Aunque la información no había trascendido hasta ahora, un informe de la Audiencia Nacional que acaba de salir a la luz reprocha a los agentes que solo hayan aportado el testimonio de un informante (un soplón al que le da un un dinerillo) y 'links' a informaciones publicadas en medios de comunicación.
El asunto de la injerencia rusa en el referéndum del 1 de octubre de 2017 en Catalunya lleva años causando revuelo, pero no ha sido hasta ahora cuando se ha sabido que la Audiencia Nacional archivó la causa por no encontrar indicios mínimos de delito.
Para entender el asunto hay que remontarse a 2019, cuando se abrió un expediente de investigación secreta basado en el testimonio de un confidente que afirmaba que espías rusos estaban actuando en el desafío independentista catalán. Entre los nombres de los espías se barajaba el de Sergei Fedotov, supuesto nombre en clave de Denís Serguéiev, general del servicio exterior de la inteligencia militar rusa.
Este confidente, que se presenta como un conocedor de la realidad rusa, habría traslado a los agentes y, posteriormente, al juzgado informaciones publicadas en medios de comunicación y otra desconocida. Entre los nombres que aportaba se encontraban conocidos activistas del procés, como Oriol Soler, empresario del sanedrín de dirigentes externos al Govern que organizó el 1-O.
Al parecer el sumario 86/19 fue abierto por el Juzgado Central de Instrucción número 6 de la Audiencia Nacional en noviembre de 2019 y archivado en julio de 2020, aunque nada se sabía hasta ahora. Después, el Juzgado dictó un nuevo auto de archivo de las actuaciones de acuerdo al criterio de la Fiscalía de la Audiencia Nacional. Según ha publicado en exclusiva Eldiario.es, que ha tenido acceso al documento, el teniente fiscal de la Audiencia Nacional Miguel Ángel Carballo reprocha a los agentes que durante ese tiempo solo hayan aportado el testimonio de un informante y enlaces a informaciones de medios de comunicación.
En dicho escrito Carballo se opone a las diligencias solicitadas por la Policía Nacional y solicita el archivo de la causa: "Nada se aporta por la vía policial que nos permita mantener abierta esta investigación, salvo que pretendamos una causa general en busca de algún indicio que nos permita confirmar la tesis de partida, olvidando que en el proceso penal, con todas las garantías, ese tipo de investigaciones están prohibidas", concluye el informe del número dos de la Fiscalía de la Audiencia Nacional.
Asimismo, el Ministerio Público recuerda que las informaciones sobre la presencia de un agente ruso en Barcelona "solo aparecen en medios periodísticos" y subraya que, incluso si fuera cierto, ese hecho por si mismo "carece de relevancia penal".
Moscú siempre negó inmiscuirse en la crisis catalana y atribuyó las acusaciones a problemas internos españoles.
El MI6 detrás de la “teoría conspiranoica” rusa en el proces
El 21 noviembre de 2019, 'El País' desveló la apertura de una investigación secreta en la Audiencia Nacional por la presencia en Catalunya el 29 de septiembre de 2017 de de Sergei Fedotov, al parecer el nombre en clave de Denís Serguéiev, general del servicio exterior de la inteligencia militar rusa. Nada trascendió entonces acerca de que las pesquisas apuntaban a ciudadanos de nacionalidad española que actuarían en connviencia con los rusos.
El dato del viaje de Fedotov era conocido, pues lo había publicado la web de “investigación” Bellingcat en febrero de 2019, un montaje del servicio secreto británico, como ha quedado demostrado por las filtraciones de Anonymus. En su información añadía que habían sido al menos tres los miembros del GRU, acrónimo del citado servicio de Inteligencia ruso, los que habían pasado por España. Otras informaciones apuntaban a que Fedotov solo estuvo de paso por Barcelona y que su destino era Suiza. La noticia de la investigación de la Audiencia Nacional estuvo seguida de otras sobre las misiones en Europa occidental de la Unidad 29155 del GRU, que incluían la eliminación física de adversarios del Kremlin. La típica “película de espías” a la que nos tienen acostumbrados los anacletos occidentales.
