El valor social de la Justicia es tan significativo que los constituyentes no dudaron en consagrarla como principio determinante de la Carta Magna. De hecho, su propio preámbulo (texto que quizás sintetiza mejor que ningún otro el paradigma de la democracia) ya se inicia con estas palabras: “La Nación española, deseando establecer la justicia, la libertad y la seguridad y promover el bien de cuantos la integran, en uso de su soberanía, proclama su voluntad de…”.
Pero es que, además, en su emblemático artículo 1, apartado 1, la misma Constitución proclama de forma expresa que “España se constituye en un Estado social y democrático de derecho, que propugna como valores superiores de su ordenamiento jurídico, la libertad, la justicia, la igualdad y el pluralismo político”.
Se reafirma así constitucionalmente el concepto de Justicia como soporte vital de la libertad y la democracia, es decir del sistema de convivencia ciudadana, hasta el punto de otorgar a su organización formal la condición de ser uno de los tres poderes del Estado (el Legislativo, el Ejecutivo y el Judicial) descritos como “teoría de la separación de poderes” por el Barón de Montesquieu (Charles Louis de Secondat) en su obra “El espíritu de las leyes” (1748). Razón por la que la Carta Magna le dedica un título completo (el Título VI), que, como sucede en el caso de los otros dos poderes públicos, ha venido en generar posteriormente un desarrollo normativo sustantivo, encabezado por la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial.
DE MONTESQUIEU AL TRATADO DE LA UNIÓN EUROPEA
Dicha ley es una de las normas más extensa y más modificada de nuestro ordenamiento jurídico. Pero, para comprender su alcance político y social, no es necesario desmenuzarla ni acudir a los precisos argumentos de justificación incluidos en su Exposición de Motivos, porque basta para ello recordar la teoría ilustrada de Montesquieu:
Hay en cada Estado tres clases de poderes: el poder legislativo, el poder ejecutivo de los asuntos que dependen del derecho de gentes y el poder ejecutivo de los que dependen del derecho civil.
Por el poder legislativo, el príncipe, o el magistrado, promulga leyes para cierto tiempo o para siempre, y enmienda o deroga las existentes. Por el segundo poder, dispone de la guerra y de la paz, envía o recibe embajadores, establece la seguridad, previene las invasiones. Por el tercero, castiga los delitos o juzga las diferencias entre particulares. Llamaremos a éste poder judicial, y al otro, simplemente, poder ejecutivo del Estado.
La libertad política de un ciudadano depende de la tranquilidad de espíritu que nace de la opinión que tiene cada uno de su seguridad. Y para que exista la libertad es necesario que el Gobierno sea tal que ningún ciudadano pueda temer nada de otro.
Cuando el poder legislativo está unido al poder ejecutivo en la misma persona o en el mismo cuerpo, no hay libertad porque se puede temer que el monarca o el Senado promulguen leyes tiránicas para hacerlas cumplir tiránicamente.
Tampoco hay libertad si el poder judicial no está separado del legislativo ni del ejecutivo. Si va unido al poder legislativo, el poder sobre la vida y la libertad de los ciudadanos sería arbitrario, pues el juez sería al mismo tiempo legislador. Si va unido al poder ejecutivo, el juez podría tener la fuerza de un opresor.
Todo estaría perdido si el mismo hombre, el mismo cuerpo de personas principales, de los nobles o del pueblo, ejerciera los tres poderes: el de hacer las leyes, el de ejecutar las resoluciones públicas y el de juzgar los delitos o las diferencias entre particulares…
Durante todas las etapas históricas y en todas las culturas de la humanidad, los gobernados han sufrido del abuso de autoridad de sus gobernantes. Conocidos son el fenómeno de la esclavitud, los impuestos excesivos y caprichosos que caracterizaron la época feudal, los violentos desmanes del “Terror” en la Revolución francesa (la Terreur), el “Gulag” soviético… Estas experiencias sistémicas, que sólo son unos pocos ejemplos, evidencian excesos del poder político que han ido creando a través de los tiempos una cultura popular en contra de las acciones abusivas de los gobernantes, y no digamos ya en contra de las dictaduras, asentando en la sociedad, más allá de la defensa de la democracia, la idea de que el poder en manos de una sola persona o de un solo grupo no es conveniente ni tolerable.
Ésta, es una cuestión que motivó en grandes pensadores la necesidad de desarrollar teorías políticas que, por sí mismas, han terminado influyendo en hechos trascendentales para la humanidad.
Una de ellas, propia ya del Estado moderno, es, en efecto, la conocida como teoría o principio de “separación de poderes”, alentada por los filósofos de la Ilustración con la intención de limitar el poder político, bajo la suposición de que por su propia naturaleza tiende a desbordarse, requiriéndose por consiguiente ponerle diques de acotamiento o contrapesos para que no lesione los derechos de los individuos. El máximo exponente de esta filosofía es, desde luego, Montesquieu, quien con aportaciones previas de John Locke logró construir ese modelo de distribución del poder político, de modo tal que existan órganos especializados para el cumplimiento de las tres principales funciones del Estado (Legislar, Administrar y Juzgar), y a la vez que entre ellas se ejerza un control reciproco.
El padre de la “separación de poderes” advertía ya antes de la Revolución francesa que “cuando los príncipes han querido hacerse déspotas, siempre han empezado por reunir todas las magistraturas en su persona; y varios reyes de Europa, todos los grandes cargos del Estado”. No muy lejos de esa apreciación se encuentra también la célebre sentencia acuñada más tarde por el historiador británico Lord Acton (1834-1902): “El poder tiende a corromper y el poder absoluto corrompe absolutamente”.
