Un ministro oportunista próximo a la industria del armamento
Un ministro oportunista próximo a la industria del armamento
EDUARDO SERRA nació el 19 de diciembre de 1946 en Madrid. Estudió el Bachillerato en el Instituto Ramiro de Maeztu de esa misma ciudad, licenciándose después en Derecho en la Universidad Complutense. En esta misma universidad fue profesor asistente de Filosofía del Derecho en la cátedra de Joaquín Ruíz-Giménez y de Derecho Administrativo en la de Eduardo García de Enterría. Prestó su servicio militar en las Milicias Universitarias, alcanzando el grado de oficial de Complemento de Infantería de Marina.
En 1974 ingresó con el número uno de su promoción en el Cuerpo de Abogados
Cuando en julio de 1977 Alberto Oliart se hizo cargo de esa misma cartera, ya denominada Ministerio de Industria y Energía, el subsecretario saliente, que mantuvo su puesto durante algunas semanas, intercedió para que el nuevo ministro ascendiese a Eduardo Serra y le nombrara jefe de su Gabinete (1977 a 1979), aduciendo para ello razones de continuidad y de afinidad corporativa, dado que todos ellos eran abogados del Estado. El siguiente hito de su carrera política lo alcanzó en marzo de 1979, cuando pasó a desempeñar el puesto de secretario general del Consejo de Administración del INI, destino que ocupó hasta 1982 y en el que se granjeó grandes antipatías gracias a sus manejos para reconvertir al personal directivo. Como cargos adheridos a dicho nombramiento ostentó también los de vicepresidente de Astilleros Españoles y presidente de Auxini.
Justo en aquel cargo, fue donde comenzó a respaldar los intentos del lobby industrial próximo a la Navy para que la División de Defensa del holding público promoviera la adquisición de un portaaviones costero o “de bolsillo” para la Armada española. Lo más curioso del caso es que aquel modelo “mini” había sido desechado poco antes por el Gobierno de los Estados Unidos, sin que sus almirantes le hubieran reconocido utilidad alguna.
En aquella ocasión, el Consejo de Administración del INI no sucumbió a los cantos de sirena norteamericanos que pretendían endosar a España aquel inservible producto del imperialismo naval norteamericano en rebajas. No obstante, Eduardo Serra se mantuvo muy próximo a esa intención, hasta terminar impulsando su construcción de forma definitiva poco después, siendo ya Subsecretario de Defensa, con el asombrado disgusto de algunas prestigiosas figuras de la UCD, como Fernando Abril, quien poco antes había sido precisamente alter ego del presidente Suárez en el ámbito económico.
En relación con aquel proyecto concreto, que terminaría siendo el porta-aeronaves R-11 “Príncipe de Asturias”, la revista “Cambio 16” publicó un amplio reportaje en 1987, firmado por el periodista Braulio Calleja, y sin duda contrastado por expertos en el tema, dejándolo técnicamente muy en entredicho y evidenciando la inconsecuencia de que el grupo de combate de la Armada se aglutinara en torno a un mini-portaaviones tipo “CVV”. Además, desvelaba su ineficacia operativa en relación con las auténticas necesidades defensivas del país al que debía servir y, sobre todo, las graves deficiencias técnicas que le hacían vulnerable ante el embate de olas con ocho metros de altura. Algo ciertamente sorprendente que se evidenció con las pruebas realizadas al efecto en el Canal de Experiencias Hidrodinámicas de El Pardo, adscrito a la Dirección General de Armamento y Material.
Cuando tras el intento desestabilizador del 23-F Leopoldo Calvo-Sotelo formó Gobierno en febrero de 1981, realizó un nombramiento providencial para Eduardo Serra. Al frente del delicado Ministerio de Defensa situó a un hombre de confianza, que en ese momento ocupaba la cartera de Sanidad y Seguridad Social, poco proclive a veleidades involucionistas y que se había mantenido al margen de las nocivas disputas entre barones del partido gubernamental: Alberto Oliart.
Entonces, el nuevo titular de Defensa rescató a Serra de su frustrante destino en el INI para nombrarle subsecretario, valorando sobre todo su afinidad personal y la experiencia que había vivido en el entorno de la industria pública. Juntos pusieron en marcha un ambicioso plan de modernización material de las Fuerzas Armadas, necesidad objetiva pero un tanto sobre dimensionada y desde luego muy desviada de sus exigencias reales, aunque sin duda alguna muy útil para modernizar y “distraer” también al acomplejado estamento militar del post-franquismo.
