En nuestra anterior Newsletter (“El Gobierno y la Oposición, en caída libre”), señalábamos que el “caso Bárcenas”, puesto a sangre y fuego en la picota informativa por “El Mundo” y “El País”, era una de las muchas minas explosivas del “caso Gürtel” con efecto retardado que Rajoy no ha sabido desactivar en tiempo y forma. Advertíamos también que su gran capacidad destructiva, encastrada bajo la línea de flotación del PP y de muy largo alcance, generaría graves problemas añadidos para el Gobierno de difícil superación en la actual situación de crisis general. Y augurábamos, además, un estropicio partidista con secuelas tan perniciosas e irreparables como las sufridas por el PSOE tras la particular corrupción política que acumuló en los estertores del “felipismo”.
Tiempo atrás, en febrero de 2012, cumplidos ya tres años desde que el diario “El País” comenzara a desvelar la trama del espionaje que enfrentó a los dirigentes madrileños del PP asentados en el Ayuntamiento y en la Comunidad, y algo menos desde que el juez Garzón iniciara la investigación colateral del “caso Gürtel”, bastante más rico en entresijos delictivos de hondo calado, Fernando J. Muniesa publicó en esta misma web un incisivo artículo de opinión sobre el trasfondo profundo de toda esa corrupta maraña. Ahora, su análisis merece ser recordado, justo en el momento en que los hechos posteriores vienen a corroborar sus tesis y las consecuencias que apuntaba a futuro.
EL VAIVÉN DE UNA JUSTICIA CON “GEOMETRÍA VARIABLE”
De hecho, aunque las primeras conclusiones judiciales del “caso Gürtel” anunciaran que todo podría quedar en “agua de borrajas”, con el juez Garzón herido de muerte profesionalmente, la cosa ha dado, como estamos viendo, para mucho más. Y ello con independencia del deterioro añadido que ya produjo en la cuestionada imagen pública de la clase política y del descrédito de la actual justicia de “geometría variable”, que confunde a los ciudadanos con sus continuos vaivenes, criterios territorialmente distintos, condicionantes del Ministerio Fiscal, aforamientos, indultos, excarcelaciones, criterios de instrucción sin estandarizar y hasta tribunales profesionales versus jurados populares…
El espejismo legal que supuso la “no culpabilidad” judicial del Presidente de la Generalitat Valenciana, Francisco Camps, y su inmediata amortización política aun cuando mantuvo a su partido con mayoría absoluta en las últimas elecciones autonómicas del 22 de mayo de 2011, incluso con la evidencia de las regalías quizás disfrutadas desde el cargo, no dejaron de sorprender al observador perspicaz. Al margen de cualquier consideración ética, que al día de hoy nada cuenta ya en el sistema político.
Porque, si Camps era “inocente” (no fue condenado por los tribunales de justicia) y había estado tan arropado por Rajoy, ¿a santo de qué vino su defenestración política…? ¿Acaso tenía el presidente del PP y del Gobierno información pertinente y más comprometedora que la aflorada hasta entonces en juzgados y medios de comunicación social…?
Esa misma sorpresa se produjo también con la exoneración de otros implicados del PP en el “caso Gürtel” (el ex senador por Cantabria Luis Bárcenas, el ex diputado por Segovia Jesús Merino y el ex eurodiputado Ricardo Galeote) por parte del juez del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, Antonio Pedreira, rectificada más tarde por el nuevo instructor Pablo Ruz que decidió su “re-imputación” por supuestos delitos fiscales y evasión de capitales… Sin olvidar las agrias declaraciones de algunos dirigentes populares acusando al Gobierno socialista de haber manipulado a la Policía y a la Fiscalía General del Estado en su contra, que ciertamente fueron palabras mayores.
Lo significativo de toda esta tramoya de grave corrupción política, es que el enredo inicial, nacido sin más de un enfrentamiento entre la tesorería nacional del PP y la homóloga de su organización madrileña, alentado por el favor de las adjudicaciones públicas y las compensaciones empresariales para la financiación ilegal del partido (mordidas de los “conseguidores” aparte), condujo de inmediato a desvelar toda la trama organizativa de “Gürtel” (que en alemán significa “cinto” o “cinturón” en alusión a “Correa”, apellido del principal imputado del caso). Un corto recorrido en el que tampoco faltarían las luchas personalistas vinculadas al poder interno del partido, ni, por supuesto, todas las lealtades y deslealtades que suelen conllevar.
Asunto, pues, de profundo trasfondo partidista y gran interés ciudadano que, más allá de lo que pueda suponer para la mala imagen pública del PP, ha terminado impactando por elevación en los cimientos del propio sistema democrático, dejando en evidencia la debilidad de alguna de las vigas maestras que soportan el Estado de Derecho. Algo que se produce, además, en línea de continuidad con el “caso Naseiro”, estallado en 1990 cuando José María Aznar ya presidía el PP, y del que, según parece, nadie en el partido sacó la menor enseñanza.
Las advertencias para que el PP “delimitara daños” al inicio del problema, que las hubo, cayeron en saco roto y, así, las refriegas políticas y judiciales entre dirigentes populares de la CAM (Aguirre/González) y del Ayuntamiento de Madrid (Ruiz-Gallardón/Cobo), más las victimas heridas en el combate, siguieron vivas y retroalimentando peligrosamente un esperpento que ya anunciaba la autodestrucción del PP. Y manteniendo por tanto el “fuego amigo” en la guerra abierta entonces por el control de Caja Madrid, un importante bastión de apoyo financiero al que tampoco fueron ajenos intereses tan dispares como los de FAES, la fundación-juguete de José María Aznar, y los del Grupo Prisa, patrocinador de una de las partes enfrentadas (la municipal liderada por Ruiz-Gallardón) y encargado de asistirla en el terreno mediático.