Y, en nuestros días, cuando, por ejemplo, el profesor Giovanni Sartori, reputado especialista en ciencia política comparada, utiliza el término “libertad política”, lo hace precisamente en línea con la misma protección de los derechos individuales propugnada por el Barón de Montesquieu. Así, advierte que “hablar de libertad política implica estar preocupado con el poder de los poderes subordinados; con el poder de los destinatarios del poder” y señala también que “el núcleo apropiado del problema de la libertad política está indicado en la pregunta ¿cómo puede protegerse el poder de estos poderes menores y potencialmente perdedores?”.
Para Sartori, la preservación de la libertad individual se relaciona con la división de poderes. Por ello, sostiene: “Tenemos libertad política, es decir un ciudadano libre, en la medida que se creen condiciones para que permitan que los poderes menores del ciudadano puedan detener el poder mayor que de otra manera (...) puede fácilmente abrumarlo. Por esta razón el concepto de libertad política tiene una connotación de resistencia. Es libertad ‘de’, porque es la libertad ‘del’ y ‘para’ el más débil (...). Lo que pedimos de la libertad política es la protección contra el poder arbitrario y despótico. Por una situación de libertad nos referimos a una situación de protección que les permita a los gobernados oponerse al abuso de poder por parte de los gobernantes”.
El artículo 117.1 de la Constitución, establece de forma simple e inequívoca: “La justicia emana del pueblo y se administra en nombre del Rey por Jueces y Magistrados integrantes del poder judicial, independientes, inamovibles, responsables y sometidos únicamente al imperio de la ley”. Y nada se dice de su mediatización por parte de otros poderes del Estado.
El poder judicial es, pues, el poder del Estado que, de conformidad al ordenamiento jurídico, es el exclusivo encargado de administrar justicia en la resolución de los conflictos planteados en la sociedad, mediante la aplicación de las normas jurídicas. Por “poder”, en el sentido de “poder público”, se entiende la organización, institución o conjunto de órganos del Estado, que en el caso del “poder judicial” son los órganos que ejercen la potestad jurisdiccional (juzgados y tribunales) para administrar la Justicia y decir el Derecho, que han de gozar para ello de imparcialidad y autonomía.
Según la teoría clásica de Montesquieu (que es la que subyace en la Constitución española), la separación de poderes garantiza la libertad del ciudadano. Y bajo dicha separación nace el llamado Estado de Derecho, en el cual todos los poderes públicos están igualmente sometidos al imperio de la ley, requiriendo el poder judicial ser independiente para poder someter a los restantes poderes, en especial el ejecutivo, cuando estos contravengan el ordenamiento jurídico.
El poder ejecutivo y el legislativo son dos poderes que, en ocasiones, también se enfrentan, teniendo el segundo entre sus funciones la específica del control al Gobierno, en la que pueden aflorar naturalmente diferencias de criterio. Por ello, el papel arbitral entre ambos poderes requiere de uno judicial fuerte y respetado, cuya independencia es un valor a preservar porque de ella depende que el sistema político no deje de funcionar con normalidad y de forma que la democracia no de paso a la tiranía.
La estructura del poder judicial varía de un país a otro, así como su organización y los mecanismos usados en los nombramientos del ejercicio y la representación, incluido el gobierno interno. Generalmente existen varios niveles de tribunales, o juzgados, siendo las decisiones de los tribunales inferiores apelables ante tribunales superiores, acompañados además de una Corte Suprema o Tribunal Supremo que tiene la última palabra, sin perjuicio del reconocimiento constitucional de otros tribunales y órganos jurisdiccionales de naturaleza supranacional.
Todo ello supone una apelación social al principio de libertad democrática, tutelada por la justicia, incontrovertible. Por mostrar sólo un ejemplo de esta realidad, recordemos que cuando el Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) pregunta a sus encuestados habituales qué es, a su juicio, lo más importante o significativo de la Constitución española, un abrumador 41,7 por 100 contesta que dicha relevancia se centra en que “garantiza la libertad” (Barómetro del CIS, noviembre 2012).
Una pregunta crucial con otras respuestas que, en sentido de importancia descendente, avalan también los mismos principios y valores democráticos. Así, el 18, 5 por 100 de los encuestados destaca que la Constitución “se aprobó por acuerdo de todos/as”, el 11,6 por 100 que “permite resolver los conflictos por medios pacíficos” y el 7,9 por 100 que “limita los poderes del Gobierno”.
Quizás por esa evidencia no sea necesario profundizar más en la relación que existe entre los valores éticos de la libertad y la justicia. Pero, dándola por asumida, sí que conviene recordar a efectos de nuestro análisis sobre la actual situación de la Justicia en España y sus derivas de reforma, que el Tratado de la Unión Europea establece un “Espacio de Libertad, Seguridad y Justicia” (ELSJ) sin fronteras interiores que, más allá de lo establecido en cualquier texto constitucional nacional, impone un elevado grado de cooperación y coordinación política, policial y judicial a nivel comunitario que facilite la seguridad, una justicia eficaz y una fuerte protección de las libertades públicas para todos sus ciudadanos.
Por todo ello, el Gobierno de Rajoy, y mucho menos su devaluado ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, no pueden hacer de su capa un sayo imponiendo una reforma de la Justicia arbitraria que, además de traicionar las reiteradas promesas regeneracionistas necesarias para la perfección del sistema, conculque los principios constitucionales y los valores de respeto de la dignidad humana, libertad, democracia, igualdad, Estado de Derecho y respeto de los derechos humanos (incluidos los derechos de las personas pertenecientes a minorías), que fundamentan la Unión Europea.
