Desde que el 25 de noviembre de 2012 se celebraron las elecciones para renovar anticipadamente el Parlament de Catalunya, dando paso a un Gobierno de CiU presidido por Artur Mas y apoyado por ERC -y por tanto radicalizado-, comenzamos a advertir todas las previsibles consecuencias políticas del caso, que, más para mal que para bien, se han ido consumando de forma puntual una tras otra.
La primera advertencia se centró en torno a la errada interpretación que tanto el PP como el PSOE hicieron del propio resultado electoral. Siendo los partidos perdedores, ambos leyeron su derrota de forma absurda, hasta el punto de que algunos de sus líderes pidieron la dimisión de Artur Mas sólo porque no alcanzó la mayoría absoluta, cuando CiU había doblado en diputados (50) tanto al PSOE (20) como al PP (19) y mientras ERC obtenía 21 como segundo partido más votado. Es decir, negando la realidad más evidente y sin realizar la más mínima autocrítica sobre su desastrosa acción política en Cataluña.
Así, el problema de fondo -el pulso de la secesión ya iniciado- se agravó de forma sustancial para las formaciones españolistas y para el Estado, una vez que el éxito de CiU se vio flanqueado precisamente por el de ERC, partido claramente combativo con el actual estatus de unidad nacional.
El 25-N consolidó una mayoría independentista catalana neta de 74 escaños (CiU, ERC y CUP) frente a una oposición formalmente españolista de 61 escaños (PSC, PP, ICV y C’s), que, además de estar menos cohesionada, no comparte una misma idea del Estado ni tiene las cosas claras al respecto; lo que no deja de evidenciar su incapacidad para defenderlo. Aritmética parlamentaria que mostró la división real de la sociedad catalana en relación con el concepto de España y su sistema de convivencia, en una línea secesionista que se anunciaba de difícil retorno, tanto por efecto de la acción política cotidiana, autonómica y municipal, como por la falta de capacidad del PP y el PSOE para contrarrestarla.
Acto seguido, llegaría la ‘Declaración Soberanista’ aprobada en el Parlament el 23 de enero de 2012. Porque lo que realmente subyacía en los resultados electorales del 25-N, y también en las rabietas de la oposición españolista contra Artur Mas (acompañadas con una exigencia paralela necia para que renunciase al liderazgo de CiU), era su claro trasfondo de secesión. Lo que entonces hizo Mas fue arriesgarse a liderar el movimiento ciudadano en favor del independentismo -quizás antes que promoverlo-, palpable a más no poder, encabezando por primera vez el programa electoral de CiU con esta aspiración política, de forma rotunda.
El pulso que el 25-N Artur Mas lanzó al Gobierno de la Nación (y también a la alternativa socialista) fue total, y en el análisis objetivo de la situación hay que reconocer que lo ganó en toda regla, por mucho que se quisiera ocultar o no reconocer, puesto que quienes lo perdieron claramente fueron PP y PSOE. Y, más grave si cabe, con la circunstancia añadida de que por primera vez en el nuevo Estado democrático los votantes de CiU asumieron con plena consciencia sus exigencias de independencia, expresándolo sin ambages en las urnas.
De hecho, los simpatizantes de CiU que piensan de forma distinta, o que quisieron distanciarse del secesionismo, se adhirieron a otras propuestas políticas (ahí están parte de los casi 170.000 votos sumados entonces a la base electoral de Ciutadans y con los que pudo obtener seis escaños más de los que tenía). Por tanto, a partir de las elecciones del 25-N ya no cabe tener duda alguna sobre las señas independentistas de CiU.
Por otra parte, el gran refrendo de esta aspiración separatista fue mucho más palpable con el éxito electoral obtenido por ERC, partido que dobló sus escaños (21 frente a los 10 precedentes) convirtiéndose en la segunda fuerza política de Cataluña, a pesar del fracaso que había cosechado como socio del llamado ‘Gobierno Tripartito’. Dato que quizás sea el más llamativo del 25-N.
La dinámica de los hechos ha venido demostrando de forma inmediata que ese ‘frente parlamentario independentista’ no sólo existía, sino que iría a más. Apenas transcurridos dos meses desde el 25-N, la diferencia inicial entre los dos antagonismos básicos (74 escaños ‘independistas’ frente a 61 ‘españolistas’) se disparó en la votación de la ‘Declaración Soberanista’ del Parlamento catalán en el primer pleno de la legislatura (23/01/2012), con 85 votos a favor y 41 en contra (el resto fueron abstenciones o ausencias); es decir, con más del doble de votos a favor que en contra.
Una mayoría independentista creciente que además hemos de entender consolidada en el primer aniversario del 25-N, a tenor de los resultados que ha arrojado el último Barómetro de Opinión Pública del CEO (el Centro de Estudios de Opinión dependiente de la Generalitat de Catalunya), realizado el pasado mes de noviembre.
Según dicho estudio, en caso de celebrarse ahora unas nuevas elecciones al Parlament, las tres formaciones independentistas (CiU, ERC y CUP) pasarían de sus actuales 74 escaños a obtener entre 77 y 82, mientras que las formaciones en principio españolistas (PSC, PP, ICV y C’s) pasarían de sus 61 actuales a obtener entre 54 y 61. Con el agravante de que ERC se consolidaría como primer partido político de Cataluña con el 24,2% de los votos y pasando de sus actuales 21 escaños a 37-39; algo que ya se ponía de manifiesto en el anterior barómetro del CEO (julio 2013)…
Una situación de avance independista que se las trae, que se las traerá más día a día y que arrastra una larga historia reivindicativa cuyos hitos más próximos ni el PP ni el PSOE (y sus sucesivos gobiernos) quisieron tomarse en serio y, mucho menos aún, cortar por lo sano de consuno.
LO QUE RAJOY Y SU GOBIERNO SE PASAN POR LA FAJA
Pues bien, después de la lamentable frivolidad con la que Rajoy, presidente del Gobierno, se pronunció sobre la ‘Declaración Soberanista’ del órgano política y legítimamente representativo del pueblo catalán, afirmando que no serviría “para nada”, siguió despreciando el espectacular ‘Concert per la Llibertat’ que el pasado 29 de junio de 2013 lanzó desde el Camp Nou -un escenario mítico acostumbrado a las grandes gestas deportivas-, un grito de alcance mundial con el eslogan Freedom Catalonia 2014 (reproducido en forma de mosaico sobre las gradas del estadio), a todas luces preocupante.