De hecho, Eduardo Serra ocupó la Subsecretaría de Defensa el 12 de febrero de 1982, justo cuando el órgano precedente se desdoblaba en dos subsecretarías: una dedicada a la política militar y de personal, cuyo responsable sería el almirante Liberal Lucini (que ya había ejercido como subsecretario del Departamento con el ministro Rodríguez Sahagún), y otra dedicada a la organización y planificación de la economía de la Defensa, que fue la de su responsabilidad. De ella dependerían la Secretaría General de Asuntos Económicos y la Dirección General de Armamento y Material (DGAM), ambas de gran importancia por el enorme volumen de las adquisiciones que realizaban, así como la intervención y otros asuntos administrativos.
Entonces, el propio
A partir de aquel nombramiento, el subsecretario Serra se dedicó a cultivar por diversas vías su lealtad y capacidad de servicio a la Corona, institución que junto a la Jefatura del Estado encarnaba también el mando supremo de las Fuerzas Armadas, en un estudiado distanciamiento de cualquier expresión partidista. A continuación, también rindió sus servicios de forma incondicional ante el Pentágono y el todopoderoso lobby de la industria de defensa norteamericana, potenciando su imagen dentro del estamento militar como hombre en esencia técnico y “conseguidor”. De hecho, tras el programa de modernización de la Armada, se puso en marcha también la renovación de los sistemas de combate del Ejército del Aire a través del multimillonario “Programa FACA”, acompañado de un enmarañado sistema de compensaciones económicas cuyas claves guardaba celosamente el propio subsecretario, delegado del Consejo de Ministros para la negociación de aquella espectacular adquisición.
Ese detalle, junto con su estudiada imagen de hombre políticamente “independiente”, le permitió continuar en el mismo cargo con el primer gobierno socialista presidido por Felipe González, que designó a Narcís Serra al frente del Ministerio de Defensa. Así pudo seguir manejando todo el proceso de compras multimillonarias que se preveía en el nuevo y generoso marco presupuestario aprobado por las Cortes Generales en la anterior legislatura para el equipamiento de las Fuerzas Armadas.
Pero esa continuidad de Eduardo Serra, apoyada o al menos bien recibida por la cúpula militar, no dejó de ser políticamente estridente. Máxime cuando, tras su primera y arrolladora victoria electoral, el PSOE practicó una auténtica “limpieza ideológica” en todos los estamentos de la Administración General del Estado, prescindiendo de cualquier persona vinculada a UCD y llegando incluso a la persecución personal de alguno de sus ministros predecesores en el Gobierno.
Entonces, ni la opinión pública ni el entorno político centrista llegaron a comprender la razón de esa permanencia en un cargo de tanta relevancia y en un escenario tan antagónico. Aunque, como es lógico, todo ello tuviera su oculta razón de ser, alimentada quizás por la pretensión de acotar un “corralito” de poderes personales, en el que el sustancial ámbito de la defensa o de las Fuerzas Armadas constituyera un dominio reservado, quizás bajo el subterfugio del “secreteo” oficial o intentando arroparlo de forma mal intencionada con el manto tutelar de la Corona.
Esa era una hipótesis que, con el paso del tiempo, pudo quedar avalada por algunos hechos acaecidos justamente bajo la presidencia de José María Aznar. Entre ellos destacarían el propio acceso de Eduardo Serra al Consejo de Ministros, el incumplir la promesa de regenerar de verdad el CESID (recuperando nada menos que al general Calderón para dirigirlo) o el ascenso al generalato de algunos militares controvertidos en el entorno del 23-F…
Y es que, en efecto, si la particular biografía política de Eduardo Serra ya le había permitido continuar en la Subsecretaría de Defensa (1982 a 1984), desplazando su “afinidad” con UCD hacia el PSOE, e incluso ser nombrado a continuación SEDEF (Secretario de Estado de Defensa), puesto que ocupó desde 1984 a 1987, más incomprensible es que terminara siendo nombrado ministro de Defensa en el primer Gobierno de José María Aznar (VI Legislatura), sin pertenecer tampoco al PP.
