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El primer ministro húngaro, Viktor Orban, ha asegurado que su país no está dispuesto a aceptar dinero del fondo de recuperación europeo para hacer frente a la crisis provocada por el coronavirus si ello implica ceder ante Bruselas y revocar su polémica ley  LGTBI.

El mandatario ha indicado así que dichas ayudas serán rechazadas si se vincula de forma alguna el fondo a dicha normativa, que ha sido duramente criticada desde Bruselas por supuestamente discriminar al colectivo más privilegiado por el pantano de la UE.

Para el Gobierno húngaro, la Comisión Europea ha retrasado su aprobación del plan de recuperación debido a "su rechazo político a una legislación nacional aprobada para proteger la infancia".

Así, en un decreto publicado en la Gaceta Oficial, Budapest ha matizado que únicamente aceptará un acuerdo "si la Comisión Europea no impone condiciones que no se apliquen a otros estados miembro".

El plan húngaro, pendiente de aprobación

El plazo legal para que el Ejecutivo comunitario evalúe los planes nacionales es de dos meses a partir de su presentación, lo que supone que en el caso de Hungría su dictamen debería haberse comunicado hace más de una semana.

Sin embargo, las reglas prevén que las partes puedan acordar una prórroga para dar más margen al análisis y opciones de ajustes, pero Bruselas y Budapest se resisten a anunciar formalmente tal extensión, en un momento en el que las relaciones de Hungría con sus socios de la UE son tensas por las críticas a su Gobierno.

No se puede ir contra la “verdad” oficial: Bosnia y Herzegovina impone responsabilidad penal por lo sucedido en Srebrenica

BELGRADO (Sputnik) — La Fiscalía de Bosnia y Herzegovina comunicó que va a abrir casos penales por negar el genocidio de musulmanes bosnios en la ciudad de Srebrenica en 1995.

El Alto Representante para Bosnia y Herzegovina, Valentin Inzko, cuyo mandato termina el 8 de agosto, introdujo un artículo al Código Penal del país que prohíbe negar el genocidio en Srebrenica y califica de un delito penal tal acción.

"Después de que Valentin Inzko hiciera enmiendas en el Código Penal (...) serán abiertos casos penales para rastrear todas las declaraciones de personas concretas, grupos o uniones en que se niega el genocidio, el crimen contra la humanidad y crímenes de guerra cometidos una vez entrados en vigor los cambios en el Código Penal", afirmó el portavoz de la Fiscalía, Boris Grubeshich.

La medida causó descontento en la República Srpska, una de las entidades que forman Bosnia y Herzegovina, cuyas autoridades afirmaron que Inzko es "un típico serbófobo" y que la decisión de la Fiscalía es ilegítima.

El comisario europeo para la Ampliación Oliver Varhelyi afirmó a mediados de este mes de julio que todos los Estados de los Balcanes Occidentales deben reconocer como genocidio la masacre de musulmanes bosnios en 1995 en Srebrenica.

Las autoridades de Serbia y de la República Srpska reconocen los crímenes de guerra cometidos en Srebrenica por personas concretas, pero niegan el término 'genocidio' y rechazan que todo el pueblo serbio sea implicado en esto.

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