Un conjunto de valores que, según establece el Tratado de la Unión, son comunes a los Estados miembros en una organización social caracterizada básicamente por el pluralismo, la no discriminación, la tolerancia, la justicia, la solidaridad y la igualdad entre mujeres y hombres.
RUIZ-GALLARDÓN INICIA SU DESMADRE CON EL “CASO DIVAR”
El pasado 19 de septiembre ya ofrecimos la primicia informativa de que las asociaciones profesionales de jueces y fiscales habían decidido plantar cara al Gobierno de Rajoy, en fondo y forma que no tenía precedentes desde la Transición, anunciando que sin una reorientación de las reformas previstas (algunas innecesarias y otras orientadas en sentido contrario al requerido) el conflicto terminaría generando problemas realmente graves. Además, junto a dicha información se desvelaban también las maniobras del ministro Ruiz-Gallardón para consolidar la politización de la Justicia tras su pésima gestión del escandaloso “caso Divar”, generando un fuerte malestar contra el PP en el conjunto de los estamentos profesionales afectados.
El relevo sobrevenido de Carlos Divar al frente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y del Tribunal Supremo (TS), saldado el pasado 23 de julio con la toma de posesión de Gonzalo Moliner como presidente de ambas instituciones, reconfirmó ante la ciudadanía (de la que democráticamente emanan todos los poderes del Estado) la necesidad de “despolitizar” el Poder Judicial, otorgando un mayor peso al pronunciamiento interno del estamento judicial en la elección de dichos cargos; es decir, tratando de independizarlo del Poder Ejecutivo y del Poder Legislativo, que en el fondo también se encuentran trabados entre sí por una suerte de omnímodo “poder bipartidista”, consensuado por el PP y el PSOE que, de facto, son las únicas formaciones políticas con opciones de gobierno.
Con el procedimiento seguido de nuevo en el nombramiento del presidente del CGPJ y del TS, que fue un “paso atrás” del ministro Ruiz-Gallardón en relación con sus previas promesas para cambiar el modelo politizado de designación, se generó un gran malestar en las bases de la “carrera judicial y fiscal” al considerar que su dependencia de los partidos políticos era insostenible, frustrante y, sobre todo, anacrónica y discordante con la separación de poderes propia del Estado democrático. A partir de ahí, el estamento profesional afectado, clamó contra la maniobra ministerial que reconducía las exigencias sociales de despolitizar el Poder Judicial, justo en sentido contrario a las promesas iniciales del PP de que la propia institución eligiera de forma mayoritaria a sus máximos representantes.
Un oscuro proceder en el que fue esencial el apoyo prestado por el PSOE a través de Soraya Rodríguez Ramos, portavoz socialista en el Congreso de los Diputados, y por Antonio Camacho, fiscal y sucesor de Pérez Rubalcaba al frente del Ministerio del Interior. Y que pasó, al parecer, por garantizar a Gonzalo Moliner su futura reelección como presidente conjunto del CGPJ y del TS en el próximo mandato institucional, apoyado por los dos partidos principales mediante pacto soterrado.
Un contubernio en el que también oficiaría el actual secretario de Estado de Justicia, Fernando Román, quien desde 1999 vino ocupando cargos de relieve en el CGPJ, incluido desde 2004 el de magistrado-jefe del Gabinete Técnico del TS, bajo las presidencias de Francisco Hernando y Carlos Divar. Es decir, un pacto asistido por todo un conocedor del sistema judicial de dependencia partidista.
En ese contexto, Gonzalo Moliner (quien a la postre no dejó de ser un candidato de Pérez Rubalcaba) se posicionó de inmediato y abiertamente a favor de una “elección parlamentaria” (política) de los cargos del CGPJ, aduciendo que éste es un órgano del Estado y lo tiene que elegir la ciudadanía (“Cadena Ser” 10/09/2012), afirmando de forma errada que “la elección por los jueces es una elección corporativa". Y añadiendo que una “elección corporativa” no parecía que fuera lo mejor en una democracia; proyectando hipócritamente el más que evidente “corporativismo” de la clase política y del propio estamento parlamentario, en unos jueces y fiscales que, bien por su razonable limitación para afiliarse a partidos políticos y sindicatos, o bien por su obligada dependencia jerárquica y disciplinaria del Ejecutivo, tienen bastante limitado ese posible ejercicio corporativista, más teórico que real…
Moliner se mostró, por tanto, decidido partidario de que los vocales del CGPJ tengan que seguir siendo elegidos espuriamente por el Poder Legislativo y no por los propios jueces (o de cualquier otra forma que garantice el principio de independencia conforme al reiterado compromiso previo del ministro Ruiz-Gallardón), y de seguir conculcando, en consecuencia, el principio de “separación de poderes” propugnado por Montesquieu y la propia esencialidad constitucional.
Esa nueva imposición del “poder bipartidista” (que conlleva un continuo “más de lo mismo”) es la que encendió la mecha de la reacción generalizada dentro de la Administración de Justicia, aflorando por distintos cauces y niveles funcionales otras motivaciones latentes y llevando a punto de explosión una situación totalmente insostenible. En definitiva, culminando un largo proceso de frustración contenido desde hace años y que, ahora, anuncia ya una respuesta contundente de difícil encaje político, incluyendo quizás una aplicación dura y ejemplar de la justicia en los casos con encausamiento de cargos públicos o que afecten a los partidos y sus áreas de influencia (ahí puede radicar el “meollo” de la cuestión, habida cuenta del nivel de corrupción en el que está inmersa la clase dirigente).