Tras su cese como SEDEF, muy presionado por el entonces vicepresidente del Gobierno Alfonso Guerra, que le consideraba un intruso en las filas socialistas, en julio de 1987 Eduardo Serra ocupó la dirección general de la Fundación de Ayuda contra la Drogadicción, siendo posteriormente su Vicepresidente Ejecutivo y, desde marzo a mayo de 1996, su Presidente. En paralelo con esta altruista dedicación, también desarrollo un intenso recorrido profesional:
El 5 de mayo de 1996, Eduardo Serra fue nombrado ministro de Defensa del primer gobierno presidido por José María Aznar, manteniendo en efecto su teórica condición de independiente. Aquel nombramiento, muy trabajado en los auténticos cenáculos del poder aunque pareciera sobrevenido, y realmente difícil de entender, quedó recogido en el libro de Diego Camacho y Fernando J. Muniesa “La España Otorgada. Servicios de Inteligencia y Estado de Derecho” (Anroart Ediciones, 2005) en los siguientes términos:
Sin olvidar que en el genuino caso español el Ministerio de Defensa ha asumido y reasumido toda la potestad jerárquica y funcional sobre los Servicios de Inteligencia (tanto con el CESID como con el CNI), justamente en la vorágine de su época más escandalosa (el entorno electoral de 1996 que propició el acceso de José María Aznar a la presidencia del Gobierno) llamó la atención el hecho de que éste pusiera al frente de tan relevante y estratégico ministerio a Eduardo Serra. El nombramiento fue cuando menos sorprendente, por cuanto tan discutido personaje no militaba, ni de lejos, en el PP y porque nadie ignoraba sus comprometidas relaciones previas con el PSOE. Se consumaba así todo un espectacular “borrón y cuenta nueva”, desde luego bien llamativo después de haberse vivido una virulenta campaña electoral en la que los líderes populares esgrimieron descalificaciones sin precedentes contra el histórico partido fundado por Pablo Iglesias.
Por otra parte, la cartera de Eduardo Serra sobrevenida en mayo de 1996, no sólo frustraba otras muchas y fundadas expectativas de políticos bien significados dentro del PP, sino que obligaba a recomponer el Gobierno que, vulnerando el sigilo propio del caso, había trascendido ya a los medios de opinión informada. En ese filtrado equipo inicial, el Ministerio de Defensa lo ocupaba Rafael Arias-Salgado, y el de Fomento, donde este disciplinado profesional de la política terminó acoplándose sobre la marcha, se adjudicaba en teoría a Jesús Posada. El antiguo centrista Arias-Salgado había llegado, incluso, a comentar con personas de toda confianza que ya tenía “medio uniforme” para ponerse al frente del Ministerio de Defensa, mientras que su fiel colaborador, Joaquín Abril Martorell, deslizaba en los pasillos del Congreso de los Diputados que él mismo le acompañaría como nuevo secretario de Estado en ese Departamento.
Las razones efectivas de aquel sorprendente nombramiento de Eduardo Serra como ministro de Defensa, de quien dependía el proceloso mundo de un CESID convulsionado y a punto de estallar (ya se había engullido a su propio director general, a un vicepresidente del Gobierno y a un ministro de Defensa, que se vieron obligados a dimitir precisamente por las irregularidades que protagonizó), nunca fueron desveladas. No obstante, por las redacciones de los medios informativos se aventuraron hipótesis sobre tan enigmática decisión, entonces no publicadas, que aludían a la sugerente mediación del propio Monarca en el momento que el presidente del Gobierno, José María Aznar, le presentaba de forma preceptiva la relación de los candidatos que habrían de integrar su primer Consejo de Ministros.
De ser cierto, dicho padrinazgo quizás hubiera tenido un hipotético origen en el interés del gobierno saliente por blindar a cal y canto la condición “clasificada” de los documentos del CESID más comprometedores en la denominada “guerra sucia contra ETA”, dejándolos bajo el férreo control de un ministro independiente de la mayor confianza, experto como pocos en subvertir los auténticos intereses del Estado. Puede que esa eventualidad, bien sopesada en su momento por los analistas más perspicaces, no pasara de ser una pura especulación, aunque la realidad posterior de los hechos tampoco haya demostrado lo contrario.
Al margen de esta valoración, las razones efectivas de aquel sorprendente revival político de Eduardo Serra, también se acompañaron, inevitablemente, de otra sospechosa sombra: la que, desde luego, proyectaban sobre él los poderosos círculos políticos y empresariales que, desde el otro lado del Atlántico, alentaban el consumo mundial de armamento. En todo caso, ambas se podían solapar.
De hecho, el nuevo ministro ya había sido el principal valedor de aquel conglomerado de intereses cuando estuvo, primero, al frente de la Subsecretaría de Defensa y después como SEDEF. En su largo tránsito por el Ministerio de Defensa, no sólo afianzó la tecnología norteamericana en el Grupo Aeronaval de Combate (adquisición del porta-aeronaves R-11, misiles, aviones “Harrier”, sistema de combate “Aegis”…) y en la Fuerza Aérea (aviones F/A 18 “Hornet”), sino que también propició la entrada de General Dynamics en la Empresa Nacional Santa Bárbara, boicoteando sus relaciones con la compañía alemana KraussMaffei y disolviendo, siempre que pudo, cualquier tipo de acuerdo con la industria de defensa europea.
