Máximo exponente del poder soterrado en el Ministerio de Defensa
FRANCISCO JOSÉ TORRENTE nació el 22 de abril de 1940 en El Ferrol (A Coruña), ingresando a los 16 años de edad (1956) en la Escuela Naval Militar.
Su carrera profesional presenta dos itinerarios solapados pero muy diferentes: el primero se desarrolla en el ámbito estrictamente militar de forma bien discreta y el otro se vincula al ámbito político con resultados mucho más notables.
Entre sus destinos a flote figuran el mando del Dragaminas “Turia”, el de la Corbeta “Diana” y el de la Fragata “Baleares”, habiendo sido también jefe de Operaciones del Mando de Escoltas de la Flota. Como complemento de su preparación militar realizó cursos de especialista en Electrónica y en los sistemas de misiles superficie-aire “Tartar” y “Standard”, estos últimos en Estados Unidos. También obtuvo las aptitudes de Centros de Información y Combate, de Comunicaciones, de Control de Helicópteros y de Mando Superior, así como el Diploma de Guerra Naval.
Sus destinos en tierra incluyen plaza de profesor en la Escuela Naval Militar y en la Escuela de Guerra Naval, donde impartió las asignaturas de Electrónica y de Táctica, respectivamente. Tras ocupar diversos destinos de menor rango en el aparato administrativo de la Defensa, entre ellos la Subdirección de Estudios y Planes integrada en la Dirección General del Servicio Militar y la Subdirección de Mantenimiento de la Dirección de Construcciones Navales Militares (de la Jefatura de Apoyo Logístico de la Armada), en 1994 comienza su imparable ascenso político de la mano del entonces ministro de Defensa, Julián García Vargas, quien el 4 de febrero de ese año le nombra director de su Gabinete Técnico.
En ese mismo puesto de confianza política fue mantenido por el también ministro socialista Gustavo Suárez Pertierra y, a continuación, por el ministro del primer Gobierno del PP, Eduardo Serra. Este último le promovió, además, a la Dirección General de Política de Defensa (DIGENPOL) el 27 de junio de 1997, en sustitución del general Víctor Suances. Otro ministro de Defensa del PP, Federico Trillo-Figueroa, le nombró Jefe del Estado Mayor de la Armada (AJEMA) el 15 de diciembre de 2000, ascendiéndole, en consecuencia, al máximo empleo de Almirante General, aunque para ello tuviera que ser recomendado de forma insistente por el anterior ministro del ramo (Eduardo Serra) ante el propio presidente Aznar.
Aquel nombramiento coincidió con el de un nuevo JEMAD, que por los turnos rotatorios establecidos al respecto entre los tres ejércitos correspondía también a un miembro de la Armada. La selección de los titulares de ambos cargos, AJEMA Y JEMAD, se saldó con la designación del entonces almirante saliente en la jefatura del Estado Mayor de la Armada, Moreno Barberá, como Jefe del Estado Mayor de la Defensa, tras una batalla soterrada que concluyó con la defenestración del almirante Joaquín Pita da Veiga, en aquel momento director general de Personal del Ministerio de Defensa, como candidato a alguno de los dos cargos.
La decisión se vio influenciada por una maniobra poco edificante de Torrente, quien personalmente recordó en el entorno de Moncloa que Joaquín Pita da Veiga era hijo de Gabriel Pita da Veiga, jefe del Estado Mayor de la Armada en 1972 y ministro de Marina en 1977, dimisionario ante el presidente Adolfo Suárez cuando éste legalizó al PCE, circunstancia que, en caso de elevar su rango político, hubiera podido conllevar, en su opinión, una inconveniente imagen de retorno al franquismo. La realidad es que la personalidad y el talante del candidato eliminado con aquella intoxicación política, quedaban muy lejos del perfil antidemocrático insinuado por su “compañero” Francisco Torrente.
En relación con el desgraciado accidente del avión de transporte “Yak-42” ocurrido en Trabzon (Turquía), el 26 de mayo de 2003, que ocasionó la muerte de 75 personas, 62 de ellas militares españoles, se da la circunstancia de que fue precisamente Francisco Torrente quien, siendo DIGENPOL, inició las contrataciones precarias de aviones comerciales de fabricación rusa con la NAMSA (Agencia de la OTAN). Hasta entonces, el Ministerio de Defensa venía suscribiendo ese tipo de servicios con compañías convencionales españolas, como sucedió con los relevos realizados en Bosnia, Kosovo y en otros escenarios remotos.
Tras mantenerse hábilmente al margen de las graves responsabilidades propias de aquel caso, el almirante Torrente terminaría alentando más tarde el afán persecutorio del nuevo ministro de Defensa socialista, José Bono, contra su antecesor en el cargo, Federico Trillo-Figueroa, a quien de cualquier forma él debía su nombramiento como AJEMA. También fue el consejero militar del PSOE que, tras las elecciones legislativas celebradas en mayo de 2004, recomendó la renovación general de toda la cúpula militar y, en particular, el cese del JEME, Luis Alejandre, con dos objetivos simultáneos: evitar su previsto ascenso a JEMAD, puesto para el que terminó promocionando a su amigo Félix Sanz, y, sobre todo, para presentarle de forma más o menos implícita como cabeza de turco del caso “Yak-42”.
Félix Sanz había ocupado el puesto de Subdirector General de Planes y Relaciones Internacionales precisamente en la Dirección General de Política de Defensa dirigida por el almirante Torrente, cargo para el que fue designado el 14 de mayo de 2004 siendo entonces ascendido a teniente general. En ese juego de afinidades políticas interesadas, apenas un mes más tarde, el 25 de junio, le volvió a promocionar para ocupar de forma precipitada, y contra todo pronóstico, la Jefatura del Estado Mayor de la Defensa, alcanzando ya el rango de General de Ejército.
