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Francisco Laína García

Elespiadigital | Miércoles 22 de febrero de 2012

El cancerbero de la verdad perdida sobre el 23-F

(...) En relación con lo mucho que Laína pudo conocer sobre el golpe del 23-F, incluyendo sus prolegómenos y orígenes más ciertos, baste considerar que el día de autos afirmó ante las cámaras de televisión que, como secretario de Estado de Seguridad, "en un informe confidencial se le había prevenido sobre la voluntad de este teniente coronel de la Guardia Civil [Antonio Tejero Molina] de asaltar el Congreso en plena sesión de investidura, el día 23". Lo que no explicó fue la razón de que entonces no se tomaran las mínimas precauciones para impedir el asalto golpista, alertando a los servicios de seguridad de la Cámara o cerrando al menos las sólidas puertas de acceso al palacio de Las Cortes…

 




El cancerbero de la verdad perdida sobre el 23-F

FRANCISCO LAÍNA nació el 18 de enero de 1936 en La Carrera (Ávila). Licenciado en Derecho, en 1965 ingresó por oposición en el Cuerpo General Técnico de la Administración Civil del Estado.[]

Su primer destino político fue el de delegado del Gobierno en la isla de La Palma, cargo en el que tuvo que afrontar la erupción del volcán de Teneguía iniciada el 26 de octubre de 1971. En 1974 fue designado gobernador civil y jefe provincial del Movimiento en León, donde permaneció[] hasta 1976, momento en el que regresó al Archipiélago Canario como gobernador civil de Las Palmas. Ocupando ese puesto se produjo la desarticulación del Movimiento por la Autodeterminación e Independencia del Archipiélago Canario (MPAIAC) en esa provincia, culminada más tarde en la de Santa Cruz de Tenerife.

A pesar de aquel éxito policial, Francisco Laína fue relevado del cargo por los desencuentros que tuvo con el alcalde de Las Palmas, Fernando Ortiz Wiot. El motivo fue el autoritario empeño del gobernador civil por construir determinadas dependencias del Estado en un terreno que la corporación municipal había declarado como zona verde.[

]A continuación, en julio de 1977, fue nombrado gobernador civil de Zaragoza, cargo en el que tuvo que afrontar el trágico incendio del Hotel Corona de Aragón, ocurrido el 12 de julio de 1979, y la polémica sobre la eventualidad de que hubiera sido provocado por un acto terrorista. Aquel suceso fue uno de los que mayor impacto social produjo durante la denominada “Transición Española”, causando entre 76 y 80 víctimas mortales, cifra sin precisar de forma definitiva dado que algunas personas afectadas no pudieron ser reconocidas oficialmente.

Nunca se llegó determinar el origen real del incendio. La vía judicial penal no fue capaz de encontrar indicios suficientes para dictaminar que el fuego hubiera sido provocado, pero la vía civil sí que consideró que su propagación se aceleró por la presencia de ciertas sustancias incendiarias o explosivas, aunque sin poder averiguar quién habría dispuesto las mismas. Desde el primer momento, y hasta la actualidad, se ha especulado mucho sobre la naturaleza de aquel trágico suceso y su eventual autoría en el supuesto de que hubiera sido un atentado terrorista, con atribuciones directas a ETA, aunque también al FRAP y a grupos ultra derechistas indeterminados.

En aquella época, el hotel incendiado era el único de la ciudad clasificado con cinco estrellas. En el momento del siniestro, su ocupación rondaba el 70 por 100, alojándose en él militares de diversa graduación y los familiares que, en la mañana del 12 de julio, iban a presenciar la ceremonia de entrega de despachos a la XXXVI promoción de la Academia General Militar. También se alojaban en el hotel la viuda del general Franco, Carmen Polo, que fue rescatada con heridas leves, su hija y su yerno y dos hijos de este matrimonio.

Tras aquel suceso, Francisco Laína permaneció en su cargo hasta que el nuevo ministro del Interior, Juan José Rosón, le nombró director de la Seguridad del Estado el 13 de junio de 1980, sustituyendo a Luis Alberto Salazar-Simpson. En esa época vivió desde una atalaya privilegiada el golpe de Estado del 23 de febrero de 1981. Entonces, y dado su rango administrativo de secretario de Estado, asumió durante 14 horas la presidencia de la “Comisión Permanente de secretarios de Estado y de subsecretarios”: un gobierno interino formado para evitar un vacío de poder que de alguna forma pudiera justificar las posiciones golpistas, iniciativa refrendada por el rey Juan Carlos pero debida a José Terceiro, entonces secretario general del Ministerio de Presidencia.