Todo ello con independencia del decidido apoyo que su ministerio prestó a Estados Unidos en diciembre de 1998 en su segunda campaña bélica contra Irak, la “Operación Zorro del Desierto”, y en marzo de 1999 en la operación de las fuerzas aliadas sobre la antigua Yugoslavia. Está claro que, además, Serra fue quien muñó, a través de sus trabajadas relaciones con el Pentágono y la Secretaria de Defensa norteamericana, la privilegiada relación de amistad entre el presidente George Bush y su homónimo español, José María Aznar.
Recién nombrado ministro de Defensa, él mismo recuperó la controversia sobre comisiones encubiertas generada en torno a su persona, claro está que con intención maquilladora. En mayo de 1996 confesaba con gran desparpajo ante un medio informativo que durante su anterior periodo en el Ministerio de Defensa había recibido, “para cursar a sus superiores”, una oferta de soborno a cambio de financiación ilegal para el PSOE, procedente de una empresa alemana cuya identidad nunca salió a la luz. “Me alegré cuando desde arriba dijeron que no; si la persona que tomó la decisión hubiera aceptado, me habría ido inmediatamente”. Todavía fue más insólito que, teniendo la formación jurídica que tenía, no llegara a denunciar una iniciativa de ánimo tan delictivo, o que al menos no se hubiese negado a remitirla a instancias superiores.
Sus esfuerzos para lavar su deteriorada imagen como flamante y sobrevenido ministro de Defensa, culminarían con su comparecencia ante la Comisión de Defensa del Congreso de los Diputados en septiembre de ese mismo año, a petición propia. Su intención era informar sobre las actividades que había desarrollado en el sector empresarial y, lo más importante, desmentir las noticias que le vinculaban directamente al supuesto pago de comisiones ilegales desde la empresa Cubiertas y MZOV, a cuyo Consejo de Administración estuvo sólidamente vinculado durante más de cinco años.
Tras enredar su discurso con un portentoso lío de fechas y de poderes y responsabilidades concretas asumidas en aquella constructora, rodeándose así de un hábil foso disuasorio ante la timidez propia de los diputados que estrenaban legislatura, la pregunta del millón se le hizo desde las avezadas filas de Coalición Canaria. Esa fue una puya todavía más punzante al provenir de un grupo parlamentario que curiosamente apoyaba al Gobierno de Aznar:
-- Si usted ha puesto tanta vehemencia en decir que son falsas las denuncias, me gustaría que me pudiera informar, señor Ministro, si está en su ánimo interponer alguna querella al respecto.
Después de nuevos circunloquios retóricos, el interpelado sólo pudo dar una respuesta dubitativa:
Al parecer, esa posibilidad no existió, Eduardo Serra nunca acudió a los tribunales para limpiar su cuestionada imagen personal. Además, y como es lógico, pocos de los presentes en aquella expectante sesión parlamentaria, incluido el nutrido grupo de periodistas que la presenciaron en directo, se tragaron un razonamiento tan poco convincente.
Tras cesar como ministro de Defensa el 27 de abril de 2000, Serra ocupó la Presidencia del Real Patronato del Museo del Prado (2000 a 2004), convirtiéndose a continuación en presidente-fundador del Real Instituto Elcano, cargo que desempeñó desde el año 2001 al 2005.
En 1997 ingresó en la Academia Europea de Ciencias y Artes, ostentando en la actualidad la presidencia de la Fundación Everis. También asesora a numerosas empresas a través de la mercantil Eduardo Serra y Asociados S. L. y del despacho profesional que comparte con Alberto Oliart, también ex ministro de Defensa, con Jesús Del Olmo, general del Cuerpo Jurídico Militar, y con otros profesionales del Derecho próximos al entorno de La Zarzuela.
A pesar de haber convivido cómodamente con el sistema político vigente, en 2012 fue coautor, junto con Marc Alba y David García, del libro titulado “Las claves para transformar España” (Ediciones Destino), en el que, según la sinopsis de la propia editorial, aboga por convertir la actual “democracia de incubadora” en una “democracia plena y madura, poblada por ciudadanos activos y responsables…”.
Divorciado y casado en segundas nupcias, es padre de un hijo. Está en posesión de diversas condecoraciones, entre ellas la Gran Cruz de la Orden del Mérito Aeronáutico, con distintivo blanco.
FJM (Actualizado 19/03/2012)
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