Dicho en términos de caza, y como ya apreciamos en otros análisis sobre el caso, parece que prescindir de las asociaciones de jueces y fiscales en el proceso electivo de la cúpula del Poder Judicial, o ningunearlas, está “marcando el muflón” de un nuevo “pim-pam-pum” nacional. Un ejercicio de desahogo profesional que acaso termine marcando el inicio de una vía reformista más que obligada, pero negada hasta ahora a cal y canto por la privilegiada clase política…
EL RECHAZO A LA MANIPULACIÓN POLÍTICA DE LA JUSTICIA
De hecho, recién abierto el Año Judicial (en septiembre de 2012) todas las asociaciones de jueces y fiscales radicalizaron su posición en contra del Gobierno, y en particular frente al Ministro de Justicia, quien al inicio de la legislatura había empezado a consolidar su imagen política como uno de los miembros del Consejo de Ministros socialmente mejor valorados. Punto de inflexión que se genera, como hemos dicho, en un clima de profundo malestar dentro del mundo de la justicia debido a las reformas legales proyectadas por Ruiz-Gallardón, supeditadas de forma clara a su exclusivo interés político y partidista, a su desentendimiento de las reclamaciones más sustantivas del estamento profesional implicado, al altísimo nivel de corrupción instalado en la vida pública y al malestar general que produce una política de grandes recortes socialmente desequilibrados.
Poco antes, a mediados del pasado mes de julio, Joaquim Bosch, portavoz de Jueces para la Democracia (JPD), ya aseguró que las cuatro asociaciones de jueces y las siete de fiscales estarían de acuerdo con la huelga judicial de jueces si el Gobierno no modificaba sus planteamientos en el ámbito de la Justicia.
Tras el paréntesis veraniego, y en paralelo con aquel inicio del Año Judicial, las reuniones masivas de las Juntas de Jueces celebradas el viernes 21 de septiembre en toda España, confirmaron el malestar larvado en el ámbito de la Administración de Justicia desde hacía tiempo, rebelándose contra las maniobras del ministro Ruiz-Gallardón y aprobando un “Comunicado” cuyo borrador (del 17 de septiembre) fue anticipado como primicia informativa por “El Espía Digital”.
En él, los jueces, magistrados y fiscales de siete asociaciones profesionales (APM, AJFV, JD, FJI, APIF, UPF y la Asociación de Fiscales), quisieron “dejar patente el malestar de la Carrera Judicial y Fiscal debido a la ausencia de voluntad política por la modernización del sistema judicial español, para impulsar una Justicia ágil y eficaz, dotándola de los medios personales y materiales necesarios, cuando, en realidad, no hay inversión más social que la que se efectúa en Justicia, pues una justicia ágil es un elemento fundamental para la reactivación económica y la inversión interna y extranjera, todo ello, en garantía de los derechos de los ciudadanos”.
Al mismo tiempo, frente a esa aspiración, destacaban “el manifiesto interés por el control político” de sus órganos de gobierno. Y denunciaron la actual situación, caracterizada, entre otras cosas, por un palpable abandono de las inversiones públicas en el ámbito de la justicia (mientras se saturaba el país de infraestructuras infrautilizadas e incluso inútiles), la congelación de las plazas judiciales y fiscales (sin convocar las oposiciones necesarias mientras aumentaban desmesuradamente los cargos políticos), la descoordinación en la gestión de la Administración de Justicia (ciertamente letal), los recortes salariales y estatutarios…
Finalmente, planteaban cuatro reclamaciones elementales:
Pero, más allá de aprobar este “Comunicado” del 17 de septiembre, algunas de las Juntas de Jueces (las celebradas en Baleares, Badajoz, Cáceres, Huelva, Málaga, Murcia, Toledo…) recogieron y destacaron la “indignación” que había provocado el nuevo presidente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Gonzalo Moliner, al “no defender los intereses de la carrera judicial” en sus negociaciones con el Ministerio de Justicia, tildadas de “personales” y para las que no se le considera legitimado.
En Madrid, la Junta de Jueces tomó cuatro acuerdos que situaron a sus bases en primera línea de la contestación al Gobierno.
Para empezar, aprobaron “adherirse por unanimidad al acuerdo alcanzado por la Comisión Interasociativa de fecha 17/09/2012 que propone como medidas el cumplimiento estricto de las horas de audiencia fijadas por la Ley, la autorregulación de la carga de trabajo de los Jueces y la participación en la concentración que se convoque a tal fin por la Comisión Interasociativa”. También analizaron con detalle varias medidas de presión, siendo aprobado por mayoría, con una abstención, el secundar la huelga si fuera necesaria como medida de presión.
En segundo lugar, se aprobó pedir la dimisión del presidente del CGPJ por “incumplir sus funciones como miembro de un órgano colegiado, deslealtad frente a la carrera y no garantizar la independencia judicial en las negociaciones y acuerdos privados que ha mantenido con el Ejecutivo, ocultando su verdadero alcance a la Carrera Judicial”.
En tercer lugar, aprobaron “recordar al Ministerio de Justicia que los Jueces somos Poder Judicial; que conforme a datos estadísticos hay un político por cada 106 habitantes y un Juez por cada 10.000 habitantes y que los proyectos legislativos por él auspiciados pretenden terminar con la independencia del Poder Judicial y tienen como finalidad el control de los Jueces”.
