El ministro del Interior que validó la “guerra sucia” contra ETA
El ministro del Interior que validó la “guerra sucia” contra ETA
En su época juvenil se desenvolvió con soltura en los medios falangistas, llegando a dirigir las actividades escolares del SEU (Sindicato Español Universitario) durante su paso por la Facultad de Derecho. También militó en el carlismo, alcanzando el grado de alférez en el Tercio de Requetés Nuestra Señora de la Paloma, de Madrid, en el que coincidiría con Leopoldo Torres Boursault, quien en enero de 1990 sería nombrado fiscal general del Estado, tras ocupar un escaño como diputado por Guadalajara desde 1979 hasta 1989 (Legislaturas I, II y III).
A caballo entre esas dos organizaciones, Barrionuevo fue jefe de gabinete del vicesecretario general del Movimiento, obteniendo también en su proximidad al régimen franquista una plaza en el Cuerpo Superior de Inspectores de Trabajo y Seguridad Social (ITSS), en el que a partir de 1979 quedaría en excedencia especial para ocupar cargos públicos. Durante su destino como ITSS en San Sebastián, fue profesor de Derecho Procesal Laboral en el Seminario de Estudios Sociales “Marqués de Narros”, dependiente de la Escuela Sindical y adscrito a la Escuela Social de la Universidad de Oviedo.
Dando un salto ideológico considerable, su incorporación al actual PSOE se realizó desde Convergencia Socialista de Madrid (CSM), un partido de ámbito regional creado en Mayo de 1976 con la intención de “alimentar” la unificación de los socialistas madrileños. En aquella iniciativa “táctica”, que ya incorporaba a otros grupos políticos locales como Reconstrucción Socialista de Madrid (RSM), creada en 1974, estuvo acompañado de varios socialistas con posterior relevancia pública: Enrique Barón, Juan Barranco, Joaquín Leguina, Jaime Lamo de Espinosa, Miguel Ángel Fernández Ordóñez…
El 15 de mayo de 1977, un mes antes de celebrarse las primeras elecciones generales democráticas, se consumó la extinción de CSM y su desembarco simultáneo en la Federación Socialista Madrileña del PSOE. A partir de ese momento, Barrionuevo quedó vinculado al equipo de Enrique Tierno Galván, quien también había integrado el PSP (Partido Socialista Popular) en el PSOE. De hecho, cuando éste fue nombrado Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Madrid en 1979, le asignó la concejalía de Seguridad, que ocupó hasta 1982.
Fue precisamente al final de esa época cuando su padre, José Barrionuevo Barrionuevo, obtuvo la real carta de sucesión en el título de Vizconde de Barrionuevo, de origen carlista, firmada por Pío Cabanillas en uno de sus últimos actos como ministro de Justicia de la extinta UCD. El titular del otorgamiento (en el que sería sucedido por su hija Matilde Barrionuevo Peña el 11 de noviembre de 1992 y no por su hijo José), también mantenía una fuerte relación de proximidad con el régimen franquista. En él desempeñó, entre otras ocupaciones, la secretaría general de la Federación Politécnica Española de Diplomados, integrada en la Delegación Nacional de Sindicatos a través del Sindicato de Actividades Diversas, dirigiendo al mismo tiempo la revista “Axioma”, órgano de expresión de dicha organización para-sindical.
Dos fueron las circunstancias que llevaron a José Barrionuevo a titular el Ministerio del Interior el 2 de diciembre de 1982, tras alcanzar el PSOE su primera victoria en elecciones legislativas con una mayoría absoluta ciertamente abrumadora. La primera fue su experiencia práctica como responsable del Área de Seguridad en el Ayuntamiento de la capital del Estado, apreciable dado que el PSOE no ostentaba entonces ningún poder a escala nacional. La segunda, quizás más decisiva, sería la recomendación personal del ministro centrista saliente, Juan José Rosón, ante el propio Felipe González, con quien había pactado de forma anticipada una transferencia ministerial realmente modélica. El recomendante, persona muy respetada en el entorno socialista, y el recomendado, con orígenes “azules” además de carlistas, mantenían una antigua relación desde su coincidencia política en el SEU.