LA FINANCIACIÓN ILEGAL DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS
Pero la afección más preocupante del caso, porque sobrepasando esa pelea fratricida arrastra prácticas sintomáticas que deterioran gravemente la precaria salud de nuestra joven democracia, se centra en las vías ilegales utilizadas para la financiación de los partidos políticos. Llegar desde esas iniciativas al blanqueo de capitales, al fraude fiscal, al cohecho y al tráfico de influencias, es prácticamente irremediable. Incluyendo, por supuesto, la deriva delictiva del lucro personal de quienes intermedian en ese proceloso menester, que es el peligroso flanco por el que siempre terminan estallando los escándalos de la corrupción política.
Ese apadrinamiento espurio de la democracia, absolutamente generalizado en la actual sistema político y de partidos, tomó rápida referencia en las ayudas prestadas en 1984 por el sector de las empresas constructoras al Partido Reformista Democrático (PRD), organizado por Miquel Roca, Antonio Garrigues Walker y Florentino Pérez tras la debacle electoral de la UCD en las elecciones generales de 1982 (pasó de 168 escaños a 11). Los grandes empresarios del momento, básicamente los de la construcción, aportaron a las arcas del PRD unos 1.500 millones de las antiguas pesetas en dinero “negro” como compensación a las adjudicaciones de obra comprometidas por el Gobierno de la Generalitat de Catalunya, dirigido por CiU, formación política que apadrinaba la denominada “Operación Reformista”, y que ya se tasaron en un 3 por 100 del volumen de obra adjudicada mediante concurso público (manipulado) y en el 5 por 100 de las adjudicadas “a dedo”.
Aquella financiación “extra” o complementaria de los créditos bancarios oficiales prestados al PRD, supuso un éxito de captación ilegal de fondos, ocultación fiscal y negocios fáciles, que se convirtió de inmediato en el modelo a imitar por los demás partidos políticos. Conformó la “hoja de ruta” a seguir para financiar sus excesos presupuestarios, práctica emergente que ya proporcionó los primeros disgustos al PSOE al cobrar comisiones ilegales por la adjudicación de concesiones en el Ayuntamiento de Madrid en 1981 (a las empresas Semat y Selberg) y por la financiación recibida del Grupo Flick a través de la Fundación Friedrich Ebert, próxima al SPD alemán.
El “escándalo Flick”, que en Alemania supuso el soborno de todos los partidos representados en el Bundestag (democristianos, socialdemócratas y liberales), tuvo una deriva española que proporcionó al PSOE un millón de marcos alemanes antes de ganar las elecciones de 1982 que permitieron a Felipe González alcanzar la presidencia del Gobierno.
En España se tuvo conocimiento de esta “donación” secreta cuando en 1984 el diputado socialdemócrata Peter Struck declaró en la prensa de su país que otro diputado de su propio partido, Hans Juergen Wischnewski, habría entregado aquella sustanciosa cantidad proveniente de la misma trama alemana de corrupción al propio Felipe González, lo que provocó una célebre frase del entonces presidente del Gobierno español: "No he recibido ni un duro, ni una peseta, ni de Flick ni de Flock".
Personas vinculadas entonces al Grupo Flick facilitaron la disolución del caso, prácticamente como “un azucarillo en un vaso de agua”, recordando discretamente al entonces secretario general de Alianza Popular, Jorge Verstrynge, muy beligerante con el PSOE, que similares subvenciones habrían llegado también a manos de Manuel Fraga. Un año después se prohibiría de forma expresa a los partidos políticos recibir donaciones extranjeras…
ENTRAR A SACO EN LA CORRUPCIÓN POR ACTIVA O POR PASIVA
La ligereza con la que se engrasó la tesorería de la “Operación Reformista”, marcó un antes y un después en la financiación ilegal de los partidos políticos con cuotas de poder que les permitiera comprometer contratos y concesiones “contra comisiones”. El modelo se extendió rápidamente, corrompiendo de forma absoluta la adjudicación de obras y servicios públicos, falseando las contabilidades oficiales (con el consiguiente quebranto para el erario público) y, finalmente, generando una nueva clase de “delincuencia-recaudadora” auspiciada, de forma sin duda paradójica, por las personas y entes políticos que más debían respetar y proteger la legalidad del Estado de Derecho.
Aún a pesar de haberse convertido en una práctica de connivencia entre toda la clase política (sin que ningún partido la denunciara), los llamativos e inexcusables excesos que produjo concluyeron en casos judiciales tan sonoros como el de la “construcción de Burgos”, que explosionó en las manos del PP en 1988, y el de “casinos de Cataluña”, desvelado en 1989 y que afectó de lleno a la financiación de CDC. A ellos siguieron un creciente listado de escándalos de corrupción política que eclosionaron en 1990, afectando de forma generalizada al PSOE (“caso Juan Guerra” y “caso Ceres”), al PP (el ya citado “caso Naseiro”) y al PNV (“caso Tragaperras”).
