El ex prisionero político Leopoldo López ha abandonado la residencia del embajador español en Caracas, en donde se mantenía en calidad de huésped desde el 30 de abril del año pasado. López, líder de Voluntad Popular, ejercía como comisionado presidencial para el centro del Gobierno de la Presidencia interina, una especie de primer ministro en el gabinete de Juan Guaidó.
López se refugió en la Embajada de España tras fracasar la rebelión militar del 30 de abril contra Nicolás Maduro. Aquella madrugada, el dirigente opositor fue liberado de su arresto domiciliario por los hombres del general Cristhoper Figuera, quien entonces dirigía el Servicio Bolivariano de Inteligencia (Sebin), la policía política del chavismo.
A principios de junio de ese mismo año, Lilian Tintori, mujer de López, y su hijo más pequeño, quienes permanecieron junto al líder opositor dentro de la Embajada, huyeron a España en lo que el Gobierno de Madrid definió como "un ejercicio de su libertad de movimiento". Actualmente su familia permanece en Madrid, incluido su padre, Leopoldo López Gil, elegido eurodiputado por el Partido Popular.
CONDENA A 14 AÑOS DE CÁRCEL
Leopoldo López fue condenado por incitación pública a la violencia a casi 14 años de cárcel.
Tras conocerse el relevo del embajador español en Caracas, Jesús Silva, el Ministerio de Exteriores de España aseguró que no cambiaría el estatus de López en el seno de la legación diplomática. Pero esta decisión coincide con el cambio de rumbo emprendido por el Gobierno de Madrid, de la mano de Josep Borrell, Alto Representante de la Unión Europea (UE): más cercano a Henrique Capriles, quien negoció con Nicolás Maduro, y más alejado de Guaidó y, por lo tanto, de López. Desde que se supo de este cambio comenzaron las especulaciones de cómo influiría el nuevo embajador en el trabajo político del antiguo prisionero político.
En su última declaración hace 48 horas a través de sus redes sociales, el líder de VP felicitó a la oposición bielorrusa por el Premio Sajarov.
Venezuela condena "la práctica antidiplomática y hostil" de España por "facilitar la fuga del terrorista Leopoldo López"
Venezuela ha denunciado "la flagrante violación integral de la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas por parte del Gobierno del Reino de España, al facilitar, con notable complicidad, la fuga del terrorista Leopoldo López", ha publicado este 25 de octubre su cuenta de Twitter el canciller venezolano, Jorge Arreaza, precisando que las correspondientes investigaciones están en curso.
"La inédita y continua violación del contrato internacional que rige las relaciones civilizadas entre los Estados, se remonta, al menos, al año 2017 y ha sido protagonizada en territorio venezolano directamente por el embajador español acreditado en Caracas", reza el comunicado adjunto a la publicación.
El documento recuerda que el embajador español, Jesús Silva, fue expulsado de Venezuela el 25 de enero de 2018 "como consecuencia de reiteradas intromisiones en asuntos internos", pero en abril del mismo año su regreso a Caracas fue acordado con las autoridades españolas, "bajo un renovado compromiso de respeto a las leyes venezolanas e internacionales".
"Muy por el contrario, la práctica diplomática sesgada del representante español se hizo aún más notable, al punto de cobijar bajo una figura inexistente y antijurídica, en la propia residencia de España, a un prófugo condenado por la Justicia venezolana, responsable, entre otros delitos, de la muerte y lesiones de centenares de venezolanos en el año 2014", denuncia Caracas.
La declaración de las autoridades venezolanas se produce después de que el Ministerio de Exteriores español confirmara este domingo que el líder de Voluntad Popular, Leopoldo López, llegó a Madrid tras abandonar la residencia del embajador de España en Caracas, donde se encontraba desde abril del 2019.
