Libros Recomendados

Portada - Últimas noticias

La Contraloría General de Venezuela inhabilitó este martes a Juan Guaidó y a otros 27 exdiputados del Parlamento para ejercer cargos públicos por un máximo de 15 años, tras negarse a presentar una declaración jurada de patrimonio después de dejar sus funciones como parlamentarios (2015-2020).

"Desafortunadamente encontramos un grupo importante de diputados que se niegan a ponerse frente al pueblo y hacer su declaración. Algo tienen que ocultar, sabemos que muchos de esos personajes están seriamente involucrados en hechos de corrupción, se han apoderado del dinero de los venezolanos tanto en Venezuela como en el extranjero", indicó el contralor, Elvis Amoroso.

El contralor agregó que se practicará una fiscalización y el inicio de investigaciones sobre irregularidades contra el patrimonio público por parte de estos exparlamentarios. "Ocultan algo o se enriquecieron ilícitamente, eso se lo vamos a decir de acuerdo a la investigación que vamos a continuar realizando en la Contraloría", agregó.

Entre los inhabilitados se encuentran Ismael García, Américo De Grazia, Richard Blanco Cabrera, Tomás Guanipa, Luis Florido, Freddy Guevara, Julio Borges, Gaby Arellano, Juan Pablo Guanipa y Juan Guaidó.

Amoroso recordó que todos los funcionarios públicos, sean seleccionados a través del voto o por las altas autoridades, están obligados a declarar ante la Contraloría y mostrar "con transparencia" su patrimonio y le pidió a la Unión Europea que "no salga a defender a estos señores vinculados en hechos de corrupción".

Asimismo, anunció que las próximas semanas ofrecerá "importantes informaciones" sobre otras investigaciones que se están adelantando desde la Contraloría para luchar contra la corrupción.

En marzo del 2019, la Contraloría venezolana halló inconsistencias en la declaración de Guaidó y un nivel de ingresos que no concordaba con el de gastos. En aquella oportunidad, Amoroso aseguró que el opositor realizó más de 90 viajes al exterior con un coste superior a los 94.000 dólares sin aclarar el origen de estos fondos.

Parlamento venezolano pide al Ejecutivo declarar 'persona non grata' a la representante de la UE en Caracas

La Asamblea Nacional (AN) de Venezuela aprobó este martes un acuerdo en repudio a las medidas coercitivas unilaterales impuestas a 19 ciudadanos venezolanos por parte de la Unión Europea (UE), y le pidió al Ejecutivo declarar 'persona non grata' a la representante de ese bloque en Caracas, Isabel Brilhante.

"La actuación de la UE en este momento responde a una visión filosófica monárquica e irrespetuosa de las naciones libres del mundo. Lo que más le ha dolido a la UE es que la relatora de DD.HH. de la ONU, también europea, les haya pedido devolver los activos de Venezuela", aseveró la diputada Ilenia Medina, quien se encargó de presentar esta propuesta.

Medina también exhortó al Ejecutivo a revisar la posibilidad de cerrar la oficina de UE en Caracas. "¿Existe en la UE la oficina de Petrocaribe o Unasur?, ¿por qué tenemos, desde el principio de la reciprocidad, que aceptar esa oficina en Venezuela?", se cuestionó.

Para la diputada, la UE desconoce el Derecho Internacional, la Convención de Viena en materia de Relaciones Diplomáticas, la Carta de Naciones Unidas, la Constitución de Venezuela y la soberanía del pueblo.

"Ellos aplican medidas injerencistas contra el país, conspiran, permiten que los terroristas que le han hecho daño a nuestro pueblo vivan allá, les abren las puertas para que lo usurpado sea compartido y son socios en el delito. Ese doble rasero debe ser revisado", agregó.

Por su parte, el diputado opositor Bernabé Gutiérrez, quien fue uno de los sancionados por la UE, aseguró que estas medidas son celebradas únicamente por la oposición radical que sigue a Juan Guaidó.

"Las sanciones impuestas a Venezuela y a los venezolanos no tiene otro objetivo que apartarnos de nuestra línea de conducta y ponernos como subalternos de intereses fuera de Venezuela", sostuvo Gutiérrez.

Entre los sancionados por la UE hay autoridades del poder electoral, de los cuerpos de seguridad, del TSJ y de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB), quienes, según la UE, participaron "en actos y decisiones que socavan la democracia y el Estado de Derecho en el país", al vincularse a las "poco creíbles" elecciones parlamentarias del pasado 6 de diciembre.

Desde 2017, el bloque impuso sanciones contra Venezuela, que fueron prorrogadas por un año más en 2020. Hasta ahora, 55 funcionarios y políticos venezolanos han recibido medidas coercitivas, entre ellos, la vicepresidenta, Delcy Rodríguez.

CANAL

 

elespiadigital.com
La información más inteligente

RECOMENDACIONES