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De los rumores al clamor. La Guardia Civil atraviesa un terremoto que ha terminado con el cese o dimisión de algunos de sus máximos representantes. La tensión con Interior es palpable. Y pese a que oficialmente todo se justifica bajo un "nuevo impulso" en el cuerpo, en la cúpula subyacen las críticas hacia la máxima responsable del Instituto Armado, María Gámez, quien apenas lleva cuatro meses en el cargo: "Esto ha marcado un antes y un después", detallan los mandos del cuerpo, al mismo tiempo que denuncian la "caza de brujas" que está sufriendo la cúpula. "La situación es insostenible".

María Gámez llegó con el cartel de haber defendido el trabajo de la Guardia Civil en el rescate del niño Julen en Totalán (Málaga). Como subdelegada del Gobierno en la provincia andaluza y dilatada experiencia política, Fernando Grande-Marlaska encontró en ella la figura idónea para nombrarla la primera mujer directora del Instituto Armado. El nombramiento, en todo caso, no fue llano ni sencillo: el titular de Interior impuso su preferencia a la de Defensa, que apostaba por otras figuras. De hecho, Margarita Robles no acudió a la toma de posesión de Gámez.

Apuesta personal de Marlaska, María Gámez llega al cuarto mes de su mandato envuelta en un mar de tribulaciones. La epidemia del coronavirus -y su gestión política y policial- han derrumbado algunas de las estructuras de la Guardia Civil como si de un castillo de naipes se tratase. El punto de partida es, como ya se ha publicado en este diario, las investigaciones en torno a la manifestación del 8-M en Madrid.

La cronología de una crisis

El Gobierno se enteró por vías judiciales y por la prensa de los avances en las pesquisas. En concreto, de las investigaciones que se estaban llevando a cabo, bajo el nombre de Operación Sanitario, en torno al delegado del Gobierno en Madrid, José Manuel Franco, y a la cara visible de Sanidad en esta crisis, Fernando Simón.

La tensión estalló el domingo. Fuentes conocedoras del caso detallan que al coronel Diego Pérez de los Cobos, jefe de la Comandancia de Madrid, se le requirió información sobre la investigación en dos ocasiones. El mando de la Guardia Civil adujo que las pesquisas las llevaba la unidad de la Policía Judicial de la Comunidad de Madrid y que los agentes departían directamente con la juez Instrucción número 51, Carmen Rodríguez-Medel. También que él no tenía acceso al contenido íntegro del informe.

Acto seguido, María Gámez, directora de la Guardia Civil, le comunicó su cese. En torno a las nueve de la noche, según las mismas fuentes, remitió un escrito al secretario de Estado de Seguridad, Rafael Pérez Ruiz -también nombrado en enero de 2020, en sustitución de Ana Botella-, en el que detallaba los motivos que fundamentaban la decisión. Un documento que consta de firma electrónica en la que se acredita la hora exacta de envío.

Los hechos, que ya levantaron una gran polvareda en la Guardia Civil, no fueron más que el preludio de acontecimientos venideros. Este martes, el Director Adjunto Operativo (DAO) de la Guardia Civil, teniente general Laurentino Ceña, presentaba su dimisión. El número 2 del cuerpo no encajó el cese de Pérez de los Cobos y, a pesar de estar a las puertas de su retiro, optó por su dimisión.

"Debe dimitir"

"La situación es insostenible", admiten desde la cúpula de la Guardia Civil. La irritación ha llegado a las más altas esferas y no se descarta que haya más movimientos en las próximas jornadas entre los principales representantes del cuerpo. Consideran que la relación entre los mandos y la directora "debe basarse en una confianza que ya no existe": "Las formas y el fondo de estos hechos son difíciles de asimilar, la relación será distinta sabiendo que cualquiera está sujeto a presiones políticas de esta envergadura".