Los dos objetivos fundamentales de Barrionuevo al frente de Interior (ocupado desde el 1 de diciembre de 1982 hasta el 7 de julio de 1988) fueron la lucha contra ETA y la reorganización de los Cuerpos de la Policía, ambos con resultados más que discutibles. El balance de su gestión, en algunos aspectos verdaderamente sórdido, estuvo condicionado por su escaso peso específico y por su carácter un tanto pusilánime, que no le permitió tomar las riendas del ministerio con suficiente criterio y fuerza personal, ni controlar o enfrentarse a quienes asumieron funciones delegadas en derivadas efectivamente inconvenientes.
Al cesar como ministro del Interior, el mismo 7 de julio de 1988 fue nombrado ministro de Transportes, cargo que desempeñó durante tres años, hasta el 7 de julio de 1991. También fue miembro del Congreso de los Diputados, electo por la circunscripción de Madrid en las Legislaturas III, IV y V completas (desde 1986 hasta 1996) y en parte de la VI, hasta el 9 de septiembre de 1998, fecha en la que causó baja por la inhabilitación de la que fue objeto en la sentencia con la que concluyó el juicio del “caso Marey”…
En relación con su labor como ministro del Interior, hay que recordar que Barrionuevo consolidó en sus puestos, e incluso promocionó, a muchos policías de la escuela franquistas (acaso por seguir la senda continuista de su predecesor en el cargo, o simplemente condicionado por la delicada materia y alta responsabilidad del cargo), algunos de ellos acusados de torturar a detenidos antes y durante su propio mandato, según organizaciones humanitarias como la ACT (Asociación Contra la Tortura) y Amnistía Internacional. En los medios policiales socialistas no se entendieron muy bien, por ejemplo, sus nombramientos del director general de la Policía, Rafael Del Río, o del Comisario General de Información, Jesús Martínez Torres. Y tampoco la “recuperación” que en 1986 hizo Rafael Vera, entonces secretario de Estado de Seguridad, del comisario Manuel Ballesteros, nombrándole jefe de Operaciones Especiales y director de su Gabinete de Información, una posición clave en la lucha contra ETA, pero con muy escasos resultados hasta que en 1994 fue cesado por el ministro de turno, Juan Alberto Belloch.
Al mismo tiempo, Barrionuevo marginó a otros policías con etiqueta “progresista”, como el subcomisario Mariano Baniandrés, a quien destituyó como jefe de la Brigada de Interior por su enfrentamiento con el director general de la Policía al descubrir la desaparición de más de 5.000 informes confidenciales en vísperas de la llegada del nuevo equipo socialista al Ministerio del Interior, teóricamente archivados en las dependencias de su unidad. Rafael Del Río abrió un expediente a Baniandrés por realizar unas declaraciones a los medios informativos sobre el caso, sin haber informado, según él, regularmente a sus superiores. Sin embargo, más tarde quedaría aclarado en instancias judiciales que el subcomisario había comunicado lo ocurrido nada más llegar a la Brigada y tomar acta de los documentos que estaban inscritos en libro de registro y de los que faltaban, y que su expediente se produjo realmente por haber descubierto su desaparición.
De hecho, el acta levantada al respecto (con la relación total de los documentos registrados y de los “desaparecidos”) llevaba fecha del 31 de diciembre de 1982 y fue encargada a dos funcionarios ya adscritos a la Brigada de Interior, el subcomisario Enrique González Herrera y el inspector Juan Chicharro Rueda. Tras informar verbalmente de la situación a sus superiores, sin que éstos tomaran medida alguna, Baniandrés decidió comunicar los hechos por la vía reglamentaria, momento en que se inició una investigación interna y posteriormente judicial. Fue entonces cuando el anterior jefe de la Brigada de Interior, Sebastián Fernández Dopico, hermano del precedente director general de la Policía, y el también funcionario policial José Luis Rodríguez Zarco, devolvieron unos 2.000 expedientes, sin que ninguno de los dos fuera ni siquiera expedientado administrativamente.