En 1991 explotó la trama de Filesa, Malesa y Time-Export, en 1993 el “caso del AVE” y en 1996 el procedimiento que implicó a Gabriel Urralburu y Javier Otano, todos ellos protagonizados por el PSOE. A continuación, la misma corrupción política ya indiscriminada abarcó en su impresentable desmesura casos como el de la Diputación de Zamora (PP), el expolio degenerativo de Marbella protagonizado por el entorno de Jesús Gil, el escándalo judicialmente “hibernado” del Ayuntamiento zaragozano de La Muela (PAR), el “caso Pallerols” (UDC), el “caso Palau”, el “caso Pretoria”…
Una corrupción política masiva recrudecida día a día con latrocinios que ya irrumpen en cualquier ámbito político, como el de los ERE falsos propiciados en la Junta de Andalucía (PSOE) y el del caciquismo laboral implantado por la familia Baltar en la Diputación de Ourense (PP), afectando incluso a instituciones antes “intocables”, como el Consejo General del Poder Judicial y la Casa Real, emporcadas respectivamente por el “caso Divar” y el “caso Urdangarin”…
Es cierto que en 1994 se intentó reconducir la ya imparable oleada de delincuencia política nacional, creándose en el Congreso de los Diputados una Comisión de Estudio para la Financiación de los Partidos Políticos (V Legislatura), aunque con más intención de tranquilizar al electorado que interés en resolver el problema de fondo. A pesar de la imparcialidad con la que fue presidida por el diputado Luis Mardones, de sus metódicos análisis y de las razonables propuestas redactadas por la Comisión, que incluso fueron concertadas con las entidades financieras del país afectadas por los continuos “pufos” de los partidos políticos, la mentalidad y el arraigo de sus intereses impidieron la reforma del sistema a todas luces corrompido, sin que el consenso entre PP y PSOE permitiera siquiera dar carta de naturaleza a las conclusiones del trabajo realizado.
También hay que reconocer la promulgación de una nueva normativa, más avanzada, sobre Contratos del Sector Público (Ley 30/2007) y sobre Financiación de los Partidos Políticos (Ley Orgánica 8/2007), e incluso la modificación de la Ley Orgánica 5/1085, de 19 de junio, del Régimen Electoral General. Pero ni estas actualizaciones ni el propio Tribunal de Cuentas, con funciones específicas (fiscalizadora y de jurisdicción contable) para ejercer el control externo de la actividad económico-financiera del sector público, han podido llegar al meollo del asunto, ni reconducir, por tanto, la permisividad del sistema con el que se financian realmente los partidos políticos.
Un mecanismo de “pago por favores políticos” que afecta a todo tipo de concesiones y contrataciones públicas (estatales, autonómicas, municipales y de diputaciones provinciales o cabildos insulares) y, más allá todavía, a la propia ordenación urbanística del territorio nacional (con las tentadoras “recalificaciones” de suelo sólo contenidas por su propio exceso). Es decir, a toda una extensa trama de intereses económicos y prácticas políticas espurias que acumula cifras ingentes de negocio, y que, reconózcase o no, pasa por las arcas caudinas de la clase política, antes de Bárcenas, con Bárcenas y después de Bárcenas.
LOS ENRIQUECIDOS GANAPANES DE LA POLÍTICA
Esto es, ni más ni menos, lo que controlan y administran los gerentes y tesoreros de los partidos políticos, con las consiguientes derramas entre intermediarios y aprovechados de turno. Y esto es lo que también subyace profundamente en el “caso Gürtel” y en sus numerosos precedentes y subsiguientes: la versión “democrática” de la corrupción de cuello blanco, envuelta, si se quiere, en papel de celofán.
Los ingredientes novedosos del sistema, que conlleva una dinámica propia e incontenible, incluyen la implicación de personas como instrumentos puente o vehiculares del sistema, devenidos en sinvergüenzas de primera clase, que en su descarado papel utilizan procedimientos bastos y rudimentarios coherentes con su escasa formación personal y su sentido de la impunidad, asentado sin duda alguna por la incoherencia democrática y la continua deslegitimación del sistema político.
Son los consabidos Correa, “Bigotes”, Juan Guerra o Aída Álvarez; sin olvidar, claro está, la recua de meros “sospechosos” o imputados de mayor porte y calado como los “Pujolitos”, los Baltar, Bárcenas, Urdangarin, Torres… y otros muchos personajes verdaderamente notables pillados “con las manos en la masa” como Félix Millet, Lluis Prenafeta, Maciá Alavedra, Bertomeu Muñoz, Fidel Pallerols, etcétera. Todos muy alejados y distintos del Florentino Pérez de la “Operación Reformista” que, siendo pionero del sistema, nada metió en bolsillo propio durante su función de ecónomo partidista, por incómoda que parezca la comparación.
En segundo lugar, el deterioro de la vida política y la regresiva calidad de sus protagonistas ha ido llevando a que la confusa amalgama de “gerentes”, “tesoreros” y “recaudadores” de los partidos, que en todo caso deberían ser meros empleados o colaboradores sin cargos ni responsabilidades políticas, hayan accedido a sus órganos de gobierno e incluso a cargos de elección pública, buscando quizás alguna suerte de protección personal ante eventuales imputaciones judiciales. A nadie se le escapa la diferencia sustancial que existe entre procesar a un simple intermediario o a quienes ocupan escaño parlamentario o cargo político en algún nivel de gobierno.