Consideran "clave" el puesto de director de la Guardia Civil: "Es el enlace directo con el Ministerio". Y añaden: "Ser enlace no significa ser parte de él". "Es la voz de su jefe", detallan otras fuentes de la cúpula de la Guardia Civil. No faltan expresiones más duras, que califican los últimos movimientos como de "caza de brujas". El comentario general que comparten los altos cargos es el mismo: "Debe dimitir, no le queda solvencia".

En concreto, critican el modo en que gestionó la destitución de Pérez de los Cobos, un hombre que llevaba décadas en puestos clave de la Guardia Civil. "Cómo es posible que aleguen falta de confianza cuando hay un documento firmado por ella en el que recogen los motivos que fundamentan la decisión", señalan. Tampoco entienden que Marlaska redujese todos estos cambios a un hipotético "nuevo impulso" o "reestructuración" en el Instituto Armado.Denuncian "contradicciones" en las afirmaciones del titular de la cartera: "Si el cese de Pérez de los Cobos responde a 'un proceso natural de sustitución basado en la confianza', como dice el ministro, ¿por quién ha sido relevado? ¿Qué otro coronel le ha sustituido?".

"Nuestra condición de guardias civiles no nos permite entrar en el “y tú más” -asevera la Asociación Pro Guardia Civil (APROGC)-. Teniendo en cuenta que cada provincia la manda un coronel o teniente coronel, ¿quiénes serán los siguientes? ¿Con qué criterio? ¿Los llamará María Gámez el domingo por la noche?".

No es la primera vez que el nombre de María Gámez salta a la palestra durante la actual crisis del coronavirus. Fuentes de la Guardia Civil aseveran que la directora "ha trabajado mucho" en la pandemia, aunque algunas asociaciones representativas le reprochan la falta de apariciones públicas, la ausencia de explicaciones y la escasez de material sanitario para que los agentes desempeñasen sus funciones en primera lucha contra el virus. Algunos mandos plantearon que fuese ella quien diese las ruedas de prensa desde Moncloa por el "desgaste" que suponían estas comparecencias en los máximos representantes del Instituto Armado -incluido el DAO, Laurentino Ceña-.

Sin embargo, los últimos acontecimientos han propiciado un terremoto cuyas consecuencias son difíciles de medir. Los mandos del Guardia Civil concluyen que "el tiempo pone a cada uno en su lugar".

La indignación crece en la Guardia Civil: "Nadie comprará nuestro honor"

El anuncio del ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, de abonar el tercer tramo de la equiparación salarial justo dos horas después de que el director adjunto operativo de la Guardia Civil, Laurentino Ceña, presentara su dimisión irrevocable por el cese del jefe del cuerpo en Madrid, Diego Pérez de los Cobos, provocó ayer un nuevo terremoto en el instituto armado. La negativa de este último coronel a informar a sus superiores políticos de una investigación judicial en curso y su posterior salida dejaban muy alto el listón de la integridad y hacían que cualquier justificación del ministro fuera entendida como una huida hacia adelante. Y más las que ofreció en la rueda de prensa, que dejaron tantos cabos sueltos.

Marlaska dijo que la destitución del responsable de la Comandancia de Madrid obedecía a "un cambio normal", a "un proceso natural de sustitución basado en la confianza". Sin embargo, no dio el nombre de su sustituto, algo que llamó la atención en el seno de la corporación. "Lo normal es quitar al titular cuando tienes al candidato y no antes", reflexionan en voz alta fuentes del instituto armado. En la misma línea se pronuncian desde la Asociación Pro Guardia Civil, que nada más conocer el cese del coronel ofreció públicamente un relato de los hechos en que explicó que la destitución se debía a que Pérez de los Cobos había cumplido con su trabajo de obediencia a la autoridad judicial, extremo que el ministro negó en su comparecencia.

