por las empresas constructoras al Partido Reformista Democrático (PRD), liderado tras la desaparición de la Unión de Centro Democrático (UCD) por Miquel Roca, Antonio Garrigues y Florentino Pérez. Los grandes empresarios del momento, básicamente los del sector de la construcción, aportaron a las arcas del PRD unos 1.500 millones de las antiguas pesetas en dinero “negro” como compensación a la adjudicación de obras comprometidas por el Gobierno de la Generalitat de Catalunya (pionero en la ingeniería de la corrupción política “democrática”), entonces dirigido por CiU, partido que apadrinaba la denominada “Operación Reformista”.
Aquella financiación “extra” o complementaria de los créditos bancarios oficiales, supuso un éxito de captación de fondos, ocultación fiscal y negocios fáciles, que se convirtió de inmediato en el modelo a imitar por las demás formaciones políticas. Conformó el procedimiento ilegal a seguir, que, por otras vías, ya había generado algún disgusto al PSOE tras la debacle electoral de la UCD, primero con el cobro de comisiones ilegales por adjudicación de concesiones en el Ayuntamiento de Madrid en 1981 (a las empresas Semat y Selberg) y, a continuación, con la ayuda económica que el grupo alemán Flick prestó a su campaña electoral de 1982, desvelada en 1984.
La ligereza con la que se engrasó la tesorería de la “Operación Reformista”, marcó un antes y un después en la financiación ilegal de los partidos políticos con cuotas de poder que les permitiera adjudicar “contratos y concesiones contra comisiones”. El modelo se extendió a la velocidad del rayo, corrompiendo como es obvio el sistema de contrataciones públicas, falseando las contabilidades oficiales (con el consiguiente quebranto para el erario público) y, finalmente, generando un nuevo tipo de “delincuencia-recaudadora” auspiciada, de forma sin duda paradójica, por los medios políticos que más debían respetar y proteger el Estado de Derecho.
Aún a pesar de haberse convertido en un modelo connivente entre toda la clase política, los excesos con los que se acompañó concluyeron en casos judiciales tan sonoros como el de la “construcción de Burgos”, que explosionó en las manos del PP en 1988, y el de “casinos de Cataluña”, desvelado en 1989 y que afectó de lleno a la financiación de CDC (Convergencia Democrática de Cataluña). A ellos siguieron un creciente listado de ilegalidades que eclosionaron en 1990, afectando de forma generalizada al PSOE (“caso Juan Guerra” y “caso Ceres”), al PP (“caso Naseiro”) y al PNV (“caso Tragaperras”).
En 1991 explotó la trama de Filesa, Malesa y Time-Export; en 1993 el “caso del AVE” y en 1996 el procedimiento que implicó a Gabriel Urralburu y Javier Otano, todos ellos protagonizados por el PSOE. A continuación, la corrupción política indiscriminada abarcó en su desmesura casos como el de la Diputación de Zamora (PP), el del ayuntamiento zaragozano de La Muela (PAR), el expolio degenerativo de Marbella protagonizado por el entorno de Jesús Gil…
UNA RECONDUCCIÓN IMPOSIBLE: DIRECTOS AL POZO NEGRO
Cierto es que en 1995 se intentó reconducir aquella imparable oleada de delincuencia nacional “fehaciente” (la oculta queda bajo las tupidas alfombras de la política), creándose en el Congreso de los Diputados una “Comisión de Estudio para la Financiación de los Partidos Políticos” (V Legislatura), aunque con más intención de tranquilizar a la ciudadanía que interés en resolver el problema de fondo. A pesar de la imparcialidad con la que fue presidida por el diputado Luis Mardones, de su acertado análisis de la situación y de sus metódicas propuestas, concertadas incluso con las entidades financieras afectadas por los continuos impagos de los créditos concedidos a los partidos políticos (“pufos” encubiertos contra el bolsillo de los accionistas), la mentalidad y el arraigo de sus intereses impidieron la reforma del sistema. De hecho, y con el vergonzoso acuerdo común de todos los Grupos Parlamentarios presentes en la Cámara, nunca se llegó a dar siquiera carta de naturaleza a las conclusiones del trabajo realizado.