Más de 90.000 personas asistieron al acto proclamando con una sola voz y con una sola bandera sus ansias de independentismo, respondiendo así a la llamada de diversas organizaciones civiles catalanas para reivindicar el derecho a decidir democráticamente sobre su propio futuro. El concierto contó con el apoyo de los partidos soberanistas y, aunque Artur Mar estuviera ausente por celebrarse ese mismo día la boda de su hija en la isla de Menorca, el Govern de la Generalitat cerró filas con la presencia ostensible en el acto de sus personalidades más significativas, encabezados por la vicepresidenta Joana Ortega (militante de UDC, formación tenida hasta ahora como ‘moderada’).
A falta de reacciones políticas adecuadas, Rajoy y su Gobierno no quisieron enterarse del significado ni del éxito de lo acontecido en el Camp Nou, que fue mucho más que un concierto o, dicho con otras palabras, se lo pasaron alegremente por la faja. Pero por su escenario desfilaron hasta 450 artistas llegados de todo el mundo, incluidos algunos tan curiosos como Ramoncín, Dyango, Peret o Paco Ibáñez, de quienes nunca se supo que cuestionaran la unidad de España.
Tras más de seis horas de actuaciones, un estadio emblemático puesto en pie vivió un final apoteósico de la mano del también simbólico cantautor Lluis Llach, interpretando su tema ‘Tossudament alçats’ (Tozudamente en pie). Sin duda alguna, el ‘Concert per la Llibertat’, con su agresivo Freedom Catalonia 2014 lanzado a los cuatro vientos, marcaba otro gran hito en la decidida ruta emprendida por Artur Mas hacia el referéndum soberanista.
La presencia abrumadora de banderas ‘esteladas’ y las consignas coreadas de forma unánime por el público asistente, dejaron bien clara, en efecto, la inequívoca reivindicación independentista del acto. Pero haciendo evidente también la sutil intención de los organizadores de presentar el ejercicio del derecho a decidir no como una opción política de una parte más o menos significada de la sociedad catalana, sino como la reivindicación de un ejercicio democrático básico y universal…
El presidente Rajoy pasó olímpicamente de este arrollador evento, como haría más tarde con toda la agenda del independentismo catalán -en el todo y en cada una de sus partes-, abrasado en su propia inoperancia mientras el escándalo político seguía su demoledor curso.
Durante todo el pasado mes de julio se simularon pagos de impuestos a la Hacienda catalana y se montaron diversos actos de propaganda y exaltación soberanista (el ‘Tour de la Berretina’, aprovechando la octava etapa del Tour de Francia; la ‘Conferència Nacional per la República Catalana’, en L’Hospitalet; la ‘Diada per la Independència del Vallès Oriental…). Mientras distintas Universidades de Verano de Europa veían cómo se divulgaba el proceso soberanista fuera de España, sin la menor reacción del Gobierno de la Nación (PP) ni de la oposición mayoritaria (PSOE).
En septiembre se cumplió la formación de una cadena humana de unos 400 kilómetros, desde La Junquera (Girona) hasta Alcanar (Tarragona), para reclamar la independencia. Y también se lanzaron en el Born Centre Cultural los actos del ‘Tricentenario de la derrota de 1714 ante las tropas de Felipe V’, difundiendo sus causas y sus consecuencias, incluyendo derivadas de todo tipo, como dar a conocer la ruta turística del ‘Asedio de 1914’.
A continuación, ya en el mes de diciembre, el Institut d’Estudis Catalans desarrollaría unas jornadas para analizar el carácter represivo que, según los organizadores, siempre han tenido las relaciones del Estado español con Cataluña, tituladas ‘España contra Cataluña: Una mirada histórica (1714-2014)’. La polémica suscitada fue enorme y las jornadas se terminaron conociendo como el ‘simposio del odio’…
Un programa, en fin, perfectamente integrado en la estrategia de la fase que se podría definir como de ‘calentamiento independentista’ y que no quedará ahí, ni mucho menos. Pero nada políticamente sólido y razonable se ha hecho para parar el desvarío secesionista ni para respaldar seriamente a los catalanes que se sienten españoles, cada vez más arrinconados y más desmotivados en la misma defensa de la unidad nacional. La pólvora del rey se gasta en la campaña institucional de la ‘Marca España’, absurda por mal planteada, diseñada y ejecutada (que ese es otro mérito de Rajoy)…
De hecho, el Gobierno de Rajoy permaneció impasible cuando, apenas cinco días después del ‘Concert per la Llibertat’, el proceso segregacionista se vio enriquecido con la constitución formal en el Parlament de una ‘Comisión de Estudio sobre el Derecho a Decidir’, avanzando un paso más en el camino emprendido desde el inicio de la legislatura catalana hacia la convocatoria de un referéndum sobre la independencia.
Dicha comisión parlamentaria, en la que han participado todos los grupos de la Cámara (CiU, ERC, PSC, ICV y la CUP) menos el PPC y Ciutadans, tenía como objeto fijar e impulsar aquellas iniciativas políticas y legislativas que deberían adoptarse en el hemiciclo autonómico para que la ciudadanía de Cataluña pueda hacer efectivo el derecho a decidir, y su creación formaba parte de la hoja de ruta que CiU y ERC pactaron al inicio de la legislatura. En ella se tenía previsto que comparecieran y aportaran sus criterios un amplio grupo de expertos, para culminar su trabajo a final del año 2013, que es cuando CiU y ERC consideraron que deberían tener todo listo para poder celebrar la consulta en 2014.
La ‘Comisión de Estudio sobre el Derecho a Decidir’, junto con el ‘Pacto Nacional por el Derecho a Decidir’ creado poco antes, con el que Artur Mas quiso implicar a la sociedad civil en su plan soberanista, y el ‘Consejo Asesor para la Transición Nacional’, que busca el amparo legal para la consulta, completa los tres apoyos con los que se ha dotado el Govern de Catalunya para poder celebrar el referéndum. Y con la curiosa circunstancia de que, mientras el PPC y Ciutadans rechazan rotundamente esta trama política, el PSC participa de forma activa en la comisión de marras, aunque no quisiera formar parte del ‘Pacto Nacional por el Derecho a Decidir’, con el argumento de que aquella no tiene un marcado carácter independentista y éste sí…
EL SECESIONISMO CATALÁN SIGUE A PIÑÓN FIJO
Nada más conocerse la fecha y las preguntas previstas para el referéndum soberanista, Francesc de Carreras, catedrático de Derecho Constitucional, prestigioso articulista y uno de los ‘padrinos’ de Ciutadans, partido liderado por Albert Rivera, publicó un artículo titulado ‘Objetivos cumplidos’ (El País 14/12/2013) que comenzaba con el siguiente párrafo:
El mayor error que se puede cometer al analizar la propuesta de referéndum acordada por cuatro partidos catalanes el pasado jueves, es tomársela en serio y no como una pieza teatral cuyos fines son distintos a los que aparenta. Los partidos catalanes que promueven esta proposición de ley saben perfectamente que no será admitida por el Congreso de los Diputados, el cual pondrá fin a su tramitación. Sin embargo, servirá para cumplir todos los objetivos previstos por Mas y sus aliados…
Una afirmación que estimamos discutible, aunque sólo sea a cuenta de las sabias recomendaciones populares de que ‘más vale prevenir que curar’ y que ‘quien evita la ocasión evita el pecado’. Aunque sí que compartimos la observación final del artículo, después de desarrollar en él la tesis de que lo logrado por Artur Mas con sus maniobras políticas es seguir gobernando, mantener la tensión y aumentar el victimismo:
(…) Mientras, el Gobierno de Rajoy se limita simplemente a interponer recursos. Una pobre política para una grave situación. Cada día que pasa, el victimismo hace ganar votos al independentismo. Que en Madrid lo mediten.