Se refería la asociación al hecho de que Pérez de los Cobos estaba al frente de la investigación que dirige el Juzgado 51 de Madrid que apunta a un posible delito de prevaricación cometido por el director del Centro de Coordinación de Emergencias Sanitarias, Fernando Simón, y por el delegado del Gobierno en la capital de España, José Manuel Franco. Las diligencias, encargadas a un grupo de agentes de la Policía Judicial de la Comandancia de la Guardia Civil de Madrid, argumentaban que ambos responsables conocían el informe del Centro Europeo para el Control de Enfermedades que destacaba el riesgo de contagio y la peligrosidad del coronavirus antes de la primera semana de marzo y que, aun así, los dos dieron luz verde a manifestaciones como las del 8-M o a la celebración de actos multitudinarios como el congreso de Vox. Días antes, sin embargo, habían prohibido otros actos porque congregaban a un gran número de personas. Franco ha sido citado como imputado para el 5 de junio en esta causa.

"Exigimos a Interior ver el expediente instruido por falta de confianza en que se basa el cese del coronel; seguro que en la preceptiva documentación figuran los criterios objetivos que fundamentan la necesidad urgente de la adopción de la medida el domingo por la noche", añadieron desde la Asociación Pro Guardia Civil tras la rueda de prensa de Marlaska, en clara alusión a la llamada que hizo la directora del instituto armado al jefe de la Comandancia de Madrid el pasado 24 de mayo para anunciarle sus destitución. El ministro, de hecho, no explicó ayer el motivo de esa pérdida de confianza y se limitó a reiterar una y otra vez ante las insistentes preguntas de los periodistas que el cese se debía a una remodelación de equipos.

En la misma línea de incredulidad ante los motivos esgrimidos por el ministro se pronuncia la Unión de Oficiales de la Guardia Civil, que aglutina también a mandos del cuerpo. "Un coronel no ejerce funciones de alta dirección, que están reservadas únicamente para los generales; los argumentos del ministro no convencen y no desvirtúan la idea de injerencia del ámbito político en el trabajo imparcial de la Guardia Civil", agregan desde la asociación, que considera que el cese del coronel de Madrid provoca "un perjuicio irreparable en la imagen del cuerpo". La Unión de Oficiales, de hecho, ha pedido una sesión extraordinaria del Consejo de la Guardia Civil para que Marlaska explique la mencionada "renovación de equipos".

El anuncio de la equiparación y esa alusión a los cambios naturales dentro del cuerpo tampoco pararon los pies a los suboficiales del cuerpo, también indignados con la decisión de Marlaska. "El honor de la Guardia Civil no se compra", aseguran desde la Asociación de Suboficiales del instituto armado (ASESGC). "El pago del tercer tramo de la equiparación es parte del compromiso del Gobierno que anunció el ministro en la última Comisión de Interior", añaden. "Es una obligación cumplir con ese acuerdo", recuerdan los mandos intermedios de la corporación. "Si se piensan que con el pago del tercer tramo nos vamos a olvidar del intento de politizar a la Guardia Civil están equivocados", sentencian también, de acuerdo con la Unión de Oficiales. "Va a pagar lo que nos debe", han advertido desde la asociación, que ha calificado la dimisión de Ceña como "un gesto de honor".

Fuentes conocedoras de la evolución de los procedimientos administrativos relativos a ese abono final del compromiso del Gobierno anterior, que luego asumió este, de equiparar los sueldos de guardias civiles y policías nacionales con los de los Mossos d'Esquadra aseguran a El Confidencial que el pago de esta tercera fase no se hará efectivo al menos hasta el próximo mes de septiembre. Ahora es necesario abordar el acotamiento de la parte de esos 247 millones de euros que debe recibir cada cuerpo, algo que decidirá directamente el departamento dirigido por Marlaska. Una vez que estén cerrados todos los trámites, los funcionarios de las fuerzas de seguridad del Estado deberían recibir lo acumulado desde enero, que era cuando tenían que haber empezado a cobrar más en sus nóminas.