Para mantener la objetividad del comentario, también debemos reconocer la promulgación de una nueva normativa, más avanzada, sobre Contratos del Sector Público (Ley 30/2007) y sobre Financiación de los Partidos Políticos (Ley Orgánica 8/2007), e incluso la modificación de la Ley Orgánica 5/1085, de 19 de junio, del Régimen Electoral General. Pero ni estas actualizaciones normativas ni el propio Tribunal de Cuentas, con funciones específicas (fiscalizadora y de jurisdicción contable) para ejercer el control externo de la actividad económico-financiera del sector público, han podido llegar al meollo del asunto, ni reconducir, por tanto, la permisividad del sistema con el que, en un puro régimen de “desgobierno y corrupción”, se financian realmente los partidos políticos (ahí está el último gran esperpento del “caso Gürtel”).
España se sumergió en un mecanismo de “pago por favores políticos” que afecta a todo tipo de concesiones y contrataciones públicas (tanto estatales como autonómicas, municipales y de diputaciones provinciales o cabildos insulares). Y, según hemos advertido, vinculado sobre todo al ordenamiento urbanístico del territorio, con las tentadoras “recalificaciones” de suelo como norte y guía del comportamiento partidista.
Es decir, conformando toda una trama económica ilegal con cifras ingentes de negocio, y que, admítase o no, ha pasado y pasa por las arcas caudinas de la clase política. Arrastrando sintomáticamente el blanqueo de capitales, el fraude fiscal, el cohecho y el tráfico de influencias, como prácticas anejas irremediables y peligrosamente dinamiteras de nuestra todavía joven y frágil democracia.
DESGOBIERNO Y CORRUPCIÓN A MANSALVA
Con lo dicho, no parece necesario rebozar esta España “del desgobierno y la corrupción” en harinas de mayores escándalos. Pero, si alguno de nuestros lectores desea hacerlo, le basta consultar en Internet el “Corruptódromo” alimentado por el movimiento ciudadano “NoLesVotes” con cientos de casos encabezados por una acertadísima cita de Montesquieu: “La corrupción raramente empieza por el pueblo”.
(Ver http://wiki.nolesvotes.org/wiki/Corrupt%C3%B3dromo).
Otras muchas webs relacionan más y más casos de corrupción política en España, reproduciendo listados igual de reveladores con cientos y cientos de miembros de todos los partidos condenados por los tribunales de justicia (también los hay de procesados que fueron absueltos y de condenados privilegiados que han sido indultados por el Gobierno). Claro está que, en todo caso, hablamos de la “punta del iceberg” y no de la corrupción ingente que subyace oculta bajo la línea de flotación del sistema…
Este recurso a lo que Manuel Castells, prestigioso catedrático de Sociología y Urbanismo de la Universidad de Berkeley (California), ha definido como la “sociedad red”, es imprescindible porque, hoy por hoy, la mayoría de los medios informativos convencionales se limitan a defender o combatir los estrictos intereses partidistas, alineados casi siempre con una u otra de las dos formaciones mayoritarias con posibilidad de acceder al gobierno de la Nación. Un papel reiterado hasta la saciedad y anclado en el “quítate tú para ponerme yo”, a menudo rayano en el sectarismo y cada vez más alejado, como la propia política, de los intereses ciudadanos y de la nueva sociedad de la “globalización”.
Ese es un triste escenario en el que las cuestiones de Estado realmente sustanciales (las garantías constitucionales, la división e independencia de poderes, la justicia social, la política exterior, el juego “soberanista”…), se reconducen de inmediato al interés más villano y circunstancial sin grandeza política alguna. En él, cualquier debate sobre la perfección del modelo de convivencia y sobre la necesidad de afrontar una reforma institucional, se ha venido tachando de “transgresor”, siendo sometido en consecuencia a la censura más implacable. Y así nos va…
ENTRE EL PASOTISMO Y LA MANIPULACIÓN INFORMATIVA
No se puede negar que hubo tiempos próximos en los que el contenido crítico y los recursos dialécticos llenaban la vida pública, hasta el punto de que el rencor o la soberbia arruinaban a menudo la perspectiva política. Ahí están la historia del parlamentarismo anterior a la guerra civil, algunas voces admonitorias alzadas incluso en plena dictadura franquista y hasta el debate periodístico propio de la Transición Española, durísimo precisamente con quienes más hicieron por afianzar el nuevo modelo democrático.