Pero, con la letra y la música definidas para la pretendida consulta sobre la independencia de Cataluña, la campaña de mentalización y apoyo al voto secesionista sigue su inequívoco curso, creciendo con él las provocaciones políticas inherentes. Una situación fielmente reflejada en la editorial de ‘El Mundo’ (26/12/2013) titulada ‘Los nacionalistas pasan del desafío a las amenazas’:
Como en el guion de una obra de teatro en la que una palabra pronunciada por un actor sirve de pretexto, da pie, para que otro pronuncie un discurso previamente preparado, Artur Mas tomó como excusa el mensaje navideño del Rey para lanzar ayer una perorata en favor de la independencia ante la tumba de Francesc Macià.
A Mas le daba igual lo que fuera a decir Don Juan Carlos, simplemente quería aprovechar la intervención del Monarca para colocar su alegato en favor de la consulta de noviembre y de la independencia. «Lo que pedimos es que se escuche la voz de Cataluña que reclama poder decidir nuestro futuro colectivo», afirmó. Ello pone de relieve que la prudencia del Rey al medir sus expresiones sobre Cataluña fue baldía, ya que los nacionalistas ignoran sus reflexiones y están ya en la fase de una abierta confrontación. Oriol Junqueras, líder de ERC, aseguró que respeta «la opinión de los soberanos, pero especialmente de los pueblos soberanos», un juego de palabras para eludir que la Constitución establece que la soberanía reside en el pueblo español. En la misma línea, el diputado Alfred Bosch, portavoz de ERC en el Congreso, aseguró que este año ha sido el primero sin el Rey en TV3 y que el próximo será el de una Cataluña «libre de la Monarquía borbónica».
Mucho más agresivo estuvo Josep Rull, secretario de organización de CDC, que declaró: «Seremos la hoz que segará las cadenas cuando convenga». Rull afirmó que aspira a «una Cataluña libre y gloriosa», cuya «supervivencia» depende de su capacidad de derrotar a sus «poderosos enemigos», o sea, a los españoles. Un lenguaje cargado de belicismo y de resonancias amenazadoras con esta metáfora de la hoz de los segadores, que evoca al himno catalán y el Corpus de sangre de 1640.
Hasta ahora, el separatismo se había esforzado en imponer a la población una falsificación de la Historia, asociada a unos mitos para resaltar el hecho diferencial de ser catalán y todo ello sustentado por el permanente victimismo que fomenta Artur Mas. Pero las declaraciones de Rull entran ya en una apología de la violencia lindante con la retórica que dio paso al terrorismo de Terra Lliure al inicio de la Transición. Por eso, son tan graves.
Ya no bastan las apelaciones al respeto a «las reglas de juego» ni a un pasado común que sustenta «la unidad» de España, como hizo el Rey, porque esas referencias son palabras que dejan indiferentes a los líderes de CiU y ERC, cuyo objetivo es avanzar hacia la independencia. Por eso, el Rey y el Gobierno deben cambiar de tono y de estrategia, lo que implica poner fin a la política de conciliación con Artur Mas, que ya ha fracasado. En ese sentido, resulta muy difícil de entender que el Gobierno siga prestando miles de millones de euros a una Generalitat que se comporta con una sistemática deslealtad en todo lo que atañe a sus obligaciones con el Estado y cuyos dirigentes están embarcados en una permanente campaña de hostilidad hacia España mientras incumplen sus compromisos de déficit y abren una embajada en Washington.
Y por si la amenaza (retórica) de “segar las cadenas con la hoz” no fuera suficiente, justo al día siguiente del mitin celebrado ante la tumba de Macià, el independentismo catalán se apropió del tradicional concierto del Orfeó Català en el Palau de la Música en la celebración de Sant Esteban (26 de diciembre), para convertirlo en un apoteósico acto en favor de su demanda política con sonoras apelaciones a la ‘independencia’.
El final del concierto se llenó de banderas 'esteladas' y una gran llamada a votar SI en la consulta que el Govern tiene anunciada para el próximo 9 de noviembre, exhibidas incluso por los miembros del coro, ante la complacida mirada del presidente Mas, presente en el acto junto a su esposa, Helena Rakosnik. También asistieron la presidenta del Parlament, Núria de Gispert (CiU); el líder de ERC, Oriol Junqueras, y la ‘número dos’ del partido, Marta Rovira; el alcalde de Barcelona, Xavier Trias (CiU), y Ferran Mascarell (CiU), consejero de Cultura de la Generalitat, junto a otras autoridades y personas claramente identificadas con el sentimiento nacionalista.
Como cada año, el emblemático Concierto de Sant Esteban, que este año cumplía su centenario, terminó con el himno oficial del Orfeó, el ‘Cant de la Senyera’, pero entonado dos veces por el público asistente puesto en pie. Este composición para coro mixto, con música de Lluis Millet sobre un poema de Joan Maragall, adquirió su significado político en 1960, durante los llamados ‘Sucesos del Palau de la Música’, cuando allí se cantó por primera vez públicamente a pesar de estar prohibida por la dictadura franquista, conformando a partir de entonces, junto a ‘Els Segadors’, el símbolo musical del nacionalismo catalán…
Pero ahí no queda la cosa. El órdago soberanista catalán será reimpulsado de inmediato por CDC (que es el partido de Artur Mas y el núcleo esencial de CiU), con una campaña dedicada a acentuar el perfil del presidente de la Generalitat como líder de dicho movimiento, evidenciar que se han agotado las vías de encaje de Cataluña en España y abogar por el ‘triple sí’ en el eventual referéndum independentista del próximo 9 de noviembre: a favor de poder votar, a favor de un Estado propio y a favor de la independencia.