EL PROCELOSO PAPEL DE LAS EMPRESAS DE SEGURIDAD
Y, en tercer lugar, no es menos preocupante que en estas manifiestas prácticas de corrupción política hayan podido entrar empresas de seguridad y detectives privados que, en vez de facilitarlas, tienen la obligación de informar inmediatamente a las autoridades competentes sobre cualquier conocimiento indiciario que tengan de actos delictivos. Las investigaciones de “El Mundo” apuntan en directo también a empresas de seguridad.
El despecho de este tipo de compañías o profesionales, con grandes medios de investigación propios y relacionados con free-lancers de la Seguridad del Estado, ante tratos políticos que consideren “desfavorables”, es capaz de generar una cadena de venganzas soterradas que, como se pudo apreciar en la trama del espionaje político desatada en Madrid hace ya cuatro años como antesala del “Gürtel”, más allá de intentar llevarse por delante a partidos y líderes políticos, también producen un daño colateral demoledor para la imagen del sistema democrático.
De hecho, la antigua SERYGUR (empresa convenientemente transformada en ALIUM Seguridad), vinculada en su origen al aparato nacional del PP y muñida por un personaje ciertamente peculiar, Álvaro de la Cruz Gil, tuvo mucho que ver en las batallas por la adjudicación de contratos que iniciaron la “guerra del espionaje” entre el Ayuntamiento y la Comunidad de Madrid y que finalmente conllevó al “caso Gürtel”. Fue una compañía de seguridad impuesta por la Gerencia del PP en su entorno de influencia y proveedora referencial de servicios en la corporación municipal presidida por Alberto Ruiz-Gallardón.
En medios informativos restringidos, Álvaro de la Cruz llegó a ser conocido como la “garganta profunda” de las interioridades del PP cuando en tiempos de la V Legislatura desempeñaba el cargo de jefe del Gabinete de su entonces secretario nacional, Francisco Álvarez-Cascos. En pleno embrollo del “Gürtel”, también mantenía una estrecha relación con Jesús Sepúlveda Recio, implicado en el caso, marido de Ana Mato y entonces alcalde de Pozuelo, a través de la Fundación “Pozuelo Siglo XXI”.
De forma colateral al tema que nos ocupa, no dejaría de ser interesante realizar un análisis de la correlación existente entre determinadas empresas de seguridad (sus accionistas, asesores y cargos directivos) y sus clientes institucionales y del sector público, así como de los detectives privados y consultores de Información/Inteligencia que trabajan en el entorno ilegal del “tráfico de influencias”. Algo extremadamente fácil para los responsables del CNI que tanto pontifican sobre la crisis como “amenaza a la seguridad nacional”.
El “caso Gürtel” (que ahora es el “caso Gürtel-Bárcenas”) se nos muestra, pues, como la viva imagen de un moderno Saturno, pero no devorador sino devorado por sus propios hijos. Un espectáculo poco edificante en un contexto democrático, que desde el consenso político se debería atacar manu militari, incluyendo un auténtico control por parte del Ministerio del Interior de las compañías de seguridad, los detectives privados y los agentes de los Cuerpos de Seguridad del Estado entrometidos en las cloacas de la corrupción política y las luchas partidistas.
LA TENDENCIA CAINITA DE LA DERECHA POLÍTICA
Pero, puestos en trance de general preocupación, lo que más debería temer Rajoy en relación con el “caso Gürtel-Bárcenas” es su posible deriva hacía el reconocido comportamiento cainita de la derecha española. Rodolfo Martín Villa, auténtico animal político y testigo excepcional de lo que ha sido la vida pública española durante el último medio siglo, que no es poco, hizo célebre en su día una frase ciertamente expresiva al respecto: “¡Cuerpo a tierra, que vienen los nuestros!”.
Una precaución que no debieron olvidar Esperanza Aguirre ni Ignacio González tras obtener el PP la mayoría parlamentaria absoluta en los comicios legislativos del 2011, cuando la crecida “marianista” decidió “ir a por todas” dentro del partido, “calentando” la dimisión de la presidenta de la CAM hasta conseguirla el pasado 17 de septiembre. Un acoso fratricida que, en el momento oportuno, tendrá con toda seguridad nueva edición en la persona de su sucesor.
La instigación de este tipo de ataque intramuros del propio PP es más que evidente, sin otro objeto que el de arrebatar un clan a otro clan del mismo partido cualquier atalaya o cuota emblemática de poder, en una afanada satrapía impropia del sentido común más elemental y rayana en el suicidio político. Si el PP tiene la suerte de contar con bastiones electorales tan referenciales y consolidados como ha sido el de la Comunidad de Madrid, déjenlo estar. Y si, en todo caso, alguien aspira a dirigirlo de forma legítima, trabájese la sucesión por vías más naturales y democráticas, sin prácticas dinamiteras que, además de descalificar a sus ejecutores, también señalan a la cúpula partidista que las tolera, lo que es casi tanto como alentarlas.
Todos los analistas políticos saben que tras cuestionarse el liderazgo del PP en su XVI Congreso, celebrado en Valencia en junio de 2008, y sobre todo a raíz de que en enero de 2009 explotara el “caso del espionaje” que enfrentó a la Comunidad de Madrid con el Ayuntamiento capitalino, quien más y quien menos tomó posiciones próximas o afines al entorno de Esperanza Aguirre, por un lado, o al de Mariano Rajoy por otro. Las tensiones entre ambos, y el “tira y afloja” con el que se posicionaban los personajes con futuro político más expectante (desde Alberto Ruiz-Gallardón a Lucía Figar), propició un peligroso clima de deslealtades y arribismos interesados de pésima lectura ciudadana y peores consecuencias internas.
