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Ana Delicado Palacios. BUENOS AIRES (Sputnik) — La vicepresidenta argentina Cristina Fernández de Kirchner lo ha vuelto a hacer. Ha dado vuelco al tablero político nacional con una orden que quedó muy clara con el correr de los minutos: que ofrezcan su renuncia todos los funcionarios que le responden.

En 2018, la expresidenta (2007-2015) sorprendió al país al presentar a Alberto Fernández como candidato a la presidencia en nombre de una coalición de centroizquierda que buscaba desbancar en las elecciones generales de 2019 al entonces mandatario Mauricio Macri (2015-2019). Ella ocuparía el segundo lugar en la fórmula.

La inesperada estrategia logró su objetivo y en la primera vuelta de las elecciones, en octubre de 2019, salió victoriosa la coalición en la que se unió prácticamente todo el peronismo, el Frente de Todos.

Pero con el movimiento hecho por Cristina Fernández, el Gobierno queda fracturado y con la herida expuesta ante la sociedad. El presidente, acorralado. Y el peronismo, dividido una vez más.

El primero en empujar la ficha de dominó y ofrecer su renuncia fue el ministro de Interior, Wado de Pedro. Siguieron sus pasos el de Justicia, Martín Soria, el de Ciencia y Tecnología, Roberto Salvarezza, el de Cultura, Tristán Bauer, y el de Ambiente, Juan Cabandié.

Otros altos cargos en tomar la misma decisión fueron la directora ejecutiva de la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses), Fernanda Raverta y la directora ejecutiva del Programa de Atención Médica Integral del Estado para jubilados y pensionados (PAMI), Luana Volnovich.

Luego lo hicieron el presidente de la empresa estatal Aerolíneas Argentinas, Pablo Ceriani, el viceministro de Justicia, Juan Martín Mena, la secretaria de Comercio Interior, Paula Español, y el titular de la Autoridad de Cuenca Matanza Riachuelo (Acumar), Martín Sabbatella.

Esta afrenta pública de la vicepresidenta al jefe de Estado llega tres días después de la derrota del oficialismo en las elecciones Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) del pasado 12 de septiembre, cuando perdió en 18 de los 24 distritos del país.

Las miradas ahora se dirigen al tercer socio de Gobierno que selló la coalición gobernante: el presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, quien ya comenzó por reunirse con los funcionarios que le responden, en la sede del partido que lidera, el Frente Renovador.

Crisis de representación

La crisis política estalló cuando no habían pasado aún 72 horas de las elecciones primarias que constataron un divorcio de la mayoría de la sociedad con el Gobierno elegido en primera vuelta hace dos años.

La lectura de la realidad que hace la vicepresidenta no necesita de exegetas visionarios. Estima que hay una crisis de representación, pero con su jugada precipita una aun mayor que pone en una encrucijada las próximas decisiones del presidente.

En una maniobra muy delicada, Alberto Fernández podría aceptar la renuncia de los ministros cristinistas y tratar de continuar con su gestión, más solo y debilitado que nunca, y siempre que Massa no lo traicione.

Otra posibilidad, más certera, es que rechace la dimisión de sus funcionarios y apueste por encontrar un nuevo equilibrio que contente a la vicepresidenta.

Más difícil de aventurar es el destino que puede tener un Gobierno en el que sus dos máximos representantes han perdido la capacidad de diálogo.

El Movimiento Evita, una de las agrupaciones sociales con más fuerza del país, marchará en las próximas horas en apoyo a Alberto Fernández.

La Confederación General del Trabajo (CGT), la principal central obrera del país, también ha manifestado su respaldo al Ejecutivo.

Pero es pronto para hacer control de daños. Las consecuencias del órdago que la vicepresidenta planteó públicamente al jefe de Estado continuará con sus repercusiones el 16 de septiembre, cuando los indicadores financieros demuestren una vez más lo frágil que puede ser la nación sudamericana.

El día después de la derrota: ¿qué hará el Gobierno argentino con el dólar, la inflación y el FMI?

Alfredo Zaiat.

Tras la dura derrota en las elecciones Primarias, Abiertas, Simultáneas u Obligatorias (PASO), previas a los comicios legislativos del 14 de noviembre próximo, el Gobierno reorganiza su agenda.

Como otros oficialismos golpeados por la pandemia, a menos de dos años de mandato, el presidente, Alberto Fernández, tuvo que pagar el precio de la crisis económica que se arrastra desde el anterior Gobierno de Mauricio Macri, y que se profundizó con la pandemia.

El impacto fue inesperado, puesto que Juntos por el Cambio, la coalición opositora que ganó en las PASO de este domingo 12, había perdido la elección presidencial hace apenas dos años como consecuencia del desastre económico y financiero provocado por su gestión.

