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El ejercicio contable de Instalaza en 2008 se vio afectado negativamente por la prohibición de fabricar y vender bombas de racimo acordada por el Gobierno de Rodríguez Zapatero a mediados de ese año, con reflejos arrastrados hasta el del 2009, año en el que soportó unas pérdidas de 127.499 euros, con unas ventas de 6,06 millones de euros.

Tras obtener un beneficio neto de 634.485 euros en 2010, los resultados de la compañía en 2011 han sido todavía más positivos, obteniendo un beneficio de 1,68 millones de euros y alcanzando una facturación de 12,4 millones de euros, superior incluso a la de los ejercicios previos a la prohibición de las “bombas de racimo” en los que la granada de mortero “MAT-120” de Instalaza, ahora descatalogada, era un producto estrella. El principal impulso de sus ventas se ha producido en España, donde se han visto duplicadas desde 2009 a pesar de los recortes en los presupuestos de Defensa.

Según la información remitida por Instalaza al Registro Mercantil y recogida por el diario “Cinco Días” (31/08/2012), el Consejo de Administración de la compañía aprobó el balance del ejercicio 2011, pero el vicepresidente, Esteban Vera, añadió una alegación de no conformidad a la aplicación de resultados junto a su firma en la página en la que se ratifican las cuentas societarias.

El diario explica que en el acta de la Junta de Accionistas de Instalaza, celebrada el pasado 1 de junio, quedó reflejada la petición conjunta del vicepresidente y de otro accionista (Antonio Gros Bañeres) para que se destinara a dividendos un 30 por 100 del beneficio neto logrado en 2011. Dicha petición fue rechazada de forma mayoritaria, con 1,22 millones de votos en contra frente a solo 186.522 a favor, dándose luz verde a la aplicación del resultado propuesta por el Consejo de Administración, que supone destinar 792.195 euros a compensar pérdidas de ejercicios anteriores y el resto de los beneficios a reservas voluntarias.

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