TEXTO DEL COMUNICADO OFICIAL DEL MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES DE LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
Venezuela denuncia flagrante violación de la Convención de Viena por parte del Reino de España
. La República Bolivariana de Venezuela denuncia el incumplimiento flagrante de las disposiciones fundamentales de la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas, por parte del Gobierno del Reino de España, expresada a través de incesantes acciones injerencistas en su relacionamiento con el Estado venezolano y sus instituciones. La inédita y contínua violación del contrato internacional que rige las relaciones civilizadas entre los Estados, se remonta, al menos, al año 2017 y ha sido protagonizada en territorio venezolano directamente por el Embajador español acreditado en Caracas.
Tras ser expulsado, el Embajador Jesús Silva el 25 de enero de 2018 como consecuencia de reiteradas intromisiones en asuntos internos, se acordó con las autoridades españolas su regreso en abril de ese mismo año, bajo un renovado compromiso de respeto a las leyes venezolanas e internacionales. Muy por el contrario, la práctica diplomática sesgada del representante español se hizo aún más notable, al punto de cobijar bajo una figura inexistente y antijurídica, en la propia residencia de España, a un prófugo condenado por la justicia venezolana, responsable, entre otros delitos, de la muerte y lesiones de centenares de venezolanos en el año 2014.
A pesar de que el Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación de España se comprometió en diversas oportunidades a no permitir el accionar político del prófugo golpista, Leopoldo López, desde su residencia oficial, la realidad fue muy distinta. Sólo por hacer referencia a un solo hecho, desde el interior de la residencia diplomática española, bajo conocimiento del Embajador Silva, a principios de 2020 López planificó la operación mercenaria denominada Gedeon, acción terrorista con participación de mercenarios estadounidenses, cuyo objetivo era asesinar al Presidente Nicolás Maduro, así como a otros dirigentes venezolanos, con la intención de sembrar violencia y desestabilización en el país.
Como corolario de tan grotesca, descarada y grosera violación integral a la Convención de Viena, hoy es a todas luces verificable que el jefe de la misión diplomática española en Venezuela fungió como principal organizador y cómplice confeso de la anunciada fuga de territorio venezolano del delincuente Leopoldo López. Acción inaceptable e incomprensible en el marco de una relación bilateral histórica entre las dos naciones.
De esta manera, el Reino de España participa activamente en la fuga ilegal de un peligroso delincuente y decide recibirlo en su territorio, sin reparar en las leyes internacionales e incluso en las leyes migratorias españolas y en los acuerdos bilaterales en materia de justicia.
La República Bolivariana de Venezuela considera que la práctica antidiplomática y hostil del Estado español hacia Venezuela, en claro desapego a los principios más elementales del Derecho Internacional Público, dejará una mancha profunda e indeleble que será objeto de estudio en las instituciones dedicadas a la formación diplomática en el mundo, como una serie de acciones erráticas e ilegales, propias de una diplomacia impregnada de anacrónicas reminiscencias colonialistas.
Por último, vale la pena subrayar que las instituciones del Estado venezolano cumplirán con su obligación constitucional de realizar las investigaciones necesarias y establecer las responsabilidades y sanciones correspondientes a los delitos cometidos, en estricto apego a las leyes venezolanas e internacionales y a la garantía del debido proceso.
Caracas, 25 de octubre de 2020
Juan Guaidó pleitea en España por hacerse con otros 25 millones de euros de Venezuela depositados en bancos
El presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó, ha emprendido una batalla internacional para controlar el dinero venezolano depositado en los países donde le reconocen como presidente legítimo. Y también lo está haciendo en España.
Guaidó está pleiteando por 25 millones de euros que están depositados en cuentas españolas, según ha conocido Confidencial Digital, después de haber intentado en los tribunales de Reino Unido hacerse con el oro del país bolivariano depositado allí. Por el momento, la Justicia británica se ha negado a reconocerle ese derecho.
25 millones
En España lo que hay no son reservas de oro, sino que se trata de activos de la Corporación Venezolana de Guayana, una empresa pública que tiene como objetivo social la explotación de minerales. La clave de la cuestión está en determinar quién es el administrador de esa corporación.