El Gobierno de Fernández tiene dos meses, antes de las elecciones legislativas de noviembre, para responder a las urgencias de la población en cuatro frentes clave: inflación, dólar, ingresos y el acuerdo con el FMI.

El problema estructural de la inflación en Argentina

La evolución de los precios, en especial los de la canasta básica de alimentos, ha estado en el umbral del 3% mensual, con un pico de 4,8% en marzo pasado, limitando de ese modo la recuperación del poder adquisitivo de la población.

Esta dinámica precios-ingresos ha afectado con más intensidad a los grupos sociales de menos recursos que son, precisamente, la base electoral del peronismo gobernante.

La inflación de estos meses ha sido una expresión de la tradicional puja distributiva que, como ya ha quedado probado, en la economía argentina adquiere una intensidad que otras no tienen.

Tan es así que la inflación ha marcado cifras mensuales elevadas a lo largo de la pandemia sin importar el derrumbe de la actividad al comienzo de la crisis del coronavirus, a pesar de medidas adoptadas por el Gobierno como el congelamiento de tarifas y la relativa contención cambiaria, y a pesar de la limitación de la demanda por la reducción de la masa salarial global.

En los peores meses de la pandemia los precios siguieron subiendo y se aceleró la tendencia cuando empezó la reapertura de la economía, que derivó en recuperación de la actividad en la mayoría de los sectores.

¿Qué piensa hacer el Gobierno con la inflación?

El ministro de Economía, Martín Guzmán, a quien sectores de la coalición oficialista apuntan como uno de los responsables de la derrota electoral, está convencido de que utilizando los instrumentos tradicionales de política económica —fiscal, monetaria y cambiaria— podrá bajar la tasa de inflación a un rango del 1,5 al 2,0% mensual.

En el equipo económico explican que al mismo tiempo se necesitan acciones inmediatas directas: control e intervención en mercados sensibles.

Señalan que existen comportamientos en la formación de precios que internalizan expectativas que no están alineadas a los principios del marco macroeconómico. Por lo tanto dicen que es necesario profundizar la coordinación, mediante acuerdos y regulaciones que permitan una mayor previsibilidad para los próximos meses, que serán acompañados de controles y monitoreo a los formadores de precio, de modo que eviten la generalización de conductas especulativas.

La inflación también es política

En la economía argentina la inflación no es solamente un fenómeno económico; es también político.

Las señales en ese sentido son tan transparentes que no considerarlas constituye una ingenuidad asombrosa teniendo a mano enseñanzas de experiencias pasadas. Las estimaciones de las consultoras del poder económico generan expectativas de inflación al alza.

Esas proyecciones son evidentemente políticas. Las empresas formadoras de precios ajustan de acuerdo a las expectativas de subas según los informes de los economistas vinculados a fuerzas políticas opositoras, con definidas posiciones ideológicas conservadoras.

Por ejemplo, durante el gobierno de Macri (2015-2019) siempre estimaron una tasa de inflación más baja que la efectivamente registrada. Lo que sucede es que esta construcción de expectativas no es solamente una cuestión técnica derivada de la incomprensión acerca del funcionamiento de la economía, sino que es un posicionamiento eminentemente político.

La obsesión con el dólar en una economía bimonetaria

La economía argentina tiene la particularidad de ser bimonetaria, endeudada, de inflación elevada y de ingresos medios. No existe otro país que hoy tengas esas características todas juntas.

Por ese motivo la cotización del dólar es una variable muy sensible en términos económicos y financieros, pero también en las expectativas sociales acerca del futuro inmediato.

Un frente clave en una economía bimonetaria con un régimen de inflación elevada es el cambiario.

Los shocks inflacionarios en la economía argentina fueron consecuencia de crisis del sector externo que derivaron en fuertes devaluaciones. La traslación a precios de ajustes del tipo de cambio es cada vez más rápida a medida que se van reiterando las crisis, agudizando de ese modo el rasgo bimonetario de la economía.

Cuando aparecen incertidumbres económicas o políticas, como las que hoy se están registrando por la derrota del oficialismo, la evolución de la paridad cambiaria queda bajo tensión.

El Gobierno de Alberto Fernández ha prometido que no habrá una fuerte devaluación y que continuará con su actual estrategia en el mercado cambiario por los siguientes tres factores:

  1. Fortalecer la construcción de las expectativas sociales acerca de la estabilidad de la economía.
  2. Definir la fijación de precios de insumos clave de la cadena de producción y, por lo tanto, en el impacto en la tasa de inflación.
  3. Controlar la dolarización de las ganancias teniendo en cuenta el carácter bimonetario de la economía.

