Mientras el establishment político se centra en arremeter contra Podemos y Ciudadanos, partidos emergentes que amenazan con desmontar el tinglado del bipartidismo, ya nadie recuerda las críticas que se produjeron al inicio de la legislatura en contra del Estado de las Autonomías. Surgieron en avalancha al evidenciarse que el insalvable déficit del Estado se alimentaba, sobre todo, del déficit generado en las Comunidades Autónomas.
Es más, se clamaba contra la duplicidad y triplicidad de funciones derivadas de un desmedido proceso de transferencias competenciales, que, además de disparar el gasto público, debilitaba al Estado al vaciarle incluso de contenidos que la Constitución le asigna en exclusiva. Una realidad que llamaba -y sigue llamando- a la reforma del propio modelo autonómico, considerándolo agotado o, peor todavía, insaciable como instrumento de la desvertebración nacional.
Y se reconocía que la crisis del sistema financiero tenía su origen en la corrupción que las Comunidades Autónomas habían inoculado en las Cajas de Ahorros. Es decir, que por activa y por pasiva el sistema de organización política territorial era el culpable esencial de la tremenda crisis económica que ha asolado España.
Hoy no queremos insistir en los argumentos que ya hemos reiterado en otras Newsletters para provocar las reformas institucionales necesarias para salvaguardar la fortaleza de Estado y, con ella, el propio Estado social y democrático de Derecho proclamado en la Carta Magna. Ni tampoco en los cientos de artículos de opinión publicados por solventes analistas políticos, catedráticos e intelectuales de todo tipo que en esta misma legislatura han venido reclamando esas mismas reformas, desoídas por el Gobierno popular -de mayoría parlamentaria absoluta- y por la oposición socialista, en clara connivencia para mantener el actual bipartidismo y las redes clientelares que han desarrollado en el ámbito autonómico para su exclusivo y mejor beneficio.
Pero es que el PP y el PSOE ni siquiera han hecho asomo de promover un mínimo cambio de corte ‘lampedusiano’, con el que dar otra vuelta de rosca al sistema. Están enrocados en el ‘mantenella y no enmendalla’ con el que los hidalgos del Siglo de Oro preferían desenvainar la espada que rectificar o pedir disculpas por un error manifiesto.
Por más que se les haya instado a rectificar los desmanes del Estado de las Autonomías (incluida su deriva de corrupción), siguen aferrados, ambos partidos, a ese absurdo código de honor, por el que lo gallardo se confunde con mantenerse en sus trece, aun a sabiendas de haberse equivocado.
Mientras PP y PSOE sigan ‘erre que erre’ sin querer reconocer y resolver el problema, poca categoría política se les puede conceder a uno y a otro. Pero es que, en ese aspecto, tampoco la tienen los demás partidos políticos, que en unas elecciones precisamente autonómicas eluden el debate del tema, que es capital; desidia que sorprende más en los partidos emergentes, Ciudadanos y Podemos, por cuanto su presentación social se basa en el reformismo político.
Nosotros, como otros muchos medios de opinión informada, hemos insistido en la urgente necesidad de afrontar unas reformas institucionales que permitan reconducir el ahogado y agotado Estado de las Autonomías. Pero no para caminar más hacia el Estado Federal (y peor todavía en sentido ‘asimétrico’, que sería una apuesta más disolvente), sino hacia un Estado unitario y social-solidario, con toda la descentralización administrativa que convenga, pero eliminando duplicaciones o triplicaciones competenciales y aplicando los actuales avances tecnológicos -inexistentes en el origen del Estado de las Autonomías- en todos los sentidos y ámbitos administrativos.
Un Estado encajado sin fisuras, fraudes ni manipulaciones interpretativas, en el impecable Preámbulo de la vigente Carta Magna, y llevado a su mejor expresión en el artículo 1.1 del Título Preliminar: “España se constituye en un Estado social y democrático de Derecho, que propugna como valores superiores de su ordenamiento jurídico la libertad, la justicia, la igualdad y el pluralismo político”.
Ni más ni menos… Y reconduciendo, por supuesto, las derivas indeseables que se han ido incorporando en el desarrollo normativo del texto constitucional en razón de los espurios intereses partidistas, realimentados sobre todo por las formaciones mayoritarias (PP y PSOE), cuya constante deslealtad con el interés supremo de España ha sido manifiesta.
Sin querer imponer nada ni agobiar a nadie (allá cada ciudadano con sus aspiraciones políticas), hemos de recordar no obstante algunos de los comentarios realizados a principios de la legislatura, sobre las razones de la actual descomposición del Estado.
El 10 de abril de 2012, Esperanza Aguirre, a la sazón presidenta de la Comunidad Autónoma de Madrid y ahora candidata a la alcaldía capitalina, puso encima de la mesa de Mariano Rajoy, presidente del Gobierno y del PP, la urgente necesidad de reintegrar en la Administración Central del Estado al menos las competencias transferidas en materia de Educación, Sanidad y Justicia. Aunque quedarían otras muchas por recuperar o blindar estatalmente (relaciones internacionales, normativas comerciales, puertos y aeropuertos de interés general, control y autorización de referéndums, seguridad pública nacional…).
