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Viktor Orbán, primer ministro húngaro, ha aprovechado el shock que Europa está sufriendo por el coronavirus para redoblar su apuesta por el giro autoritario que ha dado a Hungría desde su regreso al poder en el año 2010. Este lunes, el Parlamento húngaro, con los votos en contra de la oposición, ha dado luz verde a una nueva norma que da todo el poder al primer ministro, que gobernará a golpe de decreto, suspende el Parlamento, elecciones y referéndums.

La norma, que no tiene una fecha de finalización, también establece penas de hasta cinco años por extender lo que el Ejecutivo denomina “noticias falsas” y las informaciones “que puedan obstaculizar o imposibilitar”. Hasta ocho años podrán ser encarcelados quienes rompan la cuarentena. Todo ello bajo el paraguas de la lucha contra el coronavirus.

Por ahora la Comisión Europea solo ha explicado que monitoreará de cerca la norma húngara, y recordó, hace una semana, que los cambios legales para lidiar contra el coronavirus deben ser “temporales”. Didier Reynders, comisario de Justicia, se ha limitado a señalar en Twitter que el Ejecutivo comunitario evalúa la nueva norma húngara. La Eurocámara sí que mostró durante la semana pasada su preocupación con los efectos de la ley aprobada este lunes.

Durante la anterior Comisión Europea (2014-2019), el equipo dirigido por el luxemburgués Jean-Claude Juncker chocó en numerosas ocasiones con Hungría, pero nunca activó los mecanismos para sancionar a Budapest por su deriva. Bajo el mando de la nueva presidenta, Ursula von der Leyen, el Ejecutivo comunitario ha evitado hasta ahora los roces con el Gobierno húngaro y mantiene un perfil muy bajo. Los votos del partido de Orbán en el Parlamento Europeo fueron claves para que la alemana fuera escogida presidenta de la Comisión Europea. El silencio de la institución durante la última semana y su débil respuesta hasta el momento han sido el objeto de muchas críticas en las últimas horas en la capital comunitaria.

En la anterior Comisión Europea, Orbán encontró cierta resistencia. Juncker, presidente del Ejecutivo comunitario entre 2014 y finales de 2019, no escondió su rechazo por la deriva del líder húngaro y, en numerosas ocasiones, pidió su expulsión del Partido Popular Europeo. El primer ministro magiar contestó con campañas de publicidad contra Juncker, que fueron las que acabaron provocando sus suspensión dentro de la familia europea. Antes de que llegaran los ataques al luxemburgués, Orbán diseñó otras campañas eurófobas que irritaron a Bruselas.

Pero Juncker, con toda su oposición al primer ministro húngaro, tampoco activó nunca el artículo 7 de los Tratados contra Hungría, una cláusula de los Tratados que permite sancionar a un Estado miembro que mina los valores básicos de la Unión representados en el artículo 2. Bruselas sí que lo activó en diciembre de 2017 contra Polonia.

El discurso identitario, con el que Orbán defiende que hay que oponerse a la inmigración musulmana para mantener el carácter cristiano de Europa y que no puede entenderse un proyecto europeo en el que el cristianismo no sea el elemento central, ha hecho que el primer ministro gane popularidad en muchos círculos conservadores.

Solo en 2018 el Parlamento Europeo, cansado de pedir a la Comisión Europea que activara el artículo 7, tomó la iniciativa y votó a favor de poner en marcha el procedimiento contra Budapest. Muchos eurodiputados del PPE votaron a favor de activarlo. La mayoría de populares españoles se abstuvieron, con algunos votado en contra. Unos días después, los españoles que se opusieron a votar a favor del proceso recibieron una carta de agradecimiento de Orbán. Uno de ellos fue Carlos Iturgaiz, actual presidente del Partido Popular del País Vasco.

Los próximos pasos

Muchos en Bruselas están preocupados. La inacción ante la deriva es peligrosa. La UE tiene, como principal orgullo, ser una casa de democracias. Y al menos dos están siguiendo caminos peligrosos: Polonia y Hungría. Dentro del PPE los sectores moderados consideran que la situación es insostenible, pero la operación de expulsar a Fidesz, más que representar la salida de un partido de la familia, puede acabar provocando la fractura del exitoso PPE, donde hay importantes núcleos no solo contrarios a la expulsión, sino favorables al mensaje de Orbán frente al discurso más centrado y proeuropeo que domina la cúpula de la familia democristiana.

La realidad es que Orbán tiene la mirada puesta en 2022, cuando se celebrarán las próximas elecciones y el primer ministro espera ahogar todavía más a la oposición. Para el líder húngaro era clave que los partidos opositores votaran en contra del decreto, para poder acusarlos de no apoyar su lucha contra el coronavirus. Y la condición que estos ponían era que la norma, como en el resto de Europa, fuera temporal. Así que Orbán hizo justo lo contrario.

A Von der Leyen se le acumula el trabajo. Con una UE sumida en una crisis de escala desconocida ante el impacto del coronavirus, a la alemana se le abre de par en par un nuevo frente justo cuando su liderazgo parece más débil. Efectivamente, la Comisión Europea tiene pocos instrumentos para frenar a Orbán. La única herramienta es el choque político. Esa era la mayor virtud de Juncker, un viejo zorro europeo, con décadas de experiencia y un liderazgo asentado. Justo lo contrario de lo que caracteriza a Von der Leyen. Esta crisis pondrá a prueba a la alemana: o de ella sale una líder europea hasta ahora desconocida, o los próximos cuatro años la UE estará dominada por los líderes nacionales.