Josep Rull, agresivo secretario de Organización del partido, explicó en una entrevista a EFE (01/01/2014), recogida en diversos medios informativos, que “la hoja de servicios de CiU al lado del progreso y la estabilidad del conjunto del Estado es impecable” y que la campaña tratará de acreditar ante la opinión pública que los nacionalistas “lo han probado todo desde la más absoluta buena fe y se han cerrado todas las puertas”. La formación nacionalista ha llegado a la “conclusión de que Cataluña no es viable como autonomía, pero lo es perfectamente como Estado independiente”, según Rull. Además, el dirigente de CDC puntualizó que, ante esa evidencia, el “derecho a decidir no solo es un derecho, sino una obligación. Y la necesidad de construir un nuevo Estado acaba siendo para nosotros, como responsables del Gobierno catalán, una auténtica responsabilidad”.
Todo ello planeando sobre la estrategia de acciones alternativas elaborada por los partidarios del independentismo catalán. Entre otras, y en caso de que el referéndum soberanista no se pudiera celebrar, la convocatoria de unas elecciones anticipadas de carácter plebiscitario y sin posible respuesta legal por parte del Gobierno de la Nación; cuyos resultados, arriesgados para todos y en especial para PP y PSOE, quizás tengan consecuencias peores que las de una mera consulta sobre el derecho a decidir, todavía modulable y que legalmente no sería vinculante…
Con todo, parece que las cabezas pensantes del Gobierno consideran más adecuado esperar a que el problema catalán se resuelva en el Tribunal Constitucional o en el Congreso de los Diputados, enfrentado al conjunto de la voluntad nacional, no la catalana, y ganando así la batalla ‘con los votos de todos’ como terminó sucediendo con el ‘Plan Ibarretxe’. Un camino de dudosa eficacia, porque las circunstancias y la naturaleza que rodean el problema vasco y el catalán no son exactamente las mismas (uno se ha apoyado en el terrorismo y el otro no, al margen de la posición soberanista que también se va dibujando en ICV y la disensión aflorada dentro del PSC), y porque Artur Mas no caerá en la trampa del ‘todos contra uno y uno contra todos’ que con tanta ingenuidad le propone también el joven líder de Ciutadans, Albert Rivera.
LA RÉPLICA DEL INDEPENDENTISMO EN EL PAÍS VASCO
Lo cierto es que Mariano Rajoy no parece tener clara la diferencia que existe entre la realidad jurídica y la realidad sociopolítica. Y alguien debería advertir al Gobierno que, en temas tan sensibles como el de la ‘cuestión catalana’ (que quiérase o no tiene su larga historia), sentencias marianistas como la del “no sirve para nada” son, además de infantiles, una pura boutade. Y hablar de que llegado el caso “se aplicará la ley”, como también ha dicho Rajoy, es casi un chiste: ahí está, sin ir más lejos, la victoria política de ETA sin que esa misma ley haya impedido que se siente en todas las instituciones de representación democrática… y todo lo que va a terminar viniendo por ese flanco.
De hecho, desde que eclosionaron las reivindicaciones independentistas en Cataluña también hemos venido advirtiendo de forma insistente sobre su efecto contaminante en el País Vasco. Y ahora hay que destacar la rapidez con la que el PNV y Amaiur se han distanciado del ‘modelo de nación’ -de concordia- expuesto por el rey Juan Carlos en su último discurso navideño (Amaiur es una coalición de partidos independentistas que actúa en el ámbito vasco-navarro y que se presentó con notable éxito a las elecciones generales de 2011 para defender en el Parlamento español el derecho de autodeterminación de Euskal Herria).
Pero es que poco antes, justo en la celebración del 35 Aniversario de la Constitución, el conjunto de nacionalistas y abertzales vascos ya rescató y dejó muy clara su histórica reclamación de independencia, matizada con diferente terminología. Así lo resumía El País (06/12/2013) en una crónica datada en Bilbao:
El portavoz del PNV en el Congreso, Aitor Esteban, ha reclamado hoy una reforma de la Constitución que solucione el problema de las realidades nacionales de Euskadi y Cataluña. Esteban ha señalado que en el caso del País Vasco es necesario cambiar la Constitución para que se reconozca la existencia de la nación vasca y la bilateralidad de sus relaciones con el Estado, tener una “presencia específica” de Euskadi en la UE y abordar una reordenación competencial “adecuada a los nuevos tiempos”. Esas serían las cuatro condiciones inexcusables para que partido diese su visto bueno a una hipotética reforma de la Carta Magna.
Esteban ha destacado que todas las formaciones políticas, incluso el PP, hablan últimamente de la reforma constitucional, aunque “cada uno con sus matices”. El portavoz peneuvista ha rechazado que sea imposible conseguir en las Cortes Generales una mayoría para aprobar una reforma constitucional en el sentido deseado por los nacionalistas. “Hay que ver cómo está el patio en Madrid y que mayorías hay en la próxima legislatura. En todo caso, las cosas hay que intentarlas”, ha señalado.
El diputado vasco ha considerado que la propuesta federalista del PSOE “parece una reproducción del Estado de las Autonomías con otro nombre”, en vez de una “federación a tres”, entre España, Euskadi y Cataluña que resuelva los grandes problemas nacionales del Estado.
Esteban, quien ha comparecido en la sede de su partido en Bilbao, ha considerado que un acuerdo entre los partidos vascos sobre el nuevo estatus político para Euskadi, la propuesta de reforma del autogobierno que debatirá una ponencia del Parlamento el próximo año a iniciativa del PNV, debería ir acompañado de una reforma de la Constitución para ser eficaz.
El diputado ha recordado que su partido no aprobó la Constitución en 1978 -“el PNV no podía dar su ok a una Constitución que no reconocía al pueblo vasco como nación”- y que optó por la abstención y ha recalcado que “hoy sigue en la misma posición” porque si no compartía el texto entonces, aún menos lo puede hacer hoy tras haber sido “cercenado” el corpus constitucional por leyes orgánicas y por la interpretación más “restrictiva” del mismo por la que ha optado el Tribunal Constitucional. De igual forma, el Estatuto de Guernica, “después de todos los incumplimientos del Estado, no resulta adecuado ya en estos momentos para el autogobierno del pueblo vasco”.
La de Esteban no ha sido la única voz nacionalista contra la Constitución que se ha escuchado hoy en Euskadi. Amaia Izko, en nombre de Sortu, ha sostenido en una concentración convocada por su partido ante la Delegación del Gobierno en Pamplona que la esencia de la Constitución es “antidemocrática” y su base es la imposición.