Entre los documentos sustraídos de la Brigada de Interior, se encontraban numerosos informes confidenciales sobre el frustrado golpe de Estado del 23-F y otras actividades involucionistas dirigidas por militares y grupos ultraderechistas civiles. Antes de su destitución, el subcomisario Baniandrés investigaba también algunas actividades de ultraderechistas italianos con residencia en España y que, al parecer, habían tenido relaciones con la policía franquista. Entre ellas destacaba la iniciada para averiguar cómo había llegado a terroristas de extrema derecha italianos una partida de metralletas “Ingram” (llamadas “Marietta” por fabricarse en la ciudad del mismo nombre del Estado de Georgia, USA) compradas directamente por la Policía española a la MAC (Military Armament Corporation).
“Ingram-Marietta” fueron las armas utilizadas por los dos pistoleros que el 24 de enero de 1977 asesinaron en un despacho laborista madrileño, ubicado en la calle Atocha, a cuatro abogados y un auxiliar de despacho, hiriendo a otros tres abogados. Ese mortífero armamento personal comenzó a cobrar especial relevancia en la oscura trama de atentados iniciada el 11 de diciembre de 1976 con el secuestro de Antonio María de Oriol, cuando la agencia norteamericana AP (Associated Press) difundió la noticia de que era el empleado por el comando de los GRAPO que lo perpetró…
Otro socialista repudiado por el ministro Barrionuevo fue Carlos Sanjuán De la Rocha, quien tras su experiencia como consejero de Interior de la Junta de Andalucía durante un año (de junio de 1978 a junio de 1979), y valorando su pertenencia al Cuerpo Jurídico de la Armada en situación de excedencia, ocupó la Subsecretaría del Ministerio del Interior en diciembre de 1982, apoyado por la corriente “guerrista” del PSOE. Entonces, su nombramiento también se barajó para ocupar la Dirección General de la Seguridad del Estado, que Barrionuevo puso finalmente en manos de Rafael Vera por una mayor afinidad personal. Éste sucedería al propio Sanjuán como subsecretario del Departamento en febrero de 1984, al dejar la Seguridad del Estado en manos de Julián Sancristóbal.
Con los “guerristas” alejados del Ministerio del Interior, Barrionuevo validó políticamente, quiérase o no se quiera, la “guerra sucia” contra ETA, financiándola directamente con sus propios fondos reservados… En paralelo, el Gobierno asumió la protección de los policías y guardias civiles denunciados por torturas, primero obstaculizando la labor judicial y, en última instancia, indultando de forma sistemática en Consejo de Ministros a quienes terminaran siendo condenados por el Tribunal Supremo.
La situación alcanzó su cenit con el auto dictado el 27 de octubre de 1987 por la juez María Elisabeth Huerta, titular del Juzgado de Instrucción nº 3 de Bilbao, en el que señalaba la existencia indiciaria de una conducta delictiva en dos oficiales, un suboficial, un cabo y ocho números de la Guardia Civil, a los que se acusaba de malos tratos, prevaricación, denegación de auxilio y falsificación de documento oficial en el “caso Linaza”, un miembro de ETA Militar que había sido extraditado de Francia por el Gobierno español. Entonces, la juez Huerta ya recibió el apoyo de quien después llegaría a ser bi-ministro de Justicia e Interior, Juan Alberto Belloch, concluyendo más tarde aquella causa con las sentencias de la Audiencia Provincial de San Sebastián y del Tribunal Supremo que, dando la razón de forma expresa a su línea investigadora, condenaban a varios miembros de la Benemérita por torturas.
Aquel año de 1987 también marcó el final del “terrorismo de Estado” abiertamente ejecutado por los GAL (Grupos Antiterroristas de Liberación). Una “guerra sucia” en la que por cuenta del Ministerio del Interior se había primado el asesinato de terroristas frente a su detención y enjuiciamiento, con las filas del gobierno bien cerradas para cortar de raíz cualquier sospecha o acusación a los cargos implicados. Cuando actuaban los GAL, el gobierno eludía la cuestión afirmando que se trataba de “un grupo heterogéneo de personas que cometen delitos”.