Con ello, Aguirre marcaba un verdadero cambio de rumbo, desoído por Rajoy, para atajar el desmadre autonómico y en orden a la normalización del Estado en términos organizativos, funcionales y presupuestarios. Pero, ¿acaso se ha vuelto a pronunciar sobre el tema…?
En aquel mismo entorno temporal, Jorge de Esteban, reconocido catedrático de Derecho Constitucional, sostenía en un expresivo artículo de opinión titulado ‘¿Qué hacemos con las autonomías?’ (El Mundo 19/04/2012), y más allá de lo demandado por Esperanza Aguirre al presidente Rajoy: “Hay que reformar ya la Constitución para fijar con exactitud las competencias del Estado y de las regiones”.
Otra voz autorizada, la de Roberto Centeno, catedrático de Economía de la Universidad Politécnica de Madrid, sostuvo la misma tesis, pero apoyada por la incidencia de las autonomías en el gasto superfluo y el déficit público. Su celebrada ‘Carta a la Sra. Merkel: exija el fin de las autonomías’ (25/06/2012), tuvo una difusión extraordinaria dentro y fuera de la Red, conectando con los sentimientos más profundos de una ciudadanía airada por los desmanes y la falta de lealtad de los partidos políticos, justo en contra de las mismas bases sociales a las que pretenden representar.
El profesor Centeno se lo contó con pelos y señales a Ángela Merkel y nosotros se lo recordamos a nuestros lectores:
(…) A día de hoy, el déficit de las regiones y ayuntamientos asciende a unos 5.000 millones de euros mensuales, y está siendo cubierto por el Gobierno con supuestos “adelantos presupuestarios”, supuestos porque jamás serán devueltos, lo que ha elevado el déficit del Estado en un 50% hasta abril, equivalente al 10% del PIB en términos anualizados”…
(…) Para ellos [los políticos] son más importantes sus ventajas partidistas y personales que los intereses de la nación, lo que les lleva a mantener a toda costa un modelo de Estado cuyo nivel de despilfarro y de corrupción nos conduce a la ruina…
(…) Primero colocaron a decenas de miles, luego a cientos de miles y hoy totalizan dos millones de empleados públicos nombrados a dedo --causa principal del brutal nivel de desempleo, ya que en España cada empleo público destruye 2,8 puestos en el sector privado-- y donde para no tener que dar explicaciones a nadie crearían hasta 3.000 empresas públicas, la gran tapadera del despilfarro, una inmensa telaraña de ocultación de deuda y corrupción, empleando a 400.000 personas amigas y con sueldos un 35% superiores a la media del sector privado…
En relación con esas exigencias reformistas, sustanciales e inteligentes pero hasta ahora en verdad inéditas, Eduardo Torres Dulce, entonces Fiscal General del Estado y hombre esencialmente tranquilo y ponderado, también advirtió que el traspaso de las competencias de Justicia a las autonomías fue un error, mostrándose partidario de que vuelvan al Estado.
Respondiendo a la pregunta que le formuló uno de los asistentes al curso sobre Justicia y Economía organizado por la Universidad de Verano Rey Juan Carlos en Aranjuez (02/07/2012), Torres Dulce afirmó: “Si somos un Estado Federal, somos un Estado Federal, pero tenemos los inconvenientes de un Estado Federal y ninguna de las ventajas, como sucede en el actual desarrollo del Estado de las Autonomías”. Y, con el dedo puesto en la llaga del actual modelo político, puntualizó: “Un Estado en el que no haya un núcleo importante en Justicia, Sanidad y Educación difícilmente podrá funcionar”.
La necesidad de reformar la actual organización autonómica del Estado, es, pues, tan obvia y urgente que sólo los déspotas y los marrulleros de la política pueden dejar de admitirla. Y, justo por eso, sorprende sobremanera que también las dos fuerzas nacionales nuevas, nacidas bajo etiquetas de cambios sociales y reformas políticas, Podemos y Ciudadanos, pasen de debatir el tema y de fijar posiciones al respecto.
Máxime cuando los partidos que propugnan el soberanismo en Cataluña, el País Vasco y Navarra, sí que están afrontando las elecciones del 24 de mayo con ese tema en punta de lanza.
En política (lo hemos dicho en otras ocasiones), la ocultación, la negación y hasta la mentira, están a la orden del día, pero, con ser repudiables, tampoco son irrevocables. Mucho más pernicioso que este conjunto de debilidades, es el error y la equivocación, porque conducen al fracaso de forma irremisible.
Pablo Iglesias y Albert Rivera no tienen propuestas claras y concretas al respecto, ni saben si quieren reformar o no el Estado de las Autonomías (el mismo que el lendakari Urkullu acaba de sentenciar como “fallido”). ¿Acaso porque sólo quieren acomodarse en la misma mamandurria del poder en la que están el PP y el PSOE..?.
Si no hay debate sobre el tema (en las elecciones andaluzas no lo hubo), muchos electores podrán pensarse un poco más si les merece la pena o no votar el 24 de mayo, o dejar que sigan campando por sus respetos las ‘baronías’ del poder. Perdón, queremos decir los ‘caciques’ de la España autonómica.
Ya veremos quienes ganan o pierden las elecciones en cada Comunidad Autónoma (y en sus ayuntamientos) y con qué promesas y proyectos de gobierno.
Fernando J. Muniesa