Pero más torpe todavía ha sido la actitud triunfalista del “marianismo”, en parte atiborrado de conversos, que decidió desalojar precipitadamente del poder a Esperanza Aguirre, intentando eliminar antes a quien ejercía como su jefe de Estado Mayor, Ignacio González, y colocando en el disparadero sucesorio a Lucía Figar, casada con el mismo Carlos Aragonés que ya ofició de enredador en otras importantes tramas hereditarias dentro del PP. Es decir, en un “quitaros vosotros para ponernos nosotros”, sin reparar en medios ni formas y, si hiciera falta, destruyendo (como se intentó) en los prolegómenos del último Congreso Regional del PP, celebrado el 28 y 29 del pasado mes de abril, todo el prestigio y el capital político del partido a nivel autonómico, ganado merecidamente con gran esfuerzo y dedicación desde hace muchos años.
Sí. Primero quisieron cargarse a Ignacio González y después desplazar a Esperanza Aguirre de forma más o menos “dulce”. Pero no con prácticas democráticas, previo debate congresual y con votaciones ad hoc, sino con una operación de persecución mediática mecida por los propios compañeros del PP (“los suyos” sobre los que afinadamente advertía Martín Villa), y amagando con acusaciones de corrupción al margen de cualquier denuncia presentada ante los tribunales de justicia; batalla que continúa sin que nadie haya reparado inteligentemente que en sus inicios propició la peligrosísima eclosión del “caso Gürtel”, hoy, como hemos dicho, convertido en el “caso Gürtel-Bárcenas” y en arma propiciatoria para la destrucción del PP.
Porque el acoso al tándem Aguirre/González no partió de la oposición política, que se ha mantenido prudentemente distanciada del tema, sino de “El País”, entonces padrino mediático y protector de Alberto Ruiz-Gallardón, y después de un periódico como “El Mundo” que se mueve a golpes de intereses divergentes, con extrañas directrices editoriales y con amigos y enemigos de “oportunidad” muy variables...
No es el momento de seguir analizando la situación y los enfrentamientos del PP en Madrid, pero sí de tomar el ejemplo como una referencia, clara y sintomática, de hasta dónde puede llegar el “caso Gürtel-Bárcenas”.
EL PELOTEO MORTAL DEL “CASO GÚRTEL-BÁRCENAS”
Si alguien tiene información sobrada para hacer saltar por los aires al PP ese es, sin duda alguna, Luis Bárcenas, ex senador del PP por Cantabria y ex miembro de su Ejecutiva Nacional. No en vano, como gerente y/o tesorero del partido durante 28 años (Rajoy le ascendió a tesorero) ha guardado --y guarda todavía-- las llaves de su santabárbara contable, ha “chuleado” al partido cuanto ha querido y no aparenta tener la menor intención de ir a dar con sus huesos en la cárcel así como así: sus amigotes de la trama “Gürtel” parecen referirse a él, según consta sumarialmente, como “Luis el Cabrón”, que ya es decir.
De ahí a filtrar de forma directa o indirecta veneno en rama o a poner en marcha el ventilador de la corrupción interna del PP queda muy poco. Una posibilidad ya de muy difícil control y viable también para otros muchos francotiradores vengativos más o menos “maltratados” y metidos en el ajo, e incluso para fuentes internas de segundo o tercer nivel interesadas honradamente en la regeneración política, investigaciones periodísticas y judiciales aparte.
Para empezar, “El Mundo” inició su fuego informativo graneado sobre este escandaloso tema el pasado 17 de enero, una vez que el juez que investiga la trama del “caso Gürtel” en la Audiencia Nacional, Pablo Ruz, comprobó que el verdadero titular de cuatro cuentas bancarias de la fundación panameña “Sinequanon” abiertas en el Dresdner Bank de Ginebra (Suiza), que llegaron a resguardar más de 22 millones de euros, era el imputado Luis Bárcenas. Pero a continuación siguió metiendo el cuchillo en la herida del PP con titulares de afilado e incisivo corte.
Por ejemplo, el pasado domingo 20 de enero, y bajo un paraguas en efecto bien orientado (“El ‘caso Bárcenas’ reabre la guerra en el PP”) lanzaba toda una batería de contenidos informativos claramente en línea con la tradición cainita del partido: “Los dirigentes más próximos a Rajoy temen que las denuncias del extesorero acerca de sobresueldos sean parte de una ‘operación interna’ para debilitarle”; “Las denuncias de los sobres se ven entre el chantaje y la voladura controlada”; “Dirigentes cercanos al presidente ven ‘muy sospechosa’ la actitud de Aguirre” (presidenta del PP de Madrid que se había apresurado a pedir responsabilidades “caiga quien caiga”)…
Contenidos que también miraban afinadamente hacia la actual secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal: “El papel de Cospedal es determinante para interpretar esta operación”; “Sus palabras de que ‘cada palo aguante su vela’ indignaron a sus antecesores”…
Pero previamente, nada más estallar la noticia-bomba de la fortuna oculta de Bárcenas, Jorge Verstrynge, ex secretario general de la antigua Alianza Popular (hoy PP) y profesor de Ciencia Política, concedía una entrevista al periodista Andrés Gil, publicada en “ElDiario.Es” (18/01/2013), en la que se despachaba con no pocas bárbaras verdades:
Jorge Verstrynge fue secretario general de Alianza Popular entre 1979 y 1986, el partido fundado por Manuel Fraga, que en 1989 se transformó en Partido Popular. En aquellos años de la reinstauración democrática comenzaron las primeras prácticas ilegales de financiación de los partidos, y coincidió con el inicio de la carrera de Luis Bárcenas en el partido del que terminaría siendo tesorero y senador. Unos años en los que supuestamente el PP pagó sobresueldos en dinero negro a parte de su cúpula y en los que Bárcenas ha acumulado hasta 22 millones de euros en Suiza.