Barrionuevo insistía machaconamente en que los GAL eran algo lejano, “del extranjero”. En 1985, la revista “Tiempo” publicó unas declaraciones suyas a la periodista Nativel Preciados bien cínicas: “Mis funciones terminan en el Bidasoa y, aunque parezca una ironía, es más bien una precisión jurídico política. Recuerde que éste es el Ministerio del Interior y los problemas del exterior no son de su estricta competencia”. A finales de ese mismo año, ya con los miembros franceses de los GAL detenidos y revelando datos comprometedores, concretamente en la sesión plenaria del Congreso de los Diputados celebrada el 4 de diciembre de 1985, también espetaría al diputado Santiago Carrillo, entre aplausos y gritos de apoyo del Grupo Parlamentario Socialista, como figura en el correspondiente “Diario de Sesiones”: “Espero que de usted más crédito al Gobierno de su país que a los delincuentes franceses”.
La estrategia del Gobierno socialista presidido por Felipe González, fue de una permanente negación y ridiculización de las informaciones sobre los GAL. En 1986, su vicepresidente, Alfonso Guerra, declararía: “La verdad es que no pasa de ser un rumor, una especulación y nadie aporta el menor dato”. En esa misma línea de hipocresía política, el 26 de mayo de 1987 Barrionuevo sostuvo en la Comisión de Justicia e Interior del Congreso de los Diputados: “Nunca estuvo el GAL en el panorama nacional. Todas sus actuaciones sin excepción se realizaron fuera del territorio nacional”. Entonces despreciaba olímpicamente, entre otras muchas acciones delictivas cometidas en territorio nacional antes de aquella comparecencia, la aparición de los cadáveres de Lasa y Zabala en el pueblo alicantino de Busot (enero de 1985), aunque no fueran identificados hasta 1995; el asesinato de Santiago Brouard, dirigente de Herri Batasuna, en su consulta médico-pediátrica de Bilbao (noviembre de 1983); la aparición del cadáver de Mikel Zabalza en el río Bidasoa (diciembre de 1985)…
Sin embargo, Julián Sancristóbal, ex director de la Seguridad del Estado con José Barrionuevo en la época más activa de los GAL, terminaría declarando judicialmente y de forma reiterada que cada uno de los actos desempeñados en el ejercicio de su función, y en particular los más discutidos discurridos entre 1984 y 1986, fueron fruto de un “deseo expreso del Gobierno”. Sentencias judiciales, dictadas y por dictar, aparte.
En ese mismo ámbito judicial, Barrionuevo sería sometido finalmente a dos procesamientos. El primero fue el del “caso Fondos Reservados” (Causa DP 5150/1994), en el que la sentencia nº 155/2002, de 21 de enero, de la Sección Quinta de la Audiencia Provincial de Madrid le absolvía del delito de malversación de caudales públicos del que venía acusado, como al también ex ministro del Interior, José Luis Corcuera, siendo posteriormente confirmada por el Tribunal Supremo. En sus Fundamentos de Derecho, los tres magistrados juzgadores señalaban al respecto:
… En definitiva, sospechas hay, posibilidad hay, pero certeza de que los Ministros conocían y consentían las sustracciones no hay. Téngase en cuenta que estas sustracciones no eran posibles contra la voluntad del Ministro, pero sí tanto con su voluntad como sin ella. Del hecho de que no conste una expresa voluntad contraria no puede pasarse a deducir que hubo consentimiento, pues tal consentimiento no era preciso para disponer de los fondos asignados a la Secretaría de Estado. En un supuesto en que la ley incorpora al tipo penal lo que no sería sino una comisión por omisión, equiparando a la sustracción el consentimiento de que otro sustraiga, y ese consentimiento no es preciso para que la sustracción se produzca, la prueba del conocimiento cabal de los hechos y la posterior inacción toleradora debe ser exigida con especial rigor. Esa prueba no existe y, en consecuencia, no podrá declararse que los Ministros Sres. Barrionuevo y Corcuera consintieron la sustracción de caudales públicos, por lo que, en lo que respecta a esta imputación, única para el Sr. Barrionuevo, deberán ser absueltos. La invocación de su condición de garantes como responsables del Ministerio no puede hacer referencia sino a una condición de garante político y tiene su traducción en la responsabilidad política una vez que el Código Penal vigente ha hecho desaparecer la figura de la malversación por imprudencia. La posición jurídica, no la política, de garante, con exigencia reforzada del deber de actuar y omisión consciente de ese deber no se produce en este caso, como se ha dicho. Ya se analizará más tarde la imputación al Sr. Corcuera de sustraer fondos para regalos de joyas respecto de la cual imputación no hay que motivar el relato de hechos porque se aceptan por el acusado salvo en el sólo punto que se estudia a continuación.