“La Constitución española nos encadena como pueblo y como trabajadores e hipoteca nuestro y futuro. Urge más que nunca romper las cadenas que nos amarran al marco constitucional”, ha añadido. En opinión de Izko, resulta imprescindible que todos los partidos, sindicatos y organizaciones sociales que apuestan por “el reconocimiento nacional de Euskal Herria y la puesta en práctica del derecho a decidir” avancen en una vía vasca hacia la soberanía. “La independencia es el futuro”, ha rematado.
De su lado, Eusko Alkartasuna (EA), formación integrada en EH Bildu y en Amaiur, ha criticado que la Constitución “niega el derecho a decidir” de los vascos, y que las Fuerzas de Seguridad del Estado tienen el objetivo de frenar el proyecto “independentista” de las formaciones abertzales, por lo que ha reclamado su salida de Euskadi.
El secretario de Política Institucional de EA, Unai Ziarreta, ha encabezado una concentración en Vitoria, frente a la sede de la Delegación del Gobierno, para reclamar que las Fuerzas de Seguridad abandonen Euskadi. Para ello ha puesto en marcha una campaña con el lema Doazela (‘Que se vayan’) coincidiendo con el aniversario de la Carta Magna.
Y, yendo más allá, el PNV pasó inmediatamente a presentar una iniciativa en la Cámara vasca para crear una ponencia que, con la participación de todos los grupos parlamentarios, aborde la reforma del vigente Estatuto de Guernica de 1979, con objeto de establecer un ‘nuevo estatus’, que es un concepto político abierto de calculada ambigüedad. Su propuesta sobre la revisión del autogobierno, que sigue a la del ‘Plan Ibarretxe’ aprobado por el Parlamento vasco el 30 de diciembre de 2004 y rechazado en el Congreso de los Diputados el 1 de febrero de 2005, ha sido asumida por los partidos vascos desde posturas antagónicas.
El PSE y el PP han aceptado acudir a la ponencia para sacar el máximo partido al Estatuto de Guernica. Pero el diputado autonómico de UPyD, Gorka Maneiro, lo hará sólo para defender “un Estado federal, simétrico y cooperativo, conformado por las comunidades autónomas con las mismas competencias”, frente a la propuesta del PNV -sostuvo ante la prensa- de “dividir a la sociedad”, “avanzar hacia la independencia” y “romper España”, alertando sobre “una nueva versión del Plan Ibarretxe” para 2016.
Claro está que esta meritoria posición de UPyD (que sólo cuenta con un diputado en el Parlamento de Vitoria) se encuentra en las antípodas de la de EH-Bildu, consolidada como segunda fuerza política del País Vasco. Esta coalición abertzale, representa el polo contrapuesto al optar por defender en la ponencia la tesis rupturista.
Su portavoz parlamentaria, Laura Mintegi, afirmó que “el ciclo autonomista no da más de sí”, porque “está agotado” y que ahora es necesario cambiar el modelo político, social y económico del País Vasco e iniciar una nueva andadura propia “con apellido vasco” y dando la voz a la ciudadanía vasca. También aprovechó el momento para echar en cara al PNV que, careciendo de mayoría parlamentaria absoluta, apoye su estabilidad con el PSE y el PP, que “no van en la línea soberanista”, instándole a rectificar…
LOS INDEPENDENTISTAS VASCOS TAMBIÉN CRECEN
De esta forma, lo que sucede en el País Vasco, al menos en relación con el peso electoral de las fuerzas políticas, es una réplica perfecta del mapa parlamentario catalán. La amenaza independentista del PNV y EH-Bildu, de abrumadora mayoría y electoralmente tendente al crecimiento, no deja de equivaler al también mayoritario ‘frente parlamentario independentista’ de Cataluña representado por CiU, ERC y CUP, con las mismas previsiones de avance en las urnas. Y ello con tendencias de caída electoral tanto de los socialistas como de los populares en ambas comunidades autónomas.
El Euskobarómetro, acreditado estudio de demoscopia política nacido en 1995 y realizado cada seis meses por el Departamento de Ciencia Política y de la Administración de la Universidad del País Vasco, ha evidenciado en su oleada de otoño (concluida el pasado mes de noviembre) que, en caso de celebrarse elecciones autonómicas en estos momentos, el PNV las volvería a ganar, creciendo junto a EH-Bildu y con el PSE y el PP en baja.
El PNV obtendría el 34,9% de los votos válidos adjudicándose 29 escaños, frente a los 27 actuales, mientras que EH-Bildu lograría el 25,9% de los votos y 23 escaños, también ganando dos escaños frente a los 21 que tiene actualmente. Ello supone una mayoría aplastante del 60,8% de votos y 52 escaños sobre un total de 75.
Por su parte, el PSE-EE seguiría perdiendo posiciones como sucedió en las elecciones anteriores, pasando de 16 escaños a 12, y el PP, en igual línea descendente, pasaría de 10 escaños a 8. UPyD mantendría su escaño actual y reaparecería IU-Ezter Anitzo con dos escaños.
Aun cuando el estudio subraya que el panorama electoral es “muy volátil”, caracterizado por una alta desmotivación -sobre todo dentro del electorado socialista y popular- y un nivel de indecisión que se acerca al 30%, es evidente que la única alternativa de gobierno viable en el supuesto de unas hipotéticas elecciones inmediatas sería con el PNV en el poder, apoyado de forma sobrada por EH-Bildu o de forma precaria por el PSE-EE para llegar a la mayoría absoluta situada en 38 escaños.
Otra importante cuestión subyacente en esta estimación de resultados, es la continuación del fracaso político protagonizado por los socialistas vascos en la anterior legislatura autonómica ahormado con el apoyo del PP, y que, a la vista de cómo siguen en caída libre electoral, está terminando de quemar a Patxi López tras haber sacado de la política a Antonio Basagoiti.
Sus pactos ocultos sobre la política antiterrorista y de excarcelación de etarras, puede haberse traducido en un descalabro de ambos formaciones políticas hoy por hoy de difícil reconducción y, por el contrario, en una ayuda decisiva para los nacionalistas y las formaciones abertzales, que ahora ya proclaman la ruptura con España asentadas en las instituciones de representación política. Y aún nos quedaría por comprobar quienes podrían capitalizar mejor la eventual entrega de las armas por parte de ETA que tanto reclaman socialistas y populares, si sus partidos o los constituidos como organizaciones pantalla de la banda terrorista.