¿Cuándo conoció usted a Luis Bárcenas?
Era un empleado que trajo un tesorero del partido cuando yo era secretario general. Poco a poco fue haciéndose con la gerencia del partido. Él ya estaba cuando me fui, en 1986. Llegó con Ángel Sanchís, en 1980, era su empleado. Y por lo visto siguen con una relación profesional y comercial.
¿En su época se pagaban sobresueldos en sobres?
No ocurría por varios motivos. Primero, porque no era tolerable. Y, además, porque el partido era pobre hasta que llegó a los 106 diputados [1982]. Si querías premiar a alguien, lo que hacías era subir el sueldo.
Pero ¿se hacían trampas con cursos de formación?
Ahí no había fraude a Hacienda, todos declarábamos, nosotros y los que los pagaban. Pero si se decía que a un curso asistían 120, sólo se remuneraba a 80 y el dinero restante iba al partido. Otra cosa es el dinero B, que también llegaba, a todos. Eléctricas, bancas, particulares, industria pesada, empresas... Por ejemplo, en un momento faltaban 40 millones para una campaña en Galicia. Fraga me dice, “vaya usted a tal compañía eléctrica y hable con Fulanes”. Llamo a Fulanes y me dice que mandemos una secretaria con escolta y una maleta. Y me dice que necesita un informe sobre una cuenca hidrográfica, pero no lo teníamos. Así que, me dice: “Coge el último número de Interviú y ábrelo por la página X”. Allí había un reportaje de un crimen en Albacete: ‘La maté porque era mía’. A continuación, me pide: “Le dices a tu secretaria que copie el artículo y arriba ponga Confederación Hidrográfica del Duero”. Esto funcionaba así, ‘La maté porque era mía’ como un informe de la Confederación Hidrográfica del Duero. Sacar dinero a las eléctricas entonces... Tenían mucho.
¿Y las facturas falsas?
El Tribunal de Cuentas te pedía las cuentas de la campaña. Presentabas las facturas y el gasto total, pero a veces no cuadraban las cifras porque el gasto era superior. Entonces, te llamaba el Tribunal de Cuentas y te decía que te inventaras unas facturas: lo que querían era que cuadraran las cuentas. Y te las inventabas para que cuadraran. La vida es así.
¿Ve posible que en el PP se paguen sobresueldos en dinero negro?
No tengo la prueba, pero el rumor es fuerte desde hace años. Con Sanchís lo de los sueldos se convirtió en un arma para premiar y castigar. Cuando me peleo con Fraga en 1986, a mí me quita el sueldo, el coche y los escoltas. Se empezó a castigar a los díscolos con el dinero, por lo que es lógico que a los que hay que contentar también se les pase el sobre. Usas el dinero para sancionar y premiar.
¿De dónde sale ese dinero?
Son retro-comisiones. En mi época, contratabas una empresa para hacer una campaña electoral, pagabas el 75% y arrastrabas el 25% que debías de campaña a campaña. Con 106 diputados, ya tienes dinero. Pagas el 100% al proveedor y a cambio te inflan la factura y te devuelven un dinero bajo cuerda.
¿Cómo conoce este sistema?
Esto empieza en 1988. Entre 1986-88 se fue pagando el dinero que se debía, y sólo puedes pagar retro-comisiones cuando estás sin deudas. Entonces la ley era muy laxa y había que buscarse la vida. Yo no me quería ocupar de los temas económicos. En aquella época si venía alguien que quería donar dinero y no quería figurar, o se lo tomas en B para que no figurara, o no te lo daba. Ahora, quien cobra un sobresueldo no puede declararlo a Hacienda. El partido comete un fraude, y el que lo recibe también. Lo que ha ocurrido aquí es que un equipo se ha hecho con el poder económico del partido y lentamente ha ido poniendo la cúpula del partido para su mantenimiento. Los políticos no son corruptos, pero las cúpulas de los grandes partidos, sí. Es ‘Corrupistán’.
¿La actual secretaria general del partido, María Dolores de Cospedal, desconocía lo que pasaba?
No lo sé. Es muy difícil. Lo cierto es que tiene un problema que es Bárcenas, que sabe del partido más de lo que sabe el partido sobre sí mismo. Allí están agarrados o esperando a que corra el escalafón. Aquí ha pringado hasta el apuntador.
¿Cuál es el origen de estas informaciones?
Está claro que beneficia al ex tesorero. Es un caso como el de David Torres, ex socio de Iñaki Urdangarin: “Si dejáis que me manden a la cárcel, vuelo la casa”. Bárcenas lo apuntaba todo y lo sabe todo. Igual que Torres. El PP está en un callejón de muy difícil salida. Es un caso de sociología política para analizar: cómo un tesorero se hace con un partido. En mi época había cuatro personas que estaban al tanto de las finanzas: el presidente, el secretario general, el tesorero y el gerente. A partir de 1986, no veo por qué debía de dejar de funcionar así. Con Fraga, Hernández Mancha, Herrero de Miñón, etc...