El segundo procesamiento corresponde al “caso Marey” (Causa Especial 2530/1995). En él, la sentencia nº 2/1998, de 29 de julio, dictada por la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo, condenaba conjuntamente a José Luis Barrionuevo, a Rafael Vera y a Julián Sancristóbal, como “autores de dos delitos, uno de malversación de caudales públicos y otro de secuestro, unidos en régimen de concurso medial y sin la concurrencia de circunstancias modificativas, a las penas de diez años de prisión y doce años de inhabilitación absoluta que produce la privación definitiva de todos los honores, empleos y cargos públicos que cada uno de ellos tenga, aunque sean electivos, y, además, la incapacidad para obtener los mismos o cualesquiera otros honores, cargos o empleos públicos, y la de ser elegido para cargo público, durante el tiempo de la condena”.
En el fallo de la sentencia, también se dictaban distintas condenas para los otros nueve procesados en la misma causa: Francisco Álvarez, Miguel Planchuelo, José Amedo, Ricardo García Damborenea, Julio Hierro Moset, Francisco Saiz Oceja, Luis Hens Serena, Juan Ramón Corujo y Míchel Domínguez.
Según informó “El Mundo” (24/08/1998), durante una cena de homenaje que le tributó de forma inmediata el PSOE de Berja, su pueblo natal, del que es hijo predilecto y en el que una calle lleva su nombre, Barrionuevo calificó la condena del “caso Marey” de “injusta” y de “sucio ajuste de cuentas político disfrazado de proceso judicial”, quejándose de haber sido condenado “sin pruebas” y del “pesado fondo de ignominia inmerecido” que arrojaba sobre su entorno. En el mismo acto, negó tajantemente que Felipe González hubiera eludido responsabilidades políticas en el caso, destacando como prueba de su afirmación el hecho de que hubiera dado la cara por él, al haber respaldado como abogado su recurso ante el Tribunal Constitucional, añadiendo que el ex presidente del Gobierno había dejado claro que “su talla humana es pareja a la política”.
Tras su condena a diez años de cárcel y doce de inhabilitación absoluta, recurrida sin éxito, Barrionuevo ingresó en prisión el 10 de septiembre de 1998. No obstante, mientras el Tribunal Constitucional suspendía la ejecución del fallo dictado por el Tribunal Supremo hasta resolver negativamente en 2001 el recurso de inconstitucionalidad presentado por sus abogados, el Gobierno presidido por José María Aznar le concedía un indulto parcial (reducción de un tercio de la pena) y una modalidad especial de tercer grado penitenciario (que le eximía de pernoctar en prisión). De hecho, salió de la cárcel el 29 de diciembre de 1998, a los tres meses y medio de su ingreso, obteniendo la libertad definitiva en 2004.
José Barrionuevo acompañó su peripecia política con la publicación de dos libros, ambos de corte auto exculpatorio: “2001 días en Interior” (Ediciones B, 1997) y “Procesos políticos en España” (Tabla Rasa Libros y Ediciones, 2003).
Como ejemplo de las críticas originadas por el primero de ellos, baste recordar el comentario que le dedicó Antonio Gala en “La Tronera” (17/07/1997), su escueta columna habitual de “El Mundo”, titulado “Oportunismo malo”:
… Hace semanas se publicó sin éxito un libro exculpatorio: “2001 días en Interior”, de Barrionuevo. Anteayer se presentó aprovechando las circunstancias y que el Pisuerga pasa por Valladolid. Por lo visto habló mucho González, que “dio la cara” para que otros -el autor, Vera, los generales, todos presentes- “no tuvieran que darla”. Exhortó a todos “desde la puñetera base”, y comprendió que apretar el gatillo es fácil cuando se ve que otros lo aprietan... En fin, el panegírico solapado de los GAL en un momento ardiente y la exaltación de una inmediata “legítima defensa”. Parece que olvidó las manos blancas, los brazos alzados, los gritos de paz de muchos millones de españoles. Una vez más.
