José Enrique Serrano Martínez

JOSÉ ENRIQUE SERRANO nació en Madrid el año 1950. Licenciado en Derecho, optó por especializarse en el área laboral, ámbito en el que también desarrolló sus primeros contactos y actividades políticas, vinculadas a organizaciones de extrema izquierda. En aquellos momentos le gustaba hacerse llamar “Pepe-Quique” por sus más allegados.

En su currículo destaca la condición de profesor asociado (excedente) de Derecho del Trabajo en la Facultad de Derecho de la Universidad Complutense de Madrid, en la que llegó a ocupar el cargo de secretario general durante el periodo 1983-1984. También es autor de diversos artículos y monografías sobre legislación social y otras materias relacionadas con el sistema educativo universitario.

El desembarco real de José Enrique Serrano en el terreno de la política gubernamental se produce el 9 de enero de 1987, al ocupar la Dirección General de Personal del Ministerio de Defensa, entonces titulado por Narcís Serra. En ese cargo permaneció hasta el 21 de junio de 1991, momento en el que al ser éste nombrado vicepresidente del Gobierno le coloca al frente de la Secretaría General del Departamento. Esta primera aproximación al entorno político de La Moncloa supone su incorporación al Consejo de Administración de la Sociedad Estatal Expo’92 (julio de 1991).

Tras las elecciones generales celebradas en junio de 1993, José Enrique Serrano fue confirmado en su cargo, pero asumiendo también de inmediato el de subdirector del Gabinete de la Presidencia del Gobierno. El 28 de julio de 1995 pasó a ocupar exclusivamente la Dirección del Gabinete de la Presidencia del Gobierno, cuyo rango administrativo se eleva entonces al de Secretaría de Estado (Real Decreto 1332/1995). En ese puesto, en el que sustituyó a Antonio Zabalza, permaneció hasta el 8 de mayo de 1996, momento en el que fue cesado por decisión del nuevo Gobierno presidido por José María Aznar.

Durante la VI Legislatura, con los socialistas en la oposición, José Enrique Serrano trabajó como jefe de gabinete del nuevo secretario general del PSOE, Joaquín Almunia. Después, tras las elecciones generales celebradas en marzo del año 2000, ganadas de nuevo por el PP, ocupó un puesto de asistente del presidente de la Junta de Andalucía y del PSOE, Manuel Chaves, compaginando esa tarea con otras actividades en el ámbito universitario.

El 19 de abril de 2004, José Enrique Serrano fue nombrado de nuevo director del Gabinete de la Presidencia del Gobierno, siendo esta vez su titular José Luis Rodríguez Zapatero. El contrapunto entre la capacidad y experiencia previa del primero y la inexperiencia y limitado bagaje personal del segundo, marca el nuevo nivel de influencia que alcanza ese cargo político, que en sentido estricto sólo debería constituir un instrumento de apoyo a la autoridad de la que dependa.

Esa ampliación de facultades se inicia con el Real Decreto 1194/2004, de 14 de mayo, por el que se determina la composición de las Comisiones Delegadas del Gobierno. En él se establece que el Director del Gabinete de la Presidencia del Gobierno forme parte de la Comisión Delegada del Gobierno para Situaciones de Crisis, junto con otros cargos tan relevantes como el propio Presidente del Gobierno, sus Vicepresidentes, los Ministros de Asuntos Exteriores y de Cooperación, de Defensa y de Interior, el Secretario de Estado de Seguridad y el Director del CNI. Además, en función de su cargo, José Enrique Serrano asume también la Secretaría de la Comisión, que a raíz del macro atentado terrorista del 11-M adquiere una importancia política excepcional.

A continuación, el Real Decreto 1689/2004, de 12 de julio, por el que se desarrolla la estructura orgánica de la Presidencia del Gobierno, refuerza los medios y capacidades de su Gabinete, creando al mismo tiempo un Departamento de Infraestructura y Seguimiento para Situaciones de Crisis que, aun cuando queda adscrito orgánicamente a la Secretaría General de la Presidencia del Gobierno, funcionalmente se hace depender del mismo Gabinete que dirige José Enrique Serrano.