El dinero está repartido entre el Banco Sabadell, la mayor parte; Cajamar y, algo menos, en BBVA. En total, 25 millones de euros por los que el equipo de Guaidó está dispuesto a llegar hasta el final para conseguir controlarlos, según explican fuentes cercanas.
Existe un conflicto societario entre el Gobierno de Maduro y el de Guaidó para hacerse con el control de la empresa, y por tanto de los fondos citados. Guaidó había designado a Enrique Castells como administrador, pero se encontró con el obstáculo de las entidades bancarias en un primer momento.
En mayo, el sector de Maduro envió unos documentos al Registro Mercantil en España para cambiar la representación de Castells por la de Rosario Falcón Maldonado. Este cambio se produjo durante el confinamiento, y fue entonces cuando Guaidó pasó de la lucha por el registro a la pelea judicial penal en Madrid.
Una querella
El presidente encargado de Venezuela ha contratado al despacho de abogados Cremades y Calvo Sotelo para iniciar el pleito y conseguir que Castells sea el usuario legítimo para disponer de las cuentas. Se ha interpuesto una querella contra Falcón Maldonado, que ahora está investigando el Juzgado de Instrucción 36 de Madrid. Por parte de Maduro, la representación corre a cargo de Lupicinio abogados.
La bicefalia que se produce en la Corporación ha creado un conflicto registral que las entidades bancarias tampoco saben cómo resolver. Algunos bancos anunciaron en un primer momento la consignación de estas cuentas hasta que se solucione el pleito, según explican fuentes del caso. Sin embargo, lo cierto es que hasta hoy esto no se ha producido.
Un conflicto en el que España debe decantarse
La encrucijada en la que este pleito puede poner al Ejecutivo español no es baladí. Fuentes del sector explican que es “paradigmático” que, por un lado, el presidente del Gobierno haya reconocido como legítimo a Juan Guaidó, pero que, sin embargo, sea el embajador de Nicolás Maduro el único válido como interlocutor con el país.
En este mismo laberinto legislativo se encuentra el Gobierno de Reino Unido.
El pasado 2 de julio, la High Court de Inglaterra y Gales dictó una sentencia por la que confirió el control del oro venezolano depositado en el Banco de Inglaterra a los representantes de Juan Guaidó. El Tribunal basó su decisión fundamentalmente en el hecho de que el Gobierno británico reconocía a Guaidó como “presidente interino Constitucional de Venezuela”.
Sin embargo, días después, el Banco Central de Venezuela recurrió la decisión, alegando que era dudoso que el Gobierno británico hubiese reconocido de forma inequívoca a Guaidó como jefe de Estado Venezolano. La Corte de Apelación anuló la sentencia de la High Court y ha devuelto el caso para que lo resuelva de acuerdo a los interrogantes que se plantean.
Aunar criterios
La Corte de Apelación parte de calificar como ambiguo el tratamiento que los sucesivos gobiernos de Reino Unido han otorgado a Guaidó, y señala dos preguntas. Primera, si el Gobierno británico reconoce a Guaidó como presidente de Venezuela en todos los sentidos, y por tanto no se reconoce a Nicolás Maduro Segunda, si, entonces, se reconoce que Guaidó es quien tiene derecho a ejercer todos los poderes presidenciales.
El Tribunal de Apelaciones considera que estas cuestiones sobre la legitimidad de Guaidó se deben resolver, es decir, Justicia y Gobierno deben hablar con una sola voz.
Mercenarios israelíes participaron en fallida invasión a Venezuela
Una sentencia judicial del Supremo venezolano revela que al menos dos comandos israelíes participaron en el fallido golpe de Estado contra Maduro en mayo pasado.
De acuerdo con la sentencia 89 de la Sala Penal del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) venezolano, del pasado 22 de octubre, dos pelotones de comandos israelíes iban a participar en la llamada “Operación Gedeón” del pasado 3 de mayo; un proyecto militar destinado a derrocar al legítimo Gobierno del presidente venezolano, Nicolás Maduro.