El abono de la equiparación salarial se encontraba a principios de mayo aparcado por la crisis sanitaria. Según informó El Confidencial, el ministro no tenía tiempo para abordar el abono en medio de todo lo que tenía que resolver con motivo de la extensión del covid-19. Por ello, en el seno del Ministerio del Interior ni siquiera se celebraban reuniones virtuales para avanzar en el pago que estaba pendiente desde enero. A principios de este mes, por lo tanto, no había fecha para retomar el abono del tercer tramo de la equiparación, como confirmaron fuentes del propio departamento dirigido por Marlaska. Fue la semana pasada cuando el asunto recibió un impulso en la comisión de secretarios de Estado, como dijo ayer el ministro, que sin embargo no tenía previsto anunciar el pago de este tercer tramo como lo hizo ayer, sino a través de rueda de prensa. Cambió la estrategia tras estallar la crisis de la Guardia Civil.

Tres superiores conversaron con De los Cobos para pedirle datos de la investigación judicial

El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, intentó ayer desvincular la destitución fulminante del coronel jefe de la Comandancia de la Guardia Civil de Madrid, Diego Pérez de los Cobos, de la investigación sobre la crisis del coronavirus en la que está imputado el delegado del Gobierno en la Comunidad, José Manuel Franco. La secuencia de hechos, a la que ha tenido acceso ABC, desmiente la versión de Marlaska. Ayer, el «número dos» del Cuerpo, Laurentino Ceña, presentó su dimisión porque no estaba de acuerdo con el cese y porque ni siquiera se contó con él antes de esa decisión.

La investigación, que ha provocado esta revolución en el Cuerpo, comienza tras la denuncia de un abogado, que por reparto

cayó en la titular del Juzgado de Instrucción número 51 de Madrid, Carmen Rodríguez-Medel, la misma del caso del máster de Pablo Casado. Tras su estudio, la magistrada la aceptó a trámite y ordenó diligencias. Pudo optar por la Policía -el supuesto delito se cometió en la demarcación de este Cuerpo-, pero escogió a la Guardia Civil, que conoce muy bien al pertenecer a ella su padre y uno de sus hermanos. En concreto, designó a la Policía Judicial de la Comandancia, dirigida por un capitán. Desde el primer momento Rodríguez Medel advirtió a este oficial de que las pesquisas eran secretas y que sólo podían informarle a ella de los resultados, entre otras razones «porque la persona implicada, el delegado del Gobierno, es una de las autoridades con las que trabaja la Benemérita».

El capitán informó de ello a su jefe, el coronel Pérez de los Cobos, que a partir de ese momento tampoco podía recibir información sobre el caso. El jefe de la Comandancia, a su vez, comunicó a su general de Zona, José Antonio Berrocal, la apertura de las pesquisas que afectaban a José Manuel Franco y el carácter secreto de las mismas para que éste diera la novedad a sus superiores, lo que obviamente hizo.

Pérez de los Cobos nunca ha sido jefe de la investigación ni tuvo detalles de la misma porque la juez lo prohibió y «porque no era de su incumbencia», según las fuentes consultadas por ABC, ya que sus hombres trabajaban como Policía Judicial a las órdenes de Rodríguez-Medel. La semana pasada se produjeron algunas filtraciones que molestaron a la magistrada y al ministerio. Algunas fuentes las vincularon a la Abogacía del Estado.

El detonante último para la destitución se produjo el domingo. A media tarde Pérez de los Cobos realizó una llamada al general Berrocal. En la conversación, que versaba de otros asuntos, el general le preguntó cómo iba la investigación, ya que le habían llegado noticias de que la juez había recibido el atestado de la Policía Judicial. El coronel le explicó que no tenía idea al estar al margen del asunto, pero consultó con su capitán, quien le confirmó que la investigación no había acabado pero que sí se habían enviado algunos informes de avance con cuestiones solicitadas expresamente por la magistrada. El jefe de la Comandancia trasladó de inmediato la respuesta a su general y así quedó la cosa.

Es importante destacar que el general Berrocal no solo no presionó a Pérez de los Cobos, sino que él mismo aguantó las que había recibido. Su comportamiento, según todas las fuentes consultadas por ABC, ha sido ejemplar en todo momento en relación con este asunto. Se trata de un profesional de larguísima trayectoria -impulsó la investigación de los ERE- y que goza de gran prestigio.