Por último, los jueces de Madrid también acordaron “solicitar formalmente la retirada del anteproyecto de reforma de la LOPJ”.
A raíz de esta reacción, fuentes del CGPJ sin concretar señalaron al diario “El País” (22/09/2012) que, en contra de las claras reivindicaciones de los jueces y fiscales para mejorar el deplorable funcionamiento de la Justicia, sus protestas encubrían en realidad “un intento de las asociaciones por seguir controlando la elección de los vocales del Poder Judicial”, que debía renovarse en 2013. Es decir, la perversidad del sistema es tal que, aun representando a los jueces, la cúpula del CGPJ prefiere supeditarse al Gobierno y a los intereses partidistas.
LA IMAGEN PÚBLICA DE RUIZ-GALLARDÓN, POR LOS SUELOS
Así, se consolidaban, por un lado, una actitud de manipulación política de la Justicia, con el anuncio de reformas normativas más que controvertidas y argumentos ministeriales insostenibles, y, por otro, una dura respuesta profesional del estamento judicial que dejaba perpleja a la clase política y entusiasmaba a la ciudadanía, viéndose directamente protegida por las bases del Poder Judicial en cuestiones tan sensibles como los desahucios, el “tasazo”, los indultos de interés político, etc… Un enfrentamiento que ha deteriorado la imagen pública del ministro de Justicia con una rapidez y un nivel de decaimiento sin precedentes.
Al principio de la legislatura, Alberto Ruiz-Gallardón era la “estrella” del Gobierno y el ministro socialmente mejor valorado. Incluso en el Barómetro del CIS de Octubre de 2012, cuando todo el Gobierno de Rajoy aparecía ya radicalmente “suspendido” (con valoraciones muy por debajo del 4 con un baremo establecido del 0 al 10), el ministro de Justicia era considerado como el “menos malo de todos los malos”, con una nota del 3,54.
Pero su actitud política real, perfectamente captada por los encuestados a través de sus propuestas de reformas normativas y de sus enfrentamientos con la Administración de Justicia, le llevó en enero de 2013 a descender de forma brutal en el Barómetro de Metroscopia, hasta ostentar un lamentable “saldo” de valoración social (diferencia entre el porcentaje de aprobación y el de desaprobación) de -46, sólo superado negativamente por el propio Rajoy (-53), Fátima Báñez (-50) y José Ignacio Wert (-56).
Nivel ínfimo que un mes más tarde, a principios de febrero, el mismo índice barométrico de Metroscopia le situaba ya como “farolillo rojo” dentro del desprestigiado equipo ministerial de Rajoy, meritorio título disfrutado ex aequo con el ministro Wert, ambos con un mismo “saldo” súper negativo de -54. Una medición realizada, además, antes de conocerse la Convocatoria de Huelga de jueces y fiscales para el próximo 20 de febrero, que, entre otras cosas, anuncia ya la “muerte política” de Alberto Ruiz-Gallardón.
UNA CONVOCATORIA DE HUELGA JUDICIAL, DEMOLEDORA
La pieza documental que convoca y razona la huelga judicial del próximo 20 de febrero y sus contenidos reivindicativos, además de ser políticamente demoledora y de carecer de precedentes en el régimen democrático, es de muy difícil digestión gubernamental, mereciendo por tanto ser reproducida en su integridad:
CONVOCATORIA DE HUELGA
Las asociaciones abajo firmantes queremos transmitir a la opinión pública:
1. En el mes de octubre de 2012, la Comisión Interasociativa de Conflicto, constituida por todas las Asociaciones de Jueces y Fiscales, a la vista de los proyectos que el Ministerio de Justicia ponía en marcha a espaldas de los profesionales, de los ciudadanos y de su propio programa electoral, inició diversas medidas de conflicto solicitando del Ministerio:
A) Un incremento de la planta Judicial y Fiscal conforme a las previsiones establecidas por el Consejo de Europa. En España hay 10 Jueces por cada 100.000 habitantes, Moldavia y Albania cuentan con 12, Ucrania 14, Portugal 17, Grecia 20 y Alemania 25. Estamos en el puesto 36 del ranking europeo, sólo por delante de Armenia, Azerbaiyán, Georgia, Malta y Dinamarca, país este último con muy baja litigiosidad.
B) La paralización del Anteproyecto de Reforma del CGPJ, cuyo objeto poco disimulado era la asunción por parte del Ministerio de Justicia del Gobierno de los Jueces.
C) Que se mantuviera el presupuesto de Justicia en las previsiones del año 2013. Somos conscientes de la situación de crisis económica que por desgracia atravesamos. Sin embargo, en España, el presupuesto de Justicia no alcanza el 1% del PIB. La media europea está entre el 3 y el 4%.
D) La retirada del proyecto de Reforma de la LOPJ que afecta al Estatuto profesional de Jueces y Fiscales. Dicha reforma no sólo no se retiró, sino que se aprobó por Real Decreto-Ley y se publicó en el BOE de 28 de diciembre. Ello ha supuesto la supresión automática de entre 900 y 1000 jueces sustitutos y magistrados suplentes y 300 fiscales, con la correlativa obligación para los jueces y fiscales (ya tremendamente sobrecargados) de asumir el trabajo de otros órganos judiciales, lo que ya está provocando suspensiones y agrandando las terribles dilaciones que, por falta de medios, sufrimos hace años.