Con el grave problema añadido de reavivar la vieja aspiración que las dos fuerzas políticas ya mayoritarias en el País Vasco (PNV y EH-Bildu) tienen sobre la anexión territorial de Navarra. Una comunidad muy fragmentada y gobernada en minoría por UPN (19 escaños sobre 50), con un futuro político poco claro si también decaen socialistas y populares y crecen NaBai, Bildu y la coalición Izquierda-Ezquerra, que ya totalizan 18 escaños…
En relación con el nuevo intento de reforma del Estatuto de Guernica, cabe recordar que el fallido ‘Plan Ibarretxe’, que fue rechazado en el Congreso de los Diputados el 1 de febrero de 2005 al considerarse de forma aplastante que encubría un plan secesionista y que buscaba la independencia del País Vasco a medio plazo -con 313 votos en contra (PSOE, PP, IU, CC y CHA), 29 a favor (PNV, ERC, CiU, EA, NaBai y BNG) y 2 abstenciones (ICV)-, ya tenía en aquella adversa situación un apoyo claro en el País Vasco.
Poco antes de que el 30 de diciembre de 2004 el ‘Plan Ibarretxe’ fuera aprobado en la Cámara de Vitoria (también se conoció como ‘Propuesta del Parlamento Vasco para la convivencia en Euskadi’), el Euskobarómetro del precedente mes de noviembre indicó que la mayor parte de los vascos estarían dispuestos a votar en un eventual referéndum, aunque éste no cumpliera con los requisitos constitucionales. Entre los decididos a votar, la opción mayoritaria sería el SI, con un 30% de los votos, frente al 21% de apoyos que recibiría el NO, mientras el 33% de las personas que irían a votar no habría decidido todavía la orientación de su voto.
Tras el vapuleo recibido en el Congreso de los Diputados, Ibarretxe convocó elecciones de tipo plebiscitario sobre su plan de reforma estatutaria. Pero, lejos de lograr la mayoría absoluta, PSE y PP sumaron ya un escaño más que el PNV coaligado con EA, razón por la que necesitó el apoyo del conglomerado de Batasuna para volver a ser investido como lehendakari.
Este resultado fue interpretado de forma dispar: hubo quien entendió que la ciudadanía rechazaba el ‘Plan Ibarretxe’ por su extremidad, fijándose en el crecimiento que había obtenido el PSE-EE, en tanto que otros lo estimaron por debajo de las aspiraciones vascas al obtener la izquierda abertzale, entonces representada de forma circunstancial por el Partido Comunista de las Tierras Vascas Partido (EHAK), un excelente resultado en un escenario electoral muy complicado y entrar Aralar en el Parlamento con posturas más radicales e independistas.
Esta situación terminaría en el 2008 dando luz verde parlamentaria a la Ley de Consulta propuesta por Ibarretxe, pero siendo liquidada por el Tribunal Constitucional en base a que violaba el artículo 149.32ª de la Carta Magna, que reserva al Estado la competencia para autorizar la convocatoria de consultas populares mediante referéndum. Las preguntas que se hubieran realizado entonces al pueblo vasco tenían su miga, porque trataban de poner a ETA al mismo nivel del Estado y legitimaban una segunda consulta abiertamente secesionista.
La primera rezaba: “¿Está usted de acuerdo en apoyar un proceso de final dialogado de la violencia si previamente ETA manifiesta de forma inequívoca su voluntad de poner fin a la misma de una vez y para siempre?”. Y la segunda, en sutil relación con la del fin del terrorismo y la acción política de ETA, concretaba: “¿Está usted de acuerdo en que los partidos vascos, sin exclusiones, inicien un proceso de negociación para alcanzar un acuerdo democrático sobre el ejercicio del derecho a decidir del pueblo vasco y, que dicho acuerdo sea sometido a referéndum antes de que finalice el año 2010?”.
Tal desafío llevó al presidente Aznar a modificar el Código Penal incluyendo un artículo que castigara con pena de cárcel a quien convocara referendos sin la aprobación del Gobierno de la Nación, pero su reforma fue derogada al ganar el PSOE las elecciones generales de 2004 como cumplimiento de las demagógicas promesas electorales realizadas por Rodríguez Zapatero. Y, aunque en los comicios vascos de 2009 Ibarretxe volvió a ganar, la exclusión previa de la izquierda abertzale del juego político le dejó sin socios para gobernar, dando paso a un lehendakari socialista (Patxi López) apoyado por el PP y, a la postre, fracasado.
LAS VÍAS SEPARADAS DEL NACIONALISMO VASCO Y CATALÁN
Cierto es que el president Mas, y en general los nacionalistas catalanes, siempre buscaron su propia vía para la autodeterminación, alejada sin duda alguna de la violencia armada, y aspirando a que el Estado dispense a Cataluña el mismo trato que Canadá da a Quebec en el ámbito fiscal y a la hora de decidir libremente. De hecho, podría decirse que su guía espiritual es la sentencia de la Corte Suprema canadiense de 1998 que conjugó la legalidad nacional establecida con la voluntad de la sociedad francófona de Quebec, territorio reconocido el 27 de noviembre de 2006 como “una nación dentro de Canadá” por el propio Parlamento de Canadá.
Previamente, en el primer referéndum de independencia de Quebec de 1980 los secesionistas obtuvieron el 40,5% de los votos, mientras en el segundo, celebrado en 1995, este porcentaje aumento hasta el 49,6%, quedando por tanto prácticamente igualadas las dos opciones en liza. Más recientemente, el Partido Quebequés (independentista) liderado por Pauline Marois ganó las elecciones a la Asamblea Nacional de Quebec, formando un gobierno en minoría que desde el primer momento planteó la posibilidad de convocar una nueva consulta sobre la independencia del territorio. Marois expresó de forma inmediata su deseo de que Quebec alcanzara la independencia y su convicción de lograrlo, afirmando: “Queremos un país. Y lo tendremos”.
A pesar, pues, de que los nacionalismos españoles actuales se gestaran durante el último tercio del siglo XIX, arraigándose con mayor fuerza a partir del ‘Desastre del 98’ (es decir, tras la pérdida de las últimas colonias de ultramar), y de que en ese marco sobresalieran las corrientes catalana y vasca hasta lograr su reconocimiento durante la II República, no se pueden negar las ‘vías separadas’ que han inspirado al vasco y al catalán. Sobre todo a raíz de la creación formal de ETA (Euskadi Ta Askatasuna) en 1959 por miembros de dos grupos radicales (EKIN-TALDEA y EGI) que a su vez fueron creados por antiguos militantes escindidos de las juventudes del PNV.
Con la llegada de la Transición renacería el sentimiento nacionalista tanto en Cataluña como en el País Vasco. Sin embargo, en cada uno de esos territorios las reivindicaciones acontecieron de modo muy distinto.