El Mando de Operaciones y la directora

Pasados algunos minutos recibió una segunda llamada. Esta vez era el jefe del Mando de Operaciones, teniente general Santa Fé, quien le hizo la misma pregunta y recibió la misma respuesta. Sin embargo, también le pidió que le avanzara las líneas generales de los informes, ante lo cual De los Cobos le insistió en que él no los había visto y en que no podía conocerlos dada la orden expresa de la juez a los investigadores de que no podían hablar con nadie de sus pesquisas.

La conversación acabó sin más novedades y sin que el teniente general transmitiera orden alguna ni presionara al coronel, ni desde luego le pudo anticipar la decisión que se produciría después, porque no la conocía.

El tercer acto de esta destitución se escribe sobre las 22.30, cuando el coronel recibe una tercera llamada, esta vez de su directora general. El tono, en principio, fue cordial. María Gámez le volvió a insistir en los informes y recibió la misma explicación. Añadió, además, que había un enorme enfado en Interior porque, al parecer, el Gobierno había comenzado a recibir datos de las conclusiones de los investigadores. La directora general le insistió en que le dijera qué sabía del asunto, que para el Ejecutivo, según sus palabras, era «muy sensible». Pérez de los Cobos le reiteró su desconocimiento de los detalles y le explicó que se acaba de enterar del envío de esos informes. Es en ese momento cuando Gámez le comunica que está destituido. El coronel le dijo que no lo entendía, que él no tenía que ver con la investigación y que sus hombres siguieron las órdenes de la juez. Pero ya no había marcha atrás.

La juez le ofreció declarar

La juez Rodríguez-Medel, al tanto de lo ocurrido, ofreció al coronel tomarle declaración para dejar constancia de las presiones recibidas porque consideraba que el mando había cumplido con su obligación y no había cedido a contravenir sus órdenes expresas. De momento, De los Cobos ha declinado esa posibilidad aunque, según fuentes de su entorno, no descarta hacerlo más adelante y estudiar qué opciones legales tiene.

La noticia de su caída cayó como una bomba en la Guardia Civil. Tras la destitución de Manuel Sánchez Corbí al frente de la UCO era la segunda decisión similar que Marlaska tomaba con un coronel muy destacado. Ambos estaban llamados a ocupar en el futuro los puestos más relevantes del Instituto Armado y ambos contaban -y cuentan- con un enorme prestigio entre sus jefes, compañeros y subordinados. A medida que se conocían los detalles aumentaba el malestar, sobre todo por el silencio, interpretado en esos momentos como cómplice, de la cúpula militar de la Benemérita que asistía sin rechistar a la decisión.

Ayer por la mañana el director Adjunto Operativo (DAO), teniente general Laurentino Ceña, dio un golpe en la mesa y presentó su dimisión por la «injusta» destitución de Pérez de los Cobos. Para algunos la decisión llegó algo tarde, pero llegó. Le quedaban pocos días en el cargo y no ha querido despedirse aceptando una medida como la de Marlaska. Éste, incomprensiblemente, trató de ocultar las razones de la dimisión, que intentó presentar en el marco del «nuevo impulso» que quiere dar a la Guardia Civil. «Es un cambio de equipos, un proceso natural de sustitución basado en la confianza, no hay otra razón para la destitución de Pérez de los Cobos», añadió el ministro. Sería creíble si otro coronel lo hubiera relevado, lo que no ha ocurrido por ahora.

Salto en el escalafón

Al menos, el nuevo DAO, teniente general Pablo Salas, cuenta también con mucho prestigio en el Cuerpo por su brillante trabajo contra ETA. «De lo que hay, es el mejor», dicen todas las fuentes consultadas. Sin embargo, para el nombramiento de Salas, hasta ayer general de división jefe del Servicio de Información, el ministro se ha saltado a varios en el escalafón.