Pero hoy la situación es bien distinta. Y sonroja comparar, por ejemplo, las aguerridas crónicas políticas y las columnas de opinión publicadas durante la presidencia de Adolfo Suárez, cuando la sociedad española en pleno procuraba un mejor modelo de convivencia para todos, con la mediocre realidad periodística de hoy en día. Hoy, es significativo, por poner un sólo ejemplo, el cerco institucional que se cierne sobre Federico Jiménez Losantos, cuya voz independiente y verdaderamente crítica con la profunda golfería de la actual clase política tiene muchas posibilidades de terminar enterrada en la cuneta del sistema…
¿Qué vestigios quedan, en la prensa actual, de la tercera página del diario “Pueblo” dirigido por Emilio Romero y de sus propios “Gallos”, redactados a modo de explosiva opinión editorial…? ¿Alguien ha heredado acaso el espíritu liberal-combativo que caracterizó al demolido periódico “Madrid”…? ¿Cómo olvidar la razón política y humanista promovida por Joaquín Ruiz-Giménez en sus “Cuadernos para el Diálogo”…? ¿Dónde podríamos recuperar hoy los fundamentos reformistas perdidos de “El País” o del Grupo 16…? ¿Acaso alguien ha vuelto a lanzar dardos tan envenenados contra los poderes establecidos como los que a menudo dirigió la propia Prensa del Movimiento a personalidades bien significadas del franquismo…?
En el nuevo contexto de conformismo informativo, sostenido sobre todo por el adocenamiento y el pasotismo empresarial, instalado en la subvención y el favor económico generalizado, la sociedad civil soporta una peligrosa degradación intelectual más allá de la pérdida de sus principios éticos y de los referentes de la convivencia democrática. Una senda que conduce al progresivo ocaso nacional, contaminado por la extrema inmoralidad política circundante y el ahogamiento de las voces críticas, cuya reconducción sólo será posible mediante una revisión global del sistema de interacción social.
¿ES POSIBLE QUE DESPIERTE EL PERIODISMO?
Si la ciudadanía diese por bueno el pancismo vergonzante que caracteriza la política del momento y aceptase sin más sus mecanismos de manipulación social, quizás no merecería la pena plantear siquiera las razones de la crítica, el valor del intelectualismo o la esencia de nuestra propia libertad. Pero sucede que hay grupos de personas, silenciosas pero seguramente muy numerosas en España, que no se acomodan, ni tiene por qué hacerlo, al dominio de la “partitocracia” y de los denominados “poderes fácticos”; realidad por la que también debemos reconocer y destacar las muestras, aunque sean escasas, del periodismo crítico.
A tal efecto, traemos a colación un artículo de opinión de Josep Ramoneda titulado justamente “El desgobierno” y publicado en “El País” (18/04/2012), en el que, hace ya seis meses, describía con acierto una realidad política e institucional lamentable y progresivamente decadente:
“La foto de Botsuana acompañará al Rey como símbolo de la caída del prestigio de la Corona”
La foto del rey Juan Carlos con un compañero de caza al lado y un elefante abatido detrás, quedará para siempre como el icono del día en que se rompió definitivamente el tabú de la monarquía en España. Si el vídeo del Rey vestido de capitán general dirigiéndose al país, la noche del 23-F, ha perdurado como imagen que legitimó a los ojos de los españoles a un monarca que tenía sus raíces en el régimen de Franco, la foto de Botsuana acompañará a don Juan Carlos el resto de sus días como símbolo del desmoronamiento del prestigio de la Corona.
Durante los últimos meses daba la sensación de que el Rey había perdido el control de la familia, ahora ha perdido el control de su propia función. A partir de aquí, todo es posible: que la crisis le salve, porque la gente no quiera añadir otro problema a los muchos que tenemos, o que la avalancha de informaciones que puede seguir al levantamiento del tabú convierta su situación en insostenible.
Como si Marx tuviera razón, el desbarajuste en la infraestructura económica está provocando un descontrol creciente en la superestructura política. Así estamos viendo cómo a una crisis económica a la que no se le ve salida se han ido sumando una crisis de desconfianza política generalizada; una crisis del modelo territorial que ha hecho que, desde puntos de vista opuestos, se dé el Estado de las autonomías por agotado; una crisis moral y cultural profunda; una crisis institucional de primer orden --que afecta a la Jefatura del Estado--; y una crisis diplomática con Argentina que ha evidenciado los límites del peso de España en el mundo. Es tal el clima psicológico de precariedad que vive el país, que es legítimo preguntarse cuánto tiempo tardará el malestar en convertirse en irritación y después en acción.