El papel conciliador de Tarradellas
La moderación política en Cataluña tuvo como principal impulsor al propio Josep Tarradellas, presidente del gobierno catalán en el exilio desde 1954, defensor por supuesto de la identidad catalana pero siempre integrada en el marco español y, por tanto, contrario a la independencia. Y es que, una vez aprobado el Estatuto de Autonomía de Cataluña por las Cortes Republicanas en 1932, esa comunidad ya tuvo parlamento y gobierno propios, exiliados a la llegada del franquismo.
Por ello, en 1977 Adolfo Suárez reconocería a Tarradellas la legitimidad del cargo que ostentaba, designándole presidente del gobierno preautonómico y consensuando el restablecimiento provisional de la Generalitat de Cataluña con el Real Decreto-Ley del 29 de septiembre de 1977. El 23 de octubre de ese mismo año, Josep Tarradellas pronunció en el balcón del Palacio de la Generalitat, ante la multitud concentrada en la plaza de Sant Jaume, la mítica frase “Ciutadans de Catalunya: ja sóc aquí!”, de gran trascendencia política al escenificar la llegada de la democracia.
El nuevo Estatuto de Cataluña se refrendaría en octubre de 1979, fijándose para el 20 de marzo de 1980 las elecciones al Parlamento catalán, ganadas por CiU, coalición liderada por Jordi Pujol, con un 27,68% de los sufragios y 43 escaños (sobre un total de 135), diez más que los obtenidos por la segunda fuerza política, el PSC (Partit dels Socialistes de Catalunya). Tras la formación del Parlamento de Cataluña, Jordi Pujol, candidato de CiU, sería investido como presidente de la Generalitat gracias al apoyo de ERC (14 escaños) y de Centristes de Catalunya-UCD (18 escaños), tras haber cumplido Tarradellas fielmente su importante misión conciliadora.
A grosso modo, el nacionalismo catalán de aquella época se caracterizó por su gran pragmatismo, tendente a una posición centrada y aunando en sí mismo distintas corrientes ideológicas (liberalismo progresista, democracia cristiana, socialdemocracia…), aspirando siempre a un mayor autogobierno pero dentro del Estado español. Todo ello con una total aceptación de la Constitución de 1978, como quedó demostrado por su directa implicación en el proceso de redacción.
Arzalluz fortaleció al PNV alentando a ETA
Muy distinto fue el contexto que se dio en el País Vasco, cuyo Estatuto no sería promulgado durante la II República hasta octubre de 1936, con la guerra civil ya iniciada. Su restauración provisional se realizó mediante el Real Decreto-Ley del 4 de enero de 1978, sin que a partir de ese momento los parlamentarios vascos quisieran participar en la elaboración de la nueva Constitución de 1978 y haciendo el PNV campaña por la abstención en el referéndum correspondiente (finalmente sólo la votaron el 30 por 100 de los vascos).
Uno de los condicionantes del comportamiento político y electoral en el País Vasco fue la existencia de ETA. Alentada intramuros del PNV, abogaba por la independencia de Euskal Herria (las provincias de Vizcaya, Guipúzcoa, Álava y Navarra, en España, y la Baja Navarra, Labort y Sola, en Francia) a través de la lucha armada, al tiempo que se declaraba marxista-leninista.
La primera acción violenta de esta organización terrorista tuvo lugar el 17 de julio de 1961, tratando de hacer descarrilar un tren con simpatizantes franquistas que viajaban hasta San Sebastián para conmemorar el 25 Aniversario del llamado Alzamiento Nacional (principio de la Guerra Civil). Y sus primeros asesinatos -los del guardia civil José Pardines y el policía Melitón Manzanas- en 1968, aunque algunas fuentes también atribuyen a ETA una víctima anterior: María Begoña Urroz, de 22 meses, fallecida a consecuencia de las quemaduras que le produjo una explosión perpetrada el 27 de junio de 1960 en la estación de Amara (San Sebastián), cuya autoría siempre sería negada por la organización terrorista.
En todo caso, según las cifras oficiales del Gobierno los asesinatos de ETA ascienden a 829 (las asociaciones de víctimas del terrorismo las elevan a 858). Acompañados, por supuesto, de miles de heridos graves e infinidad de daños materiales.
A pesar de su naturaleza criminal, ETA no dejó de concitar ciertos apoyos en la sociedad vasca durante la dictadura -precisamente por su oposición al régimen franquista-, que trasladaba a algunos de sus sectores una imagen de lucha política romántica, ciertamente errónea. Este matiz se dejaría entrever en unas declaraciones bien llamativas de Xavier Arzalluz, diputado del PNV en las Cortes Constituyentes y en la I Legislatura, realizadas a la cadena de televisión ZDF (recogidas por Natalia Ardanaz en su trabajo ‘Los discursos políticos televisivos durante la Transición Española’), que hay que encuadrar dentro del clímax del momento:
“Si el gobierno de Madrid continúa con la represión, con el terror como hasta ahora, entonces continuarán las posturas extremistas. Yo opino que en estos momentos el País Vasco es un polvorín que si hace explosión lo que suceda será aún más grave que en Irlanda del Norte.
En este caso se llegaría a acabar con cualquier esperanza de democracia en el Estado español. Primero que podamos creer que la democracia va a ser auténtica, exigimos la amnistía para todos, una amnistía total. Bueno, ¿asesinos terroristas?, para nuestro pueblo son luchadores por la libertad”.
Pero mucho más tarde, cumplido ya un cuarto de siglo de vida democrática y tras haber ostentado la presidencia del PNV casi durante 20 años (1985/2004), el mismo Arzalluz aun afirmaría impunemente: “Los presos de ETA no son delincuentes, porque no matan para enriquecerse, ni para beneficiarse personalmente, sino por un ideal político”. Y, todavía más, fiel a su estilo político levantisco, el factótum del nacionalismo vasco volvería a levantar ampollas ciudadanas en muchas ocasiones: por ejemplo, cuando en el periódico pro etarra Gara calificó a Arnaldo Otegi y a los demás detenidos por tratar de reconstruir a la ilegalizada Batasuna (brazo político de ETA) de “buenos patriotas vascos”, en su opinión “dignos de respeto y admiración”; o cuando en otra entrevista concedida al diario El Punt negó que los terroristas etarras fueran “cobardes”, considerándoles “tipos que se juegan la vida” y que “al igual que pasa con la Guardia Civil, tienen su rencor dentro, y no lo dejarán así como así”.