Por si esa ampliación de funciones fuera poco, el propio José Enrique Serrano introdujo una modificación interesada en la propuesta gubernamental que terminaría siendo la Ley Orgánica 5/2005, de 17 de noviembre, de Defensa Nacional, para que el Director del Gabinete de la Presidencia del Gobierno forme parte también del Consejo de Defensa Nacional. En tan alto y significado organismo, su figura prevalece sobre los Jefes de Estado Mayor del Ejército de Tierra, de la Armada y del Ejército del Aire, integrados en su Pleno pero no en su Consejo Ejecutivo, y sobre todo ante los secretarios de Estado de Defensa y de la Seguridad del Estado excluidos del mismo.

Esta insólita adaptación legislativa prácticamente ad personam, fue cuestionada en el Congreso de los Diputados durante la tramitación del correspondiente proyecto de ley, resaltando algún grupo parlamentario la escalada de responsabilidades atribuidas al Director del Gabinete de la Presidencia del Gobierno, que excedían y desvirtuaban notablemente su función original. De hecho, ese cargo no tiene más personalidad jurídica que la emanada de la autoridad a la que asiste, siendo designado por ella libremente como simple órgano de apoyo técnico y político.

La capacidad operativa de José Enrique Serrano, junto con la influencia y el poder oculto que conlleva, no es una novedad para los observadores políticos avezados. Ya se desveló durante los años 1995 y 1996, coincidiendo con las operaciones más oscuras del “felipismo”. Aunque de forma parcial, debido a su innata preocupación por pasar desapercibido y al lavado de rastros sobre sus intervenciones más controvertidas, así ha trascendido en algunos informes reservados. Uno de ellos, reproducido en varias webs de Internet, recoge literalmente:

En abril de 1995 [siendo secretario general de la Vicepresidencia del Gobierno y subdirector del Gabinete de su Presidente, Felipe González)], Serrano tuvo que prestar declaración como testigo ante el magistrado del Supremo, Eduardo Moner, en relación con el denominado “Informe Crillon” (documento elaborado por una agencia de detectives, a petición del entonces vicepresidente del Gobierno, Narcís Serra, en el que quedaban reflejadas las actividades económicas del ex presidente de Banesto, Mario Conde, y otras destacadas personas de la vida pública española). El ex director de la Guardia Civil, Luis Roldán, aseguró que el entonces secretario general de la vicepresidencia fue el encargado de realizar los pagos mensuales a la agencia norteamericana Kroll, autora del “Informe Crillon”.

En mayo de 1995, la Fiscalía del Tribunal Supremo solicitó a Eduardo Moner que efectuara un careo entre Luis Roldán y Serrano, con el fin de aclarar las contradicciones surgidas en las declaraciones de ambos. El careo se produjo el 21 de junio. Finalmente, el 25 de julio, la Sala Segunda del Tribunal Supremo decidió archivar las diligencias abiertas por la elaboración del informe ante la ausencia de conductas delictivas.

Serrano también tuvo un papel importante en la gestión del escándalo de Banesto y en la negociación con Mario Conde. El abogado de Mario Conde, Jesús Santaella, declaró en 1995 que Felipe González le reconoció que la intervención de Banesto fue “un error” y le ofreció buscar soluciones, incluso compensaciones económicas para el ex presidente de Banesto. El presidente del Gobierno designó como interlocutores de estas conversaciones con el entorno de Conde a José Enrique Serrano y al secretario general del CESID, Jesús del Olmo, que prosiguieron las reuniones desde el mes de julio hasta el uno de septiembre. Santaella también era abogado del coronel Juan Alberto Perote. Según el diario “El Mundo”, el Gobierno del PSOE intentó comprar a Perote para silenciar algunos de los casos de corrupción más llamativos que estaban saliendo.

En 1997, en una entrevista concedida la agencia EFE, el propio coronel Perote, ex alto mando de los servicios secretos españoles, afirmó que el anterior Gobierno socialista intentó comprar su silencio sobre la “guerra sucia” contra ETA, en la que él estaba inculpado. El ex jefe de la Agrupación Operativa del CESID declaró que dicha oferta de dinero a cambio de su silencio se la hizo llegar, en nombre del anterior Gobierno socialista, el empresario Francisco Paesa. Y dio más detalles: la oferta procedía del entonces director del Gabinete de la Presidencia del Gobierno, José Enrique Serrano. Preguntado por quien faltaba, a su juicio, en el banquillo de los acusados en el “caso GAL”, el ex alto mando de los servicios secretos afirmó que “la Administración, personificada en los dirigentes políticos que en ese momento había en España”.

