Algunos institutos demoscópicos han comenzado a anticipar una posible distribución de diputados por partidos como resultado de la estimación de votos prevista para las elecciones del 20-D. Tarea no obstante un tanto ilusoria a tenor de las muestras que manejan en sus encuestas, cuyo tamaño, que puede ser representativo para computar porcentajes de votos a nivel nacional, no permiten asignar con exactitud el último escaño de cada provincia o circunscripción electoral, condicionado por la Ley d’Hont, cosa muy distinta de estimar solo cuántos electores votarán y a qué formaciones políticas.
Y ello con independencia del gran número de indecisos existentes y de las notables diferencias, sin duda interesadas, que dentro de la llamada ‘guerra de las encuestas’ proponen sus respectivos autores. Significativa al respecto es la reciente aclaración realizada en la Cadena COPE por Manuel Mostaza, director de Operaciones de Sigma Dos, sobre los datos recogidos, por ejemplo, en la última encuesta del CIS: “Ni PP y PSOE están tan arriba, ni Podemos y Ciudadanos tan abajo”.
La última encuesta del barómetro continuo que GAD3 viene realizando para el diario conservador ABC, ya intenta vender -creemos que con poco éxito- un increíble sostenimiento del PP y del PSOE, al tiempo que parece querer devaluar las expectativas de Ciudadanos y Podemos. Así, el pasado 23 de noviembre apuntaba a una más que dudosa recuperación del bipartidismo con los siguientes repartos de votos y escaños: PP 28,5% de los votos (129 diputados), PSOE 22,8% (93 diputados), Ciudadanos 16,4% (52 diputados) y Podemos 15,6% (44 diputados). Una estimación sin duda arriesgada, sobre todo en cuanto a la representación parlamentaria, si consideramos que la muestra de dichos estudios tan solo alcanza las 1.200 entrevistas a nivel nacional...
Por otra parte, la publicación paralela del Barómetro Político Semanal de TNS Demoscopia realizado para Antena 3TV (23/11/2015), que también evalúa de forma continua el pulso político de España a través de las expectativas de voto a las principales fuerzas políticas en el supuesto de unas elecciones generales inmediatas, que es donde estamos, recogía los siguientes resultados: PP 27,4% de votos; Ciudadanos 21,3%; PSOE 20,6%; Podemos 14,3%; IU 4,3% y UPyD 0,2%. Con independencia de que reconfirmara la mejor valoración-imagen global del líder de Ciudadanos, Albert Rivera, a notable distancia de todos sus competidores.
En cualquier caso, la tendencia general de todas las encuestas sobre opiniones y actitudes electorales publicadas en las últimas semanas, sí que permite confirmar efectivamente la caída del bipartidismo, a pesar de los esfuerzos del PP y del PSOE para trasladar a la opinión pública una realidad contraria. La consolidación de Ciudadanos y de Podemos como partidos nacionales con un porcentaje de votos superior al 15%, evitando con ello el castigo que el sistema vigente de adjudicación de escaños inflige a los partidos con menos apoyo en las urnas (caso en el que se encuentran IU, UPyD, Vox…), dibuja un teatro sobre hipótesis de Gobierno absolutamente abierto en contra de lo que sucedía con el tradicional enfrentamiento mayoritario entre PP y PSOE.
Junto a esta novedad esencial en el nuevo escenario político -de juego abierto al menos a cuatro partidos nacionales-, hay que considerar también el debilitamiento de las fuerzas políticas de exclusivo ámbito autonómico como ‘bisagras’ a la hora de conformar las mayorías de gobierno nacional, cuyas exigencias políticas -a veces rayanas en el chantajismo- y nocivo efecto sobre la fortaleza del Estado han venido siendo tan notables. Un papel de dependencia periférica que ahora se muestra innecesario, permitiendo, al menos en teoría, contener los excesos autonómicos.
Ahora, la horquilla de escaños para los cuatro partidos nacionales que plantea la última encuesta de Sigma Dos es de 112-115 para el PP, 77-79 para el PSOE, 73-75 para Ciudadanos y 42-44 para Podemos. Tomados estos posibles resultados con la debida cautela, porque tampoco se compadecen claramente con los correspondientes apoyos en votos (27,3% PP, 21,4% Ciudadanos, 20,3% PSOE y 15,7% Podemos), generarían aritméticamente cinco posibilidades de gobierno sin un exacto orden de prioridad:
Con independencia de estas posibilidades, la fragmentación y volatilidad del voto y el alto porcentaje de electores indecisos hasta el último momento (con más de un 10% decidiendo su voto el mismo 20-D), aún pueden dar lugar a otras alternativas para la formación del nuevo Gobierno. Entre ellas un Gobierno de Ciudadanos, si esta formación superase en votos al PSOE y mejorase su posición con respecto al PP, bien coaligado con los populares o los socialistas o contando sólo con sus apoyos externos.
Además, el comportamiento electoral último, hoy verdaderamente propicio a pronunciarse de forma revulsiva, quizás pueda generar alternativas de gobierno más inesperadas y verdaderamente preocupantes. Por ejemplo, un Gobierno ‘progresista’ o ‘frente-populista’, si la suma del PSOE con otras fuerzas de izquierda (Podemos, IU, Amaiur…) alcanzara la mayoría suficiente, u otro no menos alarmante de corte ‘federalista’, apoyado por las mismas fuerzas que el anterior pero añadiendo partidos soberanistas como ERC y el PNV...
En cualquier caso, los resultados definitivos marcarán con claridad el nivel de castigo electoral a las dos opciones del actual sistema bipartidista, PP y PSOE. Y esto tendrá que ser considerado de forma inteligente por los demás partidos que obtengan representación parlamentaria, y en especial por los emergentes (Ciudadanos y Podemos) a la hora de prestar apoyos a uno u otro.
Dicen que el electorado, en su conjunto, siempre vota sabiamente. Nosotros creemos que no es así y que el votante español se deja arrastrar demasiado por la comodidad, las emociones y las circunstancias del momento, con independencia de estar condicionado por un sistema electoral que, al fin y al cabo, genera en la sociedad demasiadas insatisfacciones (se echa en falta una ‘segunda vuelta’ que permita reconducir lo votado como primera opción de forma más eficaz y representativa).
Por eso, en el fondo, nuestra ley electoral tiene el grave inconveniente de terminar sirviendo antes para echar al gobernante indeseado que para que gobierne el mejor partido o el mejor candidato posible, es decir de ser más útil para destruir que para construir.
Ahora, se puede ir más allá de sustituir al PP por el PSOE o viceversa, entrando en una etapa política de consensos obligados que, entre otras cosas, debería permitir las reformas hasta ahora negadas por ambos partidos y perfeccionar el modelo de convivencia en términos de mayor y mejor representatividad y por tanto de más eficacia política. Una vía que solo parece tener un nombre: Ciudadanos.
Ya veremos cómo se termina de votar el 20-D y si los electores quieren más de lo mismo, o si prefieren un cambio de aires en la política española.
Fernando J. Muniesa