Debido a su procacidad verbal, Arzalluz acusó en varias ocasiones a los periodistas de haber sacado de contexto algunas de sus afirmaciones más conocidas y expresivas, como la referida a la liberación de los pueblos: “No conozco de ningún pueblo que haya alcanzado su liberación sin que unos arreen y otros discutan. Unos sacuden el árbol, pero sin romperlo, para que caigan las nueces, y otros las recogen para repartirlas”…
Si al concluir la dictadura de Franco el objetivo principal de Cataluña fue el restablecimiento de la democracia, en el País Vasco prevaleció la solicitud de amnistía para los presos y el fin de la represión gubernamental, y sólo de forma mucho más velada el fin del terrorismo etarra. De hecho, ETA no cambiaría su postura con la llegada de la democracia, porque si durante el franquismo asesinó a 44 personas, después sus víctimas mortales serían casi 800 más, generando entonces una repulsa creciente, pero no unánime, entre la sociedad vasca.
En octubre de 1979 se votó el Estatuto del País Vasco, con una participación ciudadana baja (el 60 por 100 del censo electoral) y un 90 por 100 de votos afirmativos, sin que ningún partido hiciera campaña expresa en contra (tampoco las hubo muy a favor). Es decir, apenas la mitad de la población mostró su conformidad con el mismo, mientras la otra mitad le negó su apoyo por considerarlo bien insuficiente o bien excesivo.
El PNV, que es la organización más representativa del nacionalismo vasco, erigida bajo postulados demócrata-cristianos, administraría esta ambigua situación con gran habilidad política, conservando el halo romántico y antiespañol impregnado por Sabino Arana desde su fundación, en 1895. Y, a menudo, alentando de forma subrepticia la lucha armada de ETA para debilitar la imagen del gobierno central y de los partidos españolistas…
LA LUCHA POR LA IGUALDAD Y LA DESIGUALDAD TERRITORIAL
No vamos a profundizar ahora en las razones o sinrazones del nacionalismo, ni a entrar en el descalabro de las luchas por la igualdad y la desigualdad territorial, que no es cosa distinta del descalabro que supone el Estado de las Autonomías consagrado en la Constitución.
Pero, como era de esperar, las diferencias forzadas inicialmente en el nivel competencial de las distintas comunidades autónomas, en contradicción con el principio constitucional de igualdad y sobre todo con el sentir natural de los ciudadanos, se fueron reduciendo con el tiempo hasta que el conjunto de las 17 existentes quedara más homogeneizado mediante los desarrollos estatutarios correspondientes. Una reacción lógica que ha llevado aparejado un continuo afán diferenciador de Cataluña y el País Vasco, apelando a un supuesto ‘histórico’, pretendiendo marcar siempre un nivel diferencial de autogobierno en relación con el resto de España; escalada apoyada sobre todo en la exigencia de apoyos parlamentarios para las investiduras del presidente del Gobierno y la estabilidad política de legislatura.
Cosa ciertamente lamentable, aunque ello nada tenga que ver con cualquier tipo de aspiración secesionista o independentista. Eso es cosa muy distinta y en realidad ajena al Estado de las Autonomías y a cualquier querella o actitud de prevalencia territorial: es, simplemente, el afán de constituir un país y un Estado propio desgajado de otro preexistente. Y ahí es a donde aspira a llegar cualquier nacionalismo centrífugo que se precie, bien sea el catalán o el vasco, o el irlandés, galés, kurdo, tamil, sardo, padano…
En un artículo de opinión titulado ‘De los vascos a los catalanes’ (El País 26/12/2013), Patxo Unzueta destaca la incoherencia que supone propugnar a la vez federalismo y consulta de autodeterminación. Escribe:
(…) La autonomía, como el federalismo, viene a ser en el fondo un pacto por el que los nacionalistas renuncian a reclamar la independencia a cambio de la posibilidad de autogobernarse que garantiza el Estado autonómico. Por eso resulta incoherente la posición de quienes se declaran a la vez federalistas y partidarios de la consulta de autodeterminación, como los dirigentes de ICV y los críticos del PSC…
Y, sin querer sacar el párrafo de su contexto, ese no deja de ser un análisis incompleto o circunstancial, que no llega al fondo de la cuestión, puesta en solfa precisamente en Cataluña y el País Vasco y no en otras autonomías. Lo que quieren los nacionalistas es el derecho a la autodeterminación previo a la declaración de independencia, y mientras tanto reclamar más y más autogobierno, si es posible, como vía táctica y de adiestramiento de cara al último objetivo secesionista.
Por eso, el actual Estado de las Autonomías, es una solución falsa o ilusoria para los problemas catalán y vasco. Salvo reforma constitucional o legal que elimine con dureza toda asimetría política, económica y socio-asistencial y las funciones reiteradas de su Administración; sin más contemplaciones que las del uso de las lenguas oficiales -siempre bajo la prevalencia del castellano como lengua general del Estado-, la insularidad, la condición ultra-periférica de Canarias, la africana de Ceuta y Melilla y otras de la misma natural y razonable comprensión.
La solución de esos dos graves problemas -el catalán y el vasco-, si es que se quieren solucionar, ha de ser políticamente inteligente y firme. Y pasa por la necesidad de que la sociedad española en su conjunto comprenda bien todos los elementos y factores en juego y, en particular, su alcance y dimensión social y las razones y el nivel de afectación a las partes discordantes. El propio rey Juan Carlos, Jefe del Estado y símbolo de su unidad y permanencia, ya reconoció ante las cámaras de TVE durante la entrevista concedida con motivo de su 75 cumpleaños al periodista Jesús Hermida (04/01/2013) que, a pesar de lo mucho conseguido desde la Transición y de los valores que atesora la Carta Magna, España sigue sin vertebrarse: dicho de otra forma, que el actual Estado de las Autonomías ha fracasado o que es una bomba de explosión retardada...
No vamos a insistir en las erradas interpretaciones que por activa o por pasiva están dando el Gobierno y la oposición política (y en parte hasta la Corona) sobre la deriva secesionista de Cataluña y la que se anuncia en el País Vasco, en las pistas aclaratorias de por dónde están yendo los tiros del caso, ni en las lecturas miopes del mismo que proliferan por los medios informativos. Aunque no dejemos de afirmar que los procesos soberanistas están constituyendo un éxito para sus promotores, un fracaso para sus detractores y un golpe bajo, verdaderamente demoledor, para la España todavía invertebrada ya advertida por Ortega y Gasset hace casi un siglo, en 1921 .
Se quiera o no se quiera, lo más sensato y urgente es fortalecer la unidad del Estado, llámese Autonómico o Federal, y atajar de raíz las sórdidas elucubraciones que pretenden volver a sumir España en su ancestral ‘ejercicio de tinieblas’. A ver si las tres incompetentes R,s que se dedican básicamente a ver venir el hundimiento del país (Rajoy, Rubalcaba y el Rey), se enteran bien de lo que pasa.