Por otra parte, al amparo de esa operación de recambio de la cúpula militar, y lejos de aceptar su consecuente retiro tras haber desempeñado el cargo de AJEMA, él mismo se postuló ante el Gobierno socialista como Secretario General de Política de Defensa (SEGENPOL), exigiendo que se le otorgara el rango administrativo de Secretario de Estado para poder prevalecer protocolariamente sobre cualquier otro representante del estamento militar, excluido naturalmente Su Majestad el Rey Juan Carlos.
El nepotismo del almirante Torrente y su facilidad para gestar ascensos no merecidos, tiene otro de sus referentes más significados en la promoción de su propio hermano, Juan Miguel Torrente Sánchez, al empleo de general de brigada del Cuerpo de Intendencia de la Armada, perjudicando gravemente a compañeros de varias promociones con mayores méritos para obtener ese ascenso. A continuación, y apoyado en la misma ausencia de méritos, protagonizó otro escándalo al intentar ascenderle a general de división, desvergüenza que fue frenada por la oposición prácticamente generalizada de todo el almirantazgo. Sin embargo, aquella humillación no le impidió ganar su descarada apuesta familiar de forma más disimulada, después de haber cesado como SEGENPOL el 19 de enero de 2007 “por razones personales”, dado que el nombramiento de su hermano se produjo finalmente mediante Real Decreto 645/2007, de 8 de mayo.
Como anécdota final, sin duda caracterizadora de la personalidad del almirante Torrente, aparentemente discreto y retraído, y quizás algo acomplejado ante el currículo militar de otros compañeros de armas, baste señalar el enfrentamiento personal e institucional que en el verano de 2002 mantuvo con el almirante Francisco Rapallo, que en aquellos momentos ostentaba la Jefatura de la Zona Marítima del Cantábrico. Como tal, éste ocupaba el Pabellón de El Montón, situado en el barrio ferrolano de Caranza, que era la residencia veraniega adscrita oficialmente al cargo, pero el AJEMA, que disponía de una magnífica vivienda familiar en la que se acomodaba durante sus tradicionales desplazamientos a su ciudad natal, ordenó el desalojo manu militari del mismo para ocuparlo personalmente en atención indebida a su mayor rango.
Mientras Francisco Torrente ocupó el cargo de AJEMA también fueron proverbiales sus desplazamientos a Galicia durante la Semana Santa con el principal objeto de presidir las procesiones y actos litúrgicos correspondientes. En ellos obligaba al Almirante-Jefe de la Zona Marítima a situarse varios pasos detrás de él, actitud tan insistente y de tan mal estilo que determinó la radical negativa de éste a acompañarle en ese tipo de celebraciones.
El almirante Torrente Sánchez es el prototipo de militar profesionalmente mediocre que, utilizando prácticas políticas arribistas, sabe llegar a la cumbre del poder fáctico. En ese recorrido, y tanto en el Cuartel General de la Armada como en el Ministerio de Defensa, ha alcanzado cierta fama de experto catador de ginebras, hombre desleal con sus compañeros y poco amigo de la verdad. Connotaciones personales que quizás justifiquen el repudio que padece en los medios sociales de la Armada.
Como era de esperar, una vez concluida su vida política y militar en enero de 2007, Francisco Torrente también supo acceder sin mayor dificultad a ocupar la Presidencia de la empresa EXPAL (Explosivos Alaveses S. A.) y la de su grupo matriz (MaxamCorp Holding S. L.), cuyo cliente nacional de referencia siempre ha sido el propio Ministerio de Defensa, donde, en previa inmediatez, él mismo ocupó una Secretaría de Estado considerada “alto cargo del Gobierno”. Y, desde luego, con la habilidad suplementaria necesaria para que un dictamen jurídico de ese mismo Departamento ministerial, hecho “a medida”, le permitiera contravenir de forma flagrante lo establecido al respecto en el artículo 8 de la Ley 5/2006, de 10 de abril, de regulación de los conflictos de intereses de los miembros del Gobierno y de los Altos Cargos de la Administración General del Estado.
Todo un record, que, no obstante, culminaría el 26 de marzo de 2009 al ser nombrado Presidente de AFARMADE (Asociación Española de Fabricantes de Armamento y Material de Defensa y Seguridad). En su primera declaración, la Junta Directiva presidida por Torrente se comprometió a impulsar la Asociación “haciendo de esta un instrumento eficaz para abordar los desafíos y retos del Sector con el objetivo de defender las capacidades y tecnologías españolas”, pero su único logro, alcanzado apenas tres meses después, el 9 de julio de ese mismo año, consistió en trasladar a la Asamblea General la conveniencia de su disolución.
Su propuesta fue ratificada el 23 de septiembre de 2009, fecha en la que AFARMADE dejó de existir formalmente. Con ello, Torrente añadía a sus muchos deméritos profesionales el haber oficiado de “enterrador” de un organismo que durante sus 24 años de existencia fue el principal representante e interlocutor de la industria de Defensa y Seguridad española.
Culminando su histórica habilidad para procurarse prebendas y beneficios oficiales de discutible justificación, el 16 de junio de 2010 fue distinguido por el Gobierno de Rodríguez Zapatero con la Medalla de la Orden del Mérito Constitucional, destinada a premiar la realización de actividades relevantes al servicio de la Constitución y de los valores y principios en ella establecidos, sin que sus compañeros de armas las consideraran especialmente destacables en su quehacer personal.
FJM (Actualizado 02/10/2009)
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