Serrano hizo buenos amigos tras su paso por el Ministerio de Defensa. Según cuenta “El Mundo”, ayudó al general Javier Calderón a repatriar a uno de sus hijos, que había sido arrestado en Tailandia por tráfico de drogas. Los gastos que se derivaron de estas gestiones se pagaron (de forma ilegal) con los fondos reservados. Calderón fue nombrado jefe del CESID por el Gobierno de Aznar.

En esta lista negra no podía faltar una referencia al AVE y a Filesa, la trama de financiación (ilegal) del PSOE. En 1999, el ex directivo de Filesa, Alberto Flores, dijo que Serrano, ocupando ya el cargo de jefe de gabinete de Almunia, amenazó a sus hijos cuando acudieron a la sede del PSOE diciéndoles que “mucho ojo con lo que hacían o perjudicarían su situación penitenciaria (de Flores)”.

Como se deduce de estos comentarios, el perfil personal y político de José Enrique Serrano es poco tranquilizador, sobre todo considerando los cargos desempeñados, su pertenencia al “núcleo duro” de La Moncloa y la evidente influencia que ejerce sobre Rodríguez Zapatero. Además, su ascendencia sobre el Ministerio de Defensa es reconocida, manipulando sobre todo la política de ascensos y nombramientos que, cuando sus cargos se lo han permitido, supervisa personalmente antes de que se vean reflejados en el Boletín Oficial del Estado. De hecho, él fue quien apadrinó el nombramiento del general Gómez Arruche como director general de la Guardia Civil y el de Félix Sanz como JEMAD y secretario de Estado director del CNI, entre otras “recomendaciones” políticas quizás todavía más desafortunadas.

Su ascendencia sobre nombramientos de máximo rango político, tuvo otros resultados poco tranquilizadores con la promoción de Elena Salgado como relevo de Pedro Solbes en la Vicepresidencia Económica del Gobierno, con un currículo de escaso peso específico para resolver los graves problemas afectos a la crisis del momento. En esa descomunal tarea, Salgado contaría, no obstante, con un “fontanero” de lujo fichado en julio de 2007, cuando todavía se encontraba al frente del Ministerio de Administraciones Públicas, Jorge Serrano, hermano del padrino político que, junto con Alfredo Pérez Rubalcaba, terminaría situándola como tercera autoridad del Consejo de Ministros.

Otra de las jugadas maestras de José Enrique Serrano fue la de “endosar” a la ministra de Cultura, Ángeles González Sinde, la responsabilidad de cerrar páginas webs sin autorización judicial, una iniciativa incorporada por él mismo al Anteproyecto de Ley de la Economía Sostenible (LES) aprobado por el Gobierno el 27 de noviembre de 2009, utilizándola además para que encajara las fuertes críticas que generó dentro y fuera de la Red. De esa forma y aunque el embrollo se había gestado en la propia Moncloa, el presidente Rodríguez Zapatero pudo aparecer una vez más como el deshacedor de los entuertos de sus ministros, afirmado que “no se va a cerrar ninguna web ni ningún blog”, desautorizando de forma expresa a González Sinde y castigando todavía más su deteriorada imagen pública. A continuación, el inmediato viernes 4 de diciembre, la vicepresidenta María Teresa Fernández de la Vega aclaró que en todo caso aquella había sido “una iniciativa del Gobierno, no solo del Ministerio de Cultura, que, por cierto, parece lógico que defienda la creación intelectual y sus derechos”…

Experimentado en el control de informaciones sensibles y en la asignación de fondos reservados, José Enrique Serrano ha sabido cultivar también la lealtad interesada de determinados medios y grupos de comunicación social y de las estructuras operativas de la Seguridad Nacional, incluidos los Servicios de Inteligencia, para cuya dirección se ha barajado su nombre en más de una ocasión. Precisamente, en ese entorno informado del CNI se le bautizó como el “Rasputín” de Presidencia, lo que no deja de ser un referente de su auténtica personalidad y poder.

FJM (Actualizado 12/12/2009)

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