¿De dónde sale el dinero de Suiza?
No todo eso viene de Gürtel, viene de más sitios. Estoy seguro que no es todo de Bárcenas, actúa como banquero propio y de otros. Hay más gente implicada, sin ninguna duda. Actúa de componente currante, aunque también crece y se convierte en poseedor de capital. Son casi 4.000 millones de pesetas [22 millones de euros]. No se puede sacar de un partido tanto dinero sin que se note, y menos un tío solo. No lo puedo demostrar, pero no se saca de un partido sin que el partido se entere. Un ayudante mío se quedó un millón de pesetas de una campaña y a los cuatro días lo habíamos detectado y estaba devolviendo el dinero. Pero es que ahora no se puede decir nada, porque los que lo hacen saben mucho de los demás.
¿Cómo se está viviendo todo desde dentro?
Los que han cobrado están acojonados; los que han pagado, como Bárcenas, se defienden como pueden; y los que miran para otro lado, esperando que corra el escalafón. Si a Bárcenas no se le resuelve el tema, que ya me dirás cómo, va a seguir sacando cosas: la próxima será una Corinna. La situación del PP es endemoniada, explosiva. Incluso la declaración de Soraya: “El Gobierno está sorprendido”. Es como el ‘asunto Flick, que estaba untando al PSOE en 1984. Le pregunto al PSOE en el Congreso y me dicen "”que yo sepa no”. Igual que Soraya, el Gobierno no, o sea que fuera del Gobierno, puede que sí. Aunque yo esté cada día más rojo, me preocupa, porque esto puede ser la voladura de un partido. Bárcenas tiene capacidad para volar el partido, igual que el socio Torres tiene la capacidad de volar la monarquía española.
¿Qué pasará?
El PSOE no va a buscar la voladura del PP, porque no se sabe qué vendría después. Se creará una comisión de investigación, se le dará a Bárcenas algo para que se calle y si se le condena, se le amnistiará. Ahora, las intenciones de voto de los dos grandes partidos están en caída libre.
Por si lo del “revoltoso” Verstrynge fuera poco, Jorge Trias Sagnier, ex diputado a Cortes del PP en la VI Legislatura (1996-2000) y colaborador de la Fundación FAES, presidida por José María Aznar, tampoco perdió mucho tiempo para largar lo suyo y motu proprio. Siendo un abogado de prestigio y consciente de lo que dice y de su alcance legal, publicó de forma inmediata en “El País” (21/01/2013), medio informativo que también se ha volcado en el tema, un clarificador artículo titulado “¿Sombras o certezas?”, con párrafos tan jugosos como demoledores:
¿Sombras o certezas?
Todo son lugares comunes pero nadie, ni desde el Gobierno o los partidos afectados, ha dado una explicación convincente de lo que está ocurriendo. Quizás, la vicepresidenta Santamaría: “A mí, que me registren”. Porque ella, y algún otro u otra ministra o ministro, sí que están limpios de polvo y paja. Este asunto viene de lejos y no se ha querido --porque se pudo-- resolver. Ahora ya no es tiempo de lamentos sino de explicaciones. Y rápidas.
(…) Recuérdese que estaban permitidas entonces las donaciones anónimas. Así se financiaban, además de las asignaciones públicas, prácticamente todos los partidos, lo cual daba lugar a todo tipo de corruptelas, enjuagues y corrupciones. No fue posible entonces acabar con ese sistema. No se quiso poner el cascabel al gato. Y, desde luego, había gato encerrado. CiU, de quien dependía el PP para poder gobernar, se opuso rotundamente. Si mi memoria no me falla, las donaciones anónimas terminaron en la etapa de Zapatero, que no todo lo hizo mal, ni mucho menos.
(…) Hace aproximadamente un año publiqué un artículo en este diario que tuvo una enorme repercusión en el que contaba algunas cosas que sabía por haber intentado ayudar al juez Pedreira, enfermo y sin medios materiales en el juzgado, que intentó realizar una investigación clara. Pudo a medias. En el PP sentó muy mal ese artículo mío. Afortunadamente, ahora, el juez número 5 de la Audiencia Nacional, Pablo Ruz, siguiendo la estela de lo que había iniciado su antecesor Baltasar Garzón, intenta aclarar el escándalo de la financiación del Partido Popular. Confiamos muchos en que ni la Fiscalía Anticorrupción ni el juez se arredrarán ante las presumibles presiones que van a sufrir. El fiscal general es hombre cabal y con arrestos, y el juez es hombre lento, pero seguro.
¡Vaya historia!: el juez que inició la investigación, honrado en toda Hispanoamérica y en la Corte Penal Internacional, Baltasar Garzón, fue apartado y condenado por unas escuchas que, a mi juicio, fueron muy limitadas y estaban más que justificadas. Y el juez del Tribunal Superior de Justicia, Antonio Pedreira, quedó postrado en el lecho del dolor y olvidado. La dignidad tiene su precio. Pero la verdad se va abriendo paso.