E) Que no se establecieran tasas judiciales que impidieran el acceso a la Justicia. Las tasas no sólo se implantaron, sino en unas cuantías de tal entidad que han impedido e impedirán que muchos ciudadanos puedan acudir a los tribunales para hacer valer sus derechos. De hecho, desde la entrada en vigor del “tasazo” hasta el momento presente se ha producido una disminución en torno al 25 % de litigios respecto al año pasado.
2. El Ministro de Justicia no sólo no ha atendido ninguna de las reivindicaciones que se formulaban, sino que ha declarado pública y reiteradamente que no lo va a hacer. Lejos de asumir su responsabilidad en la politización del órgano de gobierno de los jueces, el Ministro se ha limitado a culpar públicamente a las Asociaciones de tal politización; y paradójicamente, para justificar ante los ciudadanos el incumplimiento de su programa electoral, ha llegado a afirmar que la elección de los Vocales por las Cámaras despolitizará el CGPJ.
3. Determinados acontecimientos que hemos conocido pueden hacer sospechar el fundamento último de las reformas, el motivo oculto que las guía y el objeto que pretenden conseguir: dominar el Consejo General del Poder Judicial, suprimir de facto la independencia judicial (que, como la tutela judicial efectiva, se convertirá en una mera declaración carente de contenido) e imponer a los jueces y fiscales un trabajo inasumible que permita crear espacios de impunidad. Impunidad de la que, por una u otra vía, se han de beneficiar los diversos implicados en casos de corrupción extremadamente graves que estamos conociendo.
4. Y es que, siendo el indulto una medida de gracia excepcional, su concesión reiterada por parte del Gobierno en contra del criterio del Juez o Tribunal Sentenciador y Fiscalía a supuestos gravísimos (y especialmente a políticos condenados por corrupción) tiene un alto coste: el escándalo de la ciudadanía, que constata la existencia de esos espacios de impunidad. Precisamente por ello, la apuesta de nuestros gobernantes es reducir el presupuesto de Justicia, asumir el control de su órgano de Gobierno y reducir un 25% el número de jueces y fiscales del país que menos tiene en Europa; y a los pocos que quedan, ponerles a sustituir en varios órganos y con plena responsabilidad en todos ellos. Así se ralentizará todavía más la ya de por sí dificilísima investigación de los casos de corrupción (y también de todos los demás, aunque estos no importen tanto al Gobierno) y se multiplicará la posibilidad de que el juez y fiscal sobrecargado, estresado y presionado cometa un error que lleve a frustrar el fin del proceso. El objetivo que perseguimos es crear las condiciones para que la Justicia se aplique por igual para todos los ciudadanos sin excepción.
5. Expresamos nuestra preocupación por el drama social de las ejecuciones hipotecarias y pedimos soluciones efectivas para la protección de los afectados.
6. Nos oponemos a la privatización de los Registros Civiles para que se siga manteniendo como un servicio público y gratuito, ya que lo contrario perjudicará a la economía de los ciudadanos.
7. Lamentamos que el sistema preferido para arreglar los problemas de la justicia penal sea el endurecimiento de las penas a través de improvisadas reformas del Código Penal, colapsando así de manera recurrente fiscalías y juzgados.
8. Las Asociaciones de jueces y fiscales llevamos meses intentando negociar con el Ministro de Justicia. Hemos tratado de adoptar medidas que no supongan quebranto alguno para el justiciable (concentraciones, paros de una hora...). Ante la incapacidad del Ministro de Justicia para gestionar la crisis, hemos solicitado ser recibidos por el Presidente del Gobierno, sin respuesta. Y por ello, sin desearlo pero sin tener otra salida, nos vemos obligadas a convocar una de huelga de jueces y fiscales, el próximo día 20 de febrero, invitando al resto de profesionales de la Justicia a secundarla, con las siguientes reivindicaciones:
1) Incremento de la inversión pública en Justicia para que los jueces y fiscales dispongan de los medios materiales y personales suficientes para poder desempeñar sus funciones de acuerdo con las elevadas atribuciones constitucionales que tienen asignadas y poder prestar un servicio público adecuado a la ciudadanía en defensa de sus derechos fundamentales.
2) Paralización inmediata del Proyecto de Ley para la reforma del Consejo General del Poder Judicial, órgano constitucional llamado a garantizar la independencia de los jueces que, con la proyectada reforma, pasaría a convertirse en un apéndice del Ministerio de Justicia.
3) Derogación de la LO 8/2012, a fin de garantizar la tutela judicial efectiva, y dotación inmediata de presupuesto suficiente para la designación de jueces y fiscales sustitutos, hasta que se incremente la planta judicial y fiscal.
4) Derogación de la Ley 10/2012, o modificación urgente de la misma, a fin de que las tasas judiciales no supongan vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva de los ciudadanos.
5) Reforma de la Ley del Indulto, porque en la actualidad incumple el deber de sujeción al derecho de todos los poderes, propiciando la discrecionalidad política de forma arbitraria, al no requerir explicación alguna para su concesión, y dejar sin efecto las condenas.
No obstante, los gravísimos acontecimientos recientes hacen preciso, en interés de la Nación y de su imagen internacional, un fortalecimiento del Poder Judicial, como último garante del Estado. Pedimos el apoyo para esta convocatoria a la “Plataforma Justicia para Todos” y a los distintos sectores de la Administración de Justicia. Por ello, pese a que consideramos la huelga una medida de conflicto legítima y justificada, estamos dispuestos a desconvocarla siempre que el poder político abandone toda tentativa de recortar las competencias del Consejo General del Poder Judicial y que el Ministerio de Justicia empiece a actuar como un gestor competente, dotando realmente a la Administración de Justicia de los medios personales y materiales imprescindibles, que mejoren la paupérrima situación, en vez de recortar aún más los escasos medios con que contamos.