En relación con lo mucho que Laína pudo conocer sobre el golpe del 23-F, incluyendo sus prolegómenos y orígenes más ciertos, baste considerar que el día de autos afirmó ante las cámaras de televisión que, como secretario de Estado de Seguridad, "en un informe confidencial se le había prevenido sobre la voluntad de este teniente coronel de la Guardia Civil [Antonio Tejero Molina] de asaltar el Congreso en plena sesión de investidura, el día 23". Lo que no explicó fue la razón de que entonces no se tomaran las mínimas precauciones para impedir el asalto golpista, alertando a los servicios de seguridad de la Cámara o cerrando al menos las sólidas puertas de acceso al palacio de Las Cortes…

Sin querer profundizar demasiado en este oscuro asunto, tampoco deja de ser curioso que habiendo ordenado Francisco Laína intervenir durante aquellas decisivas horas un buen número de líneas telefónicas “sensibles”, incluidas las del Congreso de los Diputados, las veintiséis cintas en las que se citaban a ciento veinticuatro personas sospechosas de estar vinculadas con el golpe nunca afloraran al público, y ni siquiera en la vista del juicio a que fueron sometidos los golpistas (Causa 2/1981). Pero todavía extraña más que fuera el propio Tribunal Supremo quien confirmara a los periodistas de Antena 3 TV la imposibilidad de que una información tan sustancial pudiera salir a la luz pública, mientras ese mismo medio de comunicación sostenía la existencia de una copia guardada a buen recaudo por un alto cargo político de entonces, que obviamente debería ser el propio Laína.

Cuando Tejero concluyó su conocida conversación con el general Armada en el Congreso de los Diputados, impidiéndole acceder al hemiciclo, éste mantuvo desde allí mismo una conversación telefónica para informar de la situación a quienes esperaban noticias al respecto (el propio rey Juan Carlos en la suposición más razonable), ignorando obviamente que estaba siendo grabada. Tras aquel decisivo y malogrado encuentro, Su Majestad lanzó por TVE y RNE un mensaje de inequívoca reconducción constitucional, transcurridas más de cuatro horas desde que las instalaciones de RTVE recuperaran su total autonomía y siete desde que Tejero ejecutara su asalto al Congreso (pasadas las 01:15 horas del día 24). Un retraso difícil de entender, entre otras razones porque el necesario mensaje real se podía haber transmitido en cualquier momento al menos por las emisoras de radio privadas para cumplir, sin más consideraciones, el esperado trámite de afirmación democrática. Quizás sean esas “cintas de Laína” las que hayan guardado la verdad perdida sobre el golpe del 23-F.

En círculos próximos a Francisco Laína, siempre se ha especulado con la publicación de sus memorias políticas, centradas como es lógico en los años y hechos más delicados de aquella transición política, y sobre las posibles revelaciones que pudieran contener. Se supone que son unas memorias ya escritas, porque el propio autor las ha anunciado de forma reiterada: por ejemplo en la entrevista concedida al periodista José Luis Barbería al cumplirse los treinta años del 23-F, publicada en el diario “El País” (20/02/2011). En ella, se describían algunas escenas relativas al suceso ciertamente relevantes:

… En la segunda escena, el director de Seguridad del Estado con el Gobierno de la UCD le entrega al presidente Adolfo Suárez un informe confidencial elaborado por los servicios de información policiales. “Antes se lo había pasado a mi ministro de Interior, Juan José Rosón, pero cuando lo leyó me dijo: Paco, esto es muy duro. ¿Por qué no lo despachas tú directamente con Adolfo?”. En el informe, de dos folios, se indicaba que el Rey no se recataba en criticar duramente al presidente Suárez en sus conversaciones con personas y ambientes muy diversos. Se añadía que el monarca expresaba abiertamente su disconformidad con decisiones adoptadas por Suárez y planteaba la conveniencia de un posible relevo del presidente. También se daba cuenta de una comida que el general Alfonso Armada, gobernador militar de Lleida y antiguo preceptor del Rey, había mantenido con el responsable de asuntos de Defensa del PSOE y “número tres” de ese partido, Enrique Múgica, en la casa del alcalde de esa capital, Antoni Siurana. En el informe se aludía a los asuntos supuestamente tratados en esa comida y a los comentarios suscitados en torno al encuentro. Acudí a La Moncloa a finales de diciembre a entregar el informe. Después de leerlo detenidamente, Suárez guardó un momento de silencio y luego me dijo: “No me cuentas nada nuevo”…

En la misma entrevista, Laína confirmaba más adelante las graves sospechas que, de entrada, se cernían sobre el general Armada y que no se compadecen para nada con que, a partir de esa convicción, se le dejara maniobrar a su antojo, e incluso trasladarse al Congreso de los Diputados, o que no se le arrestara hasta el día 25, en un escenario ya excesivamente complaciente:

… Como primera autoridad civil, en calidad de presidente de la Comisión de Secretarios de Estado y Subsecretarios que asumió las funciones gubernativas, Laína habló esa tarde noche [la del 23-F] repetidas veces con La Zarzuela, casi siempre con Sabino Fernández Campo, secretario general de la Casa del Rey, pero también con el monarca. “Sobre las 19.45, el Rey me llamó para advertirme: ¡Paco, cuidado con Armada! Te paso a Sabino para que te lo explique. Sabino me reiteró que sobradamente la advertencia: ¡Ojo con Armada, que está metido hasta las cejas!”.