Durante nueve meses la investigación estuvo abierta en el Juzgado de Instrucción 6 de la Audiencia Nacional, sin avances significativos, hasta que, como hemos señalado, en junio del año pasado, el fiscal jefe de la Audiencia Nacional, Miguel Ángel Carballo, presentó un escrito para que se archivase. El juez lo hizo un mes después. Carballo criticaba la labor de la policía al considerar que se había limitado a aportar el testimonio de un soplón y enlaces de internet a noticias de prensa, la mayor parte de la citada Bellingcat.
Un soplón muy cutre
La clave en la apertura de la investigación estaba en el testimonio del confidente policial que parece trasladar, primero a los agentes, y luego al juzgado, la información que ya había publicado Bellingcat. El confidente ofrece una serie de nombres de conocidos activistas del procés, entre los que destaca Oriol Soler, empresario del sanedrín de dirigentes externos al Govern que organizó el 1-O. Al empresario, cercano a ERC, se le atribuyen distintos delitos de corrupción y tráfico de influencias supuestamente vinculados a la financiación del proceso soberanista y, concretamente, de Tsunami Democràtic.
Una de las informaciones que aportó la Policía a la Audiencia Nacional en el caso de las supuestas injerencias rusas es la visita que Soler hizo a Julian Assange el 9 de noviembre de 2017, en su entonces refugio de la Embajada de Ecuador en Londres… que fue hecha pública por el diario 'El País' cuatro días después. Aquel viaje se enmarcó en una gira de Soler por varios lugares del mundo en relación con el procés, incluido Rusia, donde no fue recibido por nadie.
De pesquisa en pesquisa hasta el ridículo final
La Guardia Civil también investigó estos hechos, en su caso dentro de la causa abierta por el Juzgado de Instrucción 1 de Barcelona por el supuesto desvío de fondos públicos para la celebración del referéndum ilegal del 1-O. En octubre de 2020, cuando la Audiencia Nacional ya había cerrado la causa abierta a partir de la investigación de la Policía Nacional, el instituto armado detuvo a personas del círculo más próximo a Puigdemont, entre ellos Soler, dentro de unas pesquisas que buscaban aclarar cómo se financió Tsunami Democràtic y la estructura que sustenta a Puigdemint (a) Cippiollino en Waterloo (Bélgica). Y volvieron a la carga… En aquellas pesquisas se apuntaba a las supuestas conexiones de los detenidos con el Gobierno de Rusia por el contenido de unas disparatadas conversaciones telefónicas que mostraban cómo los detenidos buscaron un acercamiento al Kremlin durante el otoño catalán de 2017 y en los meses posteriores.
Según reveló entonces un auto del juez, uno de los detenidos, Víctor Terradellas, debía viajar a Rusia en mayo de 2018 para reunirse con un grupo creado “en la época de Gorbachov” y desarrollar una plataforma de criptomonedas. Fue él que le trasladó a Puigdemont, el 24 de octubre de 2017, días antes de la consulta ilegal, que Rusia estaba dispuesta a movilizar a 10.000 soldados y pagar la deuda catalana si Cataluña se independizaba. Según el auto, Tarradellas aseguró en una conversación que Puigdemont rechazó esa ayuda, no sabemos si por ridícula o porque era otra fantasía delirante de los líderes separatistas. En un informe, la Guardia Civil, siguiendo las directrices siniestras de la OTAN, señalaba estos hechos como prueba de que “la injerencia rusa como medida de estrategia geopolítica de desestabilización fue un hecho durante el otoño de 2017?. Una vez más, haciendo el ridículo…
Nunca hubo nada. Un soplón, un montaje de los servicios británicos, recortes de periódicos y un único objetivo: atacar y desprestigiar a la Rusia de Putin.