Madrid, 5 de febrero de 2013
ASOCIACIÓN JUDICIAL FRANCISCO DE VITORIA
JUECES PARA LA DEMOCRACIA
FORO JUDICIAL INDEPENDIENTE
UNIÓN PROGRESISTA DE FISCALES
ASOCIACIÓN PROFESIONAL INDEPENDIENTE DE FISCALES
Un aspecto destacable de este documento es que el sentimiento de jueces y fiscales que recoge, coincide plenamente con las aspiraciones ciudadanas, sin que se haya incluido en él ninguna reivindicación económica personal. Otro es que, por sentido de la responsabilidad y con objeto de no perjudicar a los ciudadanos de forma innecesaria, deja abierta la puerta del diálogo con el Gobierno y la posibilidad de desconvocar la huelga si se dieran las condiciones adecuadas.
Por otra parte, es significado el paralelismo de esta acción reivindicativa con la anterior (y hasta ahora única) huelga judicial, vivida en España el 18 de febrero de 2009. Su seguimiento fue mayoritario (alcanzó un 62 por 100), a pesar de haber sido convocada sólo por la Asociación Judicial Francisco de Vitoria (AJFV) y el Foro Judicial Independiente (FJI), y evidenció ante los ciudadanos, que entonces culpaban exclusivamente a los jueces del mal funcionamiento de la Justicia, las deficiencias estructurales del sistema judicial y la falta de los medios de trabajo más elementales (como un adecuado sistema informático compatible en toda España y una oficina judicial eficaz) que se arrastran secularmente con la responsabilidad compartida de todos los gobiernos del PP y del PSOE.
Aquella primera huelga judicial fue el golpe definitivo que llevó al polémico ministro de Justicia del momento (que había pretendido prohibir la huelga), Mariano Fernández Bermejo, a dimitir de su cargo cinco días después, el inmediato 23 de febrero de 2009.
LAS “RAZONES PERSONALES” DE RUIZ-GALLARDÓN
Con independencia del deterioro que esta segunda huelga producirá en la imagen del ministro Ruiz-Gallardón, y al margen también de que pueda forzar o no su dimisión, otro aspecto digno de consideración es el de cómo afectará a su campaña encubierta, pero continua, para sustituir a Mariano Rajoy en la Presidencia del Gobierno de la forma que fuere. Tras el “finiquito político” de Esperanza Aguirre y la previsión de que, tarde o temprano, el presidente Rajoy quede “abrasado” por la crisis económica, su interés más inmediato parece centrado en continuar tendiendo puentes y mantener buenas relaciones con el PSOE (que prudentemente no pide elecciones anticipadas pero si la sustitución de Rajoy) y en mantener una relación “diplomática” con los socialistas, por ejemplo “recomponiendo” con ellos la radicalidad de la reforma de la Ley Orgánica 2/2010, de 3 de marzo, de salud sexual y reproductiva y de la interrupción voluntaria del embarazo (Ley de Plazos), convenientemente “aparcada” por Ruiz-Gallardón a pesar de estar incluida en el programa electoral de su partido.
Más allá todavía, y según se ha rumoreado en medios informados de la Unión Europea tras los comentarios que el propio Ruiz-Gallardón habría deslizado ante algunos de sus mandatarios más significados, no cabe desechar la idea de que, en un momento crítico dado, aspire a postularse (o a que le postulen) como “el Monti español”; es decir, como un presidente de Gobierno transitorio y de consenso político, sin necesidad de convocar elecciones legislativas anticipadas. Caso en el que su particular relación con el PSOE allanaría el terreno y los pactos parlamentarios necesarios.
De esta forma se entiende también que fuera un candidato del PSOE, Gonzalo Moliner, el que se alzara con la presidencia común del CGPJ y el TS, nombramiento muñido, como hemos dicho, por dos peones de Alfredo Pérez Rubalcaba (Soraya Rodríguez Ramos y Antonio Camacho) y el “segundo” de Alberto Ruiz-Gallardón en el Ministerio de Justicia (Fernando Román)...
Por otra parte, parece que en el cuartel general del PP (Génova 13) ya se ve con recelo la especial relación de “confianza” que Ruiz-Gallardón mantiene con “El País”, y en concreto con algún redactor de lo publicado sobre las “fotocopias de Bárcenas” (dos días antes de dicha explosión informativa se les vio comiendo juntos en un restaurante navarro muy próximo a la sede central del PP, “La Manduca de Azagra”, en la calle Sagasta 14), lo que hace pensar que, cuando menos, el ministro de Justicia sabía lo que se estaba cociendo periodísticamente, guardándolo para sí.
Además, en la alta dirección del PP también se ve con gran preocupación la posible implicación de Ruiz-Gallardón con el “caso Urdangarin”, a propósito de la investigación realizada en Madrid los días 7 y 8 de febrero por el juez-instructor José Castro, y el fiscal anticorrupción de Baleares, Pedro Horrach, durante la que interrogaron a varias personas, todas vinculadas a la “Fundación Madrid 2016” impulsada por Ruiz-Gallardón para promocionar la frustrada candidatura de la capital como sede de los Juegos Olímpicos. El entonces alcalde de Madrid ordenó el pago de 144.000 euros al duque de Palma por unos trabajos presuntamente ficticios, de los que el juez Castro no encuentra el menor rastro…
La realidad es que manteniendo en Justicia a Ruiz-Gallardón y alentando por tanto sus ambiciosas “razones personales”, que vienen de antiguo y son perfectamente conocidas, el PP parece irremediablemente condenado a sufrir, también por el flanco de la Justicia, un gran deterioro electoral y, sobre todo, una irreparable pérdida de credibilidad democrática.