Donde las declaraciones de Francisco Laína hacen agua, es precisamente en el tema de las famosas “cintas” que contenían las conversaciones telefónicas grabadas por orden suya durante el 23-F. En la entrevista comenta lo que Tejero dice en la conversación telefónica que mantiene desde el Congreso de los Diputados con Juan García Carrés, después condenado por su pertenencia a la trama golpista, afirmando que, al conocer su contenido, al Rey se le humedecieron los ojos: “Ha venido [el general Armada] al Congreso porque lo que quiere es la poltrona y le da igual una junta militar que un Gobierno con comunistas. Le he echado de aquí”. Y, a continuación, cuando el entrevistador le recuerda que Alfonso Guerra aludió a la existencia de 125 horas de conversaciones interceptadas sólo en los teléfonos del Congreso de los Diputados, afirma taxativamente:

Es un cuento. Repito: no hay más grabaciones que las de la mujer de Tejero y las de García Carrés, que se quedaron en la Comisaría General de Información de Manuel Ballesteros. Yo no podía grabar las conversaciones de las capitanías generales o de La Zarzuela: no se me habría ocurrido, habría sido ilegal y, además, ¡buena estaba la noche para cometer errores!”.

Pero, ¿es creíble tal afirmación, conociéndose la decidida disposición política, policial, e incluso judicial, para interceptar las comunicaciones telefónicas por cuestiones mucho más banales…? ¿Es que, en su caso, aquella escrupulosa actitud del director de la Seguridad del Estado habría sido realmente la adecuada en un escenario golpista tan grave y atentatorio contra la propia estabilidad constitucional…? La respuesta ya la había anticipado el mismo Laína en otra declaración previa al diario “La Nueva España” (06/12/2009), no menos locuaz. En ella contaba que en la reunión de la Junta de Defensa Nacional celebrada en la tarde del 24 de febrero de 1981, “aporté una de las cintas de las grabaciones y cuando el Rey la oyó se tapó la cara y se echó a llorar”. Acto seguido, cuando el entrevistador le pregunta si el Rey escuchó la voz de Armada, responde de forma tan lacónica como reveladora: “Es posible”.

Otro suceso también significativo en el ámbito biográfico de Francisco Laína, fue la desarticulación de un polémico nuevo intento de asonada denominado “golpe del 27-O" (día anterior al de las elecciones generales del 28 de octubre de 1982 que proporcionaron la primera victoria absoluta al PSOE), y que en algunos medios de la Seguridad del Estado también se conoció como “Operación Cervantes”. A pesar de que aquel suceso conllevó que el 2 de octubre de 1982 se detuviera a tres militares del Arma de Artillería (el coronel Luis Muñoz y los hermanos Jesús y José Crespo Cuspinera), algunos análisis, como los que se sustentan en páginas anteriores, sostienen que se trataba de una manipulación interesada desde el propio Gobierno de UCD, con objeto de acreditar su celo democrático en la antesala de un proceso electoral previsto como poco favorable.

Francisco Laína permaneció al frente de la dirección de la Seguridad del Estado, cargo que llevaba aparejada la vicepresidencia del Mando Único de la Lucha Contraterrorista (MULC), creado el 27 de marzo de 1981, hasta la llegada del PSOE al poder en 1982. Aunque en las postrimerías del último Gobierno de UCD hubo rumores que apuntaban a su incorporación al Centro Democrático y Social (CDS) de Adolfo Suárez, Laína los desmintió y se retiró definitivamente de la política tras las elecciones generales de 1982 y el traspaso de poderes al nuevo gobierno socialista.

No obstante, en noviembre de 2007, se convirtió en cofundador de la “Asociación para la Defensa de la Transición”, entidad constituida por el entorno más nostálgico del ex presidente Adolfo Suárez para reivindicar y difundir su labor y los valores de tolerancia y consenso que promovió, considerados en peligro. Lo curioso del caso es que su primer presidente fuera el controvertido general Cassinello, y que en el acto de presentación sus portavoces manifestaron estar “comprometidos con la Constitución y la Monarquía constitucional”, al tiempo que se declaraban “apartidistas y aconfesionales” en busca de afiliados de toda ideología.

A Francisco Laína le sería reconocido su posible mérito personal como presidente de la “Comisión Permanente de secretarios de Estado y de subsecretarios”, vigente catorce horas durante los sucesos del el 23-F, de forma bien tardía, nada menos que al cumplirse el treinta aniversario de la asonada golpista. El 22 de febrero de 2011, el presidente Rodríguez Zapatero le impuso la Medalla al Mérito Constitucional, otorgada al mismo tiempo a los 35 miembros de la citada Comisión, diez de ellos ya fallecidos. Un reparto de condecoraciones tan generoso como extemporáneo que, de forma sorprendente, no alcanzó a los propios diputados y miembros del Gobierno que permanecieron secuestrados por el teniente coronel Tejero tras su asalto al Congreso de los Diputados, incluido Adolfo Suárez.

Tras su alejamiento de la política activa, Laína se convirtió en propietario del disco-bar “Navy”, un conocido local situado en el madrileño barrio de Salamanca con gran afluencia de público y éxito comercial. Entre sus clientes habituales nunca han faltado conocidos cargos policiales y altos directivos de los Servicios de Inteligencia.

FJM (Actualizado 05/09/2011)

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