“En el grupo de mercenarios participarían dos pelotones de comandos israelíes, quienes se encuentran en el mar Caribe a bordo de la IV Flota de EE.UU., bajo la dirección del Almirante Craig Faller, jefe del Comando Sur de las Fuerzas Armadas de EE.UU., justificando la Operación de acuerdo a las acusaciones infundadas en contra del Estado Venezolano como narco Estado”, revela la sentencia.
En una primera operación, planeada desde Colombia por el capitán Antonio José Sequea Torres, desertor de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB), atacarían unidades militares, permitirían la entrada de mercenarios en Venezuela y liberarían a un grupo de exmilitares y opositores venezolanos encarcelado en el Centro Nacional de Procesados Militares (Cenapromil), popularmente conocido como Ramo Verde.
La misión de los comandos israelíes consistía en el secuestro y el traslado fuera del país de Maduro y del presidente de la Asamblea Nacional Constituyente (ANC), Diosdado Cabello, dos objetivos del Gobierno de EE.UU. que ha puesto precio a la cabeza de ambas autoridades venezolanas.
La segunda operación estuvo dirigida por la Administración para el Control de Drogas (DEA, por sus siglas en inglés) y articulada por el desertor mayor de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) Juvenal Sequea Torres.
La FANB frustró la invasión que un grupo de “mercenarios terroristas” intentaba perpetrar desde Colombia. El Gobierno venezolano ha detenido a decenas de mercenarios involucrados en dicha intentona golpista, muchos de los cuales han confesado que contaban con el financiamiento de Washington.
Según Maduro, la iniciativa fue lanzada por orden directa del presidente estadounidense, Donald Trump, por lo que el Gobierno de Caracas aseguró que llevaría el caso ante la Corte Penal Internacional (CPI) de La Haya (Países Bajos).
El Gobierno estadounidense busca desde hace tiempo derrocar al mandatario chavista, y para lograrlo, aplica diversos métodos como sanciones, intentos de golpes de Estado y amenazas con una intervención militar.
Este frustrado intento de la Casa Blanca y sus aliados contra Maduro se suma a varios planes y conspiraciones para derrocar al presidente bolivariano, todos abortados gracias a la lealtad del pueblo y los militares venezolanos.
Trump envió a un representante a reunirse con otro de Maduro
El canal estadounidense Bloomberg informa que Donald Trump, quien no reconoce a Maduro como presidente de Venezuela, envió a su alto representante a México para reunirse con el representante del mandatario venezolano y esto unos días antes de las elecciones estadounidenses de 2020 en lo que parece ser un nuevo esfuerzo desesperado de Trump para lograr un éxito en política exterior.
A menos de dos semanas de las elecciones presidenciales estadounidenses de 2020, Trump está haciendo todo lo posible para tener un éxito en su política exterior y aumentar sus posibilidades en las elecciones.
En las últimas semanas, el presidente de EEUU ha buscado un éxito en su política exterior de varias formas: habló de un acuerdo de paz postelectoral con Irán y un acuerdo de paz en Oriente Medio. También prometió la retirada de las tropas estadounidenses de varios países, incluido Afganistán, y la liberación de rehenes estadounidenses. “Trump incluso envió un representante especial a México para reunirse con el representante del presidente venezolano”, informa el canal estadounidense Bloomberg.
Según Bloomberg, la reunión entre los dos representantes tuvo lugar y ni siquiera el secretario de Estado de EEUU, Mike Pompeo, tuvo información al respecto.
Según el informe, Richard Grenell, ex embajador de EEUU en Berlín y ex jefe de inteligencia de EEUU, se reunió con Jorge Rodríguez, representante de Maduro en la capital mexicana, en septiembre.
Desde que Juan Guaidó, ex presidente del Parlamento venezolano, se autoproclamó presidente interino de Venezuela el 23 de enero de 2019, EEUU ha ejercido presión política y económica sobre Venezuela y ha tratado de derrocar al gobierno venezolano al sancionar el sector petrolero del país, pero Caracas, con la ayuda de sus aliados de la Resistencia, logró neutralizar esta presión.