El horizonte del acuerdo con el FMI

Pese a la derrota del oficialismo, las negociaciones entre la Argentina y el FMI continuarán con el objetivo de alcanzar un nuevo acuerdo que reemplace el stand by firmado en 2018 y 2019.

La magnitud del despropósito del crédito otorgado por el FMI al anterior gobierno de Mauricio Macri queda expuesta en el siguiente dato: en el año de la peor crisis económica, social, laboral y sanitaria mundial de los últimos cien años, este organismo financiero internacional entregó asistencia a 85 países por un monto global de más de 100.000 millones de dólares.

La conducción anterior del Fondo, liderada por la francesa Christine Lagarde, que a pesar de su pésima gestión, por esos oscuros laberintos de las finanzas globales, fue ascendida a presidenta del Banco Central Europeo, autorizó un préstamo a un solo país por 57.000 millones de dólares, de los cuales desembolsó 45.000 millones en apenas 12 meses.

La presión del establishment por un rápido acuerdo apunta a que el Gobierno de Alberto Fernández acepte las condiciones tradicionales del FMI: más rápida reducción del déficit fiscal, mayor restricción de la política monetaria, meta más ambiciosa de acumulación de reservas y avanzar en reformas regresivas en materia laboral y previsional.

El bloque de poder económico local ha utilizado al Fondo como instrumento de extorsión a los gobiernos que resisten las políticas de ajuste.

Sin embargo, el nuevo escenario político a partir del resultado de las últimas elecciones este domingo 12 de septiembre, hace inviable la posibilidad de un ajuste de la economía porque, precisamente, sectores del gobierno de coalición concluyen que la derrota electoral fue por la debilidad de la recuperación económica y por el disgusto social.

El presidente Alberto Fernández deberá enfrentar estos dos próximos meses cruciales para mejorar el resultado electoral apuntando a mantener bajo control el dólar, desacelerar la inflación, aumentar los ingresos de trabajadores y jubilados y, finalmente, cerrar un acuerdo con el FMI que no implique ajuste económico.

Les dejamos este excelente análisis de "La Batalla Cultural" sobre la Argentina

La crisis actual, en pocas palabras, se resume a esto: Alberto Fernández se mostró en público hoy junto a Martín Guzmán, hablaron ambos y hablaron del futuro. ¿Qué mensaje hay ahí? Pues que Guzmán no se va a ir a ninguna parte. El Ministerio de Economía es clave para cualquier gobierno, ahí están todos los resortes políticos. Y en este momento ese lugar está ocupado por un agente del FMI adiestrado en los Estados Unidos cuyo mandato es el de llevar a cabo un ajuste fiscal monumental.

Los ajustes hacen perder elecciones y erosionan el capital político, pero este capital no es de Alberto, sino de Cristina. Es decir, Martín Guzmán está consumiendo el capital político de Cristina Fernández y por eso el kirchnerismo lo tiene que limpiar de Economía.

Como con el cuerpo Alberto Fernández anunció que Guzmán se queda, al terminar ese acto empezó la retirada del kirchnerismo del gobierno mediante las renuncias de los ministros que responden a Cristina Fernández, un movimiento coordinado por ella para responder.

En fin, está pasando lo mismo que viene pasando hace dos años: el kirchnerismo se está quedando pegado con un ajuste y está dilapidando su capital político, lo que se manifestó materialmente en las urnas el pasado domingo. Entonces hay que frenar la hemorragia.

Y eso se hace interviniendo el Ministerio de Economía para parar el ajuste. Ahora vamos a ver quién tiene más fuerza y ahí está la decisión sobre si el ajuste sigue con Guzmán o si para con la ida de Guzmán. Y eso es básicamente todo lo que hay.

Vamos a poner más claro lo que decimos hace un año y medio: Martín Guzmán es un agente del FMI impuesto a partir del condicionamiento de la deuda dejada por Macri. Guzmán está en el Ministerio de Economía para hacer un ajuste, porque el FMI no se dedica a prestar dinero y a cobrar como si fuera cualquier prestamista. El FMI se dedica a endeudar países en desarrollo para condicionarlos y manejar sus economías. Guzmán es ese manejo de la economía argentina por el FMI y un gobierno con Guzmán en Economía es un gobierno de ocupación.

Eso está erosionando el capital político del kirchnerismo y por eso el kirchnerismo debe barrer a Guzmán. Si el kirchnerismo sigue quedándose pegado con el ajuste del FMI y con un gobierno de ocupación, el kirchnerismo se va a esfumar en el mediano plazo. Las elecciones del pasado domingo fueron un aviso de eso. El pueblo está mal económicamente y se rebela contra el ajuste, le da la espalda al kirchnerismo. Hay que despegarse del ajuste y del gobierno de ocupación, hay que resistir el condicionamiento del FMI.

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