Durante la campaña electoral [comicios del 20-N], Mariano Rajoy tuvo la ridícula ocurrencia de repetir que toda la culpa de lo que ocurría en España era de Zapatero y que con su llegada al poder todo cambiaría. Vanidad de vanidades. Han bastado cuatro meses de Gobierno del PP, para que se perdiera la pista del caudal de confianza que Rajoy decía poseer. La sensación de desgobierno, con un Ejecutivo que presenta un Presupuesto imposible de cumplir y a los pocos días lo invalida con nuevos recortes todavía más fantasiosos, se extiende a toda velocidad en un país que ve cómo le van apretando las clavijas hasta lo insoportable, sin que nada indique que las cosas irán mejor.
Sensación de desgobierno de la economía, corriendo detrás de las señales de los mercados sin orden ni concierto. Este Gobierno debía preparar el futuro y ha recortado en inversiones, educación y salud. Eso sí, ha guardado dinero para el corporativismo. Sensación de desgobierno diplomático: después de que Rajoy prometiera que volvería a España al lugar que le corresponde en el mundo, sufre el sonoro fracaso de ver cómo Argentina nacionaliza YPF dos días después de que un ministro dijera que todo estaba encarrilado. Sensación de descontrol institucional: ¿cómo es posible que ante el desafío de Cristina Fernández y las amenazas de los mercados nadie impidiera el viaje del rey Juan Carlos a Botsuana? Sensación de descontrol territorial, en un momento en que aparecen señales por todas partes de que el Estado de las autonomías no ha resuelto los problemas por los que fue creado y que, de algún modo, hay que volver a empezar. Sensación incluso de pérdida de la hegemonía ideológica en la que el PP había asentado su retorno al poder: hoy en España reinan el desconcierto y el miedo. La amnistía fiscal ha venido a consolidar un sentimiento de crisis moral del sistema, ya ampliamente extendida por una estrategia anticrisis, la inútil “pastilla milagrosa” de Angela Merkel, que socializa las pérdidas de los bancos, aprieta especialmente a los asalariados y deja a la ciudadanía sin el poder soberano que se le supone.
Este es el panorama, sobre el que solo cabe la ilusión de una reacción democrática de la ciudadanía y de un frente político capaz de forzar cambios en las exigencias europeas y devolver la dignidad perdida a la política. Pero no se ven señales de ello por ninguna parte, con un Gobierno que ha quedado sonado al primer golpe y una oposición que sigue sin dar señales de vida. Ya no cabe seguir esperando que el adversario se la pegue. Porque el día que esto llegue puede que ya no estemos a tiempo de evitar las cosas peores.
Por su parte, Miguel Ángel Aguilar, otro analista inteligente de la realidad nacional, poco dado a la descalificación institucional, acaba de dar también un paso adelante señalando la alarmante deriva tomada por la España del “desgobierno” (la corrupción se acompaña de oficio). En un artículo de opinión que demandaba en su propio titulo un “Cambio de Gobierno y de oposición” publicado por “El País” (23/10/2012), concluía:
(…) Va a cumplirse un año de la investidura y las líneas de desgaste exigen rectificaciones inaplazables. Sería mejor hacerlas antes incluso de las elecciones de Cataluña del 25 de noviembre. Pero, además de nuevas caras en el entorno ministerial, es preciso un cambio de actitud, una nueva dialéctica parlamentaria. Porque de la destrucción sistemática del adversario es imposible obtener ya ventajas adicionales, una vez que los desafíos comunes cobran dimensiones pavorosas. Se impone como tarea prioritaria la reconstrucción de las instituciones dañadas por el bloqueo suicida al que han estado sometidas. España necesita ser liberada del vértigo de la desesperanza y del pesimismo que invade y paraliza a todos. Repetimos que la razón no puede prosperar sin esperanza. El silencio que comentaba Iñaki Gabilondo puede transmutarse en estruendo ininteligible. Cuidado con la España sin pulso de Silvela si cundiera la sensación de que están cerradas todas las salidas. Atentos.
Lo dicho: descrédito político e institucional por los cuatro costados. Si esta de ahora no es la España “del desgobierno y la corrupción”, que venga Dios y lo vea.