Además, el libro en cuestión incluía algún “resbalón” de gran trascendencia política y judicial en relación con el “caso Lasa-Zabala”. En concreto, el autor, entonces diputado y ex ministro del Interior, señalaba que tuvo conocimiento de la desaparición de los etarras José Antonio Lasa y José Ignacio Zabala el 16 de octubre de 1983, fecha en la que efectivamente fueron secuestrados en Bayona, siendo posteriormente torturados y asesinados. El dato suponía una novedad importante para algunas de las partes personadas en el sumario del caso instruido por el juez Javier Gómez de Liaño, ya que la alarma del secuestro se dio el día 17 sin que hasta unos días después tampoco se produjera denuncia de la desaparición.
Aquella revelación, propició que Jesús Santaella, abogado de Juan Alberto Perote, a su vez acusado de proporcionar información clasificada a Mario Conde, solicitara al magistrado que enviara el sumario al Tribunal Supremo para tomar declaración a Barrionuevo como imputado, tras la petición del correspondiente suplicatorio. Gómez de Liaño rechazó la petición en sus términos estrictos, pero acordó que se tomara declaración a Barrionuevo como testigo en el caso a tenor de lo expuesto en sus propias memorias, decisión que fue recurrida infructuosamente por el fiscal de la Audiencia Nacional, Jesús Santos, por entender que se trataba de un trámite innecesario, que retrasaba el proceso y que estaba basado en una fuente no fiable como es un libro.
La diligencia ordenada por Gómez de Liaño se sustanció en el propio Congreso de los Diputados el 25 de febrero de 1998. El fiscal se limitó a preguntar a Barrionuevo si, como ministro, era informado de las detenciones de etarras en el País Vasco, a lo que contestó con un escueto “no”. Por su parte, el juez instructor pidió al testigo que aclarase por qué no se investigó el secuestro de Lasa y Zabala, a lo que el testigo respondió que “ni Policía ni Guardia Civil tienen potestad para investigar en Francia”.
En definitiva, durante aquella lastimosa declaración, Barrionuevo se retractó de lo publicado en su libro, afirmando que había “detectado muchas erratas” en su contenido, que tenía la intención de rectificarlas en próximas ediciones, y que, a pesar de lo que en él se leía, se enteró del secuestro de los etarras por la prensa.
Su segundo libro, titulado “Procesos políticos en España”, también se deslizó por la misma senda de la exoneración personal. En sus excesos justificativos, Barrionuevo llegó a equipararse con una curiosa relación de figuras históricas en las que veía reflejado su propio infortunio judicial, pero que nada tenían que ver con su condena firme por el secuestro probado de Segundo Marey, dictada en un Estado de Derecho. Sobre ellas y sus casos (incluyendo el suyo) sostiene que “obedecieron todos ellos a venganzas personales o mezquinas maniobras políticas”, suscribiendo comentarios tan dispares como peculiares:
Hernán Cortés: “El objetivo nunca fue hacer justicia, sino el de mantener al sujeto políticamente maniatado (...) quitarle el poder, despojarle de la posibilidad de recuperarlo y, por supuesto, amargarle la vida”.
Advirtiendo de forma introductoria que “la vocación de este libro es poner de manifiesto la pervivencia de una singular práctica de eliminación de adversarios políticos sirviéndose de los procesos judiciales”, Barrionuevo también afirma en sus páginas que fue condenado “de forma injusta y en un juicio en el que no hubo pruebas dignas de ese nombre”. A continuación añade que su experiencia en el proceso fue la de encontrarse “inerme ante una profunda e inmotivada humillación, realizada por una institución [la judicial] a cuya defensa y consolidación había contribuido”.
Casado y padre de tres hijos, el 5 de febrero de 1999 Barrionuevo se reincorporó al Cuerpo de Inspectores de Trabajo, en el que había pedido una excedencia especial en 1979 para ocupar cargos públicos.
FJM (Actualizado 01/07/2011)
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