Su principal trabajo será remontar el estado de ánimo de los guardias civiles, muy tocados por los acontecimientos. «A la gente joven estas cosas le quitan la ilusión. Ven que ni siquiera una brillante trayectoria es suficiente para escapar de las decisiones arbitrarias del ministro de turno», explica a ABC una de las personas que mejor conoce a la Benemérita.

Los ‘dardos’ de Alfonso Guerra a la actual izquierda española: “No saben nada. Son unos paletos”

Filósofo, ingeniero, profesor y político. Este sevillano nacido en una familia modesta y muy numerosa, es una de las figuras más determinantes de la escena política española durante la transición.

Nos referimos a Alfonso Guerra, quien fuera vicesecretario general del PSOE durante 18 años y vicepresidente del Gobierno entre 1982 y 1991, siempre junto a otro recordado socialista Felipe González.

Tal es la altura política y magnitud de figura que cuando en 2014 se despidió del Congreso, lo hizo entre el calor de sus compañeros y con el reconocimiento de todo el hemiciclo en pie.

Por todo lo vivido y sufrido en política y en su vida antes de llegar a ella, Guerra es una de esas voces que tienen la suficiente autoridad para decir en voz alta lo que piensa y que esto sea muy tenido en cuenta por quienes quieren hacer de España un mejor país.

Y resulta curioso que, varios años después de una entrevista concedida para el programa ‘Andalucía al día’, de Canal Sur, presentado por el periodista Jesús Vigorra, y en la que, entre otras cosas, charlaron de qué es España y hacia dónde va el país, estemos igual o peor que entonces.

Guerra, en esa entrevista fue, como siempre, claro y directo. No puso ni paños calientes ni utilizó el capote, asegurando que en nuestro país “hay una izquierda boba, hay una izquierda de salón, una izquierda impostora, que incluso tiene miedo a usar la palabra ‘España’. Hay que ser muy tonto”, aseguró el ex vicepresidente de los socialistas.

“Yo comprendo que hay una generación, a la que yo pertenezco, que tuviéramos alguna resistencia ¿por qué? Porque cuando yo tenía cinco años al entrar en el colegio nos ponían en fila y nos hacía gritar “Franco, Franco” y “Arriba España” cada día al entrar y al salir, y en las fiestas el ‘Cara al sol’”, asegura el socialista.

Por ello, “es razonable”, según Alfonso Guerra “que estemos en contra de la patrimonialización que hizo de España lo vencedores de la guerra”, eso sí dejó muy claro que le parece una cosa muy “absurda" que los más jóvenes que ni siquiera han vivido la dictadura estén “denostando a su país, no queriendo hablar de España”.

De hecho, Guerra acusa a esta izquierda de que “se creen que tienen el fanal, el tesoro de la sabiduría. No saben nada. Son unos paletos”.

Como bien recordó el que fuera vicepresidente del Gobierno de nuestro país durante casi una década “la izquierda, durante la segunda República, que algunos citan sin conocimiento como el ideal, los dirigentes políticos amaban profundamente a España y lo decían públicamente sin ningún problema”, aunque critica que “hoy aquí hay gente que dice que es de izquierda que jamás diría yo soy un patriota. Pero si eso está en la esencia del ser, usted es de su país”, asegura.

De igual modo, Guerra lamenta que “en España si alguien grita ‘¡Visca Cataluña!’, eso es épico. Si dice ‘¡Gora Euskadi!’, es un héroe. Si dice ‘¡Viva España!’ es un facha, ¿pero, hombre…?”.

El político sevillano acaba con una muy interesante reflexión y es que “la guerra terminó hace 80 años, ya es hora de que la gente pierda y se despoje de prejuicios”, algo que, sin duda alguna, es compartido por gran parte de la sociedad española aunque, quizás en menor medida por ciertos sectores de la política actual, especialmente de la que se sitúa más a los extremos en uno y otro sentido, pues les interesa volver a reabrir heridas pues piensan que así pueden obtener rédito político.

Fuente: El Confidencial, Vozpopuli, ABC

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