LA CONSOLIDACIÓN DE LA “DICTADURA DE LOS PARTIDOS”
Para muchos observadores perspicaces, el tema de las tasas judiciales, es una buena muestra instrumental de por donde lleva realmente las cosas el avezado Ruiz-Gallardón. Para ellos, el “tasazo” no deja de ser un tema que, para empezar, puede funcionar perfectamente como cortina de humo lanzada con el doble objetivo de sondear la fuerza y cohesión interna en la Administración de Justicia y distraer la atención sobre algo mucho más importante para consolidar la supremacía política del Poder Ejecutivo: la reforma profunda (y en pro de una “dictadura de los partidos”) de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, cuyo contenido ya ha comenzado a modificarse con la Ley Orgánica 8/2012, de 27 de diciembre, de medidas de eficiencia presupuestaria en la Administración de Justicia.
No obstante, sobre la conocida como “Ley de Tasas” (Ley 10/2012, de 20 de noviembre), que, como sabe perfectamente Ruiz-Gallardón, supone una vulneración grave del derecho a la tutela judicial efectiva de los ciudadanos establecida en el artículo 24 de la Constitución, conviene informar a la opinión pública que durante el proceso de redacción, el entorno ministerial mantuvo conversaciones con los órganos de gobierno de la judicatura y con las asociaciones profesionales, asegurándose en ellas que las nuevas tasas serían “algo testimonial, sobre unos 50 o 60 euros de incremento”, lo que en principio a todos los colectivos les pareció algo asumible. La inadmisible realidad posterior del “tasazo” que supone la Ley 10/2012, es cosa muy distinta y, en el fondo, acorde con la fama de político ingrato que tiene Ruiz-Gallardón incluso dentro de su propio partido (Esperanza Aguirre se dirigía a él de forma reservada como “el hijo de puta”).
A pesar de que los edecanes ministeriales y el propio Ruiz-Gallardón habían prometido por activa y por pasiva que las tasas no entrarían en vigor hasta 2013, las impusieron aceleradamente el 20 de noviembre, forzando a los despachos jurídicos a meter por Decanato a todo correr cuantas demandas y querellas tenían pendientes, convirtiendo los juzgados en un auténtico patio de monipodio. Hasta el punto de tener que rebajar la tensión generada dejando en suspenso las tasas “por problemas de implantación técnica” (se carecía de formularios y de procedimientos para que los funcionarios pudieran implantar las tasas en el Sistema de Gestión Procesal “Minerva NOJ”).
Un errático proceder sin precedentes conocidos en la Administración de Justicia y totalmente incomprensible salvo que, en vez de tratarse de una “chapuza” legislativa, el propio ministro se fabricara una vacatio legis a su particular medida y perfectamente planificada para testar la capacidad de reacción del estamento judicial ante lo que verdaderamente pretende el Gobierno de Rajoy…
Porque el objetivo político que se va cocinando “a puerta cerrada”, no es otro que el ya comentado de la reforma del Poder Judicial y del propio funcionamiento de la Justicia bajo la tutela del Ejecutivo y de las fuerzas políticas que le sustentan alternativamente (PP y PSOE), consumando así la invasión partidista en todos los ámbitos de la vida pública y la impunidad de la corrupción política. Es decir, transformando sutilmente la democracia en una “dictadura de los partidos” o, expresado de otra forma, en una vergonzosa “satrapía partitocrática”.
No hace falta ser juez ni fiscal, y ni siquiera abogado, sino tan sólo buen observador de la realidad social, para ver la senda por la que encauza sus peligrosos pasos el actual ministro de Justicia, sobre el que todavía caben muchas sospechas de falso demócrata. De momento, y dispuestos a que expertos juristas nos enmienden la plana, ahí quedan para nuestros lectores algunas llamadas de atención que no son poca cosa:
¿ES RAJOY “EL REFERENTE DE LA REGENERACIÓN DEMOCRÁTICA”?
Con todas estas gloriosas iniciativas in mente, está claro que el ministro Ruiz-Gallardón o se hace el amo de la “satrapía partitocrática” o termina en la cuneta política: “Camina o revienta” como diría Manuel Benítez “El Cordobés”, afamado matador de toros inventor de la suerte denominada “el salto de la rana”. Claro está que con un padrino de alternativa bien notorio: Mariano Rajoy, presidente del Gobierno y del PP.
Ruiz-Gallardón tiene a su favor el entusiasta apoyo de toda la clase política, porque sus reformas judiciales, teniendo bien sujeto al Poder Judicial, garantizan la impunidad de la corrupción partitocrática. Y en su contra la ética política, la dignidad personal y los principios y valores que, de verdad, inspiran la democracia.
Estos días, y precisamente en el marco de la polémica suscitada con el “caso Gürtel-Bárcenas”, paradigma de la corrupción política, Alberto Núñez Feijóo, uno de los pocos políticos que todavía pueden ser escuchados por los ciudadanos, ha afirmado con contundencia: “El referente de la regeneración democrática es Rajoy”. Pero, sin embargo, las reformas mangoneadas por el ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, suponen todo lo contrario, porque requieren el aval solidario del Consejo de Ministros; obviamente, eso es lo que piensan los jueces y fiscales independientes que entienden la Justicia al servicio de los ciudadanos y como soporte vital de la libertad y la democracia.