(…) Por lo que yo pude saber, y ya conté en estas páginas de forma sucinta, sí se entregaban sobres con dinero en efectivo que servían como complemento del sueldo que percibían algunos dirigentes. Creo que la cantidad máxima eran unos 10.000 euros al mes o su equivalente en pesetas antes de la moneda única. De ahí hacia abajo se percibían cantidades menores, según los cargos y responsabilidad. La mayoría de diputados y dirigentes del PP no percibía nada de esas cantidades. Y es por ellos, y especialmente por quienes les votaron, por lo que deberían dar una explicación, tanto Cospedal como Rajoy, que son quienes ahora dirigen el partido.
Es posible que ellos acabasen con esas malas prácticas, es posible, pero también deberían explicar si al principio de sus mandatos respectivos percibieron alguna cantidad de esa opaca procedencia. En resumen: queremos saber la lista de donantes y la de receptores. Nos la deben quienes fueron nuestros dirigentes, amigos algunos de ellos, e incluso aquellos que, pase lo que pase, lo seguirán siendo.
(…) El sistema constitucional español es lo suficientemente fuerte para soportar una crisis política de esta magnitud. Hay personas muy cualificadas, tanto en el Gobierno, en el PP, y en el PSOE, para sustituir a quienes deban caer, con delito o sin delito, por este monumental escándalo. “Que cada palo aguante su vela”, afirmó la secretaria general, María Dolores de Cospedal. Efectivamente, y ella la segunda. Pues el primero que nos debe una explicación es el jefe del PP, Mariano Rajoy. Es una cuestión de patriotismo y de ejemplaridad, como diría el filósofo Javier Gomá. Y de honor. Si no creemos en quienes gobiernan la nación, ¿cómo podrán soportar los ciudadanos tantos sacrificios como se les están exigiendo?
Unos elocuentes “recados” del ex diputado popular Trias Segnier que tuvieron su complemento en la noticia publicada también por “El País” (24/01/2013) desvelando que Alberto López Viejo, ex consejero de Deportes de la CAM en el Gobierno de Esperanza Aguirre y ex diputado regional, había regularizado el año pasado ante el Ministerio de Hacienda 1,6 millones de euros que ocultaba en Suiza, a espaldas del juez Ruz que le mantiene imputado en el “caso Gürtel”. La propia Aguirre ha manifestado, según cuenta el mismo diario, que cuando, tras sentirse engañada, exigió a López Viejo la dimisión como consejero, éste se rebotó y le advirtió de que tenía mucha información sobre la financiación ilegal del PP de Madrid…
De inmediato, el contrapunto informativo de “El Mundo” (25(01/2013) se concretó en otra revelación de portada políticamente mortal: “El número 2 de González [Salvador Victoria], era el ‘mediador’ para la trama Gürtel”. Precisando, claro está, que “el imputado Pablo Crespo asegura, en una grabación, que Salvador Victoria oficiaba de intermediario para que la red de Correa cobrara actos del PP a la Comunidad de Madrid”. Y recordando también que, apenas veinticuatro horas antes de publicarse esta noticia, el nuevo implicado (actual Consejero de Presidencia, Justicia y Portavoz del Gobierno de la Comunidad de Madrid) había expresado en rueda de prensa su deseo de que la Justicia “vaya más rápido” en la investigación del “caso Gürtel” y “caiga quien caiga”…
Pues ya se sabe: ¡Ver para creer!
¿TENDRÁ EL PP SU “NOCHE DE LOS CUCHILLOS LARGOS”?
La expresión alemana “Noche de los cuchillos largos” (Nacht der langen messer) es muy antigua y se refiere a cualquier acto intensivo de venganza. Pero también se identifica de forma especial con la “Operación Colibrí”, que fue una purga política realizada en Alemania entre el 30 de junio y el 2 de julio de 1934, cuando Adolf Hitler llevó a cabo una auténtica masacre que según fuentes oficiales del momento alcanzó a 85 víctimas, aunque otras hablaron de cientos de asesinatos y del arresto de miles de oponentes al régimen del Führer.
En aquel victimario fratricida se incluyeron muchos miembros de las SA (Sturmabteilung) o “secciones de asalto” del Partido Nacionalsocialista Obrero Alemán (NSDAP), más conocido como Partido Nazi, ejecutados en su mayoría por las SS (Schutzstaffel), un cuerpo de élite hitleriano, y por la Gestapo (acrónimo de la Geheime Staatspolizei o “Policía Secreta del Estado”). La purga reforzó y consolidó el apoyo prestado a Hitler por la Reichswehr (la organización militar de Alemania desde 1919 rebautizada como Wehrmacht en 1935), fuerzas que despreciaban, igual que temían, a las SA, también conocidas como “camisas pardas”.
De hecho, la principal víctima de la “Operación Colibrí” fue el comandante de las SA, Ernst Röhm, entonces detenido y asesinado en prisión, tras haber pretendido que bajo su liderazgo éstas “camisas pardas” absorbieran a la Reichswehr. Su ambición de poder llevó al Führer a considerarle su rival más directo y peligroso dentro del partido y una “amenaza” para su hegemonía política, culminada con el lanzamiento de una nación entera a la aventura más calamitosa del siglo XX.
Salvando lógicamente la distancia que nos separa de la “Operación Colibrí”, pero considerando la lucha por el poder que supuso dentro del Partido Nazi, habría que valorar si el “caso Gürtel” y el propio Luis Bárcenas pueden terminar o no en una particular “Noche de los cuchillos largos” del PP. Lo cierto es que “cuando el río suena, agua lleva” y que la derecha española más dura y reaccionaria siempre ha sido de faca afilada, ligera de gatillo y aficionada a no dejar heridos ni prisioneros en el campo de batalla.